Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2025-00748-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2025-00748-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 68001-23-33-000-2025-00748-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
4 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación núm.: 68001-23-33-000-2025-00748-01
Accionante: MIGUEL VELASCO FERREIRA
Accionados: NÉSTOR ROBERT ÁLVAREZ MORENO Y OTROS1
Tema: Indebida destinación de dineros públicos como causal de
pérdida de investidura de los concejales
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte accionante contra la
sentencia de 23 de febrero de 2026, proferida por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo de Santander.
I. ANTECEDENTES
I.1. La solicitud de pérdida de investidura2
1. El señor Miguel Velasco Ferreira en ejercicio del medio de control previsto en el
artículo 143 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20113 solicitó:
“[…] IV. PRETENSIONES
Pretensión principal
Que se declare que los concejales demandados incurrieron en la causal de PÉRDIDA
DE INVESTIDURA por indebida destinación de dineros públicos, prevista en el
numeral 4 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, al aprobar con su voto afirmativo, el
Acuerdo Distrital 005 de 2024, mediante el cual se condonó selectiva y
singularmente la obligación tributaria por impuesto predial e intereses de la
Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. sobre el predio “Cancha La Floresta”, con
vulneración de los principios de igualdad, equidad, justicia y generalidad
tributaria, y con renuncia irregular a ingresos públicos y asunción de cargas
tributarias extrañas al Distrito.
En consecuencia, que se imponga a cada uno de los concejales demandados la
sanción de PÉRDIDA DEFINITIVA DE LA INVESTIDURA e inhabilidad
permanente para ser elegidos en cargos de elección popular, de conformidad
con el régimen legal aplicable.
Pretensiones declarativas complementarias
1. Que se declare que el Acuerdo 005 de 2024 (proyecto 006 de 2024), en lo
que atañe a la condonación de la obligación tributaria a favor de ESSA por
“Cancha La Floresta”, configuró una renuncia irregular a ingresos
1
Jhon Blert Corena Ahumada, Jaser Cruz Gambindo, Jorge Luís Escalante Viana, Ceferino Garay Caballero, José Armando
Jaime Oviedo, Tania Andrea Mogollón Zapata, Josué Jovid Taborda Moreno y Ariel de Jesús Zambrano González.
2
Cfr. Índices 2 y 12 del expediente digital de primera instancia.
3
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.
2
Radicación núm.: 68001-23-33-000-2025-00748-01
Accionante: Miguel Velasco Ferreira
tributarios causados y exigibles, sin soporte constitucional ni legal suficiente,
y por tanto materializa la causal de indebida destinación de dineros públicos
atribuible a quienes votaron positivamente.
2. Que se declare que dicha condonación tributaria, dirigida en forma expresa
y exclusiva a un solo sujeto pasivo –ESSA– y condicionada a una donación
específica, implicó el otorgamiento de un privilegio fiscal singular, contrario
a los artículos 13, 95-9 y 363 de la Constitución, y vulneró el principio de
igualdad tributaria frente a los demás contribuyentes morosos del impuesto
predial del Distrito, quienes permanecen sometidos al régimen ordinario de
cobro y sanciones. […]”. (Negrilla del texto).
I.1.1. Los hechos
2. Afirmó que en el Distrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico de
Barrancabermeja se encuentra un predio denominado “Cancha La Floresta”
identificado con matrícula inmobiliaria 303-24741 y referencia catastral
010203370001000, ubicado entre las carreras 3 y 32 con calles 71 y 73 del barrio
La Floresta, de propiedad de la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P., predio que
históricamente ha sido utilizado por la comunidad como escenario deportivo y
recreativo.
3. Manifestó que el predio anteriormente indicado acumuló durante varios años una
importante deuda por concepto del impuesto predial con el distrito de
Barrancabermeja, la cual ascendía a ciento treinta y cuatro millones ciento cuatro
mil ochocientos pesos ($134.104.800) a marzo de 2024.
4. Aseguró que el alcalde distrital de Barrancabermeja presentó ante el concejo
distrital el proyecto de acuerdo núm. 006 de 2024, mediante el cual propuso
autorizar la condonación de las obligaciones tributarias por impuesto predial a cargo
de la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. respecto del predio “Cancha La
Floresta”, bajo la condición de que dicho bien fuese transferido por donación al
distrito y que el precitado proyecto resalta que el avalúo catastral del predio “Cancha
La Floresta” asciende a mil cuatrocientos cincuenta y cuatro millones ciento
veintidós mil pesos ($1.454.122.000).
5. Indicó que el proyecto fue objeto de ponencia positiva y de trámite en la Comisión
de Hacienda y Crédito Público del concejo distrital, según consta en el acta núm.
003 de 20 de mayo de 2024, con aprobación del articulado propuesto, salvo una
precisión sobre la sobretasa ambiental en el sentido de que no sería objeto de
condonación sino asumida directamente por el distrito de Barrancabermeja.
6. Señaló que posteriormente en sesión extraordinaria de 28 de mayo de 2024 el
concejo distrital debatió y aprobó en segundo debate, con el voto favorable de los
demandados, los artículos primero y segundo del proyecto de acuerdo que autorizan
la condonación de las obligaciones tributarias por impuesto predial a cargo de la
Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. respecto del predio “Cancha La Floresta”.
El acto se formalizó como Acuerdo Distrital núm. 005 de 2024.
3
Radicación núm.: 68001-23-33-000-2025-00748-01
Accionante: Miguel Velasco Ferreira
7. Aseveró que a Secretaría de Hacienda y Tesoro del distrito expidió constancia de
condonación del impuesto predial unificado del predio “Cancha La Floresta”,
certificando que, en aplicación del Acuerdo núm. 005 de 2024, se condonó en el
sistema tributario el impuesto y sus intereses respecto del predio identificado con
matrícula 303-24741 por un valor de ciento catorce millones quinientos quince mil
ochocientos pesos ($114.515.800) dejando claro que la sobretasa ambiental sería
asumida por el distrito.
8. Agregó que en el estado de cuenta expedido posteriormente por la alcaldía se
evidencia que el predio “Cancha La Floresta” figura a nombre del distrito de
Barrancabermeja y sin saldo pendiente en materias predial ni de sobretasa
ambiental, lo que evidencia la condonación y por ende la renuncia al ingreso
tributario y la asunción de cargas con recursos públicos.
I.1.2. La explicación de la causal de pérdida de investidura
9. El accionante explicó que el numeral 3. del artículo 55 de la Ley 136 de 2 de junio
de 19944 y el numeral 4. del artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de 20005
establecen la causal de pérdida de investidura de concejal por indebida destinación
de dineros públicos.
10. Señaló que está probado que antes de la expedición del Acuerdo núm. 005 de
2024 existía una deuda cierta y exigible por impuesto predial a cargo de
Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. respecto del predio “Cancha La Floresta”,
que ascendía aproximadamente a ciento treinta y cuatro millones ciento cuatro mil
ochocientos pesos ($134.104.800) y que con ocasión de la aprobación del acuerdo
y su ejecución el distrito de Barrancabermeja: i) renunció a percibir el pago de la
obligación tributaria por concepto de impuesto predial e intereses, al condonarla en
su totalidad; y ii) asumió directamente la carga de pagar la sobretasa ambiental
asociada al predio.
11. Afirmó que lo anterior implicó dos situaciones constitutivas de indebida
destinación de dineros públicos. La primera, relacionada con la renuncia irregular a
ingresos; y la segunda relativa a la asunción de cargas ajenas en la medida en que
se traslada la obligación de sobretasa ambiental de un particular a toda la
colectividad.
12. Sostuvo que la entrega del predio en donación al distrito de Barrancabermeja no
sanea la irregularidad porque: i) el predio ya tenía vocación de patrimonio público
con ocasión de cesiones urbanísticas; ii) la valorización social del bien como
escenario deportivo se debe a la acción y uso social y no del propietario; y iii) que
la eventual adquisición del predio por la vía de la donación, sin condonación
tributaria, habría sido jurídicamente posible, mediante mecanismos como la
4
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. […]”.
5
“[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley
Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se
dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. […]”.
4
Radicación núm.: 68001-23-33-000-2025-00748-01
Accionante: Miguel Velasco Ferreira
negociación o incluso la expropiación administrativa con indemnización, sin
necesidad de sacrificar la integridad del sistema tributario ni la igualdad de trato
frente a otros contribuyentes.
13. Alegó que el acuerdo aprobado por los concejales implicó: i) ruptura del principio
de igualdad tributaria, en razón a que se dirige exclusivamente en favor de la
Electrificadora de Santander S.A. E.S.P., sin que se establezca la posibilidad de que
la misma medida se adopte en relación con otros predios en situación fáctica
análoga; ii) una indebida aplicación del concepto de “[…] justicia distributiva […]” o
protección de sujetos vulnerables, toda vez que, más que corregir desigualdades
estructurales, buscó otorgar beneficios particulares a una empresa de servicios
públicos que dejó de ejercer su derecho de dominio.
14. Advirtió que estaba probado el elemento subjetivo a título de culpa grave en
atención a: i) el conocimiento sobre la singularidad del beneficio tributario aprobado
mediante el acuerdo; ii) los concejales conocían el valor del avalúo catastral del
predio, los valores de la deuda tributaria y el hecho de que el distrito de
Barrancabermeja asumiría la sobretasa ambiental; iii) en el marco de la ponencia y
del debate se hicieron evidentes dudas en torno a la conveniencia y legalidad de la
medida; y iv) se registraron votos negativos de algunos concejales, lo que evidencia
argumentos en contra que evidenciaban posible irregularidad.
15. Manifestó que los concejales optaron por votar afirmativamente y aprobar el
proyecto de acuerdo sin adelantar un análisis mínimo de constitucionalidad, sin
cuestionar la compatibilidad de la condonación con la igualdad tributaria y
aceptando sin reparos la tesis de que el caso admitía un trato diferente por “[…]
justicia distributiva […]”.
16. Porende, se prueba el conocimiento de los hechos, el impacto fiscal y la
desatención de las obligaciones constitucionales elementales por los concejales
que al menos revelan una negligencia grave.
I.2. Contestaciones de la solicitud de pérdida de investidura
I.2.1. Josué Jovid Taborda Moreno6
17. El concejal manifestó que teniendo en cuenta los hechos y pretensiones de la
demanda, se debía tener en cuenta que no integró ni la comisión de Hacienda y
Crédito Público del distrito que aprobó en primer debate el proyecto de acuerdo
núm. 006 de 2024, ni participó en el trámite del debate y votación ante la plenaria
del concejo distrital que lo aprobó en segundo debate, el 28 de mayo de 2024. Lo
anterior con ocasión de una situación personal que le impidió asistir. Por ende,
formuló la excepción que denominó falta de legitimación en la causa por pasiva.
6
Cfr. Índice 23 del expediente digital de primera instancia.
5
Radicación núm.: 68001-23-33-000-2025-00748-01
Accionante: Miguel Velasco Ferreira
I.2.2. Tania Andrea Mogollón Zapata7
18. La concejal solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda y señaló que
el demandante no identificó en forma correcta y concreta cuáles concejales votaron
positivamente a favor el proyecto de acuerdo núm. 006 de 2024 y que por ello no
se le puede atribuir una responsabilidad directa frente a la causal de pérdida de
investidura.
18.1. Expresó que la “Cancha La Floresta” se considera un bien de uso público debido
a que, si bien, era de propiedad de la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P.,
nunca se destinó al objeto social de esa empresa de servicios públicos de carácter
mixta -de propiedad de la Nación y del distrito -. En ese orden, alegó que no se
configura ni la indebida destinación de dineros públicos por la condonación para
posterior donación, ni una conducta dolosa o gravemente culposa porque la
condonación tuvo lugar por la condición de bien de uso público del inmueble.
18.2. Respecto de la sobretasa ambiental, explicó que el artículo 170 del Decreto Ley
núm. 1333 de 25 de abril de 19868 establece que los bienes de los municipios no
pueden ser gravados con impuestos directos nacionales, departamentales ni
municipales. Por ello, que al ser la “Cancha La Floresta” un bien del distrito de
Barrancabermeja no podía ser gravado con la sobretasa ambiental, por lo que no
se asumió ninguna carga pecuniaria.
18.3. Sostuvo que en este caso la “[…] condonación […]” de la obligación tributaria
de la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. se obtuvo con ocasión de la donación
del predio en favor del municipio y de la comunidad, por su vocación de bien de uso
público, lo cual quedó registrado en la escritura pública núm. 3644 de 27 de
diciembre de 2024.
18.4. Agregó que no se configuró el elemento subjetivo, por cuanto: i) no se probó
que la accionada orientara en forma voluntaria su conducta para transgredir el
ordenamiento jurídico; ii) el proyecto de acuerdo buscó garantizar que un bien
destinado al uso público pasara legalmente a formar parte del patrimonio del distrito
de Barrancabermeja; iii) la votación no tuvo como propósito el enriquecimiento de
un tercero ni un desvío de los recursos públicos en favor de intereses particulares;
iv) el objeto jurídico y material del acuerdo fue la recuperación de un activo
inmobiliario estratégico para el distrito; v) se buscó extinguir una cuenta por cobrar
de difícil recaudo por la connotación pública de la empresa de servicios públicos, a
cambio de la obtención de un activo real, tangible y necesario y no hubo menoscabo
al erario sino una reasignación de bienes entre entidades estatales; y vi) se actúa al
amparo de la presunción de legalidad de los actos administrativos y de los estudios
técnicos que sustentaron el proyecto de acuerdo.
7
Cfr. Índice 28 del expediente digital de primera instancia.
8
“[…] Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal […]”.
6
Radicación núm.: 68001-23-33-000-2025-00748-01
Accionante: Miguel Velasco Ferreira
I.2.3. Jhon Blert Corena Ahumada9
19. El accionado manifestó que se opone a las pretensiones de la demanda, puesto
que no participó en el debate y votación del proyecto de acuerdo núm. 006 de 2024,
lo cual se encuentra probado, entre otras, con el acta de la sesión, los registros de
audio de la misma y la certificación expedida por el secretario general del concejo
distrital que aporta con la contestación de la demanda.
19.1. Argumentó que se debía tener en cuenta: i) que el concejal no estuvo presente
cuando se reanudó la sesión plenaria, luego del receso; ii) que no participó en la
votación del proyecto de acuerdo; iii) que existió un error de transcripción en el acta;
y iv) que el audio original confirma la ausencia del concejal.
I.2.4. Jorge Luis Escalante Viana10
20. Elconcejal solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda con
fundamento en que el acuerdo que fue aprobado por los concejales del distrito de
Barrancabermeja no implicó incumplimiento de deberes del concejal, indebida
destinación de dineros públicos ni afectó el patrimonio público.
20.1. Explicó que no se configuró indebida destinación de dineros públicos en
atención a que la condonación de la deuda por ciento treinta y cuatro millones ciento
cuatro mil ochocientos pesos ($134.104.800) estaba sujeta a un hecho cierto y
verificable, a saber, la donación del mismo predio en favor del distrito, el cual estaba
avaluado en mil cuatrocientos cincuenta y cuatro millones ciento veintidós mil pesos
($1.454.122.000).
20.2. Agregó adicionalmente que no hubo detrimento al erario, dado que la
liquidación del impuesto era inferior al 10% del avalúo del inmueble y agregó que el
objeto del acuerdo distrital era que el distrito obtuviera la propiedad del predio que
venía siendo usado por la comunidad, con el objeto de realizar inversiones en
beneficio de la salud, la recreación y el deporte de los habitantes de
Barrancabermeja.
20.3. Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva con
fundamento en que no se probó que hubiere participado en la votación del proyecto
de acuerdo núm. 006 de 2024 y cuestionó que la demanda hubiere sido presentada
inicialmente en forma genérica para que el tribunal determinara cuáles concejales
votaron positivamente el proyecto.
I.2.5. Ceferino Garay Caballero y Néstor Robert Álvarez Moreno11
21. Los concejales, por intermedio de apoderado, solicitaron que se nieguen las
pretensiones de la demanda y en relación con los hechos indicaron: i) que no es
9
Cfr. Índice 29 del expediente digital de primera instancia.
10
Cfr. Índice 30 del expediente digital de primera instancia.
11
Cfr. Índice 32 del expediente digital de primera instancia.
7
Radicación núm.: 68001-23-33-000-2025-00748-01
Accionante: Miguel Velasco Ferreira
cierto que los concejales hubieren aprobado que la sobretasa ambiental fuera
asumida por el distrito, lo cual no quedó reflejado en el acuerdo aprobado; ii) no se
aprobó en el acuerdo la imposición de cargas tributarias contra el distrito de
Barrancabermeja; y iii) no se incurrió en indebida destinación de dineros públicos.
21.1. Explicaron que no estamos en presencia de dineros públicos, si se tiene en
cuenta que los dineros en relación con los cuales versa la autorización de
condonación no han entrado al patrimonio del ente territorial y por lo tanto no
integran el ciclo presupuestal que permita disponer de ellos.
21.2. Señalaron que el acuerdo que fue aprobado no impuso al distrito el pago de la
sobretasa ambiental, sino que, por el contrario, estableció que la condonación
condicionada a la donación del bien inmueble que fue aprobada no produce efectos
sobre la sobretasa ambiental.
I.2.6. Jaser Cruz Gambindo12
22. El concejal se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda con
fundamento en que no se encuentra probado que hubiere incurrido en indebida
destinación de dineros públicos.
22.1. Explicó que el solicitante de la pérdida de investidura no presenta un recuento
claro de los hechos de la demanda en la medida en que los mezcla con argumentos
subjetivos que deben ser probados. Agregó que no estaba probado que el concejal
Jaser Cruz Gambindo haya emitido voto afirmativo en dicha sesión, toda vez que el
acta referida no individualiza el sentido del voto de cada concejal; ni que haya
incurrido en indebida destinación de dineros públicos al tramitarse el proyecto de
acuerdo núm. 006 de 2024.
22.2. Manifestó que la demanda no argumentó ni probó que el accionado hubiere
votado afirmativamente el proyecto de acuerdo, lo que implica que la conducta no
está individualizada. Adujo que la imputación contenida en la demanda es genérica
y colectiva, sin describir la conducta concreta atribuible al accionado ni precisar su
intervención individual o acreditar su participación determinante en la decisión
cuestionada.
22.3. Expresó que lo argumentado en la demanda no comporta indebida destinación
de dineros públicos, en la medida que la actuación cuestionada no comportó la
destinación efectiva de recursos públicos, sino la adopción de una medida normativa
de carácter tributario, consistente en la autorización para condonar una obligación
fiscal condicionada a la transferencia de un bien inmueble a favor del distrito de
Barrancabermeja.
22.4. Refirió que el inmueble ya venía cumpliendo una función social y comunitaria,
al ser utilizado históricamente como escenario deportivo, recreativo y cultural. En
12
Cfr. Índice 33 del expediente digital de primera instancia.
8
Radicación núm.: 68001-23-33-000-2025-00748-01
Accionante: Miguel Velasco Ferreira
consecuencia, la transferencia del derecho de dominio al distrito no alteró su
destinación, sino que la formalizó jurídicamente sin generar la asunción de nuevas
cargas tributarias para la entidad territorial.
22.5. Afirmó que no hubo apropiación ni desvío de recursos públicos, pues no existió
entrega, giro o aplicación material de dinero del erario, no se destinó el dinero a un
fin prohibido o ajeno al previsto en la ley, no se configuró enriquecimiento indebido
toda vez que la donación estaba condicionada a la transferencia del inmueble y en
última instancia el distrito obtuvo un activo inmobiliario que fue incorporado a su
patrimonio para ser destinado al uso público.
22.6. Resaltó que no hubo asunción de la sobretasa ambiental por parte del distrito
de Barrancabermeja, debido a que al ser un bien de uso público, el predio “Cancha
La Floresta” no puede ser gravado con impuestos, de conformidad con el artículo
170 del Decreto Ley núm. 1333 de 1986.
22.7. Insistió quela decisión adoptada mediante el Acuerdo núm. 005 de 2024
respondió a un análisis previo, expreso y documentado de razonabilidad y
proporcionalidad, conforme a los parámetros fijados por la jurisprudencia del
Consejo de Estado para las condonaciones tributarias y teniendo en cuenta que la
Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. se encontraba privada del uso del predio
por la ocupación del distrito, lo cual podía generar incluso responsabilidad del ente
territorial.
22.8. Agregó que la condonación tributaria no constituyó una renuncia arbitraria o
caprichosa de ingresos públicos, sino una medida compensatoria jurídicamente
sustentada, orientada a resolver una situación de ocupación irregular, evitar litigios
y garantizar la incorporación definitiva de un bien cuyos valores catastral y comercial
eran muy superiores a la deuda condonada.
22.9. Señaló que no se aportó ninguna prueba en torno al elemento subjetivo, que no
se individualizó la responsabilidad de cada uno de los accionados y mencionó
respecto de otro concejal, a saber, el señor Ceferino Garay Caballero, que no estaba
probado: i) el conocimiento de ilicitud; ii) la intención de desviar recursos públicos,
el ánimo de favorecer indebidamente a un tercero, ni el propósito de causar
detrimento al patrimonio público; iii) el beneficio propio o de terceros, directo o
indirecto, derivado de la aprobación del acuerdo; y, por último, que no estaba
probada iv) la existencia de advertencias técnicas o jurídicas provenientes de
órganos de control, dependencias especializadas o asesores competentes, ni su
desatención deliberada.
I.2.7. Ariel de Jesús Zambrano González13
23. El concejal solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda de pérdida
de investidura con fundamento en que no se probó una indebida destinación de
13
Cfr. Índice 34 del expediente digital de primera instancia.
9
Radicación núm.: 68001-23-33-000-2025-00748-01
Accionante: Miguel Velasco Ferreira
dineros públicos en la medida en que el voto positivo no tuvo como objeto una
renuncia gratuita o una liberalidad, sino que hizo parte de un acto administrativo
complejo orientado a la adquisición y formalización de bienes para el uso público.
Adicionalmente, se trató de una operación que no generó la pérdida de recursos,
sino que se trató de un mecanismo de gestión de activos.
23.1. Explicó que el concejo distrital se enfrentó a una realidad social relativa a que
el predio “Cancha La Floresta” ha sido históricamente utilizado por la comunidad y
que por ende los accionados votaron con el objeto de formalizar la propiedad
mediante una operación o transacción de saneamiento de activos y la adquisición
con fines generales de un activo inmobiliario de alto valor mediante una
condonación tributaria condicionada.
23.2. Señalóque se trató de una medida sustentada en estudios, ponencias y
debates previos que avalaban su viabilidad técnica y financiera, y que culminó con
el enriquecimiento del patrimonio distrital de Barrancabermeja, reflejado en la
adquisición de un escenario deportivo.
23.3. Indicó que no se probó la indebida destinación de dineros públicos, toda vez
que: i) la medida no buscó el enriquecimiento de la Electrificadora de Santander
S.A. E.S.P., sino la capitalización del distrito; ii) no se trató de un auxilio gratuito sino
de una permuta financiera, ventajosa al ente territorial; y iii) no se trata de un
privilegio caprichoso sino de un saneamiento de la propiedad pública amparada en
conceptos de justicia distributiva avalados técnicamente.
23.4. Alegó que no se aportó ninguna prueba sobre la configuración del elemento
subjetivo y que contrario a lo manifestado en la demanda, no se probó una intención
positiva de dañar el erario o generar un beneficio ilícito sino incorporar un activo
valioso al patrimonio municipal y solucionar una problemática social histórica.
23.5. Tampoco se probó que la conducta se enmarcara en los conceptos de “[…]
negligencia grosera […]” o “[…] desatención elemental […]”, sino que el accionado
actuó amparado en la confianza legítima y en los estudios técnicos, jurídicos y de
impacto fiscal presentados por la administración distrital que certificaban que la
medida “[…] no quebranta los principios de igualdad […]” y era viable
financieramente.
I.3. Trámite del proceso
24. Mediante auto de 24 de noviembre de 202514 se inadmitió la solicitud de pérdida
de investidura y, una vez subsanados los requisitos por el accionante 15, en auto de
15 de enero de 202616 se admitió, ordenándose la notificación a los accionados y al
agente del Ministerio Público y corriéndose traslado para que los acusados
contestaran la solicitud, aportaran y solicitaran la práctica de pruebas.
14
Cfr. Índice 6 del expediente digital de primera instancia.
15
Cfr. Índice 12 del expediente digital de primera instancia.
16
Cfr. Índice 14 del expediente digital de primera instancia.
10
Radicación núm.: 68001-23-33-000-2025-00748-01
Accionante: Miguel Velasco Ferreira
25. Los accionados antes referidos contestaron la solicitud de pérdida de investidura.
El demandado, José Armando Jaime Oviedo no contestó la demanda.
26. En auto de 6 de febrero de 202617 se resolvió sobre: i) las solicitudes probatorias
presentadas por las partes; y ii) se fijó fecha para realizar la audiencia pública a que
se refieren los artículos 11 y 12 de la Ley 1881 de 15 de enero de 201818, la cual se
realizó el día 16 de febrero de 202619, con la asistencia e intervención del
accionante, del agente del Ministerio Público, del concejal Josué Jovid Taborda
Moreno y de los apoderados de los concejales Néstor Robert Álvarez, Ceferino
Garay Caballero, Jhon Blert Corena Ahumada, Jaser Cruz Gambindo, Tania Andrea
Mogollón Zapata y Ariel de Jesús Zambrano.
27. Las partes reiteraron los argumentos expuestos durante el proceso y el Ministerio
Público solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda con fundamento en
que los concejales actuaron bajo una convicción equivocada pero razonable de
legalidad, orientada a la obtención de un beneficio patrimonial y social para el
municipio y para la comunidad, lo que implica ausencia del elemento subjetivo.
I.4. La sentencia de primera instancia20
28. La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia de
23 de febrero de 2026, resolvió: “[…] Negar las pretensiones de la demanda
presentada por el señor Miguel Velasco Ferreira en contra de los señores Néstor
Robert Álvarez Moreno, Jhon Blert Corena Ahumada, Jaser Cruz Gambindo, Jorge
Luís Escalante Viana, Ceferino Garay Caballero, José Armando Jaime Oviedo,
Tania Andrea Mogollón Zapata, Josué Jovid Taborda Moreno y Ariel de Jesús
Zambrano González, en calidad de concejales del Distrito Especial de
Barrancabermeja, con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia. […]” (Negrilla del texto).
29. Explicó que el problema jurídico que se debía resolver consistía en establecer si
los accionados habían incurrido en indebida destinación de dineros públicos como
causal de pérdida de investidura, con ocasión de la aprobación y el voto favorable
a un proyecto de acuerdo municipal mediante el cual se dispuso la condonación del
impuesto predial a favor de la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P., respecto de
un bien inmueble denominado “Cancha La Floresta”, condicionada a su posterior
transferencia vía donación a favor del distrito especial de Barrancabermeja.
30. Para resolver, sostuvo que estaba probado que los recursos involucrados tienen
naturaleza pública desde el momento en que se causa la obligación tributaria, aun
cuando no se haya producido su recaudo efectivo. Por ende, que cualquier decisión
que incida sobre su exigibilidad implica disposición sobre un dinero público.
17
Cfr. Índice 36 del expediente digital de primera instancia.
18
“[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se consagra la doble
instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones. […]”.
19
Cfr. Índice 73 del expediente digital de primera instancia.
20
Cfr. Índice 78 del expediente digital de primera instancia.
11
Radicación núm.: 68001-23-33-000-2025-00748-01
Accionante: Miguel Velasco Ferreira
31. Indicó que se debía determinar si la autorización otorgada mediante el acuerdo
núm. 005 de 2024 para extinguir una obligación tributaria a cargo de la Empresa
Electrificadora de Santander S.A. E.S.P., condicionada a la transferencia del
dominio de un inmueble a favor del distrito de Barrancabermeja, implicó indebida
destinación de dinero público.
32. Señaló que el análisis no podía limitarse a la expresión “condonación” empleada
en el acuerdo, sino que debía atender a la verdadera naturaleza de la operación
jurídica aprobada.
33. Sostuvo que teniendo en cuenta la exposición de motivos, el contenido del
acuerdo y el material probatorio obrante en el expediente, se concluía que la
extinción de la obligación tributaria no fue autónoma ni gratuita, sino subordinada a
un hecho futuro y cierto, a saber, la transferencia efectiva del derecho de dominio
del bien inmueble a favor del ente territorial.
34. Explicó que se esta manera, el ente territorial no abandonó su crédito ni su
decisión implicó una liberación gratuita de la obligación tributaria, como tampoco
una amnistía tributaria, sino que transformó la modalidad de su satisfacción,
recibiendo un activo real en lugar de ejercer el derecho de cobro.
35. Es decir, que se trató de un negocio jurídico mediante el cual el acreedor público
acepta una prestación distinta al pago en efectivo para la satisfacción de su crédito.
En otras palabras, la extinción de la obligación provino del cumplimiento por
equivalencia y no de la renuncia al crédito fiscal, sin que existiera erogación
presupuestal, salida de recursos del tesoro ni transferencia patrimonial a favor de
un tercero.
36. Afirmó que la forma alternativa que fue empleada se asemeja a la dación en
pago, el cual ha sido un instrumento definido por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado como aquella situación en la cual el acreedor acuerda con el deudor el pago
de la obligación mediante una prestación diferente a la inicialmente pactada, con el
cumplimiento de las solemnidades legales en la transmisión del dominio de los
bienes y el cual es utilizado en ocasiones con la finalidad de extinguir las
obligaciones tributarias en relación con el impuesto predial unificado.
37. Explicó que se encuentra probado adicionalmente que el valor comercial del bien
inmueble transferido supera ampliamente el monto de la obligación tributaria a cargo
de la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P., de manera que la operación no solo
no produjo detrimento patrimonial, sino que representó un incremento material del
activo público.
38. Por último, señaló que los posibles vicios de legalidad del acuerdo núm. 005 de
2024 no pueden ser cuestionados a través de la acción de pérdida de investidura.
12
Radicación núm.: 68001-23-33-000-2025-00748-01
Accionante: Miguel Velasco Ferreira
39. En conclusión, el tribunal consideró que ninguna de las conductas que se les
reprocha a los accionados encajan en alguna de las hipótesis que la jurisprudencia
ha desarrollado para encontrar configurado el elemento objetivo de la causal de
pérdida investidura por indebida destinación de dineros públicos, razón por la cual
no era necesario realizar el estudio del elemento subjetivo y negó las pretensiones
de la demanda.
I.5. El recurso de apelación21
40. El accionante, inconforme con la decisión de primera instancia, presentó recurso
de apelación orientado a que se revoque en su integridad y, en su lugar, se decrete
la pérdida de investidura de los accionados.
I.5.1. Indebida valoración probatoria y configuración del elemento objetivo por
incurrir en indebida destinación de dineros públicos
41. Indicó que el tribunal incurrió en omisión en la valoración del oficio núm. 045-100
de la Secretaría de Hacienda del distrito, donde certifica que había liquidado una
deuda de ciento treinta y cuatro millones ciento cuatro mil ochocientos pesos
($134.104.800) por impuesto predial a cargo de la Electrificadora de Santander S.A.
E.S.P. y alegó que los concejales al aprobar el acuerdo núm. 005 de 2024 desviaron
ese activo hacia el patrimonio privado.
42. Señaló que el tribunal no valoró los informes de la Secretaría de Hacienda, de
febrero de 2026, los cuales prueban que el distrito, además de condonar la deuda
también pagó con recursos públicos la sobretasa ambiental que legalmente le
correspondía a la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. Es decir, no fue un daño
patrimonial hipotético sino cierto.
43. Indicó que se trata de dos afectaciones patrimoniales que deben ser analizadas
en forma separada y en conjunto en tanto la primera corresponde a la renuncia
singular al crédito tributario y la segunda a la asunción por el distrito de una carga
que ordinariamente correspondía al contribuyente y agregó que debe tenerse en
cuenta el nexo causal y el papel del voto individual en la configuración de la indebida
destinación de dineros públicos mediante la aprobación de un acto lesivo del
patrimonio público.
44. Manifestó que la sentencia incurrió en error en la calificación del concepto de
dinero público al considerar que “[…] al no haber ingresado el dinero a la tesorería,
no hubo afectación de recursos públicos […]”, porque la indebida destinación no se
restringe al gasto materialmente ejecutado, sino que se configura cuando se desvía,
permite o autoriza una disposición irregular del patrimonio estatal. Debía entenderse
que una obligación tributaria causada y exigible no es una mera expectativa de
recaudo, sino un activo incorporado al patrimonio del ente territorial.
21
Cfr. Índice 82 del expediente digital de primera instancia.
13
Radicación núm.: 68001-23-33-000-2025-00748-01
Accionante: Miguel Velasco Ferreira
45. Agregó que, al condonar una deuda tributaria mediante un acuerdo distrital y
teniendo en cuenta que la donación de la “Cancha La Floresta” no puede ser
considerada como una forma de pago, se está disponiendo de un activo del Estado
para la extinción irregular del crédito, lo cual implica renuncia a un derecho
económico cierto que debía ingresar al erario para la satisfacción de finalidades
públicas y que permite adicionalmente el incremento patrimonial de terceros y la
concesión de beneficios indebidos a particulares, en este caso la empresa
prestadora de servicios públicos.
46. Expresó que la sentencia interpretó que el acuerdo núm. 005 de 2024 era una
dación en pago. No obstante, esa figura en materia tributaria se encuentra regulada
en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario y no pueden interpretarse
como una facultad orientada a beneficiar a un sujeto único y determinable, en tanto
que los beneficios fiscales deben establecerse mediante criterios generales,
impersonales y abstractos, aplicables a categorías de contribuyentes conforme con
los artículos 95, numeral 9., y 363 de la Constitución Política.
47. Al respecto, explicó que el acuerdo se orientó a beneficiar a un solo
contribuyente, quebrantando los principios de generalidad y equidad tributaria,
puesto que no hubo un “[…] negocio jurídico de equivalencia, sino una exoneración
injustificada […]” y la entrega del inmueble no subsana la ilegalidad de haber
renunciado al cobro de un impuesto causado.
48. Sostuvo que la dación en pago es una herramienta de gestión de cartera
sometida a competencia administrativa y procedimientos reglados y no una facultad
normativa del concejo para extinguir obligaciones fiscales mediante acuerdos
dirigidos a un contribuyente individualizado.
I.5.2. Autonomía del juicio de pérdida de investidura frente a la presunción de
legalidad del acuerdo
49. Explicó que el tribunal incurre en error al otorgar relevancia exculpatoria derivada
de la presunción de legalidad del acuerdo núm. 005 de 2024.
50. Afirmó que la autonomía entre el juicio de legalidad y el de pérdida de investidura
no implica que no sea posible examinar la conducta de los concejales al aprobarlo
ni mucho menos si con ello se deriva una indebida destinación de dineros públicos.
I.5.3. Prueba del elemento subjetivo a título de culpa grave
51. Explicó que el tribunal incurrió en un defecto metodológico al no examinar la
conducta de los demandados tras descartar el elemento objetivo e indicó que el
Consejo de Estado ha considerado que el juicio de pérdida de investidura es
integral. En ese orden, aunque existiere dudas en torno al daño patrimonial, debía
analizarse si la voluntad de los concejales se había orientado a desconocer el
procedimiento legal de recaudo.
14
Radicación núm.: 68001-23-33-000-2025-00748-01
Accionante: Miguel Velasco Ferreira
52. En relación con el defecto metodológico indicó que el tribunal sustituyó el juicio
sobre la culpa grave por una presunción genérica de buena fe y que en todo caso
el juicio de pérdida de investidura exige determinar si el concejal actuó con la
diligencia que razonablemente se espera de quien participa en la adopción de
decisiones con incidencia directa sobre el patrimonio público.
53. Señaló que estaba probada la voluntad de afectar el erario, con sustento en que:
i) el acuerdo fue diseñado con nombre propio para favorecer a un único sujeto
pasivo respecto de un inmueble específico, lo cual vulnera el principio de
generalidad del tributo previsto en el artículo 363 de la Constitución Política; y ii) el
voto de los accionados fue determinante para que el acuerdo naciera a la vida
jurídica.
54. Afirmó que la finalidad social invocada por los accionados no neutraliza ni excluye
la culpa grave, en consideración a que un propósito loable no convierte en
constitucional una medida que rompe la igualdad tributaria y autoriza un beneficio
singular a favor de un solo contribuyente.
55. Indicó que la culpa grave se hace evidente en el estándar de rigurosidad exigible
a los concejales en condición de servidores públicos, quienes tienen el deber de
verificar que las decisiones normativas que adoptan respeten los principios
estructurales del sistema tributario y no impliquen privilegios fiscales singularizados.
56. Sostuvo que no es suficiente alegar la buena fe simple para exculpar la culpa
grave, dado que se exige a los concejales un deber mínimo de cuidado y en el marco
de este advertir que las amnistías individuales están proscritas por la Constitución
Política. En ese orden, la conducta esperable ante el proyecto de acuerdo era la de
abstenerse de aprobar beneficios individuales incompatibles con la generalidad del
tributo y que lo contrario resulta en una negligencia inexcusable que configura el
elemento subjetivo de culpabilidad.
I.6. Trámite del recurso de apelación
57. Mediante auto de 16 de marzo de 202622, se concedió el recurso de apelación
interpuesto por el accionante en contra de la sentencia de 23 de febrero de 2026.
58. En auto de 24 de abril de 202623, se resolvió admitir el recurso de apelación y
correr traslado del auto admisorio del recurso de apelación a la parte accionada y al
agente del Ministerio Público por el término de tres (3) días24.
22
Cfr. Índice 84 del expediente digital de primera instancia.
23
Cfr. Índice 4 del expediente digital de segunda instancia.
24
La providencia se notificó electrónicamente y por estado a las partes e intervinientes. Índices 6 y 7 del expediente digital de
segunda instancia. La Secretaría remitió el expediente del proceso al despacho del magistrado ponente para sentencia, el 7
de mayo de 2026.
15
Radicación núm.: 68001-23-33-000-2025-00748-01
Accionante: Miguel Velasco Ferreira
59. El concejal Jorge Luis Escalante Viana solicitó que se confirme la sentencia
proferida por el tribunal en la medida en que en ella se efectuó un análisis completo,
razonado y conforme al ordenamiento jurídico aplicable de la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos.
59.1. Agregó que: i) no existió apropiación indebida de recursos públicos; ii) no se
produjo un detrimento patrimonial; iii) no se evidenció desviación funcional de los
recursos fiscales; iv) no hubo afectación real al patrimonio público; v) no hubo
desviación de recursos ni lesión concreta al interés general; vi) no hubo disposición
caprichosa de recursos; vii) no existió condonación gratuita de obligaciones; y viii)
no se probó afectación patrimonial negativa para la entidad territorial.
60. La concejal Tania Andrea Mogollón Zapata indicó que en el recurso de apelación
se hacen algunas afirmaciones que no se corresponden con las conclusiones del
tribunal, como aquella relacionada con la naturaleza de los recursos públicos en
este caso concreto.
60.1. Indicó que comparte las conclusiones del tribunal en torno a que no se condonó
a título gratuito una deuda, sino que se aceptó otro método de pago, como es el de
recibir la titularidad de un inmueble en favor del distrito de Barrancabermeja y
aseveró que se trata de acuerdos que permite el Estatuto Tributario en relación con
deudores de impuestos.
60.2. Afirmó que se trata de un mecanismo mediante el cual se sanea una deuda
mediante la ejecución de una obligación condicionada a un hecho futuro y cierto,
como es la donación del inmueble y que, al no estar probado el elemento objetivo,
no es necesario agotar el estudio del elemento subjetivo.
61. El concejal Jaser Cruz Gambindo se opuso a los argumentos del recurso de
apelación argumentando que el recurso no desvirtúa los argumentos planteados en
la sentencia, y, en especial, que no se configura el elemento subjetivo.
62. Los accionados Néstor Robert Álvarez Moreno, Jhon Blert Corena Ahumada,
Ceferino Garay Caballero, José Armando Jaime Oviedo, Josué Jovid Taborda
Moreno y Ariel de Jesús Zambrano González; y el Ministerio Público guardaron
silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
63. Esta Sala de Decisión, con miras a resolver la presente controversia, abordará:
i) su competencia; ii) la acreditación de la condición de concejal respecto de los
acusados; iii) el problema jurídico; iv) la causal de pérdida de investidura invocada;
v) el estudio de los problemas jurídicos; y vi) las conclusiones.
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Radicación núm.: 68001-23-33-000-2025-00748-01
Accionante: Miguel Velasco Ferreira
II.1. La competencia
64. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para decidir esta
controversia en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 2. del artículo 48 de la Ley
617; en el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201925, expedido por
la Sala Plena de esta Corporación; y en el artículo 15026 de la Ley 1437.
II.2. La acreditación de la condición de los concejales
65. La condición de los accionados, señores Néstor Robert Álvarez Moreno, Jhon
Blert Corena Ahumada, Jaser Cruz Gambindo, Jorge Luís Escalante Viana, Ceferino
Garay Caballero, José Armando Jaime Oviedo, Tania Andrea Mogollón Zapata,
Josué Jovid Taborda Moreno y Ariel de Jesús Zambrano González, como
concejales del Distrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico de
Barrancabermeja, se encuentra probada con: i) la certificación expedida el 6 de
febrero de 2026 por la Secretaria Ad-Hoc del Concejo Distrital de
Barrancabermeja27; y ii) la copia del acta núm. 060 de 28 de mayo de 202428.
66. Se precisa que la condición de los accionados como concejales del distrito
especial de Barrancabermeja no fue objeto de cuestionamiento en el recurso de
apelación.
II.3. El problema jurídico
67. La Sala, una vez agotados los trámites propios de este medio de control sin que
se observe irregularidad o causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, de
acuerdo con lo regulado en los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de
201229, aplicables por virtud de lo dispuesto en los artículos 21 de la Ley 1881 y 306
de la Ley 1437, observa lo siguiente:
68. Teniendo en cuenta que la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Santander
en la sentencia de 23 de febrero de 2026 consideró que la conducta que se le
atribuye a los accionados no se encuadra en la causal de pérdida de investidura por
indebida destinación de dineros públicos y que el accionante en el recurso de
apelación estima que se demostró la configuración de la precitada causal, el
problema jurídico consiste en definir:
69. Si se configuran los elementos objetivo y subjetivo que permitan decretar la
pérdida de investidura de los concejales accionados, señores Néstor Robert Álvarez
Moreno, Jhon Blert Corena Ahumada, Jaser Cruz Gambindo, Jorge Luís Escalante
25
Modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024 “[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67,
80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
26
Modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en
materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. […]”.
27
Cfr. Índice 45 del expediente digital de primera instancia. Documento 56, página 2.
28
Cfr. Índice 45 del expediente digital de primera instancia. Documento 54, páginas 1 y 2.
29
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.
17
Radicación núm.: 68001-23-33-000-2025-00748-01
Accionante: Miguel Velasco Ferreira
Viana, Ceferino Garay Caballero, José Armando Jaime Oviedo, Tania Andrea
Mogollón Zapata, Josué Jovid Taborda Moreno y Ariel de Jesús Zambrano
González, por haber incurrido en indebida destinación de dineros públicos prevista
en los numerales 3. del artículo 55 de la Ley 136 y 4. del artículo 48 de la Ley 617,
con ocasión de su participación en la aprobación del Acuerdo núm. 005 de 28 de
mayo de 2024 “[…] POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA CONDONACIÓN
DE UNA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA CONDICIONADA A LA TRANSFERENCIA
DE UN BIEN INMUEBLE […]”.
II.4. La causal de pérdida de investidura invocada
70. Elaccionante atribuyó a los concejales acusados la causal de pérdida de
investidura prevista en los numerales 3. del artículo 55 de la Ley 136 y 4. del artículo
48 de la Ley 617, cuyo contenido es el siguiente:
70.1. Numeral 3. del artículo 55 de la Ley 136:
“[…] Artículo 55. Pérdida de la investidura de concejal. Los concejales perderán su
investidura por:
[…]
3. Por indebida destinación de dineros públicos. […]”.
70.2. Numeral 4. del artículo 48 de la Ley 617:
“[…] Artículo 48. Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y
distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y
concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales
perderán su investidura:
[…]
4. Por indebida destinación de dineros públicos. […]”.
II.4.1. El elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura por indebida
destinación de dineros públicos
71. Esta Sección30, en relación con los elementos para la configuración de la causal
de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos, ha precisado
lo siguiente:
“[…] 43. En primer orden, que la indebida destinación de dineros públicos es una
norma abierta porque la normativa Constitucional y legal no establece el alcance de
la causal ni detalla un catálogo de conductas específicas que la configuran, lo cual
atiende a la finalidad de la causal, cual es: censurar cualquier uso de los dineros
públicos para fines no previstos, distintos, prohibidos o no autorizados por la
Constitución Política, las leyes o el reglamento, porque con ello traiciona, cambia o
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero Ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 11 de febrero de 2021. Radicación núm.: 68001-23-33-000-2019-00893-01(PI).
18
Radicación núm.: 68001-23-33-000-2025-00748-01
Accionante: Miguel Velasco Ferreira
distorsiona los fines y cometidos estatales preestablecidos en la normativa que regula
el gasto31.
44. En segundo orden, si bien la indebida destinación de dineros públicos se puede
configurar a través de la transgresión de tipos penales, “[…] dada la autonomía e
independencia existente entre las acciones de pérdida de investidura y penal, las
conductas que materializan la indebida destinación de dineros públicos configuran la
causal de pérdida de investidura sin que necesariamente deban estar tipificadas
como delitos […]”32.
45. En tercer orden, para efectos de la causal de desinvestidura, la expresión “dinero
público” se debe entender como aquellos recursos públicos que administra el Estado.
46. En cuarto orden, la configuración objetiva de la causal de pérdida de investidura
sub examine requiere la acreditación de tres elementos, a saber: i) que se ostente la
condición de congresista ii) que se esté frente a dineros públicos y iii) que los dineros
públicos sean indebidamente destinados.
47. En cuarto (sic) orden, la indebida destinación de dineros públicos se configura
en los siguientes casos:
47.1. Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular destina los
dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados.
47.2. Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular los destina a
objetos, actividades o propósitos autorizados, pero diferentes a los cuales esos
dineros se encuentran asignados.
47.3. Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular aplica los
dineros a objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos por la
Constitución, la ley o el reglamento.
47.4. Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular aplica los
dineros públicos a materias innecesarias o injustificadas.
47.5 Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un incremento patrimonial
personal o de terceros.
47.6. Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un beneficio no
necesariamente económico en su favor o en el de terceros. […]”.
72. LaSala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación33 ha
señalado que:
31
Ver Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión de Pérdida de Investidura; sentencia de 3 de diciembre de
2019; proceso identificado con el número único de radicación 110010315000201900771-00 C.P. doctora Rocío Araújo Oñate.
Sentencia del 6 de mayo de 2014, consejero ponente: Enrique Gil Botero, expediente: 11001-03-15-000-2013-00865-00.
Sentencia del 28 de marzo de 2017. MP. Rafael Francisco Suárez Vargas. Expediente 11001-03-15-000-2015-00111-00 (PI).
32
Ver Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión de Pérdida de Investidura; sentencia de 3 de diciembre de
2019; proceso identificado con el número único de radicación 110010315000201900771-00 C.P. doctora Rocío Araújo Oñate.
En dicha providencia se citan las sentencias: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de
19 de octubre de 1994. MP. Juan de Dios Montes. Expediente AC-2102. Sentencia del 30 de julio de 2002. MP Jesús María
Lemos Bustamante, expediente: 11001-03-15-000-2001-0248-01 y concluye que la autonomía entre las acciones penal y de
pérdida de investidura es congruente con lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-319 del 14 de julio de
1994, mediante la cual se declaró la inexequibilidad del parágrafo segundo del artículo 296 de la Ley 5 de 1992, que
condicionaba la procedencia de la acción de pérdida de investidura de los miembros del Congreso por indebida destinación
de dineros públicos o tráfico de influencias, a la existencia previa de sentencia penal condenatoria.
33
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez. Sentencia
de 4 de septiembre de 2012. Radicación núm.: 11001-03-15-000-2011-00616-00(PI).
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Accionante: Miguel Velasco Ferreira
“[…] se incurre en una indebida destinación de dineros públicos, de manera directa,
al aplicar los recursos correspondientes a propósitos prohibidos, no autorizados,
injustificados o innecesarios; de manera indirecta, cuando los dineros se aplican a
fines diferentes de los que justificaron la disposición del gasto.
Por lo tanto, la Jurisprudencia de esta Corporación ha puntualizado que en dicha
prohibición pueden incurrir tanto el ordenador del gasto, como cualquier otro
Congresista cuando cambia la destinación de los recursos públicos34. […]”.
II.5. El estudio del problema jurídico
73. La Sala analizará en el caso concreto los requisitos concurrentes que se exigen
para estructurar la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de
dineros públicos:
II.5.1. La cualidad de los concejales como sujetos activos de la conducta
74. Se encuentra probado que los señores Néstor Robert Álvarez Moreno, Jhon Blert
Corena Ahumada, Jaser Cruz Gambindo, Jorge Luís Escalante Viana, Ceferino
Garay Caballero, José Armando Jaime Oviedo, Tania Andrea Mogollón Zapata,
Josué Jovid Taborda Moreno y Ariel de Jesús Zambrano González fueron elegidos
concejales del distrito especial de Barrancabermeja, según se indicó anteriormente.
75. En todo caso, la Sala considera que la condición de concejales de los accionados
no fue objeto de cuestionamiento en el recurso de apelación, por lo que se cumple
el primer supuesto del elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura.
II.5.2. Que se esté frente a dineros públicos
76. La problemática en el caso concreto versa en torno a que los accionados
aprobaron el acuerdo núm. 005 de 28 de mayo de 2024, mediante el cual se dispuso
en su artículo primero la condonación condicionada de “[…] las obligaciones
tributarias por concepto de impuesto predial a cargo de la Empresa Electrificadora
de Santander S.A. E.S.P. con respecto al predio identificado con matrícula
inmobiliaria No. 303-24741 y número predial 010203370001000 “Cancha la
Floresta” ubicada entre las carreras 3ª y 32 con calles 71 y 73 del Barrio del mismo
nombre, bajo la condición que el bien inmueble sea transferido vía donación a favor
del Distrito de Barrancabermeja […]”35.
77. Asimismo, con ocasión de la asunción de responsabilidad por parte del distrito
especial de Barrancabermeja del pago de la sobretasa ambiental en relación con el
mismo predio.
34
Es por ello que el Consejo de Estado ha decretado la pérdida de investidura tanto por la indebida destinación de dineros
públicos causada por los Congresistas cuando actúan como ordenadores del gasto, como en situaciones donde se utilizan
instrumentos idóneos para cambiar la destinación de los dineros públicos; por ejemplo, en sentencias de 23 de mayo de 2000,
exp. AC-9878, C P. Alejandro Ordóñez Maldonado; de 30 de mayo de 2000, exp. AC-9877, C.P. Germán Rodríguez Villamizar;
de 5 de febrero de 2001, exps. AC-10528 y AC-10967, C.P. Germán Ayala Mantilla; de 8 de agosto de 2001, exps. AC-10966
y AC-11274, C.P. Reinaldo Chavarro Buriticá; de 8 de agosto de 2001, exp. AC-12546, C. P. María Elena Giraldo Gómez y
de 13 de noviembre de 2001, exp. 11001-03-15-000-2001-0101-01, C.P. Ligia López Díaz.
35
Cfr. Índice 4 del expediente digital de primera instancia. Página 103 a 108.
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Radicación núm.: 68001-23-33-000-2025-00748-01
Accionante: Miguel Velasco Ferreira
Consejo de Estado36 ha explicado que el impuesto predial unificado se
78. El
encuentra previsto en la Ley 44 de 18 de diciembre de 199037 como “[…] un
impuesto del orden municipal que fusionó varios tributos38 y que grava la propiedad
o posesión de un inmueble en áreas urbanas, rurales o suburbanas […]”.
79. En relación con el impuesto predial unificado, los artículos 40 y 41 del Acuerdo
15 de 24 de diciembre de 202039, estatuto tributario del distrito especial de
Barrancabermeja, establece que “[…] Es un impuesto de recaudo autorizado por la
Constitución Política de Colombia en su artículo 317, la cual estableció en cabeza
de los municipios la facultad de gravar la propiedad inmueble. El impuesto predial
unificado es un gravamen real que se genera por la simple existencia del predio o
propiedad raíz. Constituido por la posesión o propiedad que se ejerza sobre un bien
inmueble en cabeza de quien ostente el título de propietario, poseedor o tenedor
concesionario del bien. […]”. Asimismo, dicho impuesto unifica diversos
gravámenes40.
80. En relación con la sobretasa ambiental, según explicó esta Corporación en
sentencia de 8 de octubre de 201541, tiene su origen en los artículos 317 de la
Constitución Política y en el artículo 44 de la Ley 99 de 22 de diciembre de 199342
y corresponde a un porcentaje sobre el recaudo por concepto de impuesto predial
con destino a la conservación del ambiente y de los recursos naturales renovables.
81. El precitado Acuerdo 15 de 2020 establece en sus artículos 70 y 71 que se trata
de un tributo que encuentra su fundamento en la Constitución Política y en la Ley
99, en la cual expresamente se autorizó el establecimiento de la sobretasa con
destino a la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables y se
indica que el hecho generador de la sobretasa en la jurisdicción del distrito especial
de Barrancabermeja, “[…] recae sobre los bienes raíces ubicados en el Distrito de
Barrancabermeja, sujetos al impuesto predial unificado […]”.
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 26 de julio de 2012. Radicación
núm. 25000-23-27-000-2004-01112- 01. C.P. doctora Martha Teresa Briceño de Valencia.
37
“[…] Por la cual se dictan normas sobre catastro e impuestos sobre la propiedad raíz, se dictan otras disposiciones de
carácter tributario, y se conceden unas facultades extraordinarias. […]”.
38
El impuesto predial unificado reúne los siguientes tributos: (i) el impuesto predial adoptado por el Código de Régimen
Municipal (Decreto 1333 de 1986) y demás normas complementarias; (ii) el impuesto de parques y arborización, regulado por
el Código de Régimen Municipal; (iii) el impuesto de estratificación económica de la Ley 9 de 1989 y (iv) la sobretasa de
levantamiento catastral a que se refieren las Leyes 128 de 1941, 50 de 1984 y 9 de 1989.
39
“[…] POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA […]”.
40
“[…] El Impuesto Predial Unificado autorizado por la ley 44 del 18 de diciembre de 1990 es la unificación de los siguientes
gravámenes:
• Impuesto predial regulado en el Código de Régimen Distrital adoptado por el Decreto 1333 de 1986,
• El Impuesto de parques y arborización, regulado en el Decreto 1333 de 1986 "Código de Régimen Distrital"
• El Impuesto de estratificación socioeconómica creado por la ley 9 de 1989.
• La Sobretasa de levantamiento catastral establecida en las leyes 128 de 1941, 50 de 1984 y 9 de 1989. […]”.
41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 8 de octubre de 2015. Radicación
núm. 25000-23-27-000-2012-00456-01. C.P. doctor Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
42
“[…] Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se
dictan otras disposiciones. […]”.
21
Radicación núm.: 68001-23-33-000-2025-00748-01
Accionante: Miguel Velasco Ferreira
82. En ese orden de ideas, de conformidad con los artículos 1143, 2744 y 2845 del
Decreto núm. 111 de 15 de enero de 199646, y teniendo en cuenta la naturaleza
tributaria del impuesto predial unificado y de la sobretasa ambiental cuyo propósito
específico es la conservación del ambiente y de los recursos naturales renovables,
se considera que se trata de recursos que integran el presupuesto público y, por
ende, tienen la condición de dinero público, por lo que se cumple el segundo
supuesto del elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura.
II.5.3. Que los dineros públicos sean indebidamente destinados
83. El tribunal consideró en la sentencia apelada que no se encontraba probado el
elemento objetivo de la indebida destinación de dineros públicos, toda vez que no
se probó que con la aprobación del acuerdo núm. 005 de 28 de mayo de 2024 se
hubiere destinado en forma indebida dineros públicos por parte de los concejales
accionados.
84. Explicó que “[…] la autorización conferida mediante el Acuerdo 005 de 2024 no
comportó una disposición irregular de recursos públicos ni una renuncia injustificada
al crédito fiscal, en tanto la obligación tributaria no fue extinguida por liberalidad sino
por cumplimiento por equivalencia, al haberse incorporado al patrimonio del ente
territorial un bien inmueble cuyo valor supera el monto del crédito fiscal inicialmente
adeudado […]” agregó que, en tales condiciones “[…] no se acreditó la existencia
de desvío funcional del recurso público, despilfarro injustificado del erario ni una
alteración de la finalidad constitucional del ingreso fiscal, presupuestos
indispensables para la configuración de la causal de indebida destinación de dineros
públicos prevista en el artículo 48 de la Ley 617 […]”.
85. El accionante en su recurso de apelación manifestó que estaba probada la
indebida destinación de los recursos públicos con fundamento en los siguientes
argumentos: i) que se incurrió en indebida valoración probatoria, toda vez que
estaba probada la existencia de la deuda por impuesto predial unificado a cargo de
la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P., el pago con recursos públicos la
sobretasa ambiental y la desviación de los recursos por la aprobación del acuerdo
43
“[…] ARTÍCULO 11. El Presupuesto General de la Nación se compone de las siguientes partes:
a) El Presupuesto de Rentas contendrá la estimación de los ingresos corrientes de la Nación; de las contribuciones
parafiscales cuando sean administradas por un órgano que haga parte del presupuesto, de los fondos especiales, de los
recursos de capital y de los ingresos de los establecimientos públicos del orden nacional.
b) El Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones. Incluirá las apropiaciones para la rama judicial, la rama legislativa, la
Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la
República, la Registraduría Nacional del Estado Civil que incluye el Consejo Nacional Electoral, los ministerios, los
departamentos administrativos, los establecimientos públicos y la Policía Nacional, distinguiendo entre gastos de
funcionamiento, servicio de la deuda pública y gastos de inversión, clasificados y detallados en la forma que indiquen los
reglamentos.
c) Disposiciones generales. Corresponde a las normas tendientes a asegurar la correcta ejecución del Presupuesto General
de la Nación, las cuales regirán únicamente para el año fiscal para el cual se expidan (Ley 38/89, artículo 7o. Ley 179/94,
artículos 3o., 16 y 71. Ley 225/95, artículo 1o.). […]”.
44
“[…] ARTÍCULO 27. Los ingresos corrientes se clasificarán en tributarios y no tributarios. Los ingresos tributarios se
subclasificarán en impuestos directos e indirectos, y los ingresos no tributarios comprenderán las tasas y las multas (Ley
38/89, artículo 20. Ley 179/94, artículo 55, inciso 10 y artículos 67 y 71). […]”.
45
“[…] ARTÍCULO 28. Las rentas de destinación específica autorizadas en los numerales 2 y 3 del artículo 359 de la
Constitución, se harán efectivas sobre los ingresos corrientes que correspondan a la Nación, después de descontar el situado
fiscal y la participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación ordenados por los artículos 356 y 357 de la
Constitución (Ley 225/95, artículo 7o.). […]”.
46
“[…] Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico
del Presupuesto. […]”.
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Radicación núm.: 68001-23-33-000-2025-00748-01
Accionante: Miguel Velasco Ferreira
núm. 005 de 2024; ii) que la indebida destinación no se restringe al gasto material
sino a la desviación irregular del patrimonio estatal, en este caso de una obligación
tributaria causada y exigible; iii) la medida adoptada se constituyó en una extinción
irregular del crédito, en razón a que la donación de la “Cancha La Floresta” no puede
ser considerada como una forma de pago y en tanto implicó el incremento
patrimonial de terceros y la concesión de beneficios indebidos a particulares; iv) no
era aplicable la figura de dación en pago, bajo el entendido de que el acuerdo se
orientó a beneficiar a un solo contribuyente, quebrantando los principios de
generalidad y equidad tributaria y porque se trata de una herramienta de gestión de
cartera sometida a competencia administrativa y procedimientos reglados y no una
facultad normativa del concejo distrital.
86. Asimismo, indicó que no se podía otorgar relevancia exculpatoria derivada de la
presunción de legalidad del acuerdo núm. 005 de 2024, por cuanto la autonomía
entre el juicio de legalidad y el de pérdida de investidura no implica que no sea
posible examinar la conducta de los concejales al aprobar el acuerdo, ni mucho
menos si con ello se deriva una indebida destinación de dineros públicos.
87. Expuesto lo anterior, la Sala procederá a realizar la valoración de todas las
pruebas para efectos de resolver sobre la configuración o no de la causal de pérdida
de investidura por indebida destinación de dineros públicos, teniendo en cuenta que,
de conformidad con el artículo 167 de la Ley 156447, corresponde al solicitante de
la pérdida de investidura probar los requisitos concurrentes que se exigen para
estructurar el elemento objetivo de la causal.
88. Como se indicó anteriormente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
considerado que lo relevante para efectos de la causal de pérdida de investidura
por indebida destinación de dineros públicos es que el miembro de la corporación
pública de elección popular, con su conducta funcional, al ejercer las competencias
de las que ha sido revestido, traiciona, cambia o distorsiona los fines y cometidos
estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento, para destinar
los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí
autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados, o
cuando aplica tales recursos a materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un incremento patrimonial personal
o de terceros, o cuando pretende derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o de terceras personas.
89. Se encuentra probado con el certificado de tradición inmobiliaria que el inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria núm. 303-24741 y número predial
010203370001000 denominado “Cancha La Floresta”, ubicado entre las carreras 3
y 32 con calles 71 y 73 del Barrio La Floresta del distrito especial de
Barrancabermeja, era de propiedad de la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P.
y tiene un área de 6.480 metros cuadrados48.
47
Aplicable a los procesos de pérdida de investidura de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1881.
48
Cfr. Índice 28 del expediente digital de primera instancia.
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Radicación núm.: 68001-23-33-000-2025-00748-01
Accionante: Miguel Velasco Ferreira
90. Según la copia del Estado de Cuenta del Impuesto Predial Unificado expedido
por el distrito de Barrancabermeja49, la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P.
ostentaba en relación con el predio 010203370001000 en la dirección “[…] K 3 K 32
C 71 C 73 BR LA FLORESTA […]” una deuda por concepto de dicho impuesto en
las vigencias 2020 a 2024, e incluso anteriores, por valor de ciento catorce millones
quinientos quince mil ochocientos pesos ($114.515.800).
91. Dichos documentos reflejaban igualmente una deuda por concepto de sobretasa
ambiental que por los mismos periodos ascendía a veinticuatro millones quinientos
cuarenta y cuatro mil ochocientos pesos ($24.544.900).
92. Se resalta que el estado de cuenta hacía constar que la destinación económica
del predio era el de “[…] Uso Público […]” y que según avalúo catastral el predio
tenía un valor de mil cuatrocientos cincuenta y cuatro millones ciento veintidós
pesos ($1.454.122.000). (Negrilla fuera de texto).
93. Se encuentra probado que la Gerente General (E) de la Electrificadora de
Santander S.A. E.S.P., mediante comunicación de 20 de mayo de 202450 reiteró al
alcalde distrital de Barrancabermeja la “[…] intención de formalizar la decisión de
la Junta Directiva de ESSA quien en la sesión 416 celebrada el 26 de mayo de
2011, aprobó la donación del bien inmueble […]” denominado “Cancha La
Floresta”, identificado con número predial 010203370001000, previa exoneración
de todo tipo de impuestos y teniendo en cuenta que el predio había tenido una
destinación pública y dada la importancia del mismo para la comunidad como
espacio de recreación y deporte. (Negrilla fuera de texto).
94. Con ocasión de lo anterior, la alcaldía distrital de Barrancabermeja presentó ante
el concejo distrital un proyecto de acuerdo denominado proyecto de acuerdo núm.
006 de 2024, “[…] POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA CONDONACIÓN DE
UNA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA CONDICIONADA A LA TRANSFERENCIA DE
UN BIEN INMUEBLE […]”51.
94.1. El proyecto de acuerdo proponía en su parte resolutiva lo siguiente:
“[…] ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al Alcalde Distrital para que condone las
obligaciones tributarias por concepto de impuesto predial a cargo de la Empresa
Electrificadora de Santander S.A. E.S.P con respecto al predio […] “Cancha la
Floresta”, […] bajo la condición que el bien inmueble sea transferido vía donación a
favor del Distrito de Barrancabermeja.
PARÁGRAFO PRIMERO: La autorización se entendía conferida por 12 meses.
49
Cfr. Índice 30 del expediente digital de primera instancia. Páginas 83 y 84.
50
Cfr. Índice 33 del expediente digital de primera instancia. Archivo OneDrive, documento denominado “[…] Certificación
ESSA […]”.
51
Cfr. Índice 4 del expediente digital de primera instancia. Páginas 1 a 4.
24
Radicación núm.: 68001-23-33-000-2025-00748-01
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PARÁGRAFO SEGUNDO: La condonación aprobada no produce efectos frente a la
sobretasa ambiental por esa razón la Administración Distrital se hará cargo del pago
de los valores que se le adeuden a la Corporación Autónoma de Santander C.A.S por
dicho concepto.
ARTÍCULO SEGUNDO: El Presente Acuerdo rige a partir de su su (sic) sanción y
publicación. […]”. (Negrilla del texto).
95. En la exposición de motivos del proyecto de acuerdo52 se desarrolló el sustento
normativo de orden constitucional y legal, se analizó la condonación como
mecanismo para extinguir obligaciones tributarias, la situación de la sobretasa
ambiental y los aspectos fácticos y las conclusiones.
95.1. El proyecto se fundamentó en los artículos 2.°, 52, 58, 90, 209, 315 y 365 de la
Constitución Política. Asimismo, citó el artículo 3.° de la Ley 136, modificado por el
artículo 6.° de la Ley 1551 de 6 de julio 201253; el artículo 3.° de la Ley 181 de 18
de enero de 199554, el artículo 669 del Código Civil y el artículo 140 de la Ley 1437.
95.2. Dichas normas se refieren: i) al cumplimiento de los fines esenciales del Estado
y el deber de este en torno a la prestación de servicios públicos; ii) el deporte, la
cultura y la recreación de la comunidad como derecho y la obligación del Estado; iii)
la obligación del Estado de garantizar la protección de la propiedad privada; iv) la
responsabilidad patrimonial del Estado; v) la función administrativa; y vi) la
posibilidad de los particulares de demandar al Estado para obtener la reparación del
daño antijurídico producido por la acción u omisión.
95.3. Posteriormente estudió la condonación como mecanismo para extinguir las
obligaciones tributarias y concluyó que para “[…] valorar la concesión o no de la
medida de “condonación” como medida de saneamiento por parte de las entidades
territoriales, se requiere que se examine la razonabilidad y proporcionalidad de la
misma, así como el respeto de los principios de igualdad y equidad tributaria […]”.
95.4. En relación con la sobretasa ambiental, los aspectos fácticos y las conclusiones,
la exposición de motivos explicó lo siguiente:
“[…] IV. Lo atinente a la sobretasa ambiental.
El artículo 76 del Estatuto Tributario Distrital -Acuerdo No. 015 de 2020- dispone que,
[…]
Conforme con esa disposición, la condonación que se propone con este
proyecto de decisión no produce efectos frente a la sobretasa ambiental, por
esta razón la Administración Distrital se hará cargo del pago de los valores que
se le adeuden a la Corporación Autónoma de Santander C.A.S. por dicho
concepto.
52
Cfr. Índice 4 del expediente digital de primera instancia. Páginas 5 a 10
53
“[…] Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. […]”.
54
“[…] Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la
Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte […]”.
25
Radicación núm.: 68001-23-33-000-2025-00748-01
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V. Aspectos fácticos.
i) El bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 303-24741 y número
predial 010203370001000 “Cancha la Floresta”, ubicada entre las carreras 3ª y 32
con calles 71 y 73 del Barrio del mismo nombre, con un área de 6.480 metros
cuadrados, el cual es de propiedad de la empresa Electrificadora de Santander S.A.
E.S.P., desde hace más de 40 años se encuentran construidos equipamientos
deportivos y ha sido empleado por la comunidad del Distrito de
Barrancabermeja para actividades deportivas, recreativas y culturales, con lo
cual su destinación, al menos en lo fáctico, corresponde al uso público. Como
consecuencia de lo anterior, su propietario no ha ejercitado durante ese lapso
actos de señor y dueño sobre el mismo.
ii) La Electrificadora de Santander S.A. E.S.P., ante la situación descrita en el punto
anterior, ha hecho expreso su deseo de transferir la titularidad del derecho de dominio
del predio al Distrito de Barrancabermeja, para lo cual ha propuesto como mecanismo
jurídico la donación del bien, siempre y cuando no se le imponga la carga tributaria
que grava al inmueble. Dicha propuesta fue aprobada por la Junta Directiva de esa
Entidad.
iii) Conforme con el estudio de títulos que se llevó a cabo por parte de la Secretaría
Jurídica -15 de febrero de 2023-se encontró que el bien inmueble perteneció en el
pasado al Distrito de Barrancabermeja, y la causa de su adquisición fue el
cumplimiento de una obligación urbanística “cesión”, y su destinación correspondía a:
uso educativo, salud, y recreativos.
iv) El valor catastral del bien inmueble asciende a la suma de MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIDÓS MILPESOS
1.454.122.000,00).
v) El monto de las obligaciones tributarias, incluido el período 2024, a la fecha 1° de
marzo de 2024 asciende a la suma de CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES
CUENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($134.104.800,00).
VI. Conclusiones en el caso concreto.
La medida propuesta es razonable, en cuanto que tiene como fundamento la
necesidad de superar una situación de hecho -descrita en el punto i del V de esta
exposición de motivos- propiciada por el Ente Territorial, sumado a ello que dirige a
un solo sujeto pasivo de la obligación tributaria -Electrificadora de Santander S.A.
E.S.P.-. A su vez, no quebranta los principios de igualdad ni de equidad
tributaria, debido a que las circunstancias que rodean el caso del contribuyente
le imprimen una condición diferente -la ocupación de hecho generada por un
actuar de la Administración Distrital le ha impedido gozar y disfrutar de predio
del cual se predica el impuesto- a la de los demás, y por ello en virtud del
principio de justicia distributiva es viable darle un trato diferenciado.
La tramitación del proyecto de acuerdo le reporta a la Administración los siguientes
beneficios: a) Le permitirá adquirir un predio cuyo avalúo catastral asciende a la suma
de $ 1.454.122.000,oo; b) Evita los costos relacionados con el trámite de jurisdicción
coactiva que adelante el Distrito en contra de la ESSA S.A. E.S.P, y las eventuales
reclamaciones patrimoniales que se deriven de ese proceso; c) Una vez formalizada
la propiedad del predio, le permite al Distrito realizar inversiones en pro de los
derechos a la recreación, a la práctica del deporte, y al aprovechamiento del tiempo
libre; y d) Facilita la normalización predial en cumplimiento a la norma de saneamiento
de activos. […]”. (Negrilla del texto).
26
Radicación núm.: 68001-23-33-000-2025-00748-01
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96. El proyecto de acuerdo inició su trámite para primer debate ante la Comisión
Segunda de Hacienda y Crédito Público y Asuntos Fiscales del distrito especial de
Barrancabermeja.
97. En forma previa al debate, la ponente requirió al alcalde distrital mediante
comunicación de 14 de mayo de 202455 para que aportara las complementaciones
necesarias en torno a, entre otros aspectos, las siguientes observaciones: i) en
relación con la observación sobre “[…] PROHIBICIÓN DE CONDONACIÓN DE
IMPUESTO PREDIAL […]” derivado de los artículos 294 y 355 de la Constitución
Política solicitó que “[…] se aportaran los soportes que constituyen la
excepcionalidad de la presente solicitud de condonación de la obligación tributaria
[…]”; ii) ante la “[…] AUSENCIA DE ANÁLISIS DE IMPACTO FISCAL […]”, requirió
los soportes del estudio de impacto fiscal elaborado por la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, de conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 9 de julio de
200356; y iii) en relación con la “[…] SOBRETASA AMBIENTAL […]” y en
consideración a que se trata de un rubro que no puede ser desistido en la medida
en que está destinado a la respectiva corporación autónoma regional, requirió se
explicara como se sufragaría conforme al proyecto de acuerdo dicho rubro, con qué
recursos se financiaría y cuál sería el impacto fiscal del mismo.
98. El
proyecto fue aprobado en primer debate ante la Comisión Segunda de
Hacienda y Crédito Público y Asuntos Fiscales del distrito especial de
Barrancabermeja, según consta en el acta núm. 003 de 20 de mayo de 202457.
98.1. Mas allá de reiterar la necesidad de adquisición por parte del distrito de
Barrancabermeja del escenario deportivo, con el objeto de generar un impacto
positivo en la comunidad, de reiterar la intención de la Electrificadora de Santander
S.A. E.S.P. de donar el inmueble, de la inexistencia de un impacto fiscal derivado
de la futura ejecución del proyecto de acuerdo, de la diferencia entre la deuda y el
valor del bien y de situaciones especiales que, en criterio de los concejales, hacen
necesaria y excepcional la condonación del impuesto predial unificado para
viabilizar el cambio de propiedad del inmueble con ocasión de la situación de cartera
de difícil cobro y de la posesión que la comunidad tiene del inmueble que, según
explicaron, es de uso público, el secretario jurídico propuso modificar el parágrafo
segundo con el objeto de clarificar exclusivamente que la “[…] condonación
aprobada no produce efectos frente a la sobretasa ambiental […]”, sin indicar que
su pago estaría a cargo de la administración distrital.
98.2. Lo anterior en atención que el pago de dicha sobretasa no impedía el traspaso
del bien a la administración y por ende no era necesario establecer disposiciones
en el acuerdo sobre este tributo. Agregó que sería conveniente buscar otras
alternativas para el pago e incluso gestionar por la administración municipal la
55
Cfr. Índice 4 del expediente digital de primera instancia. Páginas 24 a 28.
56
“[…] Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan
otras disposiciones. […]”.
57
Cfr. Índice 4 del expediente digital de primera instancia. Páginas 39 a 63.
27
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exoneración del pago de la sobretasa, sin que fuera necesaria disposición alguna
en el proyecto de acuerdo.
98.3. Asimismo, en el debate se ratificó que lo aprobado constituía una condonación
del impuesto predial para viabilizar la donación del inmueble al distrito y, por ende,
que se trataba de una condición necesaria para materializar el negocio jurídico.
99. Se aportó copia del certificado suscrito por el Secretario de Hacienda y del Tesoro
del distrito especial de Barrancabermeja58, en el que indicó lo siguiente:
“[…] IMPACTO FISCAL DEL PROYECTO DE ACUERDO. “POR MEDIO DEL CUAL
SE AUTORIZA LA CONDONACIÓN DE UNA OBLIGACION TRIBUTARIA
CONDICIONADA AL RECIBO DE UN BIEN INMUEBLE A TITULO DE DONACIÓN”.
El predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 303-24741 y número predial
010203370001000 “Cancha la Floresta”, ubicada entre las carreras 3ª y 32 con calles
71 y 73; con destinación económica de Uso Público; actualmente tiene un avalúo
catastral de $1.454,122.000,00 y presenta una obligación tributaria por concepto de
Impuesto predial por el monto de $114.515.800 y por concepto de sobretasa
Ambiental $24.544.900,00 es de aclarar que a cambio se condonara lo
correspondiente a la deuda de IPU en la suma antes descrita la cual es de las vigencia
(sic) 2018 a 2024, deuda exigible actualmente; cómo (sic) se puede observar el
impacto del costo fiscal del proyecto de acuerdo no tiene afectación del Marco
Fiscal de Mediano plazo en los términos del artículo 7 de la ley 819 de 2003,
teniendo en cuenta que no se está reflejando en los ingresos corrientes, desde
la vigencia 2018. […]”. (Negrilla fuera de texto).
100. Se aportó copia del “[…] ESTUDIO DE TÍTULOS AL PREDIO URBANO
CANCHA LA FLORESTA DE BARRANCABERMEJA […]”, realizado por la
Secretaría Jurídica del ente territorial59 en la que se indica que la “[…] Cancha La
Floresta […]” presenta una condición de bien de uso público en atención a que hizo
parte de las cesiones obligatorias entregadas al entonces municipio de
Barrancabermeja; que la destinación asignada era la de “[…] construcción de
escuelas y un centro de salud, etc. […]”, que el “[…] predio objeto del presente
estudio, está identificado como espacio público existente tipo CANCHA […]” y que
“[…] Históricamente ha sido de utilidad común y uso público para los habitantes del
sector y comunidad en general […]”.
101. Adicional a lo anterior, se aportó copia del concepto de uso de suelo núm. 0345
– 2024 de 15 de mayo de 202460 suscrito por el Secretario de Planeación Distrital,
en el cual se indica que según el Mapa de Áreas de Actividad Sector Normativo 3
58
Cfr. Índice 30 del expediente digital de primera instancia. Página 82.
59
Cfr. Índice 4 del expediente digital de primera instancia. Páginas 129 a 133.
60
Cfr. Índice 4 del expediente digital de primera instancia. Página 134
28
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Accionante: Miguel Velasco Ferreira
que hace parte integral del POT adoptado mediante Acuerdo 033 de 2022, “[…] el
predio denominado la CANCHA DE FUTBOL […] localizado en el barrio la Floresta
se encuentra identificado […]” como “[…] SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO
URBANO (Cancha) […]”.
102. El 28 de mayo de 2024 se celebró la sesión extraordinaria ante la plenaria del
concejo distrital, oportunidad en la que se realizó el debate, votación y aprobación
del proyecto de acuerdo núm. 006 de 2024 “[…] POR MEDIO DEL CUAL SE
AUTORIZA LA CONDONACIÓN DE UNA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA
CONDICIONADA AL RECIBO DE UN BIEN INMUEBLE A TÍTULO DE DONACIÓN
[…]”61.
103. Según consta en el acta núm. 60 de 28 de mayo de 2024 y en la certificación
expedida por la secretaria general Ad-Hoc del concejo distrital de Barrancabermeja,
el proyecto de acuerdo núm. 006 de 2024 fue aprobado como el acuerdo núm. 005
de 28 de mayo de 2024, con la participación y voto positivo de los siguientes
concejales:
104. Teniendo en cuenta que el problema jurídico versa sobre la aprobación del
acuerdo núm. 005 de 2024 en la sesión extraordinaria realizada el 28 de mayo de
2024, se encuentra probado que los concejales Néstor Robert Álvarez Moreno,
Jaser Cruz Gambindo, Jorge Luís Escalante Viana, Ceferino Garay Caballero, José
Armando Jaime Oviedo, Tania Andrea Mogollón Zapata y Ariel de Jesús Zambrano
González participaron en dicha sesión y votaron el precitado proyecto de acuerdo,
según consta en la certificación expedida el 6 de febrero de 2026 por la Secretaria
Ad-Hoc del Concejo Distrital de Barrancabermeja62 y en la copia del acta núm. 060
de 28 de mayo de 202463.
105. En relación con los concejales Jhon Blert Corena Ahumada y Josué Jovid
Taborda Moreno, conforme con las certificaciones expedidas los días 1964 de enero,
2265 de enero y 666 de febrero de 2026 por la Secretaria Ad-Hoc del Concejo Distrital
61
Cfr. Índice 4 del expediente digital de primera instancia. Páginas 65 a 101. Asimismo, ver índice 45 del expediente digital
de primera instancia.
62
Cfr. Índice 45 del expediente digital de primera instancia. Documento 56, página 2.
63
Cfr. Índice 45 del expediente digital de primera instancia. Documento 54, páginas 1 y 2.
64
Cfr. Índice 24 del expediente digital de primera instancia.
65
Cfr. Índice 29 del expediente digital de primera instancia.
66
Cfr. Índice 45 del expediente digital de primera instancia. Documento 56, página 2.
29
Radicación núm.: 68001-23-33-000-2025-00748-01
Accionante: Miguel Velasco Ferreira
de Barrancabermeja, se encuentra probado que estos no participaron en la
aprobación del acuerdo núm. 005 de 2024.
106. El acuerdo núm. 005 de 28 de mayo de 2024, “[…] POR MEDIO DEL CUAL SE
AUTORIZA LA CONDONACIÓN DE UNA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA
CONDICIONADA A LA TRANSFERENCIA DE UN BIEN INMUEBLE […]”67 fue
aprobado y sancionado quedando de la siguiente forma:
“[…] CONSIDERANDO:
1. Que el artículo 2° de la Constitución Política establece que, […]
2. Que el artículo 52 de la Constitución Política contempla que: […]
3. Que el artículo 209 de la Constitución Política señala que: […]
4. Que el artículo 315 de la Constitución Política prevé que: […]
5. Que el artículo 365 de la Constitución Política dispone que, […]
6. Que en la ley 1551 de 2012 se detallan las funciones de los Municipios, en su
artículo 6° modificatorio del artículo 3° de la ley 136 de 1994 se prevé lo siguiente,
[…]
7. Que el artículo 91 de la ley 136 de 1994 modificado por el artículo 29 de la ley 1551
de 2012 dispone lo que sigue, […]
8. Que el artículo 3° de la Ley 181 de 1995 dispone que, […]
9. Que el bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 303-24741 y
número predial 010203370001000 “Cancha la Floresta”, ubicada entre las carreras 3ª
y 32 con calles 71 y 73 del Barrio del mismo nombre, con un área de 6.480 metros
cuadrados, el cual es de propiedad de la empresa Electrificadora de Santander S.A.
E.S.P., desde hace más de 40 años se encuentran construidos equipamientos
deportivos y ha sido empleado por la comunidad del Distrito de Barrancabermeja para
actividades deportivas, recreativas y culturales, con lo cual su destinación, al menos
en lo fáctico, corresponde al uso público. Como consecuencia de lo anterior, su
propietario no ha ejercitado durante ese lapso actos de señor y dueño sobre el mismo.
La Electrificadora de Santander S.A. E.S.P., ante la situación descrita en el punto
anterior, ha hecho expreso su deseo de transferir la titularidad del derecho de dominio
del predio al Distrito de Barrancabermeja, para lo cual ha propuesto como mecanismo
jurídico la donación del bien, siempre y cuando no se le imponga la carga tributaria
que grava al inmueble. Dicha propuesta fue aprobada por la Junta Directiva de esa
Entidad.
De otra parte, Conforme (sic) con el estudio de títulos que se llevó a cabo por parte
de la Secretaría Jurídica -15 de febrero de 2023- se encontró que el bien inmueble
perteneció en el pasado al Distrito de Barrancabermeja, y la causa de su adquisición
fue el cumplimiento de una obligación urbanística “cesión”, y su destinación
correspondía a: uso educativo, salud, y recreativos.
67
Cfr. Índice 30 del expediente digital de primera instancia. Páginas 11 a 18.
30
Radicación núm.: 68001-23-33-000-2025-00748-01
Accionante: Miguel Velasco Ferreira
10. Que el valor catastral del bien inmueble asciende a la suma de MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIDÓS MIL
PESOS ($1.454.122.000,00).
11. Análisis del impacto fiscal, análisis de la justificación en el caso concreto –
proporcionalidad y razonabilidad de la medida-, y conclusiones en el caso concreto.
11.1. Análisis del impacto fiscal.
Que el monto de las obligaciones tributarias, incluido el período 2024, a la fecha 17
de mayo de 2024 asciende a la suma de CIENTO CATORCE MILLONES
QUINIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 114.515.800,00).
Acorde con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 819 de 2003 la Administración
procedió a realizar el análisis del impacto fiscal del proyecto de acuerdo por parte de
la Secretaria de Hacienda Distrital, la cual concluyó que,
“cómo -sic- se puede observar el impacto del costo fiscal del proyecto de acuerdo no
tiene afectación del Marco Fiscal de Mediano plazo en los términos del artículo 7 de
la ley 819 de 2003, teniendo en cuenta que no se está reflejando en los ingresos
corrientes, desde la vigencia 2018.”.
11.2. Análisis de la justificación en el caso concreto -proporcionalidad y
razonabilidad de la medida-.
En este apartado de se valorará la proporcionalidad de la medida para lo cual se
abordarán tres elementos: a) idoneidad de la medida; b) necesidad de la medida; y c)
ponderación en sentido estricto.
a) Idoneidad de la medida adoptada. “La medida limitadora de los derechos o
intereses del administrado debe ser útil, apropiada o idónea para obtener el fin
buscado, esto es, que el abanico de posibles que ha de adoptar la Administración se
limita a las que resulten congruentes con el entramado fáctico del caso y aptas para
la consecución del cometido fijado por el ordenamiento jurídico al atribuir la potestad
correspondiente a la Administración”.
La medida escogida por la Administración “condonación” es idónea para
extinguir la obligación tributaria que grava el bien inmueble, y con ello permite
que posteriormente se celebre el negocio jurídico propuesto por la ESSA.
b) Necesidad de la medida. “De acuerdo con el cual la adopción de la medida elegida
debe ser indispensable, dada la inexistencia de una alternativa distinta que sea tan
eficaz para satisfacer el fin de interés público al cual apunta, pero menos limitativa del
otro u otros principios, derechos o intereses en tensión”
La medida seleccionada por la Administración “condonación” es necesaria por
dos razones, la primera porque la existencia de la obligación tributaria impide
la celebración de la donación, y la segunda, porque la limitación que efectúa a
los principios de Equidad, igualdad y justicia Tributaria es mínima “aparente”,
en cuanto que la Administración recibe un bien inmueble que incorpora los
dineros condonados.
c) Ponderación en sentido estricto. De acuerdo con el cual debe producirse un
equilibrio entre el perjuicio irrogado al derecho o interés que se limita y el beneficio
que de ello se deriva para el bien jurídico que la medida prohíja.
Principios y Derechos que se contraponen:
31
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Equidad, igualdad y justicia Tributaria vs Derecho a la propiedad, derecho al
deporte y la recreación, y el derecho a la cultura.
La medida, en el asunto bajo estudio, si bien limita los principios de equidad,
igualdad y justicia tributaria, permite un alto grado de satisfacción de los
derechos a la propiedad de la ESSA, de los derechos al deporte y la recreación,
y a la cultura de los habitantes de la ciudad de Barrancabermeja.
Sumado a lo anterior que, la tramitación del proyecto de acuerdo le reporta a la
Administración los siguientes beneficios: a) Le permitirá adquirir un predio
cuyo avalúo catastral asciende a la suma de $ 1.454.122.000,0o; b) Evita los
costos relacionados con el trámite de jurisdicción coactiva que adelante el
Distrito en contra de la ESSA S.A. E.S.P, y las eventuales reclamaciones
patrimoniales que se deriven de ese proceso; c) Una vez formalizada la
propiedad del predio, le permite al Distrito realizar inversiones en pro de los
derechos a la recreación, a la práctica del deporte, y al aprovechamiento del
tiempo libre; d) Permite evitar eventuales litigios relacionados con la titularidad
del derecho de dominio, así como la configuración de un daño antijuridico; y e)
Facilita la normalización predial en cumplimiento a la norma de saneamiento de
activos.
11.3. Conclusiones en el caso concreto.
La medida propuesta es razonable, en cuanto que tiene como fundamento la
necesidad de superar una situación de hecho -descrita en el punto i del V de la
exposición de motivos- propiciada por el Ente Territorial, sumado a ello que
dirige a un solo sujeto pasivo de la obligación tributaria -Electrificadora de
Santander S.A. E.S.P.-.
A su vez, no quebranta los principios de igualdad ni de equidad tributaria,
debido a que las circunstancias que rodean el caso del contribuyente le
imprimen una condición diferente -la ocupación de hecho generada por un
actuar de la Administración Distrital le ha impedido gozar y disfrutar de predio
del cual se predica el impuesto- a la de los demás, y por ello en virtud del
principio de justicia distributiva es viable darle un trato diferenciado.
Por todo lo anterior, el Concejo Distrital,
ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al Alcalde Distrital para que condone las
obligaciones tributarias por concepto de impuesto predial a cargo de la Empresa
Electrificadora de Santander S.A. E.S.P con respecto al predio identificado con
matrícula inmobiliaria No. 303-24741 y número predial 010203370001000 "Cancha
Floresta", ubicada entre las carreras 3ª y 32 con calles 71 y 73 del Barrio del mismo
nombre, bajo la condición que el bien inmueble sea transferido vía donación a
favor del Distrito de Barrancabermeja.
PARÁGRAFO PRIMERO: La autorización se entiende conferida por el término de 12
meses.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La condonación aprobada no produce efectos frente a la
sobretasa ambiental.
ARTÍCULO SEGUNDO: El Presente Acuerdo rige a partir de su sanción y publicación.
[…]”. (Negrilla fuera de texto).
32
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107. El 6 de septiembre de 2024 la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja expidió el
certificado núm. 2400002869, en el que hace constar que el predio objeto del caso
concreto se encuentra a paz y salvo por el impuesto predial unificado. Asimismo, se
aportó estado de cuenta del mismo impuesto emitida por la alcaldía de
Barrancabermeja el 7 de octubre de 2025, en la cual se hace constar que el predio
se encuentra al día de todos los impuestos, incluida la sobretasa ambiental.
108. El secretario de Hacienda del distrito de Barrancabermeja informó mediante
comunicación de febrero de 202668: i) que “[…] Previo a la protocolización de la
escritura pública y al registro del traslado de dominio, se efectuaron pagos
asociados al impuesto predial unificado, dentro de los cuales se encontraba incluida
la sobretasa ambiental, tributo que, para el momento de los hechos, se encontraba
a cargo del anterior titular del bien. […]”; ii) “[…] El pago de la sobretasa ambiental
respecto del predio Cancha La Floresta no constituía un requisito legal
indispensable de paz y salvo exigido por la Notaría ni por la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos para perfeccionar la escritura pública de donación y el
traslado del dominio a favor del Distrito. […]”; y iii) “[…] No obstante, lo anterior,
dicho pago no puede ser considerado un pago de lo no debido, en la medida en que
correspondía a una obligación tributaria legalmente existente y su asunción
permitió asegurar el ingreso del inmueble al patrimonio público sin
contingencias fiscales. […]”. (Negrilla fuera de texto).
109. Mediante escritura núm. 3644 de 27 de diciembre de 2024 69, inscrita ante la
Superintendencia de Notariado y Registro el 21 de febrero de 202570, la
Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. realizó la donación del precitado inmueble
en favor del distrito especial de Barrancabermeja, el cual tuvo un avalúo comercial
de dos mil cuatrocientos setenta y un millones ciento cuarenta y ocho mil pesos
($2.471.148.000)71.
110. Deacuerdo con los medios de prueba referidos en precedencia, la Sala
considera que frente a los concejales Jhon Blert Corena Ahumada y Josué Jovid
Taborda Moreno no se configura la causal de pérdida de investidura invocada, toda
vez que, conforme con las certificaciones expedidas los días 19 de enero, 22 de
enero y 6 de febrero de 2026 por la Secretaria Ad-Hoc del Concejo Distrital de
Barrancabermeja, estos no participaron en la aprobación del acuerdo núm. 005 de
2024, actuación respecto de la cual se les endilgó el conflicto de intereses.
111. Enconsecuencia, se negará la solicitud de pérdida de investidura de los
concejales Jhon Blert Corena Ahumada y Josué Jovid Taborda Moreno.
112. De otro lado, para efectos de determinar si los demás concejales accionados
incurrieron o no en indebida destinación de dineros públicos al aprobar el Acuerdo
núm. 005 de 2024, resulta relevante resaltar que el artículo primero se orientó no a
68
Cfr. Índice 55 del expediente digital de primera instancia.
69
Cfr. Índice 4 del expediente digital de primera instancia. Páginas 152 a 165 y 277.
70
Cfr. Índice 30 del expediente digital de primera instancia. Página 85.
71
Cfr. Índice 4 del expediente digital de primera instancia. Página 270.
33
Radicación núm.: 68001-23-33-000-2025-00748-01
Accionante: Miguel Velasco Ferreira
la disposición de dineros públicos sino a “[…] Autorizar […]” al alcalde distrital de
Barrancabermeja para que realizara dos actuaciones, a saber:
112.1. Condonar las obligaciones tributarias por concepto de impuesto predial a cargo
de la Empresa Electrificadora de Santander S.A. E.S.P con respecto al predio
identificado con matrícula inmobiliaria No. 303-24741 y número predial
010203370001000, “Cancha La Floresta”, ubicada entre las carreras 3ª y 32 con
calles 71 y 73 del barrio del mismo nombre; y
112.2. Celebrar un contrato de donación con la Electrificadora de Santander S.A.
E.S.P. mediante el cual se transferiría al ente territorial el bien inmueble denominado
“Cancha La Floresta”.
113. Se debe resaltar adicionalmente que la autorización al alcalde para condonar el
impuesto predial unificado a cargo de la Empresa Electrificadora de Santander S.A.
E.S.P., no operaba en forma automática, sino que se encontraba sujeto a una
condición, a saber “[…] que el bien inmueble sea transferido vía donación a favor
del Distrito de Barrancabermeja. […]”.
114. Asimismo, los parágrafos primero y segundo del precitado acuerdo
establecieron: i) que la autorización otorgada se entendía conferida por el término
de 12 meses; y ii) “[…] La condonación aprobada no produce efectos frente a la
sobretasa ambiental. […]”. (Negrilla fuera de texto).
115. En este punto, la Sala resalta que el acuerdo núm. 005 de 2024 no se orientó a
la dación de un inmueble en parte de pago, como lo interpretó el tribunal, sino que
se trató de una autorización para condonar una obligación tributaria con el objeto de
viabilizar la transferencia vía donación de un bien inmueble al ente territorial.
116. Clarificado lo anterior, la Sala considera que, si bien, el proyecto de acuerdo
inicialmente había sido presentado indicando en el parágrafo segundo del artículo
primero que la administración distrital se haría cargo del pago de los valores que se
adeudaran a la Corporación Autónoma Regional de Santander por concepto de la
precitada sobretasa ambiental72, lo cierto es que en el trámite del debate el
contenido del artículo fue modificado con el propósito de indicar exclusivamente que
la condonación aprobada no producía efectos frente a la sobretasa ambiental.
117. Lo anterior tuvo como fundamento que el pago de la sobretasa no era requisito
para el trámite de la donación del inmueble en favor del distrito; y que se debía
permitir que la administración distrital explorara otras alternativas orientadas a lograr
el recaudo de la precitada sobretasa, sin que, se reitera, fuera necesaria su
condonación con miras a lograr la transferencia del inmueble denominado “Cancha
La Floresta”.
72
“[…] PARÁGRAFO SEGUNDO: La condonación aprobada no produce efectos frente a la sobretasa ambiental por esa
razón la Administración Distrital se hará cargo del pago de los valores que se le adeuden a la Corporación Autónoma de
Santander C.A.S por dicho concepto. […]”.
34
Radicación núm.: 68001-23-33-000-2025-00748-01
Accionante: Miguel Velasco Ferreira
118. En ese orden de ideas, el pago que realizó el distrito especial de
Barrancabermeja en relación con la sobretasa ambiental no encuentra fundamento
en la autorización otorgada por el concejo distrital al alcalde, mediante el Acuerdo
núm. 005 de 2024, sino que se trató de una actuación autónoma de la administración
municipal que no se deriva de la expedición del acuerdo, sino que se enmarca en
un acto de ejecución cuya competencia era del resorte de la administración
municipal.
119. Por ende, no es procedente derivar de dicho pago la existencia de una indebida
destinación de dineros públicos atribuible a los concejales, como lo pretende el
accionante en su recurso de apelación.
120. Ahora bien, como se indicó anteriormente, la indebida destinación de dineros
públicos se concreta cuando un miembro de una corporación pública, en su
condición de servidor público, de manera directa o indirecta, destina o aplica dineros
públicos a fines diferentes, prohibidos, injustificados o no autorizados por la
Constitución, la ley o el reglamento, ya sea en provecho propio o de un tercero73.
121. Conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, se “[…] entiende que la
indebida destinación de los dineros públicos puede ser directa, cuando el
congresista es ordenador del gasto, administrador o depositario de los bienes
públicos, o puede ser indirecta, como ocurre en los casos en que sin tener
ninguna de las dos condiciones mencionadas, el congresista ejerciendo las
funciones del cargo traiciona, cambia o distorsiona los fines y cometidos
estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento, porque
desvía los dineros públicos a fines distintos de los previstos por medio de
instrumentos, como por ejemplo, los contratos o las autorizaciones para el pago de
salarios […]”74. Por lo que ello conlleva al detrimento patrimonial del Estado.
(Negrilla fuera de texto).
122. Aunado a lo anterior, esta Sección ha reiterado que uno de los presupuestos
para la configuración de la causal por indebida destinación de dineros es que
implique la distorsión de las finalidades del gasto75.
123. En relación con la autorización contenida en el artículo primero para condonar
la deuda del impuesto predial unificado y celebrar el contrato de donación con la
Electrificadora de Santander S.A. E.S.P., la Sala resalta que el artículo 313 de la
Constitución Política establece que corresponde a los concejos: “[…] 3. Autorizar al
alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que
corresponden al Concejo. […]”.
73
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 22 de noviembre de 2016. Expediente
radicación nro. 11001-03-15-000-2015-02938-00. C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
74
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala 27 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura.
Sentencia del 3 de diciembre de 2019. Expediente radicación nro. 11001-03-15-000-2019-00771 00. C.P. Rocío Araújo Oñate.
75
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 18 de octubre de 2019.
CExpediente radicación nro. 85001-23-33-000-2017-00223 01. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
35
Radicación núm.: 68001-23-33-000-2025-00748-01
Accionante: Miguel Velasco Ferreira
124. A su turno, el artículo 315 de la Constitución Política establece en su numeral
3. que corresponde a los alcaldes: “[…] Dirigir la acción administrativa del municipio;
asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo.
[…]”.
125. En relación con el alcance de las “[…] autorizaciones […]” otorgadas por los
concejos municipales a los alcaldes, esta Corporación en sentencias de 14 de
agosto de 201476, 12 de noviembre de 201577 y 30 de mayo de 201978 consideró
que, en principio, la aprobación de acuerdos que otorgan autorizaciones al alcalde
no implican para los concejales indebida destinación de dineros públicos porque: i)
se ejerce por los concejales la función de autorización y no la de ordenación del
gasto; ii) una cosa es la autorización y otra la celebración de un contrato o de otra
clase de acto jurídico, como en este caso el de donación o la condonación de una
deuda; iii) corresponde al alcalde la autonomía de decidir si hace uso o no de la
autorización otorgada por el concejo; y iv) si en la ejecución de la autorización “[…]
se presentan irregularidades, éstas no son atribuibles a los concejales que
participan en la aprobación de un acuerdo que autoriza al burgomaestre local para
[…]” realizar una actuación determinada.
126. La Sala tampoco encuentra probado que los concejales hubieren incurrido en
indebida destinación de dineros públicos en forma indirecta, por distorsionar las
finalidades del gasto o por haber traicionado, cambiado o distorsionado los fines y
cometidos estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento.
127. En efecto, las pruebas permiten concluir que la finalidad del acuerdo núm. 005
de 2024 no fue la condonación en sí misma del impuesto predial unificado a la
Electrificadora de Santander S.A. E.S.P., como parece entenderlo el accionante,
sino viabilizar la donación de un bien inmueble que, si bien, era de propiedad de la
precitada empresa, presentaba la condición de bien de uso público, se encontraba
identificado como “[…] SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO URBANO (Cancha)
[…]”79, e históricamente había “[…] sido de utilidad común y uso público para los
habitantes del sector y comunidad en general […]”80.
128. La condonación de la deuda por impuesto predial ascendía a ciento catorce
millones quinientos quince mil ochocientos pesos ($114.515.800) y tenía como
propósito materializar la adquisición por vía de donación del mismo inmueble, que
tenía un valor catastral de mil cuatrocientos cincuenta y cuatro millones ciento
veintidós mil pesos ($1.454.122.000).
129. Adicional a lo anterior, el acuerdo aprobado por los concejales realizó el estudio
de impacto fiscal, concluyendo, conforme indicó la administración distrital, que la
76
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 14 de agosto de 2014. Radicado
núm. 70001-23-31-000-2011-02209-01 C.P. doctor Marco Antonio Velilla Moreno.
77
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 12 de noviembre de 2015.
Radicado núm. 70001-23-33-000-2013-00041-01. C.P. doctor Roberto Augusto Serrato Valdés.
78
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 30 de mayo de 2019. Radicado
núm. 76001-23-33-000-2018-01065-01. C.P. doctor Oswaldo Giraldo López.
79
Cfr. Índice 4 del expediente digital de primera instancia. Página 134
80
Cfr. Índice 4 del expediente digital de primera instancia. Páginas 129 a 133.
36
Radicación núm.: 68001-23-33-000-2025-00748-01
Accionante: Miguel Velasco Ferreira
adopción del mismo “[…] no tiene afectación del Marco Fiscal de Mediano plazo en
los términos del artículo 7 de la ley 819 de 2003, teniendo en cuenta que no se está
reflejando en los ingresos corrientes, desde la vigencia 2018. […]”.
130. Ahora bien, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas por la Corte
Constitucional en la sentencia C-511 de 8 de octubre de 199681 en torno a la regla
general de improcedencia de condonaciones y amnistías y los parámetros que
estableció para su procedencia excepcional, los concejales realizaron un análisis de
la justificación de la medida de condonación orientada a la obtención del inmueble,
desde las perspectivas de proporcionalidad y razonabilidad.
131. En relación con la idoneidad de la medida, el acuerdo explicó que “[…] La
medida escogida por la Administración “condonación” es idónea para extinguir la
obligación tributaria que grava el bien inmueble, y con ello permite que
posteriormente se celebre el negocio jurídico propuesto por la ESSA. […]”.
(Negrilla fuera de texto).
132. Sobre la necesidad de la medida, el acto administrativo consideró que “[…] La
medida seleccionada por la Administración “condonación” es necesaria por dos
razones, la primera porque la existencia de la obligación tributaria impide la
celebración de la donación, y la segunda, porque la limitación que efectúa a los
principios de Equidad, igualdad y justicia Tributaria es mínima “aparente”, en cuanto
que la Administración recibe un bien inmueble que incorpora los dineros
condonados. […]”. (Negrilla fuera de texto).
133. En relación con la ponderación en sentido estricto, el acuerdo indicó que en
efecto se observaba una confrontación entre, por un lado, los principios y derechos
de equidad, igualdad y justicia tributaria; y, por el otro, los derechos a la propiedad,
al deporte y la recreación, y el derecho a la cultura.
81
M.P. doctor Eduardo Cifuentes Muñoz. En dicha sentencia, la Corte Constitucional explicó lo siguiente: “[…] 11. Al lado de
las amnistías o saneamientos genéricos del tipo que se ha analizado y que, por los motivos expresados, violan la Constitución,
pueden presentarse otros que adopten la forma de descuentos o exenciones, o que tengan en últimas un efecto exonerativo
semejante, y que se ajusten a la Constitución. En este caso, deberá poder deducirse del propio texto de las normas y de su
exposición de motivos respectiva, lo mismo que de las intervenciones del Gobierno y del Congreso, que tengan lugar con
ocasión del proceso de constitucionalidad, la causa excepcional, que justifique la medida exonerativa y que la haga razonable
y proporcionada respecto de los hechos concretos que la motivan.
Sin agotar las causas que teóricamente pueden constituir el presupuesto de estas amnistías, cabe sostener que el
acaecimiento de ciertas circunstancias vinculadas a crisis económicas, sociales o naturales que afecten severamente al fisco,
a toda la población o a una parte de ella, o a un sector de la producción, podrían permitir a nivel nacional al Legislador, previa
iniciativa del Gobierno (C.P. art., 154) - dado el efecto material liberatorio y su efecto final en la eliminación de créditos fiscales-
, exonerar o condonar total o parcialmente deudas tributarias, siempre que la medida sea en sí misma razonable,
proporcionada y equitativa.
En suma, las amnistías o saneamientos como el que consagran las normas estudiadas, en principio son inconstitucionales.
Sin embargo, lo anterior no es óbice para que en situaciones excepcionales, puedan adoptarse medidas exonerativas de
orden económico o fiscal debidamente justificadas que contrarresten los efectos negativos que puedan gravar de una manera
crítica al fisco, reducir sustancialmente la capacidad contributiva de sus deudores o deprimir determinados sectores de la
producción. Naturalmente, por tratarse de casos excepcionales y por la necesidad de que el alcance de las medidas guarde
estricta congruencia con la causa y la finalidad que las anime, la carga de la justificación de que el régimen excepcional que
se adopta es razonable y proporcionado, y que se sustenta en hechos reales, corresponderá a los autores y defensores del
mismo y, en consecuencia, se examinará por la Corte en cada oportunidad, mediante la aplicación de un escrutinio
constitucional riguroso. […]”.
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Accionante: Miguel Velasco Ferreira
134. Al respecto, explicó que, si bien, la condonación “[…] en el asunto bajo estudio,
[…] limita los principios de equidad, igualdad y justicia tributaria, permite un alto
grado de satisfacción de los derechos a la propiedad de la ESSA, de los derechos
al deporte y la recreación, y a la cultura de los habitantes de la ciudad de
Barrancabermeja. […]”. (Negrilla fuera de texto).
135. En ese orden, contrario a lo manifestado por el accionante, el acuerdo no se
orientó a beneficiar a un solo contribuyente en contra de los principios de
generalidad y equidad tributaria, sino que se trató de una medida orientada a
garantizar los fines esenciales del estado y, en especial, el bienestar de la
comunidad mediante la definición de un escenario orientado a garantizar, se reitera,
los derechos al deporte y la recreación, y a la cultura de los habitantes de la ciudad
de Barrancabermeja.
136. Asimismo, se explicó que el trámite del proyecto de acuerdo le reporta a la
Administración diversos beneficios, entre ellos: i) permitirá al distrito adquirir un
predio cuyo avalúo catastral asciende a la suma de mil cuatrocientos cincuenta y
cuatro millones ciento veintidós mil pesos ($1.454.122.000); ii) evita los costos
relacionados con el trámite de jurisdicción coactiva que tendría que adelantar el
distrito en contra de la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P, y las eventuales
reclamaciones patrimoniales que se deriven de ese proceso; iii) una vez formalizada
la propiedad del predio, le permite al distrito realizar inversiones en pro de los
derechos a la recreación, a la práctica del deporte, y al aprovechamiento del tiempo
libre; iv) permite evitar eventuales litigios relacionados con la titularidad del derecho
de dominio, así como la configuración de un daño antijuridico; y v) facilita la
normalización predial en cumplimiento a la norma de saneamiento de activos.
137. La Sala considera que desde la perspectiva del juicio sancionatorio de pérdida
de investidura, en este caso no se encuentra probado que los concejales
accionados al haber participado en la aprobación del Acuerdo núm. 005 de 2024,
“[…] POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA CONDONACIÓN DE UNA
OBLIGACIÓN TRIBUTARIA CONDICIONADA A LA TRANSFERENCIA DE UN
BIEN INMUEBLE […]”, hubieren incurrido en indebida destinación de dineros
públicos.
138. Ello
por cuanto, en el caso concreto los concejales no actuaron como
ordenadores del gasto, sino que otorgaron al alcalde una autorización cuyo fin último
era adquirir un inmueble que tenía la condición de bien de uso público.
139. Tampoco se configuró la indebida destinación de recursos de manera indirecta,
dado que, con su actuación, los concejales no distorsionaron las finalidades del
gasto, que es uno de los presupuestos que se requiere para que se configure la
causal de pérdida de investidura. Mucho menos se trató de una medida orientada a
generar un incremento patrimonial de la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P.
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Accionante: Miguel Velasco Ferreira
140. En ese orden, como lo consideró el tribunal: i) no existió apropiación indebida
de recursos públicos; ii) no se produjo un detrimento patrimonial del distrito; iii) no
se evidenció desviación funcional de los recursos fiscales; iv) no hubo afectación
real al patrimonio público; v) no hubo desviación de recursos ni lesión concreta al
interés general; vi) no hubo disposición caprichosa de recursos; vii) no existió
condonación gratuita de obligaciones tributarias; y viii) no se probó afectación
patrimonial negativa para la entidad territorial.
141. La Sala resalta que el ejercicio de una función constitucional, como ocurre en
este caso concreto, no puede conllevar a la indebida destinación de dineros
públicos. Cosa distinta es que si al ejercerla se incurre en violación de la
Constitución Política o de la Ley, los actos respectivos puedan ser susceptibles del
medio de control correspondiente y con ello puedan acarrear responsabilidad
disciplinaria o fiscal.
142. En todo caso, como lo ha señalado esta Sección en otras oportunidades, los
vicios de nulidad de un acuerdo no comportan la desinvestidura de los concejales,
por no estar prevista dicha situación en forma taxativa dentro de las causales
establecidas por la Constitución y la ley82.
143. Así las cosas, no se encuentra probado que los concejales accionados, señores
Néstor Robert Álvarez Moreno, Jaser Cruz Gambindo, Jorge Luís Escalante Viana,
Ceferino Garay Caballero, José Armando Jaime Oviedo, Tania Andrea Mogollón
Zapata y Ariel de Jesús Zambrano González hubieren incurrido en la causal de
pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos y con ello que
hubieren destinado dineros a objetos, actividades o propósitos no autorizados; a
objetos, actividades o propósitos autorizados pero diferentes a los cuales esos
dineros se encuentran asignados; o a objetos, actividades o propósitos
expresamente prohibidos.
144. En esas condiciones, al no haberse probado el tercer supuesto exigido para la
configuración de la causal de pérdida de investidura endilgada a los concejales, la
Sala considera que no se configura el elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos, prevista en los numerales
3. del artículo 55 de la Ley 136 y 4. del artículo 48 de la Ley 617.
145. Consecuencialmente, la Sala queda relevada de analizar el elemento subjetivo
de la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos,
toda vez que este estudio procede en el evento de que se encuentre configurado el
elemento objetivo, lo cual no ocurrió en este caso.
82
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 27 de julio de 2017. C.P.
Hernando Sánchez Sánchez. Expediente radicación nro. 05001-23-33-000-2016-02241-01(PI). Reiterada en sentencia del 30
de mayo de 2019. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro. 76001-23-33-000-2018-01065-01.
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Accionante: Miguel Velasco Ferreira
II.6. Conclusiones
146. A partir de una valoración integral de los medios de prueba que obran en el
expediente, no se demostró que los concejales del distrito especial de
Barrancabermeja, señores Néstor Robert Álvarez Moreno, Jhon Blert Corena
Ahumada, Jaser Cruz Gambindo, Jorge Luís Escalante Viana, Ceferino Garay
Caballero, José Armando Jaime Oviedo, Tania Andrea Mogollón Zapata, Josué
Jovid Taborda Moreno y Ariel de Jesús Zambrano González, hayan incurrido en la
causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos
prevista en los numerales 3. del artículo 55 de la Ley 136 y 4. del artículo 48 de la
Ley 617, con ocasión de la aprobación del Acuerdo núm. 005 de 2024 “[…] POR
MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA CONDONACIÓN DE UNA OBLIGACIÓN
TRIBUTARIA CONDICIONADA A LA TRANSFERENCIA DE UN BIEN INMUEBLE
[…]”.
147. Por estas razones, la Sala confirmará la sentencia de 23 de febrero de 2026,
proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Santander, mediante la
cual se negaron las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 23 de febrero de 2026, proferida por la
Sala Plena del Tribunal Administrativo de Santander, conforme con las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
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Accionante: Miguel Velasco Ferreira
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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