RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 68001-23-33-000-2026-00471-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2026-00471-01

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2026-00471-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Denegar la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga. SEGUNDO: Revocar la sentencia del 15 de julio de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que amparó el derecho de petición para, en su lugar, declarar la carencia actual de objeto por hecho superado en la acción de tutela presentada por el señor Javier Orlando Rodríguez Aponte, conforme lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia. TERCERO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, y enviar copia de esta al despacho de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 68001-23-33-000-2026-00471-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 68001-23-33-000-2026-00471-01
Demandante: JAVIER ORLANDO RODRÍGUEZ APONTE
Demandados: RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA Y OTROS

Temas: Presunta vulneración del derecho de petición. Revoca sentencia
para declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La sala decide la impugnación presentada por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (en adelante DEAJ) contra la sentencia del 15 de julio de
2026, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Santander accedió a la solicitud
de amparo del derecho fundamental de petición.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

Mediante escrito radicado el 30 de junio de 2026, el señor Javier Orlando Rodríguez
Aponte, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra la Nación,
Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Bucaramanga, la Procuraduría General de la Nación
y el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, con el fin
de que se le ampare su derecho fundamental de petición.

Estimó vulnerada tal garantía constitucional con ocasión de la falta de respuesta de
fondo frente a la solicitud presentada el 26 de mayo de 2026, relacionada con el
pago de la sentencia del 9 de abril de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo
de Santander, dentro del radicado 68001-33-33-009-2024-00256-02.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, el actor elevó las siguientes pretensiones:

PRIMERO: Se me TUTELE el derecho fundamental de petición, en que pudiesen haber
incurrido la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, en relación con la solicitud de
reconocimiento y pago de la sentencia judicial emitida al interior de tramite surtido bajo
partida 680013333009-2024-00256-00.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Javier Orlando Rodríguez Aponte
Demandados: Rama – Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 68001-23-33-000-2026-00471-01

SEGUNDO: Que en consecuencia se ordene a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL –
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la decisión, emitir respuesta de fondo, clara, precisa y congruente respecto
a la petición formulada ante aquella entidad, por conducto de la dependencia
competente, resolviendo si accede o se niega el derecho peticionado, indicando el
sustento de su decisión.

TERCERO: Que en consecuencia se ordene a la PROCURADURIA GENERAL DE LA
NACIÓN que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la decisión, en
su condición de autoridad competente para ejercer la supervigilancia del derecho
fundamental de petición, inicie la actuación administrativa pertinente conforme al
artículo 23 de la Ley 1437 de 2011, emitiendo una respuesta clara, precisa, congruente
y consecuente con lo solicitado sobre el particular, sin incurrir en formulas formato y
evasivas respecto al ejercicio de la competencia que es propia de la entidad.

CUARTO: Que en consecuencia se ordene al JUZGADO NOVENO
ADMINISTRATIVO DE BUCARAMANGA que, en el término de cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la decisión, en su condición de autoridad jurisdiccional competente
del trámite de instancia, imparta el trámite que en derecho corresponda al memorial
presentado por la suscrita, por conducto de mi apoderada, el 26 de mayo de 2026 a
través del correo ofiserjademandasbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co,
demandastadmstd@cendoj.ramajudicial.gov.co y
Ofjudsbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co, al ser canales eficaces y de obligatoria
redirección al interior de la administración de justicia.

1.3. Hechos

El accionante se sustenta en los siguientes hechos que, a juicio de la sala, son
relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

Narró que, el 26 de mayo de 2026, solicitó de la Nación, Rama Judicial - Consejo
Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bucaramanga, con copia a la Procuraduría General de la Nación y al
Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, el pago de la
sentencia del 9 de abril de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, dentro del radicado 68001-33-33-009-2024-00256-02.

Relató que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bucaramanga recibió su requerimiento y, el 1º de junio de 2026, lo trasladó al Grupo
de Sentencias de la Unidad de Asistencia Legal de la DEAJ, de conformidad con el
artículo 21 del CPACA y la Circular DEAJC23-28. Añadió que, en el correo de
remisión, identificó el asunto como cuenta de cobro de la sentencia dictada en el
proceso 68001-33-33-009-2024-00256-00.

Contó que el escrito copiado a la Procuraduría General de la Nación fue radicado el
26 de mayo de 2026 bajo el número E-2026-293283 y remitido, el 29 siguiente, a la
Procuraduría Cien Judicial I Administrativa de Bucaramanga. Autoridad que le
respondió el 17 de junio de 2026.

Exteriorizó que el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Bucaramanga se
limitó a expedir la constancia de ejecutoria de la decisión judicial objeto de
cumplimiento y/o pago.

1.4. Sustento de la vulneración

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Javier Orlando Rodríguez Aponte
Demandados: Rama – Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 68001-23-33-000-2026-00471-01

El tutelante estimó que se le vulneró el derecho fundamental de petición, por cuanto
(i) la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga se
limitó a informar la remisión interna de su petición, sin propiciar respuesta alguna,
(ii) el Juzgado Noveno Administrativo únicamente expidió la constancia de
ejecutoria de la decisión judicial y (iii) la Procuraduría General de la Nación archivó
su actuación, pese a que la solicitud estaba dirigida a obtener la supervigilancia de
la garantía constitucional invocada.

1.5. Trámite y contestación

Mediante auto del 1º de julio de 2026, el magistrado ponente de primera instancia
admitió la solicitud de tutela y ordenó notificar al juez Noveno Administrativo del
Circuito Judicial de Bucaramanga, al procurador General de la Nación y al director
Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga.

Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. La Procuraduría General de la Nación indicó que la solicitud presentada el
26 de mayo de 2026 fue radicada con el número E-2026-293283 y remitida a la
Procuraduría Cien Judicial I para la Conciliación Administrativa de Bucaramanga,
dependencia que la atendió el 17 de junio de 2026 y remitió la respuesta al correo
electrónico señalado por el peticionario.

Precisó que en la respuesta se explicó que el Ministerio Público carece de
competencia para exigirles a las entidades públicas (i) la inclusión de condenas
judiciales en sus presupuestos o (ii) las gestiones encaminadas a su pago. De igual
forma, dio cuenta de los mecanismos jurídicos de que dispone el accionante para
obtener el cumplimiento de la sentencia y distinguió entre la intervención de la
Procuraduría dentro del proceso judicial y la supervigilancia del derecho de
petición1.

Por lo expuesto, solicitó declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.

1.5.2. La DEAJ afirmó que no vulneró el derecho fundamental de petición del señor
Javier Orlando Rodríguez Aponte, toda vez que el Grupo de Sentencias de la
Unidad de Asistencia Legal emitió respuesta a la solicitud presentada el 26 de mayo
de 2026 y la comunicó por correo electrónico el 7 de julio del mismo año.

Puntualizó que, con esa actuación, la petición fue atendida de fondo, de manera
clara y congruente, por lo que desaparecieron los supuestos fácticos y jurídicos que
dieron origen a la acción de tutela. En consecuencia, pidió declarar la carencia
actual de objeto por hecho superado.

1.5.3. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bucaramanga mostró que la petición relacionada con el cumplimiento de la

1 Se trata de un mecanismo de protección con el que cuentan los ciudadanos para que un grupo

especial del Ministerio Público acuda a la defensa de sus intereses en casos en los cuales las
entidades a las que se les solicita la información sobrepasen los límites legales.

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Javier Orlando Rodríguez Aponte
Demandados: Rama – Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 68001-23-33-000-2026-00471-01

sentencia proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 68001-33-33-009-2024-00256-00 fue remitida por
competencia a la DEAJ, con copia al peticionario, el 1º de junio de 2026.

Puso de presente que carece de competencia para ordenar el gasto, liquidar
prestaciones o efectuar el pago de condenas judiciales, ya que estas funciones
están atribuidas al Grupo de Sentencias de la Unidad de Asistencia Legal de la
DEAJ, de conformidad con el artículo 103 de la Ley 270 de 1996 y la Circular
DEAJC23-28.

Aclaró que, en todo caso, la petición del accionante no atendía el procedimiento
especial previsto para la radicación de cuentas de cobro, que exige el uso del
«Módulo de Sentencias en Línea – EFINÓMINA» ni cumplía con la documentación
soporte requerida.

Insistió en que no incurrió en silencio ni en omisión alguna, porque trasladó
oportunamente la petición a la autoridad competente e informó de ello al interesado.

Finalmente, pidió ser desvinculada por falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.5.4. El Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Bucaramanga destacó que la única solicitud que recibió, por conducto de
apoderado, estuvo encaminada a la expedición de copias auténticas y constancias
de ejecutoria de la sentencia del 9 de abril de 2026, requerimiento que fue atendido
el 28 de mayo de 2026.

Sostuvo que no tiene, en este caso, una actuación pendiente.

Expuso que, en este caso, se debe declarar la improcedencia de este mecanismo
o, en su defecto, negar el amparo porque no existe vulneración de derecho
fundamental alguno.

1.6. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 15 de julio de 2026,
amparó el derecho fundamental de petición y ordenó a la DEAJ que, por conducto
del Grupo de Sentencias de la Unidad de Asistencia Legal o de la dependencia
competente, examinara integralmente la solicitud presentada por el señor Javier
Orlando Rodríguez Aponte el 26 de mayo de 2026 y los documentos allegados el 7
de julio siguiente, y emitiera una respuesta de fondo, clara, precisa, congruente y
consecuente.

Reseñó que el término de 15 días hábiles previsto en el artículo 14 de la Ley 1755
de 2015 venció el 18 de junio de 2026, sin que la DEAJ hubiera dado respuesta de
fondo alguna.

Explicó que el requerimiento del 7 de julio de este año no resolvió materialmente la
petición, pues se limitó a relacionar documentos e información faltante.

Consideró que, si la administración consideraba que la solicitud de pago de la
sentencia no reunía los presupuestos necesarios para iniciar el procedimiento

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Javier Orlando Rodríguez Aponte
Demandados: Rama – Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 68001-23-33-000-2026-00471-01

pertinente, debió advertirlo en oportunidad. Agregó que no es admisible mantener
una solicitud sin definición y formular el requerimiento únicamente después de
promovida la acción de tutela.

Evidenció que tampoco se acreditó que, una vez atendido el requerimiento por el
accionante el mismo 7 de julio, la DEAJ hubiera informado si la documentación se
encontraba completa, cuál fue el trámite asignado, su estado actual o la
determinación correspondiente. Por ello, no existe una respuesta de fondo ni se
configuró la carencia actual de objeto.

1.7. Impugnación

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial impugnó la providencia de
primera instancia y recalcó que dio respuesta a la petición del accionante el 7 de
julio de 2026, por lo que pidió que se declarara la carencia actual de objeto por
hecho superado.

Aseguró que su respuesta «cumple con los elementos de congruencia, claridad y
de fondo frente a lo pretendido por el actor en la petición del 26 de mayo del 2026»,
por cuanto:

Si bien es cierto que el Tribunal Administrativo de Santander consideró que la
respuesta emitida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial el 7 de julio de
2026 resultó extemporánea frente a la solicitud radicada el 26 de mayo del mismo año,
también lo es que ello no conduce automáticamente a la procedencia del amparo
constitucional.

En efecto, durante el trámite de la presente acción constitucional, emitió
pronunciamiento expreso mediante el cual le informó al actor que la documentación
inicialmente aportada no reunía los requisitos exigidos para el trámite de pago de
sentencias previsto en el artículo 2.8.6.5 del Decreto 2469 de 2015 y en la
CircularDEAJC25-45 del 29 de diciembre de 2025. Por ello, indicó de manera precisa
los documentos y la información faltantes.

Tal como fue reconocido por el a quo, el mismo 7 de julio de 2026, el tutelante atendió
el anterior requerimiento y allegó la documentación e información requerida e insistió
en el pago de la decisión judicial emitida dentro del proceso con radicado 68001-33-
33-009-2024-00256-00.

Es evidente que la comunicación emitida por el Grupo de Sentencias de la Unidad de
Asistencia Legal cumplió la finalidad del procedimiento adelantado, esto es, poner en
conocimiento del interesado el estado de su solicitud y los requisitos necesarios para
impulsar la actuación, permitiéndole ejercer de manera efectiva sus derechos ante la
administración.

Iteró que no guardó silencio ni omitió pronunciarse sobre la reclamación, sino que
requirió, como le correspondía, los documentos e información faltantes.

Mostró que no puede perderse de vista que la petición formulada por el accionante
está encaminada al pago de una condena judicial, actuación que no se agota con
una simple comunicación, sino que requiere el cumplimiento de las formalidades
administrativas establecidas en el Decreto 2469 de 2015 y desarrolladas por la
Circular DEAJC25-45 de 2025. Tales normativas son de obligatorio cumplimiento
tanto para la administración como para los beneficiarios de las sentencias
judiciales, por cuanto buscan garantizar una adecuada ejecución presupuestal y

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Javier Orlando Rodríguez Aponte
Demandados: Rama – Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 68001-23-33-000-2026-00471-01

financiera de los recursos públicos.

Enfatizó que el accionante ostenta la condición de servidor judicial y, por lo mismo,
no desconoce el trámite administrativo de pago de sentencias, el cual exige la
acreditación previa de los documentos y requisitos establecidos por la normatividad
vigente.

Detalló que la controversia planteada por el tutelante no versa verdaderamente
sobre la ausencia de respuesta de la entidad, sino sobre su expectativa de obtener
de manera inmediata el pago de la condena judicial sin el cumplimiento integral de
los requisitos exigidos para ello.

Advirtió que el a quo terminó confundiendo el trámite administrativo requerido para
el pago de la sentencia con el núcleo esencial del derecho fundamental de petición.

1.8. Trámite en segunda instancia

El 29 de julio de 2026, el magistrado ponente de esta decisión manifestó su
impedimento para conocer del presente asunto, con fundamento en la causal
prevista en el numeral 5° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.

No obstante, por proveído del 6 de agosto de 2026, la magistrada Gloria María
Gómez Montoya lo declaró infundado al no encontrar demostrados los supuestos
para su configuración.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la
DEAJ contra el fallo de tutela de primera instancia, según lo previsto en los Decretos
2591 de 1991 y 1069 de 2015, este último modificado por el artículo 1º del Decreto
333 de 2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20192.

2.2. Cuestión previa

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga
solicitó ser desvinculada de la presente acción constitucional por considerar que
carece de legitimación en la causa por pasiva, petición que no fue resuelta en
primera instancia.

No obstante, su solicitud será denegada porque su comparecencia resultaba
necesaria para establecer el trámite que había dado a la petición presentada por el
señor Rodríguez Aponte y, en tal sentido, determinar si le asistía responsabilidad o
no en la presunta vulneración de las garantías del accionante.

Además, al ser una de las demandadas en el trámite constitucional de la referencia,
su participación en el proceso era fundamental para garantizar su derecho de
defensa y contradicción.

2 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024 de la Sala Plena de esta corporación.

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Javier Orlando Rodríguez Aponte
Demandados: Rama – Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 68001-23-33-000-2026-00471-01

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la sala verificar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo
proferido por el Tribunal Administrativo de Santander que amparó el derecho
fundamental de petición.

Para resolver lo anterior, se analizarán los siguientes aspectos: (i) generalidades de
la acción de tutela, (ii) derecho fundamental de petición, (iii) pago de sentencias y
conciliaciones, (iv) carencia actual de objeto y (v) caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades o de los particulares, en los precisos casos en que indica el
Decreto 2591 de 1991.

Es importante precisar que, esta norma condiciona el ejercicio de esta acción a la
inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión
del derecho fundamental. Con la salvedad de que, en caso de que el interesado
invoque y demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, procede la tutela
como mecanismo transitorio.

2.5. Derecho fundamental de petición

La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho fundamental
de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de «presentar
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular
y a obtener pronta resolución»3. El mismo artículo superior precisa que el legislador
podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los
derechos fundamentales.

La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido
algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho, así:

El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de
la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido4.

Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la contestación de la
petición. Respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala el término de 15 días para resolver
la misma, de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y
ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular
deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la
contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será

3 Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004.
4 Corte Constitucional, Sentencia T-332 de 2015.

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Javier Orlando Rodríguez Aponte
Demandados: Rama – Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 68001-23-33-000-2026-00471-01

determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la
complejidad de la solicitud.

Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que «la respuesta al derecho de petición
debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante
o relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada
al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que
desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación
de lo solicitado. Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente,
no impide que la autoridad suministre información adicional relacionada con los
intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración
plena de la respuesta dada»5.

Igualmente, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello
[…] la notificación […] debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el
propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante»6.

Este deber de comunicación de la respuesta también debe cumplirse cuando la
respuesta se circunscriba a indicar que se remitió la petición a la autoridad
competente. En palabras de la Corte Constitucional:

[…] El deber de notificación de (sic) mantiene, incluso, cuando se trate de
contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de competencia de la autoridad e
informar sobre la remisión a la entidad encargada7.

En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la Corte
Constitucional ha explicado que:

i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos de
la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se garantizan
otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación
política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial comprende los siguientes
elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos,
solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan
de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos
en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación material, lo que
supone que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su
competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos planteados (plena
correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o
elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia
de que su sentido sea positivo o negativo8.

Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la
satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.

5 Corte Constitucional, Sentencia T-149 de 2013.
6 Ibídem.
7 Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2020.
8 Corte Constitucional, Sentencia T-161 de 2011.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Javier Orlando Rodríguez Aponte
Demandados: Rama – Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 68001-23-33-000-2026-00471-01

Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha
sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el derecho
a lo pedido, ya que el derecho de petición se ejerce y agota en la solicitud y la
respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del derecho
subjetivo.

2.6. Pago de sentencias y conciliaciones

El pago de sentencias y conciliaciones tiene requisitos generales y específicos que
deben cumplirse, basados en la normatividad, las decisiones judiciales y los
procedimientos administrativos que se adopten en cada entidad.

En la Circular DEAJC25-45 del 29 de diciembre de 2025, expedida por la DEAJ, se
encuentran los requisitos para la radicación de las cuentas de cobro. La
documentación debe ser enviada a través del
correo medeaj@cendoj.ramajudicial.gov.co o presentada directamente en la
Carrera 7 No. 27- 18 de Bogotá.

Recibida la documentación en legal forma, la administración asigna un turno, en
estricto orden cronológico, con el cual será tramitada la solicitud de pago.

Únicamente al momento que la entidad cuente con la asignación presupuestal,
conforme lo dispone el artículo 71 del Decreto Ley 111 de 1996, la DEAJ procede a
elaborar la resolución de cumplimiento y/o acto de ejecución, conforme a lo
ordenado en la decisión judicial, y de acuerdo con la normatividad aplicable vigente,
esto es, lo señalado en el artículo 177 del Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso
Administrativo) y los artículos 192 a 195 de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), y el Decreto 2469
de 2015.

Además, el Grupo de Sentencias de la Unidad de Asistencia Legal cuando recibe la
solicitud de pago y/o cuenta de cobro otorga información acerca de los avances,
que mes a mes y año a año va obteniendo.

2.7. Carencia actual de objeto

La sala ha explicado en varias ocasiones9 que la acción de tutela ha sido instituida
como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos
fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual e
inminente.

No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental
desaparece en el transcurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la intervención del juez
constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los

9 Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.

M.P. Alberto Yepes Barreiro, Sentencia 15.11.17, Rad. 2017-00085-01, y M.P. Rocío Araújo Oñate,
Sentencia 19.10.17, Rad. 2017-2365-00.

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Javier Orlando Rodríguez Aponte
Demandados: Rama – Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 68001-23-33-000-2026-00471-01

derechos fundamentales.

En efecto, la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del proceso de
tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos: (i) por hecho
superado; (ii) por daño consumado; y, (iii) por una situación sobreviniente.

Al respecto, dicha alta corporación, en la sentencia T-481 del 1º de septiembre de
2016, señaló que:

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de
los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual. Por
lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el
desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y
sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que
recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se
pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se
tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta
acción.10

A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó
sobre este respecto, que:

La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente
bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como su
amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o
amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya sido
o que simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado un
peligro ya subsanado. (negrillas propias)

Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia
actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad
material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita
salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el particular,
se tiene que éste se constituye en el género que comprende el fenómeno previamente
descrito, y que puede materializarse a través de las siguientes figuras: (i) “hecho
superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar
por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación
sobreviniente11”. (Se resalta)

Con base en el referenciado marco referencial, el máximo tribunal constitucional ha
sostenido que:

El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591 de
1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa
cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad
demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración de los
derechos fundamentales.12

En sentido de lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta irrelevante

10 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual

se transcribe literalmente: «Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005».
11 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, en el número 6, la cual se

transcribe literalmente: «Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013».
12 Corte Constitucional. Sentencia T-038/19, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Javier Orlando Rodríguez Aponte
Demandados: Rama – Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 68001-23-33-000-2026-00471-01

determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre
antes o después del fallo de primera instancia (resalta esta Sección Quinta), lo que
indica que el juez podría optar por analizar de fondo la conducta de la autoridad
demandada, para determinar si en todo caso se vulneraron o no los derechos
fundamentales.

De hecho, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en aquellos casos
en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre
luego de que se ha proferido la decisión de segunda instancia, durante el trámite de
revisión ante ese tribunal13.

En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales se
supere antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha
destacado que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre la
conducta desplegada por la autoridad demandada, para formular un juicio de
reproche, en caso de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la
conducta lesiva de los derechos afectados.

2.8. Caso concreto

Según se advierte, el señor Javier Orlando Rodríguez Aponte pretende la protección
de su derecho fundamental de petición, que consideró vulnerado por la Nación,
Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Bucaramanga, ante la falta de respuesta de fondo a
la petición que radicó el 26 de mayo de 2026, tendiente a que se le pagara la
sentencia del 9 de abril de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, dentro del radicado 68001-33-33-009-2024-00256-02.

El contenido de la solicitud es el siguiente:

ASUNTO: Cuenta Cobro Sentencia Rad. 680013333009-2024-00256-00/ Juzgado Noveno
Administrativo de Bucaramanga/Demandante: JAVIER ORLANDO RODRIGUEZ APONTE

Cordial Saludo,
En cumplimiento del trámite impuesto en el artículo 192 del C.P.A.C.A., en atención a que la
mencionada norma no fija condicionamiento o requerimiento adicional a comunicar la entidad
estatal sin formalidad alguna de orden legal o reglamentario para efecto de reanudar la
causación de intereses de mora respecto a sumas adeudadas, en esta oportunidad me permito
allegar a la entidad las decisiones judiciales emitidas en proceso tramitado bajo radicado
680013333009-2024-00256-00, constitutivas de obligación clara, expresa y actualmente
exigible a cargo de la NACIÓN -RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
• DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, para efectos que se dé
cumplimiento a la misma en mi favor.

La presente cuenta de cobro se remite en copia al juez de instancia para su conocimiento y que
obre en el expediente como prueba de comunicación efectiva de la decisión al correo de
notificación judicial de la entidad obligada, con el objeto de que sea tenido en cuenta en sede
de ejecución para el cálculo de los intereses de que trata el artículo 192 del C.P.A.C.A. Se remite
con copia simple al ministerio público para efectos de que aquella entidad desarrolle su
competencia de vigilancia administrativa para garantizar la emisión de respuesta de fondo,
clara, precisa y congruente dentro del término legal por parte de la NACIÓN - RAMA JUDICIAL
• CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.

Att, Javier Rodríguez A.
C.C. 1.098.771.732

13 A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 de 2016.

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Javier Orlando Rodríguez Aponte
Demandados: Rama – Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 68001-23-33-000-2026-00471-01

El Grupo de Sentencias de la Unidad de Asistencia Legal de la DEAJ requirió al
actor la documentación e información exigida, conforme lo señalado en el capítulo
5º, artículo 2.8.6.6 del Decreto 2469 del 22 de diciembre de 2015 y la Circular
DEAJC25-45 del 29 de diciembre de 2025, mediante correo electrónico de fecha 7
de julio de 2026, esto es, cuando se encontraba en trámite la presente acción
constitucional, así:

Doctor (a)
JAVIER ORLANDO RODRIGUEZ APONTE
jrodriguez275@unab.edu.co

Asunto: Respuesta Solicitud de Cumplimiento de Sentencia Judicial a favor de: JAVIER
ORLANDO RODRIGUEZ APONTE

Teniendo en cuenta la radicación de fecha 26/05/2026, con número de gestión documental
EXTDEAJ26- 46771, se logra evidenciar que los documentos aportados se encuentran
incompletos.

Ahora bien, el Grupo de Sentencias, de la Unidad de Asistencia Legal, le solicita aportar, la
documentación e información relacionada a continuación, según lo contemplado en el capítulo
5, artículo 2.8.6.5 del Decreto 2469 de 22 de diciembre de 2015 y la Circular DEAJC25-45 del
29 de diciembre de 2025.
[…]

Los documentos faltantes, debe ser remitidos a la dirección física ubicada en la carrera 7 No.
27-18, Piso15 de la ciudad de Bogotá o al correo medeaj@cendoj.ramajudicial.gov.co del Grupo
de Sentencia de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

En atención a ese requerimiento, el tutelante, mediante escrito de fecha 7 de julio
de 2026 dirigido al correo medeaj@cendoj.ramajudicial.gov.co, reiteró su solicitud
de pago de la decisión judicial y aportó los documentos pedidos, en los siguientes
términos:

En primer término, resulta necesario precisar que, si bien es cierto que el derecho
de petición puede ejercerse ante cualquier autoridad, como la DEAJ, también lo es
que lo requerido en este caso es el pago de una sentencia judicial, trámite que está
sometido a un procedimiento administrativo fijado, entre otras disposiciones, en el
Decreto 2469 de 2015 y la Circular DEAJC25-45 del 29 de diciembre de 2025.

Por ello, tanto la DEAJ, a través del Grupo de Sentencias de la Unidad de Asistencia
Legal, como el señor Javier Orlando Rodríguez Aponte, han actuado conforme a
dicho procedimiento, al requerir la documentación e información exigida en las
disposiciones referenciadas y al aportarla para dar continuidad a la actuación
reglada.

12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Javier Orlando Rodríguez Aponte
Demandados: Rama – Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 68001-23-33-000-2026-00471-01

Ahora, como lo pretendido por el tutelante es el pago de la sentencia del 9 de abril
de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del radicado
68001-33-33-009-2024-00256-02, lo cual involucra el desarrollo de la actuación
administrativa reglada, sujeta a condiciones presupuestales y de turno estrictas, es
evidente que la DEAJ solo estaba obligada a resolver la solicitud en los términos y
las condiciones fijados en la normatividad rectora. Por ello, el 7 de julio de 2026,
requirió al tutelante para que allegara la documentación e información que relacionó,
conforme lo señalado en el capítulo 5º, artículo 2.8.6.6 del Decreto 2469 del 22 de
diciembre de 2015 y la Circular DEAJC25-45 del 29 de diciembre de 2025.

En otras palabras, la DEAJ no estaba sujeta a las reglas generales del derecho de
petición consagradas en la Ley 1755 de 2015 para darle trámite a la solicitud de
pago de la sentencia judicial radicada por el actor.

Por lo esbozado, la sala concluye que, contrario a lo señalado por el Tribunal
Administrativo de Santander, la solicitud elevada por el accionante el 26 de mayo
de 2026 sí fue resuelta por la DEAJ durante el trámite de la presente acción
constitucional, al requerirlo para que aportara la documentación pertinente y, así,
poder dar continuidad al procedimiento reglado.

En este punto cabe evidenciar que, actualmente, el señor Rodríguez Aponte conoce
el estado de su trámite, por cuanto pidió a la DEAJ información sobre el particular,
la cual fue atendida, mediante correo electrónico del 11 de agosto de 2026, así:

Bajo este contexto, se puede concluir que se configuró la carencia actual de objeto
por hecho superado, teniendo en cuenta que la DEAJ se pronunció respecto del
pago de la sentencia del 9 de abril de 2026 durante el presente trámite y le comunicó
el requerimiento respectivo.

Por tal motivo, es evidente que la inconformidad planteada por el accionante se
encuentra actualmente superada al haberse proferido y comunicado el
requerimiento del 7 de julio de 2026.

13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Javier Orlando Rodríguez Aponte
Demandados: Rama – Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 68001-23-33-000-2026-00471-01

Así pues, como la pretensión del accionante, relativa a que se ordenara una
respuesta de forma clara, precisa y congruente a su petición del 26 de mayo de
2026, ya fue superada en el curso de la acción de amparo, cualquier orden que
imparta el juez de tutela sobre el particular resultaría innecesaria, por lo que la sala
revocará lo decidido por el a quo para, en su lugar, declarar la carencia actual de
objeto por hecho superado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: Denegar la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga.

SEGUNDO: Revocar la sentencia del 15 de julio de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, que amparó el derecho de petición para, en su lugar,
declarar la carencia actual de objeto por hecho superado en la acción de tutela
presentada por el señor Javier Orlando Rodríguez Aponte, conforme lo expuesto en
la parte considerativa de la presente providencia.

TERCERO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, y enviar
copia de esta al despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.