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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2026-00019-01

Fecha
17 de abril de 2026
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2026-00019-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR el fallo proferido el 10 de febrero de 2026 por el Tribunal Administrativo de Santander y, en su lugar, DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con las razones ut supra. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 68001-23-33-000-2026-00019-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

17 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 68001-23-33-000-2026-00019-01
Accionante: Coltanques S.A.S.
Accionado: Juzgado 1º Administrativo de San Gil
Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia

Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales de
procedibilidad – relevancia constitucional. Decisión: Se modifica el fallo de primera instancia.

La sala decide la impugnación1 presentada por Coltanques S.A.S. en contra del fallo de
tutela proferido el 10 de febrero de 20262 por el Tribunal Administrativo de Santander.

I.- ANTECEDENTES

1.1.- La solicitud de amparo constitucional

Coltanques S.A.S. radicó tutela3 en procura de la protección de sus derechos al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la defensa y
contradicción, así como de los principios de lealtad procesal, imparcialidad judicial y
buena fe, los cuales considera vulnerados con las providencias proferidas el 3 de marzo
y el 15 de septiembre de 2025 por el Juzgado 1º Administrativo de San Gil, dentro del
proceso No. 68679333300120190008600, mediante las cuales, respectivamente, se
decretaron pruebas y se resolvió un recurso de reposición.

1 Obra impugnación en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice
2, con certificado 15A8FDC9C1CA2DEC
0043F1D18927635B 324710EC52F7D30D BD10CC54E2463E35.
2 Obra sentencia en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 0C515F25FD3E839A

C5EDCB6C1812003A 8E3D3EAAE580439C 828B2AF8CA9B2FC4.
3 Obra escrito de tutela a folios 1-15 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado

600A6B9169CCC4A2 5895C3AE2EAB9123 F65BE27D2A853A4B E836BBF361A45453.

2

Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 68001-23-33-000-2026-00019-01
Accionante: Coltanques S.A.S.
Accionado: Juzgado 1º Administrativo de San Gil

1.2.- Hechos

1.2.1.- En el marco del medio de control de reparación directa No.
68679333300120190008600 4 , el Juzgado 1º Administrativo de San Gil, mediante
proveído del 3 de marzo de 2025, fijó el litigio y decretó diversas pruebas documentales.
Entre estas, se ordenó a la Fiscalía General de la Nación el envío de copia de un
expediente penal y se requirió a Coltanques S.A.S. para que aportara información
detallada sobre el manifiesto de carga N° 00410270794, pólizas de responsabilidad civil
y datos de propiedad del vehículo de placas SRC-6765.

1.2.2.- Inconforme con esa decisión, la empresa interpuso recurso de reposición6 bajo el
argumento de que ni la parte demandante ni el Ministerio de Transporte acreditaron haber
realizado una petición previa para obtener los documentos que le fueron solicitados,
conforme lo exige el artículo 173 del CGP, lo cual configuraba una suplencia indebida del
deber probatorio. El 15 de septiembre de 2025, el despacho resolvió no reponer esa
determinación, tras considerar que la información era necesaria para el esclarecimiento
de los hechos y la verdad material y, por ende, debía priorizar el acceso a la
administración de justicia sobre las exigencias formales7.

1.3.- Fundamentos de la acción de tutela

La parte accionante fundamenta su solicitud en la configuración de los defectos
sustantivo y procedimental absoluto. En cuanto al primero, sostiene que la juez desbordó
el marco legal al inobservar el numeral 10º del artículo 78 y el inciso 2º del artículo 173
del Código General del Proceso, normas que imponen a las partes el deber de abstenerse
de solicitar al juzgador la consecución de documentos que pueden obtenerse
directamente o mediante el ejercicio del derecho de petición. Afirma que esta omisión

4 Promovido por María Delia Muñoz de Santos, Jhon Wilfred Carreño Díaz y Nataly Díaz Baez en contra de la Agencia

Nacional de Infraestructura (ANI), la Concesionaria Vial de Colombia (Convicol) S.A.S. en liquidación, el Instituto
Nacional de Vías (Invías), el Ministerio de Transporte, la Concesión RUNT S.A., la Agencia Nacional de Seguridad Vial,
la Policía Nacional, el departamento de Santander, el municipio de San Gil, la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres (UNGRD), la Superintendencia de Puertos y Transportes, Coltanques S.A.S., la Cooperativa de
Transportadores de San Gil Ltda. (Cotrasangil), Diana Patricia Ruiz y Juan Carlos Ariza Murillo. En este trámite fueron
llamados en garantía las sociedades Compañía Mundial de Seguros S.A., Mapfre Seguros Generales de Colombia
S.A., AXA Colpatria Seguros S.A., La Previsora S.A. Compañía de Seguros y Aseguradora Solidaria de Colombia.
5 A folios 2-6 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 600A6B9169CCC4A2

5895C3AE2EAB9123 F65BE27D2A853A4B E836BBF361A45453.
6 Aunque los demandantes del ordinario también formularon reposición, al tratarse de una discusión diferente a la

planteada por el extremo activo, no se hará referencia a esta circunstancia.
7 Ibidem.

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 68001-23-33-000-2026-00019-01
Accionante: Coltanques S.A.S.
Accionado: Juzgado 1º Administrativo de San Gil

lesionó sus derechos fundamentales al imponer barreras no previstas por el legislador y
desconocer los principios superiores.

Respecto al error procedimental, la empresa argumenta que la autoridad judicial suplió la
negligencia de los demandantes y del Ministerio de Transporte, quienes no acreditaron
haber realizado las gestiones previas para obtener las pruebas documentales decretadas
ni demostraron que sus peticiones hubiesen sido desatendidas. Explica que el legislador
buscó dejar en cabeza de los interesados la carga del recaudo probatorio para garantizar
la celeridad, y que el acceso a la justicia no implica que el juez deba subsanar las
deficiencias de las partes. Concluye que el error es grave y trascendente, pues la decisión
de mantener el decreto de documentos, bajo el argumento de evitar un formalismo,
desconoce reglas imperativas que estructuran la oportunidad y necesidad de la prueba
y, además, rompe el equilibrio y la igualdad procesal en perjuicio de Coltanques S.A.S.

1.4.- Pretensiones de la acción de tutela

En el escrito introductorio se solicitó (i) amparar los derechos fundamentales cuya
trasgresión se alega; (ii) dejar sin efectos, en lo desfavorable a Coltanques S.A.S., los
autos del 3 de marzo y del 15 de septiembre de 2025; y (iii) ordenar al Juzgado 1º
Administrativo de San Gil que emita una nueva decisión en la que se corrijan los defectos
advertidos y se restablezcan las garantías constitucionales vulneradas.

2.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia

2.1.- Mediante auto del 20 de enero de 2026, el Tribunal Administrativo de Santander
admitió la acción de tutela y ordenó notificar a las partes e intervinientes en el proceso
ordinario.

2.2.- La Concesionaria Vial de Colombia S.A.S., en liquidación, defendió la legalidad de
lo actuado por el juzgado, y resaltó que las providencias se fundamentaron en un criterio
garantista. A su juicio, el decreto probatorio estuvo orientado a asegurar la prevalencia
del derecho sustancial, el acceso efectivo a la administración de justicia y la verificación
exhaustiva de los supuestos fácticos del caso. Asimismo, realizó una síntesis de los
aspectos procesales ocurridos en el medio de control de reparación directa.

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 68001-23-33-000-2026-00019-01
Accionante: Coltanques S.A.S.
Accionado: Juzgado 1º Administrativo de San Gil

2.3.- El Juzgado 1.º Administrativo de San Gil adujo que no se estructuró ningún yerro
que habilitara la intervención del juez constitucional. Manifestó que el decreto de pruebas
y la resolución del recurso de reposición fueron decisiones motivadas, amparadas por la
autonomía judicial. Explicó que, tras analizar el artículo 173 del CGP, optó por una
interpretación que impide que las formas procesales se conviertan en barreras
infranqueables para el hallazgo de la verdad material. Precisó que su actuación no buscó
suplir la negligencia de las partes, sino dar cumplimiento a los principios de buena fe y
colaboración procesal en un asunto de alta complejidad. Finalmente, sostuvo que el
disenso de la accionante constituye una mera discrepancia de criterio jurídico y no una
arbitrariedad judicial.

2.4.- El municipio de San Gil, el INVIAS, la Concesión RUNT 2.0 S.A.S., la Agencia
Nacional de Seguridad Vial, el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de
Infraestructura, el departamento de Santander, la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres y la Superintendencia de Transporte solicitaron su desvinculación y
la declaratoria de improcedencia del amparo.

3.- Fallo de tutela de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 10 de febrero de 2026,
negó el amparo. Para esto, determinó que no se configuraron los defectos sustantivo o
procedimental alegados por Coltanques S.A.S., pues el Juzgado 1º Administrativo de San
Gil realizó una interpretación razonable del ordenamiento jurídico al priorizar la búsqueda
de la verdad material y la utilidad de las pruebas sobre el rigor formal previsto en los
artículos 78 y 173 del Código General del Proceso. Señaló que, ante la inexistencia de
una línea jurisprudencial pacífica sobre la aplicación de dichas normas, el juez ordinario
se encuentra amparado por el principio de autonomía judicial para optar por la postura
que asegure el esclarecimiento de los hechos. En consecuencia, advirtió que la decisión
de decretar las pruebas no fue arbitraria, sino que obedeció a una hermenéutica válida
que no autoriza el rechazo automático de pruebas pertinentes por la mera falta de un
requerimiento previo, por lo que la inconformidad de la convocante se reduce a una
discrepancia que no constituye una afectación a derechos fundamentales.

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 68001-23-33-000-2026-00019-01
Accionante: Coltanques S.A.S.
Accionado: Juzgado 1º Administrativo de San Gil

4.- Razones de la impugnación

Contra la providencia referida, la empresa presentó impugnación bajo el argumento de
que el tribunal la revictimizó al cohonestar la negligencia de las partes y apoderados que
omitieron sus cargas procesales. Sostuvo que el fallo avala que un juez administrativo
actúe con voluntad de contrariar normas jurídicas explícitas e imperativas, como el
numeral 10º del artículo 78 y el inciso 2º del artículo 173 del CGP, las cuales no admiten
interpretación por su falta de ambigüedad. Cuestionó la razonabilidad de la decisión al
señalar que el despacho decretó las pruebas sin una motivación real sobre su pertinencia
o conducencia, limitándose a alegar una supuesta necesidad y mejores condiciones de
Coltanques para aportarlas, lo cual constituye una arbitrariedad y un desconocimiento de
precedentes verticales. Asimismo, calificó como un error la tesis de que estas normas no
eran aplicables para el año 2019, toda vez que las normas procesales son de aplicación
inmediata y que, en este caso, las pruebas fueron decretadas y confirmadas en el año
2025, bajo la vigencia plena de dichas disposiciones y de la Ley 2080 de 2021.
Finalmente, resaltó que la autonomía judicial no es absoluta y está limitada por la doctrina
probable; al efecto, citó la sentencia C-099 de 2022 para enfatizar que el cumplimiento
de las cargas procesales probatorias es la forma de satisfacer la verdad y la justicia, sin
que su exigencia implique sacrificar el derecho sustancial.

II.- CONSIDERACIONES

1.- Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por Coltanques
S.A.S. en contra del fallo de tutela proferido el 10 de febrero de 2026 por el Tribunal
Administrativo de Santander, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la
Constitución, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo No. 080 de 2019 de la Sala
Plena del Consejo de Estado.

2.- Problema jurídico

En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos alegados.

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 68001-23-33-000-2026-00019-01
Accionante: Coltanques S.A.S.
Accionado: Juzgado 1º Administrativo de San Gil

La Sala limitará su estudio a la providencia proferida el 15 de septiembre de 2025 por el
Juzgado 1º Administrativo de San Gil, pues fue esta la que resolvió el debate sobre el
decreto de pruebas y la que se pronunció sobre las quejas elevadas por la empresa
convocante a través de su recurso de reposición.

3.- La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción de tutela
en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos requisitos
de procedibilidad8 y de procedencia9 con el fin de determinar si se vulneraron o no los
derechos de orden superior.

4.- El requisito de relevancia constitucional en el caso concreto

4.1.- Sobre el requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha señalado
que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones”10.

En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario examinar
dos elementos, a saber 11 : (i) que el actor cumpla su carga argumentativa, justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales,
ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que la acción de tutela
no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la
providencia acusada, puesto que este mecanismo especial constitucional está constituido
para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor
tenga frente a la decisión judicial.

8 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de

los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
9 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto

fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por
desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
10 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
11 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 68001-23-33-000-2026-00019-01
Accionante: Coltanques S.A.S.
Accionado: Juzgado 1º Administrativo de San Gil

Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202212, al pronunciarse sobre el
requisito sub judice, advirtió que era necesario verificar:

“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales”.

4.2.- En el caso concreto, la sociedad tutelante cuestiona, en esencia, que la autoridad
accionada (i) desbordó el marco legal al inobservar el numeral 10º del artículo 78 y el
inciso 2º del artículo 173 del Código General del Proceso; (ii) desconoció el deber de las
partes de abstenerse de solicitar al juzgador documentos que pudieron obtenerse
directamente mediante una petición; (iii) impuso barreras no previstas por el legislador y
desconoció principios superiores; (iv) suplió la negligencia de los demandantes y del
Ministerio de Transporte, quienes no acreditaron gestiones previas para obtener las
pruebas ni demostraron que sus solicitudes fueran desatendidas; (v) omitió que la carga
de diligencia en el recaudo de los medios de convicción radica en los interesados para
garantizar la celeridad procesal; (vi) incurrió en un error grave al mantener el decreto de
pruebas bajo el argumento de evitar un formalismo; y (vii) desconoció reglas imperativas
que estructuran la oportunidad y necesidad de la prueba, lo que rompió el equilibrio
procesal.

4.3.- Para la Sala, ab initio, se torna evidente que los cargos elevados por la parte actora
no satisfacen el requisito de relevancia constitucional, por cuanto, además de no haberse
explicado en debida forma, se advierten como un medio dirigido a revivir el análisis
jurídico efectuado por el Juzgado 1º Administrativo de San Gil en el proceso No.
68679333300120190008600, como si la acción de tutela fuera una instancia adicional a
ese trámite, según se explicará.

4.4.- Al verificar los argumentos de la providencia proferida el 15 de septiembre de 2025,
se dilucida el siguiente análisis textual:

“En cuanto al recurso de reposición interpuesto por la sociedad COLTANQUES S.A.S., mediante
el cual solicita que no se tengan en cuenta las pruebas decretadas a solicitud del extremo

12 Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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Acción de tutela – Segunda instancia
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demandante y del MINISTERIO DE TRANSPORTE, por considerar que no se cumplió con la
carga procesal de requerir previamente dicha información a través del derecho de petición, se
precisa por parte del Despacho lo siguiente:

Esta judicatura, como garante de los principios del debido proceso, acceso a la administración de
justicia y primacía del derecho sustancial sobre el formal, tiene el deber de emplear todos los
instrumentos procesales que le confiere el ordenamiento jurídico, a fin de garantizar que los
hechos puestos a consideración del juzgador sean plenamente esclarecidos, y de esta forma
emitir una decisión de fondo ajustada no sólo a la prueba allegada por las partes, sino a la verdad
material que emerge del proceso, maxime cuando se trata de un proceso de relevancia para la
comunidad.

En el presente caso, la información cuya producción se ordenó mediante auto del tres (03) de
marzo de dos mil veinticinco (2025), guarda una relación directa y pertinente con los hechos
objeto de controversia, y su incorporación es necesaria para analizar, con la debida completitud,
las circunstancias del accidente ocurrido el cinco (5) de enero de dos mil diesisiete (2017). La
omisión en allegar inicialmente prueba sumaria del requerimiento directo a COLTANQUES S.A.S.
no puede operar como un obstáculo absoluto que impida la búsqueda de la verdad, máxime
cuando dicha entidad es depositaria natural, y está en mejores condiciones de producirla,
conforme a los principios de colaboración procesal y buena fe.

Negar la práctica de estas pruebas bajo un enfoque meramente formalista implicaría sacrificar el
esclarecimiento del caso por una exigencia adjetiva que, si bien tiene relevancia, debe ceder
cuando se compromete el acceso a la justicia y la efectividad de los derechos fundamentales de
los administrados”13.

4.5.- En atención a lo anterior, se observa que el despacho cuestionado asumió la calidad
de garante del debido proceso y de la primacía del derecho sustancial y estimó que debía
emplear los instrumentos procesales necesarios para que los hechos sean plenamente
esclarecidos y emitir una decisión ajustada a la verdad material. Precisó que la
información requerida guarda una relación directa y pertinente con los eventos discutidos
en el caso, por lo que su incorporación resulta necesaria para un análisis adecuado. A su
vez, consideró que la omisión del requerimiento previo no puede constituir un obstáculo
absoluto para la búsqueda de la verdad, máxime cuando la sociedad es la depositaria
natural de los documentos y está en mejores condiciones de allegarlos. Finalmente,
planteó que negar la práctica de las pruebas bajo un enfoque formalista implicaría
sacrificar la claridad del proceso por una exigencia adjetiva que debe ceder ante el acceso
a la justicia y la efectividad de los derechos fundamentales.

4.6.- Resulta claro, entonces, que la sociedad peticionaria pretende utilizar este
mecanismo constitucional como si la tutela se tratara de una instancia adicional, pues,
como se vio, la autoridad criticada revisó con detenimiento los elementos probatorios

13 A folio 8 del archivo digital subido en el SAMAI dispuesto para juzgados y tribunales administrativos, en el índice 151,

con certificado FF17D5E89308805B E8740B0320E9D341 660081DA727AB2FC 0562B5C7C08E77E1 del expediente
68679333300120190008600.

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Accionante: Coltanques S.A.S.
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cuyo decreto se censura y determinó que se trata de documentos necesarios para decidir
adecuadamente el fondo del asunto.

Ahora bien, se debe destacar que la parte actora no cuestiona la pertinencia, utilidad o
conducencia de los referidos medios probatorios, sino que centra su censura en la
omisión de un requisito formal previo. Aunado a ello, la accionante no logra determinar
con claridad de qué manera la inobservancia de dicha exigencia adjetiva conlleva, per se,
una vulneración a sus derechos fundamentales, máxime cuando el proceso se encuentra
en una etapa de trámite sin decisión de fondo. En consecuencia, al tratarse de una
actuación procesal que aún no ha culminado y cuyo objeto primordial es la búsqueda de
la verdad material para la resolución del litigio, no es posible predicar, prima facie, la
existencia de una vulneración inminente o un perjuicio irremediable.

En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la tutela, se debe acotar que no basta con manifestar
inconformidades respecto a las decisiones judiciales objeto de censura o alegar la
configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya que, de esa forma, la
discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que no trascienden al plano
constitucional.

4.7.- Al respecto, se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra de
decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la
autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica,
en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de
corrección” de la decisión cuestionada14, lo que se opone a que se use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatorio o de
interpretación del derecho que se resolvieron previamente por el juez de la causa15.

5.- En consecuencia, se observa que ninguno de los cargos formulados en la solicitud de
amparo satisface el requisito general de relevancia constitucional, razón por la cual el
depreco resulta improcedente. En ese orden, se modificará la sentencia impugnada y, en
su lugar, se declarará improcedente el amparo constitucional.

14 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
15 Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.

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Expediente: 68001-23-33-000-2026-00019-01
Accionante: Coltanques S.A.S.
Accionado: Juzgado 1º Administrativo de San Gil

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III.- RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR el fallo proferido el 10 de febrero de 2026 por el Tribunal
Administrativo de Santander y, en su lugar, DECLARAR improcedente el amparo
constitucional de conformidad con las razones ut supra.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados
por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado

ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado

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