República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 68001-23-33-000-2025-00732-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
18 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 68001-23-33-000-2025-00732-01 (106)
Accionante: Jonathan Stivel Vásquez Gómez
Accionados: Procuraduría General de la Nación, Procuraduría Delegada
Disciplinaria de Instrucción 1: Primera Delegada para la
Vigilancia Administrativa y Sala de Juzgamiento de Servidores
Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General de la
Nación
Tema: tutela contra medida de suspensión provisional en proceso disciplinario.
Subtema 1: requisitos del artículo 217 de la Ley 1952 de 2019. Subtema 2:
prohibición de participación en política. Subtema 3: procedencia de la tutela.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a decidir
la impugnación interpuesta por la Procuraduría General de la Nación contra la
sentencia de primera instancia del 5 de diciembre de 2025 proferida el Tribunal
Administrativo de Santander.
1. Síntesis del caso
El señor Jonathan Stivel Vásquez Gómez presentó solicitud de amparo de sus
derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso y a elegir y ser elegido, que
consideró vulnerados por la Procuraduría General de la Nación y otros con ocasión
de su suspensión como alcalde del municipio de Barrancabermeja Distrito Especial,
Portuario, Industrial, Turístico y Biodiverso (Santander).
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala considera relevantes los siguientes hechos:
Radicado: 68001-23-33-000-2025-00732-01
Accionante: Jonathan Stivel Vásquez Gómez
Accionados: Procuraduría General de la Nación y otros
2. La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 1: Primera Delegada
para la Vigilancia Administrativa profirió auto dentro del expediente con radicado
núm. IUS E-2025-552655/ IUC D-2025-4171158, el 22 de octubre de 20251, en el
que resolvió dar apertura a la investigación disciplinaria contra el señor Jonathan
Stivel Vásquez Gómez, en su condición de alcalde de Barrancabermeja Distrito
Especial Portuario, Industrial, Turístico y Biodiverso, por presunta participación
indebida en política, por las siguientes razones:
3.3. Hechos jurídicamente relevantes
En los términos del artículo 215 de la Ley 1952 de 2019, se establecerán los hechos
jurídicamente relevantes y su posible autor.
Participación en la contienda para elegir Jonathan Stivel Vásquez Gómez en su
candidatos al Senado de la República, condición de alcalde de
por el Pacto Histórico 2026-2030, en Barrancabermeja Distrito Especial
donde su cónyuge, Laura Cristina Portuario, Biodiverso, Industrial y
Ahumada García, tiene un interés directo Turístico […] para el periodo
por ser precandidata. constitucional 2024-2027
3. Explicó que la conducta investigada «podría encuadrarse» en la prohibición
prevista en el artículo 127 de la Constitución Política referente a «tomar parte en las
actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin
perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio», o en la falta gravísima
contenida en el numeral 1 del artículo 60 del Código General Disciplinario (Ley 1952
de 2019), que dispone «utilizar el cargo para participar en las actividades de los
partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas».
4. Por otra parte, en el auto del 22 de octubre de 2025, la Procuraduría Delegada
Disciplinaria de Instrucción 1: Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa
resolvió suspender provisionalmente del ejercicio del cargo de alcalde al señor
Jonathan Stivel Vásquez Gómez, por el término de 3 meses, y solicitó al presidente
de la República que designara el reemplazo en los términos del artículo 32 de la Ley
1617 de 2013, decisión contra la cual no procedía recurso alguno.
5. Al respecto, citó el artículo 217 de la Ley 1952 de 2019 y las sentencias C-450
de 2003, C-086 de 2019 y T-433 de 2019 y explicó que el caso concreto reunió los
requisitos para decretar la suspensión, dado que el investigado está vinculado en
propiedad; la naturaleza de la falta es gravísima; concurrían elementos que
permitían concluir razonablemente que, de no ser suspendido, podía seguir
participando en la contienda política; existía idoneidad, necesidad y
proporcionalidad de la medida.
6. Incorporó como pruebas, entre otras, lo siguiente: i) publicaciones realizadas
por la señora Laura Cristina Ahumada en redes sociales el 27 de septiembre, sobre
el aval que recibió para la consulta del Pacto Histórico, y el 28 de septiembre, del
evento deportivo del corregimiento de El Llanito y en su colegio; ii) publicaciones
efectuadas el 28 de septiembre por el señor Jonathan Stivel Vásquez Gómez en
1 Samai, expediente núm. 68001-23-33-000-2025-00732-01, índice 3, carpeta zip con certificado
097DE2F8F7CC618E 1A397CB9EB3C6545 84B5DACC29BD8491 594AD33334FE91E9, documento
denominado «PRUEBA_18_11_2025, 11_48_25 a.m».
2
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Accionante: Jonathan Stivel Vásquez Gómez
Accionados: Procuraduría General de la Nación y otros
redes sociales del corregimiento El Llanito y su colegio y controvirtiendo al señor
Gustavo Bolívar por temas electorales; iii) publicación en la red social Facebook del
video del acto de lanzamiento de campaña el 2 de octubre de 2025.
7. En consulta, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de
Elección Popular profirió auto del 13 de noviembre de 20252 en el que confirmó la
decisión que decretó la suspensión provisional del alcalde, toda vez que encontró
que la investigación se adelantaba por la posible comisión de faltas gravísimas, y
que existían serios elementos de juicio que permitían establecer que, la
permanencia del disciplinado en el cargo de alcalde, podría conllevar a la
continuación o reiteración de la conducta.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
8. El señor Jonathan Stivel Vásquez Gómez presentó escrito de tutela3 en el que
solicitó al juez constitucional que, como consecuencia del amparo de sus derechos
fundamentales al trabajo, al debido proceso y a elegir y ser elegido, ordenara lo
siguiente:
SEGUNDA: […] se revoque la decisión de suspensión provisional contra el suscrito
Jonathan Stivel Vásquez Gómez en mi condición de alcalde Distrital de
Barrancabermeja, ordenada en el auto de fecha 22 de octubre de 2025 y confirmada
mediante auto del trece (13) de noviembre de 2025 por la Sala de Juzgamiento de
Servidores Públicos de Elección Popular, dentro del proceso disciplinario con
radicado IUS E-2025-552655 / IUC D-2025-4171158.
TERCERA: Que se ordene mi reintegro al ejercicio del cargo y de las funciones como
alcalde Distrital de Barrancabermeja, así como el pago de los salarios y prestaciones
sociales dejados de percibir con ocasión de la revocatoria de la medida provisional de
suspensión decretada por la Procuraduría General de la Nación.
CUARTA: Que se comunique al Señor presidente de la República de Colombia de la
sentencia judicial del presente proceso con el fin de que el mismo se abstenga de
ejecutar la medida provisional de suspensión decretada en mi contra.
QUINTA: En subsidio de lo anterior, respetuosamente solicito al Juez de la República,
el ordenar todo lo que el despacho considere pertinente para garantizar el
restablecimiento del derecho fundamental vulnerado 4.
9. Además, como medida provisional, pidió la suspensión de la medida decretada
en el auto del 22 de octubre de 2025.
10. Para sustentar sus pretensiones, la parte actora sintetizó las actuaciones
surtidas en el expediente con radicado núm. IUS E-2025-552655/ IUC D-2025-
4171158 y refirió que en anterior oportunidad presentó tutela contra el auto del 22
2
Samai, expediente núm. 68001-23-33-000-2025-00732-01, índice 3, carpeta zip con certificado
097DE2F8F7CC618E 1A397CB9EB3C6545 84B5DACC29BD8491 594AD33334FE91E9, documento
denominado «PRUEBA_18_11_2025, 11_48_46 a.m».
3 Samai, expediente núm. 68001-23-33-000-2025-00732-01, índice 3, carpeta zip con certificado
097DE2F8F7CC618E 1A397CB9EB3C6545 84B5DACC29BD8491 594AD33334FE91E9, documento
denominado «DEMANDA_18_11_2025, 11_45_29 a.m».
4 Se transcribe incluso con errores de texto.
3
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de octubre de 2025 que correspondió al Juzgado Cincuenta y Dos Laboral del
Circuito de Bogotá bajo el radicado núm. 11001-31-05-052-2025-10186-00. Agregó
que dicha acción fue declarada improcedente en fallo del 10 de noviembre de 2025
porque estaba en trámite la consulta de la medida de suspensión y no se cumplía
el requisito de subsidiariedad.
11. Adujo que está superado el requisito de subsidiariedad de acuerdo con la
sentencia T-433 de 2019 de la Corte Constitucional y que el presidente de la
República aún no ha designado alcalde encargado en el distrito de
Barrancabermeja.
12. Frente a las publicaciones del 28 de septiembre de 2025, argumentó que no
es cierto, como lo indicó la procuraduría en el auto de suspensión, que las imágenes
utilizadas para sustentar la decisión fueron publicadas en sus redes sociales ni en
las cuentas oficiales del municipio de Barrancabermeja. Se trató de publicaciones
efectuadas por la señora Laura Cristina Ahumada en sus redes cuando aún no era
candidata de la consulta interpartidista.
13. También, que la publicación en su red de Facebook la efectuó en su condición
de alcalde, en un contexto institucional, en el evento deportivo al que fue invitado y
que se denominó «carrera atlética», el cual fue organizado por el ente educativo del
corregimiento de El Llanito. Dicho evento contó con propaganda y una camiseta
oficial que usaron todos los participantes.
14. Frente a la publicación del 28 de septiembre de 2025 en respuesta al señor
Gustavo Bolívar, sostuvo que el ente disciplinario no allegó como prueba las
presuntas afirmaciones del exsenador, pero que en la declaración mencionada se
efectuaron señalamientos infundados contra su dignidad y que ponían en entredicho
la legitimidad de las elecciones celebradas en Barrancabermeja en 2023. Así, el
señor Jonathan Stivel Vásquez Gómez indicó que en esa oportunidad no hizo
referencia alguna a la señora Laura Cristina Ahumada ni a su campaña política, sino
que ejerció la defensa de su elección.
15. En cuanto a las manifestaciones del 2 de octubre de 2025, destacó que las
realizó un particular que solo fue identificado como «maestro de ceremonias», y
que, si bien se mencionaron las declaraciones que hizo la señora Laura Cristina
Ahumada, no se explicó su nexo causal con el evento público, más aún, al tener en
cuenta que no participó en él de forma directa o real. Alegó que no está llamado a
responder por acciones u omisiones de terceros.
16. Sobre el uso de la «cachucha» con la sigla «BCAEJA», aclaró que la utilizó en
el evento denominado «De la mano con el alcalde» el 12 de octubre de 2025, tal
como lo constatan las redes sociales oficiales de la entidad, y no el día anterior
como lo indicó la procuraduría, lo que evidencia la falta de rigor y verificación en las
fuentes por parte del ente disciplinario.
17. También expuso que ha empleado esa prenda a lo largo de su vida con las
referidas siglas desde antes del 2023, es decir, con anterioridad a su candidatura
de alcalde, y que son de fácil acceso al público y de uso habitual porque son
4
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distribuidas libremente por vendedores locales y comerciantes barranqueños y
representan la identidad y sentido de pertenencia hacía Barrancabermeja. No se
trata de una indumentaria asociada a una determinada campaña política.
18. Cuestionó que la procuraduría sustentó la decisión de suspensión provisional
en una nota periodística de Vanguardia Liberal que registró manifestaciones del
senador Gustavo Moreno, quien solicitó que se designara un alcalde ad hoc. Así,
señaló que dicha nota no era prueba de su participación en política sino de la
inscripción de la señora Laura Cristina Ahumada como precandidata.
19. De todo lo expuesto, concluyó lo siguiente:
Puede concluirse, después de analizar y aclarar cada una de las conductas
reprochadas por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 1, Primera
Delegada para la Vigilancia Administrativa, que no existe prueba, indicio o nexo
causal que comprometa mi responsabilidad subjetiva de manera directa y material.
En consecuencia, la suspensión provisional que me fue impuesta por el operador
disciplinario, además de vulnerar los derechos fundamentales invocados en la
presente acción constitucional, desconoce la Constitución y la ley, por cuanto se
fundamenta en hechos y supuestos carentes de sustento probatorio. Más grave aún,
de manera indebida y sin el debido contexto, se incorporaron afirmaciones y
elementos que no corresponden a la realidad, con lo cual se genera una apreciación
distorsionada y gravosa que pretende atribuirme una presunta participación en
política5.
20. Por otra parte, discutió que la Sala de Juzgamiento de Servidores Públicos de
Elección Popular no se haya pronunciado de fondo sobre los argumentos y material
probatorio que aportó en el trámite de consulta con la finalidad de que se realizara
un control de legalidad, pues no hubo pruebas de su responsabilidad subjetiva en
la supuesta conducta de participación en política.
21. Citó el artículo 217 de Ley 1952 de 2019 y el concepto núm. 83 de 2021 de la
Procuraduría General de la Nación y reiteró que la consulta, como garantía procesal,
consiste en un control de legalidad sobre el cumplimiento de los requisitos formales
y sustanciales que justifican la medida, en el que se verifique la necesidad y
suficiencia de la prueba, de acuerdo con el artículo 147 ibidem.
22. Arguyó que la Sala de Juzgamiento introdujo argumentos, suposiciones y
consideraciones ajenas al trámite de instrucción que no fueron incorporadas en el
auto de apertura de investigación, lo que constituyó una extralimitación de funciones
que vulneró el derecho fundamental al debido proceso y configuró una motivación
falsa e indebida. Insistió en la falta de congruencia por indebida complementación
de la decisión de consulta y ausencia de motivación.
23. Agregó que la medida fue desproporcionada, no cumplió con el principio de
necesidad o menor lesividad y afectó sus derechos fundamentales al sufragio pasivo
y al trabajo, pues pudo quedar delimitada hasta el 26 de octubre de 2025, fecha de
5 Se transcribe incluso con errores de texto.
5
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la consulta de partidos políticos, y no extenderla por 2 meses y 25 días más allá de
esa fecha.
24. Finalmente, explicó las razones por las cuales consideró que la acción de
tutela superaba los requisitos de procedibilidad, en particular, el de subsidiariedad,
y expuso los motivos que sustentaron la solicitud de medida cautelar en el trámite
constitucional.
2.3. Trámite Procesal
25. La tutela correspondió al Tribunal Administrativo de Santander que, en auto
del 18 de noviembre de 20256, la admitió; pidió a la accionada que rindiera informe;
negó la medida cautelar solicitada y ordenó las notificaciones de rigor.
2.4. Intervenciones
26. La Procuraduría General de la Nación7 manifestó que la solicitud de tutela era
improcedente porque el demandante contaba con mecanismos ordinarios de
defensa en el marco del proceso disciplinario y con posterioridad ante la jurisdicción
contencioso-administrativa-, y no demostró la configuración de un perjuicio
irremediable. Además, pretendió controvertir actos de trámite que, de acuerdo con
la jurisprudencia constitucional (especialmente la sentencia T-499 de 2013), solo
podían ser analizados vía tutela cuando resuelvan asuntos sustanciales o sean
manifiestamente irrazonables, situación que no se configuró.
27. En cuanto al «nuevo hecho» alegado —auto de consulta—, no tuvo la entidad
de cambiar la naturaleza del acto cuestionado, cuya decisión de suspensión fue
preventiva y adoptada por el funcionario competente, en la etapa adecuada, con
motivación suficiente y basada en elementos serios sobre riesgos de interferencia
o reiteración. Así, el análisis en sede de consulta se limitó al objeto propio de esa
instancia sin prejuzgar, designándose oportunamente a una alcaldesa encargada
mediante el Decreto 592 de 2025.
28. El señor Juan Carlos Quiroga Ramírez8, como quejoso en el proceso
disciplinario, solicitó que se declarara la improcedencia de la tutela por configurarse
cosa juzgada y temeridad. Informó que el demandante acudió de manera previa
ante el juez constitucional por iguales hechos y pretensiones, trámite que fue
conocido por el Juzgado Cincuenta y Dos Laboral de Circuito Judicial de Bogotá
bajo el radicado 11001-31-05-052-2025-10186-00. Indicó que no se cumplió el
requisito de la subsidiariedad.
29. El Ministerio Público9 se opuso al amparo, pues la suspensión provisional
impuesta al alcalde de Barrancabermeja no vulneró sus derechos fundamentales,
6
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-00732-00, índice 5, certificado 03285645B954123B
1B9782A467320E38 03F658D90FB33B77 8B596D9AA6F3BB3F.
7 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-00732-00, índice 10, certificado 59A533A3DE21BEE5
B747C72BC5481EEA 6BFD39BAA16DCE58 8A2CFF7D7E514098.
8 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-00732-00, índice 13, certificado 873C54DD2DC5CF7E
47D692EE77D1014A 5C9E3EA5F9285207 F596D5C224363342.
9 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-00732-00, índice 11, certificado 8A0E7EED2D6A5A80
690D5CF087AD9B95 2F0033212F728698 C8673A8C72BC04FE.
6
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ya que se trató de una medida preventiva, temporal y no sancionatoria orientada a
proteger el interés general, la moralidad pública, la transparencia electoral y la
adecuada función administrativa.
30. La decisión cautelar cumplió los requisitos del artículo 217 del CGD porque se
adoptó frente a un funcionario identificado, en ejercicio del cargo, con una
motivación suficiente que expuso los fundamentos fácticos y jurídicos, sin implicar
un juicio de responsabilidad. Además, la conducta investigada podría enmarcarse
en la prohibición del artículo 127 de la Constitución Política y en la falta grave o
gravísima del artículo 60 del CGD, debido a la presunta participación del alcalde en
contiendas políticas relacionadas con la precandidatura de su cónyuge.
31. En la motivación se refirieron serios elementos de juicio que permitían inferir
riesgos de reiteración, continuidad o interferencia en el proceso electoral o
disciplinario, por lo que se reseñaron actuaciones y publicaciones que evidenciaban
un patrón justificativo de la medida de suspensión adoptada, lo cual configuró los
criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
32. El despacho ponente del Tribunal Administrativo de Santander registró
proyecto de fallo10, no obstante, una magistrada integrante de la Sala manifestó
estar impedida11 para conocer el caso por dos razones: i) porque tenía una familiar
en segundo grado vinculado a la Procuraduría General de la Nación; y ii) dado que
demandó a dicha entidad. Este impedimento fue declarado infundado en auto del 5
de diciembre de 202512.
2.5. Sentencia de primera instancia
33. El Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia del 5 de diciembre de
202513, amparó los derechos fundamentales invocados y dejó sin efecto, de manera
parcial, el auto del 22 de octubre de 2025, confirmado con decisión del 13 de
noviembre de 2025, en cuanto decretó, como medida provisional, la suspensión del
alcalde de Barrancabermeja en el ejercicio de sus funciones por el término de tres
(3) meses. Además, ordenó su reintegro sin solución de continuidad, con derecho
al reconocimiento y pago de la remuneración que dejó de percibir durante el periodo
de suspensión.
34. Como fundamento de su decisión, estableció que no se configuró la cosa
juzgada o temeridad, en la medida en que no había identidad de partes ni de objeto
con la tutela adelantada con anterioridad, además de que ocurrió un hecho nuevo
en atención a que el pronunciamiento en grado de consulta en el proceso
disciplinario se emitió después de que se fallara la solicitud de tutela inicial.
10
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-00732-00, índice 16.
11 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-00732-00, índice 17, certificado FC2058E35E79DB5E
95D9034E6E9B2AB2 CBAEED0104E35757 05103A5C4F351E8C.
12 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-00732-00, índice 18, certificado E4F22587382873C9
C09AC19147A17AC0 FFD03B136D1B83D6 D104B5F73EBE7705.
13 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-00732-00, índice 20, certificado BCB4EBA26CAE7C88
F864F05C8A25BECA 9BBE06D665C496BF 45A43DFDF304B600.
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35. Consideró la procedencia de la tutela, ya que los actos de suspensión
provisional no eran demandables a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho por ser de trámite y no definitivos, de manera que este
mecanismo constitucional resultaba ser idóneo para proteger los derechos
fundamentales afectados.
36. En cuanto al fondo de la discusión planteada, concluyó que la decisión de
suspensión provisional no acreditó serios elementos de juicio, careció de motivación
suficiente, presentó inferencias irrazonables y basadas en estereotipos de género,
sin que demostrara el riesgo de reiteración o interferencia exigido para la medida.
Frente al grado de consulta, estimó que no se ejerció un control real sobre la
motivación y pruebas que fundamentaron la decisión de instancia. Al respecto,
expuso lo siguiente:
La suspensión provisional no se basó en elementos de juicio serios que permitieran
advertir que el alcalde, de continuar en el ejercicio del cargo, reiteraría o persistiría en
conductas calificadas como faltas gravísimas vinculadas con la participación en
política, presupuesto previsto en el artículo 217 del CGD. La motivación del acto se
apoya en inferencias irrazonables, construidas sobre suposiciones y no sobre
elementos de juicio serios. Además, algunos de los hechos investigados son
contrarios a la realidad y otros corresponden a actos propios de la gestión
administrativa del alcalde o al ejercicio legítimo de derechos fundamentales.
Igualmente, el grado de consulta no se surtió conforme a la norma, pues no se realizó
un verdadero control de la motivación del acto para verificar si reunía la totalidad de
los presupuestos fijados por el legislador para su imposición. El accionante presentó
alegatos en los que advirtió los defectos del razonamiento probatorio del operador
disciplinario, sin embargo, la Sala de Juzgamiento estimó innecesario pronunciarse
de fondo sobre este aspecto.
En consecuencia, la suspensión provisional no cumplió los presupuestos exigidos en
el artículo 217 del CGD para su imposición y, por tanto, no constituyó una restricción
legítima de los derechos fundamentales del alcalde de Barrancabermeja; por el
contrario, vulneró tales derechos14.
37. Una magistrada de la Sala del Tribunal presentó salvamento de voto15.
2.6. Impugnación
38. La Procuraduría General de la Nación impugnó la sentencia del 5 de diciembre
de 2025, en atención a la improcedencia de la solicitud de amparo por existir cosa
juzgada, temeridad y mecanismos ordinarios de defensa judicial. Por otra parte,
manifestó que el juez de tutela no realizó un análisis de los requisitos que exige la
jurisprudencia para que el ente disciplinario pueda decretar la suspensión
provisional, previstos en el artículo 217 del CGD, pues el Tribunal evaluó los actos
14 Se transcribe incluso con errores de texto.
15Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-00732-00, índice 24, certificado E7803EFC48E1C20C
A21308E420D45678 41B8DB6F49082AD9 8F295E7C9B02AD04.
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cuestionados como si fueran sancionatorios y no cautelares, es decir, exigió un
estándar que desconoció la finalidad de la medida16.
39. Alegó que no se tuvo en cuenta que la cautelar decretada fue idónea,
necesaria y proporcional y que se incurrió en contradicción en el fallo impugnado
porque se reconoció que la medida exige un estándar probatorio débil y menos
estricto que la decisión sobre la responsabilidad, pero advirtió que la prueba que
sustentó la suspensión no permitía determinar que el disciplinable era el autor de la
conducta prohibida. Además, explicó lo siguiente:
La postura mayoritaria, consideró intrascendente el hecho que la gestora social y
entonces precandidata, hoy candidata por el Movimiento Político Pacto Histórico,
Laura Cristina Ahumada García, resaltara dentro de la jornada de lanzamiento oficial
de su aspiración electoral como uno de los logros del proyecto político compartido con
su esposo el alcalde Vásquez Gómez, por considerar que el disciplinable no puede
responder por lo que haga un tercero, en este caso su esposa. Desconoce el juez
constitucional que el apoyo a la precandidatura y hoy a la candidatura de la señora
Ahumada García, no solo puede ser directa y expresa sino también indirecta, como
cuando, alcalde y gestora social - precandidata participan de forma conjunta en una
o varias actividades públicas para poner de presente al electorado las acciones y
bondades de un proyecto político que ambos comparten, como expresamente lo
señaló la precandidata Ahumada García.
[…]
En ese sentido, para el momento en que se tomó la decisión objeto de tutela, se
consideró que la permanencia en el cargo del alcalde Vásquez Gómez no solo podía,
y ese es el objeto de la investigación disciplinaria, incidir en la contienda preelectoral
de la Consulta Popular del 26 de octubre de 2025, sino también, continuar haciéndolo
después de esa fecha, en la contienda legislativa que culminará el 8 de marzo de
2026, es decir que, el disciplinable, podría, continuar y/o reiterar la conducta
presuntamente constitutiva de falta disciplinaria17.
40. Respecto de la utilización de la gorra con la sigla «BCA EJA», cuestionó que
el juez de tutela olvidó que, si bien podía ser una prenda de venta libre como
elemento de pertenencia territorial, lo cierto era que la candidata la adoptó como un
distintivo del proyecto político. También controvirtió que se indicara en el fallo
recurrido que no había hechos disciplinariamente relevantes, toda vez que ese es
un asunto objeto del proceso disciplinario.
41. Frente a las supuestas falencias en que se incurrió en el trámite de la consulta,
la Procuraduría recordó que corresponde a la autoridad disciplinaria en esa sede
analizar la existencia o concurrencia de los elementos contenidos en el artículo 217
del CGD, y no, como lo afirmó el tutelante, efectuar un control integral de la
actuación o definir sobre la responsabilidad del «procesado», es decir, el superior
funcional no debe calificar la procedencia de la apertura de investigación ni los
hechos disciplinariamente relevantes.
16 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-00732-00, índice 28, certificado 02FC24D20FC3EA54
DAFF9952BE672635 893F6B8A46CBBC80 8B9AEAE239F01538.
17 Se transcribe incluso con errores de texto.
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42. Destacó que en el auto del 13 de noviembre de 2025 se precisó que la
suspensión provisional no es una sanción y, por tanto, en consulta, el estudio era
distinto al de revisión de un fallo disciplinario. El Tribunal efectuó un juicio de
adecuación típica propio del auto de cargos, no obstante que, para el momento de
la suspensión del alcalde, «apenas transitaba la fase de investigación».
43. Por otra parte, insistió en que, en los términos de la sentencia T-499 de 2013,
la tutela no superó el requisito de subsidiariedad en el caso concreto toda vez que
el acto enjuiciado era preparatorio y tampoco fue manifiestamente irrazonable o
desproporcionado que hiciera procedente de forma excepcional la acción.
Finalmente, expuso lo siguiente:
Causa extrañeza al órgano de control, la referencia que hace el juez constitucional en
varios apartes a la existencia en el análisis que sustentó la adopción de la medida
cautelar disciplinaria de un «presunto sesgo de género» al, suponer el Tribunal
Administrativo de Santander que, lo pretendido por este despacho era desconocer la
independencia y autonomía de la gestora social, el 22 de octubre de 2025,
precandidata del Movimiento Político Pacto Histórico y hoy, candidata al Senado de
la República por ese movimiento, Laura Cristina Ahumada García y, una supuesta
tutela sobre ella de parte de su esposo y alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Stivel
Vásquez Gómez, lo cual, además de no tener sustento alguno y corresponder, esa si
a una mera conjetura del juez constitucional, dista diametralmente de la posición
misional e institucional y del actuar de la Procuraduría General de la Nación.
Este organismo de control disciplinario, en momento alguno pretendió ni pretende,
como lo supuso el juez constitucional, que la gestora social y hoy candidata al Senado
por el Movimiento Político Pacto Histórico, le pidiera «permiso o autorización» a su
esposo, el alcalde Vásquez Gómez para referirse a la gestión y resultado de su
proyecto político. No obstante, es claro que una y otro son pareja y como tal, dialogan,
comparten y analizan sus conductas y revisan las posibles implicaciones de sus
discursos, acciones y gestiones en un momento en el que, la esposa del alcalde,
además de adelantar las actividades propias a su condición de gestora social, decidió
aspirar a un renglón dentro de la lista cerrada del Movimiento Político Pacto Histórico
y, de la desigualdad de condiciones y oportunidades frente a otros aspirantes a
conformar la referida lista, que esa condición y el hecho de seguir participando en
actividades y/o emitir declaraciones simultánea, conjunta y/o coincidentemente, más
cuando uno y/u otro se referían a los resultados del mandato del disciplinable en el
que aquella acompaña de manera activa al alcalde.
Sin duda el mismo racionamiento que se empleó para suspender al disciplinable, se
hubiese empleado si la mandataria distrital fuese una mujer y el candidato fuere su
esposo. La argumentación que se empleó en el acto objeto de tutela carece de los
sesgos que dice hallar el juez constitucionalidad18.
44. Por las razones expuestas solicitó que se revoque la sentencia del 5 de
diciembre de 2025; se declare improcedente la tutela; se deje sin efectos las
órdenes impartidas por el Tribunal dirigidas a suspender los efectos de la medida
cautelar disciplinaria; se nieguen las pretensiones de amparo; se disponga que los
autos objeto de reparos conservan plena validez y efectos jurídicos; y se advierta al
18 Se transcribe incluso con errores de texto.
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juez constitucional que no puede sustituir a la autoridad administrativa ni ejercer un
control integral propio de la jurisdicción contenciosa-administrativa.
2.7. Trámite en segunda instancia
45. El Tribunal Administrativo de Santander concedió el recurso de impugnación
en auto del 19 de diciembre de 202519. En segunda instancia ante el Consejo de
Estado, el asunto fue repartido al despacho de la magistrada Elizabeth Becerra
Cornejo20 y el expediente ingresó a su despacho el 15 de enero de 202621 para lo
de su competencia.
46. El 16 de enero de 2026, la magistrada manifestó su impedimento22 para
conocer la solicitud de amparo con sustento en la causal 5 del artículo 56 del Código
de Procedimiento Penal. La Sala dual de la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado declaró infundado el impedimento en auto del 16 de febrero
de 202623. Finalmente, el expediente de tutela ingresó nuevamente al despacho de
la magistrada ponente, el 16 de marzo de 2026, tal y como consta en el índice 17
en la plataforma Samai.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
47. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado tiene
competencia para conocer de la impugnación que presentó la parte accionante, en
virtud de lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y
32 del Decreto 2591 de 1991.
3.2. Legitimación en la causa de las partes
48. La legitimación en la causa por activa del señor Jonathan Stivel Vásquez
Gómez se encuentra acreditada, por cuanto es el sujeto disciplinable dentro del
proceso adelantando bajo radicado núm. IUS E-2025-552655/ IUC D-2025-
4171158, en el que fue emitido el auto del 22 de octubre de 2025 que lo suspendió
por 3 meses en el ejercicio del cargo de alcalde de Barrancabermeja Distrito
Especial Portuario, Industrial, Turístico y Biodiverso, decisión confirmada en
consulta en auto del 11 de noviembre de 2025; y, por lo tanto, es el titular de los
derechos que consideró vulnerados.
49. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la
Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 1: Primera Delegada para la
Vigilancia Administrativa y de la Sala de Juzgamiento de Servidores Públicos de
19 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-00732-00, índice 30, certificado D037AB9327CC830B
5BE38EBDB238749E 1366930E47E310CC 0B0E1E139720FD6A.
20
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-00732-01, índice 2, certificado D42AECD5CBB068BA
4A6D445C7FD40D77 24E65AD40F9738D6 66969AB43A19C1FC.
21 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-00732-01, índice 3.
22 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-00732-01, índice 4, certificado A7287741D609BE23
395B5299AC095A89 2B0E427A4DD1A1BB F123AC1315DCBE14.
23 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-00732-01, índice 12, certificado B5ED5683A0C900B5
69A5DB3A7F6BA940 72035EF48E7A3AB3 ADB15F4EA873F802.
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Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación, porque fueron las
autoridades que profirieron, respectivamente, los autos del 22 de octubre de 2025 y
del 13 de noviembre de 2025 que, según afirmó el tutelante, vulneraron sus
derechos fundamentales.
3.3. Cuestión preliminar. Temeridad y cosa juzgada
50. En los escritos de contestación y de impugnación, la Procuraduría General de
la Nación afirmó que en el presente caso se configuró la cosa juzgada y temeridad
del accionante, toda vez que el señor Jonathan Stivel Vásquez Gómez presentó en
anterior oportunidad tutela contra el auto del 22 de octubre de 2025 que se tramitó
bajo el radicado núm. 11001-31-05-052-2025-10186-00 ante el Juzgado Cincuenta
y Dos Laboral del Circuito de Bogotá.
51. Al respecto, es preciso indicar que la solicitud de tutela, como mecanismo
efectivo de protección de los derechos constitucionales, cuenta con un
procedimiento sumario que garantiza el derecho de defensa de los involucrados,
cuyo conocimiento llega en todos los casos a la Corte Constitucional a quien se le
confió la guarda y supremacía de la norma fundamental y ante quien opera un
proceso de selección que le imprime a las providencias de las instancias fuerza de
cosa juzgada constitucional.
52. En este sentido, el uso de la solicitud de tutela debe ser razonado y atender al
hecho de que, una vez resuelto el caso por un juez constitucional, este no puede
ser puesto en conocimiento, bajo supuestos similares y con idénticas pretensiones
y partes, ante otra autoridad, pues ello implicaría un quebrantamiento del principio
de la cosa juzgada constitucional. Bajo esta óptica, el artículo 38 del Decreto 2591
de 1992 establece:
Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales,
se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.
El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de
los mismos hechos y derechos será sancionado con la suspensión de la tarjeta
profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta
profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar.
53. Sin embargo, no es suficiente presentar una solicitud de amparo más de una
oportunidad ante los jueces constitucionales para que se configure la actuación
temeraria, ya que deben concurrir una serie de requisitos establecidos por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional24, de la siguiente manera:
i) La identidad de partes, es decir, que ambas acciones de tutela se dirijan contra el
mismo demandado y, a su vez, sean propuestas por el mismo sujeto en su condición
de persona natural, ya sea obrando a nombre propio o a través de apoderado judicial,
o por la misma persona jurídica a través de cualquiera de sus representantes legales.
24 Corte Constitucional, sentencia T-443 de 2024.
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(ii) La identidad de causa petendi, es decir, que el ejercicio repetido de la acción se
fundamente en unos mismos hechos que le sirvan de causa.
(iii) La identidad de objeto, esto es, que las demandas busquen la satisfacción de una
misma pretensión tutelar o sobre todo el amparo de un mismo derecho fundamental.
54. De lo expuesto, se concluye que los jueces de tutela deben verificar
cuidadosamente los citados requisitos a partir de la presunción de la buena fe del
demandante, sin que sea suficiente su cumplimiento formal, por lo que se hace
necesario examinar las razones por las cuales se interponen las demandas y
evaluar si los motivos están plenamente justificados y, de esta manera, determinar
la existencia de una actuación temeraria.
55. En el caso concreto, revisada la sentencia tutela dictada por el Juzgado
Cincuenta y Dos Laboral del Circuito de Bogotá dentro del expediente con radicado
núm. 11001-31-05-052-2025-10186-00 y las actuaciones del trámite de la
referencia, se observa lo siguiente:
Comparativo Exp. 11001-31-05-052-2025-10186-00 Exp. 68001-23-33-000-2025-00732-01
Accionante: Jonathan Stivel Vásquez Accionante: Jonathan Stivel Vásquez
Gómez Gómez
Accionados: Accionados:
• Procuraduría General de la • Procuraduría General de la
Nación. Nación.
• Procuraduría Delegada • Procuraduría Delegada
Partes Disciplinaria de Instrucción 1: Primera Disciplinaria de Instrucción 1, Primera
Delegada para la Vigilancia Delegada para la Vigilancia
Administrativa. Administrativa.
• Sala de Juzgamiento de
Servidores Públicos de Elección
Popular de la Procuraduría General de
la Nación.
La Procuraduría ordenó la suspensión La Procuraduría ordenó la suspensión
provisional del alcalde de provisional del alcalde de
Barrancabermeja dentro del proceso Barrancabermeja dentro del proceso
disciplinario que adelanta en su contra disciplinario que adelanta en su contra
por su presunta participación en política. por presunta participación en política.
Según el escrito de tutela, la medida se Según el escrito de tutela, la medida se
apoyó en elementos de juicio apoyó en elementos de juicio
descontextualizados y en hechos que descontextualizados y en hechos que no
no reflejaban la realidad. La autoridad reflejan la realidad. La autoridad
disciplinaria fundamentó la decisión en disciplinaria fundamentó la decisión en
Causa publicaciones y actividades publicaciones y actividades relacionadas
petendi relacionadas con la precandidatura de con la precandidatura de la cónyuge del
la cónyuge del alcalde, sin demostrar alcalde, sin demostrar que existiera
que existiera alguna conexión con el alguna conexión con el ejercicio de sus
ejercicio de sus funciones públicas. El funciones públicas. El demandante
demandante sostiene que la medida sostiene que la medida carece de
carece de sustento probatorio y que se sustento probatorio y que se adoptó sin
adoptó sin el rigor exigido por la ley, lo el rigor exigido por la ley, lo cual afecta
cual afecta de manera grave sus de manera grave sus derechos políticos
derechos políticos y el mandato popular y el mandato popular que ejerce como
que ejerce como alcalde. alcalde. Además, la Sala de consulta no
resolvió los cargos formulados en el
13
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Accionados: Procuraduría General de la Nación y otros
escrito de alegatos que permitían
establecer que no incurrió en causal de
prohibición alguna.
Solicitó que se amparen los derechos Solicitó que se revoque la decisión de
fundamentales a la participación suspensión provisional contra el suscrito
política, al derecho de elegir y ser Jonathan Stivel Vásquez Gómez en mi
elegido, al trabajo y al debido proceso y condición de alcalde Distrital de
se revoque de la medida de suspensión Barrancabermeja, ordenada en el auto
provisional impuesta en su contra de fecha 22 de octubre de 2025 y
mediante auto del 22 de octubre de confirmada mediante auto del trece (13)
2025, dentro del proceso disciplinario de noviembre de 2025.
radicado bajo los números IUS E-2025- También, que se ordene su reintegro al
Objeto
552655 / IUC D-2025-4171158, ejercicio del cargo y de las funciones
disponiendo además su reintegro como alcalde Distrital de
inmediato al ejercicio del cargo y al Barrancabermeja, así como el pago de
desempeño de las funciones propias de los salarios y prestaciones sociales
la alcaldía distrital de Barrancabermeja dejados de percibir con ocasión de la
revocatoria de la medida provisional de
suspensión decretada por la
Procuraduría General de la Nación
56. De acuerdo con los supuestos fácticos que conforman el presente asunto, es
pertinente precisar que, aun cuando el demandante presentó una solicitud de tutela
previa que fue declarada improcedente, en esta oportunidad adicionó como objeto
de reproche el auto del 13 de noviembre de 2025 con el que la Sala Disciplinaria de
Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría
General de la Nación, en sede de consulta, confirmó la medida de suspensión
provisional.
57. Cabe destacar que, en contra de la decisión que resolvió la consulta el
accionante formuló cargos concretos, lo cual constituye un hecho nuevo que
modifica la causa petendi y las partes en el contradictorio al vincularse a la Sala de
Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría
General de la Nación al recurso de amparo objeto de examen.
58. Además, en el escrito de tutela el señor Jonathan Stivel Vásquez Gómez
informó de la existencia del primer trámite constitucional con radicado núm. 11001-
31-05-052-2025-10186-00, por lo que no es posible atribuirle mala fe en la presente
actuación. De esta manera, al no configurarse la triple identidad exigida para
declarar la temeridad, se habilita el estudio de procedencia del presente asunto.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
59. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda
persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por
la acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala
la ley. Este mecanismo constitucional tiene dos requisitos de procedencia: la
subsidiariedad y la inmediatez25.
25 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
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60. El primero exige que el interesado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que busque evitar un perjuicio irremediable26; y el segundo consiste
en que se acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de
lo contrario, «[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda
en entredicho […]»27.
61. En particular, respecto del requisito de subsidiariedad, es necesario precisar
que la Corte Constitucional ha considerado como regla general que la tutela resulta
improcedente cuando se interpone contra actos administrativos de trámite o
preparatorios, toda vez que tienen por objeto impulsar las actuaciones de la
administración y no constituyen la decisión de fondo28.
62. No obstante, en el caso específico de tutela contra autos de suspensión
provisional de servidores públicos en procesos disciplinarios, este medio de control
constitucional resulta procedente dado que la decisión cuestionada resuelve un
asunto sustancial que, en el evento que se desatienda los fines y requisitos para los
cuales fue creada, desconocería derechos fundamentales del afectado. Esta
postura ha sido reiterada por la Corte Constitucional en sentencias T-936 de 2001,
T-241 de 2004, T-1307 de 2005, T-105 de 2007 y T-1012 de 2010. De manera más
reciente, el alto tribunal indicó lo siguiente:
Particularmente, la procedencia del amparo contra autos de trámite es excepcional.
Por lo general, solamente procede cuando (i) el acto administrativo tiene la
potencialidad de definir una situación sustancial dentro de la actuación, que puede
proyectarse en la decisión final; (ii) puede ser calificada como abiertamente
irrazonable o desproporcionada; y, por ende, puede conducir a (iii) la amenaza de los
derechos fundamentales29.
63. Por último, en la sentencia T-433 de 2019, la Corte conoció de una tutela
interpuesta por el entonces alcalde de la ciudad de Bucaramanga contra la
Procuraduría General de la Nación, con ocasión del auto del 29 de noviembre de
2019, emitido por la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia
Administrativa, que lo suspendió en el ejercicio de sus funciones. En esa
oportunidad, indicó que la acción resultaba procedente, dado que la decisión
cuestionada no era susceptible de control judicial y se trataba de una medida
preventiva que requería de forma urgente un pronunciamiento judicial para
salvaguardar derechos fundamentales.
3.4.1. Análisis de los requisitos de procedencia en el caso concreto
64. En el presente asunto, la Sala encuentra que está superado el requisito de
subsidiariedad, en los términos expuestos por la Corte Constitucional, en la medida
en que: i) si bien el acto objeto de reparos no es definitivo, toma una decisión
sustancial que; ii) de no cumplir con los fines de la medida de suspensión y
requisitos previstos para su decreto, que es el cargo de amparo, desconocería los
26 Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.
27 Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, criterio reiterado en la sentencia SU-084 de 2019.
28 Corte Constitucional, sentencia T-1012 de 2010.
29 Corte Constitucional, sentencia T-433 de 2019.
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derechos fundamentales del señor Jonathan Stivel Vásquez Gómez, en particular,
el debido proceso y el derecho político a ser elegido.
65. Por otra parte, se cumplió el requisito de inmediatez, toda vez que el auto que
confirmó en consulta la suspensión del cargo de alcalde fue emitido el 13 de
noviembre de 2025 y la tutela fue interpuesta por el señor Jonathan Stivel Vásquez
Gómez el 18 de noviembre siguiente, es decir, dentro de un plazo razonable.
3.5. Problema jurídico
66. La Sala debe decidir si confirma, modifica o revoca la sentencia de primera
instancia del 5 de diciembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander.
67. Para ello, es necesario establecer: ¿La Procuraduría General de la Nación, por
conducto de la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 1: Primera
Delegada para la Vigilancia Administrativa y la Sala de Juzgamiento de Servidores
Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación, vulneró los
derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso y a ser elegido del señor
Jonathan Stivel Vásquez Gómez en su condición de alcalde de Barrancabermeja
Distrito Especial Portuario, Industrial, Turístico y Biodiverso?
68. En concreto, se deberá determinar:
¿El auto del 22 de octubre de 2025 proferido dentro del expediente disciplinario IUS
E-2025-552655/ IUC D-2025-4171158 cumplió con los requisitos contenidos en el
artículo 217 de la Ley 1952 de 2019 y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional
sobre la materia, esto es, la existencia de elementos que permitieran inferir la
existencia de una conducta prohibida y si la medida cumplió con los criterios de
necesidad, idoneidad y proporcionalidad?
¿La Sala de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la
Procuraduría General de la Nación omitió resolver los cargos formulados en el
escrito de alegatos y se extralimitó en su competencia en el auto del 13 de
noviembre de 2025?
69. Para lo anterior, la Sala abordará el marco normativo y jurisprudencial del
proceso disciplinario y las medidas de suspensión y, posteriormente, el caso
concreto.
3.5.1. Proceso disciplinario y las medidas de suspensión
70. El numeral 6 del artículo 277 de la Constitución Política dispone que el
Procurador General de la Nación tiene dentro de sus funciones la de vigilar la
«conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas; inclusive las de
elección popular», ejercer el poder disciplinario preferente; y adelantar las
correspondientes investigaciones e imponer sanciones conforme a la ley.
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71. Ahora bien, los asuntos en materia disciplinaria están regulados en la
actualidad en la Ley 1952 de 2019 «[p]or medio de la cual se expide el Código
General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la
Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario». El artículo 2 ibidem,
modificado por el artículo 1 de la Ley 2094 de 2021, estableció que a la Procuraduría
General de la Nación se le atribuyen las funciones previstas en el numeral 6 del
artículo 277 superior y que las sanciones impuestas a servidores públicos de
elección popular estarán supeditadas a «lo que decida la autoridad judicial».
72. Sin embargo, dado que la redacción original de la modificación introducida con
la Ley 2094 de 2021 atribuía a la Procuraduría General de la Nación funciones
jurisdiccionales y convertía actos administrativos en verdaderas sentencias
judiciales, en fallo C-030 de 2023, la Corte Constitucional declaró exequible
condicionalmente el artículo 1 de la Ley 1952 de 2019 en el sentido de que se
mantenía la competencia disciplinaria de dicha entidad, pero que «la determinación
de las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a servidores públicos de
elección popular, corresponderá al juez contencioso-administrativo, conforme lo
establece el inciso cuarto de esta misma norma».
73. La anterior postura fue ratificada en sentencias SU-381 y 382 de 2024 y
reconocida en auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del
Consejo de Estado del 3 de diciembre de 202430, providencia en la que se adoptaron
las reglas de unificación frente al recurso extraordinario de revisión automático
previsto en el artículo 238A de la Ley 1952 de 2019.
74. Por otra parte, el artículo 217 de la Ley 1952 de 2019, dispone respecto de la
suspensión provisional decretada en el proceso disciplinario, lo siguiente:
SUSPENSIÓN PROVISIONAL. Durante la investigación disciplinaría o el juzgamiento
por faltas calificadas como gravísimas o graves, el funcionario que la esté
adelantando podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional del servidor
público, sin derecho a remuneración alguna, siempre y cuando se evidencien serios
elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función
o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falta en el trámite de la
investigación o permite que continúe cometiéndola o que la reitere.
El término de la suspensión provisional será de tres meses, prorrogable hasta en otro
tanto. Dicha suspensión podrá prorrogarse por otros tres meses, una vez proferido el
fallo de primera o única instancia.
El auto que decreta la suspensión provisional y las decisiones de prórroga serán
objeto de consulta, sin perjuicio de su inmediato cumplimiento.
Para los efectos propios de la consulta, el funcionario remitirá de inmediato el proceso
al superior, previa comunicación de la decisión al afectado.
Recibido el expediente, el superior dispondrá que permanezca en Secretaría por el
término de tres días, durante los cuales el disciplinado podrá presentar alegaciones
30 Expediente núm. 11001-03-15-000-2023-00871-00.
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en su favor, acompañadas de las pruebas en que las sustente. Vencido dicho término,
se decidirá dentro de los diez días siguientes.
Cuando desaparezcan los motivos que dieron lugar a la medida, la suspensión
provisional deberá ser revocada en cualquier momento por quien la profirió, o por el
superior funcional del funcionario competente para dictar el fallo de primera instancia.
PARÁGRAFO. Cuando la sanción impuesta fuere de suspensión e inhabilidad o
únicamente de suspensión, para su cumplimiento se tendrá en cuenta el lapso en que
el disciplinado permaneció suspendido provisionalmente. Si la sanción fuere de
suspensión inferior al término de la aplicada provisionalmente, tendrá derecho a
percibir la diferencia.
75. El mencionado artículo contiene una redacción en similares términos a los
artículos 115 de la Ley 200 de 1995 y 157 de la Ley 734 de 2002, que fueron
declarados exequibles, respectivamente, en sentencias C-280 de 1996 y C-450 de
2003.
76. Posteriormente, la Corte Constitucional revisó la constitucionalidad del artículo
217 de la Ley 1952 de 2019 en la sentencia C-086 de 2019 y lo declaró exequible
por el cargo analizado, esto es, su compatibilidad con el artículo 23 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. En esa oportunidad, estudió en su
jurisprudencia el sentido y alcance de la norma demandada, de lo cual destacó que:
• La suspensión provisional es una medida de prudencia disciplinaria que busca
proteger el interés general, que es un principio fundamental.
• La suspensión provisional no constituye una sanción y tampoco consiste en la
definición de la responsabilidad disciplinaria.
• La suspensión provisional no es una medida que corresponda a la
discrecionalidad de la autoridad disciplinaria, sino que está reglada y debe ser
motivada. En este sentido, está sometida al cumplimiento de los siguientes
presupuestos estrictos u objetivos:
1. El servidor investigado debe estar en ejercicio del cargo.
2. Debe estar adelantada la investigación disciplinaria.
3. La conducta sancionable debe ser de aquellas calificadas como faltas
gravísimas o graves.
4. Deben existir serios elementos de juicio que, con base en estos, se pueda
establecer que la permanencia del servidor en el cargo, función o servicio hace
posible que este interfiera en el trámite del proceso; o que se continúe
cometiendo la falta; o que se reitere la comisión de la misma.
77. En relación con estos tres últimos supuestos, recordó que en sentencia C-450
de 2003, se indicó lo siguiente:
Es importante, también, subrayar que la medida provisional es justificada por el propio
legislador a la luz de unos fines específicos. El fin de evitar que se interfiera la
investigación consulta la protección de todos los principios e intereses
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constitucionales desarrollados por el derecho disciplinario. El fin de evitar que la falta
continúe o se reitere también apunta en esta dirección, sin que pueda interpretarse
como la introducción de ideas asociadas al peligrosismo. De lo que se trata es de
precaver que una conducta objetiva de la cual existen serios y evidentes elementos
de juicio se prolongue en el tiempo una vez realizada. Dicha prolongación puede tener
dos modalidades: la simple continuación o la reiteración de la conducta ya realizada.
No se está, entonces, ante un juicio anticipado acerca de la personalidad del servidor
público investigado o juzgado disciplinariamente sino ante una facultad derivada de
la valorización de elementos probatorios relativos al acto que disciplinariamente se le
imputa.
78. El alto tribunal también destacó que la medida de suspensión prevé unas
garantías para el procesado, como son: i) la motivación de la medida; ii) la limitación
temporal, salvo que sea prorrogada, debe ser de 3 meses; iii) la revocabilidad de la
medida de forma inmediata una vez desaparezcan los elementos de juicio; y, iv) la
responsabilidad personal del funcionario que la adopta en los términos abordados
en la sentencia C-908 de 2013. Además, que existen controles de la decisión
cautelar dentro del propio proceso disciplinario y externos (acción de tutela).
79. Posteriormente, en sentencia C-015 de 2020, la Corte estudió una nueva
demanda de constitucionalidad interpuesta contra el artículo 217 de la Ley 1952 de
2019, bajo los cargos de que se desconocían los artículos 152 y 153 de la
Constitución Política atinentes a la reserva de ley estatutaria, en la medida en que
la referida norma «regula el núcleo esencial del derecho fundamental a participar en
la conformación, ejercicio y control del poder político, al indicar que se suspenden
provisionalmente los funcionarios elegidos popularmente, cuando hubieran
cometido faltas graves o gravísimas».
80. Luego de acudir a las consideraciones contenidas en el fallo C-015 de 2020,
el alto tribunal concluyó que la suspensión provisional de funcionarios de elección
popular no tiene reserva de ley estatutaria de conformidad con «el criterio restrictivo
de la procedencia de trámite cualificado»31, pues constató que la norma demandada
no tiene por objeto directo el derecho al acceso a cargos públicos y tampoco regula
de forma sistemática, integral y estructural esa garantía fundamental, ni puede ser
considerada como una interferencia desproporcionada, en los términos de las
sentencias C-108, de 1995, C-406 de 1995, C-280 de 1996, C-028 de 2006, C-086
de 2019 y C-111 de 2019.
81. Por último, la sentencia T-433 de 2019 recopiló los parámetros de la medida
de suspensión provisional. Por un lado, recordó que la finalidad constitucional y la
naturaleza jurídica de la cautelar encontraba contenido en que esta buscaba
garantizar la eficacia del proceso disciplinario en beneficio del interés general, de
cara al hecho de que no implicaba una decisión sobre la responsabilidad
31
La Corte Constitucional explicó lo siguiente:
«Para la Corte Constitucional, la reserva de ley estatutaria procura someter a mayor discusión democrática y
control la regulación de ciertas materias que cuentan con un trámite legislativo cualificado, debido a su
importancia para el Estado Social de Derecho, por ejemplo, los derechos fundamentales y sus garantías. En
ese contexto, la jurisprudencia ha defendido un criterio de interpretación restrictiva y otro material en cuanto a
la procedencia de los asuntos que deben ser sometidos al trámite de ley estatutaria. Además, ha construido
varias reglas que permiten identificar cuando una regulación de derechos fundamentales está obligada a surtir
el procedimiento de los artículos 152 y 153 de la Constitución».
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disciplinaria o la valoración de la culpabilidad, ni desconocía la buena fe y la
presunción de inocencia del implicado.
82. En la mencionada sentencia se recalcó como criterios objetivos que la medida
debía ser motivada, lo que implicaba el cumplimiento de las siguientes condiciones:
i) cualificación del sujeto; ii) oportunidad para su decreto; y, iii) calificación de las
faltas investigadas. Además, la siguiente:
Serios elementos de juicio sobre riesgos objetivos. La suspensión solo se puede
ordenar cuando se evidencien “serios elementos de juicio” que permitan inferir que
la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la consumación de los
siguientes riesgos: (i) la interferencia por parte del procesado en la investigación; (ii)
la continuación de la comisión de la falta; o (iii) la reiteración de la misma32.
83. Al resolver el caso concreto, el alto tribunal indicó que los serios elementos
de juicio para ordenar la suspensión provisional no suponen que los hechos
investigados, para tener valor probatorio, estén investigados y sancionados.
También aclaró que la medida debía tener, como garantía del investigado,
proporcionalidad y razonabilidad, esto es, que atendiera a fines constitucionales
válidos y que acatara los requisitos de ley para la imposición.
84. Agregó que en estos casos en que estaban comprometidos derechos
constitucionales y, a su vez, el interés general, resultaba procedente acudir al test
de razonabilidad y al juicio de proporcionalidad. En particular, sobre el referido juicio,
expuso lo siguiente:
[E]xige estudiar si el impacto sobre los derechos fundamentales cumple con los
siguientes tres criterios: (i) idoneidad: exige verificar la adecuación de la medida para
alcanzar un fin constitucionalmente legítimo; (ii) necesidad: implica analizar si existen
medidas alternas con mayor o igual eficacia para lograr el fin propuesto, las cuales
afectan en menor grado las garantías comprometidas; y (iii) proporcionalidad en
sentido estricto: busca estudiar la proporcionalidad entre medios y fines “es decir, que
el principio satisfecho por el logro de este fin no sacrifique principios
constitucionalmente más importantes”.
3.6. Caso concreto
85. En el asunto bajo estudio, de la revisión del escrito de tutela, la Sala observa
que el accionante reprocha el auto del 22 de octubre de 2025 que lo suspendió en
el ejercicio del cargo de alcalde, pues consideró que no existía «prueba, indicio o
nexo causal que compromet[iera] [su] responsabilidad subjetiva de manera directa
y material», y que, la decisión se fundamentó en hechos y supuestos «carentes de
sustento probatorio».
86. Para ello, el tutelante analizó y valoró cada una de las «conductas» en que la
procuraduría sustentó su decisión y las controvirtió para concluir que estas no
permitían tener por demostrada alguna circunstancia que determinara su
responsabilidad disciplinaria.
32 La Sala destaca.
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87. Pues bien, al respecto, es preciso advertir que el señor Jonathan Stivel
Vásquez Gómez sustenta su argumentación principalmente en que no estuvo
probada su responsabilidad disciplinaria para ser suspendido en el ejercicio de su
cargo como alcalde. Sin embargo, es preciso advertir que, de acuerdo con la
extensa jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia, la medida
provisional no implica una valoración de la culpabilidad, por lo que la prueba de la
responsabilidad no es un presupuesto necesario para definir la medida.
88. En tal sentido, cabe recordar que la suspensión provisional es una medida de
prudencia disciplinaria que busca proteger el interés general, en el caso concreto,
la indebida participación en política del servidor público, que no constituye una
sanción y que tampoco define la responsabilidad disciplinaria; la cual exige, para
ser decretada, el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 217 de la Ley
1952 de 2019 y abordados por la Corte Constitucional, estos son: la identificación
del funcionario en ejercicio de sus funciones; que los hechos puedan constituir una
falta gravísima o grave; que existan serios elementos de juicio que permitan inferir
que la permanencia en el cargo puede interferir la investigación o continuar o reiterar
la falta; y que sea idónea, necesaria y proporcional.
89. En ese orden, la Sala no encuentra, como lo pretende hacer ver el accionante,
entre los requisitos legales y jurisprudenciales para la imposición de la medida de
suspensión, que sea obligatorio que el ente disciplinario tenga como probada la falta
o la conducta investigada.
90. Sobre este punto, cabe reiterar que el artículo 217 ibidem no exigió como
presupuesto para la definición de la medida cautelar que estuviera probada la
responsabilidad disciplinaria; y que el legislador, en su libertad de configuración,
estableció en la mencionada norma que la suspensión podía ser decretada siempre
y cuando existieran «serios elementos de juicio» que permitieran «inferir»33 que si
el servidor permanece en su cargo «posibilita» la interferencia en la investigación o
«permite» que este continúe incurriendo en la falta o la «reitere».
91. En consideración a lo expuesto, para este juez constitucional, el análisis en
sede de tutela de los elementos en que se sustentó la decisión de la medida
provisional debe circunscribirse al cumplimiento de los requisitos de procedencia
para su imposición, pero no a la definición de la responsabilidad, dado que esto es
un asunto propio de la facultad que legal y constitucionalmente esta atribuida a la
autoridad disciplinaria.
92. En tal sentido, estima esta Sala que la sentencia de primera instancia se apartó
del análisis propio que corresponde realizar en sede de tutela, pues concluyó en el
caso concreto que las publicaciones en redes sociales «no constituyen el tipo
disciplinario previsto en el artículo 60 del CGD», que las respuestas que realizó el
alcalde en dichas plataforma a las acusaciones que le hicieron «no configura una
participación en controversias políticas», y, en particular, que los elementos de juicio
en que se basó la medida de suspensión «no son disciplinariamente relevantes».
33 Sentencia T-433 de 2019.
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93. Ahora bien, la Sala no desconoce que la argumentación del accionante
también cuestiona la existencia de los serios elementos de juicio exigidos en la
norma y, por tanto, alega la falta de motivación requerida para que pueda ser
decretada la suspensión provisional en el proceso disciplinario. Sobre este asunto,
es preciso tener en cuenta que el auto del 22 de octubre de 2025 encontró cumplidos
los requisitos previstos en el artículo 217 de la Ley 1952 de 2019, en los términos
que a continuación se describen:
1. El señor Jonathan Stivel Vásquez Gómez es el alcalde electo de
Barrancabermeja Distrito Especial Portuario, Industrial, Turístico y Biodiverso
para el periodo 2024-2027.
2. La conducta investigada está prevista en el Libro II, Título Único, Capítulo I
«faltas gravísimas», artículo 6034 de la Ley 1952 de 2019 y en el artículo 127 de
la Constitución Política.
94. Frente a las anteriores consideraciones no existe discusión alguna, esto es, la
condición de alcalde del señor Jonathan Stivel Vásquez Gómez y que la falta
investigada es calificada como gravísima. En cuanto al tercer requisito, la
Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 1: Primera Delegada para la
Vigilancia Administrativa sostuvo lo siguiente:
En la actualidad se adelanta el trámite para conformar las listas de los partidos y
movimientos políticos para las elecciones legislativas de 2026, incluidos el Senado de
la República, en el cual está inscrita con el número 128, como precandidata del Pacto
Histórico, Laura Cristina Ahumada García cónyuge del alcalde Jonathan Stivel
Vásquez Gómez, proceso pre electoral que el próximo domingo veintiséis (26) de
octubre de 2025, adelantará la consulta en la que a nivel nacional, para el caso del
Senado se realizarán las votaciones en la que participará la señora Ahumada García.
Los hechos expuestos en las notas periodísticas y publicaciones en redes sociales y
que originan la actuación de la referencia, permiten advertir que existen serios
elementos de juicio que llevan a inferir que la permanencia en el cargo del
disciplinable, le permite continuar y reiterar su participación en la controversia política
que en la actualidad se adelanta para establecer las listas definitivas de los partidos
y movimientos políticos para el Senado de la República, que tiene como actividad
principal la realización de la consulta que se llevará a cabo el próximo domingo 26 de
octubre de 2025 en todo el territorio nacional, incluida la ciudad de Barrancabermeja
DPBIT, de la que es alcalde ejercicio el disciplinable.
Así las cosas, para la delegada concurren elementos que le permiten concluir
razonablemente que Jonathan Stivel Vásquez Gómez, de no ser suspendido, podría
seguir participando en la contienda política que actualmente se adelanta en el país a
favor de las aspiraciones electorales de su cónyuge, Laura Cristina, Ahumada, García
y, por tanto, se cumple el tercer requisito de la suspensión provisional35.
34 ARTÍCULO 60. FALTAS RELACIONADAS CON LA INTERVENCIÓN EN POLÍTICA.
1. Utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias
políticas, sin perjuicio de los derechos previstos en la Constitución y la ley.
2. Utilizar el empleo para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o campaña política o
influir en procesos electorales de carácter político partidista.
35 Se transcribe incluso con errores de texto.
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95. Las notas periodísticas y publicaciones en redes sociales que le permitieron a
la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 1: Primera Delegada para la
Vigilancia Administrativa llegar a la anterior conclusión, son las que a continuación
se citan:
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96. También tomó en consideración que el 2 de octubre de 2025 se transmitió un
video en la plataforma de Facebook de «Qué pasa en Barrancabermeja», sobre el
acto de lanzamiento de campaña de la señora Laura Ahumada a la precandidatura
al senado en el Pacto Histórico, en el que el «maestro de ceremonias» realizó la
presentación de la mencionada señora en los siguientes términos:
[…] está casada con Jonathan Stivel Vásquez Gómez actual alcalde de
Barrancabermeja […] esa es nuestra gestora social y próxima senadora de la
República Laura Cristina Ahumada García […] aquí están los diferentes sectores de
la ciudad, las comunas, los corregimientos, aquí están los diferentes líderes y
lideresas, aquí están las juventudes, aquí están las diferentes comunidades
brindando su apoyo a un proyecto serio, a un proyecto que ya ha demostrado
resultados, ustedes lo saben, ustedes han sido testigos de lo que ha venido pasando
en nuestra bella “hija del sol” y esto arribarlo al ámbito nacional de la mano de nuestra
primera mujer barranqueña ocupando un puesto en el Senado de la República […] 36.
97. De acuerdo con la transcripción que se realizó en el auto del 22 de octubre de
2025, en el referido evento la precandidata manifestó que:
En el 2018 conocí a otro gran hombre, mi esposo, y me mostró otra cara de la ciudad
y, me enamoré de él, pero también me enamoré de un proyecto de ciudad, llevo
recorriendo con él más de siete años nuestros corregimientos, nuestras comunas,
nuestros barrios, hemos hablado con ediles, con presidentes de junta, con
asociaciones y con muchas familias que sé, que en el día de hoy se sienten
representados, identificados en este proyecto político. En el 2024, empezó el reto más
importante de mi vida después de ser mamá, y es ser gestora social, desde el día uno
me puse la camiseta por ustedes (…) En el proyecto político en el que estoy, hemos
tenido inmensos avances en tan poco tiempo, en este año y medio de gobierno,
nuestro proyecto político ha tenido una bandera enorme con la educación (…) hemos
sido el gobierno que más ha invertido en educación, vamos a entregar tres colegios
36 Se transcribe incluso con errores de texto.
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nuevos para nuestra ciudad, para El Llanito, que llevaba más de treinta años
esperándolo, para la vereda Los Laureles del corregimiento El centro y para la 26 de
marzo de acá en nuestra ciudad. Hemos aumentado el fondo de infraestructura
educativa porque sabemos que la infraestructura es necesaria para generar una
educación de calidad para nuestros niños, niñas y adolescentes. Vamos a entregar
paneles solares a los colegios, seguimos apostándole a la calidad educativa con
nuestras escuelas de formación artística y nuestras escuelas deformación deportiva
(…) En materia de infraestructura vamos a invertir más de 100.000 millones de pesos
en mejoramiento de vía, teníamos una vía, la calle 71 abandonada (...) el año pasado
fue adjudicado y lleva más del 45% de avance esta obra, 49% Gavito, gracias.
Tenemos un contrato actual donde vamos a impactar más de veinte puntos para el
mejoramiento de vía (…) Vamos a hacer un convenio con Ecopetrol por más de
25.000 millones de pesos para concreto rígido, para seguir dignificando la vida y las
familias de todos ustedes (...) uno de los más importantes, la transición energética,
desde el 2023 venimos apostándole a la transición energética, fuimos los pioneros en
decirle a Colombia que Barrancabermeja merecía ser la capital solar de Colombia,
vamos a entregar cuatro granjas solares para subsidiar el consumo del estrato 1 y 2
en Barrancabermeja (…) Hemos hecho un convenio con la ESA para entregar más
de mil quinientos kits de paneles solares para nuestros hogares (...) y vamos a
entregar inicialmente cuatrocientos kits de paneles solares para nuestros tenderos,
porque entendemos que la transición energética también es desarrollo económico y
social para nuestra ciudad. Pero amigos, todo esto que hemos hecho en este año y
medio de gobierno no puede quedar solamente aquí en nuestra ciudad. Colombia
necesita escuchar esta voz, Barrancabermeja necesita una voz, una voz mujer, una
mujer fuerte y empoderada (…) Desde el gobierno local entendimos la importancia de
articular con el nivel nacional […]37.
98. En el auto del 22 de octubre de 2025 la Procuraduría Delegada Disciplinaria
de Instrucción 1: Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa también expuso
que el investigado había utilizado en sus actuaciones públicas una cachucha con el
distintivo de la campaña de Laura Ahumada con las siglas «BCA EJA».
99. Por último, se tuvo en cuenta que el 17 de octubre de 2025, el medio de
comunicación Vanguardia Liberal publicó en su plataforma el artículo titulado «La
pelea entre Gustavo Moreno y el alcalde Jonathan Vásquez», el cual se refiere a
que el senador Moreno pidió que se designara un alcalde ad hoc debido a que la
esposa del señor Jonathan Stivel Vásquez Gómez era precandidata del Pacto
Histórico para ocupar un puesto en el Senado de la República.
100. De lo expuesto, esta Sala considera que sí habían serios elementos de juicio
y probatorios que le permitían a la Procuraduría Delegada Disciplinaria de
Instrucción 1: Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa sustentar su
decisión de suspender en el ejercicio del cargo de alcalde al señor Jonathan Stivel
Vásquez Gómez.
101. En particular, resulta oportuno tener en cuenta que, como se indicó en el auto
del 22 de octubre de 2025, los hechos a los que se hace referencia en las notas
periodísticas y de redes sociales admiten inferir que, dado que el señor Jonathan
Stivel Vásquez Gómez es autoridad administrativa, política y civil en
37 Se transcribe incluso con errores de texto.
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Barrancabermeja Distrito Especial, Portuario, Industrial, Turístico y Biodiverso y, a
su vez, esposo de la señora Laura Cristina Ahumada, precandidata del Pacto
Histórico, la ciudadanía podía estar influenciada a sufragar en favor de esta en sus
aspiraciones políticas, tanto así que, en el discurso de campaña, la aspirante
efectuó explícitas referencias a los planes y éxitos del proyecto político que
comparte con su esposo, como propios.
102. Bajo esa misma línea argumentativa, se destaca: i) en la publicación que hizo
en sus redes sociales el señor Jonathan Stivel Vásquez Gómez refirió frente al
evento deportivo realizado en el corregimiento El Llanito que «su colegio empieza a
hacerse realidad»; ii) la señora Laura Cristina Ahumada García mencionó en su
discurso de lanzamiento de campaña que «vamos a entregar tres colegios nuevos
para nuestra ciudad, para El Llanito […]»; y, iii) a dicho evento deportivo asistieron
los dos.
103. Así, los anteriores elementos son serios, en cuanto tienen puntos coincidentes
respecto de hechos concretos y reseñan asuntos que podrían tener un impacto en
la contienda política y la democracia como bien jurídico tutelado, en clave de la
transparencia y condiciones de igualdad durante el proceso eleccionario que
permiten razonablemente inferir que el electorado pudo estar influenciado para
favorecer los intereses de la precandidata.
104. Incluso, sin perjuicio de que la cachucha con las siglas «BCA EJA» constituya
un elemento que represente de manera general en la población del municipio la
identidad y el sentido de pertenencia hacía Barrancabermeja, lo cierto es que la
señora Laura Cristina Ahumada García la pudo usar en sus eventos de campaña de
manera que, el hecho de que su esposo, en condición de alcalde, igualmente la
utilice en sus actos públicos, podría ser interpretado por la comunidad como un
apoyo a la candidatura de su cónyuge.
105. En consecuencia, la Sala advierte que la Procuraduría Delegada Disciplinaria
de Instrucción 1: Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa cumplió con el
requisito atinente a que fundara su decisión de suspensión provisional en serios
elementos de juicio que le llevara a inferir que la permanencia del señor Jonathan
Stivel Vásquez Gómez en el cargo de alcalde de Barrancabermeja le podía permitir
continuar y reiterar su participación en la contienda política a favor de las
aspiraciones de la señora Laura Cristina Ahumada García.
106. Sobre el requisito de idoneidad de la suspensión, se advierte que se satisfizo,
puesto que, como se indicó en el auto del 22 de octubre de 2025, la medida
pretendía garantizar que los electores del distrito sufragaran en total libertad, es
decir, sin influencias de cualquier tipo por parte del disciplinable quien, en su
condición de alcalde, podía incidir en la voluntad de votantes a favor de la señora
Laura Cristina Ahumada García.
107. En igual sentido, en los términos de la Procuraduría Delegada, había
necesidad de la medida, toda vez que de no ser suspendido del cargo de alcalde el
señor Jonathan Stivel Vásquez Gómez, este hubiera podido continuar participando
en la contienda política a favor de su cónyuge, con quien «comparte un proyecto
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político», además de que no existía otro medio menos lesivo que lograra el objeto
de la cautelar.
108. La medida fue proporcional, en el entendido de que la lesión que se causaba
en el derecho del disciplinado era menor en comparación con el interés general que
se buscó proteger. La afectación no fue tan intensa al tener en cuenta que el
propósito consistió en evitar que existieran injerencias del señor Jonathan Stivel
Vásquez Gómez en el electorado como pilar de la democracia y que la suspensión
fue transitoria.
109. Por último, el término de 3 meses no fue excesivo, pues, si bien el 26 de
octubre de 2025 se realizó la consulta del Pacto Histórico, lo cierto es que en el
evento de que la señora Laura Cristina Ahumada García quedara de candidata al
Senado de la República [como en efecto ocurrió], implicaba que su aspiración e
interés continuaban en las elecciones del 8 de marzo de 2026, por lo que resultaba
indispensable para salvaguardar el bien jurídico protegido que no se permitiera la
interferencia del investigado en la contienda política.
110. En los términos expuestos, la Sala encuentra que el auto del 22 de octubre de
2025 no vulneró derechos fundamentales del señor Jonathan Stivel Vásquez
Gómez, porque la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 1: Primera
Delegada para la Vigilancia Administrativa cumplió con los requisitos y criterios
exigidos y de motivación para sustentar su decisión de suspender al disciplinario en
el ejercicio de alcalde.
111. Por otra parte, el accionante argumentó en su escrito de tutela que la Sala de
Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría
General de la Nación vulneró sus derechos fundamentales, por un lado, porque no
resolvió los cargos formulados en el escrito de alegaciones en el trámite de consulta,
y, por otro lado, excedió su competencia al extender el análisis efectuado por la
Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 1: Primera Delegada para la
Vigilancia Administrativa. Pues bien, en el auto del 13 de noviembre de 2025, se
expuso lo siguiente:
[…] el análisis que concierne a esta Colegiatura, en sede de consulta, se debe enfocar
exclusivamente en el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley y la
jurisprudencia para tomar tal decisión precautelativa, y, por tanto, no hay lugar a
ahondar en el campo de los hechos que rodean la investigación disciplinaria, que
deben ser objeto de la decisión de fondo dentro de la actuación. Dicho de otra manera,
el objeto de la consulta de la suspensión provisional en materia disciplinaria se
cimenta en el control sobre la procedencia de la medida, a partir del análisis y
verificación de los presupuestos objetivos establecidos por el legislador, así como el
fin perseguido, sin que sea dable dilucidar aspectos del fondo de la investigación
disciplinaria.
112. Pese a que el escrito de alegaciones no fue aportado al expediente de tutela,
según el mismo auto del 13 de noviembre de 2025, se advierte que los argumentos
que formuló el señor Jonathan Stivel Vásquez Gómez coinciden con el primer cargo
del escrito de amparo analizado en esta sentencia, el cual estaba dirigido a sostener
que no existió prueba de la configuración de la falta disciplinaria.
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113. Por lo tanto, para este juez constitucional, la Sala de Juzgamiento de
Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación,
al resolver la consulta, debía realizar un juicio de valor sobre el cumplimiento de los
presupuestos exigidos para la imposición de la suspensión y los requisitos de
idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida, pero no emitir un
pronunciamiento relacionado con el fondo de la investigación y la responsabilidad
disciplinaria, como lo es la existencia o no de pruebas de la configuración de la falta
sancionable.
114. Finalmente, el tutelante reprochó que la Sala de Juzgamiento de Servidores
Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación introdujo
argumentos, suposiciones y consideraciones ajenas al trámite de instrucción que no
fueron incorporados en el auto del 22 de octubre de 2025, lo que constituyó una
extralimitación de funciones y configuró una motivación falsa e indebida. Insistió en
la falta de congruencia por indebida complementación de la decisión de consulta y
en la ausencia de motivación.
115. En este punto, valga aclarar que la falsa motivación se configura cuando las
razones de un acto administrativo con contrarias a la realidad38, mientras que la falta
de motivación hace referencia a la inexistencia absoluta de condiciones de hecho y
de derecho que sustenten la decisión39.
116. Revisado el auto del 13 de marzo de 2025, resulta evidente que la decisión de
la Sala de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la
Procuraduría General de la Nación tuvo sustento en las siguientes consideraciones:
En el caso concreto, el análisis parte del hecho de una presunta participación indebida
en política del burgomaestre, al participar su cónyuge en la consulta partidista del 26
de octubre de 2026, de la cual obtuvo una votación importante, que le da firme
vocación para ser inscrita como candidata al Senado de la República por el partido
que representa, lo que supone que este hecho puede incidir, según se colige
razonablemente de los elementos demostrativos aducidos por el despacho que
ordenó la suspensión provisional, en que el disciplinable intervenga en la decisión de
la ciudad de Barrancabermeja, dada la calidad que ostenta como máximo
representante administrativo del ente territorial. A esto se suma que en vigencia de la
Ley 996 de 2005 o ley de garantías, hay elementos que permiten suponer, como ya
se indicó, que el implicado influya en favor de su cónyuge como potencial candidata
al Senado.
En la decisión que ordenó la suspensión provisional, la Procuraduría delegada de
Instrucción consideró que la permanencia del investigado como máxima autoridad de
la ciudad de Barrancabermeja podría ser determinante, en tanto valiéndose de esta
calidad, pudiere llegar a incidir actualmente en las votaciones para Senado del año
2026. Lo anterior, además, porque su cónyuge, al obtener una alta votación en ese
municipio en la consulta, tendrá un destacado lugar en la lista del partido, lo que
conlleva al consecuente despliegue proselitista en favor de la referida lista, y,
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 19 de marzo de 2020, expediente núm.
52001-23-33-000-2015-00155-01.
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 19 de enero de 2023, expediente núm.
81001-23-33-000-2013-00133-01.
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Radicado: 68001-23-33-000-2025-00732-01
Accionante: Jonathan Stivel Vásquez Gómez
Accionados: Procuraduría General de la Nación y otros
conforme a los elementos preliminarmente recaudados, al evidente riesgo de
intervención del alcalde en favor de la aspiración política de su esposa.
[…]
A ese respecto, como viene de exponerse, la cónyuge del funcionario suspendido,
LAURA CRISTINA AHUMADA GARCÍA, obtuvo en la consulta partidista del 26 de
octubre de 2026, una votación relevante, que le da firme vocación para ser inscrita
como candidata al Senado de la República por el partido que representa, lo que
razonablemente permite inferir su despliegue proselitista en el ente territorial por
captar la misma o mayor votación en favor de la lista del partido en las justas a
celebrarse en el mes de marzo de 2026. Significa que existen serios elementos de
juicio que permiten colegir que la permanencia en el cargo de alcalde del funcionario
suspendido posibilita o permite que continúe su intervención en favor de la
candidatura de su cónyuge. Aún más, se reitera, en atención a que el país se
encuentra en pleno proceso preelectoral, con aplicación de restricciones como la ley
de garantías, la indebida participación en política puede razonablemente conllevar,
además, al desconocimiento de la referida normatividad, con la consecuente
vulneración de los fines del Estado y de la función pública.
117. De lo citado, se observa que no es cierto, como lo afirmó el accionante, que el
ente disciplinario de consulta extralimitara sus funciones con el auto de 13 de
noviembre de 2025 en relación con los serios elementos de juicio exigidos para
decretar la suspensión provisional, pues su análisis partió de la misma inferencia
que tuvo la procuraduría delegada, consistente en la posible intervención del señor
Jonathan Stivel Vásquez Gómez en la contienda política a favor de su esposa al
ejercer como alcalde de Barrancabermeja.
118. Cuestión distinta es que, dado que el auto de la consulta fue proferido con
posterioridad a las consultas del 26 de octubre de 2025, la Sala de Juzgamiento
reconociera los resultados de las consultas, lo cual era absolutamente necesario,
pues precisamente, le sirvió para advertir que la señora Laura Cristina Ahumada
García se mantuvo en la contienda política con su aspiración a ser elegida senadora
de la República y, por ende, la situación subsistía bajo el supuesto del artículo 217
del CGD atinente a que la permanencia en el cargo del investigado podía permitir
que continuara o reiterara el conducta reprochada en materia disciplinaria.
119. En todo caso, la Sala de Juzgamiento armonizó sus razones para considerar
cumplidos los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, con los
motivos que sustentaron la suspensión consultada, de manera que no se extralimitó
en sus funciones.
120. Ahora bien, coincide esta Subsección con la autoridad impugnante en que los
autos del 22 de octubre y 13 de noviembre no incurrieron en sesgos basados en
estereotipos de género, toda vez que las razones que sustentaron la suspensión del
funcionario en nada cambiarían si fuera la esposa la que ocupara el cargo del
alcalde y que su cónyuge fuera el precandidato al senado, con mayor razón, cuando
la señora Laura Cristina Ahumada García expone como propios el proyecto y planes
políticos que desarrolla el señor Jonathan Stivel Vásquez Gómez como primer
mandatario de Barrancabermeja.
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Radicado: 68001-23-33-000-2025-00732-01
Accionante: Jonathan Stivel Vásquez Gómez
Accionados: Procuraduría General de la Nación y otros
121. Además, valga precisar que las autoridades accionadas no expusieron
argumentos que hicieran alusión al género o a roles de esta condición, distintos a la
simple referencia de que la señora Laura Cristina Ahumada García y el señor
Jonathan Stivel Vásquez Gómez eran esposos.
122. De acuerdo con todo lo expuesto, la Sala concluye que la suspensión
provisional decretada en el auto del 22 de octubre de 2025, confirmada en consulta
en auto del 13 de noviembre de 2025, no desconoció los presupuestos formales y
sustanciales previstos en el artículo 217 de la Ley 1952 de 2019 y la jurisprudencia
de la Corte Constitucional sobre la materia, toda vez que se identificó el funcionario
en ejercicio de su cargo; los hechos investigados pueden constituir una falta
gravísima; existen serios elementos de juicio que permitieron inferir que la
permanencia en el cargo podía permitir que continuara la falta; y la medida fue
idónea, necesaria y proporcional.
123. En consecuencia, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 1:
Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa y la Sala de Juzgamiento de
Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación
no vulneraron los derechos fundamentales invocados por el señor Jonathan Stivel
Vásquez Gómez.
124.En los términos expuestos, se revocará la sentencia del 5 de diciembre de
2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander y, en su lugar, se
negarán las pretensiones de amparo.
125. Por último, esta Sala encuentra pertinente hacer un llamado a que los jueces
de tutela, dada la procedencia de este mecanismo constitucional contra medidas de
suspensión, resguarden las competencias legales y constitucionales de la
Procuraduría General de la Nación mediante el estudio riguroso y ponderado del
cumplimiento de los requisitos normativos y jurisprudenciales exigidos a las
decisiones proferidas en procesos disciplinarios, que no conlleve a demandar
elementos que no correspondan con la respectiva etapa del trámite objeto de
reparos.
126. En especial, porque la Procuraduría General de la Nación vela por preceptos
y pilares fundamentes de la estructura del Estado y de la sociedad, como la
democracia, mediante la vigilancia de la conducta de quienes desempeñan
funciones públicas, en los términos del artículo 127 Constitucional, inclusive si son
de elección popular. También, dado que el medio de control de tutela no puede
constituirse como una herramienta que impida la efectividad de los instrumentos
definidos por el legislador en asuntos disciplinarios para garantizar la finalidad de
dicho proceso.
4. Conclusión
127. La Sala revocará la sentencia del 5 de diciembre de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, y, en su lugar, se negará la solicitud de
amparo.
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Radicado: 68001-23-33-000-2025-00732-01
Accionante: Jonathan Stivel Vásquez Gómez
Accionados: Procuraduría General de la Nación y otros
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla
Primero: Revocar la sentencia del 5 de diciembre de 2025 emitida por el Tribunal
Administrativo de Santander, por los motivos consignados en la parte considerativa
de esta providencia.
Segundo: Negar la tutela interpuesta por el señor Jonathan Stivel Vásquez Gómez
contra la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 1: Primera Delegada
para la Vigilancia Administrativa y la Sala de Juzgamiento de Servidores Públicos
de Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación, por las razones
consignadas en esta sentencia.
Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
Salva el voto
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx
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