Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2026-00376-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2026-00376-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 68001-23-33-000-2026-00376-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
10 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 68001-23-33-000-2026-00376-01
Accionante: LEONARDO GÓMEZ HERNÁNDEZ
Accionado: CORPORACIÓN DEMOCRATIA GLOBAL Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Carencia actual de objeto por hecho superado / Protección del habeas data y de
los derechos políticos / Subsidiariedad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Corresponde a la Sala resolver las impugnaciones interpuestas por el accionante
Leonardo Gómez Hernández y por el apoderado de la Corporación DemocraTIA
Global contra la sentencia del 23 de junio de 2026 proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, de conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de
la Constitución Política y en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19911.
I. ANTECEDENTES
1. El señor Leonardo Gómez Hernández, en nombre propio, promovió acción de
tutela contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Corporación DemocraTIA
Global (DemocraTIA) y la Misión de Observación Electoral (MOE) por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la libertad, al
habeas data, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de conciencia, a la
libertad de pensamiento, a la honra, a la petición, al debido proceso, a la libre
asociación, a la participación y al control político, así como del principio
constitucional de buena fe. Lon anterior, por haber sido incluido presuntamente de
manera irregular bajo el registro número 6583 en el municipio de Aratoca -
Santander como observador electoral de dicha corporación sin su autorización ni
consentimiento.
Hechos relevantes
2. El accionante manifestó que es militante del Pacto Histórico y que para las
elecciones del 31 de mayo de 2026 fungía como apoderado en la mesa auxiliar de
escrutinio 12 en Bucaramanga, para la cual se postuló y fue aceptado.
3. El tutelante afirmó que el 29 de mayo de 2026 realizó una búsqueda en la página
de la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre las elecciones presidenciales
1 Que ingresó a despacho para fallo el 7 de junio de 2026.
Radicado: 68001-23-33-000-2026-00376-01
Accionante: Leonardo Gómez Hernández
Accionado: Corporación Democratia Global y otros
Referencia: Acción de tutela
del 31 de mayo de 2026. Sin embargo, advirtió que figuraba como “observador
nacional de la Corporación DemocraTIA”2, a pesar de no pertenecer ni haber
militado jamás en dicha organización. De igual modo, señaló que nunca otorgó
autorización ni consentimiento previo, expreso e informado para dicha postulación
y vinculación.
4. Por tal razón, envió al correo electrónico info@cuidadtuvotocolombia.org solicitud
de retiro de la Resolución núm. 2121 del 20 de mayo de 2026, en la cual figuraba
como observador electoral DemocraTIA.
Pretensiones
5. Solicitó la parte accionante lo siguiente:
“1. ORDENE proteger mis derechos como son Art 1 (Dignidad humana), art 2
(Fines del Estado), art 13 (Libertad), art 15 (habeas data), Art. 16 (Libre
desarrollo de la personalidad), art 18 (libertad de Conciencia), Art 20 (Libertad
de Pensamiento), art. 21Derecho a la Honra, Art. 23 (Derecho de Petición), Art
29 (Debido Proceso), art 38 (Derecho de asociación), art. 40 (Derecho participar
y control político), Art 83 (Buena Fé). por parte de Consejo Nacional Electoral,
Corporación Democratia Global, Misión de Observación Electoral (MOE).
2. ORDENE eliminar todos mis datos personales de sus bases de datos, las
cuales carecen de autorización de mi parte (Leonardo Gómez Hernández) cómo
afectado.
3. ORDENE resarcir por los perjuicios ocasionados a mis derechos
fundamentales contemplados en el numeral primero del presente acápite.”3
6. Como medida provisional, solicitó que las entidades accionadas anularan,
borraran o suprimieran inmediatamente sus datos de todas sus bases de datos.
También pidió que se suspendieran los efectos de su nombramiento como
observador electoral de DemocraTIA, para evitar que esa designación continúe en
las elecciones previstas y siga afectando sus derechos fundamentales.
Fundamentos de la demanda de tutela
7. El actor sostuvo que las autoridades y los particulares demandados habían
vulnerado sus derechos fundamentales a la dignidad humana, la intimidad, el
habeas data, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia y de
pensamiento, la honra, el buen nombre, el derecho de petición, el debido proceso,
la libertad de asociación, la participación política y la buena fe. Afirmó que ello
ocurrió porque fue inscrito como observador electoral de DemocraTIA para el
municipio de Aratoca, sin haber solicitado ni autorizado dicha designación. También
señaló que se desconocieron los fines esenciales del Estado y su derecho a recibir
información veraz y completa.
2 Ver pág. 1 del escrito de subsanación.
3 Ver pág. 2 el escrito de tutela.
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Referencia: Acción de tutela
8. El accionante manifestó que DemocraTIA había entregado sus datos personales
sin autorización y que el CNE los había utilizado para expedir la Resolución 2121
de 2026. Indicó que se emplearon su nombre, documento de identidad, datos de
contacto y otra información personal, pese a que nunca celebró contrato alguno ni
autorizó su tratamiento. Agregó que no fue informado sobre el trámite y que no pudo
conocer la actuación, corregir la información ni oponerse antes de su publicación,
por lo que consideró desconocidos los principios de finalidad, libertad, seguridad,
confidencialidad y circulación restringida.
9. Asimismo, afirmó que la designación había afectado su autonomía, identidad
política, reputación y seguridad personal y familiar. Explicó que pertenecía al Pacto
Histórico y que contaba con protección internacional por el Caso 401 de 2020 ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que aparecer como
representante de otra organización podía generar dudas sobre sus ideas y
militancia. Finalmente, sostuvo que las autoridades permitieron que la resolución
produjera efectos y que la publicación de sus datos aumentó su exposición, además
de limitar su derecho a decidir libremente si quería participar como observador
electoral.
Trámite en primera instancia
10. El asunto fue repartido inicialmente al Juzgado Décimo (10.°) Penal Municipal
con Función de Control de Garantías de Bogotá que, a través de providencia del 30
de mayo de 20264, ordenó remitir la demanda a los Juzgados del Circuito Judicial
de Bogotá en aplicación de las reglas de reparto establecidas en el Decreto 333 de
2021.
11. El 2 de junio de 20265, el Juzgado Veinte (20.°) Penal del Circuito con Función
de Conocimiento de Bogotá ordenó el envío de la tutela a la Oficina Judicial de
Reparto de Bucaramanga, al constatar que los efectos de la presunta vulneración
se producían en esa ciudad, al ser el lugar de residencia del actor y la sede principal
de su ejercicio electoral y profesional.
12. El 4 de junio de 2026, el expediente ingresó por reparto al Tribunal
Administrativo de Santander6.
13. Por medio de auto del 5 de junio de 2026, el Tribunal Administrativo de
Santander inadmitió la demanda con el fin de que el actor subsanara deficiencias
formales y aportara la Resolución núm. 2121 de 20267, a través de la cual fue
designado como observador de la Corporación DemocraTIA Global para las
elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026.
14. La providencia precitada fue notificada el 9, 10 y 11 de junio de 20268.
4 Véase archivo “004ED_03AutoRemiteCompeten”.
5 Véase archivo “008ED_07AutoNoAvocaRemiteP”.
6 Índice 1 de Samai. Expediente radicado núm. 68001-23-33-000-2026-00376-00.
7 SAMAI Índice 0006
8 Ver índices 9, 10 y 11 de samai.
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Referencia: Acción de tutela
15. El 17 de junio de 2026, el señor Leonardo Gómez presentó escrito de
subsanación y mediante auto del 18 de junio de 20269, el Tribunal Administrativo de
Santander admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al CNE, a la
MOE y a la Corporación DemocraTIA Global como accionados y a la Registraduría
Nacional del Estado Civil como tercero con interés. De igual modo, negó la medida
provisional solicitada por el actor, pero decretó de oficio la suspensión de los efectos
de la Resolución de Acreditación núm. 2121 del 20 de mayo de 2026, en lo referente
al registro del señor Leonardo Gómez Hernández. Entre otras decisiones.
Intervenciones
16. Mediante memoriales radicados oportunamente en primera instancia los días 19
de junio de 2026 y 20 de junio de 2026, a través de su apoderada Valentina Sofía
Araújo Mora, CNE expuso que la expedición de los actos administrativos de
acreditación electoral se fundamentó estrictamente en los listados e inscripciones
remitidos formalmente por la organización postulante (DemocraTIA), en aplicación
del principio de buena fe y presunción de legalidad. Además, solicitó la revocatoria
de la medida provisional, ya que dejaron de existir sus supuestos fácticos y jurídicos.
17. DemocraTIA, cuyo memorial de contestación fue radicado con posterioridad a
la emisión del fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo de Santander
del 23 de junio de 202610, contestó la acción de tutela en los siguientes términos.
En primer lugar, indicó que no se configuró la vulneración de ningún derecho
fundamental de la parte accionante, dado que su inclusión como observador se
originó a partir de su registro voluntario en el formulario digital diligenciado el 10 de
mayo de 2026. En segundo lugar, expuso que ante la solicitud de retiro presentada
por el actor el 29 de mayo, la entidad respondió de forma inmediata y gestionó la
exclusión ante el Consejo Nacional Electoral, la cual se materializó mediante la
Resolución 2549 del 30 de mayo de 2026, lo que implicó la supresión de los datos
en menos de 24 horas. Por tanto, propuso las excepciones de inexistencia de
vulneración al habeas data, carencia actual de objeto por hecho superado y falta de
legitimación en la causa por pasiva para anular actos electorales.
18. La Registraduría Nacional del Estado Civil cuyo memorial fue radicado con
posterioridad a la emisión del fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo
de Santander del 23 de junio de 202611, manifestó que carecía de legitimación en
la causa por pasiva, por cuanto la entidad no intervino en la recolección de los datos
personales del accionante, ni en el diseño del formulario digital, ni en el proceso de
postulación e inscripción de los observadores electorales remitido al Consejo
Nacional Electoral. Precisó que sus competencias en la materia se limitan a
aspectos operativos y logísticos ajenos a la conformación de dichos listados.
9 Índice 6 de Samai. Ibid.
10 SAMAI Índices 00029 y 00031. La sentencia de primera instancia se registró el 23 de julio 2026 a
las 11:36. 00 (Ver SAMAI, Índice 25), mientras que la contestación se radicó ese mismo día a las
17:51:16.
11 SAMAI Índice 00030
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Accionante: Leonardo Gómez Hernández
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La sentencia de primera instancia
19. El Tribunal Administrativo de Santander declaró improcedente la tutela respecto
de la solicitud general de eliminar los datos personales del actor y declaró la
carencia actual de objeto por daño consumado frente a los efectos de la Resolución
2121 de 2026. Sin embargo, concluyó que, mientras estuvo vigente, esa resolución
vulneró los derechos fundamentales del accionante al habeas data, al libre
desarrollo de la personalidad, a la libertad de asociación y a la participación política,
porque lo acreditó como observador electoral de la Corporación DemocraTIA Global
sin prueba de su consentimiento.
20. La Sala explicó que la eliminación general de los datos era improcedente porque
el actor no había presentado primero la reclamación prevista en la Ley 1581 de 2012
ante los responsables del tratamiento ni había acudido a la Superintendencia de
Industria y Comercio. No obstante, consideró procedente estudiar los efectos
concretos de la resolución, pues la acreditación electoral era temporal y los medios
judiciales ordinarios podían resultar tardíos. También determinó que existió daño
consumado porque la resolución fue expedida para las elecciones presidenciales
del 31 de mayo de 2026, jornada que ya había finalizado, por lo que no era posible
evitar ni devolver sus efectos.
21. Sobre la vulneración, el Tribunal señaló que no existía prueba de que el actor
hubiera autorizado su postulación, entregado documentos o aceptado representar
a DemocraTIA Global. Como esa corporación no respondió la tutela, se aplicó la
presunción de veracidad. La Sala afirmó que la acreditación electoral no era una
condición neutra, porque proyectaba ante las autoridades y la ciudadanía una
relación con una organización determinada. Por ello, el uso de los datos sin
autorización afectó el habeas data, mientras que la vinculación pública no
consentida limitó la autonomía del actor para decidir con qué organización quería
relacionarse y cómo deseaba participar políticamente.
22. En la parte resolutiva, el Tribunal declaró la vulneración de los cuatro derechos
mencionados y advirtió a DemocraTIA Global que no podía postular personas como
observadores sin autorización libre, expresa, informada y verificable. También
ordenó al CNE reforzar los mecanismos para comprobar ese consentimiento. Negó
la indemnización porque la tutela no era el medio para reconocer perjuicios, negó el
amparo frente a la MOE por no demostrarse una actuación atribuible a ella y levantó
la medida provisional que había suspendido los efectos de la resolución respecto
del actor. Finalmente, dispuso la notificación de la sentencia y su eventual envío a
la Corte Constitucional si no era impugnada.
Impugnaciones
23. Contra la providencia, el accionante Leonardo Gómez Hernández interpuso
impugnación el 23 de junio de 2026 porque el despacho no amparó sus derechos
fundamentales.
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24. A su vez, DemocraTIA impugnó la sentencia al considerar que el Tribunal
vulneró su derecho de defensa, pues profirió el fallo antes de que comenzara y
venciera el término concedido para contestar la tutela, lo que impidió valorar las
pruebas que, según afirmó, demostraban que Leonardo Gómez Hernández registró
voluntariamente sus datos, que su solicitud de retiro fue atendida el 29 de mayo de
2026 y que el Consejo Nacional Electoral excluyó su acreditación mediante la
Resolución 2549 del 30 de mayo siguiente. Sostuvo que, por ello, no se configuró
un daño consumado sino un hecho superado, y que el fallo incurrió en error inducido
y defecto fáctico al aplicar la presunción de veracidad sobre la base de un silencio
que no le era imputable. En consecuencia, solicitó revocar integralmente la
sentencia y dejar sin efectos las declaraciones de vulneración y las advertencias
formuladas en su contra.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
25. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
Cuestión previa – resolución de solicitud de nulidad procesal
26. DemocraTIA Global adujo en su impugnación la estructuración de un defecto
procedimental absoluto que constituye nulidad en el presente trámite. Al respecto,
sostuvo que el fallo de primera instancia se expidió el día siguiente de que fuera
notificado el auto de admisión, sin que se surtiera el trámite de notificación del
artículo 8 de la Ley 2213 de 2020. En su criterio, esto constituyó una limitación de
su derecho de defensa y contradicción, dado que no pudo ejercerlo ni pronunciarse
frente a la acción de tutela.
27. La jurisprudencia constitucional ha considerado posible cuestionar el trámite de
tutela mediante las solicitudes de nulidad. En virtud de la remisión prevista en el
artículo 2.2.3.1.1.3. del Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015 12, que compiló
entre otros el Decreto 306 de 1992, resulta procedente acudir al Código General del
Proceso para tales fines, cuyo artículo 133 establece diferentes causales de
nulidad13. En cuanto a los requisitos para alegarlas, se encuentra el artículo 135 del
12 “De los principios aplicables para interpretar el procedimiento previsto por el Decreto 2591 de
1991. Para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el
Decreto 2591 de 1991 se aplicarán los principios generales del Código General del Proceso, en todo
aquello en que no sean contrarios a dicho Decreto”.
13 Artículo 133. Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los
siguientes casos:
1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.
2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente
concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.
3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de
suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida.
4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su
apoderado judicial carece íntegramente de poder.
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mismo Código en el cual se establece la obligación de cumplir 14: i) la legitimidad; y
ii) la carga argumentativa, que abarca señalar la causal invocada, los hechos en
que se fundamenta y las razones que justifican su pedido.
28. En el caso concreto, la Sala considera satisfechos los requisitos formales para
examinar la solicitud de nulidad formulada por DemocraTIA Global. De una parte,
se encuentra acreditada su legitimación, en tanto intervino como parte accionada
en el trámite constitucional y afirma que la actuación cuestionada afectó
directamente sus derechos de defensa y contradicción. De otra, cumplió con la
carga argumentativa exigida en este tipo de solicitudes, pues identificó la causal de
nulidad que estima configurada, expuso los hechos en los que sustenta su petición
—relacionados con la notificación del auto admisorio, el término concedido para
rendir informe y la fecha en que se profirió la sentencia— y explicó las razones por
las cuales considera que esa irregularidad incidió de manera determinante en la
decisión. En consecuencia, la solicitud supera el examen formal y procede abordar
su estudio de fondo.
29. En particular, las salas de revisión de la Corte Constitucional15 han reconocido
que la Sentencia C-420 de 2020 estableció que “la notificación del auto admisorio
de la demanda mediante la remisión de un correo electrónico a la parte interesada
es una medida plausible para lograr que esta conozca de la existencia de un
proceso en su contra y ejerza aquellos derechos”16. Adicionalmente, señaló que
para efectos de declarar nula la notificación del auto admisorio “no basta la sola
afirmación de la parte afectada de que no se enteró de la providencia. Es necesario
que el juez valore integralmente la actuación procesal y las pruebas que se aporten
5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite
la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.
6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer
su traslado.
7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o
la sustentación del recurso de apelación.
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas
determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban
ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes,
cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra
persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.
Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta
del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando
la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo
que se haya saneado en la forma establecida en este código.
Parágrafo. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan
oportunamente por los mecanismos que este código establece”.
14 Al respecto, ver: “Artículo 135. Requisitos para alegar la nulidad. La parte que alegue una nulidad
deberá tener legitimación para proponerla, expresar la causal invocada y los hechos en que se
fundamenta, y aportar o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer. No podrá alegar la nulidad
quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien omitió alegarla como excepción previa si tuvo
oportunidad para hacerlo, ni quien después de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin
proponerla. La nulidad por indebida representación o por falta de notificación o emplazamiento solo
podrá ser alegada por la persona afectada. El juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se
funde en causal distinta de las determinadas en este capítulo o en hechos que pudieron alegarse
como excepciones previas, o la que se proponga después de saneada o por quien carezca de
legitimación
15 Corte Constitucional, Sentencia T-333 de 2024.
16 Corte Constitucional, Sentencia C-420 de 2020.
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en el incidente de nulidad para determinar si en el trámite de la notificación personal
se vulneró la garantía de publicidad de la parte notificada”.
30. La Sala desestima la solicitud de nulidad. De las constancias registradas en el
aplicativo SAMAI, se verifica que el Auto Interlocutorio núm. 419 del 18 de junio de
2026, mediante el cual el despacho sustanciador de primera instancia admitió la
acción de tutela, la Secretaría del Tribunal remitió a las direcciones electrónicas de
DemocraTIA Global dicha decisión. Además, se constata que el sistema dejó
registro de su recepción y acceso por parte de la destinataria el 19 de ese mes y
año, como se muestra a continuación.
31. En el caso concreto, esta Corporación considera que la autoridad judicial de
primer grado observó el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, al notificar el escrito
introductorio del proceso por el medio más expedito y ágil. En este sentido, la
comunicación cumplió su finalidad de publicidad sobre la entidad demandada, pues
permitió que la corporación demandada conociera de manera efectiva la existencia
del trámite, el contenido de la providencia y el término concedido para rendir
informe.
32. Además, DemocraTIA tuvo la oportunidad de intervenir en el trámite de tutela
dentro del plazo de dos (2) días, contados a partir de la notificación del auto de
admisión de la demanda. No obstante, la fundación radicó su informe a las 17:51:16
del 23 de junio de 201617, esto es, después del vencimiento de dicho término. Por
haberse presentado fuera del horario de atención al público, el escrito se entiende
recibido el día hábil siguiente, fecha para la cual ya se había proferido la sentencia18.
33. La nulidad procesal no se configura por la existencia de una irregularidad
meramente formal, sino cuando esta desconoce de manera sustancial las garantías
17 Índice 29 de SAMAI.
18 Ver Sentencia T-298 de 2023, así como Autos 1472 de 2025, 835 de 2025, 1066 de 2021 y 514
de 2015.
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de la parte y le ocasiona una situación efectiva de indefensión. En este asunto, la
recepción y el acceso comprobados al mensaje de datos descartan que la entidad
hubiera permanecido ajena al trámite o que se le hubiera impedido intervenir. Por
consiguiente, no se acredita la pretermisión de una etapa procesal, una irregularidad
sustancial ni vulneración alguna del derecho fundamental al debido proceso.
Problema jurídico y metodología de la decisión
34. Corresponde a la Sala determinar si la sentencia de primera instancia debe
mantenerse o modificarse. Para ello, debe establecer: (i) si la tutela era
improcedente frente a la solicitud de eliminar los datos personales del actor, o si esa
petición ya había sido atendida, porque el 29 de mayo de 2026 el accionante pidió
a DemocraTIA retirar su información, la entidad respondió ese mismo día que
realizaría la gestión y el CNE expidió la Resolución 2549 del 30 de mayo de 2026,
antes de las elecciones; y (ii) si la inclusión del actor como observador electoral en
la Resolución 2121 de 2026 produjo un daño consumado o si se presentó un hecho
superado, así como si durante el tiempo en que estuvo acreditado se vulneraron sus
derechos al habeas data, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de
asociación y a la participación política.
35. Para resolver el problema planteado, la Sala abordará: (i) las reglas de
configuración de la carencia actual de objeto por daño consumado a la luz de la
jurisprudencia constitucional, aplicadas en asuntos electorales; (ii) el estudio del
caso concreto.
De la carencia actual de objeto por hecho superado, daño consumado y la
protección del habeas data electoral
36. La Corte Constitucional ha identificado como “carencia actual de objeto”
cuando los hechos que motivaron la acción desaparecen o cuando no hay forma de
resarcir el daño ya producido. En estas situaciones, la tutela pierde su razón de ser
y, por tanto, cualquier orden del juez respecto de lo solicitado en la demanda no
surtiría ningún efecto. En este contexto, dicha Corporación19 ha identificado tres
supuestos para la configuración de la carencia actual de objeto: “(i) hecho superado;
(ii) daño consumado o (iii) situación sobreviniente”. En atención a las circunstancias
del caso, la Sala solo retomará (i) y (ii).
37. El hecho superado se presenta cuando, antes de que el juez decida, la entidad
demandada soluciona de forma voluntaria y completa el problema que dio origen a
la tutela, sin que esa solución sea consecuencia de una orden judicial 20. Para que
se configure, deben cumplirse tres reglas21: que haya desaparecido la vulneración
o amenaza, que se haya satisfecho totalmente lo pedido por el actor y que la entidad
haya actuado por iniciativa propia. En ese caso, la tutela pierde su objeto, porque
cualquier orden del juez sería innecesaria y no produciría un efecto útil. En materia
electoral, la siguiente tabla puede referir algunos casos:
19 Corte Constitucional, sentencia SU-109 de 2022. M.P: Paola Andrea Meneses Mosquera.
20 Corte Constitucional, Sentencia T-117 de 2016.
21 Corte Constitucional, Sentencia SU-454 de 2025.
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Accionante: Leonardo Gómez Hernández
Accionado: Corporación Democratia Global y otros
Referencia: Acción de tutela
sentencia Argumentación del hecho superado
T-582 de 2006 Se declaró la carencia actual de objeto porque otra decisión judicial
permitió a todos los candidatos usar fotografías como logosímbolos,
con lo cual se restableció la igualdad reclamada, y además las
elecciones ya se habían realizado, por lo que cualquier orden posterior
carecía de utilidad.
T-366 de 2015 La Sala Quinta de Revisión declaró la carencia actual de objeto por
hecho superado porque CIFIN eliminó el reporte sobre la suspensión
de los derechos políticos del actor y registró la cédula como vigente,
aunque no vulneró el hábeas data del actor, pues publicó información
oficial y útil para evaluar su capacidad de realizar operaciones
financieras.
T-063 de 2016 La Sala Novena de Revisión declaró la carencia actual de objeto por
hecho superado porque, aunque la Registraduría vulneró el debido
proceso del actor al cancelar su cédula sin escucharlo previamente,
durante el trámite de revisión restableció su vigencia y atendió la
pretensión principal de la tutela.
T-615 de 2017 La Cuarta de Revisión declaró la carencia actual de objeto porque la
jornada electoral ya había terminado y el actor había cumplido como
jurado, y no se vulneró su libertad de cultos porque esa función era
temporal, podía alternarse con los jurados suplentes y no impedía de
forma permanente el cumplimiento de sus deberes sacerdotales.
T-553 de 2023 La Sala Sexta de Revisión declaró la carencia actual de objeto por
hecho superado porque el CNE dejó sin efectos la sanción y restituyó
al actor sus derechos de voz y voto, aunque el Partido Cambio Radical
había vulnerado su debido proceso y su representación política al
imponerle una sanción no prevista para la conducta investigada,
incluida la pérdida del derecho de voz, sin una valoración adecuada de
las pruebas.
38. La jurisprudencia constitucional ha precisado que la carencia actual de objeto
por daño consumado se presenta cuando la lesión del derecho fundamental ya se
produjo y, por tanto, la orden de amparo resulta ineficaz para restablecer
materialmente la situación anterior. Sin embargo, esta circunstancia no releva al
juez constitucional del deber de emitir un pronunciamiento de fondo acerca de la
existencia de la vulneración, ni impide la adopción de medidas de carácter
preventivo o correctivo encaminadas a evitar la repetición de conductas lesivas de
los derechos fundamentales. En tal sentido, la Corte Constitucional ha sostenido
que el juez de tutela conserva competencia para realizar un examen sustancial del
caso, fijar reglas jurisprudenciales y adoptar órdenes dirigidas a impedir que
situaciones similares vuelvan a ocurrir, en desarrollo de la dimensión objetiva de los
derechos fundamentales y de la función pedagógica propia de la acción de tutela22.
39. Esta doctrina adquiere especial relevancia cuando el daño consumado proviene
de actuaciones de las autoridades relacionadas con procesos electorales, cuyos
efectos son en esencia temporales y normalmente se extinguen una vez culmina la
jornada democrática. En tales eventos, aunque resulte imposible retrotraer los
efectos concretos del acto administrativo, subsiste plenamente el interés
constitucional en determinar si la actuación estatal respetó los parámetros
superiores que gobiernan el tratamiento de los datos personales y el ejercicio de los
derechos políticos. Supuestos que se condensan en la siguiente tabla.
22 Corte Constitucional, Sentencia SU-522 de 2019.
Radicado: 68001-23-33-000-2026-00376-01
Accionante: Leonardo Gómez Hernández
Accionado: Corporación Democratia Global y otros
Referencia: Acción de tutela
sentencia Argumentación del daño consumado
T-682 de 2015 La Sala Séptima de Revisión entendió configurada la carencia actual de
objeto por daño consumado porque las elecciones presidenciales ya se
habían realizado y, por ello, ya no era posible permitir la inscripción y
participación del actor como candidato a la Presidencia
T-445 de 2020 Se declaró la carencia actual de objeto por daño consumado porque las
elecciones ya se habían realizado sin que el actor pudiera inscribirse
como candidato, debido a que la aseguradora vulneró su derecho a la
participación política al exigirle una contragarantía injustificada para
expedir la póliza de seriedad.
T-150 de 2022 La Sala Octava de Revisión declaró el daño consumado porque las
elecciones de los Consejos de Juventudes ya se habían realizado sin
que la Registraduría corrigiera las dificultades que impedían a los
jóvenes ejercer adecuadamente su derecho al voto.
T-141 de 2026 La Sala Cuarta de Revisión declaró la carencia actual de objeto por
daño consumado porque una barrera administrativa relacionada con su
identidad de género como mujer trans impidió su inscripción, las
elecciones ya habían terminado y ella no podría participar en los
siguientes comicios por superar la edad máxima permitida.
Análisis del caso concreto
40. El señor Leonardo Gómez Hernández promovió acción de tutela contra la
Corporación DemocraTIA Global, el Consejo Nacional Electoral —CNE— y otras
entidades, porque fue incluido en la Resolución de Acreditación 2121 del 20 de
mayo de 2026 como observador electoral de DemocraTIA en Aratoca, Santander,
sin reconocer haber solicitado esa función ni autorizado el uso de sus datos para
esa finalidad. El actor afirmó que conoció la acreditación el 29 de mayo de 2026, al
consultar la página de la Registraduría, y explicó que la vinculación podía afectar su
autonomía e identidad política, dado que militaba en el Pacto Histórico y había
aceptado desempeñarse como apoderado en una mesa auxiliar de escrutinio en
Bucaramanga durante las elecciones presidenciales.
41. La vulneración de los derechos al habeas data, al libre desarrollo de la
personalidad, a la libertad de asociación y a la participación política se produjo por
la falta de verificación suficiente de la identidad y de la voluntad de las personas
registradas como observadoras mediante el formulario promocionado en las redes
sociales Facebook e Instagram. Aunque el sistema registró los datos del actor en
una hoja de cálculo como provenientes de Instagram, ni DemocraTIA confirmó
directamente con él que hubiera diligenciado el formulario y aceptado la postulación,
ni el CNE contrastó su consentimiento antes de atribuirle públicamente la calidad de
observador electoral. La verificación de la cédula frente al Archivo Nacional de
Identificación solo permitía comprobar que los datos correspondían a una persona
existente, pero no demostraba que su titular hubiera solicitado libremente esa
función o autorizado su vinculación con la organización postulante.
42. Sin embargo, la afectación fue corregida antes de las elecciones mediante
varias actuaciones consecutivas. El 29 de mayo de 2026, a las 11:23, el actor
solicitó por correo electrónico la revocatoria de su acreditación y afirmó que nunca
había entregado sus datos para ser observador. Ese mismo día, a las 17:44,
DemocraTIA respondió que aceptaba su desvinculación, cancelaba cualquier
Radicado: 68001-23-33-000-2026-00376-01
Accionante: Leonardo Gómez Hernández
Accionado: Corporación Democratia Global y otros
Referencia: Acción de tutela
suscripción asociada a su nombre, suprimía sus datos personales de la totalidad de
sus bases de datos y sistemas de gestión ciudadana y gestionaba ante el CNE la
baja de la acreditación. Además, a las 17:18, la corporación remitió formalmente al
CNE la solicitud de retiro y desincorporación del actor del sistema de acreditación
electoral.
43. Como resultado de la solicitud presentada por DemocraTIA, el CNE expidió la
Resolución de Acreditación 2549 del 30 de mayo de 2026, firmada digitalmente a
las 16:46:06, mediante la cual modificó parcialmente el artículo primero de la
Resolución 2121 y retiró expresamente la acreditación de «LEONARDO GÓMEZ»,
en el departamento de Santander y el municipio de Aratoca. El acto también ordenó
comunicar la decisión a la Registraduría Nacional, al Registrador Delegado en lo
Electoral y a DemocraTIA, así como publicarla en la página del CNE.
44. El juez de primera instancia no pudo valorar esas actuaciones ni las pruebas
allegadas por DemocraTIA, porque, según el registro del expediente en SAMAI, la
sentencia fue expedida el 23 de junio de 2026, mientras que el memorial de la
organización demandada y sus anexos fueron incorporados el 24 de junio siguiente.
Por la misma razón, el Tribunal tampoco conoció oportunamente la Resolución 2549
del 30 de mayo de 2026: aunque el CNE rindió informe durante la primera instancia,
no aportó ese acto administrativo y se limitó a sostener que la Resolución 2121
había agotado sus efectos con la elección; la resolución modificatoria solo ingresó
al proceso como anexo del informe presentado posteriormente por DemocraTIA. En
consecuencia, la decisión de primer grado se adoptó sin conocer que la acreditación
ya había sido retirada antes de la jornada electoral.
45. En estas condiciones se configuró la carencia actual de objeto por hecho
superado, porque las propias entidades accionadas, por iniciativa propia y como
consecuencia de la solicitud del actor, realizaron las actuaciones necesarias para
corregir la situación: DemocraTIA aceptó la revocatoria del tratamiento de los datos,
declaró su supresión, solicitó la baja ante el CNE y esta autoridad retiró formalmente
la acreditación. Así, antes de que existiera una orden judicial, desapareció la
situación que dio origen a la tutela, se atendieron las pretensiones principales y
cualquier orden posterior dirigida nuevamente a obtener la desvinculación o la
exclusión de la lista carecería de efecto útil. No se configuró un daño consumado,
porque la Resolución 2549 fue expedida el 30 de mayo de 2026, antes de los
comicios presidenciales del 31 de mayo, lo que impidió que el actor ejerciera durante
la jornada electoral como observador de DemocraTIA y permitió corregir material y
jurídicamente la acreditación cuestionada.
46. En conclusión, aunque existió una vulneración inicial causada por la ausencia
de controles adecuados para confirmar la identidad, la voluntad y el consentimiento
del ciudadano postulado, dicha afectación fue corregida de manera completa y
oportuna antes de las elecciones; por tanto, la modalidad aplicable es el hecho
superado, sin perjuicio de advertir a DemocraTIA y al CNE que deben implementar
mecanismos verificables de autenticación y confirmación directa para evitar nuevas
acreditaciones electorales no consentidas.
Radicado: 68001-23-33-000-2026-00376-01
Accionante: Leonardo Gómez Hernández
Accionado: Corporación Democratia Global y otros
Referencia: Acción de tutela
47. Por las razones expuestas en esta providencia, se confirmarán los numerales
tercero, cuarto y quinto de la sentencia impugnada, relacionados con la declaración
de vulneración de los derechos fundamentales del actor y las advertencias dirigidas
a DemocraTIA y al Consejo Nacional Electoral para evitar nuevas acreditaciones sin
consentimiento; el numeral octavo, que levantó la medida provisional; y el numeral
noveno, que ordenó la notificación de la decisión, pues esas determinaciones son
compatibles con la declaratoria de carencia actual de objeto por hecho superado
adoptada en esta instancia y conservan plena utilidad para reconocer la afectación
ocurrida, prevenir su repetición y definir los efectos procesales del fallo.
48. Tampoco prospera la pretensión indemnizatoria formulada por el accionante. En
efecto, la conclusión de esta instancia, según la cual se configuró un hecho
superado y no un daño consumado, refuerza la negativa adoptada por el juez de
primer grado, pues la situación que originó la tutela fue corregida antes de las
elecciones y no se acreditó un daño irreversible que deba ser reparado dentro de
este trámite. Además, la acción de tutela tiene como finalidad la protección
inmediata de los derechos fundamentales y no constituye, por regla general, un
mecanismo para declarar responsabilidad patrimonial ni para establecer o
cuantificar perjuicios materiales o morales. En consecuencia, debe confirmarse el
numeral sexto de la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta
providencia.
49. En relación con la Misión de Observación Electoral —MOE—, la Sala confirmará
la decisión de negar el amparo, porque no se acreditó que esa organización hubiera
intervenido en la recolección, tratamiento o remisión de los datos personales del
actor, en su postulación ante el CNE o en la expedición de las resoluciones de
acreditación. El accionante se limitó a atribuirle un deber general de vigilancia y
acompañamiento, pero no identificó una acción u omisión concreta, actual y
jurídicamente exigible que hubiera causado la vulneración examinada. En
consecuencia, al no existir una conducta atribuible a la MOE ni un vínculo causal
entre su actuación y la afectación de los derechos del señor Leonardo Gómez
Hernández, se confirmará el numeral séptimo de la sentencia de primera instancia
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: NEGAR la solicitud de nulidad formulada por la Corporación
DemocraTIA Global, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: MODIFICAR el numeral primero de la sentencia del 23 de junio de
2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, en cuanto declaró
improcedente la acción de tutela respecto de la pretensión de supresión, eliminación
o borrado general de los datos personales del señor Leonardo Gómez Hernández,
por las razones expuestas en esta providencia; en el sentido de DECLARAR LA
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO.
Radicado: 68001-23-33-000-2026-00376-01
Accionante: Leonardo Gómez Hernández
Accionado: Corporación Democratia Global y otros
Referencia: Acción de tutela
TERCERO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia impugnada, que
declaró la carencia actual de objeto por daño consumado respecto de los efectos
de la Resolución de Acreditación núm. 2121 del 20 de mayo de 2026, expedida por
el presidente del Consejo Nacional Electoral, y, en su lugar, DECLARAR LA
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO respecto de la
afectación de los derechos fundamentales al habeas data, al libre desarrollo de la
personalidad, a la libertad de asociación y a la participación política del señor
Leonardo Gómez Hernández.
CUARTO: CONFIRMAR, por las razones expuestas en esta providencia, los
numerales tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno de la sentencia
impugnada.
QUINTO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el medio
más expedito.
SEXTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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