Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2025-00694-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2025-00694-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 68001-23-33-000-2025-00694-01
Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez
16 de abril de 2026
Demandante: Lilia Fonseca Castro
Demandado: Agencia Nacional de Tierras
Rad: 68001-23-33-000-2025-00694-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C. dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 68001-23-33-000-2025-00694-01
Demandante: LILIA FONSECA CASTRO
Demandado: AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
Temas: Tutela por presunta vulneración del derecho de petición –
modifica sentencia que concedió el amparo solicitado
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La sala decide la impugnación instaurada por las partes contra la sentencia del
27 de febrero de 2026, en la cual el Tribunal Administrativo de Santander
amparó el derecho fundamental de petición de la señora Lilia Fonseca Castro1.
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
Mediante escrito radicado el 8 de octubre de 20252, la señora Lilia Fonseca
Castro interpuso acción de cumplimiento contra la Agencia Nacional de Tierras
(en adelante ANT) por considerar que no había dado acatamiento a lo previsto
en el artículo 733 de la Ley 902 de 2017. Sin embargo, por medio de auto del 24
1 PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de la señora Lilia Fonseca Castro,
vulnerado por la Agencia Nacional de Tierras -ANT-, conforme lo señalado en precedencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la ANT que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a
partir de la respectiva notificación de esta decisión, de respuesta de fondo, clara y precisa con
relación a las peticiones señaladas en las imágenes 01, 03, 04 y 05, la Sala, dispondrá amparar
el derecho fundamental de petición de la señora Lilia Fonseca Castro, y ordenar a la ANT que,
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, de
respuesta de manera clara, de fondo y completa a las peticiones indicadas y efectuando la
respectiva notificación, de acuerdo con lo señalado en la parte motiva de este proveído.
2 Ante el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga.
3 Ley 902 de 2017 «Por la cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la
Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras», norma que
indica lo siguiente: Artículo 73. Decisiones y cierre del trámite administrativo para los
asuntos de asignación y reconocimiento de derechos. Con relación a los asuntos indicados
en los numerales 1 y 2 del artículo 58 del presente decreto ley, se decidirá sobre la asignación
o no del derecho de propiedad una vez verificado que los beneficiarios y sujetos continúan
cumpliendo con los requisitos que dieron lugar a su inscripción al RESO.
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Demandado: Agencia Nacional de Tierras
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de noviembre de 20254 el Tribunal Administrativo de Santander, dispuso
convertir el mecanismo en una acción de tutela por la presunta vulneración de
los derechos fundamentales al debido proceso y de petición ante la falta de
respuesta a solicitudes realizadas entre los años 2022 al 20265.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte actora solicita lo siguiente:
«[…] he requerido a la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, para que esta
autoridad cumpla el mandato legal establecido en el artículo 73 del Decreto Ley
902 de 2017 en cuanto a la decisión y cierre del trámite administrativo para los
asuntos de asignación y reconocimiento de derechos del cual soy beneficiaria
con la expedición del Auto No. 202541000010449 del 4 de marzo de 2025 de la
Agencia Nacional de Tierras “Por medio de la cual se corrige el Auto No.
202441000055549 del 11 de junio de 2024 de la Agencia Nacional de Tierras
“Por medio del cual se apertura el Trámite Administrativo de Reconocimiento de
Derechos formulado por LILIA FONSECA CASTRO sobre el predio denominado
“FINCA VILLA VALENTINA 2”, identificado con el Formulario 1283308 y se
dictan otras disposiciones […] Esto es importante para concluir mi proceso y que
me puedan adjudicar formalmente mi propiedad»6
1.3. Hechos
La actora relató que el 14 de febrero de 2023 denunció ante la Fiscalía Local de
Lebrija (Santander) a sus hijastros por la manera violenta que ingresaron al
terreno donde habita (Finca Villa Valentina 2), destruyendo cercas y afectando
la posesión que había ejercido durante años. En consecuencia, solicitó medidas
de protección y se llevó a cabo una conciliación fallida.
La señora Lilia Fonseca Castro solicitó la adjudicación de terreno baldío, por lo
cual el 11 de junio de 2024, la ANT expidió el auto 202441000055549, mediante
el cual abrió formalmente el trámite administrativo de reconocimiento de
derechos a favor de la accionante respecto del predio denominado “Finca Villa
Valentina 2”.
Si el acto administrativo es de reconocimiento o asignación de un derecho, dicho acto ordenará
realizar el respectivo seguimiento a la adjudicación y remitir copia de lo actuado a la Agencia de
Desarrollo Rural, para que dentro del marco de sus competencias asigne los recursos y preste
la asistencia técnica para la implementación o mejoras de los proyectos productivos para los
pobladores que se encuentren en las condiciones establecidas en el artículo 4 del presente
decreto ley».
4 Por medio de providencia del 24 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo de
Santander dispuso transmutar la acción de cumplimiento a mecanismo constitucional, en virtud
de lo establecido en el artículo 9 de la Ley 393 de 1997. En dicho proveído consideró que la
protección de derechos fundamentales podía ser garantizados vía acción constitucional y no a
través de la acción de cumplimiento.
5 El tribunal clasificó las solicitudes en imágenes 01, 02, 03, 04, y 05.
6 Transcripción literal del escrito de tutela.
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El 4 de marzo de 2025, la ANT dictó el auto 202541000010449, por medio del
cual corrigió el auto inicial de apertura y ordenó a la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Bucaramanga (en adelante ORIP) inscribir dicho
trámite en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente al predio de mayor
extensión denominado “La Honda”.
El 9 de septiembre de 2025, ante la ausencia de avances por parte de la entidad,
la demandante presentó un documento de constitución en renuencia en la sede
de la ANT en Bucaramanga, con el fin de exigir el cumplimiento de la ley.
1.4. Sustento de la petición
La señora Lilia Fonseca Castro manifestó que la ANT vulneró sus derechos
fundamentales al omitir adelantar el procedimiento de adjudicación del terreno
baldío cuya asignación solicitó, pese a encontrarse inscrita como aspirante y a
haber explotado el predio durante más de cuarenta años.
Indicó que acreditó los requisitos exigidos por la normativa para la adjudicación
de bienes baldíos, circunstancia que consideró demostrada por el precedente
administrativo relativo a la finca «Villa Valentina 2».
Sostuvo que, durante un periodo cercano a tres años, elevó múltiples solicitudes
dirigidas a obtener información sobre el trámite administrativo de adjudicación.
No obstante, indicó que no recibió respuesta por parte del profesional asignado
de la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas, situación que, en
su criterio, configuró una mora administrativa injustificada atribuible a la Agencia
Nacional de Tierras.
Asimismo, la parte actora fundamentó su solicitud en el artículo 73 del Decreto
Ley 902 de 2017, disposición que impone a la ANT la obligación de adoptar una
decisión de fondo respecto de la asignación o no del derecho de propiedad y de
concluir el trámite administrativo una vez verificados los requisitos de los
potenciales beneficiarios.
Como sustento constitucional de la pretensión, la accionante invocó el artículo
87 de la Constitución y la Ley 393 de 1997, normas que estructuraron la acción
de cumplimiento como el instrumento procesal destinado a compeler a una
autoridad renuente a ejecutar los mandatos contenidos en la ley o en un acto
administrativo.
En materia de competencia, citó expresamente el artículo 65 de la Ley 160 de
1994, el artículo 58 del Decreto Ley 902 de 2017 y el Manual Operativo de la
ANT adoptado mediante Resolución 20230010000036 de 2023, para demostrar
que la entidad demandada era la autoridad idónea para resolver el trámite de
adjudicación de bienes baldíos.
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En relación con el sustento fáctico, la actora refirió su condición de mujer
campesina, de la tercera edad y cabeza de hogar, y señaló que había esperado
por varios años el reconocimiento de sus derechos sobre la “Finca Villa
Valentina 2”. Indicó que, pese a la expedición de autos en junio de 2024 y marzo
de 2025, la ANT «paralizó el trámite», omitió la emisión del Informe Técnico
Jurídico Definitivo y no informó sobre el eventual trámite de oposiciones.
Afirmó que la indefinición jurídica permitió perturbaciones constantes a su
posesión e intentos de desalojo por parte de terceros, lo cual generó
afectaciones económicas y la obligó a afrontar procesos paralelos ante
autoridades municipales.
1.5. Trámites en primera instancia
1.5.1. El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga
mediante providencia del 30 de octubre de 2025, declaró fundada la excepción
de falta de competencia. En su análisis, concluyó que el conocimiento del asunto
correspondía al Tribunal Administrativo de Santander en virtud de lo dispuesto
en el artículo 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, al dirigirse la acción contra una entidad del orden
nacional, específicamente la Agencia Nacional de Restitución de Tierras.
1.5.2. Por lo anterior por medio de auto del 6 de noviembre de 2025 el Tribunal
Administrativo de Santander avocó y adoptó medidas de saneamiento del
proceso en el cual dispuso:
«PRIMERO: Avocar conocimiento de la demanda promovida por Lilia Fonseca
Castro en contra de la Agencia Nacional de Tierra, en el estado en que se
encuentra.
SEGUNDO: Conceder al demandante y demandado, el término de dos (2) días,
contados a partir de la notificación de la presente providencia, para que se sirvan
atender los requerimientos encaminados a sanear el proceso, esto es
precisiones formales de la demanda, pretensiones y las pruebas que se
pretenden hacer valer.
TERCERO: Vencido el termino, la EG1 a través de correo electrónico, remitirá
a la parte contraria la documentación aportada y ordenada en la parte motiva de
este proveído. Esto, con el fin que, si a bien lo tienen, ejerzan su derecho de
defensa y contradicción sobre las mismas».
La actora allego escrito de contestación7 al requerimiento realizado en los
siguientes términos:
Manifestó que el inmueble aparecía registrado en condición de «falsa tradición»,
lo cual imposibilitó su saneamiento mediante los mecanismos judiciales
7 Índice 15 de Samai.
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ordinarios. Precisó que dicha limitación la obligó a acudir ante la Agencia
Nacional de Tierras para tramitar la regularización correspondiente.
Expuso que la administración incurrió en una demora injustificada y en la falta
de una respuesta oportuna, ya que, pese a la expedición de las resoluciones de
apertura del trámite administrativo, no recibió una decisión definitiva. Sostuvo
que esa inactividad vulneró los principios de celeridad y eficacia previstos en el
artículo 209 de la Constitución Política.
Solicitó que la administración cumpliera y concluyera el procedimiento
administrativo de adjudicación del bien baldío mencionado en el auto del 11 de
junio de 2024.Requirió además que se le informara, de manera precisa y
actualizada, el estado del trámite.
Precisó que la finalidad de su actuación administrativa era obtener la asignación
del predio y el reconocimiento de los derechos de propiedad que, a su juicio, le
correspondían bajo el marco jurídico vigente.
1.5.3. Posterior a la subsanación, en proveído del 24 de noviembre de 2025, el
tribunal decidió no dar trámite a la solicitud promovida como cumplimiento de
normas con fuerza material de ley o actos administrativos, para en su lugar,
avocar la acción como tutela, por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y de petición.
Por lo tanto, ordenó notificar a la entidad accionada y a la parte accionante.
Asimismo, requirió a la entidad demandada para que se pronunciara al respecto.
1.5.4. En auto del 28 de noviembre de 2025, el tribunal señaló el incumplimiento
de la ANT de allegar respuesta al trámite tutelar, por lo que la requirió de nuevo.
Al respecto, la ANT interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, con
en el que sostuvo que el Tribunal Administrativo de Santander efectuó una
interpretación errónea del artículo 9 de la Ley 393 de 1997. Manifestó que, sin
verificación previa y sin un examen fáctico suficiente, el despacho transformó la
acción de cumplimiento en una acción de tutela, a pesar de que la parte actora
no había alegado vulneración de derechos fundamentales.
Indicó que la variación de la naturaleza del proceso afectó directamente el
debido proceso y el derecho de defensa de la entidad, dado que la tutela y la
acción de cumplimiento poseen requisitos, estructura y finalidad claramente
diferenciados. Agregó que el Tribunal carecía de competencia para conocer
tutelas contra entidades nacionales, ya que esta radica en cabeza de los jueces
del circuito, según las reglas de reparto.
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Mediante providencia del 10 de diciembre de 20258, el tribunal resolvió el
recurso de reposición interpuesto por la ANT, en la que determinó no reponer el
auto y concedió el de apelación en el efecto suspensivo ante el Consejo de
Estado.
1.5.5. El 5 de febrero de 2026 el magistrado ponente de esta decisión rechazó
la alzada formulada al concluir que la providencia que puso fin a la acción de
cumplimiento y en su lugar ordenó tramitar el asunto como tutela no era
susceptible de dicho recurso.
1.6. Contestación
1.6.1. Agencia Nacional de Tierras
En respuesta al requerimiento efectuado en la providencia que avocó el
conocimiento del asunto, la apoderada judicial de la ANT9 sostuvo que no se
configuró vulneración alguna a los derechos fundamentales alegados por la
actora, pues el procedimiento de adjudicación de baldíos se rige por el
Decreto‑Ley 902 de 2017 y no corresponde a un derecho de petición ordinario.
Adujo la improcedencia de la acción de tutela por ausencia de subsidiariedad,
al tratarse de un procedimiento en curso que exige etapas y garantías
específicas. Agregó que existía carencia actual de objeto, por cuanto la ANT ya
había emitido respuestas integrales en octubre de 2025. En consecuencia,
solicitó negar el amparo y disponer el archivo de las diligencias.
1.7. Fallo impugnado
Por medio de sentencia del 27 de febrero de 2026 el Tribunal Administrativo de
Santander amparó el derecho fundamental de petición de la señora Lilia
Fonseca Castro, con fundamento en la jurisprudencia constitucional, al indicar
que el núcleo de la garantía fundamental implicaba la obligación de la
administración de emitir respuestas de fondo, claras, precisas y congruentes con
lo solicitado. Señaló que la simple comunicación o respuestas genéricas no
satisfacen este estándar.
En relación con la petición identificada como imagen 01, verificó que la
accionante la radicó válidamente y que la ANT guardó silencio, configurándose
una omisión en los términos del artículo 23 de la Constitución Política.
Frente a la petición 03, encontró que la entidad, si bien realizó una contestación
formal, omitió anexar los documentos que soportaban su actuación, lo que
generó una respuesta insuficiente y contraria al deber constitucional de resolver
de forma completa.
8 Índice 36 de Samai.
9 Índice 49 de Samai con anexos.
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Respecto de las peticiones 04 y 05, el tribunal evidenció que la entidad se limitó
a informar que el trámite continuaba en curso y que existían oposiciones, pero
no explicó las causas de la demora ni el estado sustantivo del reconocimiento
de derechos. Concluyó que las respuestas fueron evasivas y carentes de
análisis, sin cumplir el estándar de fondo.
Finalmente, en relación con la petición 02, denegó el amparo al no existir prueba
que acreditara su radicación, lo que hacía imposible atribuir una falta
administrativa.
1.8. Impugnaciones
1.8.1. Agencia Nacional de Tierras - ANT
Con memorial radicado el 5 de marzo de 202610 la ANT presentó impugnación
contra la anterior decisión, en la cual afirmó que no había desconocido el
derecho fundamental de petición de la actora. Expuso que la sentencia de
primera instancia adolecía de falencias argumentativas y estructurales que
comprometían su validez jurídica.
Manifestó que el a quo fundó su fallo en documentos que no fueron aportados
por la actora ni sometidos a contradicción, lo cual, a su juicio, generó una
afectación directa de su derecho de defensa.
Indicó un defecto de valoración respecto de la imagen 05, pues el juez la trató
como una solicitud irresuelta cuando, en realidad, correspondía a la respuesta
emitida por la entidad mediante Oficio No. 202541001622441. Sostuvo
igualmente que todas las solicitudes analizadas habían recibido respuestas de
fondo, soportadas con radicados y constancias, y reprochó que la sentencia no
identificara concretamente en qué consistía la supuesta evasión.
Frente al estado del trámite, afirmó que acreditó dos impedimentos jurídicos que
justificaban la ausencia de decisión definitiva: el trámite de registro pendiente
ante la ORIP de Bucaramanga y la oposición formal registrada por un tercero,
cuya resolución era obligatoria antes de decidir.
Finalmente, la entidad invocó la carencia actual de objeto al señalar que cumplió
la orden judicial mediante oficio del 5 de marzo de 2026.
1.8.2. Lilia Fonseca Castro11
10 Índice 67 de Samai.
11 El Tribunal Administrativo de Santander mediante providencia del 10 de marzo de 2026
informó que tanto la accionante como la Agencia Nacional de Tierras impugnaron la sentencia
de primera instancia dictada el 27 de febrero de 2026.
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Mediante escrito radicado el 9 de marzo de 2026, la señora Lilia Fonseca Castro,
actuando como parte demandante, interpuso impugnación frente a la sentencia
de primera instancia y manifestó lo siguiente:
Afirmó que el Tribunal Administrativo de Santander se limitó a tutelar su derecho
fundamental de petición y omitió cualquier análisis sobre la presunta vulneración
del debido proceso. Añadió que el fallo tampoco abordó las garantías reforzadas
que, en su condición de mujer campesina, debían haber sido consideradas en
la evaluación judicial del caso.
Manifestó que, si bien la sentencia de primera instancia otorgó un plazo de 48
horas para que la ANT respondiera sus solicitudes, el fallo omitió examinar las
causas del prolongado estancamiento de su trámite administrativo.
Expuso que únicamente a través de la impugnación presentada por la entidad
tuvo conocimiento de la existencia de un error registral devuelto por la ORIP y
de objeciones formuladas por un tercero, lo que a su juicio demostraba que, de
no mediar la tutela, habría permanecido en completa indefensión frente a dichos
aspectos.
Sostuvo que la providencia inicial resultó incongruente, por cuanto constató la
omisión de la administración, pero no adoptó medidas reales para contrarrestar
las dilaciones ni garantizar la culminación del procedimiento de adjudicación.
En consecuencia, solicitó al Consejo de Estado que accediera a las
pretensiones de la tutela y que ordenara a la Agencia Nacional de Tierras emitir
una decisión definitiva sobre la adjudicación del bien baldío dentro de un término
razonable, conforme al marco normativo aplicable.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
La sala es competente para conocer de las impugnaciones presentadas contra
la sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto
Precisó que el recurso interpuesto por la señora Lilia Fonseca Castro se presentó de manera
extemporánea, dado que el término legal venció el 5 de marzo de 2026.
En relación con la impugnación presentada por la entidad accionada, indicó que, aunque fue
radicada el último día del término, se presentó a las 17416:55 horas, fuera del horario de
atención al público, fijado hasta las 16:00 horas», por lo cual debía tenerse como recibida al día
hábil siguiente, esto es, por fuera del plazo procesal.
Por lo anterior y con el fin de salvaguardar los derechos de las partes procesales, el despacho
resolvió conceder las impugnaciones en efecto devolutivo para su conocimiento por el Consejo
de Estado.
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2591 de 199112, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado
por los Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como por el artículo 25 del
Acuerdo 080 de 2019, de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Cuestión previa
La Sala señala que, del análisis de las fechas de presentación de las
impugnaciones, el tribunal incurre en un error al contabilizar el plazo
correspondiente. En lugar de reconocer cinco días, concede únicamente tres, lo
que produce un tratamiento incorrecto de la oportunidad procesal. El
fundamento normativo se encuentra en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
« IMPUGNACION DEL FALLO. Dentro de los tres días siguientes a su
notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el
solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente,
sin perjuicio de su cumplimiento inmediato. (…)»
[…]
y en concordancia con el articulo 205 del CPACA
« NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. <Artículo modificado por el
artículo 52 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La
notificación electrónica de las providencias se someterá a las siguientes reglas:
(…)
2. La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos
dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán
a correr a partir del día siguiente al de la notificación (…)».
Por lo anterior, la Sala concluye que la interposición de los recursos no resulta
extemporánea, dado que fueron presentados los días 5 y 9 de marzo de 2026,
mientras que la providencia se notificó electrónicamente el 2 de marzo del
mismo año. En consecuencia, el plazo para interponerlos vencía el 11 de marzo.
2.3. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes, corresponde a la sala determinar si hay
lugar a confirmar, negar o modificar la providencia de primera instancia que
amparó el derecho fundamental de petición de la señora Lilia Fonseca Castro,
que se aduce vulnerado por la ANT conforme a lo planteado por las partes
impugnantes.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos; i) las
generalidades de la acción de tutela, ii) del derecho fundamental de petición y,
12 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
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iii) análisis del caso concreto.
2.3. Generalidades de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la
acción u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos
en que indica el Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que
la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de
los derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo
anterior implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva,
es decir, cuando no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se
promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable13.
2.4. Del derecho fundamental de petición
El artículo 23 de la Constitución consagra que toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los
derechos fundamentales.
La Corte Constitucional ha desarrollado tal garantía a partir de un núcleo
esencial14, el cual presupone lo siguiente:
i) La posibilidad de formular peticiones respetuosas, por motivos de
interés general o particular.
ii) La obtención de una pronta y material resolución del asunto puesto
en consideración, independientemente de si resulta favorable o no a
lo pretendido.
iii) Es necesario que la respuesta se dé a conocer al interesado. Al
respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado:
«Una vez tomada la decisión, la autoridad o el particular no pueden reservarse su
sentido, para la efectividad del derecho de petición es necesario que la respuesta
trascienda el ámbito del sujeto que la adopta y sea puesta en conocimiento del
13 Ver, entre otras, las sentencias de la Corte Constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
14 Corte Constitucional. Sentencias T-495 de 1992, T-010 de 1993, T-392 de 1994, T-392
de 1995 y T-291 de 1996.
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peticionario; si el interesado ignora el contenido de lo resuelto no podrá afirmarse
que el derecho ha sido observado cabalmente»15
Mediante la Ley Estatutaria 1755 del 30 de junio del 2015, se reguló el derecho
fundamental de petición y, se sustituyó un título del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pues con este se había
desconocido la reserva de ley estatutaria para desarrollar un asunto restringido
constitucionalmente en el artículo 152 Superior.
Concretamente, se estableció como regla general un plazo de 15 días para
resolver la solicitud y precisó, además, que antes de que se cumpla el término
dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la
autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el plazo en el cual
se realizará la contestación.
2.5. Caso concreto
La sala establece que, habiéndose interpuesto dos impugnaciones
diferenciadas por la parte actora y la parte accionada contra la sentencia objeto
de estudio, procede a efectuar su examen de forma individual y autónoma.
2.5.1. Agencia Nacional de Tierras
La parte accionada sostiene que la providencia proferida por el a quo
desconoció sus derechos fundamentales al debido proceso y de contradicción.
Lo anterior por cuanto el juzgador incorpora oficiosamente varios documentos
«imágenes 01, 03, 04 y 05» sin habilitar un escenario previo de contradicción,
razón por la cual no existió debate probatorio que permitiera a la ANT ejercer su
derecho de defensa.
Agrega que la providencia se apoya en una valoración fragmentaria y en
supuestos no discutidos, lo que incide directamente en la decisión y desconoce
las respuestas emitidas por la entidad.
Al respecto se tiene que en los índices 23 y 24 del sistema Samai se incorporó
la contestación radicada en acatamiento del auto del 24 de noviembre de 2025
por parte de la señora Fonseca Castro. A dicha actuación se adjuntaron los
documentos que obraron como medios probatorios y que el juez de primera
instancia utilizó como soporte para la decisión emitida en su providencia.
Con fundamento en lo expuesto, y frente a la presunta vulneración del derecho
fundamental al debido proceso, se constata que la Agencia dispuso de la
oportunidad procesal para controvertir las afirmaciones de la parte actora. Ello
obedece a que la documentación obrante en el expediente fue aportada dentro
15 Corte Constitucional. Sentencia T - 529 de 1995. M.P. Fabio Morón Díaz.
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de las actuaciones propias del trámite, lo que se encuentra respaldado en la
imagen que se presenta a continuación:
Adicionalmente, se observa que los informes presentados por la tutelante
reiteran su solicitud relacionada con la ausencia de respuesta por parte de la
ANT. Por ello, los documentos aportados como prueba corresponden al objeto
del proceso y permiten descartar que hayan sido incorporados sin posibilidad
real de contradicción por parte de la entidad.
La Agencia alegó que el tribunal erró al declarar la falta de respuesta a las
solicitudes de la señora Fonseca Castro, pues a su parecer, demostró de
manera precisa que todas las peticiones habían sido atendidas.
Para determinar lo anterior, se examinará que las solicitudes de la accionante
cuentan con respuesta tal y como lo afirma la ANT.
• Imagen 1: Corresponde a una captura de pantalla de la petición radicada
bajo el número 20226201415322. Dicho escrito carece de fecha de
registro, lo que impide establecer con precisión el momento de su
presentación.
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Respuesta de la Agencia Nacional de Tierras a la imagen 1:
La ANT, mediante oficio No. 20234203020031 del 30 de junio de 2023, dio
respuesta a la solicitud e informó a la accionante que en el Sistema Integrado
de Tierras – SIT existía una petición de adjudicación sobre el predio baldío
ubicado en el municipio de Bucaramanga, identificado con el expediente No.
202222010699800198E. Sin embargo, no se evidenció que se le hubiera
otorgado acceso al expediente, como lo solicitó la actora, por lo que se entiende
que la agencia no atendió plenamente lo requerido.
• Imagen 2: Petición solicitando estado actual del proceso de adjudicación
del expediente 2022-220-1069-9800-198E.
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No se constató que hubiere sido radicado ante la entidad.
• Imagen 3: con radicado No. 202562002164922 del 23 de mayo de 2025,
la actora solicitó informar sobre el oficio dirigido a la Oficina de
Instrumentos Públicos, conforme a lo ordenado en la Resolución
202541000010419 del 4 de marzo de 2025, mediante la cual dispuso
oficiar a dicha dependencia para inscribir en el folio correspondiente.
Respuesta de la ANT: Mediante los oficios No. 202441000179387 del 26 de julio
de 2024 y No. 202541001180071 del 4 de agosto de 2025, la ANT remitió
respuesta en la que indicó la solicitud de inscripción de los cuatro autos de
apertura del procedimiento de adjudicación de baldíos. Asimismo, informó que
la comunicación había sido reasignada internamente a la Subdirección de
Acceso a Tierras Focalizadas, por lo que se consideró atendida la petición.
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De la revisión del expediente se constata que el oficio mencionado fue notificado
a la parte actora al correo dispuesto para efectos de notificación,
lilifonse37@gmail.com, el 25 de septiembre de 2025. En consecuencia, se
entiende satisfecho el requerimiento.
• Imagen 4: corresponde al escrito de «Reclamación y constitución en
renuencia del cumplimiento de los mandatos legales del artículo 73 del
Decreto Ley 902 de 2017, relacionada con la decisión del trámite
administrativo para el reconocimiento de derechos» Con radicado
20256003936722 y 202560003936952 del 9 de septiembre de 2025.
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• Imagen 5: «Respuesta a derechos de petición presentados bajos los
radicados 202560003936722 y 202560003936952»
Respuesta ANT imagen 4 y 5:
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El oficio No. 202541001622441 del 3 de octubre de 2025 correspondió a la
respuesta remitida por la ANT. En dicho documento, la entidad expuso que los
autos de apertura del proceso de adjudicación se encontraban en trámite de
registro ante la ORIP de Bucaramanga y que ya había solicitado la agilización
de dicho procedimiento.
Señaló, además, que un tercero, Jorge Enrique Peñuela Olmos, presentó escrito
de oposición al proceso de adjudicación.
Finalmente, la entidad indicó que la oposición sería evaluada junto con las
pruebas correspondientes en el acto administrativo de cierre del procedimiento
y aseguró a la peticionaria que cualquier nueva actuación le sería notificada por
el medio más expedito para garantizar su derecho al debido proceso. Por lo
anterior, se entendió contestada la petición.
Al respecto, la Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha
establecido algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este
derecho: «El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución
pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse
a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido»
Adicionalmente la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa
y congruente con lo solicitado. Ello significa que:
La respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la
persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición.
Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de
evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la
solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado. // Desde luego, este
deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la autoridad
suministre información adicional relacionada con los intereses del peticionario,
pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la respuesta
dada16.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, del 24 de julio de
2025. Magistrado Ponente. Luis Alberto Álvarez Parra. Bogotá, D. C.
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2.5.2. Lilia Fonseca Castro
La accionante sostuvo que el a quo se redujo a tutelar su derecho de petición,
sin examinar la posible vulneración del debido proceso ni las garantías
reforzadas derivadas de su condición de mujer campesina.
Señaló que, aunque se concedió un plazo de 48 horas para que la ANT
respondiera, no se analizaron las causas del estancamiento administrativo.
Indicó que solo mediante la impugnación de la entidad conoció un error registral
y objeciones de un tercero, lo que evidenció su indefensión. Concluyó que la
providencia fue incongruente y solicitó ordenar a la ANT una decisión definitiva
sobre la adjudicación del bien baldío en un término razonable.
La sala observa que la actora dirige sus pretensiones principales a obtener la
protección de los derechos fundamentales al debido proceso y al derecho de
petición, que considera afectados por la ANT. En consecuencia, solicita que
dicha entidad proporcione una respuesta idónea, suficiente y acorde con la
normatividad aplicable frente a las solicitudes presentadas en torno al trámite de
adjudicación del predio baldío.
En virtud de lo expuesto, frente a las objeciones planteadas por la accionante
respecto de la decisión emitida el 27 de febrero de 2026 por el tribunal, esta
sección señala que la providencia sí tuvo en cuenta de manera integral a las
peticiones elevadas. En efecto, en dicha decisión se dispuso;
«(…) la ANT deberá responder de manera clara y detallada cada una de las
peticiones. Adicionalmente, deberá informarle el estado actual del proceso de
adjudicación de terreno baldío, en lo especifico sobre el reconocimiento de
derechos por parte de la Agencia Nacional de Tierras, respecto del predio
denominado «Finca Villa Valentina».
[…]
[p]ara la Sala, es claro que se configura en efecto la vulneración al derecho
fundamental de petición, y esto, va en abierta contravía de los postulados del
Alto Tribunal Constitucional2, acorde con los cuales, una respuesta de fondo es
aquella que refleja que, la accionada ha realizado un proceso analítico y
detallado para la verificación de los hechos, aspecto que, para el caso concreto
de ninguna manera se acredita».
Asimismo, la sala advierte que la providencia impugnada resulta favorable a la
accionante, en cuanto reconoce y protege los derechos fundamentales que esta
alega como vulnerados. En esa medida, lo planteado en su recurso constituye
una reiteración de las solicitudes ya formuladas en el trámite.
Adicionalmente no, es preciso indicar que no resulta procedente emplear este
mecanismo como atajo para eludir los procedimientos previstos en la ley, dado
su carácter residual. A pesar de las condiciones especiales que la solicitante
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afirma ostentar, y que no fueron tenidas en cuenta por parte del juez de primera
instancia no las valora.
Ahora bien y con relación a la imagen 1, la sala confirmará el amparo ya que la
agencia no logró demostrar que hubiera concedido el acceso al expediente
solicitado por la accionante.
En tal medida, comoquiera que respecto a las peticiones relacionadas en las
imágenes 4 y 5 se notificaron los oficios al correo electrónico
lilifonse37@gmail.com (3 y 20 de octubre de 2025) que dieron respuesta a lo
solicitado por la accionante, para la sala es claro que se superó el hecho que
motivó la interposición de la solicitud constitucional, razón por la cual se
declarará la carencia actual de objeto por hecho superado con relación a estas.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Modificar la sentencia del 27 de febrero de 2026, por el Tribunal
Administrativo de Santander que amparó el derecho fundamental de petición de
la señora Lilia Fonseca Castro, la cual quedará asi:
PRIMERO : Negar el amparo del derecho fundamental de petición de la
señora Lilia Fonseca Castro, con relación a la petición No. 3 y con relación
a las peticiones correspondientes a las imágenes 4 y 5 declarar la
carencia actual de objeto por hecho superado conforme a las razones
expuestas.
SEGUNDO: Confirmar en lo demás la sentencia impugnada.
SEGUNDO: Notificar a las partes y a los terceros en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, y enviar copia de esta al despacho de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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