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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2025-00775-01

Fecha
27 de febrero de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2025-00775-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Santander que declaró improcedente la acción de tutela que 12 Radicado: 68001-23-33-000-2025-00775-01 Demandante: Hernando Murillo León interpuso Hernando Murillo León en contra del Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Barrancabermeja, la Nación- Ministerio de Educación y la Secretaria de Educación de Barrancabermeja. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 68001-23-33-000-2025-00775-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

27 de febrero de 2026

Radicado: 68001-23-33-000-2025-00775-01
Demandante: Hernando Murillo León

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., Veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 68001-23-33-000-2025-00775-01
Accionante: Hernando Murillo León
Accionados: Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de
Barrancabermeja y otros
Referencia: Acción de tutela

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales de procedencia. Subsidiariedad – improcedencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante en contra de la sentencia
del 12 de diciembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El señor Hernando Murillo León, en nombre propio, promovió acción de tutela con el
propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al
buen nombre y a la honra, los cuales estimó vulnerados por Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito de Barrancabermeja, la Nación-Ministerio de Educación
y la Secretaría Distrital de Educación de Barrancabermeja. Indicó que la presunta
afectación se concreta en la imposibilidad de participar en el concurso de ascenso
regulado por el Decreto 0953 de 2025 y la Resolución 018987 de 2025, así como en la
convocatoria de traslado prevista en la Resolución 3365 de 2025, mediante la cual se
convocó al proceso ordinario de traslados de docentes y directivos docentes.

Precisó que dicha situación tiene origen en la expedición de la Resolución 1104 de 2004,
proferida por la Secretaría Distrital de Educación de Barrancabermeja, por medio de la
cual se dispuso su retiro inmediato del aula de clase y su reasignación a actividades
administrativas. Indicó que ese acto administrativo fue demandado en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, proceso que cursa ante el Juzgado
segundo Administrativo Oral del Circuito de Barrancabermeja, bajo el radicado núm.
6808-13-33-3002-2024-00112-00.

Radicado: 68001-23-33-000-2025-00775-01
Demandante: Hernando Murillo León

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica 1:

2.1. El accionante señaló que el 6 de mayo de 2024 el señor Leonardo Mateus Bedoya,
en su condición de rector de la Institución Educativa Camilo Restrepo Restrepo, le
comunicó y notificó la Resolución núm. 1104, expedida en esa misma fecha por la
Secretaría de Educación Distrital, mediante la cual se dispuso el cese de sus labores
docentes en aula con los grados séptimo y octavo y su reasignación a funciones
administrativas.

2.2. Indicó que dicha determinación obedeció a una denuncia presentada ante el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar por una estudiante que cursaba grado octavo en el año
2020, situación que —afirmó— le fue informada más de 4 años después de ocurridos los
hechos. Sostuvo que desconoce la imputación formulada y negó haber incurrido en
conducta alguna en contra de sus educandos.

2.3. Manifestó que, con ocasión de la referida denuncia, se iniciaron actuaciones ante la
Fiscalía y ante la oficina de control interno, escenarios en los que se le informó que el
trámite se encontraba en etapa inicial. Señaló que realizó presentación personal ante la
Fiscalía 3 Local CAPIV y que la investigación disciplinaria interna inició el 12 de julio de
2024, fecha en la que solicitó rendir versión libre con el propósito de exponer su posición
frente a los hechos investigados.

2.4. Adujo que remitió comunicaciones los días 15 de mayo y 18 de junio de 2024 a la
Secretaría de Educación Distrital, en las que solicitó la ponderación de su situación
conforme a lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. No obstante, afirmó que
la entidad no dio respuesta ni adoptó medida alguna frente a su solicitud.

2.5. Sostuvo igualmente que la Resolución núm. 1104 vulneró sus derechos de defensa
y contradicción al indicar que no procedían recursos en vía administrativa, circunstancia
que, a su juicio, le impidió agotar la vía gubernativa y generó incertidumbre sobre el
cómputo de los términos para el ejercicio de acciones judiciales, además de desconocer
decisiones adoptadas en sede de tutela por autoridades judiciales.

2.6. En ese contexto, el 16 de septiembre de 2024 presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución núm.
1104 de 6 de mayo de 2024, expedida por la Secretaría de Educación Distrital de
Barrancabermeja, así como contra la Directriz Ministerial de 4 de marzo de 2022 del
Ministerio de Educación Nacional, que sirvió de fundamento a la decisión administrativa.

2.7. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo Oral del
Circuito de Barrancabermeja, bajo radicado núm. 68081-33-33-002-2024-00112-00,
autoridad que la admitió mediante auto del 16 de octubre de 2024.

1 Actuaciones del proceso ordinario incorporadas en SAMAI, en el siguiente link:

https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=6808133330022024001120
06808133

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Demandante: Hernando Murillo León

2.8. En el escrito de demanda, precisó que durante el año 2024 se abstuvo de participar
en concurso docente por encontrarse en trámite de convalidación de su título de maestría
en Educación —Gerencia y Planificación—, cuyos documentos fueron apostillados el 26
de agosto de 2025 ante el consulado de Venezuela en Bucaramanga y radicados ante el
Ministerio de Educación Nacional el 19 de septiembre de 2025 para su reconocimiento.

2.9. Con fundamento en lo anterior, solicitó ante el referido juzgado el decreto de medida
cautelar orientada a garantizar su participación en el proceso de ascenso y reubicación
docente del año 2025. Mediante auto del 2 de octubre de 2025, el Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito de Barrancabermeja negó la medida solicitada al
considerar que no existían elementos suficientes para ordenar su inclusión en el listado
de habilitados previsto en la Resolución núm. 018987 de septiembre de 2025 del
Ministerio de Educación Nacional.

2.10. Inconforme con dicha decisión, interpuso recurso de reposición y, en subsidio,
apelación, el cual fue resuelto mediante auto del 4 de febrero de 2026 que dispuso no
reponer la providencia y conceder el recurso de apelación en efecto devolutivo.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

La parte actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso,
al buen nombre, a la honra, a la participación y a la presunción de inocencia, al considerar
que las autoridades accionadas le han impedido participar en el concurso de ascenso y
reubicación docente, así como en el proceso de traslados correspondiente al año 2025.

Como medidas de protección, pidió ordenar a la Secretaría de Educación Distrital de
Barrancabermeja inaplicar la Resolución núm. 1104 de 2024; permitir su inscripción y
participación en los referidos procesos; restablecer sus funciones docentes; disponer su
reintegro al aula a partir del año 2026; y abstenerse de exigir requisitos que, a su juicio,
obstaculicen injustificadamente su acceso a tales convocatorias.

Sostuvo que la acción se fundamenta en el derecho constitucional a participar en
convocatorias públicas mientras no exista declaración judicial de responsabilidad penal
en su contra. En ese sentido, afirmó que las decisiones adoptadas por el Ministerio de
Educación Nacional y por la Secretaría de Educación desconocen el principio de
presunción de inocencia, en tanto derivan consecuencias jurídicas de una denuncia que
carece de valor probatorio definitivo.

Indicó que su exclusión de los procesos de ascenso y traslado afecta derechos derivados
del estatuto docente y altera sus condiciones laborales, pues fue apartado del ejercicio
de funciones en aula pese a haber accedido al cargo mediante concurso público de
méritos.

Señaló que la solicitud de medida cautelar formulada dentro del proceso contencioso
administrativo fue negada por falta de argumentación suficiente. Cuestionó dicha
determinación al estimar que sí acreditó la urgencia de la protección, particularmente en
relación con los efectos salariales y prestacionales asociados al ascenso. Reconoció, no

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Demandante: Hernando Murillo León

obstante, que incurrió en omisiones probatorias, como no aportar determinada directriz
ministerial, aunque sostuvo que el despacho judicial tampoco advirtió tal falencia en el
auto inadmisorio.

Añadió que la directriz aplicada por la administración resulta contraria a la normativa
vigente del régimen docente y vulnera el debido proceso, en cuanto parte de una
presunción de culpabilidad frente a una investigación en curso, en contravía, según
afirmó, de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

Finalmente, expuso que interpuso los recursos de reposición y apelación contra la
negativa de la medida cautelar, sin que a la fecha se hubiese adoptado decisión definitiva.
Manifestó que, además, se produjeron nuevas afectaciones al impedírsele solicitar
traslado a otra institución con vacante disponible. En su criterio, el transcurso del tiempo
sin una decisión judicial eficaz configura una vulneración actual y continua de sus
derechos fundamentales.

4. Trámite de tutela e intervenciones

Mediante auto del 2 de diciembre de 20252, el Tribunal Administrativo de Santander
admitió la acción y ordenó notificar a los sujetos procesales.

Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:

4.1. El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Barrancabermeja 3,
solicitó que se declare la improcedencia de la presente acción y remitió el enlace del
expediente a través del aplicativo SAMAI, con el fin de que se verificaran las actuaciones
surtidas dentro del proceso ordinario

Precisó que, en el caso bajo examen, se trataba de un proceso en trámite en el que se
habían observado las etapas procesales previstas por el ordenamiento jurídico, por lo
que no se configuraba afectación alguna al debido proceso, máxime cuando el actor
contaba con los recursos legales para controvertir las decisiones adoptadas, los cuales,
según indicó, habían sido resueltos oportunamente.

En ese sentido, señaló que el 9 de septiembre de 2024 se presentó la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho; mediante auto del 17 de septiembre de 2024 se
inadmitió; esta fue subsanada a través de memorial del 30 de septiembre de 2024; por
auto del 16 de octubre de 2024 se admitió la demanda; y el 18 de septiembre de 2025 el
actor solicitó el decreto de una medida cautelar, petición que fue negada en auto del 2 de
octubre de 2025, ante la ausencia de elementos de juicio suficientes que permitieran
acreditar su procedencia.

2
Índice 00005 del expediente digital de primera instancia, certificado A2150CCB8F067D1C 96E84412CC21CB9F
ED83EBAB82F49FD4 3A522BC81E327288.
3 Índice 000008 del expediente digital de primera instancia, certificado C689B94E8F66A9C5 BD066C04DE7B4721

9E6989789828807F 0135E405B1E61056.

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Radicado: 68001-23-33-000-2025-00775-01
Demandante: Hernando Murillo León

Con fundamento en lo anterior, sostuvo que las actuaciones habían sido proferidas dentro
de un término razonable, atendiendo el turno de resolución de los asuntos a cargo del
despacho, sin que se evidenciara mora judicial ni omisión de etapas procesales que
permitiera inferir vulneración del derecho fundamental al debido proceso.

4.2. La Alcaldía Distrital de Barrancabermeja 4, solicitó negar las pretensiones de la
acción constitucional o, en su defecto, declarar su improcedencia por existir otro
mecanismo de defensa judicial. Señaló que cualquier inconformidad relacionada con el
trámite administrativo debe ventilarse ante el juez contencioso administrativo y no ante el
juez constitucional, más aún cuando el ordenamiento prevé instrumentos eficaces dentro
del proceso ordinario, tales como la posibilidad de solicitar medidas cautelares conforme
al artículo 229 de la Ley 1437 de 2011, disposición que autoriza al juez a decretarlas en
cualquier estado del proceso para proteger provisionalmente el objeto del litigio y la
efectividad de la sentencia, sin que ello implique prejuzgamiento.

Indicó que la improcedencia resulta evidente, por cuanto el actor adelanta proceso ante
el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Barrancabermeja en el que
cuestiona la legalidad de la Resolución No. 1104, circunstancia que activa la causal
prevista en el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991; añadió que el accionante dispone de
alternativas como acudir a tutela contra providencias judiciales si estima configurada una
denegación de justicia, o esperar la decisión de fondo dentro del proceso admin istrativo.

Sostuvo además que la Resolución No. 1104 es legal, legítima y proporcional, por
haberse expedido en ejercicio de competencias legales y en cumplimiento de la Directriz
Ministerial de 4 de marzo de 2022 orientada a la protección de la comunidad educativa
frente a presuntos delitos sexuales; precisó que la medida adoptada tiene carácter
preventivo y provisional, no comporta sanción ni declaración de culpabilidad, y constituye
una restricción legítima al derecho a participar en concursos, sin desconocer la
presunción de inocencia del actor.

Afirmó que no se configura vulneración directa ni inminente de derechos fundamentales,
pues el accionante no acreditó arbitrariedad en la expedición del acto ni agotó los
recursos disponibles, dado que interpuso reposición y apelación contra la decisión que
negó la medida cautelar sin esperar su resolución, circunstancia que excluye el uso de la
tutela como mecanismo sustitutivo del trámite ordinario.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 12 de diciembre de 20255, el Tribunal Administrativo de
Santander, declaró improcedente la acción de tutela por no superarse el requisito de
subsidiariedad.

La Sala advirtió que la pretensión del accionante consistía en ordenar a la Secretaría de

4
Índice 000009 del expediente digital de primera instancia, certificado E09BCD910D902D47 F9E494B24505C5C1
FFB36BB2E7463038 3AB8743425E5CFDB.
5 Índice 00013 del expediente digital de primera instancia, certificado 9E56CFFBD0856BD5 D076C906BFB643C1

02CF3CC4A654C90B C7102B92CD8582F1.

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Demandante: Hernando Murillo León

Educación Distrital de Barrancabermeja la inaplicación de la Resolución No. 1104 del 6
de junio de 2024, permitir su participación en el concurso de ascenso y reubicación
docente y en la convocatoria de traslados del año 2025, así como restablecer sus
funciones docentes y disponer su reintegro al aula a partir de 2026.

Al analizar el caso, concluyó que no se cumplía el requisito de subsidiariedad, en tanto el
actor dispone de medios ordinarios de defensa judicial idóneos y eficaces para
controvertir el acto administrativo cuestionado. Precisó que la legalidad de dicho acto
debe ser examinada por el juez natural, esto es, la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
trámite que ya se encuentra en curso dentro del proceso radicado No. 68081-33-33-002-
2024-00112-00 ante el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de
Barrancabermeja.

Destacó, además, que en dicho proceso se negó la medida cautelar solicitada mediante
auto del 2 de octubre de 2025 y que los recursos de reposición y apelación interpuestos
contra esa decisión permanecían pendientes de resolución, lo que confirma la existencia
de un mecanismo judicial en trámite y apto para resolver la controversia. Señaló
igualmente que el actor conserva la posibilidad de solicitar nuevamente la medida
cautelar en los términos del artículo 233 de la Ley 1437 de 2011.

6. Impugnación

El accionante presentó escrito de impugnación6 contra la decisión de primera instancia,
al considerar acreditados los hechos que sustentan su acción y la configuración de un
perjuicio irremediable. Señaló que perdió la oportunidad de participar en el proceso de
traslado docente, al haberse designado a otro docente en la vacante, lo que torna
irreversible la afectación alegada.

Indicó que acudió a la tutela ante la falta de decisión oportuna del Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito de Barrancabermeja respecto de los recursos
interpuestos contra la negativa de la medida cautelar, circunstancia que, a su juicio,
evidencia la ineficacia del medio ordinario de defensa y desvirtúa la subsidiariedad. En
ese sentido, sostuvo que la mora judicial impidió una protección efectiva de sus derechos
fundamentales.

Adicionalmente, afirmó que persiste el riesgo de afectación frente a su participación en el
concurso de ascenso y reubicación docente previsto para 2026, con incidencia en su
proyección salarial y pensional, por lo que solicitó revocar la decisión impugnada y
conceder el amparo solicitado.

6 Índice 00016 del expediente digital de primera instancia, certificado F809C55216622FC3 F2845BBA06115CC4

1E2BC7E64AD9A5C4 06AF01447AB19509.

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Radicado: 68001-23-33-000-2025-00775-01
Demandante: Hernando Murillo León

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 32
del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque
Hernando Murillo León es el titular de las garantías constitucionales que afirma fueron
vulneradas, en su condición de demandante dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con radicado núm. 6808-13-33-3002-2024-
00112-00.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva porque el Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito de Barrancabermeja es la autoridad que conoce
del proceso del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y que, según el
tutelante, vulneró sus derechos fundamentales.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del
12 de diciembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que
declaró improcedente la acción de tutela.

Para el efecto, es necesario establecer si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 20057 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que

7 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Radicado: 68001-23-33-000-2025-00775-01
Demandante: Hernando Murillo León

habilitan la interposición de la tutela 8 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 9.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”10.

4.1. Subsidiariedad.

El carácter subsidiario de la acción de tutela está definido expresamente en el artículo 86
Superior como presupuesto general de procedencia de la precitada acción, al establecer
que “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable”. A su vez, dicho presupuesto se desarrolló en el artículo 6º numeral 1º del
Decreto 2591 de 1991.

Estas disposiciones son claras al establecer que la acción de tutela no es un mecanismo
principal de defensa de los derechos fundamentales, por lo tanto, se debe acudir a los
mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa que resulten idóneos y eficaces para
su amparo, con el fin de: i) prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta a la
que adelanta el proceso ordinario; ii) que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta
los mecanismos de defensa diseñados por el Legislador; y iii) qu e los ciudadanos
observen un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es esta la forma
de enmendar deficiencias, errores o descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas
al interior de un proceso judicial 11.

8 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de

los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
9 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los defectos

o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna
de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico,
que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad
judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el
material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina
en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o
existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad
judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decis ión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
9 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
11 Ver sentencia de la Corte Constitucional T-017 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa.

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Sobre el particular, en la sentencia T – 053 de 2020, la Corte Constitucional precisó los
siguientes tres eventos que hacen improcedente la tutela contra providencia judicial por
no superar el requisito de subsidiariedad:

“[...] (i) cuando el asunto está en trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado
los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios; y (iii) si se usa para revivir
etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el
ordenamiento jurídico” (La Sala subraya).

Por lo anterior, la Corte Constitucional precisa que la tutela no se puede emplear para
“obtener un pronunciamiento más rápido sin el agotamiento de las instancias ordinarias
de la respectiva jurisdicción”12, los tutelantes no pueden pretender que el juez
constitucional invada las competencias del juez ordinario para resolver el conflicto.

En atención al carácter exceptivo de la acción de tutela, la Corte Constitucional en
Sentencia T-396 de 2014, advierte que el amparo constitucional resulta improcedente
cuando se pretende emplear para reabrir un asunto litigioso que, por negligencia,
descuido o distracción de las partes, se encuentra debidamente resuelto. En tal sentido,
desde los primeros pronunciamientos de la Corporación Constitucional, se ha indicado:

“Si existiendo el medio judicial, el interesado deja de acudir a él y, además,
pudiendo evitarlo, permite que su acción caduque, no podrá más tarde apelar a la
acción de tutela para exigir el reconocimiento o respeto de un derecho suyo. En
este caso, tampoco la acción de tutela podría hacerse valer como mecanismo
transitorio, pues esta modalidad procesal se subordina a un medio judicial
ordinario que sirva de cauce para resolver de manera definitiva el agravio o lesión
constitucional.” 13

Con fundamento en lo anterior, se reitera la posición de la Corte Constitucional, pues la
acción de tutela no puede usarse como un mecanismo accesorio para reabrir términos
de caducidad vencidos, pues con esto se vulneraría la seguridad jurídica y desvirtu aría
su propósito. Quien alegue la vulneración de sus derechos fundamentales debe haber
agotado previamente los mecanismos de defensa previstos en la ley. Esto responde al
principio de subsidiariedad, que impide que la tutela se convierta en una instancia
adicional del proceso judicial o en un medio para corregir omisiones y errores de las
partes.

5. Caso concreto

La Sala anuncia que confirmará la decisión de primera instancia porque la presente
acción constitucional no cumple con el requisito de subsidiariedad, por las razones que
se exponen a continuación:

5.1. Del análisis del escrito de tutela se advierte que el actor solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al buen nombre, a la honra, a la participación
y a la presunción de inocencia, al considerar que se le impidió participar en el concurso

12
Corte Constitucional, Sentencia SU-599 de 1999, reiterada en la Sentencia T-610 de 2015.
13 sentencia SU-111 de 1997, reiterado, entre otras, en las sentencias T-1588 de 2000, T-983 de 2001, T-1217 de

2003, T-1140 de 2005, T-1009 de 2006, T-373 de 2007, T-472 de 2008, T-175 de 2011 y T-882 de 2009.

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Demandante: Hernando Murillo León

de ascenso y reubicación docente, así como en el proceso ordinario de traslados
correspondiente al año 2025. En consecuencia, solicitó ordenar la inaplicación de la
Resolución núm. 1104 de 2024; permitir su inscripción en dichos procesos; restablecer
sus funciones docentes y disponer su reintegro al aula a partir del año 2026; y abstenerse
de imponer exigencias que, a su juicio, dificultan su participación.

Sustentó su solicitud en que no existe declaración judicial de responsabilidad penal en su
contra y que, pese a ello, las decisiones administrativas han derivado consecuencias
desfavorables de una denuncia que aún no ha sido objeto de definición judicial, lo cual,
según afirmó, ha afectado derechos derivados del estatuto docente y alterado sus
funciones laborales al apartarlo del ejercicio en aula.

Asimismo, cuestionó la negativa de la medida cautelar decretada en el proceso
contencioso administrativo, al estimar que sí se encontraba acreditada la urgencia
derivada de los efectos salariales asociados al ascenso. Si bien reconoció omisiones
probatorias en su solicitud, sostuvo que tales falencias no fueron advertidas por el
despacho judicial en el trámite correspondiente. Añadió que la directriz aplicada por la
administración vulnera el debido proceso, en cuanto parte de una presunción de
culpabilidad frente a una investigación en curso.

Finalmente, indicó que interpuso los recursos de reposición y apelación contra la decisión
que negó la medida cautelar y que la imposibilidad de solicitar traslado a otra institución
evidencia una afectación actual de sus derechos fundamentales.

5.2. Del estudio integral del expediente de tutela, del proceso ordinario y de los
documentos aportados por las partes, la Sala advierte que el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho promovido por el señor Hernando Murillo León contra la
Nación-Ministerio de Educación Nacional y el Distrito Especial de Barrancabermeja-
Secretaría de Educación, identificado con el radicado núm. 68081-33-33-002-2024-
00112-00, se encuentra actualmente en trámite. En particular, se constató que el
expediente fue remitido al Tribunal Administrativo de Santander y que, a la fecha, se
encuentra en etapa de reparto.

10

Radicado: 68001-23-33-000-2025-00775-01
Demandante: Hernando Murillo León

La remisión obedeció al recurso de reposición y, en subsidio, de apelación interpuesto
contra el auto del 2 de octubre de 2025, mediante el cual el Juzgado negó la solicitud de
medida cautelar. En esa providencia, el despacho determinó que:

“En el caso sometido a estudio, tras revisar el contenido de la solicitud se observa que
la parte demandante no señaló cuál es la justificación para decretar las medidas
cautelares urgentes solicitadas respecto de la “Resolución N. 1104 de 06 de mayo de
2024 expedida por la Dr. Maribel Benítez Perea o quien haga sus veces, Secretaria de
Educación Distrital de Barrancabermeja y La directriz Ministerial de 04 de marzo de
2022, expedida por el Ministerio de Educación de Colombia…”, pues únicamente hizo
una referencia a que “… no estoy habilitado para presentar el concurso, de acuerdo a
la resolución 1104 de 2024 (El fiscal del caso no ha se pronunciado a mi petición de
archivo del proceso o se me llame a versión libre y han pasado mas de un año y medio
y no hay pronunciamiento de parte del despacho; por otro lado el proceso disciplinario
que me llevaba control interno con numero 021-2024, alcanzo a recibirme versión libre
y llamar a la señora madre de la menor, y quedo pendiente de llamar a mis testigos,
pero el funcionario emite auto de archivo definitivo por prescripción)”.

Cabe igualmente tener en cuenta que examinado el proceso no se encuentra el acto
administrativo correspondiente a “La directriz Ministerial de 04 de marzo de 2022,
expedida por el Ministerio de Educación de Colombia”, circunstancia que impide hacer
en este momento procesal una confrontación del mencionado acto con las normas
superiores invocadas o con las pruebas allegadas con la solicitud de medida cautelar.

Así mismo se echa de menos una relación directa y necesaria entre la solicitud de
medida cautelar acerca de la “INCLUSION en la lista de “Publicación de listado de
habilitados por ETC para participar en el proceso”, que señala la resolución N. 018987
17 SEP 2025 del MEN, de 18 de septiembre de 2025”, y las pretensiones de la demanda
relacionadas con la indemnización de perjuicios.

En conclusión, revisado el escrito de medidas cautelares no se evidencian elementos
de juicio suficientes que permitan determinar la necesidad de decretar en favor del señor
HERNANDO MURILLO LEON la “INCLUSION en la lista de “Publicación de listado de
habilitados por ETC para participar en el proceso”, que señala la resolución N. 018987
17 SEP 2025 del MEN, de 18 de septiembre de 2025”. Por tanto, se negará la medida
cautelar solicitada por la parte demandante.” 14

La autoridad judicial concluyó que la solicitud de medidas cautelares urgentes carecía de
justificación suficiente, pues el demandante no expuso argumentos concretos que
sustentaran su procedencia frente a la Resolución 1104 de 2024 y la directriz ministerial
invocada, limitándose a señalar su inhabilidad para participar en el concurso. Además,
advirtió que en el expediente no reposaba la directriz citada, lo que impedía confrontarla
con normas superiores o con las pruebas aportadas. Igualmente, evidenció la ausencia
de relación directa entre la medida solicitada, la inclusión en la lista de habilitados, y las
pretensiones de la demanda. En consecuencia, al no existir elementos de juicio
suficientes para acreditar su necesidad, decidió negar la medida cautelar solicitada.

14 Índice 000019 del expediente digital del proceso ordinario identificado con radicado núm.
68081333300220240011200, certificado DE6FCB847552879A 2D620DC1851D35C5 B44B5EA48FCEFD40
ABB16FB248ECF783.

11

Radicado: 68001-23-33-000-2025-00775-01
Demandante: Hernando Murillo León

5.3. Con fundamento en lo anterior, la Sala concluye que la parte actora incumplió el
requisito de subsidiariedad, en tanto el asunto planteado debe ser resuelto por el juez
natural de la causa, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
actualmente en curso. En ese contexto, no corresponde al juez constitucional intervenir
de manera anticipada, pues la acción de tutela no puede ser utilizada como un
mecanismo alternativo o sustitutivo de los medios ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial, salvo que se acredite su ineficacia o insuficiencia para la protección de los
derechos invocados, circunstancia que no se configura en el presente caso.

Aceptar lo contrario implicaría desconocer el carácter residual y subsidiario de la acción
de tutela, así como reemplazar los mecanismos ordinarios previstos por el legislador para
la resolución de las controversias, supliendo la inactividad de la parte qu e no hizo uso
oportuno de dichos instrumentos. En efecto, la tutela no está concebida como un
mecanismo paralelo ni alternativo a los procedimientos judiciales ordinarios, los cuales
establecen las reglas y escenarios idóneos para el debate y solución de l os conflictos
jurídicos.

5.4. Cabe precisar que la decisión que adopte el Tribunal Administrativo de Santander
respecto de la solicitud de medida cautelar presentada dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho incide de manera directa en el examen de legalidad de la
Resolución núm. 1104 del 6 de mayo de 2024, expedida por la Secretaría de Educación
Distrital de Barrancabermeja, así como de la Directriz Ministerial del 4 de marzo de 2022
del Ministerio de Educación Nacional, que sirve de fundamento a la actuación
administrativa. En ese sentido, la determinación que se adopte en dicha sede recae sobre
el mismo objeto material que se discute en la presente acción constitucional.

En consecuencia, la Sala no puede desconocer el carácter subsidiario y residual del
amparo constitucional, pues ello implicaría invadir la órbita de competencias del juez
natural y obstaculizar el análisis de los argumentos que aún se encuentran pendientes
de resolución en la jurisdicción contencioso-administrativa.

5.5. Finalmente, tampoco procede la acción de tutela como mecanismo transitorio de
protección, dado que la parte actora no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable
que justifique la flexibilización excepcional de la regla de subsidiariedad. En efecto, la
sola invocación de dicho perjuicio no resulta suficiente, pues este debe demostrarse de
manera concreta, circunstancia que no se evidencia en el caso bajo estudio.

5.6. De acuerdo con las particularidades procesales expuestas, se advierte que la acción
de tutela no supera el requisito de subsidiariedad, razón por la cual resulta improcedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2025 por el
Tribunal Administrativo de Santander que declaró improcedente la acción de tutela que

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Radicado: 68001-23-33-000-2025-00775-01
Demandante: Hernando Murillo León

interpuso Hernando Murillo León en contra del Juzgado Segundo Administrativo Oral del
Circuito de Barrancabermeja, la Nación- Ministerio de Educación y la Secretaria de
Educación de Barrancabermeja.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado

ECG

13

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