Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2026-00417-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2026-00417-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 68001-23-33-000-2026-00417-01
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
24 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 68001-23-33-000-2026-00417-01
Accionante: PABLO EMILIO CORREA MACHUCA
Accionado: JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DE BUCARAMANGA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela por mora judicial / peticiones presentadas a autoridades judiciales /
solicitud de contenido judicial – ius postulandi / Niega el amparo por no acreditarse una mora
judicial constitucionalmente injustificada / Solicitud de alteración del turno sujeta al derecho de
postulación y a decisión mediante auto motivado.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
1. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó el amparo de los
derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, porque no se
acreditó una mora judicial constitucionalmente injustificada ni se cumplieron las
condiciones excepcionales para que el juez de tutela ordene alterar el turno.
2. Asimismo, precisará que la solicitud de trámite preferente, por corresponder a una
actuación jurisdiccional dentro del proceso de reparación directa, deberá ser presentada
por conducto del apoderado judicial, sin perjuicio de la facultad del juez natural para
valorar oficiosamente las circunstancias acreditadas y decidir a través de auto motivado
si procede conservar o modificar el turno.
II. ANTECEDENTES
La demanda
3. El 18 de junio de 2026, el señor Pablo Emilio Correa Machuca presentó acción de
tutela para proteger sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la vida digna, vulnerados por la
mora judicial injustificada para dictar sentencia en el proceso de reparación directa con
radicado 68001-33-33-007-2020-00119-00 que se adelanta ante el Juzgado Octavo
Administrativo de Bucaramanga. También cuestionó la falta de respuesta de fondo a la
solicitud de impulso procesal que presentó el 5 de mayo de 2026.
Hechos relevantes
4. El 20 de agosto de 2020, el señor Pablo Emilio Correa Machuca demandó al Municipio
de Girón y a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional por los daños causados
a unos cultivos el 24 de agosto de 2018.
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Accionante: Pablo Emilio Correa Machuca
5. El proceso correspondió, por reparto, al Juzgado Séptimo Administrativo de
Bucaramanga. Surtidas las etapas procesales correspondientes, el expediente ingresó
al despacho para fallo, el 24 de septiembre de 2024.
6. El 10 de octubre siguiente, el juez de conocimiento manifestó impedimento. El Juzgado
Octavo Administrativo de Bucaramanga lo declaró infundado en auto del 9 de junio de
2025. Dichas actuaciones fueron objeto de tutela, resuelta en segunda instancia por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que, en sentencia del 21
de agosto de 2025, dejó sin efectos el auto que declaró infundado el impedimento y
ordenó dictar una providencia de reemplazo.
7. El 21 de noviembre de 2025, el Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga
declaró fundado el impedimento y avocó conocimiento del proceso.
8. El 5 de mayo de 2026, el señor Correa Machuca radicó una petición de trámite
preferente para dictar sentencia de primera instancia. Invocó su condición de adulto
mayor y su estado de salud.
Pretensiones
9. El accionante solicitó amparar sus derechos fundamentales, ordenar a la autoridad
judicial accionada resolver de fondo la solicitud radicada el 5 de mayo de 2026 e impulsar
el proceso de reparación directa para que se dicte sentencia.
Fundamentos
10. El accionante manifestó que es sujeto de especial protección constitucional por ser
adulto mayor, encontrarse en situación de vulnerabilidad económica y presentar graves
afectaciones de salud. También afirmó ser víctima de desplazamiento forzado.
11. Desde que avocó conocimiento del proceso, el Juzgado Octavo Administrativo de
Bucaramanga incurre en una tardanza injustificada para dictar sentencia de primera
instancia. Además, la autoridad judicial accionada no respondió de manera clara,
completa y congruente la solicitud de trámite preferente que presentó el 5 de mayo de
2026.
Trámite impartido
12. El 19 de junio de 2026, el Tribunal Administrativo de Santander admitió la acción de
tutela contra el Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga.
Intervenciones
13. El Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga1 solicitó declarar la carencia
actual de objeto por hecho superado. Informó que el 22 de junio de 2026 respondió de
fondo a la solicitud de trámite preferente presentada por el accionante.
1 Samai, índice 11. Expediente de tutela de primera instancia.
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Sentencia de primera instancia
14. En sentencia del 3 de julio de 2026, el Tribunal Administrativo de Santander negó el
amparo2. No se configuró una mora judicial injustificada, pues el Juzgado Octavo
Administrativo de Bucaramanga explicó, en la respuesta del 22 de junio de 2026, las
razones de la tardanza, relacionadas, entre otras, con el trámite del impedimento surtido
entre octubre de 2024 y junio de 2025. Indicó que dictaría sentencia antes de finalizar
2026 o, a más tardar, en el primer trimestre de 2027.
Impugnación
15. El accionante impugnó la decisión3. El Tribunal analizó la mora desde que el Juzgado
Octavo Administrativo de Bucaramanga avocó conocimiento del asunto, pese a que la
demanda se presentó desde 2020 y el proceso ingresó al despacho para fallo el 24 de
septiembre de 2024. La demora en el trámite de los impedimentos no puede trasladarse
al usuario de la administración de justicia. La manifestación del despacho sobre la fecha
en que dictará sentencia no es una medida suficiente para salvaguardar y proteger
efectivamente sus derechos fundamentales.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
16. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado es competente para resolver la impugnación, conforme a los
artículos 86 de la Constitución y 32 del Decreto 2591 de 1991, concordantes con el
Acuerdo 080 de 2019, por el cual se expidió el reglamento interno de esta corporación.
Problema Jurídico y metodología de la decisión
17. Corresponde a la Sala decidir si confirma, modifica o revoca la sentencia del 3 de julio
de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó el amparo
solicitado.
18. Para resolver la impugnación, la Sala determinará si la acción de tutela es procedente
para examinar la mora judicial atribuida al Juzgado Octavo Administrativo de
Bucaramanga, única autoridad judicial accionada. Asimismo, examinará las solicitudes
contenidas en el memorial del 5 de mayo de 2026 y los efectos de la respuesta emitida
durante el trámite constitucional. Por último, analizará si el retraso en la decisión del
proceso constituye una mora judicial constitucionalmente injustificada o permite ordenar
su priorización.
Análisis de la mora judicial en el caso concreto
19. La jurisprudencia constitucional distingue entre las solicitudes administrativas
dirigidas a las autoridades judiciales y aquellas relacionadas con el ejercicio de la función
jurisdiccional. Las primeras versan sobre asuntos ajenos a la decisión o al impulso del
proceso y se rigen por el artículo 23 de la Constitución y la Ley 1755 de 2015. Las
2 Samai, índice 13. Ibidem
3 Samai, índice 16. Ibidem
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segundas persiguen una determinación propia del trámite judicial y, por tanto, deben
resolverse conforme a las normas procesales aplicables y al derecho de postulación.
20. Para establecer la naturaleza de cada requerimiento debe examinarse: i) si el asunto
está regulado por las normas procesales; ii) si la solicitud es formulada por una parte o
interviniente o por un tercero ajeno al litigio; y iii) si lo solicitado está conectado con la
controversia, el impulso del proceso o el ejercicio del derecho de defensa. Además, un
mismo escrito puede contener simultáneamente solicitudes administrativas y
jurisdiccionales, de manera que su denominación formal no determina el régimen jurídico
aplicable.
21. En el caso, el accionante formuló cuatro solicitudes: i) que se profiriera sentencia de
primera instancia; ii) que se concediera prioridad o trámite preferente al proceso; iii) que
se informara el estado actual del expediente, las actuaciones adelantadas y la fecha
proyectada para emitir sentencia y; iv) que se explicaran los impedimentos legales o
fácticos que dificultan la pronta resolución del asunto.
22. Las dos primeras solicitudes son de naturaleza jurisdiccional, porque pretenden
impulsar el proceso, modificar el orden ordinario para dictar sentencia y obtener una
determinación del juez natural. Las dos últimas, en principio, son de carácter informativo,
pues buscan conocer el estado del expediente, la gestión realizada por el despacho y las
razones que han impedido adoptar una decisión; sin embargo, todas están conectadas
con la controversia por consiguiente no se rigen por la Ley 1755 de 2015, sino que
corresponden al ejercicio del derecho de postulación.
23. En los procesos contencioso-administrativos, quienes comparecen como partes
deben actuar por conducto de abogado inscrito, salvo que una disposición legal autorice
expresamente la intervención directa. En este caso, el señor Correa Machuca cuenta con
apoderado judicial dentro del proceso de reparación directa, pero presentó
personalmente las solicitudes.
24. Las solicitudes invocadas no constituyen un simple requerimiento informativo. Su
finalidad es obtener una decisión judicial relacionada directamente con la forma de trámite
y resolución del proceso. La jurisprudencia constitucional ha precisado que las solicitudes
formuladas por las partes para obtener determinaciones propias de la actuación judicial
se someten a las reglas procesales correspondientes y al ejercicio del derecho de
postulación, diferenciándose de las peticiones de carácter administrativo que pueden
tramitarse al amparo del artículo 23 de la Constitución.
25. En consecuencia, dado que el señor Correa Machuca comparece como parte dentro
de un proceso contencioso administrativo y cuenta con apoderado judicial constituido,
toda solicitud deberá ser presentada por conducto de aquel de conformidad con el artículo
160 de la Ley 1437 de 2011, más si lo que pretende es obtener del juez natural una
decisión procesal sobre la alteración del turno.
26. La normativa que establece el orden para dictar las sentencias no regula un incidente
especial ni reconoce a las partes un derecho automático a obtener la alteración del turno.
Por regla general, las sentencias deben proferirse en el mismo orden en que los
expedientes ingresan al despacho. Excepcionalmente, el juez natural puede modificarlo
cuando concurra una causa legal o constitucional suficiente, siempre que motive la
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decisión y preserve los derechos a la igualdad y al debido proceso de quienes se
encuentran en turnos anteriores4.
27. En consecuencia, si el señor Correa Machuca pretende obtener una decisión procesal
sobre la prelación, su apoderado deberá presentar la solicitud dentro del expediente,
podrá remitirse al memorial y a los documentos aportados por el interesado. Además,
explicar las condiciones concretas de especial protección constitucional del demandante,
el tiempo durante el cual ha esperado la decisión, las razones por las que ese período
supera lo constitucionalmente tolerable, la relación directa entre la demora y la posible
afectación definitiva de sus derechos fundamentales.
28. Recibida la solicitud formulada por conducto del apoderado, corresponderá al juez
natural determinar si procede conservar o modificar el turno. Para ello deberá valorar las
circunstancias concretas del caso y podrá tomar como referentes los criterios
establecidos por la jurisprudencia constitucional para la intervención excepcional del juez
de tutela, entre ellos, la condición de sujeto de especial protección constitucional, la
superación manifiesta de los plazos razonables y tolerables de solución y la posibilidad
de que la tardanza produzca directamente una afectación definitiva de un derecho
fundamental. También deberá examinar el turno exacto del expediente, el número y
antigüedad de los asuntos que lo preceden, la carga objetiva del despacho y los derechos
de las demás personas que esperan una decisión.
29. La respuesta del Juzgado no distinguió adecuadamente la naturaleza de las
solicitudes. En la comunicación del 19 de junio de 2026 reconoció que el accionante era
sujeto de especial protección constitucional, consideró acreditadas sus condiciones de
edad y salud y concluyó que resultaba procedente otorgar tratamiento prioritario al
proceso.
30. El despacho también afirmó que “se dispondrá la priorización” y señaló que la
sentencia sería proferida antes de finalizar 2026 o, a más tardar, durante el primer
trimestre de 2027.
31. Aunque la comunicación del 19 de junio de 2026 contiene una valoración sustancial
de las condiciones del demandante y anuncia que se dispondrá la priorización del
proceso, no consta que esa determinación haya sido formalizada e incorporada al
expediente mediante una providencia judicial. Si el despacho decide efectivamente
conservar o alterar el turno para dictar sentencia, esa determinación, por sus efectos
sobre el trámite del proceso y sobre los derechos de quienes ocupan turnos anteriores,
debe formalizarse mediante auto motivado.
32. De acuerdo con los artículos 278 y 279 del Código General del Proceso, las
decisiones judiciales diferentes de la sentencia tienen la naturaleza de autos y, salvo las
que se limitan a ordenar un trámite, deben ser motivadas de manera breve y precisa.
Asimismo, la providencia debe ser suscrita, incorporada al expediente y notificada
conforme a las normas procesales, pues solo de esta manera la priorización anunciada
resulta jurídicamente verificable y puede producir efectos dentro del proceso.
33. Por tanto, frente a las solicitudes jurisdiccionales, el Juzgado debió advertir que la
pretensión de alteración del turno como las demás constituía una actuación sometida a
4 Ley 446 de 1998, artículo 18; Corte Constitucional, sentencias T-429 de 2005 y T-708 de 2006.
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las reglas procesales y al derecho de postulación. En consecuencia, debía ser
presentada por conducto del apoderado judicial de la parte, sin perjuicio de la facultad
del despacho para valorar oficiosamente la información allegada y adoptar las medidas
que estimara procedentes dentro del proceso.
34. De tal manera que, si la solicitud es presentada por el apoderado judicial, el Juzgado
deberá decidir mediante auto motivado si concede o niega la prelación. Para ello, tendrá
que valorar la naturaleza y finalidad del proceso, las condiciones personales acreditadas
por el demandante, la intensidad y actualidad del riesgo alegado, el turno exacto del
expediente, el número y la antigüedad de los asuntos que lo preceden, la carga objetiva
del despacho y los derechos de las demás personas que también esperan una decisión.
35. La providencia no necesariamente debe acceder a la solicitud, pero sí debe ofrecer
una respuesta judicial motivada, congruente y verificable.
36. Ahora, referente a la mora judicial, se tiene que el proceso de reparación directa
ingresó inicialmente para sentencia el 24 de septiembre de 2024 en el Juzgado Séptimo
Administrativo de Bucaramanga. El 10 de octubre siguiente, el juez manifestó
impedimento, lo que originó distintas actuaciones y una acción de tutela previa.
37. Finalmente, en el auto del 21 de noviembre de 2025, el Juzgado Octavo declaró
fundado el impedimento y asumió el conocimiento del proceso. Esa providencia fue
notificada por estado el 24 de noviembre de 2025.
38. Por tanto, al momento de la decisión de segunda instancia habían transcurrido
aproximadamente nueve meses desde que el Juzgado accionado adquirió competencia
efectiva para dictar sentencia.
39. La Sala no desconoce que la demanda fue presentada en 2020 ni que el expediente
ingresó inicialmente para fallo en septiembre de 2024. La duración global del proceso es
relevante para valorar el impacto de la espera sobre el accionante. Sin embargo, el tiempo
anterior al 21 de noviembre de 2025 no puede imputarse íntegramente al Juzgado
Octavo, pues durante ese período se debatió qué autoridad debía conocer el proceso y
esa controversia fue objeto de otra acción de tutela.
40. El cambio de autoridad judicial no reinició el cómputo del plazo razonable. La duración
debe examinarse globalmente desde que el expediente quedó listo para sentencia el 24
de septiembre de 2024. Sin embargo, el momento en que el Juzgado Octavo asumió el
conocimiento sí resulta relevante para establecer qué parte de la demora puede serle
atribuida específicamente.
41. La mora puede considerarse justificada cuando la tardanza tiene origen en una
congestión estructural debidamente acreditada, cuando el funcionario ha actuado
diligentemente dentro de sus posibilidades o cuando concurren circunstancias
imprevisibles o inevitables que explican razonablemente el retraso. Por el contrario, es
injustificada cuando la autoridad incumple los términos sin una razón suficiente y la
demora resulta imputable a su conducta omisiva.
42. En el caso, el Juzgado explicó que asumió el conocimiento del proceso en noviembre
de 2025, mantuvo como fecha de ingreso para sentencia el 24 de septiembre de 2024 y
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se encontraba evacuando asuntos ingresados desde 2022. También indicó que el tiempo
estimado para proferir sentencias superaba los tres años y que debía respetar el turno
de las personas cuyos procesos habían ingresado previamente al despacho.
43. Los datos suministrados por el Juzgado como la antigüedad de los asuntos que
actualmente resuelve, la conservación de la fecha original de ingreso para sentencia y la
necesidad de respetar el sistema de turnos, constituyen elementos objetivos relevantes
para explicar el retraso, aunque no permiten establecer con precisión el turno actual del
expediente, el número de procesos que lo preceden ni la totalidad de la carga del
despacho.
44. No obstante, valorados conjuntamente con la fecha en que el Juzgado Octavo asumió
el conocimiento del proceso y con la ausencia de elementos que evidencien inactividad,
arbitrariedad, capricho o negligencia, el material probatorio no permite atribuirle una mora
judicial constitucionalmente injustificada.
45. En consecuencia, aunque existe un retraso, no se acreditó que la tardanza sea
imputable a una conducta omisiva del Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 3 de julio de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva de la
providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio
más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
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