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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2026-00508-01

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2026-00508-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 20 de agosto de 2026 por el Tribunal Administrativo de Santander. En su lugar: 1. RECHAZAR la demanda respecto de los artículos 6, 9, 10, 11 y 13 del Decreto 0907 de 2025, así como respecto del parágrafo 3 del artículo 34 y numerales 13 y 14 del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 2. NEGAR las pretensiones frente a los artículos 3, 4, 7, 14 y 15 del Decreto 0907 de 2025. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 68001-23-33-000-2026-00508-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 68001-23-33-000-2026-00508-01
Accionante: CLAUDIA PATRICIA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
Accionados: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y OTRO

Temas: Deber de realizar actividades de control y educativas
sobre el consumo de sustancias psicoactivas en
perímetros urbanos. Revoca.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala conoce de la impugnación presentada por la demandante contra la
sentencia del 20 de agosto de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo de
Santander. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 125 1,
1502 y 2433 de la Ley 1437 de 20114, así como del Acuerdo 080 del 12 de marzo
de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado (modificado por el Acuerdo 434
de 2024).

La demanda fue admitida en providencia del 21 de julio de 20265 y el recurso de
apelación fue concedido mediante auto del 27 de abril 2026. Por lo anterior,
procede la Sala a proferir sentencia en los términos previstos en el artículo 3 de
la Ley 393 de 1997.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

1. En ejercicio de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la
Constitución y desarrollada por la Ley 393 de 1997, la señora Claudia Patricia
Rodríguez Jiménez presentó demanda contra el municipio de Bucaramanga y la
Policía Metropolitana de dicha ciudad, con el fin de obtener el cumplimiento de lo
previsto en los artículos 3, 4, 6, 7, 10, 13 y 15 del Decreto Municipal No. 0907 del

1 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
2 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26.
3 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
4 Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado

por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código [..]
5 En aquella decisión, el tribunal de primera instancia ordenó notificar como autoridades

accionadas a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y a la Imprenta Nacional
de Colombia. A su vez, notificó de la decisión al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.

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23 de diciembre de 2025, en concordancia con los artículos 9, 11 y 14 ibidem; así
como el parágrafo 3 del artículo 34 y los numerales 13 y 14 del artículo 140 de la
Ley 1801 de 2016.

2. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

[…]

SEGUNDA: ORDENAR a la Policía Metropolitana de Bucaramanga que, dentro del
término perentorio de diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria del fallo (artículo
21, numeral 5, de la Ley 393 de 1997), adopte y ponga en ejecución un plan de control
periódico y verificable sobre el referido perímetro, que contenga como mínimo: (i)
periodicidad definida, con cobertura efectiva de los días viernes, sábados, domingos,
festivos y sus vísperas, de la franja de mayor conflictividad (5:00 p.m. a 11:30 p.m.) y del
inicio de la restricción (4:30 a.m.); (ii) la aplicación de los numerales 13 y 14 del artículo
140 y del artículo 34, numeral 3, de la Ley 1801 de 2016, con registro en el RNMC
discriminado por fecha, hora y georreferencia; (iii) actividades específicas de
identificación, interdicción y judicialización del expendio, conforme al artículo 7 y al
Capítulo II del Decreto, con las remisiones a la Fiscalía General de la Nación a que haya
lugar; y (iv) la aplicación de los artículos 9, 10 y 11 del Decreto respecto de niños, niñas
y adolescentes, todo bajo los criterios del Protocolo SPA (artículo 4, parágrafo 3, del
Decreto).

TERCERA: ORDENAR al Municipio de Bucaramanga que, por conducto de la Secretaría
del Interior, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria del fallo, expida
el acto de priorización previsto en el artículo 6 del Decreto, incluyendo como prioritario el
perímetro de la Institución Educativa Técnico Dámaso Zapata, y que, en coordinación
con las Secretarías de Planeación y de Infraestructura, ejecute la medición y la
señalización clara y visible del perímetro (artículo 34, parágrafo 3, de la Ley 1801 de
2016; artículos 3, 5 y 6 del Decreto). SUBSIDIARIA: de estimarse necesario un plazo
mayor para la instalación material de la señalización, concederlo por un término máximo
de tres (3) meses, con cronograma único, vinculante y perentorio allegado al expediente
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria.

CUARTA: ORDENAR al Municipio de Bucaramanga (Secretaría del Interior) y a la Policía
Metropolitana de Bucaramanga que ejecuten en el sector, incluida la comunidad
educativa de la Institución Educativa Técnico Dámaso Zapata y los residentes y
comerciantes del perímetro, las actividades de socialización del artículo 15 del Decreto,
con cronograma allegado en diez (10) días hábiles y ejecución iniciada a más tardar
dentro del mes siguiente a la ejecutoria.

QUINTA: ORDENAR al Municipio de Bucaramanga que, por conducto de la Secretaría
de Salud y Ambiente y junto al Comité Municipal de Prevención y Control de Drogas,
diseñe y ponga en marcha las estrategias, campañas y actividades de prevención del
artículo 13 del Decreto desde la perspectiva de salud pública, focalizadas también en el
entorno de la Institución Educativa Técnico Dámaso Zapata, con cronograma allegado
en diez (10) días hábiles y ejecución iniciada a más tardar dentro de los tres (3) meses
siguientes a la ejecutoria.

SEXTA: ORDENAR a las accionadas rendir ante el Despacho, bajo la gravedad del
juramento, informes mensuales de ejecución (artículos 17 y 25 de la Ley 393 de 1997)
con datos discriminados por fecha, hora y lugar (órdenes de comparendo del RNMC en
el perímetro, operativos realizados, actuaciones contra el expendio y sus resultados,
avance de señalización, socialización y prevención), conservando el Despacho la
competencia hasta que cese el incumplimiento6.

1.2. Posición de la parte demandante

3. La señora Claudia Patricia Rodríguez Jiménez indicó que en el barrio La
Universidad, en Bucaramanga, funciona la Institución Educativa Técnico Dámaso
Zapata, en la cual diariamente se encuentran niños, niñas y adolescentes. Indicó

6 Transcripción literal que puede contener errores.

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que la ubicación de dicho centro educativo se encuentra dentro del perímetro de
60 metros previsto en el artículo 3 del Decreto 0907 de 20257.

4. Al respecto, explicó que el municipio inicialmente expidió el Decreto 0007
del 5 de enero de 2024, en el que estableció un perímetro con prohibición de
consumo de sustancias psicoactivas durante las 24 horas del día. Sin embargo,
el Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad parcial de dicha
prohibición y le ordenó a la Alcaldía fijar los horarios y zonas de restricción, de
conformidad con la sentencia C-127 de 2023, dictada por la Corte Constitucional.
En cumplimiento de dicha orden, expidió el Decreto 0907 de 2025, que estableció
la franja de restricción entre las 4:30 a. m. y las 11:30 p. m.

5. Sostuvo que «la propia administración, con soporte en el Observatorio de
Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia Policiva y Familiar», reconoció
que: i) en la vigencia del anterior decreto, se impusieron 12.786 comparendos, ii)
existe una alta concentración del consumo al final de la tarde y en la noche «con
pico a las 5:00 p.m. e incidencia alta a las 10:00 p.m.» y iii) la franja horaria debe
preservar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

6. Indicó que, pese a la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas,
al frente de la institución educativa y en los andenes de acceso a los
establecimientos del sector, se ha intensificado el consumo y expendio de
estupefacientes, en pleno horario de restricción.

7. Puso de presente que la comunidad ha solicitado la intervención policial
mediante las líneas de atención. No obstante, su respuesta ha sido «periódica y
meramente reactiva», debido a que los uniformados dispersan a los
consumidores sin imponer medidas correctivas.

8. Indicó que en el Oficio GS-2026-071794-MEBUC del 4 de junio de 2026,
la Estación de Policía Norte le informó que en el barrio La Universidad, en el
2025, se impusieron 710 comparendos y entre el 1 de enero y 31 de mayo de
2026, 418.

9. Por último, mencionó que, el 9 y 10 de junio de 2026, requirió a las
entidades accionadas, con el propósito de que acataran lo dispuesto en el
Decreto 0907 de 2025 y, en consecuencia, se ordene la realización de operativos
sostenidos, la señalización del perímetro y la realización de actividades de
socialización.

1.3. Posición de la parte demandada

10. El Municipio de Bucaramanga indicó que el Decreto 0907 de 2025 dictó
disposiciones de carácter general, mas no consagra una metodología o una
fórmula taxativa sobre cómo deben ejecutarse materialmente sus mandatos. Lo
anterior, por cuanto le corresponde a la entidad, en ejercicio de su facultad

7 «Por medio del cual se determina el perímetro y el horario para la restricción del consumo,

distribución, facilitación, ofrecimiento, comercialización de sustancias psicoactivas, inclusive la
dosis personal, en áreas y zonas de espacio público o lugares abiertos al público, que rodean los
centros educativos, centros deportivos, parques y zonas históricas declaradas de interés cultural
o por motivos de interés público del municipio de Bucaramanga y se dictan otras disposiciones».

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discrecional técnica y operativa, articular y desplegar los medios institucionales y
logísticos de policía que considere idóneos para cumplir con la norma, los cuales
ha venido implementado.

11. Por lo anterior, sostuvo que las pretensiones de la demanda no se ajustan
a la naturaleza de la acción de cumplimiento, en la medida en que pretende que
el juez constitucional le imponga a la administración una forma específica de
ejecutar el decreto, ignorando que sus exigencias no se encuentran establecidas
en las normas invocadas.

12. En ese sentido, refirió que, si bien la administración local debe velar por la
efectividad de sus propios decretos, ello constituye una obligación de medio y
gestión permanente, motivo por el cual no es posible entender que se tenga en
su cabeza el deber de un resultado «que imponga la erradicación inmediata,
absoluta o perfecta del incumplimiento por parte de los ciudadanos».

13. Por otro lado, consideró que ha acatado el contenido de las disposiciones
señaladas por la accionante, debido a que la entidad ha desplegado una gestión
pública continua e interinstitucional en el barrio La Universidad, materializada en
la imposición de comparendos, así como «la puesta en marcha de la mesa
MEISEC y la Red RIMB», junto con la presencia preventiva de la fuerza pública.

14. Puso de presente que la señalización que se pretende con la orden de
identificar el perímetro dispuesto en el artículo 3 del Decreto 0907 de 2025
contiene un gasto que no ha sido presupuestado ni apropiado por la entidad,
debido a que implica medir las zonas públicas y delimitarlas, las cuales son más
de 70 de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio. La
entidad también advirtió que dicha actividad requiere de la contratación de
personal profesional que lleven a cabo la delimitación.

15. Finalmente, indicó que, durante el primer semestre de 2026, implementó
la campaña «Hablemos de Vida», a través de estrategias de prevención,
orientada a niños, niñas y adolescentes, así como a sus redes de apoyo, sobre
los riesgos asociados al consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido,
informó que ha realizado 9 encuentros, dentro de los cuales capacitaron a 1.595
personas.

16. Por su parte, la Policía Nacional indicó que, si bien se ha incrementado
el consumo de sustancias psicoactivas pese a los controles realizados por las
autoridades administrativas, ha realizado todas las gestiones que tiene a su
alcance con el fin de contrarrestar la situación.

17. Explicó que su intervención en dicha zona no se limita a actuaciones
reactivas, sino que ha desplegado una planeación operacional basada en el
análisis del riesgo, el comportamiento delictivo, requerimientos ciudadanos y
disponibilidad del talento humano, razón por la cual se ejecutan patrullajes
preventivos, controles de registro a personas y vehículos, verificación de
antecedentes, intervenciones frente a comportamientos contrarios a la
convivencia, campañas de prevención del delito y actividades de policía
comunitaria.

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18. De igual forma, indicó que ha gestionado acciones permanentes en los
establecimientos educativos y sus entornos, desarrollando campañas
pedagógicas dirigidas a estudiantes, docentes y padres de familia sobre
prevención del consumo de sustancias psicoactivas, violencia escolar,
reclutamiento de menores, convivencia ciudadana, uso responsable del espacio
público y la cultura de la legalidad, actividades ejecutadas por las especialidades
competentes, y, en particular, por el Grupo de Policía Comunitaria y el Grupo de
Protección a la Infancia y Adolescencia8.

1.4. Fallo de primera instancia

19. En sentencia del 20 de agosto de 2026, el Tribunal Administrativo de
Santander negó «las pretensiones respecto de los artículos 3, 4, 7 y 15 del
Decreto 0907 del 23 de diciembre de 2025, así como 14 y 15 de la Ley 1801 de
2016. A su vez, declaró la improcedencia respecto del artículo 6 del mencionado
decreto».

20. Al respecto, indicó que la pretensión relacionada con la señalización y
socialización del perímetro determinado en el artículo 39 del mencionado decreto,
implica la destinación de recursos públicos, circunstancia que deviene en
improcedente la acción de cumplimiento, de conformidad con el artículo 9 de la
Ley 393 de 1997.

21. Respecto al artículo 410, indicó que, al establecer una prohibición de
consumo, no genera que cada vez que se incumpla con dicha medida, exista
automáticamente un incumplimiento imputable a la Policía o al municipio. Lo
anterior, por cuanto debe demostrarse que, frente a una situación concreta que
imponía una actuación determinada, la autoridad omitió el deber jurídico que le
correspondía ejecutar.

22. Sobre el artículo 611, consideró que la acción de cumplimiento no puede
ser utilizada para ordenar de manera abstracta la ejecución de las actividades
administrativas, por lo que a partir del contenido de la mencionada disposición no
advirtió que reúna las condiciones de claridad, «expresividad» y exigibilidad
requeridas, pues el verbo «podrán» contempla una facultad.

23. Frente al artículo 712, indicó que existe un deber susceptible de ser exigido
mediante acción de cumplimiento. No obstante, de dicha disposición no se puede

8 Al respecto, agregó fotografías en centros educativos y realizando inspecciones en las calles,

así como un cuadro en el que se evidencia los resultados operativos y la población beneficiada.
9 El cual establece el perímetro de lugares públicos en los cuales no se encuentra permitido, en

ningún momento, la comercialización y el consumo de sustancias psicoactivas.
10 El cual determinó que no se permitirá el consumo de sustancias psicoactivas naturales o

sintéticas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de 60 metros alrededor de espacios
públicos, parques, plazas, centros educativos, centros deportivos, zonas históricas y zonas
declaradas de interés cultural o por motivos de interés público, en el horario comprendido entre
las 4:30 a.m. hasta las 11 :30 p.m. del mismo día.
11 En el que se estableció que la administración municipal, a través de la Secretaría de Planeación

y la Secretaría de Infraestructura, podrán adelantar el proceso de medición del perímetro
establecido y la señalización dirigida a la ciudadanía de acuerdo con la priorización que
establezca la Secretaría del Interior o la dependencia que haga sus veces.
12 Relacionado a que la Policía Metropolitana de Bucaramanga deberá realizar actividades de

control periódicas en los lugares donde se aplique el perímetro establecido y habitualmente
concurrido por menores, con el fin de identificar y sancionar las practicas relacionadas con la
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ordenar a la Policía obtener un determinado resultado operativo, como eliminar
por completo el consumo o garantizar que no se vuelva a producir una conducta
infractora. Además, porque la obligación exigible es la de realizar controles
periódicos y desplegar las actuaciones que correspondan conforme al
ordenamiento jurídico. Por consiguiente, para declarar el incumplimiento no basta
con acreditar que en determinado momento se presentó consumo o
comercialización, sino que debe establecerse que la autoridad omitió realizar los
controles que la norma le impone.

24. En ese sentido, sostuvo que no existió una ausencia de actuación policial
frente al fenómeno denunciado. Lo anterior, por cuando la Policía acreditó haber
realizado planes operativos, patrullajes, controles a personas y vehículos,
aplicación de medidas correctivas, entre otros. Además, porque el municipio
señaló había desarrollado acciones continuas de vigilancia, control y prevención.

25. A su vez, consideró que el mandato del artículo 1513 tampoco fue
desconocido, puesto que la Fiscalía informó que había adelantado campañas de
prevención y actividades pedagógicas con comerciantes, estudiantes, residentes
y transeúntes. De igual forma, el municipio señaló la existencia de acciones de
articulación y prevención.

26. Por último, respecto a los numerales 13 y 14 del artículo 140 la Ley 1081
de 201614, consideró que su aplicación depende de la verificación de una
conducta concreta. Por tal razón, afirmó que de la sola existencia de un video no
se puede ordenar, de manera indiscriminada, la imposición de comparendos a
las personas registradas, máxime cuando la determinación de dicha medida hace
parte del procedimiento que debe adelantar la autoridad competente.

1.5. Impugnación

27. La accionante señaló que, de las pruebas allegadas por la Policía, solo se
acredita que en más del 70 % de los días en los que ha estado vigente el Decreto
0907 de 2025, «no se impuso una sola medida correctiva en el sector», razón por
la cual era errado afirmar que existían elementos que daban cuenta de la
realización de los controles institucionales.

28. Cuestionó que la sentencia recurrida no se pronunció respecto del
parágrafo 3 del artículo 34 de la Ley 1801 de 2016, «el cual definía el punto de la
señalización», pues en dicha norma se establece que le corresponderá a los
alcaldes establecer los perímetros para la restricción del consumo de sustancias
psicoactivas, cuya delimitación debe ser clara y visible para los ciudadanos.

distribución, facilitación, ofrecimiento o comercialización de sustancias psicoactivas naturales o
sintéticas.
13 El cual establece que la Secretaría del Interior en coordinación con las demás dependencias

de la administración municipal y la Policía Metropolitana de Bucaramanga, realizarán las
actividades informativas, educativas y pedagógicas sobre el alcance, contenido y consecuencias
del mencionado decreto.
14 El cual establece que son comportamientos contrarios al ciudadano e integridad del espacio

público el consumir, portar o comercializar sustancias psicoactivas en centros educativos,
deportivos o parques, así como en zonas de espacio público o de interés cultural.

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29. Sostuvo que, además, el a quo aplicó la causal de improcedencia por gasto
respecto disposición que no ordena una erogación económica, pues no obra en
el expediente prueba alguna de que lo solicitado, en efecto, conllevara que la
administración ejecutara un presupuesto. Adicionalmente, indicó que la
expedición del acto de priorización del artículo 6 del Decreto 0907 del 23 de
diciembre de 2025 solo requiere de la expedición de un acto administrativo.

II. CONSIDERACIONES

30. La Sala revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar: i) se
rechazará la demanda respecto de los artículos 6, 9, 10, 11 y 13 del Decreto 0907
de 2025, así como respecto del parágrafo 3 del artículo 34 y numerales 13 y 14
del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016, y ii) negará las pretensiones frente a los
artículos 3, 4, 7, 14 y 15 ibidem.

31. Para ello, se analizarán los siguientes aspectos: i) la constitución en
renuencia, ii) los requisitos de procedencia de la acción de cumplimiento y, iii) el
cumplimiento de los artículos 7 y 15 del Decreto 0907 de 2025.

2.1. Caso concreto

2.1.1. La accionante agotó parcialmente el requisito de procedibilidad
relativo a la constitución en renuencia de las entidades accionadas

32. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, previo al ejercicio de
la acción de cumplimiento, el actor debe constituir en renuencia a la autoridad o
al particular que ejerce funciones públicas y frente al cual se exige el
cumplimiento del mandato legal o consagrado en acto administrativo. Para ello,
es necesario que el actor indique expresamente cuál es la norma sobre la cual
versa la acción, sin que la autoridad conteste en el plazo de diez días siguientes
a la presentación de la solicitud o, por el contrario, se ratifique en el pretendido
incumplimiento15.

33. En tales términos, esta Sección ha señalado que «el reclamo en tal sentido
no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con
el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de
cumplimiento»16. La falta de agotamiento de este requisito genera el rechazo de
la demanda.

34. En este caso, está probado que el 9 y 10 de junio de 2026, la accionante
requirió a las entidades demandadas, respectivamente, con el propósito de que
acataran lo dispuesto en los artículos 3, 4, 7, 8, 14 y 15 del Decreto 0907 del 23
de diciembre de 2025, como se evidencia a continuación:

15 Al respecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece lo siguiente: «Con

el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se
haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la
presentación de la solicitud».
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20

de octubre de 2011. Rad. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
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35. Sin embargo, en la demanda radicada solicitó que se ordenará el
acatamiento de los «artículos 3, 4, 6, 7, 10, 13 y 15 del Decreto Municipal No.
0907 del 23 de diciembre de 2025, en concordancia con los artículos 9, 11 y 14
ibidem; así como el parágrafo 3 del artículo 34 y numerales 13 y 14 del artículo
140 de la Ley 1801 de 2016». (Énfasis de la Sala)

36. En consecuencia, la Sala tendrá por acreditada la renuencia únicamente
respecto los artículos 3, 4, 7, 15 y 14 del Decreto 0907 del 23 de diciembre de
2025, por haber sido las normas respecto de las cuales, en efecto, la accionante
agotó el requisito previsto en el artículo 8 de la Ley 393 de 1997.

37. En contraste, rechazará la demanda frente a los artículos 6, 9, 10, 11 y 13
del mencionado Decreto, así como el parágrafo 3 del artículo 34 y numerales 13
y 14 del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016, pues, como se evidenció, dichas
disposiciones no fueron requeridas por la accionante, de conformidad con la
delimitación que realizó en el escrito de renuencia.

2.1.2. La acción supera parcialmente los requisitos de procedencia

38. Conforme a lo dispuesto en la Ley 393 de 1997, la Sección Quinta de esta
Corporación ha sostenido que la procedencia de la acción de cumplimiento se
encuentra supeditada a la acreditación de cinco requisitos generales:

(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes
(artículo 1)17.

17 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general

consagran principios y directrices.
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(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas,
encargado de ello (artículos 5 y 6).

(iii) Que el afectado no tenga o no haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.

(iv) Que la acción no persiga la protección de derechos fundamentales que
puedan ser garantizados a través de la tutela (artículo 9).

(v) Que la acción no tenga por objeto el acatamiento de normas que
establezcan gastos a la administración (artículo 9).

39. El incumplimiento de alguno de requisitos de procedibilidad genera la
improcedencia del medio de control. Por el contrario, si los anteriores
presupuestos se encuentran satisfechos, corresponde a la Sala determinar si
existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad
o del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción; y, a partir de ello, determinar la prosperidad de las pretensiones
de la demanda.

40. La Sala encuentra acreditados los requisitos de procedencia de la acción,
por las siguientes razones:

41. Primero, las normas que se solicitan se encuentran en un acto
administrativo vigente, en la medida en que no han sido derogadas, modificadas
o sustituidas en el ordenamiento jurídico. Asimismo, los mandatos cuyo
acatamiento se solicitan están radicados en cabeza de autoridades públicas.

42. De igual manera, la demanda cumple el requisito de subsidiariedad,
puesto que las pretensiones de la parte accionante no involucran la protección
directa de derechos fundamentales que puedan ser invocados vía acción de
tutela. Tampoco se advierte la existencia de otro mecanismo judicial para hacer
efectiva la referida disposición legal. Además, el cumplimiento de las
disposiciones invocadas tampoco conlleva gasto.

43. Por lo tanto, la Sala concluye que la presente acción de cumplimiento es
procedente.

2.1.3. Los artículos 7 y 15 del Decreto 0907 de 2025 contienen mandatos
imperativos e inobjetables que no han sido incumplidos por las
demandadas

44. El contenido de las disposiciones que superaron los requisitos de
renuencia y de procedencia, son los siguientes:

Decreto 0907 de 2025

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ARTICULO 3. PERÍMETRO: Se establece en sesenta (60) metros, el perímetro
del espacio público o lugares abiertos al público, en el suelo urbano y rural del
Municipio de Bucaramanga, que se encuentren en el área circundante de
parques, plazas, centros educativos, centros deportivos, zonas históricas y zonas
declaradas de interés cultural o por motivos de interés público.

ARTÍCULO 4. RESTRICCIÓN PARA EL CONSUMO DE SPA: No se permitirá
el consumo de sustancias psicoactivas naturales o sintéticas, inclusive la dosis
personal, en el perímetro de sesenta (60) metros alrededor de espacios públicos,
parques, plazas, centros educativos, centros deportivos, zonas históricas y zonas
declaradas de interés cultural o por motivos de interés público, en el horario
comprendido entre las 4:30 a.m. hasta las 11 :30 p.m. del mismo día, acorde con
las consideraciones expuestas en el presente Decreto y en cumplimiento de la
orden impartida por el Tribunal Administrativo de Santander en sentencia de
segunda instancia de fecha 18 de septiembre de 2025, proferida dentro del medio
de control de nulidad bajo radicado No. 680013333015-2024- 00174-01 La franja
horaria para la restricción establecida en el presente artículo en ningún caso
podrá entenderse como una habilitación para el consumo, distribución,
facilitación, ofrecimiento o comercialización de sustancias psicoactivas.

ARTÍCULO 7. ACTIVIDADES DE CONTROL: La Policía Metropolitana de
Bucaramanga deberá realizar actividades de control periódicas en los lugares
donde se aplique el perímetro establecido y habitualmente concurrido por Niños,
Niñas y Adolescentes, a fin de identificar y sancionar las practicas relacionadas
con la distribución, facilitación, ofrecimiento o comercialización de sustancias
psicoactivas naturales o sintéticas.

ARTÍCULO 14. VIGILANCIA Y CONTROL. El incumplimiento a lo establecido en
el presente Decreto dará lugar a la imposición de medidas preventivas y
pedagógicas, sin perjuicio de la aplicación de medidas correctivas a que haya
lugar previstas en la Ley 1801 de 2016 o la norma que la modifique, adicione o
derogue.

Cuando los infractores sean menores de edad se dará aplicación a lo dispuesto
en el parágrafo del artículo 185 de la Ley 1801 de 2016, sin perjuicio del
procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos previsto en la Ley
1098 de 2006.

ARTÍCULO 15. SOCIALIZACIÓN. La Secretaría del Interior en coordinación con
las demás dependencias de la administración municipal y la Policía Metropolitana
de Bucaramanga, realzarán actividades informativas, educativas y pedagógicas
sobre el alcance, contenido y consecuencias del presente Decreto.

45. Ahora bien, esta Sección recuerda que la parte demandante pretende, en
concreto, que se les ordene a las entidades demandadas: i) la ejecución de un
plan de control los viernes y fines de semana, desde las 4:30 a.m. hasta las 11:30
p.m., ii) expedir un acto de priorización que incluya el perímetro de la Institución
Educativa Técnico Dámaso Zapata y iii) realizar actividades y campañas de
prevención sobre el consumo de sustancias psicoactivas.

46. No obstante, resulta pertinente precisar que no todas las disposiciones
invocadas contienen un mandato imperativo, expreso e inobjetable que esté
relacionado con las pretensiones de la demanda.

47. Esto, por cuanto artículo 3 únicamente delimita el área del perímetro del
espacio público, para efectos de las limitaciones establecidas en el Decreto. A su
vez, el artículo 4 establece una restricción para la ciudadanía y/ o habitantes en
cuanto al consumo de sustancias psicoactivas y el artículo 14 prevé las

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consecuencias a la ciudadanía y/ o habitantes derivadas del incumplimiento de
las disposiciones del Decreto. Por lo tanto, ninguno de estos dos artículos
impone, por sí mismos, un deber a cargo de las entidades demandadas cuyo
cumplimiento pueda ser exigido mediante la acción de cumplimiento.

48. En ese orden, el análisis del presunto incumplimiento se circunscribirá a
los artículos 7 y 15, por ser las únicas disposiciones invocadas que establecen
deberes concretos a cargo de las entidades demandadas. El artículo 7 impone a
la Policía Metropolitana de Bucaramanga la obligación de realizar actividades
periódicas de control en los lugares comprendidos dentro del perímetro
establecido, con el fin de identificar y sancionar las prácticas relacionadas con la
distribución, facilitación, ofrecimiento o comercialización de sustancias
psicoactivas. Por su parte, el artículo 15 establece a cargo del municipio y la
Policía el deber de realizar actividades informativas, educativas y pedagógicas
sobre el alcance, el contenido y las consecuencias del Decreto 0907 de 2025.

49. Precisado lo anterior, le corresponde a esta Sala determinar si las
entidades demandadas cumplieron con los deberes establecidos en los artículos
7 y 15 del Decreto 0907 de 2025, para lo cual se analizarán las actuaciones
acreditadas respecto de cada una de estas obligaciones.

50. De la revisión del expediente, se advierte que la Policía Metropolitana de
Bucaramanga cumplió el deber previsto en el artículo 7 del Decreto 0907 de 2025,
en tanto acreditó la realización de actividades de control dirigidas a identificar y
sancionar las conductas relacionadas con la distribución, facilitación, ofrecimiento
o comercialización de sustancias psicoactivas, contenidas en la SG-2026-
094389-MEBUC del 26 de julio de 2026.

51. En efecto, obran en el expediente registros fotográficos que dan cuenta de
la realización de actividades de control por parte de unidades de la Policía
Metropolitana de Bucaramanga. A su vez, la entidad aportó cuadros en los que
se relacionaron las medidas y sanciones impuestas con ocasión de las conductas
identificadas durante dichas actuaciones18, como se evidencia a continuación:

18 Sobre este punto, ver la tabla aportada por la entidad en el índice 25 de Samai.

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52. Inclusive, de los videos aportados por la accionante, se evidencia la
presencia de uniformados de la institución en la zona en la que la accionante
afirma que se presentan conductas contrarias a las establecidas en el
mencionado Decreto:

53. Ahora bien, esta Sección advierte que la disposición no estableció un
número determinado de operativos, una frecuencia específica, una duración
determinada ni una metodología particular para el desarrollo de las actividades
de control, y mucho menos un deber de resultado «que imponga la erradicación
inmediata, absoluta o perfecta del incumplimiento por parte de los ciudadanos»,
como lo señaló la parte demandante. Por tanto, el cumplimiento del mandato
debe examinarse a partir de las actuaciones efectivamente desplegadas por la
autoridad, sin que resulte procedente exigirle condiciones adicionales que no
fueron previstas en la norma.

54. En ese sentido, la pretensión de la parte demandante, encaminada a que
se ordene la ejecución de un plan de control los viernes y fines de semana, entre
las 4:30 a. m. y las 11:30 p. m., no se desprende del contenido del artículo 7. Esta
disposición impuso el deber de realizar actividades de control periódicas, pero no
determinó los días, horarios, duración o modalidad en que estas debían llevarse
a cabo.

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55. Por lo anterior, se precisa que la acción de cumplimiento no puede
utilizarse para ampliar el contenido del mandato previsto en la norma ni para
imponer una forma específica de ejecución que esta no contempló. Si bien la Sala
no desconoce el incremento del consumo de sustancias psicoactivas en la zona
en la que reside la accionante, circunstancia que también fue reconocida por la
Policía municipal, dicha situación, por sí sola, no permite concluir que la Policía
Metropolitana de Bucaramanga haya incumplido el deber previsto en el artículo
7 del Decreto 0907 de 2025, máxime cuando en el expediente se acreditó la
realización de actividades de control y la adopción de medidas frente a las
conductas contrarias al decreto.

56. En consecuencia, la existencia de una problemática relacionada con el
consumo las mencionadas sustancias, no desvirtúa el cumplimiento del mandato
objeto de análisis, pues el artículo 7 no impuso a la autoridad policial el deber de
erradicar dicha situación, sino el de realizar actividades de control dirigidas a
identificar y sancionar determinadas conductas, actuaciones que, como se
expuso previamente, fueron acreditadas por la entidad accionada.

57. Ahora bien, respecto al cumplimiento del artículo 15, relacionado con el
deber del municipio y de la policía de realizar actividades informativas, educativas
y pedagógicas, también se advierte que fue complido. Del material allegado al
expediente, y de las afirmaciones hechas por las entidades, se evidencia el
desarrollo del programa «Abre tus ojos» relacionado, entre otras cosas, sobre el
consumo de sustancias psicoactivas, en el que se evidencia a uniformados de la
policía en colegios realizando charlas educativas:

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58. De igual forma, el municipio allegó informes, en particular, el código F-MC-
MC-1000-238,37-032, respecto de las intervenciones realizadas a personas y
vehículos, orientadas «a la prevención de delitos de alto impacto, como el
homicidio, lesiones personales, violencia intrafamiliar y tráfico de
estupefacientes, entre otros».

59. A su vez, incorporó en el expediente el consecutivo No. SID 202602-
00009000 del 20 de agosto de 2026, en el que relacionó la «Mesa Estratégica
Integral por la Seguridad y Convivencia Ciudadana» en el barrio La Universidad,
en coordinación con miembros de la fuerza pública, en la que ha «pormenorizado
la práctica delictiva», con énfasis, entre otros delitos, en el tráfico de
estupefacientes.

60. Además, informó que los gestores de convivencia adscritos a la Secretaría
del Interior de la entidad han implementado actividades pedagógicas en dicho
barrio, las cuales se han enfocado en campañas para dar a conocer el Decreto
0907 de 2025 a las personas que transitan por el sector, como se evidencia a
continuación:

61. Por lo anterior, la Sala encuentra acreditado que las entidades
demandadas desarrollaron actividades informativas, educativas y pedagógicas
relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas, tanto en instituciones
educativas como en el sector señalado por la accionante. Asimismo, se acreditó
la realización de actividades dirigidas específicamente a socializar el contenido
del Decreto 0907 de 2025 entre las personas que transitaban por la zona. Por lo
tanto, esta Sección considera que dichas actuaciones resultan compatibles con
el deber previsto en el artículo 15 ibidem.

62. Así las cosas, la Sala concluye que las entidades demandadas acreditaron
el cumplimiento de los mandatos previstos en los artículos 7 y 15 del Decreto
0907 de 2025.

2.2. Conclusión

63. Por lo anterior, se revocará la sentencia del 20 de agosto de 2026, dictada
por el Tribunal Administrativo de Santander. En su lugar, se rechazará la
demanda respecto de los artículos 6, 9, 10, 11 y 13 del Decreto 0907 de 2025,
así como respecto del parágrafo 3 del artículo 34 y numerales 13 y 14 del artículo
140 de la Ley 1801 de 2016.

64. A su vez, y negará las pretensiones frente a los artículos 3, 4, 7, 14 y 15
ibidem.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 20 de agosto de 2026 por el
Tribunal Administrativo de Santander. En su lugar:

1. RECHAZAR la demanda respecto de los artículos 6, 9, 10, 11 y 13 del
Decreto 0907 de 2025, así como respecto del parágrafo 3 del artículo 34
y numerales 13 y 14 del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016.

2. NEGAR las pretensiones frente a los artículos 3, 4, 7, 14 y 15 del Decreto
0907 de 2025.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.

TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Ausente en comisión de servicios

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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