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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2026-00252-01

Fecha
18 de junio de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquin Barreto Suarez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2026-00252-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confirmar la sentencia del 19 de mayo de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que declaró la improcedencia de la acción, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 68001-23-33-000-2026-00252-01

Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez

18 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

CONSEJERO DE ESTADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 68001-23-33-000-2026-00252-01
Demandante: YOLANDA SÁNCHEZ CONTRERAS
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Tema: Improcedencia de la acción – Implica gasto no presupuestado

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala procede a resolver la impugnación interpuesta por la parte actora contra
la sentencia del 19 de mayo de 2026, mediante la cual el Tribunal Administrativo
de Santander declaró improcedente la acción de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud

1. En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, la señora
Yolanda Sánchez Contreras presentó demanda contra el Consejo Superior de la
Judicatura, para que cumpla con lo establecido en el artículo 164 de la Ley 270 de
1996, modificado por el artículo 81 de la Ley 2430 de 20241 y, como
consecuencia:

1. ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura que proceda a expedir el
acto administrativo de convocatoria a concurso de méritos para proveer los
cargos de empleados y funcionarios de la Rama Judicial cuyos registros de
elegibles se encuentren agotados o vencidos a nivel nacional.

2. ORDENAR a la accionada que presente un cronograma de ejecución del
concurso, garantizando que el proceso de selección respete los principios de
carrera administrativa consagrados en el artículo 125 de la Constitución
Política.

1 ARTÍCULO 164. CONCURSO DE MÉRITOS. El concurso de méritos es el
proceso mediante el cual se hace la evaluación de conocimientos, destrezas,
aptitud, experiencia, capacidades, aptitudes intelectuales y profesionales de
diversa índole y rasgos de la personalidad de los aspirantes a ocupar cargos en la
carrera judicial, determinará su inclusión en el Registro de Elegibles del Consejo
Superior y Seccionales de la Judicatura y fijará su ubicación en el mismo (…).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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Demandantes: Yolanda Sánchez Contreras
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura
Rad: 68001-23-33-000-2026-00252-01

2. Hechos

2. En resumen, el fundamento fáctico de la demanda es el siguiente:
3. La accionante señaló que, la Ley 2430 de 2024 dispuso la reforma el sistema
de carrera judicial y estableció, en su artículo 164 numeral 2 que la convocatoria
a concurso de méritos es una norma obligatoria que «se efectuará cuando según
las circunstancias, el registro de elegibles resulte insuficiente».

4. Sostuvo que, según certificación expedida por el Consejo Seccional de la
Judicatura de Santander, los registros de elegibles derivados de la convocatoria
No. 04 de 2017 para cargos críticos como asistente administrativo de centro,
grado 5, y asistente administrativo de Juzgados, grado 6, perdieron vigencia el 28
de octubre de 2025.

5. Asimismo, afirmó que, a corte de abril del año en curso, la Seccional
Santander reportó una lista masiva de vacantes definitivas en el Juzgado Quinto
Penal del Circuito de Bucaramanga, el Juzgado Primero Laboral del Circuito y
diversos Juzgados en Barrancabermeja. Dichos cargos están siendo provistos
mediante nombramientos en provisionalidad al no existir listas de elegibles
vigentes, lo que demuestra la configuración del presupuesto de la «insuficiencia»
dispuesto en la citada Ley.

6. Finalmente, indicó que, para acreditar el requisito de procedibilidad, el 23 de
marzo de 2026, radicó solicitud de cumplimiento ante el Consejo Superior de la
Judicatura, registrada bajo el código EXTCSJ26-3552, frente a la cual, superados
los 10 días hábiles que establece el artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, no se ha
otorgado respuesta, constituyéndose así la renuencia.

3. Trámite de la solicitud en primera instancia

7. A través de auto del 21 de abril de 2026, el Tribunal Administrativo de
Santander, admitió la demanda y ordenó la notificación al Consejo Superior de la
Judicatura.

4. Contestación de la demanda

8. El Consejo Superior de la Judicatura concurrió al proceso para solicitar la
declaratoria de improcedencia de la presente acción por perseguirse la ejecución
de actuaciones que implican gasto público y de forma subsidiaria, se denieguen
las pretensiones al no acreditarse el incumplimiento actual, expreso y exigible de
la norma alegada.

9. Advirtió que, se pretende que el juez constitucional ordene la expedición de un
acto administrativo de convocatoria nacional a concurso de méritos junto con la
presentación de un cronograma de ejecución, sin considerar que tal actuación

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administrativa es de carácter complejo, técnico, presupuestal y contractual que
escapa actualmente de margen de capacidad inmediata de la Rama Judicial.

10. Sin embargo, advirtió que, la presente acción, no puede ejercerse para que
se ordenen gastos ni para sustituir competencias administrativas y
presupuestales del Consejo Superior de la Judicatura.

11. Además, sostuvo que dio respuesta a la petición de la señora Yolanda
Sánchez, mediante oficio CJO25-1985 de 2026, en la que se manifestó que no se
configura el incumplimiento indicado ni tampoco una negativa injustificada en el
cumplimiento de las obligaciones legales propias de los procesos de selección.

12. Señaló, además, que la interpretación de la disposición que se alega
incumplida por parte de la accionante, no corresponde al régimen vigente que
gobierna la materia, en la medida que en tal disposición no se fijó un término
legal expreso u orden automática para proceder a ello, “aunque la Corte
Constitucional estableció un parámetro razonable de periodicidad de cuatro
años”, la modificación legal rige a partir del 9 de octubre de 2024 y no tiene
efectos retroactivos sobre situaciones anteriores. En ese orden, la entidad ha
demostrado actuaciones concretas de cumplimiento progresivo.

13. Seguidamente, alegó que el Consejo Superior de la Judicatura no ha
permanecido inactivo en el cumplimiento de su función constitucional y legal de
desarrollar concursos de méritos, toda vez que actualmente se adelanta la
convocatoria 27 «para proveer cargos de funcionarios de la Rama Judicial» así
como la convocatoria 28 «para proveer cargos de funcionarios de la Rama
Judicial», garantizando la prevalencia del mérito con base en los recursos
presupuestales efectivamente asignados.

14. Bajo esta misma línea, informó que, para la vigencia del 2024, dentro del
proyecto de inversión «MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DEL TALENTO
HUMANO PARA FORTALECER LA INTEGRIDAD, EL CONOCIMIENTO, EL
BIENESTAR Y LA SEGURIDAD A NIVEL NACIONAL» se contempló el desarrollo
de varias convocatorias: sin embargo, advirtió que, previo a definir la fecha de su
realización se requería adelantar fases y procedimientos, de manera que, no
puede afirmarse la existencia de una renuencia caprichosa cuando se ha
acreditado la programación institucional sujeta a disponibilidad de recursos junto
con una priorización administrativa razonable

5. Sentencia de primera instancia

15. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 19 de mayo
de 2026, declaró improcedente la acción de cumplimiento, por cuanto encontró
que la observancia de la norma cuyo cumplimiento se demanda, implica un gasto
no presupuestado, así lo indicó:

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En ese punto, refuerza lo precedente lo manifestado en el informe suscrito por
Directora de la Unidad de Carrera Judicial respecto del rubro por valor de
$17.891.832.522 por concepto de «seguridad humana y justicia social / D.
capacidades y la oferta del sistema de justicia» para el servicio de
conformación de registros de elegibles de la rama judicial; asignación que
tuvo lugar conforme a las actividades y fases previamente definidas por la
Unidad de Administración de Carrera Judicial en el marco de la relación de
actividades 2025-2027 de las convocatoria 28, 29 y 30.

En tal virtud, emerge evidente que el diseño, implementación, desarrollo de
las diversas fases que integran el proceso de selección demandan
necesariamente la existencia de apropiaciones presupuestales que habiliten y
respalden el gasto público inherente a su realización. Ello es así, teniendo en
cuenta que la estructuración de la convocatoria, contratación, logística,
diseño, aplicación de pruebas y demás gastos derivados implican la asunción
de obligaciones de carácter económico que deben estas previamente
planificadas y autorizadas.

En atención a las consideraciones que anteceden, la Sala estima que la
disposición normativa contenida en el numeral 2° del artículo 164 de la Ley
Estatutaria de Administración de Justicia cuyo cumplimiento se pretende en el
subjudice, supone la determinación de apropiaciones presupuestales y por
consiguiente, la ejecución de un gasto público que permita financiar el
desarrollo del concurso de méritos, circunstancia tal que, en virtud de lo
previsto en el artículo 9° de la Ley 393 de 1997 torna improcedente la acción
de cumplimiento, y así se declarará en la parte resolutiva de esta providencia.

6. La impugnación2

16. La parte actora, inconforme con la sentencia de primea instancia, impugnó la
decisión.

17. Como sustento de su apelación, reiteró los mismos argumentos expuestos a
lo largo del proceso; además, puso de presente que, el tribunal declaró la
improcedencia sin verificar el presupuesto efectivamente asignado, a pesar de
que esa información obraba en el propio expediente.

18. Así, sostuvo que, el informe presentado por la directora de la Unidad de
Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura –aportado al proceso por la
propia entidad accionada– acreditó la existencia de un rubro presupuestal por
valor de $17.891.832.522 por concepto de «seguridad humana y justicia social /
D. capacidades y la oferta del sistema de justicia», específicamente destinado al
servicio de conformación de registros de elegibles de la Rama Judicial, en el
marco de la relación de actividades 2025-2027 de las convocatorias 28, 29 y 30.

2 La sentencia del 19 de mayo de 2026 fue notificada por medios electrónicos el

19 de mayo de 2026 y la actora radicó el escrito de impugnación el 20 de mayo de
2026, término que se encuentra oportuno.

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19. Además, indicó que existe precedente judicial para determinar que, las
acciones de cumplimiento operan para concursos, como por ejemplo en el de la
Procuraduría General de la Nación.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

20. La Sección Quinta es competente para decidir la impugnación contra la
sentencia del 19 de mayo de 2026 dictada por el Tribunal Administrativo de
Santander, según lo dispuesto en los artículos 1503 y 1524 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y en el
artículo trece del Acuerdo 080 de 2019 expedido por la Sala Plena del Consejo de
Estado5.

2. Objeto de la decisión

21. Corresponde a la Sala resolver si confirma, revoca o modifica la decisión
adoptada por la citada Corporación judicial en la sentencia del 19 de mayo de
2026, que declaró improcedente la acción de cumplimiento.

22. Para ello, la Sala verificará si la parte actora cumplió con el requisito de
procedibilidad de la constitución en renuencia a la accionada, de conformidad con
lo previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997.

23. En caso de superarse, la Sala procederá al estudio de los presupuestos de
procedencia de la acción.

3. Generalidades de la acción de cumplimiento

24. La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos mandatos
contenidos en las normas de rango legal y en los actos administrativos.

3 Artículo 150: Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y
cambio de radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de
las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También
conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales,
según lo regulado en el artículo 245 de este código.
4 Artículo 152: (…) 14. De los relativos a la protección de derechos e intereses

colectivos y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las
personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones
administrativas.
5 Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el

conocimiento de las apelaciones contra las providencias susceptibles de ese
recurso que sean dictadas por los tribunales administrativos, en primera instancia,
en las acciones de cumplimiento.

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25. Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la
Ley 393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos.
Estos presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso
incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando
el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo
8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción
de cumplimiento.

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º].

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(iv) Que no se pretenda la protección de derechos que puedan ser garantizados a
través de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la
Administración [artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres
puntos descritos [ii, iii o iv], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia
del medio de control.

26. Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe
o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o
del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º].
Por tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de la/s
pretensión/es formulada/s.

4. La constitución de la renuencia

27. En el artículo 8.º, la Ley 393 de 1997 señaló que «[c]on el propósito de
constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la
autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los
diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud […]».

28. Frente a los alcances de esta norma, la Sala mantiene un criterio reiterado
según el cual «[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición

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sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de
la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»6.

29. Esta Corporación también ha considerado que no puede tenerse por
demostrado el requisito de procedibilidad de la acción en aquellos casos en que la
solicitud hecha por el interesado «[…] tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia»7.

30. Según el criterio reiterado de la Sala, la renuencia debe entenderse como la
negativa del accionado frente al requerimiento bien porque no brinde respuesta
oportuna o porque, a pesar de ser proferida en tiempo, sea contraria al querer del
ciudadano8.

31. Es necesario que la solicitud permita determinar claramente que lo pretendido
por el interesado es el efectivo cumplimiento de un deber legal o administrativo,
cuyo objetivo es precisamente la constitución en renuencia de la parte
demandada.

32. Como fue establecido en el numeral 5.º del artículo 10.º de la Ley 393 de
1997, el agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción respecto de la
parte accionada deberá acreditarse con la demanda, so pena de ser rechazada
de plano.

33. En el caso concreto obra en el expediente copia de la comunicación de 23 de
marzo de 20269, suscrita por la parte actora, en la que solicitó al Consejo Superior
de la Judicatura el cumplimiento del artículo 164 de la Ley 270 de 1996,
modificado por el artículo 81 de la Ley 2430 de 2024.

34. En el proceso, obra constancia de la respuesta otorgada por el Consejo
Superior de la Judicatura del 27 de abril de 2026, a través de la cual se le indicó
que actualmente existe registro de elegibles vigente; además, expuso los mismos
argumentos planteados en la contestación de esta acción. Como consecuencia, la
Sala tendrá por agotado el requisito de renuencia y procederá al estudio de los
demás aspectos.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de
octubre 20 de 2011, expediente No. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
7 Sobre el particular pueden verse las providencias de noviembre 21 de 2002 dentro del

expediente ACU-1614 y de marzo 17 de 2011, expediente 2011-00019.
8 Sobre el particular pueden consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, radicación 25000-23-41-
000-2016-02003-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, sentencia del 17 de noviembre de 2016,
radicación 15001-33-33-000-2016-00690-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez y sentencia del 15 de
septiembre de 2016, radicación 15001-23-33-000-2016-00249-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.
9 Índice 2 del del expediente digitalizado en Samai.

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6. Procedencia de la acción

35. Según lo previsto en el artículo 9.° de la Ley 393 de 1997, esta acción no
procederá cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento de defensa
judicial para hacer efectivo cumplimiento de la norma o acto administrativo, salvo
que, de no proceder el juez, se cause un perjuicio grave e inminente para el
accionante.

36. En este asunto, la parte demandante busca el cumplimiento del artículo 164
de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 81 de la Ley 2430 de 2024, para
que la autoridad accionada proceda a expedir el acto administrativo de
convocatoria a concurso de méritos para proveer los cargos de empleados y
funcionarios de la Rama Judicial cuyos registros de elegibles se encuentren
agotados o vencidos a nivel nacional.

37. No se advierte que la parte actora cuente con otro mecanismo de defensa
judicial para procurar por el cumplimiento del precepto que se pide ordenar acatar,
el que además es actualmente exigible porque no está derogado ni suspendido.

38. Sin embargo, en esta oportunidad, la Sala encuentra que la pretensión de la
demandante implica un gasto que no está presupuestado, según pasa a
explicarse.

7. Caso concreto

39. La parte actora pretende que se ordene al Consejo Superior de la Judicatura
convocar a concurso de méritos para proveer las vacantes definitivas que se
presentan en la Rama Judicial. Consideró incumplido el artículo 164 de la Ley 270
de 1996, modificado por el artículo 81 de la Ley 2430 de 2024, que establece:

ARTÍCULO 164. CONCURSO DE MÉRITOS. El concurso de méritos es el
proceso mediante el cual se hace la evaluación de conocimientos, destrezas,
aptitud, experiencia, capacidades, aptitudes intelectuales y profesionales de
diversa índole y rasgos de la personalidad de los aspirantes a ocupar cargos
en la carrera judicial, determinará su inclusión en el Registro de Elegibles del
Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura y fijará su ubicación en el
mismo.

Los concursos de mérito en la carrera judicial se regirán por las siguientes
normas básicas:

1. Podrán participar en los concursos de ascenso los funcionarios y
empleados que encontrándose vinculados al servicio reúnan los requisitos
del cargo al que aspiran ascender.

Cuando se trate de concursos abiertos y públicos, podrán participar los
ciudadanos colombianos que, de acuerdo con la categoría del cargo por

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proveer, reúnan los requisitos correspondientes, e igualmente podrán
participar los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, siempre y cuando
no participen en el concurso cerrado.

Los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura podrá convocar
concursos para cargos de jueces y empleados en zonas de difícil acceso,
determinadas por sus condiciones geográficas o de seguridad, o cuyos
nombramientos se hayan mantenido en provisionalidad por más de cinco (5)
años.

2. La convocatoria es norma obligatoria que regula todo proceso de selección
mediante concurso de méritos. Se efectuará cuando según las
circunstancias, el Registro de Elegibles resulte insuficiente.

3. Las solicitudes de los aspirantes que no reúnan las calidades señaladas en
la convocatoria o que no acrediten el cumplimiento de todos los requisitos
en ella exigidos, se rechazarán mediante resolución motivada contra la cual
no habrá recurso en la actuación administrativa. El aspirante deberá anexar
la declaración de no hallarse incurso en causal de inhabilidad o de
incompatibilidad. La presentación de la hoja de vida y los anexos con
motivo de la inscripción se entenderá radicada bajo la gravedad de
juramento. También deberá de autorizar el tratamiento sus datos
personales con motivo de este proceso.

4. Todo concurso de méritos comprenderá dos etapas sucesivas: de
selección y de clasificación. La etapa de selección tiene por objeto la
escogencia de los aspirantes que harán parte del correspondiente Registro
de Elegibles y estará integrada por el conjunto de pruebas que, con sentido
eliminatorio, señale y reglamente el Consejo Superior de la Judicatura.

La etapa de clasificación tiene por objetivo establecer el orden de Registro
según el mérito de cada concursante elegible, asignándosele a cada uno un
lugar dentro del Registro para cada clase de cargo y de especialidad.

PARÁGRAFO 1. El Consejo Superior de la Judicatura determinará de manera
general el contenido y los procedimientos de cada una de las etapas, y
señalará los puntajes correspondientes a las diferentes pruebas que
conforman la primera etapa, cumpliendo los parámetros fijados en la presente
Ley.

PARÁGRAFO 2. Las pruebas que se apliquen en los concursos para proveer
cargos de carrera judicial, así como también toda la documentación que
constituya el soporte técnico de aquéllas, tienen carácter reservado.

40. La Dirección Seccional de Administración Judicial, al contestar esta demanda,
indicó que la presente acción se inscribe en la previsión contenida en el parágrafo
del artículo 9.° de la Ley 393 de 1997, que prohíbe expresamente perseguir el
cumplimiento de normas que establezcan gastos.

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41. Con el fin de acreditar que el Consejo Superior de la Judicatura no cuenta con
el presupuesto para la convocatoria de los concursos solicitados, sostuvo lo
siguiente:

Para el caso en cuestión, a fin de acatar la disposición contenida en el inciso 2 del
artículo 2 del artículo 164 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 84 de la
Ley 2430 de 2024 en el cual se señaló: “La convocatoria es norma obligatoria que
regula todo proceso de selección mediante concurso de méritos. Se efectuará
cuando según las circunstancias, el Registro de elegibles resulte insuficiente”; se
hace necesario realizar las apropiaciones presupuestales pertinentes. Sin embargo,
conforme a los Acuerdos PCSJA26-12383 de 15 de enero de 2026 y PCSJA26-
12384 de 27 de enero de 2026, el Consejo Superior de la Judicatura desagregó
parcialmente los proyectos de inversión de la Rama Judicial para la vigencia 2026.
Posteriormente mediante Resolución 0340 de 28 de enero de 2026 la Directora
Ejecutiva de Administración Judicial realizó la asignación interna de las
apropiaciones del Presupuesto de Inversión de la Rama Judicial para la vigencia
2026.

Para el caso concreto, se pone de presente que el rubro 2. SEGURIDAD HUMANA Y
JUSTICIA SOCIAL / D. CAPACIDADES Y LA OFERTA DEL SISTEMA DE JUSTICIA
código de rubro 2701050 se dispuso un valor por 17.891.832.522 para el servicio de
conformación de registros de elegibles de la rama judicial. Dicha asignación se llevó
a cabo conforme a las actividades previamente definidas por parte de la Unidad de
Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura; Unidad que
definió dentro de sus actividades las siguientes:

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49. De conformidad con lo establecido por la jurisprudencia reiterada de esta
Sala, la acción de cumplimiento no es procedente cuando los solicitado implique
un gasto. Sobre el particular, la Sección ha concluido que esa causal puede ser
superada cuando dicho gasto está debidamente presupuestado 10, es decir, una
vez elaborado un presupuesto o apropiado el gasto que debe ser efectivamente
destinado a la satisfacción de la función para el cual está concebido, y será en
estos casos en los cuales la pretensión de cumplimiento devendrá procedente.

50. Al verificar las pruebas aportadas, se advierte que la norma cuyo
cumplimiento se exige y la pretensión planteada conlleva la ejecución de un
gasto; sin embargo, contrario a lo que ha ocurrido en otras oportunidades, para la
Sala, en este caso en concreto, no se acreditó que la entidad cuente con el
presupuesto o la apropiación del gasto necesario para convocar el concurso de
méritos, como lo pide la parte actora.

51. En efecto, en esta oportunidad, no se demostró que el Consejo Superior de la
Judicatura cuente con un rubro específico en su presupuesto destinado a cumplir
con ese fin; tampoco se probó que, dentro del presupuesto efectivamente
aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se hubiera destinado
una partida cuyo objeto sea la convocatoria del mismo.

52. Por el contrario, está acreditado que el Consejo Superior de la Judicatura solo
cuenta con el presupuesto aprobado para realizar algunas fases en las
convocatorias 28, 29 y 30 en 2026 y con actividades proyectadas a 2027; por
tanto, los recursos alegado por la parte actora como existente para convocar de
forma inmediata una convocatoria ya fueron definidos conforme a actividades
previamente estructuradas por la Unidad de Administración de Carrera Judicial,
dando continuidad a convocatorias priorizadas para funcionarios, para San
Andrés, Providencia y Santa Catalina y para empleados de tribunales, juzgados,
centros y oficinas de servicio.

53. Por tanto, ante la falta de pruebas que demuestren que efectivamente la
entidad cuenta con el presupuesto necesario para la convocatoria al concurso de
méritos pretendido por la parte actora, para la Sala, la acción resulta
improcedente.

10 Al respecto puede consultarse la sentencia de 3 de abril de 2014, Rad. No.

2013-01288-01, actor: María Luisa Guerrero Narváez, M.P. Alberto Yepes
Barreiro, sentencia del 22 de octubre de 2020, Rad. 25000-23-41-000-2020-
00185-01(ACU), actor Luz Patricia Agudelo Patiño, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez y sentencia del 15 de abril de 2020, Rad. 13-001-23-33-000-
2020-00795-01, actor Carlos Mario Daza Mejía y, recientemente, sentencia del 22
de agosto de 2024, Rad. 25000-23-41-000-2024-00875-01.

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www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Yolanda Sánchez Contreras
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura
Rad: 68001-23-33-000-2026-00252-01

54. Como consecuencia, la Sala confirmará el fallo de primera instancia que
declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento, toda vez que lo solicitado
implica un gasto no presupuestado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley

FALLA

PRIMERO: Confirmar la sentencia del 19 de mayo de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, que declaró la improcedencia de la acción,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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