Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2026-00379-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2026-00379-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 68001-23-33-000-2026-00379-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
28 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá, D.C., 28 de julio de 2026
Radicación: 68001-23-33-000-2026-00379-01
Demandante: Nelly Ortiz Monroy
Demandados: Juzgado Administrativo Transitorio 801 de Bucaramanga y
otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD | Mora judicial |
Carencia actual de objeto por hecho superado| Adulto mayor como sujeto de especial
protección
Síntesis del caso: La parte actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia, mínimo vital y vida digna, por una
presunta mora judicial en el trámite de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la parte demandante contra la Sentencia de
23 de junio de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander,
que declaró la carencia actual del objeto por hecho superado2.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación
1.1. Posición de la parte actora
1. El 5 de junio de 2026, la señora Nelly Ortiz Monroy, presentó una acción
de tutela contra el Juzgado Administrativo Transitorio 801 de Bucaramanga
y los Juzgados 8 y 9 Administrativos de Bucaramanga, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, vida digna y mínimo vital, con ocasión de la
presunta mora judicial en el trámite del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho Rad. 68001-33-33-008-2016-00052-00.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “Primero: Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, dentro del presente trámite de tutela
promovido por la señora Nelly Ortiz Monroy contra el Juzgado Administrativo Transitorio 801 de Bucaramanga y los
Juzgados Octavo y Noveno Administrativos de Bucaramanga”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 68001-23-33-000-2026-00379-01
Demandante: Nelly Ortiz Monroy
Demandado: Juzgado Administrativo Transitorio 801 de Bucaramanga y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
____________________________________________________________________________________________________________
“1. Que se declare la procedencia de la tutela y se ampare y proteja mi
derecho fundamental en mi calidad de adulta mayor de manera integral
dentro del asunto sometido a consideración de los Juzgados Accionados:
Juzgado 601 Administrativo Sin sección Oral, 601 Juzgado Transitorio de
Bucaramanga. 68001, Juzgado 401 Transitorio de Bucaramanga, Juzgado
Noveno Administrativo de Bucaramanga, 404 Administrativo Oral de
Bucaramanga, Juzgado Octavo Administrativo Y 801 Administrativo Transitorio,
a través de sus funcionarios judiciales dentro del proceso de Acción de Nulidad
y Restablecimiento del Derecho iniciado el 16 de febrero de 2016. Iniciado por
mí a través de apoderado. Y dentro del Rad 68001333300820160005200.
2. Que se declare que se me ha vulnerado el Derecho al debido proceso, por
los juzgados accionados y como acción protectora integral se disponga a
priorizar el conocimiento del asunto de la referencia dentro del radicado
68001333300820160005200. Con amparo Integral del asunto objeto de la
presente acción, a donde quiera que vaya y por quienes llegaren a conocer
de él, pretendiendo un blindaje del proceso. E incluso durante la tramitación de
la parte final en el proceso derivado del reconocimiento de mi derecho en el
fallo en firme y hasta el pago de mi acreencia laboral.
3. Que se resuelva la solicitud elevada por mi apoderado el día 30 de agosto
de 2020, en donde requirió sentencia anticipada dentro del radicado ya
referenciado, sin más dilaciones., y que consecuente con lo anterior, se profiera
a la mayor brevedad el fallo requerido con inmediatez respeto a mi solicitud.
4. Que se ampare y proteja mi derecho al mínimo vital que se deduce del
reconocimiento de la sentencia final vulnerado desde hace 10 años.
5. En tal virtud que a partir de hoy y hasta la finalización del proceso con fallo
de segunda instancia de llegar a suceder, se procure el respeto por los términos
procesales consagrados en la ley y respaldados por la Constitución Nacional,
SIN MAS DILACIONES INJUSTIFICADAS, por todos los sujetos procesales. En virtud
de una protección integral a todos mis derechos hasta hoy vulnerados.
6. Que se advierta a la parte demandada que el deber de observar términos
procesales y evitar maniobras dilatorias, es un deber de obligatoria observancia
que corresponde a todos los procesales”.
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
4. 1) El 19 de febrero de 2016, la señora Nelly Ortiz Monroy, a través de
apoderado, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra de la Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, en la que pretendió el reconocimiento y pago de acreencias
laborales.
5. 2) El 30 de agosto de 2020, el apoderado de la parte actora solicitó
aplicar la figura de la sentencia anticipada y presentó varios memoriales de
impulso procesal.
6. Como fundamento de la vulneración, la parte actora señaló el
Juzgado Administrativo Transitorio 801 de Bucaramanga y los Juzgados 8 y 9
Administrativos de Bucaramanga incurrieron en mora judicial injustificada
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho Rad. 68001-
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Radicación: 68001-23-33-000-2026-00379-01
Demandante: Nelly Ortiz Monroy
Demandado: Juzgado Administrativo Transitorio 801 de Bucaramanga y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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33-33-008-2016-00052-00 al no haber proferido Sentencia de primera
instancia en el transcurso de aproximadamente 10 años.
7. Adujo que la prolongación del trámite judicial desbordaba cualquier
plazo razonable para la resolución del conflicto y comprometía la
efectividad de las garantías procesales reconocidas por la Constitución y la
ley, debido a que la ausencia de una decisión judicial definitiva no solo
vulneraba su derecho fundamental al debido proceso, sino su acceso
efectivo a la administración de justicia. Asimismo, afirmó que la mora judicial
comprometía igualmente su derecho al mínimo vital y a una vida digna, al
impedirle acceder oportunamente a recursos económicos que consideraba
necesarios para atender sus necesidades básicas, destacando que
actualmente contaba con 66 años, razón por la cual ostentaba la condición
de persona adulta mayor y, por ende, de sujeto de especial protección
constitucional.
8. Además, solicitó que la protección constitucional no se limitara a la
expedición de la sentencia de primera instancia, sino que se extendiera a la
culminación efectiva del proceso. En tal sentido, solicitó que se garantizara
un trámite preferente de las actuaciones posteriores.
1.2. Sentencia de primera instancia3 e impugnación
9. Mediante Sentencia de 23 de junio de 2026, el Tribunal Administrativo
de Santander declaró la carencia actual de objeto por hecho superado en
relación con la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la
accionante. Lo anterior en virtud de que el Juzgado 801 Administrativo
Transitorio de Bucaramanga, en su calidad de accionado, demostró que, si
bien la pretensión consistía en obtener una decisión de fondo dentro del
proceso judicial, la misma se había proferido el 10 de junio de 2026, por lo
que desapareció la situación que dio origen a la acción de tutela.
10. La autoridad judicial concluyó que, durante el trámite de la tutela, el
accionado dio una respuesta de fondo y congruente con lo solicitado, al
expedir la sentencia de primera instancia en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho Rad. 68001-33-33-008-2016-00052-00.
11. Inconforme con la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de
Santander, la parte accionante la impugnó, con el propósito de que se
revocara y, en su lugar, se concediera el amparo de los derechos
fundamentales invocados.
3 En Auto de 9 de junio de 2026, el Tribunal Administrativo de Santander (1) admitió la acción de tutela, (2) tuvo
como demandado el Juzgado Administrativo Transitorio 801 de Bucaramanga y los Juzgados 8 y 9 Administrativos
del Circuito Judicial de Bucaramanga, y (3) vinculó a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de Bucaramanga, como tercero con interés.
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Radicación: 68001-23-33-000-2026-00379-01
Demandante: Nelly Ortiz Monroy
Demandado: Juzgado Administrativo Transitorio 801 de Bucaramanga y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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12. Como argumento inicial, sostuvo que el Tribunal Administrativo de
Santander realizó un análisis insuficiente de la controversia sometida a su
conocimiento, pues limitó su decisión a constatar que durante el trámite de
la acción de tutela se había proferido sentencia de primera instancia dentro
del proceso Rad. 68001-33-33-008-2016-00052-00, y, con fundamento en ello,
declaró la carencia actual del objeto por hecho superado, sin efectuar
pronunciamiento de fondo respecto de los demás derechos fundamentales
cuya protección fue solicitada, haciendo particular énfasis en que el
Tribunal no valoró su condición de adulta mayor, pese a que dicha
circunstancia fue expuesta desde el escrito introductorio de la acción
constitucional como uno de los fundamentos principales de la solicitud de
amparo.
13. La accionante señaló que, al contar con 66 años, ostentaba la
calidad de sujeto de especial protección constitucional, lo que imponía al
Tribunal el deber de realizar un examen reforzado acerca de la afectación
de sus derechos fundamentales y de la necesidad de adoptar medidas
encaminadas a garantizar una protección judicial efectiva.
14. Con fundamento en dicha interpretación, manifestó que la
vulneración no desaparecía con la expedición de la sentencia de primera
instancia, toda vez que el proceso judicial aún no había concluido y
restaban actuaciones indispensables para la satisfacción material de los
derechos cuya protección perseguía desde el 2016, debido a que aún
debían surtirse las etapas correspondientes a una eventual segunda
instancia, la ejecutoria de la decisión, su cumplimiento y el pago efectivo de
las acreencias que llegaran a ser reconocidas.
15. En ese entendido, expresó su preocupación por la posibilidad de que
dichas actuaciones también pudieran verse afectadas por nuevas
dilaciones injustificadas, teniendo en cuenta el tiempo en el que
permaneció el proceso sin que mediara decisión de fondo. Agregó que,
incluso, existía la posibilidad de que la entidad ordenada al pago retrasara
el cumplimiento de la decisión judicial, obligándola a promover actuaciones
adicionales, situación que prolongaría la afectación de sus derechos
fundamentales.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido. 2.1. Fijación de la controversia. 2.2. Procedencia de la acción de tutela 2.3.
Actualidad del objeto. 2.4. Conclusión.
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Demandante: Nelly Ortiz Monroy
Demandado: Juzgado Administrativo Transitorio 801 de Bucaramanga y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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2.1. Fijación de la controversia
16. Corresponde a la Sala determinar si hay, o no, carencia actual del
objeto por hecho superado, tal como lo estableció la decisión de primera
instancia, en consideración a que el Juzgado 801 Administrativo Transitorio
de Bucaramanga profirió sentencia de primera instancia el 10 de junio de
2026 en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho Rad. 68001-
33-33-008-2016-00052-00. En ese orden, se confirmará, modificará o revocará
la decisión de primera instancia.
2.2. Procedencia de la acción de tutela
17. En el presente caso, se cumplieron los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela porque esta se orientó a obtener la
protección de sus derechos fundamentales4 al debido proceso, al acceso
efectivo a la administración de justicia, al mínimo vital y a la vida digna. La
señora Nelly Ortiz Monroy, es la titular de los derechos invocados como
violados, por lo cual, se tiene por acreditada la legitimación activa en la
causa5.
18. De igual manera, el Juzgado Administrativo Transitorio 801 de
Bucaramanga y los Juzgados 8 y 9 Administrativos de Bucaramanga tienen
legitimación pasiva en la causa6, al ser las autoridades judiciales a las que
se les atribuye la presunta omisión y vulneración alegada.
19. El requisito de subsidiariedad7, se tendrá por superado por no existir
recurso judicial idóneo y eficaz que permitiera a la parte accionante alegar
los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa de los derechos
presuntamente vulnerados.
20. En relación con el requisito de inmediatez8, este se satisface, ya que,
de conformidad con el escrito de tutela, la presunta vulneración se presentó
con ocasión de una situación actual y continua, como lo es el presunto
retardo o mora en decidir en primera instancia un proceso ordinario.
2.3. Actualidad del objeto
21. La Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado9
por las siguientes razones:
4 Decreto 2591 de 1991. Artículo 2, en concordancia con el artículo 5 y los numerales 2 y 3 del artículo 6 ibidem.
5 Decreto 2591 de 1991. Artículo 10, en concordancia con el artículo 1 ibidem.
6 Decreto 2591 de 1991. Artículo 13, en concordancia con el artículo 1 ibidem.
7 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 1).
8 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 4).
9 La Corte Constitucional estableció los siguientes requisitos que se deben examinar en cada caso para determinar
la existencia o no de un hecho superado: “1) Que con anterioridad a la interposición de la acción exista un hecho
o se carezca de una determinada prestación que viole o amenace violar un derecho fundamental del accionante
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Demandante: Nelly Ortiz Monroy
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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22. Al revisar la página de web Consulta de Procesos de la Rama Judicial,
la Sala advirtió que, el 11 de junio de 2026, el Juzgado 801 Administrativo
Transitorio de Bucaramanga notificó la Sentencia de 10 de junio de 2026,
que resolvió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
promovida por la parte accionante dentro del proceso No. 68001-33-33-008-
2016-00052-00.
23. En consecuencia, se configuró la carencia actual de objeto, puesto
que, durante el trámite de la acción de tutela, cesó el hecho que dio origen
a la solicitud, esto es, la presunta mora judicial en la expedición de la
sentencia de primera instancia del mencionado proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
24. Sin perjuicio de lo anterior y teniendo en cuenta que uno de los
principales reparos realizados por la parte actora fue que la sentencia
impugnada omitió pronunciarse sobre su condición de persona adulta
mayor y sujeto de especial protección constitucional por tener 66 años,
circunstancia que, en su criterio, imponía al Tribunal Administrativo de
Santander el deber de adoptar medidas encaminadas a garantizar la
protección de sus derechos fundamentales, es preciso indicar que la sola
condición de sujeto de especial protección constitucional no tiene la
virtualidad de desvirtuar la configuración de la carencia actual de objeto
cuando la conducta que dio origen a la acción de tutela desapareció
durante su trámite.
25. Si bien dicha circunstancia constituye un criterio relevante para
valorar la intensidad del deber de celeridad que recae sobre las autoridades
judiciales, no modifica la naturaleza de la acción de tutela ni elimina el
presupuesto consistente en la existencia de una vulneración actual o una
amenaza cierta a los derechos fundamentales al momento de proferirse la
decisión. Por ende, en el presente asunto, la especial protección derivada
de la edad de la accionante justificaba que el proceso ordinario fuera
impulsado con la mayor diligencia posible; sin embargo, la omisión que
motivó la solicitud de amparo -esto es, la ausencia de una sentencia de
primera instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho- cesó durante el trámite constitucional con su expedición. En
consecuencia, aun reconociendo la relevancia constitucional de la
condición de la accionante, dicha circunstancia no constituye un
fundamento suficiente para desvirtuar la configuración del hecho superado.
o de aquél en cuyo favor se actúa; 2) Que durante el trámite de la acción de tutela el hecho que dio origen a la
acción que generó la vulneración o amenaza haya cesado y 3) Si lo que se pretende por medio de la acción de
tutela es el suministro de una prestación y, dentro del trámite de dicha acción se satisface ésta, también se puede
considerar que existe un hecho superado”. Sentencias T-045/08, T-093/05, T-137/05, T-753/05, T-760/05, T-780/05, T-
096/06, T-442/06, T-431/07.
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Demandante: Nelly Ortiz Monroy
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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26. Finalmente, sobre la solicitud de la accionante de que la protección
constitucional no se limite a obtener la expedición de la sentencia de
primera instancia, sino que se extienda a la culminación definitiva del
proceso judicial, comprendiendo la eventual segunda instancia, la
ejecutoria de la decisión, su cumplimiento y el pago efectivo de las
acreencias que eventualmente le sean reconocidas, dicha solicitud no
puede prosperar, en la medida que se pretende que la presente acción de
tutela extienda sus efectos para amparar situaciones futuras cuya
ocurrencia resulta incierta. La finalidad de este mecanismo constitucional es
brindar protección frente a vulneraciones actuales o amenazas ciertas e
inminentes de derechos fundamentales, mas no anticiparse a eventuales
afectaciones que todavía no se han materializado.
27. En el presente asunto, la solicitud de la accionante parte de la
posibilidad de que, en las etapas posteriores del proceso, puedan
presentarse nuevas demoras en la resolución de los recursos, en el
cumplimiento de la sentencia o en el pago de las sumas eventualmente
reconocidas. Sin embargo, tales circunstancias corresponden a hipótesis
futuras que, para el momento de proferirse esta decisión, no se encuentran
acreditadas en el expediente ni permiten concluir que exista una
vulneración actual de los derechos fundamentales invocados. Admitir lo
contrario implicaría que el juez constitucional profiriera órdenes preventivas
frente a escenarios meramente eventuales, desbordando el ámbito propio
de la acción de tutela.
28. De igual forma, acceder a la pretensión de mantener el amparo hasta
la satisfacción material de la condena implicaría convertir la acción de
tutela en un mecanismo de seguimiento permanente del proceso ordinario,
función que no le corresponde al juez constitucional y que desnaturalizaría
el carácter subsidiario, residual e inmediato de este instrumento de
protección. Las actuaciones que aún deben surtirse dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho cuentan con un procedimiento
propio y con mecanismos judiciales destinados a garantizar su adecuada
ejecución, sin perjuicio de que, de llegarse a presentar una nueva
vulneración concreta y actual de derechos fundamentales, la interesada
pueda acudir nuevamente a la acción de tutela si se reúnen los
presupuestos constitucionales para ello
2.4. Conclusión
29. Con fundamento en las razones expuestas, la Sala confirmará la
decisión de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, mediante la cual declaró la carencia actual de objeto por
hecho superado.
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Demandado: Juzgado Administrativo Transitorio 801 de Bucaramanga y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 23 de junio de 2026, por la cual el
Tribunal Administrativo de Santander declaró la carencia actual de objeto
por hecho superado frente a la acción de tutela presentada por Nelly Ortiz
Monroy, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin10.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
10 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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