Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2025-00643-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2025-00643-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 68001-23-33-000-2025-00643-01
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
27 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Parte actora: Manuel Ernesto Serrano García
Parte accionada: Procuraduría General de la Nación
Radicación: 68001-23-33-000-2025-00643-01
Asunto: Tutela contra acto administrativo. Se confirma el fallo impugnado.
Improcedencia por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la
sentencia de 22 de octubre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1. El señor Manuel Ernesto Serrano García fue nombrado en
provisionalidad hasta por seis (6) meses en el cargo de Procurador 32
Judicial I para la Restitución de Tierras de Manizales, mediante Decreto
1156 de 19 de septiembre de 2023 expedido por la Procuraduría
General de la Nación.
2. Mediante Decreto 1821 de 1° de octubre de 2025, la Procuraduría
General de la Nación decidió no prorrogar el nombramiento en
provisionalidad del accionante.
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2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora manifestó que el acto acusado carece de motivación suficiente,
al considerar que, aunque cita el artículo 188 del Decreto Ley 262 de 2000 que
autoriza la desvinculación en provisionalidad por razones del servicio, se limita
a señalar el vencimiento del término, sin valorar las necesidades del servicio.
Alegó que hay desconocimiento del precedente jurisprudencial y nulidad del
acto por falta de motivación, resaltando que el cargo que ocupaba no fue
proveído por concurso ni se produjo el retorno del titular.
Sostuvo que la no prórroga configura un perjuicio irremediable de carácter
existencial, al suprimir el único medio de sustento y acceso a la seguridad
social, mientras se define la legalidad del acto en la vía ordinaria.
Consideró que los medios ordinarios (incluida la suspensión provisional) no
son idóneos ni eficaces para evitar el daño irremediable. Manifestó que la
prolongación de su provisionalidad generó una expectativa legítima de
estabilidad, amparada en la buena fe y la confianza legítima.
3. Pretensiones
La parte actora planteó las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERO: Tutelar mi derecho fundamental al mínimo vital, debido
proceso, seguridad social y estabilidad laboral relativa, como mecanismo
transitorio con la condición de presentar la respectiva demanda
contenciosa administrativa dentro de los 4 meses siguientes a la
notificación del acto administrativo, so pena de dejar sin efecto la
protección dada en la presente tutela.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, que se ordene mi
reintegro inmediato al cargo y funciones para el que fui nombrado en su
momento y que ejerzo como Procurador 32 Judicial I para la Restitución
de Tierras de Bucaramanga. […]”. [sic en toda la cita]
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II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
1. Mediante auto de 9 de octubre de 2025, se admitió la presente acción de
tutela contra la Procuraduría General de la Nación.
2. El 22 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo de Santander profirió
sentencia de primera instancia declarando improcedente el mecanismo de
amparo de la referencia.
3. Mediante auto de 4 de noviembre de 2025, se concedió la impugnación
presentada por la parte accionante contra el fallo de primera instancia.
III. INTERVENCIONES
1. La Procuraduría General de la Nación sostuvo que la acción de tutela debe
declararse improcedente por no cumplir el requisito de subsidiariedad, en
razón a que el accionante cuenta con los mecanismos ordinarios. Señaló que
los actos administrativos son ajenos al escrutinio del juez de tutela, y que este
último no puede asumir facultades propias de la jurisdicción contencioso-
administrativa.
Consideró que se debe tener en cuenta el precedente del Consejo de Estado1
que declaró improcedente la acción de tutela en un caso de terminación de
provisionalidad por vencimiento del término en la Procuraduría General de la
Nación, en la que adujo que la parte accionante podía acudir al medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme al artículo 138 del
CPACA.
Manifestó que no hubo vulneración de derechos fundamentales derivada de la
terminación de la provisionalidad por vencimiento del plazo del nombramiento,
cuya permanencia estaba supeditada al término del nombramiento, a su
prórroga discrecional o a la provisión definitiva del cargo mediante concurso
1 Consejo de Estado, 8 de agosto de 2025. Exp.: 08001-23-33-000-2025-00190- 01. M.P.:
Juan Camilo Morales Trujillo
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de méritos. Recalcó que la prórroga de nombramientos provisionales es una
facultad discrecional del procurador General de la Nación.
Resaltó que la inexistencia de estabilidad laboral reforzada y de acuerdo con
la verificación en el sistema Hominis (información de aforados), el accionante
no ostenta la condición de aforado y no ha solicitado su reconocimiento.
Indicó que la solicitud de amparo como mecanismo transitorio es
improcedente, por no configurarse el perjuicio irremediable por afectación al
mínimo vital. Adujo que la no prórroga del nombramiento en provisionalidad
está fundamentada en una competencia legal del procurador General de la
Nación avalada por la jurisprudencia2 y de manera alguna puede la
desvinculación del cargo tildarse como actuación arbitraria.
Resaltó que no hay vulneración al derecho fundamental al mínimo vital porque
el accionante es un profesional del derecho y cuenta con experiencia para
ejercer la profesión de manera independiente, con el fin de obtener los
recursos económicos para su sostenimiento y el de su familia.
IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia de 22 de octubre
de 2025, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el
requisito de la subsidiariedad.
Señaló que los reproches del accionante se dirigen contra el acto
administrativo que no prorrogó su nombramiento respecto del cual procede el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que puede
solicitar su nulidad y el restablecimiento de los derechos que estime
vulnerados.
Por lo anterior, anotó que la parte actora cuenta con la posibilidad de acudir a
2 Corte Constitucional:
Sentencias C-077 de 2004, C-785 de 2005 y C-503 de 2020 y de
Consejo de Estado: Rad. 11001-0315-000-2024-05896-00.
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dicho medio de control y solicitar las medidas cautelares, el cual resulta ser el
mecanismo idóneo y eficaz para suspender provisionalmente los efectos del
acto administrativo cuestionado.
V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor impugnó el fallo de primera instancia reiterando en términos generales
los argumentos expuestos en el escrito de tutela y adicionalmente adujo las
siguientes razones:
Indicó que la Procuraduría General de la Nación desobedeció el precedente
jurisprudencial de las altas cortes, por lo que consideró que el acto
administrativo de “no prórroga” carece de motivación por no hacer alusión
alguna al servicio.
Cuestionó que, a pesar de cumplir de manera ininterrumpida sus labores en la
Procuraduría General de la Nación sede Bucaramanga, sin llamados de
atención ni investigaciones disciplinarias y respetando el horario laboral, le fue
terminado el nombramiento en provisionalidad. Además, resaltó que su salario
constituía el único sustento económico para él y su familia, viviendo en un
apartamento en arriendo, lo que generó grave impacto en sus derechos
fundamentales.
Adujo que las causales legales de retiro de los empleados nombrados en
provisionalidad devienen del derecho a la estabilidad laboral relativa que, en
aplicación del principio a la igualdad, los cubre, lo cual conlleva un trato igual
por parte de la administración, a quienes desempeñan un empleo en carrera
administrativa.
En cuanto al vencimiento del término (de tiempo) de los nombramientos en
provisionalidad, indicó que en la sentencia de 4 de marzo de 2021 el Consejo
de Estado resolvió una acción de tutela mediante la cual se accedió al reintegro
de la parte accionante al cargo que ocupaba en provisionalidad del que había
sido retirada por vencimiento del término del nombramiento.
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Por lo anterior, aseguró que el acto administrativo que da por terminado el
nombramiento en provisionalidad de un funcionario público puede constituir un
vicio de falsa motivación porque no es una motivación que atañe a los hechos,
lo que constituye un vicio material. Manifestó que no hay sentencia de
unificación sobre la validez o suficiencia del vencimiento del término de
nombramiento como motivo puntual de la terminación del nombramiento
provisional. Por ello, debe establecerse si el argumento de vencimiento del
término es razón suficiente para fundamentar la decisión y si es acorde con la
normatividad aplicable y la jurisprudencia vinculante.
Resaltó que la potestad del procurador es reglada, transitoria, obligada a
convocar a concurso con base en el mérito dentro de los tres (3) meses
siguientes tras el nombramiento provisional. Indicó que el término de los 6
meses previstos en el Decreto 262 de 2000 no constituye una causal autónoma
ni válida para desvincular a un funcionario en provisionalidad en la
Procuraduría General de la Nación si no se fundamenta en razones del
servicio, y en el caso concreto no se probó que el cargo estuviera provisto en
propiedad ni que la desvinculación obedeciera a reincorporación o concurso
de méritos.
Destacó que el acto administrativo acusado no hizo alusión a una situación
particular del servicio, por lo que se vulneró la regla jurisprudencial dispuesta
en las sentencias SU-917 de 2010, T-221 de 2014 y SU-054 de 2015.
Finalmente, el impugnante solicitó como medida provisional la suspensión
provisional del Decreto 1821 de 1° de octubre en lo relativo a la decisión de no
prorrogar su nombramiento en el cargo de Procurador Judicial 3PJ, grado ED
(ID. 1423) de la Procuraduría 32 Judicial I para la Restitución de Tierras
Manizales con funciones en la ciudad de Bucaramanga en provisionalidad
hasta por seis (6) meses y se ordene el reintegro al cargo hasta que el
despacho resuelva de fondo la impugnación.
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V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con
lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 13
del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena
del Consejo de Estado.
2. Cuestión previa - De la medida provisional solicitada en segunda
instancia
La Sala advierte que el actor en el trámite de segunda instancia solicitó que se
decrete como medida provisional “[…] la suspensión provisional del Decreto
No. 1821 de 01 de octubre de 2025 […] y, en consecuencia, se ordene mi
reintegro al mismo hasta que el despacho resuelva de fondo la presente
impugnación y emita las órdenes a seguir […]”.
El artículo 7° del Decreto Ley 2591 de 1991 prevé que las medidas
provisionales constituyen una herramienta excepcional del juez constitucional
para la protección de derechos fundamentales presuntamente afectados,
siempre que se advierta la necesidad y urgencia de su adopción; o la
posibilidad de evitar un daño más gravoso, de tal manera que la decisión
adoptada en el fallo de tutela resulte eficaz.
La solicitud de medida provisional resulta procedente en cualquier instancia,
inclusive en sede de revisión ante la Corte Constitucional; sin embargo, no hay
lugar a emitir un pronunciamiento al respecto cuando se va a proferir la
sentencia respectiva3.
3 En sentencia T-103 de 2018 la Corte Constitucional precisó que: “[…] Ante la necesidad de
una decisión que resuelva la causa objeto de revisión con efectos de cosa juzgada, la Sala
considera pertinente emitir una determinación definitiva en el asunto de la referencia y
no resolverlo provisionalmente. Se trata de imprimir celeridad en este caso y fallarlo de
manera expedida. En la causa analizada se encuentran en disputa de manera inmediata el
derecho a la consulta previa de una comunidad étnica; y de forma mediata el derecho a la
salud de 210.000 personas, por lo que se requiere una pronta respuesta por parte de la
administración de justicia […]”. [Negrillas por fuera del texto original]
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En ese orden de ideas, la Sala estima que no hay lugar a emitir un
pronunciamiento frente a la solicitud de medida provisional presentada en
segunda instancia por el actor dado que, a través de la presente decisión se
va a resolver de manera definitiva la controversia planteada en la impugnación.
3. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado4, la Sección debe
establecer:
A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra acto administrativo y, de
ser así deberá:
B) Si la accionada vulneró los derechos fundamentales invocados por
la parte accionante.
4. Caso concreto
4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela
La acción de tutela fue instituida para proteger en forma inmediata los
derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad o particular, en los
casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de
19915.
Esta acción constitucional se caracteriza por ser un instrumento subsidiario,
es decir, que solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de
4 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
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defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a
evitar un perjuicio irremediable, de conformidad con lo previsto en el inciso 3º
del artículo 86 de la Constitución Política y en el numeral 1º del artículo 6º del
Decreto Ley 2591 de 1991.
De ahí que el mecanismo de amparo, en principio, no procede para controvertir
actos administrativos de carácter particular y concreto, toda vez que el
legislador previó como mecanismo de defensa judicial para desvirtuar su
legalidad, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y, en
su defecto, el de nulidad6.
Sin embargo, la jurisprudencia ha reconocido que, en algunas circunstancias
especiales, la acción de tutela procede contra actos administrativos, siempre
que se reúnan las siguientes condiciones: i) se esté en presencia de una
vulneración de derechos fundamentales, y que ii) como consecuencia de lo
anterior, exista peligro de ocurrencia de un perjuicio irremediable, con lo que
el amparo procedería como mecanismo transitorio.
En el caso objeto de estudio, el accionante solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, se ordene su “[…] reintegro
inmediato al cargo y funciones para el que fui nombrado en su momento y que
ejerzo como Procurador 32 Judicial I para la Restitución de Tierras de
Bucaramanga […]”.
Respecto de lo anterior, cabe señalar que si bien el actor no solicita que se
deje sin efectos el Decreto 1821 de 1° de octubre de 2025 por medio del cual
no se prorrogó su nombramiento, la realidad es que cualquier pronunciamiento
en este asunto implica analizar la legalidad de dicho acto administrativo.
Precisado lo anterior, se tiene que el Decreto 1821 de 1° de octubre de 2025
es susceptible de control jurisdiccional, ya que se enmarca en la categoría de
actos administrativos definitivos, en tanto que resuelve el fondo del asunto.
6 Corte Constitucional. Sentencia T-956 de 2011.
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De ahí que la Sala considera que el aquí accionante cuenta con un medio de
defensa judicial, como son los medios de control previstos en la Ley 1437 de
2011 a través de los cuales puede discutir la legalidad del acto administrativo
en cuestión, en el que, además, podrá solicitar medidas cautelares.
En este contexto, resulta oportuno destacar que esta Sala ha reiterado en
oportunidades anteriores7 que con la expedición de la Ley 1437 de 2011 ya no
es admisible el argumento según el cual los medios de control ordinarios no
son eficaces ni oportunos para la protección de los derechos presuntamente
conculcados en casos como el estudiado.
Lo anterior, en consideración a que la mencionada normativa además de darle
celeridad a los procesos al establecer la oralidad en los mismos contiene
diferentes herramientas jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las
medidas cautelares incluso de urgencia8, como la suspensión provisional de
los efectos de los actos administrativos o del procedimiento hasta tanto se
defina la declaración o no de su nulidad; ordenar la adopción de una decisión
administrativa; impartir órdenes o imponerle obligaciones de hacer o no hacer
a cualquiera de las partes, las cuales demuestran la efectividad del
procedimiento ordinario cuando se advierte una situación apremiante que
necesite ser remediada, incluso antes de que se profiera una decisión
definitiva.
Con fundamento en lo expuesto, la Sala considera que la parte actora debe
utilizar los medios ordinarios e idóneos que se encuentran establecidos en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
para efectos de revisar la legalidad del acto administrativo objeto de
cuestionamiento, máxime cuando no se advierte la existencia de un perjuicio
7 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1o. de marzo de 2018, C.P. María
Elizabeth García González, acción de tutela con núm. único de radicación: 52001-23-33-000-
2017-00626-01, Actor: Pio León Caicedo Bustos, demandado: Procuraduría General de la
Nación.
8 Artículo 234 del CPACA textualmente señala: “[…] Desde la presentación de la solicitud y sin
previa notificación a la otra parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida
cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que, por su urgencia,
no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible
de los recursos a que haya lugar. La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse
inmediatamente, previa la constitución señalada en el auto que así lo decrete […]”.
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irremediable que haga procedente la acción de tutela de la referencia como
mecanismo transitorio, dado que de los elementos de juicio obrantes en el
expediente no es posible establecer dicha circunstancia.
Lo anterior, en razón a que de la valoración de los elementos probatorios
aportados al presente proceso no es posible establecer una circunstancia que
amerite la intervención del juez constitucional, habida cuenta que el actor
desempeñaba un cargo en provisionalidad con plazo definido, por lo que tenía
pleno conocimiento del carácter temporal del nombramiento.
Aunado a lo anterior, esta Sala9 en asuntos similares en los que se ha
solicitado la protección del mínimo vital como consecuencia de la
desvinculación de un cargo, ha indicado lo siguiente:
“[…] 49. Ahora bien, valga agregar que si bien es cierto la aquí actora
podría verse afectada en su mínimo vital por la falta de salario, como
consecuencia de la desvinculación laboral, ello no habilita al juez de tutela
para que adopte medidas en favor de la extrabajadora, en razón a que
toda terminación laboral trae consigo la imposibilidad de continuar
recibiendo la remuneración […]”10.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Sección confirmará el fallo de
primera instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Santander.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley.
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 22 de octubre de 2025 proferido
por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta decisión.
9 Sentencia de 25 de septiembre de 2025, expediente 08001-23-33-000-2025-00260-01.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de
14 julio de 2022. Radicación número: 11001-03-15-000-2022-01920-01.
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SEGUNDO: ABSTENERSE de resolver de fondo la medida provisional
solicitada por el actor, por las razones expuestas en esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
CARLOS FERNANDO MANTILLA GERMÁN EDUARDO OSORIO
NAVARRO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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