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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2026-00374-01

Fecha
16 de julio de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquin Barreto Suarez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2026-00374-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confirmar la sentencia del 23 de junio de 2026 del Tribunal Administrativo de Santander, de conformidad con la parte motiva de esta sentencia. 13 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 19 de febrero de 2026. Radicado. 20001-23- 33-000-2025-00779-01. M.P. Gloria María Gómez Montoya. 14 Ver https://www.invias.gov.co/publicaciones/4226/concurso-publico-abierto-para-proveer-los-empleos- de-director-territorial/. 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C., – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Leana Marcela Rueda Vesga Demandado: Instituto Nacional de Vías Rad: 68001-23-33-000-2026-00374-01 SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme esta sentencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 68001-23-33-000-2026-00374-01

Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez

16 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

CONSEJERO DE ESTADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 68001-23-33-000-2026-00374-01
Accionante: LEANA MARCELA RUEDA VESGA
Accionado: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Temas: Confirma sentencia de primera instancia -Ordena cumplimiento

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandada contra la
sentencia del 23 de junio de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, que accedió a las pretensiones de la acción de cumplimiento.

1. ANTECEDENTES

1. Solicitud de cumplimiento

1. En ejercicio de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la
Constitución y desarrollada por la Ley 393 de 1997, Leana Marcela Rueda Vesga
presentó demanda contra el Instituto Nacional de Vías -en adelante INVÍAS- con el
fin de obtener el cumplimiento de lo previsto en los artículos 11 y 12 de la Resolución
3303 del 30 de julio de 2024.

2. Como consecuencia, pidió que se ordene a la accionada cumplir con su
obligación de realizar la publicación de la lista definitiva de seleccionados para
ocupar el empleo de director territorial, Código 0042, Grado 16, correspondiente a
la Dirección Territorial de Santander y posteriormente, se expida el nombramiento
para el referido cargo y se materialice su posesión.

2. Pretensiones de la demanda

3. La parte actora solicitó:

(…) SEGUNDA: Ordenar al Instituto Nacional de Vías – INVÍAS que, dentro del
término que el despacho considere razonable, dé cumplimiento al artículo 11 de la
Resolución 3303 de 2024, realizando la publicación de la lista definitiva de
seleccionados para ocupar el empleo de Director Territorial, código 0042, grado 16,
correspondiente a la Dirección Territorial Santander.

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Demandante: Leana Marcela Rueda Vesga
Demandado: Instituto Nacional de Vías
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TERCERA: Ordenar al Instituto Nacional de Vías – INVÍAS que, vencida la etapa
anterior, proceda a dar cumplimiento al artículo 12 de la Resolución 3303 de 2024,
expidiendo el acto administrativo de nombramiento para el cargo de Director
Territorial Santander.

CUARTA: Ordenar al Instituto Nacional de Vías – INVÍAS que, una vez notificado el
acto administrativo de nombramiento, proceda de forma inmediata a realizar el
trámite de posesión de la suscrita en el mencionado cargo, garantizando el
cumplimiento pleno de las etapas finales del concurso público de méritos regulado
por la Resolución No. 3303 de 2024 1.

3. Hechos y fundamento de la demanda

4. La actora sostuvo que, mediante la Resolución 3303 del 30 de julio de 2024, el
INVÍAS convocó a concurso público y abierto para proveer veintiséis (26) cargos de
director territorial de su planta global. En atención a dicha convocatoria, se postuló
como aspirante al cargo de directora territorial Santander, plaza que actualmente se
encuentra provista mediante encargo y que fue convocada para su provisión
definitiva mediante el referido proceso de mérito.

5. Afirmó que, participó en todas las etapas del concurso conforme al cronograma
establecido por el INVÍAS y la Universidad Nacional de Colombia. Como resultado
del proceso, el 19 de diciembre de 2024, fueron publicados los resultados definitivos
del concurso, conformándose la terna respectiva para la Dirección Territorial
Santander, de la cual hace parte, terna que fue remitida al gobernador del
departamento para la correspondiente elección, en cumplimiento de lo dispuesto en
la Resolución 3303 de 2024.

6. Sostuvo que, el gobernador de Santander, mediante oficio radicado No.
20250102201 del 13 de junio de 2025, comunicó al director general del INVÍAS la
decisión de elegirla como directora Territorial Santander, dentro de la terna remitida
por la entidad.

7. Posteriormente, el Tribunal Superior de Cali, mediante la acción de tutela No.
76001-31-05-019-2025-10049-01, declaró la nulidad del envío de las ternas a los
gobernadores. En razón de ello, el INVÍAS debió repetir dicha comunicación.

8. Como consecuencia, el INVÍAS procedió a remitir nuevamente la terna
correspondiente el 29 de agosto de 2025, mediante el radicado No. 2025S-VBOG-
063154, manteniendo su inclusión en la misma. El gobernador de Santander,
mediante oficio de fecha 5 de septiembre de 2025, ratificó nuevamente su selección,
siendo está confirmada por segunda vez.

9. Refirió que, luego de transcurridos más de seis (6) meses desde su elección por
parte del gobernador de Santander, el 13 de enero de 2026, recibió un requerimiento
por parte de la Subdirección de Gestión Humana del INVÍAS para actualizar la

1 Transcripción literal, incluidos posibles errores.

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información de la hoja de vida en el sistema SIGEP y remitirla por correo electrónico,
solicitud que atendió el 15 de enero de 2026, adjuntando toda la documentación
requerida.

10. El 30 de enero de 2026, recibió una comunicación del Departamento
Administrativo de la Función Pública – DAFP en la que se le solicitó presentar una
prueba dentro del proceso de verificación correspondiente, la cual fue realizada el
31 de enero de 2026, cumpliendo así con el requerimiento efectuado por dicha
entidad.

11. Indicó que, ha transcurrido más de un (1) año desde la publicación de los
resultados del concurso (19 de diciembre de 2024) y ocho (8) meses desde la
segunda elección por parte del gobernador de Santander, sin que se haya
materializado el nombramiento como directora Territorial Santander.

12. Además, afirmó que el INVÍAS no ha adelantado las actuaciones necesarias
para culminar el proceso de nombramiento de los directores territoriales. Por el
contrario, la entidad ha continuado realizando encargos temporales del cargo de
director Territorial Santander a funcionarios de la entidad, manteniendo
indefinidamente una situación provisional respecto de un cargo cuyo titular ya fue
elegido mediante un proceso de mérito.

13. La actora manifestó que, el 30 de abril de 2026, presentó escrito de constitución
en renuencia ante el INVÍAS. Dicha solicitud fue resuelta mediante Oficio 2026S-
VBOG-034690 del 25 de mayo de 2026, en la que negó la existencia de la obligación
alegada.

4. Actuaciones procesales

14. Mediante proveído del 5 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo de
Santander, admitió la acción de cumplimiento contra el INVÍAS.

4.2. Contestaciones a la demanda

15. El INVÍAS se opuso a las pretensiones porque, en su sentir, parten de una
interpretación incompleta de procedimiento previsto en la Resolución 3303 del 2024
y desconoce que la publicación de los resultados, la conformación de ternas y la
posterior designación, no equivalen por sí solas, a la existencia de una obligación
automática, inmediata e incondicionada de nombramiento en cabeza del INVÍAS.

16. Señaló que, aunque la hoy accionante fue seleccionada por el gobernador de
Santander dentro de la terna remitida por la entidad para esa dirección territorial,
ello no configura un derecho subjetivo automático al nombramiento, ni habilita a
prescindir de las etapas legales posteriores que deben agotarse antes de la
expedición del acto administrativo correspondiente. Enfatizó en que el cargo aquí
analizado, conserva su naturaleza de libre nombramiento y remoción, de manera
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que, el proceso público y abierto previsto en la Resolución 3303 del 2024 no puede
equipararse a un concurso de carrera administrativa ni producir los efectos propios
de una lista de elegibles.

17. Manifestó que, el procedimiento de provisión del empleo se encuentra sujeto al
cumplimiento de etapas regladas y secuenciales, entre ellas, la evaluación de
competencias laborales por parte del Departamento Administrativo de la Función
Pública, así como la posterior publicación de la hoja de vida y antecedentes ante el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE,
actuaciones que insiste, constituyen requisitos previos para que pueda procederse
válidamente al nombramiento.

18. Agregó que, los artículos 11 y 12 de la Resolución 3303 del 2024 no contienen
un mandato claro, expreso y actualmente exigible que imponga al INVÍAS la
obligación de publicar una lista definitiva y proceder al nombramiento en un término
perentorio, vencido el cual pueda predicarse incumplimiento. Asimismo, indicó que
no es dable utilizar la acción de la referencia para que el juez sustituya etapas
administrativas pendientes, imponga plazos no previsto por la norma o disponga la
expedición inmediata de un acto de nombramiento.

19. Finalmente, señaló la incidencia de la Ley de Garantías Electorales, en virtud de
la cual se restringe cualquier forma de vinculación que afecte la nómina estatal
durante el periodo previsto en la ley, salvo excepciones expresas que no resultan
aplicables, pues el cargo no corresponde a uno de carrera administrativa, ni se está
ante una falta definitiva por muerte o renuncia irrevocable debidamente aceptada

4.3. Fallo de primera instancia

20. En sentencia del 23 de junio de 2026, el Tribunal Administrativo de Santander,
accedió a las pretensiones de la acción de cumplimiento, por cuanto encontró que
se han superado la totalidad de las etapas establecidas tanto en la Resolución 3303
del 2024 como en el Decreto 1083 del 2015 que no dependen del INVÍAS y que
resultaban necesarias para cumplir con los dos mandatos imperativos que contienen
los artículos 11 y 12 de la referida Resolución.

21. En efecto, el gobernador de Santander ya designó de la terna presentada por el
INVÍAS a quien consideró debía ocupar el cargo, esto es a la accionante y el
Departamento Administrativo de la Función Pública ya realizó la evaluación de las
competencias laborales, quedando entonces por realizar, únicamente, las acciones,
esto es, los mandatos inobjetables que se encuentra en cabeza del INVIAS, frente
a los que la entidad no expuso razón alguna para no haberlos hecho, más allá de
sostener que se encontraban bajo la Ley de Garantías, la cual a la fecha y
habiéndose superado la segunda vuelta presidencial, no se encuentra vigente.

21. Como consecuencia, ordenó al INVÍAS:

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En el término de diez (10) días contados a partir de la ejecutoria de la presente
providencia, el INVIAS proceda a publicar la lista definitiva de seleccionados para
ocupar el empleo de director territorial, Código 0042, Grado 16 de la Dirección
Territorial Santander, - Transcurrido tres (03) días, proceda a publicar en su página
web, por el término de tres (3) días calendario, la hoja de vida de la aquí accionante,
documento que tiene en su poder desde el 15 de enero del 2026. - Vencido el término
anterior y un plazo no mayor a diez (10) días, proceda a proferir el acto administrativo
de nombramiento del director territorial de la Dirección Territorial de Santander de
INVIAS.

Además, indicó que el término otorgado es razonable, toda vez que ya han transcurrido
más de diez (10) meses desde la publicación de los resultados definitivos de
antecedentes sin avances concretos en esta etapa esencial. Aunque se han realizado
reuniones, estas no han generado resultados formales ni ejecución efectiva, lo que
configura una demora injustificada. Por tanto, dicho plazo era necesario y proporcional
para que la entidad formalice los lineamientos y avance sin más dilaciones en la
selección.

4.4. Impugnación2

22. La entidad demandada indicó que, durante el trámite quedó acreditado que el
proceso no había culminado porque aún debían surtirse actuaciones legalmente
exigidas, entre ellas:

• Evaluación de competencias laborales por parte del Departamento Administrativo
de la Función Pública.
• Verificación de requisitos y antecedentes.
• Publicación de hoja de vida conforme a las disposiciones de transparencia y control
ciudadano.
• Consolidación administrativa de la información requerida para la expedición del
acto de nombramiento.

23. Afirmó que, el fallo termina reemplazando la valoración administrativa que
corresponde efectuar a la entidad y convirtiendo una acción constitucional en un
mecanismo de dirección del procedimiento administrativo.

24. Insistió en que el concurso público adelantado por la entidad no transformó la
naturaleza jurídica del empleo ni lo convirtió en un cargo de carrera administrativa;
sin embargo, ello no implica que el participante ubicado en primer lugar adquiera un
derecho subjetivo al nombramiento automático. Sostuvo que la jurisprudencia
constitucional y administrativa ha sido consistente en diferenciar los derechos
derivados de los concursos de carrera administrativa frente a los procedimientos de
selección para cargos de libre nombramiento y remoción.

25. Además, la orden impartida obliga al INVÍAS a culminar actuaciones que
dependen parcialmente de autoridades distintas a la entidad. La evaluación de

2 La sentencia del 23 de junio de 2026 fue notificada por correo electrónico el 25 de junio de 2026, y

el escrito de impugnación se radicó el 30 de junio de 2026, término que se encuentra oportuno.
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competencias laborales corresponde al Departamento Administrativo de la Función
Pública, la publicación de la hoja de vida depende del DAPRE. Por consiguiente, el
INVÍAS carece de competencia para garantizar el resultado o la oportunidad de una
actuación que depende de otra autoridad administrativa.

26. Concluyó que, en el presente caso, la demandante busca un beneficio individual
y personal, a pesar de que las pretensiones, quieran mostrar que lo que busca es
el beneficio general de los participantes de la convocatoria citada por la Resolución
3303 del 30 de julio de 2024, al concurso público y abierto para proveer veintiséis
(26) cargos de director Territorial de su planta global.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

27. La Sección Quinta de esta Corporación es competente para decidir la
impugnación contra la sentencia del 23 de junio de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, según lo dispuesto en los artículos 1503 y 1524 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA) y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, expedido por la Sala Plena
del Consejo de Estado5.

2. Objeto de la decisión

28. Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia
del 23 de junio de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo de Santander, que
accedió a las pretensiones de la acción de cumplimiento.

29. Por tanto, la Sala deberá verificar si se cumple con los presupuestos de
procedibilidad y procedencia de la acción de cumplimiento y, en caso de superarse
estos requisitos, deberá establecerse si en el presente caso el INVÍAS se encuentra
en la obligación de acatar las disposiciones legales indicadas.

3 Artículo 150: Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El

Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de
las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso
de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de
este código.
4 Artículo 152: (…) 14. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de

cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese
mismo ámbito desempeñen funciones administrativas.
5 Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las

apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los tribunales
administrativos, en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.
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3. Generalidades de la acción de cumplimiento

30. La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos mandatos
contenidos en las normas de rango legal y en los actos administrativos.

31. Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al obedecimiento
del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión o por la
ejecución de actos o hechos que permitan deducir su incumplimiento.
Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando el cumplirlo a
cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable» caso en el
cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación
de este presupuesto implica el rechazo de la acción de cumplimiento.

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables
con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º].

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(iv) Que no se pretenda la protección de derechos que puedan ser garantizados a
través de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la
administración [artículo 9.º].

32. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos [ii, iii o iv],
la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de control.

33. Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe o
no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o del
particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya dirigido la
acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del
referido análisis se concluirá la prosperidad o no de la/s pretensión/es formulada/s.

4. La constitución de la renuencia

34. En el artículo 8.º, la Ley 393 de 1997 señaló que «[c]on el propósito de constituir
la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante previamente
haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se
haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días
siguientes a la presentación de la solicitud […]».

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35. Frente a los alcances de esta norma, la Sala mantiene un criterio reiterado según
el cual «[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una
solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la
renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»6.

36. Esta Corporación también ha considerado que no puede tenerse por
demostrado el requisito de procedibilidad de la acción en aquellos casos en que la
solicitud hecha por el interesado «[…] tiene una finalidad distinta a la de constitución
en renuencia»7.

37. Según el criterio reiterado de la Sala, la renuencia debe entenderse como la
negativa del accionado frente al requerimiento bien porque no brinde respuesta
oportuna o porque, a pesar de ser proferida en tiempo, sea contraria al querer del
ciudadano8.

38. Es necesario que la solicitud permita determinar claramente que lo pretendido
por el interesado es el efectivo cumplimiento de un deber legal o administrativo,
cuyo objetivo es precisamente la constitución en renuencia de la parte demandada.

39. Como fue establecido en el numeral 5.º del artículo 10.º de la Ley 393 de 1997,
el agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción respecto de la parte
accionada deberá acreditarse con la demanda, so pena de ser rechazada de plano.

40. En el caso concreto está acreditado que, el 30 de abril de 2026, la parte actora
solicitó al INVÍAS que diera cumplimiento de los artículos 11 y 12 de la Resolución
3303 del 30 de julio de 20249.

41. El INVÍAS se pronunció el 25 de mayo de 2026 a través del oficio 2026S-VBOG-
034690 y le indicó que no se configuraba el supuesto previsto en los artículos 8 y 9
de la Ley 393 de 1997, toda vez que no existe una obligación clara, expresa y
actualmente exigible cuyo cumplimiento inmediato pueda ser requerido a la entidad,
ni un incumplimiento atribuible al INVÍAS. Por el contrario, afirmó que las
actuaciones adelantadas han observado las etapas previstas en la Resolución 3303
de 2024 y en el Decreto 1083 de 2015, y actualmente se encuentran sujetas a
restricciones legales y procedimentales de obligatorio cumplimiento.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de octubre

20 de 2011, expediente No. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
7 Sobre el particular pueden verse las providencias de noviembre 21 de 2002 dentro del expediente

ACU-1614 y de marzo 17 de 2011, expediente 2011-00019.
8 Sobre el particular pueden consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, radicación 25000-23-41-000-
2016-02003-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación
15001-33-33-000-2016-00690-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez y sentencia del 15 de septiembre
de 2016, radicación 15001-23-33-000-2016-00249-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.
9 Índice 2 del expediente digital.

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42. Lo anterior es suficiente para que la Sala entienda agotado el requisito de
constitución en renuencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley 393
de 1997.

5. De la procedencia de la acción de cumplimiento

43 . Como se ha referido hasta ahora, la parte actora, con el ejercicio de la presente
acción, pretende que se le ordene al INVÍAS que, en cumplimiento de los artículos
contenidos 11 y 12 de la Resolución 3303 del 30 de julio de 2024, realice la
publicación de la lista definitiva de seleccionados para ocupar el empleo de director
territorial, Código 0042, Grado 16, correspondiente a la Dirección Territorial de
Santander y proceda con el nombramiento.

44. Para la Sala, se cumple con el requisito de que la norma que se solicita acatar
tenga rango de ley o acto administrativo.

45. Respecto del requisito de subsidiariedad, se evidencia que lo pretendido por la
accionante no involucra la protección directa de derechos fundamentales que
puedan ser invocados vía acción de tutela. Tampoco existe otro mecanismo judicial
para hacer efectiva la obligación establecida.

46. Adicionalmente, se advierte que la Resolución objeto de la demanda se
encuentra actualmente vigente.

47. Finalmente, el eventual cumplimiento no implicaría el establecimiento de gastos.

6. Caso concreto

48. En el presente caso se discute la pretensión de cumplimiento promovida por la
señora Leana Marcela Rueda Vesga contra el INVÍSA, en la que demanda el
acatamiento de los artículos 11 y 12 de la Resolución 3303 de 2024. En ese sentido,
las normas en comento indican lo siguiente:

Resolución3303 de 30 de julio de 2024

«Por la cual se convoca a concurso público abierto para proveer los empleos de
director territorial de las veintiséis (26) direcciones territoriales del Instituto Nacional
de Vías – Invias»

Artículo 11. SELECCCIÓN DE PERSONA A SER NOMBRADA EN EL EMPLEO
COMO DIRECTOR TERRITORIAL. Una vez la Gobernadora o Gobernador
competente, seleccione a la persona a ser nombrada en cada Dirección Territorial
según los plazos y términos establecidos en el artículo 2.2.28.4 del Decreto 1083 de
2015, en virtud de los principios de transparencia y publicidad, el Instituto Nacional de
Vías procederá a publicar la lista definitiva de seleccionados para ocupar el empleo de
Director Territorial, código 0042, grado 16 objeto de la presente convocatoria.

Contra dicho listado no procede recurso ni reclamación alguna dado que se trata del
resultado del proceso de selección público adelantado que no limita ni restringe la
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Demandante: Leana Marcela Rueda Vesga
Demandado: Instituto Nacional de Vías
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facultad de selección asignado a los Gobernadores departamentales en la Constitución
y la ley.

Artículo 12. DESIGNACIÓN EN EL EMPLEO DE DIRECTOR TERRITORIAL. Con
fundamento en la selección realizada por los Gobernadores departamentales, la
Dirección General del Instituto Nacional de Vías – INVIAS- procederá a realizar el
nombramiento de las personas seleccionadas en cada Dirección Territorial en el
empleo de Director Territorial, código 0042, grado 16. (Énfasis de la Sala)

49. Ahora bien, la finalidad de la acción de cumplimiento es que toda persona pueda
acudir ante la autoridad judicial competente para hacer efectivo el acatamiento de
una ley o de un acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 87 constitucional.

50. No obstante, a través de esta acción no es posible ordenar ejecutar toda clase
de disposiciones, sino aquellas que contienen prescripciones que se caracterizan
como «deberes». Los deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos
a través de las órdenes del juez constitucional son los que albergan un mandato
perentorio, claro y directo a cargo de determinada autoridad, un mandato
«imperativo e inobjetable».

51. Al respecto, resulta importante recordar que esta sección ha indicado las
características que deben tener los deberes legales o administrativos que pueden
ser cumplidos a través de las órdenes del juez constitucional: mandatos imperativos,
expresos e inobjetables. Es así, que en reciente providencia precisó su postura de
la siguiente manera10:

[E]l mandato previsto en la ley o en el acto administrativo no tiene que consistir en una
obligación clara, expresa y exigible, bastara con que se trate de un deber imperativo,
expreso e inobjetable. Considerar que, si el precepto no tiene todas las circunstancias
de tiempo, modo y lugar no puede ser exigible para el sujeto pasivo de la obligación,
implicaría aceptar que las disposiciones son ineficaces desde todo punto de vista y por
tanto no podrían ser enjuiciables vía acción de cumplimiento.

Esto a su vez, supondría ir en contra del espíritu del constituyente quien estatuyo en el
artículo 87 de la Carta, una acción que le permita a toda persona solicitar la realización
efectiva de los mandatos señalados en las leyes y los actos administrativos ante
cualquier autoridad, para «hacerle frente a las omisiones de las autoridades públicas,
y de los particulares que ejerzan funciones públicas, en el ejercicio de toda actividad
jurídica o material, legalmente debida y cuya ejecución sea posible de realizar»11.

52. Ahora bien, con su escrito de contestación el INVÍAS alegó que en el presente
asunto la Resolución 3303 de 2024 no estableció un término para realizar cada una
de las fases que componen el concurso, por lo que no resulta razonable predicar
una situación de incumplimiento. Sobre tal aspecto, la Corte Constitucional indicó lo
siguiente:

10Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 25 de enero de 2024, radicado 25000-23-41-

000-2022-00243-01, MP Pedro Pablo Vanegas Gil.
11
Ramelli Arteaga, A. 2000. La acción de cumplimiento: ¿Un instrumento jurídico al servicio del Estado social
de derecho en Colombia? Revista derecho del Estado. 8 (jun. 2000), 85–125.
10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C., – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Leana Marcela Rueda Vesga
Demandado: Instituto Nacional de Vías
Rad: 68001-23-33-000-2026-00374-01

56. Así las cosas, para acudir a la acción de cumplimiento o para emitir una orden de
cumplimiento de un deber previsto en la ley o en un acto administrativo no es necesario
que el mismo haya fijado un plazo para su ejecución por parte del obligado, pues basta
con que contenga un deber expreso e inobjetable que emana de un mandato
determinado, contenido en la ley o en un acto administrativo, y que la administración
haya sido renuente a cumplirlo. Por tanto, tal como lo sostuvo esta corporación en la
sentencia C-1194 de 2001, el deber que se busca exigir a través de la acción de
cumplimiento “no tiene que consistir en una obligación clara, expresa y exigible porque
el artículo 87 no consagró una acción de simple ejecución, sino una acción de mayor
alcance”12.

53. Adicionalmente, avalar la tesis que plantea el INVÍAS, contraría los principios
sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública, establecidos en el
artículo 209 de la Constitución Política, pues dicho proceder afecta la economía,
celeridad y eficacia del actuar de la administración.

54. Ahora bien, expuesto lo anterior, la Sala tiene por demostrado que el INVÍAS,
mediante Oficio 2025S-VBOG-037169 dirigido al gobernador de Santander informó
sobre la terna para director territorial de la Dirección Territorial Santander de la
entidad.

55. Asimismo, está demostrado que el ente territorial, con ocasión del citado
comunicado, emitió respuesta, el 5 de septiembre de 2025, en la que informó al
INVÍAS lo siguiente:

12
Sentencia SU-386 de 2023. MP Antonio José Lizarazo Ocampo.
11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C., – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Leana Marcela Rueda Vesga
Demandado: Instituto Nacional de Vías
Rad: 68001-23-33-000-2026-00374-01

56. Con base en lo anterior, se tiene que la autoridad demandada desde el 5 de
septiembre de 2025 tiene conocimiento de la decisión del gobernador de Santander,
sobre la persona que ocupara el cargo, sin que a la fecha haya desplegado actividad
alguna para evacuar las demás etapas establecidas en su propio acto administrativo
sobre la elección de directores territoriales.

57. La Sala estima que el artículo 11 de la Resolución 3303 del 2024 estableció un
mandato a cargo del INVÍAS, traducido en que la entidad, una vez fue notificado de
la decisión del gobernador de Santander, debió publicar la lista correspondiente con
el nombre de la señora Leana Marcela Rueda Vesga como directora territorial de la
entidad en Santander.

58. Ahora bien, el artículo 12 del acto administrativo también establece que el
INVÍAS procederá a realizar el nombramiento de las personas seleccionadas en
cada una de las direcciones territoriales de la entidad, sin que a la fecha se haya
realizado dicha acción.

59. En este mismo sentido, se pronunció está Corporación a propósito de un asunto
similar al que se examina en el sub judice. En aquella oportunidad, se le atribuía a
la demandada, la omisión del deber de nombramiento del director territorial del
Cesar, pese a que había sido notificado de la decisión de la gobernadora. Y, al
efectuar un análisis de los artículos 11 y 12 del acto administrativo objeto de la
acción13.

60. Adicionalmente, en el presente caso, consultado el sitio web de la entidad, en
torno al cronograma del concurso, se echa de menos un calendario de fechas en el
que se indique la oportunidad en la cual la autoridad accionada iba a realizar tales
acciones, siendo la última actividad la de publicación de resultados consolidados14.

61. Como consecuencia, se confirmará la sentencia proferida en primera instancia
por el Tribunal Administrativo de Santander, de conformidad con la parte motiva de
esta sentencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Confirmar la sentencia del 23 de junio de 2026 del Tribunal
Administrativo de Santander, de conformidad con la parte motiva de esta sentencia.

13 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 19 de febrero de 2026. Radicado. 20001-23-

33-000-2025-00779-01. M.P. Gloria María Gómez Montoya.
14
Ver https://www.invias.gov.co/publicaciones/4226/concurso-publico-abierto-para-proveer-los-empleos-
de-director-territorial/.
12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C., – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Leana Marcela Rueda Vesga
Demandado: Instituto Nacional de Vías
Rad: 68001-23-33-000-2026-00374-01

SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

TERCERO: En firme esta sentencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C., – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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