Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2026-00274-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2026-00274-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 68001-23-33-000-2026-00274-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
18 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 68001-23-33-000-2026-00274-01
Accionantes: MANUEL ENRIQUE SANCHEZ QUEVEDO
Accionado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Tema: Derecho fundamental de petición.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la accionada
contra la sentencia de primera instancia proferida el 11 de mayo de 2026 por el
Tribunal Administrativo de Santander. Lo anterior, de conformidad con lo
dispuesto por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de
2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el
Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
Por auto del 29 de abril de 20262, la referida autoridad judicial admitió la acción
constitucional y, mediante providencia del 25 de mayo de 2026 concedió la
impugnación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. El señor Manuel Enrique Sánchez Quevedo, en nombre propio, interpuso
acción de tutela contra el Ministerio de Educación Nacional. Con la solicitud de
amparo pretenden que se le proteja el derecho fundamental de petición, el cual
consideró vulnerado por la falta de respuesta congruente y de fondo con respecto
a la solicitud que envió a la autoridad el 9 de marzo de 2026.
2. En concreto, solicitó lo siguiente:
PRIMERO: Ordenar al Ministerio de Educación Nacional que, en el término de 48
horas hábiles, admita la denuncia radicada bajo el número 2026-ER-0102635,
atendiendo a los criterios constitucionales, legales, normativos y la doctrina
administrativa testimoniada en el radicado 2025- EE-212588 (concepto de julio de
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 5 Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que el juez de primera instancia notificó en calidad
de accionado al Ministerio de Educación Nacional. A su vez, ordenó la vinculación de la Subdirección de
Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional.
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Accionantes: Manuel Enrique Sánchez Quevedo
Accionado: Ministerio de Educación Nacional
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2025). Si la denuncia presenta defectos formales, el Ministerio deberá señalar
cuáles son y otorgar un término para subsanarlos.
SEGUNDO: Ordenar al Ministerio de Educación Nacional que, en el término de
treinta (30) días hábiles contados a partir de la admisión de la denuncia, adelante
las investigaciones correspondientes por parte de los funcionarios competentes,
con el fin de establecer la posible infracción de la norma. Se deja constancia que
una investigación no implica la necesaria adopción de medidas preventivas ni
sancionatorias, sino el cumplimiento de la función preventiva del Estado. Bajo
ninguna circunstancia significa que la investigación o etapas subsiguientes deban
concluirse en 30 días, solo iniciarse.
TERCERO: Ordenar al Ministerio que informe al juzgado sobre el cumplimiento de
estas órdenes dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación del fallo.
La Ley 1740 de 2014 es preventiva. Investigar es mejor que sancionar.
1.2. Hechos
3. El señor Sánchez Quevedo pertenece a un grupo de investigación en el
que se recopilaron distintos documentos relacionados con la función de
inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional (en adelante, MEN),
particularmente, en lo relacionado con la participación democrática de
estudiantes y docentes en la máxima instancia de gobierno de las instituciones
de educación superior (en adelante, IES).
4. En el marco de dicha labor, dicho grupo formuló diversas solicitudes de
información ante el ministerio, con el fin de obtener documentos oficiales tales
como estatutos universitarios y archivos de actuaciones administrativas, que
brindaran la posibilidad de verificar el cumplimiento de las normas aplicables en
dicha temática.
5. De tal forma, en el marco de su investigación se identificaron supuestas
inconsistencias entre los criterios establecidos por el ministerio en relación con la
participación de estudiantes en los órganos superiores de gobierno universitario,
y la realidad de diversas IES de carácter privado. En tal sentido, se identificaron
casos en los que, a juicio del grupo de investigación, dicha participación no se
garantiza y, a pesar de ello, la autoridad accionada no habría adoptado las
medidas efectivas de control.
6. En virtud de lo anterior, el 9 de marzo de 2026, el señor Sánchez Quevedo
radicó una solicitud ante el MEN, la cual se identificó con el radicado 2026-ER-
0102635, mediante la cual formuló la siguiente petición:
Bajo la normatividad relacionada con las funciones de inspección y vigilancia, me
permito solicitar a esta entidad pública que dé trámite a esta denuncia y comience
con la investigación a fin de establecer verificar el cumplimiento de las normas
constitucionales y legales que regulan la educación superior, toda vez que las
siguientes instituciones3 han referido en múltiples procesos judiciales que no
3 El accionante identificó las siguientes IES: Centro de Conocimiento Alejandría, Corporación de Educación
Superior Suramericana, Corporación Universitaria Americana, Corporación Universitaria de Cataluña,
Corporación Universitaria de Sabaneta, Corporación Universitaria del Meta, Corporación Universitaria Rafael
Núñez, Corporación Universitaria U de Colombia, Fundación de Educación Superior Nueva América,
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cumplen con la necesario inclusión de representantes de estudiantes y docentes
en el máximo órgano de gobierno universitario.
7. Como sustento de su petición, identificó los siguientes puntos.
8. En primer lugar, hizo referencia al numeral 7 del artículo 2.5.5.1.5 del
Decreto 1075 de 2015 que regula lo relativo a la descripción que, a nivel
estatutario, deben tener las IES privadas en relación con la organización
académica y administrativa básica, en especial la relativa a sus órganos de
dirección y administración. Por su parte, aludió al concepto con radicado 2025–
EE–212588 del 24 de julio de 2025, expedido por la Oficia de Asesoría Jurídica
del MEN, mediante el cual se estableció que el objeto de dicha disposición
normativa era la garantía de la participación democrática, real y efectiva de la
comunidad, la cual adquiere sentido si se ejerce en el máximo órgano de
dirección de las IES.
9. Seguidamente, sostuvo que el Decreto 2269 de 2023 precisa que la
Oficina de Asesoría Jurídica del MEN tiene la función de fijar la posición jurídica
institucional para la interpretación y aplicación de normas que regulan el sector
educación.
10. A su vez, afirmó que el concepto 2025–EE–212588 «tiene un componente
de interpretación jurídica» y fue expedido en uso de las funciones de dicha
dependencia.
11. Del mismo modo, indicó que en el marco de la investigación adelantada,
se han formulado diversas solicitudes al MEN de copias de todas las resoluciones
ministeriales por medio de las cuales se aprueban los estatutos generales de las
IES privadas, las cuales no habrían sido resueltas.
12. De igual forma, referenció el caso de una investigación adelantada por la
Subdirección de Inspección y Vigilancia del ministerio en contra de la Corporación
Universitaria de Ciencia y Desarrollo Uniciencia. En consecuencia, señaló que en
dicho trámite se sancionó a dicha IES y, en virtud de ello, se le instó a que
adelantara una reforma estatutaria en la que incluyera a un representante de los
estudiantes, de los profesores y de los egresados en su Asamblea General o en
el órgano que asumiera sus funciones. Lo anterior, dado el incumplimiento de lo
dispuesto por los artículos 100 y 128 de la Ley 30 de 1992 y el numeral 7 del
artículo 2.5.5.1.5 del Decreto 1075 de 2015.
Fundación Universitaria Esumer, Fundación Universitaria Juan de Castellanos, Institución de Educación
Tecnológica Internacional, Universidad Católica de Colombia, Universidad de Investigación y Desarrollo,
Universidad ECCI, Universitaria Chicamocha, Corporación Centro de Estudios Artísticos y Técnicos,
Corporación Educativa del Norte del Tolima, Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo,
Corporación Técnica Profesional Caminos del Suroccidente Colombiano, Corporación Universitaria Antonio
José de Sucre, Corporación Universitaria Asturias, Corporación Universitaria del Caribe, Corporación
Universitaria Lasallista, Corporación Universitaria Reformada, Fundación Tecnológica Autónoma de Bogotá,
Fundación Tecnológica Autónoma del Pacífico, Fundación Universitaria Antonio de Arévalo, Fundación
Universitaria Bellas Artes, Fundación Universitaria Colombo Germana, Fundación Universitaria Internacional
de Colombia, Fundación Universitaria Sanitas, Instituto Superior de Ciencias Sociales y Económico
Familiares, Universidad CESMAG, Universidad Simón Bolívar, Universidad Tecnológica de Bolívar.
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13. En tal sentido, señaló que contra tal corporación universitaria se
adelantaron múltiples requerimientos en dicho procedimiento administrativo, los
cuales habrían cesado una vez se dio cumplimiento a dicha instrucción de
reforma estatutaria, la cual fue aprobada por el viceministro de Educación
Superior. A su vez, aseguró que tales medidas adoptadas tuvieron lugar con el
fin de que dicha IES modificara sus estatutos generales de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 7 del artículo 2.5.5.1.5 del Decreto 1075 de 2015.
14. Finalmente, aseguró que las IES privadas sobre las cuales recaía la
solicitud de investigación formulada, carecían de una máxima instancia de
gobierno en la que participaran estudiantes y docentes y, por tanto, concluyeron
que estas instituciones incumplían con el estándar normativo dispuesto por la
autoridad en relación con el tema en cuestión. Al respecto, alegó que, a pesar de
ello, no se han adelantado investigaciones contra IES privadas.
15. Como respuesta a su solicitud, el 28 de marzo de 2026 el MEN expidió el
Oficio 2026-EE-115165 mediante el cual le comunicó al señor Sánchez Quevedo
lo siguiente.
16. En primer lugar, puso de presente que, de conformidad con la Ley 30 de
1992, las IES privadas, a diferencia de las públicas, son creadas por iniciativa de
particulares, bajo formas permitidas por el ordenamiento jurídico, y se rigen
predominantemente por el derecho privado, sin perjuicio de la inspección y
vigilancia que ejerce el MEN. De tal forma, aseveró que estas gozan de
autonomía universitaria para definir su organización, funcionamiento y gobierno
interno, en el marco del orden legal vigente, de conformidad con la Ley 30 de
1992 y el Decreto 1075 de 2015. En consecuencia, expuso que sus órganos de
gobierno y dirección son creados por sus constituyentes y su integración,
funciones y períodos se determinan estatutariamente, sin que exista una
composición impuesta rígidamente por la ley.
17. Por su parte, señaló que si bien el Decreto 1075 de 2015 establece que
estas IES deben contar con órganos de dirección y administración definidos
estatutariamente, estas no están sometidas al mismo régimen de conformación
ni a los controles propios de los órganos colegiados de las IES públicas. A su
vez, advirtió que el artículo 2.5.5.1.5 del Decreto 1075 de 2015 no impone la
obligación de que la participación de docentes y estudiantes se deba materializar
en su participación en el máximo órgano de gobierno de la Institución, ni
establece una integración específica o porcentual de cada órgano.
18. Seguidamente, procedió a pronunciarse con respecto a cada uno de los
hechos que sustentaban la solicitud formulada.
19. En este sentido, indicó que el concepto vigente de la Oficina Jurídica del
MEN en relación con la interpretación del numeral 7 del artículo 2.5.5.1.5 del
Decreto 1075 de 2015, era el 2026-EE-101817 de fecha 17 de marzo de 2026,
en el que estableció que tal disposición contenía una exigencia normativa
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orientada a asegurar la participación de los docentes y estudiantes en los
procesos de dirección institucional, sino que ello se derive necesariamente en la
obligación su integración en el máximo órgano de gobierno de la institución. En
consecuencia, indicó que la posición jurídica vigente de la autoridad es coherente
con las distintas respuestas que ha brindado la entidad al grupo de investigación
al que pertenece el señor Sánchez Quevedo.
20. Por su parte, enfatizó en que las solicitudes relacionadas con las
resoluciones ministeriales de aprobación de los estatutos de las IES privadas han
sido atendidas en debida forma. Como sustento, relacionó distintos radicados de
las múltiples peticiones elevadas por miembros del grupo de investigación al que
pertenece el actor.
21. De igual forma, precisó que, a pesar de la autonomía con la que cuentan
las IES privadas para su autodeterminación en cuanto a sus formas de
participación y de toma de decisiones, esta no es absoluta, pues ella se sujeta a
límites constitucionales y legales.
22. En consecuencia, señaló que con respecto a la situación de la Corporación
Universitaria Uniciencia, el MEN ordenó la adopción de medidas preventivas y de
vigilancia especial mediante la Resolución 022210 del 19 de noviembre de 2021,
que incluyeron la elaboración e implementación de un plan de mejoramiento
institucional, la designación de un inspector in situ y la fijación de condiciones de
carácter administrativo y financiero orientadas a superar las irregularidades
identificadas en el marco de visitas preventivas realizadas en 2020 y 2021.
23. A su vez, aclaró que tales medidas no se circunscribían exclusivamente a
la participación de los estamentos y que la necesidad de incluirlos en los órganos
de dirección se fundamentó en la inexistencia de un régimen de participación en
la institución, aunado a una crisis de gobernabilidad derivada de una falta de
operatividad de la Asamblea General y de la adopción de decisiones sin criterios
técnicos y económicos. En tal medida, señaló que esto generó una grave
afectación de la calidad del servicio y que el gobierno institucional constituye una
de las condiciones de dicha calidad.
24. Con fundamento en lo anterior, indicó que el trato diferenciado de la
situación de Uniciencia en relación con otras IES privadas estaba justificado en
aquella situación particular y diferencial.
25. Por su parte, indicó que tal como fue puesto de presente por el interesado,
el MEN no ha identificado ninguna IES privada cuyos estatutos incumplan lo
establecido por el artículo 2.5.5.1.5 del Decreto 1075. Asimismo, reiteró que la
participación de docentes y estudiantes puede ser materializada mediante
distintos órganos de dirección y administración y que la cartera ministerial no ha
instado a ninguna institución a modificar sus estatutos por la ausencia de estos
estamentos en su máxima instancia de gobierno.
26. Finalmente, explicó que llevó a cabo un análisis en relación con las IES
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privadas mencionadas en la solicitud y concluyó que tales instituciones cumplen
con la normativa vigente. Aunado a ello, comunicó que la petición relativa a la
admisión de la denuncia y el inicio de la investigación contra las instituciones
mencionadas sería trasladada a la Oficina de Control Interno del MEN, con el fin
de que adelante el trámite correspondiente en el marco de sus competencias.
1.3. Sustento de la vulneración
27. El accionante aseguró que la autoridad accionada no dio una respuesta
de fondo a su solicitud pues, en lugar de ello, se limitó a remitir la denuncia
presentada a la Oficina de Control Interno. A su vez, argumentó que esta
dependencia del MEN carece de competencia para adelantar las investigaciones
solicitadas o para tramitar quejas ciudadanas en materia de inspección y
vigilancia. Por tanto, agregó que no se llevó a cabo un estudio sustancial de su
denuncia y vulneró su derecho de petición.
28. De igual forma, alegó que dicha remisión no constituye una respuesta
congruente con lo pedido, pues no se admitió la denuncia ni se inició actuación
alguna frente a lo solicitado, aunado a que no indicó razones de fondo para
abstenerse de hacerlo. Consideró que, por el contrario, ante esa falta de trámite
a su petición, el MEN eludió la competencia asignada a la Subdirección de
Inspección y Vigilancia al trasladar el asunto a una dependencia sin competencia
para ello.
29. Finalmente, concluyó que la respuesta otorgada por la autoridad se tradujo
en un desconocimiento de su obligación de dar una respuesta clara, completa y
de fondo a la petición formulada, así como de tramitar la denuncia de conformidad
con sus competencias legales.
1.4. Intervención
30. El Ministerio de Educación Nacional informó que no le era posible
contestar de fondo la acción constitucional promovida en su contra, al evidenciar
que el escrito de tutela no se había adjuntado con los anexos de la notificación
del respectivo auto admisorio. En tal sentido, manifestó que desconocía los
hechos que originaron el trámite constitucional y solicitó que se le permitiera tener
acceso a los documentos que componen el expediente, con el fin de que el
trámite no se viera afectado con la nulidad derivada del numeral 8 del artículo
133 del Código General del Proceso.
1.5. Sentencia de primera instancia
31. Mediante fallo del 11 de mayo de 2026, el Tribunal Administrativo de
Santander amparó el derecho fundamental de petición del señor Sánchez
Quevedo y ordenó al MEN lo siguiente:
(…) por conducto de la dependencia competente, emita y notifique al accionante
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una respuesta de fondo, clara, precisa, congruente y definitiva respecto de la
denuncia radicada bajo el número 2026-ER-0102635, en la cual informe el trámite
impartido a la misma, las actuaciones adelantadas con ocasión de su presentación
y la determinación adoptada frente a la solicitud elevada por el peticionario.
32. La autoridad judicial de primera instancia analizó el caso en concreto
desde la óptica del derecho de petición y concluyó que la solicitud elevada por el
actor no consistía en una simple consulta jurídica abstracta. Lo anterior, al
considerar que aquella era una petición concreta encaminada a obtener una
determinación administrativa frente a la denuncia presentada y al eventual inicio
de actuaciones relacionadas con las funciones de inspección y vigilancia del
MEN.
33. De tal forma, sostuvo que, con independencia del trámite interno que se le
impartiera a la petición, la administración tenía la obligación de otorgar una
respuesta definitiva y consecuente en el que se informara si la denuncia iba a ser
tramitada, las actuaciones que se adelantarían y, en caso de su improcedencia,
las razones jurídicas o fácticas de dicha determinación.
34. A su vez, argumentó que, si bien el ministerio informó del traslado de la
denuncia a una dependencia interna, no se acreditó que se adoptara una decisión
definitiva en relación con el curso administrativo que tendría su petición.
Consecuentemente, afirmó que la respuesta dada dejó sin efecto la pretensión
principal elevada por el actor, lo que lo mantiene en la incertidumbre con respecto
a la decisión administrativa relacionada con el eventual trámite.
1.6. Impugnación e incidente de nulidad
35. Mediante memorial remitido el 20 de mayo de 2026, la autoridad accionada
promovió incidente de nulidad por indebida notificación y, a su vez, solicitó que
se revocara el fallo de primera instancia y, en su lugar, se tuviera por satisfecha
la pretensión del actor.
36. En relación con el incidente de nulidad, señaló que si bien se le comunicó
de la admisión de la acción de tutela, no se remitió el escrito inicial y sus anexos,
los cuales eran fundamentales para elaborar su contestación y ejercer su derecho
a la defensa. A su vez, aseveró que esta situación fue puesta de presente al juez
de primera instancia, sin obtener respuesta al respecto. En consecuencia,
argumentó que dicha omisión vulneró su derecho fundamental al debido proceso
y sus garantías de defensa y contradicción lo que, a su juicio, se configuró una
irregularidad procesal que afecta la validez de las actuaciones posteriores a la
admisión de la tutela.
37. Finalmente, describió a detalle la respuesta que dio a cada uno de los
puntos que fundamentaron la solicitud que radicó el señor Sánchez Quevedo el
9 de marzo de 2026 y que, a su juicio, garantizaron el derecho fundamental de
petición del actor.
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1.7. Auto que resolvió incidente de nulidad
38. Mediante auto del 25 de mayo de 2026, el Tribunal Administrativo de
Santander declaró la improcedencia de la nulidad propuesta por el MEN, al
advertir que el escrito de tutela y sus anexos fueron remitidos en el trámite de
notificación, de conformidad con el acuse de recibo visible a índice 8 del
expediente digital que reposa en Samai.
II. CONSIDERACIONES
39. La Sala revocará el fallo de primera instancia y, en su lugar, negará el
derecho fundamental de petición con relación a la solicitud radicada el 9 de marzo
de 2026 por el actor, por las razones que pasan a explicarse.
2.1. Caso concreto
2.1.1. La solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela
40. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela es
un mecanismo judicial subsidiario, residual, informal y autónomo que tiene por
objeto garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales a través
de un proceso preferente y sumario. De acuerdo con lo previsto en el Decreto
2591 de 1991 y el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, son
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela: i) la legitimación en la
causa por activa y por pasiva de las partes, ii) la inmediatez y, iii) la
subsidiariedad. El cumplimiento de estos requisitos de procedencia es una
condición para que el juez de tutela pueda emitir una decisión de fondo4.
41. Esta Sección considera que la solicitud de amparo cumple con todos los
requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a exponerse:
42. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien
promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como
fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra, que el
accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas
(pasiva).
43. El actor está legitimado en la causa por activa, ya que acreditó que elevó
una solicitud el 9 de marzo de 2026, cuya respuesta motivó la presente solicitud
de amparo. Por otra parte, se evidencia que el Ministerio de Educación Nacional
está legitimado en la causa por pasiva por ser la autoridad a la cual se remitió la
mencionada petición.
44. Inmediatez. La Corte Constitucional ha señalado reiteradamente que la
acción de tutela debe interponerse en un tiempo oportuno y justo, a partir del
4 Ver, entre otras, sentencias T-183 de 2024, T-309 de 2023 y T-099 de 2021.
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momento en el que ocurre la situación que presuntamente vulnera o amenaza el
derecho fundamental5.
45. Se cumplió debidamente con esta carga, pues a la fecha de la interposición
de la solicitud de amparo persiste la situación respecto de la cual se deriva la
presunta vulneración del derecho fundamental indicado, que consiste en la falta
de respuesta de fondo y congruente con la petición del 9 de marzo de 2026.
46. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política consagró el
carácter subsidiario de la acción de tutela frente a los medios ordinarios de
defensa. En virtud de dicho requisito, la Corte Constitucional ha determinado que
la acción de tutela solo procede en dos casos excepcionales6: i) como mecanismo
de protección definitivo, si el afectado no dispone de otro medio de defensa
judicial idóneo7 y eficaz8 y, ii) como mecanismo de protección transitoria.
47. Esta Sección considera que se cumplió con dicho presupuesto, dado que
la parte tutelante no cuenta con otros mecanismos judiciales para solicitar la
protección de su derecho fundamental de petición.
2.1.2. Estudio sobre el derecho fundamental de petición en relación con la
solicitud del 9 de marzo de 2026
48. Como viene de verse, el 9 de marzo de 2026 el actor presentó una solicitud
ante el Ministerio de Educación Nacional con el fin de que llevara a cabo una
investigación con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa relacionada
con la inclusión de representantes de estudiantes y docentes en los órganos
máximos de gobierno universitario en unas IES privadas que referenció en su
escrito, al considerar que estas no están acatando dicho deber.
49. Esta petición la fundamentó, en síntesis, en lo siguiente9: i) el numeral 7
del artículo 2.5.5.1.5 del Decreto 1075 de 2015 exige que los estatutos de las IES
privadas garanticen la participación democrática de la comunidad en su máximo
órgano de dirección, conforme a la interpretación fijada por la Oficina de Asesoría
Jurídica del MEN, competente para ello según el Decreto 2269 de 2023; ii) existe
el precedente del caso de Uniciencia, donde se ordenó una reforma estatutaria
para incluir representación de estudiantes, profesores y egresados en su
Asamblea General y, iii) las IES referenciadas incumplen dicho estándar al
carecer de esa participación, sin que se hayan iniciado las correspondientes
investigaciones.
39. Por su parte, como respuesta a su solicitud, el 28 de marzo de 2026 el
5 Ver, entre otras, sentencias T-834 de 2005, T-887 de 2009 y T-427 de 2019.
6 Sentencia T-183 de 2024.
7 De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es idóneo si es «materialmente apto para producir el efecto
protector de derechos fundamentales». Al respecto, ver sentencia SU-379 de 2019.
8 Ib. La Corte Constitucional ha considerado que la eficacia se refiere a si el mecanismo judicial está
diseñado para brindar una protección oportuna a los derechos fundamentales vulnerados.
9 El sustento de la petición del actor fue expuesto de manera detallada en los numerales 8 – 14 de la presente
providencia.
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MEN expidió el Oficio 2026-EE-115165 mediante el cual le comunicó al señor
Sánchez Quevedo, en síntesis, lo siguiente10: i) de conformidad con la Ley 30 de
1992, las IES privadas gozan de autonomía universitaria para definir su
organización y órganos de gobierno, los cuales se establecen estatutariamente
sin una composición legal rígida; ii) el Decreto 1075 de 2015 no exige que la
participación de docentes y estudiantes se materialice necesariamente en la
integración del máximo órgano de dirección; iii) el concepto vigente del MEN
(2026-EE-101817) interpreta dicha norma en el sentido de garantizar la
participación sin imponer su integración en ese órgano específico; iv) las medidas
adoptadas en el caso de Uniciencia respondieron a una situación particular de
crisis institucional y, por tanto, no responden a un estándar general, por lo que el
trato diferenciado con respecto a las otras IES privadas está justificado; v) del
estudio elaborado por el MEN con respecto a las instituciones identificadas por
el interesado, no se identificó el incumplimiento de la normativa aplicable y, vi)
finalmente, se trasladó su solicitud a la Oficina de Control Interno para que
adelantara el trámite correspondiente en el marco de sus competencias.
50. Ahora bien, debe recordarse que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 el término para dar respuesta a las peticiones
es de 15 días. Además, aquella debe ser resuelta de fondo, de manera clara,
precisa y congruente con lo solicitado. En palabras de la Corte Constitucional:
[…] la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por
la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la
petición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse
libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial
de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado. Desde luego,
este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la autoridad
suministre información adicional relacionada con los intereses del peticionario,
pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la respuesta
dada11.
51. Igualmente, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento
del peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello
[…] la notificación […] debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla
el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante»12.
52. Por su parte, es necesario poner de presente que, de conformidad con la
Corte Constitucional13, el derecho de petición guarda una estrecha relación con
el derecho al debido proceso administrativo, puesto que algunas actuaciones
regidas por esta garantía se originan en el ejercicio del derecho de petición y, en
tales casos, su efectivo respeto dependerá de la efectiva puesta en conocimiento
10 La respuesta otorgada por el MEN al actor fue expuesta de manera más detallada en los numerales 16 –
26 del presente fallo.
11 Sentencia T-149 de 2013.
12 Ibídem.
13 Al respecto ver, entre otras, las siguientes sentencias: C-951 de 2014, SU-213 de 2021 y T-197 de 2024.
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Accionantes: Manuel Enrique Sánchez Quevedo
Accionado: Ministerio de Educación Nacional
Radicado: 68001-23-33-000-2026-00274-01
de la respuesta que se brinde a una solicitud que se eleve, la cual debe ser de
fondo, clara y congruente. Asimismo, el Alto Tribunal ha establecido que desde
el momento en que se pone en conocimiento la respuesta a la petición, inicia el
término para interponer los respectivos recursos que procedan contra la decisión
adoptada, motivo por el cual el conocimiento de la respuesta resulta
indispensable para la realización del derecho a la defensa, como parte del
derecho al debido proceso.
53. De conformidad con lo expuesto, a diferencia de lo argumentado por el
juez de primera instancia, la Sala considera que mediante el Oficio 2026-EE-
115165 del 28 de marzo de 2026, el MEN otorgó una respuesta de fondo, clara y
congruente con respecto a la solicitud elevada el 9 del mismo mes y año. En
efecto, se tiene que la autoridad accionada respondió a detalle cada uno de los
puntos que sustentaban la solicitud relativa a que se adelantaran las
investigaciones contra las IES privadas que relacionó en su escrito. En tal
sentido, su respuesta se dirigió a refutar las razones que, a juicio del señor
Sánchez Quevedo, sustentaban la necesidad de iniciar el trámite solicitado en
cabeza del MEN.
54. De esta forma, la cartera ministerial relacionó tanto la normativa aplicable
al caso, como la postura que actualmente maneja internamente en el tratamiento
de esta temática y le expuso los motivos por los cuales actualmente no se
adelantan investigaciones contra otras IES privadas, además de Uniciencia,
institución que, de conformidad con lo expuesto por la cartera ministerial, se
encontraba en una situación particular y excepcional.
55. Adicional a lo anterior, la Sala considera que el traslado de la solicitud
efectuado por el MEN a una de sus dependencias internas hace parte
precisamente de esa respuesta de fondo, clara y congruente, en la medida en
que le informó al actor sobre el trámite que se adoptaría en relación con su
petición particular de dar apertura a la investigación solicitada.
56. Al respecto, es pertinente traer a colación lo señalado con antelación,
relativo a que el hecho de que el deber por parte de la administración de brindar
una solución libre de evasivas no implica la aceptación de lo solicitado, pues su
objetivo es no desorientar el propósito esencial de la solicitud. Ciertamente, la
explicación de los motivos por los cuales en la actualidad no se ha evidenciado
incumplimiento por parte de las IES privadas de la normativa invocada por el
actor, la exposición de los estándares de participación exigidos a estas
instituciones y la información del trámite interno a seguir con respecto a la
denuncia presentada corresponde a una respuesta coherente con el núcleo
esencial del derecho de petición.
57. Contrario a lo alegado por el señor Sánchez Quevedo, esta respuesta
brindada no es evasiva ni desorienta el propósito inicial de la solicitud, pues
explicó a detalle los motivos por los cuales la administración no comparte las
razones que sustentan la denuncia radicada. De igual forma, dio a conocer la
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actuación interna que seguiría el MEN en el marco de su competencia, lo que
implica una respuesta de fondo a su petición, con independencia del desacuerdo
que ello pueda generar en el administrado. Tal como fue indicado con antelación,
la protección de esta prerrogativa fundamental no implica una necesaria
aceptación de lo solicitado, pues la protección del derecho de petición no puede
entenderse como una garantía del derecho a lo pedido.
58. Finalmente, el actor solicitó que se ordenara el inicio de las actuaciones
administrativas requeridas para dar trámite a la denuncia que presentó. Por tanto,
se advierte que la acción de tutela es improcedente para el estudio de este tipo
de pretensiones, en la medida en que no es de la órbita de competencia del juez
constitucional llevar a cabo un análisis de la legalidad de la actuación de la
administración frente al trámite que decida impartir a esta clase de peticiones. En
efecto, tal como ha sido puesto de presente en esta providencia, el MEN ya le
informó al actor sobre el procedimiento interno que se surtiría ante la petición de
investigación y, en dicha medida, la acción de tutela no es procedente para que
se profiera un estudio con respecto a la adecuación de dicha actuación con el
ordenamiento jurídico.
59. En virtud de lo expuesto con antelación, la Sala revocará la decisión de
primera instancia que accedió al amparo solicitado y, en su lugar, negará las
pretensiones formuladas por el señor Manuel Enrique Sánchez Quevedo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 11 de mayo de 2026 proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander y, en su lugar, NEGAR la solicitud de
amparo formulada por el señor Manuel Enrique Sánchez Quevedo.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
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Radicado: 68001-23-33-000-2026-00274-01
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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