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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2026-00204-01

Fecha
1 de junio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2026-00204-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. REVOCAR la sentencia del Catorce (14) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia. En su lugar, declarar la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. COMUNICAR la presente decisión al Tribunal Administrativo de Santander y remitir copia. CUARTO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 68001-23-33-000-2026-00204-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

1 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Primero (1°) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 68001-23-33-000-2026-00204-011
Accionante : Elkin Eduardo Mejía García
Accionado : Procuraduría General de la Nación
Acción : Tutela (impugnación)
Tema : Tutela contra acto administrativo, convocatoria concurso de
méritos (Resolución núm. 076 del 24 de marzo de 2026)
Decisión : Sentencia de segunda instancia

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el accionante contra el fallo
del Catorce (14) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), proferido por el Tribunal
Administrativo de Santander2, que declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico

1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos

por el actor frente a la vulneración alegada. Luego, se revisará lo relativo a la
procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que corresponda
en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela

2. El señor Elkin Eduardo Mejía García, quien actúa en nombre propio, interpuso el

presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, trabajo, acceso a cargos públicos y debido proceso,
presuntamente vulnerados por la Procuraduría General de la Nación.

3. Por consiguiente, solicitó:

[…]

1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.
2
M. P. Carolina Arias Ferreira.

Radicado: 68001-23-33-000-2026-00204-01
Accionante: Elkin Eduardo Mejía García
Accionado: Procuraduría General de la Nación

Ordenar modificar la [R]esolución [núm. 076 del 24 de marzo de 2026, expedida por la
Procuraduría General de la Nación], [i]ncluir reserva de plazas para personas con
discapacidad, implementar ajustes razonables [y] suspender el concurso.

1.3 Hechos3

4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional, y de lo relatado por el

accionante, se puede evidenciar que, la Procuraduría General de la Nación expidió
la Resolución núm. 076 del 24 de marzo de 2026, por medio de la cual, convocó y
reglamentó el concurso de méritos para proveer cargos de carrera administrativa de
esa entidad.

5. El señor Elkin Eduardo Mejía García afirmó que, dicho acto administrativo hizo

«[…] una minuciosa referencia a las personas en condición de discapacidad, mencionando de
manera puntual pero deficiente una simple acreditación de la condición de discapacidad para
“ACCESO” a participar en igualdad de condiciones»

6. En ese sentido, indicó que, la resolución cuestionada no «[…] establece reserva de

plazas, ni medidas reales de acci[ones] afirmativa[s], ni ajustes razonables en el desarrollo del
concurso. Lo anterior desconoce lo dispuesto en la Ley 2418 de 2024 […]».

7. Agregó que, es una persona en condición de discapacidad y, por tanto, sujeto

de especial protección constitucional. Bajo esa premisa, consideró que, la
ausencia de medidas reales de inclusión constituye una barrera institucional que
le impide acceder en condiciones de igualdad al empleo público, lo cual, vulnera
sus derechos fundamentales

8. Finalmente, como medida provisional solicitó suspender el concurso hasta tanto

se garantizara la reserva de plazas y las medidas de inclusión.

1.4 Contestación de la acción

9. 1.4.1 La Procuraduría General de la Nación4 solicitó declarar improcedente la

tutela, al estimar que, no se satisface el requisito general de subsidiariedad, toda
vez que, el accionante tenía a su alcance el medio de control de nulidad para
controvertir la resolución cuestionada ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo. Además, señaló que «[…] no se evidencia[ba] la vulneración de derechos
fundamentales alegados por la parte accionante, en la medida en que el proceso de selección

3
Visibles en el escrito de tutela del expediente electrónico de SAMAI, índice 3.
4
Índice 8 de SAMAI del expediente de primera instancia.

2

Radicado: 68001-23-33-000-2026-00204-01
Accionante: Elkin Eduardo Mejía García
Accionado: Procuraduría General de la Nación

garantiza la participación en condiciones de igualdad y no discriminación y con plena aplicación de
la normativa que en materia de carrera administrativa aplica a la PGN».

1.5 Providencia impugnada5

10. Mediante sentencia del Catorce (14) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), el

Tribunal Administrativo de Santander declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia, al no cumplirse con el requisito de subsidiariedad. Como fundamento en
ello, sostuvo que, el actor podía acudir a la jurisdicción de lo contencioso–
administrativo, a través del medio de control de nulidad, para cuestionar la legalidad
de la Resolución No. 076 del 2026 y solicitar la adopción de las medidas cautelares
previstas en el CPACA.

11. De otro lado, precisó que, el demandante no demostró «[…] la configuración de un

perjuicio cierto, inminente y grave que habilit[ara] la intervención del juez constitucional», ni

acreditó que el medio de defensa ordinario resultara ineficaz para la protección de
los derechos fundamentales alegados.

1.6 La impugnación6

12. Inconforme con esa determinación, el demandante la impugnó, para cuyo
propósito sostuvo que el medio de control referido por el Tribunal resultaba ineficaz
para la protección de sus derechos, en la medida que no suspendía el acto acusado
ni el concurso, como tampoco evitaba la consolidación del daño. En ese sentido,
pidió revocar la sentencia y «ORDENAR a la entidad accionada: Implementar acciones
afirmativas, garantizar igualdad material, adoptar medidas estructurales de inclusión».

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

13. En virtud de los artículos 327 del Decreto Ley 2591 de 19918 y 259 del Acuerdo

80 del 12 de marzo de 201910 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado,
esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

5
Índice 11 de SAMAI del expediente de primera instancia.
6
Índice 14 de SAMAI del expediente de primera instancia.
7
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
8
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
9
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
10
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».

3

Radicado: 68001-23-33-000-2026-00204-01
Accionante: Elkin Eduardo Mejía García
Accionado: Procuraduría General de la Nación

2.2 La acción

14. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y

reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que, resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión
de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que, se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

2.3 Problema Jurídico

15. Se contrae a determinar si con la expedición de la Resolución núm. 076 del

Veinticuatro (24) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), por medio de la cual,
convocó y reglamentó el concurso de méritos para proveer cargos de carrera
administrativa en la Procuraduría General de la Nación se vulneraron los derechos
fundamentales del accionante o si, por el contrario, en el presente asunto se
configura una carencia actual de objeto por hecho sobreviniente.

2.4 Carencia actual de objeto por hecho sobreviniente

16. La acción de tutela se encuentra orientada a garantizar la efectividad de los

derechos fundamentales de las personas, cuando ellos sean vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública 11; sin embargo, si la
circunstancia que dio origen a la trasgresión desaparece, se configura el fenómeno
que se conoce como hecho superado, el cual da como resultado una carencia de
objeto para decidir de fondo el asunto. Al respecto, la Corte Constitucional12 ha
definido este fenómeno jurídico en los siguientes términos:

«35. La carencia actual de objeto en los trámites de tutela. La carencia actual de objeto
es un fenómeno jurídico que se presenta cuando la causa que motivaba la solicitud de
amparo se extingue o “ha cesado” 13 y, por lo tanto, el pronunciamiento del juez de tutela
frente a las pretensiones de la acción de tutela se torna innecesario, dado que “no tendría
efecto alguno” o “caería en el vacío”14. Este fenómeno puede configurarse en tres
hipótesis: (i) daño consumado, el cual tiene lugar cuando “se ha perfeccionado la
afectación que con la tutela se pretendía evitar, de forma que (…) no es factible que el

11
Artículo 86 de la Carta Política.
12
Corte Constitucional, sentencia T-70 del 24 de febrero de 2022, M. P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
13
Corte Constitucional, sentencias T-033 de 1994, T-285 de 2019 y T-060 de 2019.
14
Corte Constitucional, sentencia T-533 de 2009.

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Radicado: 68001-23-33-000-2026-00204-01
Accionante: Elkin Eduardo Mejía García
Accionado: Procuraduría General de la Nación

juez de tutela dé una orden para retrotraer la situación” 15; (ii) hecho sobreviniente, el cual
se presenta cuando acaece una situación que acarrea la “inocuidad de las pretensiones” 16
y que no “tiene origen en una actuación de la parte accionada dentro del trámite de
tutela”17; y (iii) hecho superado, que ocurre cuando la “pretensión contenida en la acción
de tutela” se satisfizo por completo por un acto voluntario del responsable 18. La Corte
Constitucional ha aclarado que el hecho superado se configura cuando la satisfacción del
derecho parte de ‘una decisión voluntaria y jurídicamente consciente del demandado 19,
por razones ajenas a la intervención del juez constitucional 20. El cumplimiento de los fallos
de tutela de los jueces de instancia no configura la carencia actual de objeto en sede de
revisión»

17. Una de las variables que se puede presentar bajo este supuesto, consiste en que,

los elementos fácticos del proceso han variado de manera tal que no pueda
entenderse que existe el mismo conflicto que cuando la tutela fue planteada, frente
a ello la Corte Constitucional ha señalado que:

«36. El hecho sobreviniente, por su parte, ha sido diseñado más recientemente para
cubrir situaciones que no encajan en las categorías originales, de daño consumado y
hecho superado. Se configura cuando las circunstancias fácticas que originan una
acción de tutela cambian, bien sea porque i) el actor asume directamente una carga
que no le correspondía, ii) un tercero logra satisfacer la pretensión principal, iii) es
imposible proferir una orden para cumplir las pretensiones y iv) el accionante ha perdido
interés en el resultado del proceso. Es esta última circunstancia es importante advertir
que, si la vulneración de los derechos cesa en cumplimiento de una orden judicial, es
preciso que se trate de una decisión ajena al proceso de tutela que se debate» 21.

2.5 Caso concreto

18. En el caso bajo estudio, el señor Elkin Eduardo Mejía García acudió al
mecanismo de amparo con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales, al considerar que, la Resolución núm. 076 del Veinticuatro (24) de
Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), por medio de la cual, se convocó y reglamentó
el concurso de méritos para proveer cargos de carrera administrativa en la
Procuraduría General de la Nación, no «[…] establece reserva de plazas, ni medidas

15
Corte Constitucional, sentencia SU- 522 de 2019.
16
Corte Constitucional, sentencia T-308 de 2011.
17
Corte Constitucional, sentencias T-149 de 2018 y SU-440 de 2021. Ver también, Corte Constitucional, sentencia SU-522 de
2019. “El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las distintas Salas de Revisión. Es una
categoría que ha demostrado ser de gran utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud cobija
casos que no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño consumado y hecho superado. El hecho sobreviniente
remite a cualquier “otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la
demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío”. No se trata entonces de una categoría homogénea
y completamente delimitada. A manera de ilustración, la jurisprudencia ha declarado un hecho sobreviniente cuando: (i) el
actor mismo es quien asume la carga que no le correspondía para superar la situación vulneradora; (ii) un tercero –distinto al
accionante y a la entidad demandada- ha logrado que la pretensión de la tutela se satisfaga en lo fundamental; (iii) es imposible
proferir alguna orden por razones que no son atribuibles a la entidad demandada; o (iv) el actor simplemente pierde interés
en el objeto original de la Litis”.
18
Corte Constitucional, sentencias T-321 de 2016 y T-154 de 2017.
19
Corte Constitucional, sentencia T-344 de 2019. En el mismo sentido se encuentra la sentencia T-104 de 2020.
20
Corte Constitucional, sentencia T-321 de 2016. En el mismo sentido se encuentran las sentencias T-154 de 2017, T-715 de
2017 y T-104 de 2020.
21
Corte Constitucional, sentencia T 016 del 2023.

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reales de acci[ones] afirmativa[s], ni ajustes razonables en el desarrollo del
concurso. […]», circunstancia que, en su criterio, desconoce la Ley 2418 de 2024.

19. Ahora bien, en el marco del concurso de méritos 202622 adelantado por la entidad

accionada, se profirió la Resolución núm. 133 del Veinte (20) de Mayo de Dos Mil
Veintiséis (2026)23, en cuya parte considerativa se indicó «[q]ue, en atención a lo
dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-117 de 2026, dada a conocer mediante
Comunicado No. 19 del 6 de mayo de 2026, se hace necesario adelantar los estudios técnicos,
jurídicos y operativos requeridos para la implementación de las medidas afirmativas y
estándares mínimos obligatorios de accesibilidad aplicables a las personas con discapacidad
en el marco del régimen especial de carrera de la Procuraduría General de la Nación, incluida
la reserva del siete por ciento (7%) de las vacantes ofertadas de que trata el artículo 6 de la
Ley 2418 de 2024 , en consecuencia, resulta necesario modificar las fechas previstas en la
Resolución 076 del 24 de marzo de 2026 para la etapa de inscripciones de aspirantes, con el fin de
garantizar la adecuada incorporación de dichas medidas dentro del proceso de selección». (Negrillas
de la Sala).

20. Con fundamento en lo anterior, la Sala concluye que, la situación fáctica que

originó la solicitud de amparo desapareció, en tanto, después de radicada la acción
de tutela, la Procuraduría General de la Nación expidió la Resolución núm. 133 del
Veinte (20) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), con la cual, modificó la Resolución
núm. 076 del Veinticuatro (24) de Marzo del mismo año, entre otros aspectos, en lo
relativo al cronograma del concurso, con el fin de adoptar medidas afirmativas,
estándares mínimos de accesibilidad para personas con discapacidad y la reserva
del siete por ciento de las vacantes ofertadas. Así las cosas, se configura la carencia
actual de objeto por hecho sobreviniente.

21. En todo caso, si el accionante considera que la citada resolución no satisface los

criterios relacionados con la incorporación de las medidas afirmativas y estándares
mínimos obligatorios de accesibilidad aplicables a las personas con discapacidad
en el marco del régimen especial de carrera de la Procuraduría General de la
Nación, puede acudir al medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del
CPACA para cuestionar su legalidad, en cuyo marco puede solicitar el decreto de
las medidas cautelares que considere pertinentes.

22
https://www.procuraduria.gov.co/procuraduria/concurso/Pages/default.aspx
23
https://www.procuraduria.gov.co/Documents/2026/Mayo/RESOLUCION%20133%20DE%2020%20DE%20MAYO%20DE%
202026.pdf

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Radicado: 68001-23-33-000-2026-00204-01
Accionante: Elkin Eduardo Mejía García
Accionado: Procuraduría General de la Nación

III. DECISIÓN

22. Por las razones expuestas, la Sala considera que, el presente asunto se ha
configurado la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente, por tal motivo, se
revocará el fallo impugnado que, declaró improcedente el amparo deprecado.

23. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del Catorce (14) de Abril de Dos Mil Veintiséis
(2026), proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia. En su lugar, declarar la carencia
actual de objeto por hecho sobreviniente, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. COMUNICAR la presente decisión al Tribunal Administrativo de
Santander y remitir copia.

CUARTO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto Ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

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Radicado: 68001-23-33-000-2026-00204-01
Accionante: Elkin Eduardo Mejía García
Accionado: Procuraduría General de la Nación

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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