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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2026-00326-01

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2026-00326-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia del 25 de mayo de 2026 dictada por el Tribunal Administrativo de Santander que negó la solicitud de amparo. En su lugar, DECLARAR la improcedencia respecto a los reproches realizados contra el Acuerdo No. 039 del 19 de mayo de 2026 por no superar el requisito de subsidiariedad y CONFIRMAR la negativa frente a Colpensiones. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 68001-23-33-000-2026-00326-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 68001-23-33-000-2026-00326-01
Accionante: MARTÍN GERARDO GARCÍA GUARÍN
Accionado: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE
SANTANDER – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA

Tema: Tutela contra acto administrativo de desvinculación – revoca
parcialmente y declara la improcedencia por no superarse el
requisito de subsidiariedad. Debido proceso administrativo
en el trámite de reconocimiento pensional – confirma
negativa.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala es competente para resolver la impugnación presentada por el accionante
contra la sentencia de primera instancia proferida el 25 de mayo de 2026 por el
Tribunal Administrativo de Santander. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto
por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015,
modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080
de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 13 de mayo de 20262, la referida autoridad judicial admitió la acción
constitucional y, mediante la providencia del 4 de junio del año en curso concedió la
impugnación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. El señor Martín Gerardo García Guarín, actuando en nombre propio,
presentó acción de tutela contra el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 5 Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que el juez de primera instancia notificó en

calidad de accionado al Consejo Seccional de la Judicatura de Santander – Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga. A su vez, ordenó la vinculación de la Unidad
de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, al Tribunal Superior de
Distrito Judicial de San Gil y a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

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Accionante: Martín Gerardo García Guarín
Accionado: Consejo Seccional de la Judicatura de Santander –
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga
Radicado: 68001-23-33-000-2026-00326-01

– Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga. Con la
presentación de la solicitud de amparo, pretende la protección de sus derechos
fundamentales al trabajo, a la salud, al mínimo vital, a la dignidad humana y a la
estabilidad laboral reforzada.

2. Las anteriores garantías las estimó vulneradas por el riesgo de
desvinculación de su cargo como Juez Promiscuo Municipal de Simacota, con
ocasión de la provisión definitiva del mismo derivado del concurso de méritos de la
Convocatoria 27, pese a que goza de estabilidad laboral relativa reconocida por su
nominador.

3. Con base en lo anterior, el accionante solicitó lo siguiente:

PRIMERO: Amparar mis derechos fundamentales al trabajo, salud, mínimo vital,
dignidad humana, igualdad y estabilidad laboral relativa

SEGUNDO: Ordenar a la entidad accionada abstenerse de ejecutar cualquier acto
de desvinculación mientras se define mi situación médico-laboral ante
Colpensiones.

TERCERO: Ordenar que se adopten medidas afirmativas y de protección
constitucional conforme a la Sentencia T-405 de 2022 y demás jurisprudencia
aplicable.

CUARTO: Ordenar que se garantice la continuidad de mi vinculación laboral o una
medida equivalente de protección mientras se resuelve de fondo mi situación médica
y administrativa.3

1.2. Hechos

4. Desde el 24 de mayo del 2016, el señor Martín Gerardo García Guarín se ha
desempeñado en el cargo de Juez Promiscuo Municipal de Simacota, en
provisionalidad.

5. Señaló que su estado de salud comenzó a deteriorarse desde el 2022 y solo
hasta el 2025 pudo iniciar consultas especializadas y valoraciones integrales con
profesionales de la salud, debido a «las barreas de acceso impuestas por la Nueva
EPS de San Gil, entidad que inicialmente no autorizaba remisiones oportunas».

6. Luego, elevó una solicitud de reconocimiento de estabilidad laboral ante el
Tribunal Superior de Distrito Judicial de San Gil que, mediante la Resolución No.
014 del 4 de marzo de 2026, reconoció la estabilidad laboral relativa del señor
García Guarín, «debido a los diagnósticos conceptuados por los médicos tratantes
que dan cuenta de una deficiencia física prolongada».

7. A su vez, en el mencionado acto administrativo, se le advirtió que dicho

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Transcripción que puede contener errores.

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Accionante: Martín Gerardo García Guarín
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reconocimiento no impide su desvinculación en caso de que la persona integrante
del registro de elegibles opte por el cargo que se encuentra desempeñando y que
las medidas afirmativas que eventualmente pueda adoptar a su favor solo podrán
evaluarse en el caso en que la Unidad de Administración de Carrera Judicial remita
la respectiva lista.

8. Por lo anterior, el actor puso de presente que, debido al concurso de méritos
de la Convocatoria 27, existe un riesgo inminente de la provisión definitiva del cargo
que se encuentra ostentando, sin que previamente se hubiese definido su «situación
médico-laboral», ni el proceso de pérdida de capacidad laboral adelantado por
Colpensiones.

1.3. Sustento de la vulneración

9. El accionante señaló que la Corte Constitucional ha reiterado que los
funcionarios en provisionalidad tienen estabilidad laboral relativa o intermedia
cuando padecen de una enfermedad grave, tienen una discapacidad o se
encuentran en una situación de debilidad manifiesta. Por tal razón, señaló que no
proceden las «desvinculaciones automáticas», por lo que el nominador deberá
verificar las condiciones médicas, evaluar la reubicación y aplicar acciones
afirmativas tendientes a evitar un perjuicio desproporcionado en su mínimo vital y
en su salud.

10. A su vez, indicó que la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la
administración debe garantizar medidas de protección diferenciadas para evitar
afectaciones a personas en graves condiciones de salud, especialmente cuando se
encuentran pendientes situaciones «médico-laborales» o la definición de pérdida de
capacidad laboral.

1.4. Intervenciones

11. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bucaramanga indicó que carece de competencia para tomar decisiones frente a
las situaciones administrativas de los empleados adscritos al Tribunal Superior del
Distrito Judicial de San Gil.

12. Señaló que la señora Aura Yesenia Peña ocupa el primer puesto en la lista
para el cargo de Juez Promiscuo Municipal en Oiba o Simacota por lo que tiene el
derecho preferente a elegir en cuál de las dos sedes desea ser nombrada. En ese
sentido, sostuvo que, dado que la aspirante no ha hecho elección de la sede, el
accionante no se encuentra en una situación inminente de desvinculación, lo cual
desvirtúa la procedencia excepcional de la acción de tutela.

13. Por su parte, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil señaló
que, si bien es cierto que el accionante cuenta con «algunos diagnósticos médicos»

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Accionante: Martín Gerardo García Guarín
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de conformidad con su historia clínica, sus patologías obedecen a una situación
ocurrida en 1993 y no con ocasión a sus funciones, por lo que se trata de una
situación preexistente al momento en que ingresó a ejercer su labor judicial.

14. Por otro lado, puso de presente que, hasta el momento, la corporación no ha
realizado ningún nombramiento en propiedad en el cargo que ocupa el accionante,
razón por la cual el señor García Guarín sigue vinculado en la Rama Judicial.

15. Finalmente, resaltó que, «con ocasión de este mecanismo constitucional este
tribunal tuvo conocimiento de los trámites que el demandante se encuentra
adelantando ante Colpensiones para el reconocimiento de la pensión por invalidez;
extrañando las razones por las cuales, solo hasta el mes de abril ogaño inició los
trámites conforme a los anexos presentados, pese a, que afirma que su estado de
salud comenzó a deteriorarse gravemente desde el año 2022 y siendo Juez
Constitucional no hizo uso de la acción que hoy impetra para obtener las consultas
y valoraciones integrales ante la NUEVA EPS».

16. La Unidad de Administración de Carrera Judicial solicitó su
desvinculación del proceso por considerar que carece de legitimación en la causa
por pasiva, toda vez que, de conformidad con la Circular CJC22-2 del 2022, le
corresponde al nominador decidir las solicitudes de estabilidad laboral reforzada de
los funcionarios, sin que pueda tener injerencia alguna. A su vez, consideró que no
ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante, debido a que sus reparos
no requieren de alguna actuación que deba surtir.

17. El Consejo Seccional de la Judicatura de Santander señaló que el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, mediante la Resolución No. 014
del 4 de marzo de 2026, reconoció la estabilidad laboral relativa del accionante y
precisó que dicha figura no implica inamovilidad del cargo. Además, dispuso la
adopción de eventuales medidas afirmativas para el momento en que se configure
la provisión definitiva del cargo.

18. En ese sentido, resaltó que las actuaciones realizadas por las «entidades
involucradas» han sido coherentes, coordinadas y enmarcadas dentro de las
competencias legales y reglamentarias, sin que se advierta omisión alguna por parte
de la entidad en la protección de los derechos fundamentales de la accionante.

19. Colpensiones señaló que, mediante la comunicación del 27 de abril de 2026,
le indicó al señor Gerardo García que recibió su solicitud de calificación de pérdida
de la capacidad laboral, la cual será atendida dentro de los 4 meses siguientes a la
fecha de la radicación, de conformidad con el artículo 16 de la Resolución No. 343
de 2017 emitida por la entidad. Por lo anterior, sostuvo que se encuentra dentro del
término para dar trámite a la solicitud.

20. Por otro lado, refirió que el accionante desconoce el carácter subsidiario y
residual de la acción de tutela al pretender que el juez constitucional sustituya el

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trámite ordinario para obtener la calificación de la pérdida de capacidad laboral. En
ese orden, indicó que no resulta suficiente alegar una vulneración a los derechos
fundamentales para habilitar la procedencia de la solicitud de amparo, sino que es
necesario demostrar de manera clara y concreta la existencia de condiciones
materiales que impidan el ejercicio de los mecanismos ordinarios, razón por la cual
solicitó que se declare la improcedencia.

21. Por último, la señora Aura Yesenia Peña Castellanos, en calidad de
integrante del registro de elegibles de la Convocatoria 27, señaló que, al momento
de optar por la vacante en el Juzgado Promiscuo Municipal de Simacota, el cargo
no se encontraba reportado con reconocimiento de estabilidad laboral reforzada o
con situaciones especiales que limitaran su provisión en propiedad. Asimismo,
señaló que no se opone a la adopción de medidas afirmativas a favor del
accionante, siempre que no impliquen desconocer su derecho prevalente al mérito.

1.5. Sentencia de primera instancia

22. Mediante sentencia del 25 de mayo de 2026, el Tribunal Administrativo de
Santander negó la solicitud de amparo, por considerar que no se acreditó la
vulneración de los derechos fundamentales del accionante.

23. Al respecto, señaló que, a la fecha de la decisión, el señor García Guarín
continúa ejerciendo el cargo de Juez Promiscuo Municipal de Simacota, razón por
la cual advirtió que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil ha actuado
conforme a los deberes que la jurisprudencia constitucional le impone en estos
casos.

24. A su vez, sostuvo que, aun cuando la señora Aura Yesenia Peña Castellanos
sea posesionada en el cargo que ejerce el demandante de conformidad con en
trámite previsto en la Ley 270 de 1996, el reconocimiento de la estabilidad laboral
relativa a favor del accionante no impide que dicho procedimiento se surta, ya que
la provisión definitiva del cargo no constituye una amenaza jurídicamente relevante
en los términos del artículo 86 de la Constitución Política.

25. Por otro lado, indicó que Colpensiones tampoco vulneró los derechos
fundamentales del accionante, pues el 27 de abril de 2026 le informó que su solicitud
de determinación de pérdida de capacidad laboral sería atendida dentro de los 4
meses siguientes, de conformidad con el artículo 16 de la Resolución No. 343 de
2017 proferida por dicha entidad. En ese orden, consideró que, dado que el término
no ha fenecido, no puede predicarse una mora administrativa en su contra.

26. Finalmente, precisó que, en virtud de la especial protección reconocida al
accionante mediante la Resolución No. 014 del 4 de marzo de 2026 por parte de la
corporación nominadora, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil tiene el
deber de ejercer acciones afirmativas en favor del accionante.

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27. Por tal razón, refirió que dicha autoridad deberá garantizar que el cargo que
ocupa el accionante sea el último en proveerse y, de existir vacantes disponibles al
momento de su consumación, vincule al demandante en provisionalidad en un cargo
igual o equivalente, hasta que el mismo sea provisto en propiedad. Sin embargo,
resaltó que el cumplimiento de dichos deberes no puede afectar el derecho
prevalente de la señora Peña Castellanos a ser nombrada en propiedad en el cago
escogido.

1.6. Impugnación

28. La parte accionante solicitó que se revoque el fallo de primera instancia, para
que, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la solicitud de amparo. Indicó que
con posterioridad al «cierre del debate» en primera instancia, Colpensiones emitió
el dictamen DML No. 6028194 del 20 de mayo de 2026, en el que determinó que
obtuvo una pérdida de capacidad laboral del 56.30%, con fecha de estructuración
del 27 de marzo de 1993, debido a las secuelas generadas por una herida que le
fue causada con arma de fuego.

29. En ese sentido, señaló que dicho porcentaje supera el umbral del 50%
previsto en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993 para el reconocimiento de la pensión
de invalidez, por lo que es «una persona con invalidez jurídicamente declarada y
con derecho prestacional reconocido». A su vez, refirió que, al momento de
proferirse el fallo de primera instancia, se encontraba en un «periodo de incapacidad
ininterrumpida».

30. Por otra parte, puso de presente que mediante el Acuerdo No. 039 del 19 de
mayo de 2026, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil nombró en
propiedad a la señora Aura Yesenia Peña Castellanos en el cargo de Juez
Promiscuo Municipal de Simacota y dispuso dar por terminada su vinculación en
dicho empleo, a partir de la fecha de posesión de la designada.

31. A su vez, informó que, en dicho acto administrativo, en aras de establecer
medidas afirmativas a su favor por gozar de estabilidad laboral relativa, se dispuso
medidas afirmativas a su favor. No obstante, consideró que aquellas no cumplen
con los estándares fijados por la Corte Constitucional en las sentencias T-424 de
2024 y T-064 de 2025, las cuales exigen acciones concretas e inmediatas.

32. Por lo anterior, solicitó que: i) se garantice la continuidad de su afiliación en
el sistema de salud; ii) se le ordene a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial que informe sobre la existencia de cargos vacantes de juez
municipal o equivalentes para que se realice su nombramiento; iii) se le ordene a
Colpensiones dar trámite prioritario a su solicitud de calificación y reconocimiento
de la pensión de invalidez y; iv) declarar que el Acuerdo No. 039 el 19 de mayo de
2026 genera la obligación inmediata de adoptar medidas afirmativas a su favor, las

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cuales no fueron debidamente cumplidas.

33. Por último, pidió como medida provisional la suspensión de la posesión de la
señora Peña Castellanos hasta que se profiera la sentencia de segunda instancia y
se adopten medidas afirmativas a su favor o, en su defecto, que se mantenga su
afiliación al sistema de salud.

1.7. Trámite en segunda instancia

34. Mediante auto del 17 de junio de 2026, la Sección Quinta del Consejo de
Estado requirió al Tribunal Superior de Distrito Judicial de San Gil para que
informara si el señor Martín Gerardo García Guarín se encontraba desvinculado del
cargo de Juez Promiscuo Municipal de Simacota. En caso afirmativo, se solicitó que
indicara las medidas afirmativas que ha adoptado en favor del demandante.

35. A su vez, se requirió a Colpensiones para que señalara el estado del trámite
de la solicitud de reconocimiento de la pensión de invalidez del señor Martín
Gerardo García Guarín.

36. Por último, se negó el decreto de la medida provisional solicitada por el
accionante, al no evidenciarse la urgencia ni la necesidad de acceder a lo pedido.
Adicionalmente, se consideró que lo pretendido podía ser adoptado al analizar la
solicitud de amparo, en la medida en que coincide con el objeto mismo de la acción
de tutela.

1.8. Informes

37. El Tribunal Superior de Distrito Judicial de San Gil indicó que mediante la
Resolución No. 032 del 2 de junio de 2026, la Sala de Gobierno le concedió al
accionante, a partir del 2 y hasta el 30 de junio de 2026, licencia remunerada por
enfermedad. Asimismo, informó que el señor García Guarín se encuentra
desvinculado como funcionario judicial, debido a que la señora Aura Yesenia Peña
Castellanos tomó posesión en propiedad en el cargo que desempeña el accionante,
a partir del 9 de junio de 2026.

38. Por otro lado, señaló que si bien es cierto que al demandante se le reconoció
estabilidad laboral relativa, «su de demora en adelantar los trámites para la
obtención del certificado de discapacidad y el reconocimiento de la pensión por
invalidez no puede ser atribuible la Corporación ya que como se ha indicado su
desvinculación como funcionario en provisionalidad no acaeció en virtud de su
condición médica sino al configurarse una causal objetiva para la terminación de la
relación laboral, esto es el mérito».

39. Respecto a las medidas afirmativas adoptadas, reiteró las que se señalaron
en el Acuerdo No. 039 del 19 de mayo de 2026 y sostuvo que «si bien el accionante

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se encuentra enlistado para ser considerado al momento de presentarse una
vacante temporal de juez, en la actualidad se encuentra en incapacidad médica y
también es de evaluarse que al contar con una calificación de pérdida de su
capacidad laboral superior al 50%, no estaría habilitado para asumir dicha
designación».

40. Por otra parte, Colpensiones informó que el dictamen de pérdida de
capacidad laboral del accionante, identificado con el radicado DML No 6028194 del
20 de mayo de 2026, fue impugnado por el señor García Guarín el 12 de junio de
2026, razón por la cual le fue informado que se le dará trámite de conformidad con
el artículo 142 del Decreto 019 de 2012.

41. Por lo anterior, sostuvo que, dado que el dictamen de pérdida de capacidad
laboral no se encuentra en firme, aún no hay una solicitud de reconocimiento de
pensión de invalidez.

II. CONSIDERACIONES

42. La Sala revocará parcialmente la sentencia de primera instancia proferida el
25 de mayo de 2026 por el Tribunal Administrativo de Santander que negó las
pretensiones de la acción de tutela y, en su lugar, declarará la improcedencia
respecto a los reproches realizados contra el Acuerdo No. 039 del 19 de mayo de
2026 por no superar el requisito de subsidiariedad y confirmará la negativa respecto
de Colpensiones.

43. En tal sentido, en primer lugar, se expondrán brevemente los presupuestos
de procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos administrativos y,
posteriormente, se explicarán las razones por las cuales el accionante cuenta con
otros mecanismos ordinarios para solicitar lo que plantea vía acción de tutela
respecto al mencionado acto administrativo. Además, se expondrán los motivos por
los cuales Colpensiones no incurrió en mora administrativa.

2.1. Generalidades de la acción de tutela

44. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en
que indica el Decreto 2591 de 1991.

45. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción
a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la
lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar
sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como
mecanismo transitorio.

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2.2. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos
administrativos

46. El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1 del artículo 6 del Decreto
2591 de 1991.

47. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de
los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos
y no a la tutela. Por lo tanto, por regla general, la acción de tutela no procede para
controvertir la validez ni la legalidad de los actos administrativos.

48. Lo anterior, en razón a que la naturaleza residual y subsidiaria de este
mecanismo constitucional impone al ciudadano la carga de acudir previamente, a
través de los respectivos medios de control a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. En ese orden, tratándose de actos administrativos, en virtud de lo
dispuesto por los artículos 137 y 138 del CPACA, proceden los medios de control
de nulidad simple y nulidad y restablecimiento del derecho.

49. Como se expuso previamente, el accionante señaló que mediante la
Resolución No. 014 del 4 de marzo de 2026, el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de San Gil reconoció su estabilidad laboral relativa con ocasión a problemas de
salud que le han sido diagnosticados y determinó que, una vez le fuera remitida la
lista de elegibles para proveer en propiedad la vacante del cargo en el que se
desempañaba el demandante, adoptaría medidas afirmativas a su favor.

50. De la revisión del expediente, la Sala advierte que mediante el Acuerdo No.
039 del 19 de mayo de 2026, a través del cual nombró en propiedad a la señora
Peña Castellanos en el cargo de Juez Municipal de Simacota y desvinculó al
accionante de dicho empleo, dispuso las siguientes medidas afirmativas a favor del
señor García Guarín:

(i) Oficiar a la Dirección de Administración Judicial de Santander, para que en el ámbito
de sus competencias y por el concurso de recursos humanos, si a bien lo tienen,
estudien la posibilidad de continuar cancelando las cotizaciones al sistema de
seguridad social en salud al doctor MARTÍN GERARDO GARCÍA GUARÍN, y hasta
cuando se sigan otorgando incapacidades medicas ininterrumpidas y merced a la
patología base que ha dado origen a las mismas.

(ii) Por secretaria de esta Corporación, dispóngase la elaboración de una lista de las
personas a la cuales se les haya otorgado estabilidad laboral relativa, para que una
vez culminado el proceso de selección y en caso de existir alguna vacante definitiva,

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proceder a adoptar las medidas afirmativas que se ameriten y acorde a la
complejidad de cada una de las situaciones.

51. No obstante, el demandante consideró que aquellas no satisfacen los
estándares constitucionales determinados en las sentencias T-424 de 2024 y T-064
de 2025, las cuales exigen acciones concretas e inmediatas.

52. Por lo anterior, se evidencia que los reproches expuestos por el accionante
están dirigidos a cuestionar un acto administrativo de carácter particular y concreto,
como lo es el Acuerdo No. 039 del 19 de mayo de 2026, el cual es susceptible de
ser demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el
artículo 138 del CPACA4.

53. Además, en este mecanismo cuenta con la posibilidad de proponer medidas
cautelares en cualquier tiempo que, de considerarse urgentes por el juez
administrativo, se adoptarán desde la presentación de la solicitud y sin necesidad
de notificar a la otra parte, de conformidad con el artículo 234 de la Ley 1437 de
20115.

54. Por otro lado, el señor Gerardo García no acreditó la configuración de un
perjuicio irremediable que habilite la procedencia excepcional de la acción de tutela
como mecanismo transitorio. En efecto, la sola desvinculación del cargo no
constituye, por sí misma, un perjuicio de tal entidad, pues admitir lo contrario
implicaría convertir la acción de tutela en el mecanismo principal para cuestionar
actos administrativos de contenido particular, en desconocimiento de su naturaleza
subsidiaria.

55. Adicionalmente, si bien el accionante puso de presente la existencia de una
pérdida de capacidad laboral significativa, la Sala advierte que tales circunstancias
pueden ser valoradas integralmente por el juez de lo contencioso administrativo,
mecanismo dentro del cual puede solicitar decreto de medidas cautelares,
encaminadas a evitar la consumación de un eventual daño.

4 «ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea

lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la
nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también
podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas
en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto
administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al
particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y
cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su
publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término
anterior se contará a partir de la notificación de aquel».
5 «ARTÍCULO 234. MEDIDAS CAUTELARES DE URGENCIA. Desde la presentación de la solicitud

y sin previa notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar una medida
cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que por su urgencia, no es
posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos
a que haya lugar. La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa
la constitución de la caución señalada en el auto que la decrete».

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Radicado: 68001-23-33-000-2026-00326-01

56. Además, de conformidad con la información que reposa en la página web de
la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en
Salud, el demandante actualmente se encuentra se encuentra en estado «activo»
en su afiliación, como se evidencia a continuación:

57. Por lo anterior, esta Sección no advierte que los medios de control ordinarios
resulten insuficientes o ineficaces para garantizar la protección de los derechos
invocados, ni que las circunstancias particulares del caso impongan la intervención
excepcional del juez constitucional.

58. Por el contrario, el ordenamiento jurídico prevé un mecanismo idóneo para
controvertir la legalidad del acto administrativo reprochado, en particular, la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho, junto con la solicitud de decreto de
medidas cautelares de urgencia, incluso desde la presentación de la demanda, lo
que evidencia la idoneidad y eficacia de dicho medio de control en este caso.

59. Asimismo, se constató que su afiliación al Sistema General de Seguridad
Social en Salud continua activo y se encuentra en trámite el reconocimiento de la
pensión de invalidez. Por lo tanto, dichas circunstancias desvirtúan la existencia de
una afectación actual o inminente a su derecho fundamental a la seguridad social y,
por ende, la necesidad de la intervención del juez constitucional, ante la existencia
de otros medios de defensa judicial.

2.3. Consideraciones finales

60. La Sala advierte que, si bien en el escrito de tutela no se formuló ningún
reproche contra Colpensiones, el a quo, en virtud de las facultes oficiosas del juez
constitucional, examinó la eventual configuración de una trasgresión del debido

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proceso administrativo, por la demora en el trámite de calificación de la pérdida de
capacidad laboral del accionante, con miras al reconocimiento de la pensión de
invalidez. No obstante, concluyó que la entidad se encontraba dentro del término
previsto en el artículo 16 de la Resolución No. 343 de 2017 para emitir el dictamen,
razón por la cual no evidenció una mora que le fuera atribuible.

61. En el escrito de impugnación, el señor García Guarín solicitó que se le
ordenara a Colpensiones priorizar su caso. Sin embargo, esta Sección negará dicha
pretensión, habida cuenta de que Colpensiones ha gestionado las solicitudes
presentadas por el accionante.

62. De la revisión del expediente, se evidencia que dicha entidad, el 20 de mayo
del 2026 emitió el dictamen DML No. 6028194, en el que determinó que el
accionante obtuvo una pérdida de capacidad laboral del 56.30%, el cual fue
impugnado por el demandante el 12 de junio de año en curso.

63. Por lo anterior, el 19 de junio del 2026, Colpensiones le informó que le dará
trámite a su recurso, de conformidad con el artículo 142 del Decreto 019 de 2012,
el cual establece que, en caso de que el interesado se encuentre en desacuerdo
con el dictamen, este deberá ser remitido a las Juntas Regionales de Calificación
de Invalidez.

64. Así las cosas, esta Sección considera que Colpensiones ha adelantado el
trámite de calificación de la pérdida de capacidad laboral del accionante conforme
al procedimiento y dentro de los términos previstos en el ordenamiento jurídico, sin
que se evidencie una actuación omisiva o dilatoria que le sea atribuible. En
consecuencia, no resulta procedente ordenarle a la entidad la priorización del caso,
toda vez que el trámite de la impugnación no es de su competencia, pues como se
expuso anteriormente, le corresponde a las Juntas Regionales de Calificación de
Invalidez revisar el dictamen cuestionado por el accionante.

2.4. Conclusión

65. Por lo anterior, la Sala revocará parcialmente la sentencia de primera
instancia proferida el 25 de mayo de 2026 por el Tribunal Administrativo de
Santander que negó las pretensiones de la acción de tutela y, en su lugar, declarará
su improcedencia por no superar el requisito general de subsidiariedad, en relación
con los argumentos elevados contra el acto que proveyó el cargo, toda vez que el
accionante cuenta con otro mecanismo para proponer lo que plantea por esta vía.
A su vez, negará la pretensión formulada frente a Colpensiones, por las razones
expuestas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

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III. FALLA:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia del 25 de mayo de 2026
dictada por el Tribunal Administrativo de Santander que negó la solicitud de amparo.
En su lugar, DECLARAR la improcedencia respecto a los reproches realizados
contra el Acuerdo No. 039 del 19 de mayo de 2026 por no superar el requisito de
subsidiariedad y CONFIRMAR la negativa frente a Colpensiones.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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