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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2026-00522-01

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2026-00522-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 3 de agosto de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 68001-23-33-000-2026-00522-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 68001-23-33-000-2026-00522-01
Accionante: CRISTIAN ANDRÉS RODRÍGUEZ DÍAZ
Accionado: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE
SANTANDER

Tema: Derecho fundamental de petición – confirma amparo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la entidad
demandada contra la sentencia de primera instancia proferida el 3 de agosto de
2026 por el Tribunal Administrativo de Santander. Lo anterior, de conformidad con
lo dispuesto por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de
2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo
080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 24 de julio de 20262, se admitió la solicitud de amparo de la referencia
y, mediante providencia del 10 de agosto del año en curso se concedió la
impugnación. Luego, en el trámite de segunda instancia, el despacho sustanciador
realizó la vinculación de sujetos procesales a través del proveído del 19 de agosto
de 20263.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. El 23 de julio de 2026, el señor Cristian Andrés Rodríguez Díaz, actuando por
medio de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Consejo Seccional
de la Judicatura de Santander. Con la presentación de la solicitud de amparo,
pretende la protección de su derecho fundamental de petición.

2. La anterior garantía la estimó vulnerada con ocasión de la falta de respuesta

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 5 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que el a quo notificó como autoridad

accionada al Consejo Seccional de la Judicatura de Santander.
3 Fueron vinculados al proceso el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Seccional de

Administración Judicial de Bucaramanga.
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Accionante: Cristian Andrés Rodríguez Díaz
Accionado: Consejo Seccional de la Judicatura de Santander
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a la petición que radicó el 23 de junio de 2026, a la dirección electrónica
info@cendoj.ramajudicial.gov.co.

3. Con base en lo anterior, el accionante solicitó las siguientes pretensiones:

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de petición establecido en el artículo
23 de la Constitución a favor de mis poderdantes por las razones expuestas con
anterioridad.

SEGUNDO: ORDENAR al CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE
SANTANDER, para que, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) HORAS
siguientes a la notificación del fallo de tutela, emita una respuesta de fondo, clara,
precisa y congruente a la solicitud presentada el 23 de junio de 2026, y notifique
dicha respuesta conforme a los procedimientos establecidos en el CPACA y la Ley
1755 de 2015. [SIC a toda la cita]

1.2. Hechos

4. El señor Cristian Andrés Rodríguez Díaz mencionó que, el 23 de junio de
2026, radicó una petición al correo electrónico info@cendoj.ramajudicial.gov.co, en
la que solicitó:

i) Verificar si los procesos judiciales que aparecen asociados a su nombre,
corresponden al ciudadano identificado con la cédula de ciudadanía No.
1.005.464.595.

ii) Expedir de una certificación en caso de evidenciarse que los procesos
judiciales corresponden a una persona diferente.

iii) Informar sobre el procedimiento administrativo o judicial que debe adelantar
para corregir, aclarar o individualizar la información contenida en los sistemas
de consulta pública de la Rama Judicial cuando existan casos de homonimia.

iv) Indicar si en los registros judiciales consultados existe algún proceso en el
que figure como parte una persona identificada con la cédula de ciudadanía
No. 1.005.464.595.

5. Refirió que, a la fecha de radicación de la solicitud de amparo, no ha recibido
respuesta.

1.3. Fundamentos de la vulneración

6. El actor mencionó que la autoridad accionada desconoció el contenido del
artículo 23 de la Constitución Política, que establece que toda persona tiene derecho
a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general
o particular, y a obtener una pronta resolución.

7. Sostuvo que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, dicha garantía
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tiene dos componentes esenciales: i) la posibilidad de formular peticiones
respetuosas ante las autoridades, y como correlativo a ello, ii) la garantía de que se
otorgue respuesta de fondo, eficaz, oportuna y congruente con lo solicitado. Con
fundamento en lo anterior, consideró que el núcleo esencial del derecho de petición
se circunscribe a la formulación de la solicitud, a la pronta resolución, a la existencia
de una respuesta de fondo y a la notificación de la decisión al peticionario.

1.4. Intervención

8. El Consejo Seccional de la Judicatura de Santander señaló que no
vulneró el derecho fundamental de petición del accionante, debido a que la solicitud
no fue radicada ni recibida por la corporación. Indicó que, de las pruebas aportadas
al expediente, se advierte que la solicitud de información fue radicada en una
dirección electrónica que corresponde a una cuenta institucional de nivel central
utilizada con fines informativos y de orientación a los usuarios de la Rama Judicial,
que no constituye un canal oficial de recepción de peticiones a cargo del Consejo
Seccional de la Judicatura de Santander.

9. En consecuencia, afirmó que no tuvo conocimiento efectivo sobre la solicitud
formulada por el accionante, ni contó con la posibilidad material de emitir respuesta,
toda vez que no fue radicada ante los correos habilitados por la seccional.

10. Por otro lado, manifestó que, aun en el evento en que hubiese recibido el
requerimiento del accionante, la entidad carece de competencia para emitir algún
pronunciamiento, toda vez que la información cuya verificación pretende
corresponde a datos que reposan y son administrados a través del sistema de
gestión judicial Siglo XXI, respecto de los cuales los responsables de su registro,
actualización y administración son los respectivos despachos judiciales que
conocen de cada asunto.

1.4. Sentencia de primera instancia

11. Mediante sentencia del 3 de agosto de 2026, el Tribunal Administrativo de
Santander amparó el derecho fundamental de petición del accionante y, en
consecuencia, le ordenó al Consejo Seccional de la Judicatura que, dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la providencia, dar
respuesta clara, completa, congruente y de fondo a la petición presentada el 23 de
junio de 2026 radicada por el accionante.

12. Al respecto, indicó que la petición fue radicada ante un buzón electrónico que
constituye un canal institucional de la Rama Judicial, el cual fue habilitado para la
recepción, trámite y redireccionamiento de peticiones. En consecuencia, consideró
que dicha circunstancia le imponía a la entidad demandada el deber de darle trámite
o, de ser el caso, remitirla a la dependencia correspondiente.

13. Por tal razón, consideró que no resultaba admisible trasladar al peticionario
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las consecuencias derivadas de la falta de distribución interna de las
comunicaciones, pues una vez recibida la solicitud a través de un canal institucional,
correspondía a la Rama Judicial identificar la dependencia competente, remitirle la
actuación e informar al interesado acerca de dicho traslado.

1.5. Impugnación

14. El Consejo Seccional de la Judicatura de Santander reiteró que el correo
electrónico info@cendoj.ramajudicial.gov.co corresponde a una dirección
institucional del nivel central de la Rama Judicial destinada a la atención y
orientación de usuarios, y no constituye un canal de recepción de correspondencia
del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander. Asimismo, señaló que,
aunque hubiera recibido la petición, carecía de competencia para resolver de fondo
los interrogantes planteados por el accionante.

15. Lo anterior, por cuanto la información registrada en los procesos judiciales,
la individualización de sujetos procesales, la corrección de registros, la certificación
de eventuales homonimias y la administración de la información incorporada en los
sistemas judiciales no son funciones asignadas legalmente a los Consejos
Seccionales de la Judicatura. Por el contrario, la información procesal es
administrada por los despachos judiciales responsables de cada asunto y la
administración tecnológica de los sistemas de información corresponde a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a sus Direcciones Seccionales.

16. Por otro lado, indicó que, en cumplimiento del fallo de tutela de primera
instancia, el 5 de agosto de 2026 trasladó la petición a la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bucaramanga la petición presentada por el accionante
para que adopte las actuaciones que estime pertinentes o emita las remisiones
adicionales que correspondan. A su vez, manifestó que informó de dicho traslado al
accionante.

1.6. Trámite en segunda instancia

17. Mediante auto del 19 de agosto del 2026, la Sección Quinta del Consejo de
Estado vinculó al Consejo Superior de la Judicatura y a la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bucaramanga a la presente acción constitucional. Lo
anterior, por haber sido la autoridad a la que fue radicada la petición y a la que se
le indilga la competencia para atender el requerimiento, respectivamente.

1.7. Informes en segunda instancia

18. El Consejo Superior de la Judicatura informó que el 23 de junio de 2025
recibió la petición del accionante, por lo que el 6 de julio de 2026 la remitió al
Consejo Seccional de la Judicatura de Santander por considerarlo de su
competencia, con copia al peticionario, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 21 de la Ley 1755 de 2015. Por tal razón, indicó que no vulneró el derecho
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fundamental de petición del accionante.

19. Por su parte, la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Bucaramanga señaló que recibió el traslado de la petición del accionante el 5 de
agosto de 2026, por parte del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander. A
su vez, manifestó que encontró 12 procesos activos asociados al nombre del
accionante en la Consulta de Procesos Nacional Unificada (CPNU).

20. Por tal razón, y habida cuenta de que es competencia de cada una de las
autoridades que conocen de los procesos atender la petición del accionante, realizó
el respectivo traslado a la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil y Sala
de Casación Laboral, a los Juzgados Municipales 104, 111 y 113 con Funciones de
Conocimiento de Bogotá, a los Juzgados 0001 y 009 de Civiles Municipales de
Manizales, al Juzgado 001 Promiscuo Municipal de Neira, a las Comisiones
Seccionales de Disciplina Judicial de Pasto y Bogotá. Esto, por cuanto son las
autoridades judiciales que tiene a su cargo el conocimiento de los procesos
encontrados.

21. A su vez, manifestó que dicha decisión le fue notificada al accionante y aportó
la siguiente constancia:

22. Lo anterior, con fundamento en que, de conformidad con Acuerdo No. 1591
de octubre 24 de 20024, los registros de información de los procesos como nombres,
cédulas y demás modificaciones de datos, se encuentran sujetos al registro que
efectué cada servidor encargado de diligenciar la información en los despachos o

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Por medio del cual se estableció el sistema de información de gestión de procesos y manejo
documental (Justicia XXI).
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dependencias administrativas.

II. CONSIDERACIONES

23. La Sala confirmará la sentencia del 3 de agosto de 2026 el Tribunal
Administrativo de Santander, que amparó el derecho fundamental de petición del
señor Cristian Andrés Rodríguez Díaz. Para ello, se analizarán las siguientes
cuestiones: (i) la superación de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela y (ii) el caso concreto.

2.1. La solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela

24. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela es
un mecanismo judicial subsidiario, residual, informal y autónomo que tiene por
objeto garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales a través
de un proceso preferente y sumario. De acuerdo con lo previsto en el Decreto 2591
de 1991 y el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, son requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela: i) la legitimación en la causa por
activa y por pasiva de las partes, ii) la subsidiariedad y, iii) la inmediatez. El
cumplimiento de estos requisitos de procedencia es una condición para que el juez
de tutela pueda emitir una decisión de fondo5.

25. Esta Sección considera que la solicitud de amparo cumple con todos los
requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a exponerse:

26. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto
frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

27. La Sala advierte que el señor Cristian Andrés Rodríguez Díaz está legitimado
en la causa por activa para interponer la presente acción, dado que es el titular del
derecho de petición que considera transgredido, comoquiera que fue quien elevó la
solicitud cuya falta de respuesta se cuestiona.

28. Por su parte, se evidencia que el Consejo Seccional de la Judicatura de
Santander está legitimado en la está legitimado en la causa por pasiva, por ser la
autoridad ante quien el Consejo Superior de la Judicatura efectuó el traslado de la
solicitud de información y respecto de la cual el accionante consideró vulnerado su
derecho fundamental de petición.

29. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por
el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, establece que la acción de

5 Ver, entre otras, sentencias T-183 de 2024, T-309 de 2023 y T-099 de 2021

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tutela procederá únicamente cuando el afectado no disponga de otro mecanismo
judicial para la defensa de sus derechos, salvo que sea utilizado como un
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Esto implica que cuando
una persona acude a la administración de justicia, no puede desconocer los
mecanismos judiciales ordinarios contemplados en el ordenamiento jurídico, ni
pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que
conoce de un determinado asunto radicado bajo su competencia.

30. De conformidad con lo anterior, la sala considera que este requisito se
encuentra acreditado, en la medida en que la parte actora no cuenta con otro
mecanismo judicial idóneo para la protección de su derecho fundamental de
petición, motivo por el cual es necesario un pronunciamiento de fondo por parte del
juez constitucional.

31. Por último, se cumple con el requisito de inmediatez puesto que la presunta
vulneración de las garantías fundamentales del actor se ha prolongado en el tiempo
debido a la alegada falta de respuesta a su solicitud.

2.2. Caso concreto

32. Como viene de verse, el 23 de junio de 2026 el señor Rodríguez Díaz radicó
una petición al correo electrónico info@cendoj.ramajudicial.gov.co, canal de
atención institucional de la Rama Judicial y administrada por el Consejo Superior de
la Judicatura.

33. En dicha solicitud, requirió información acerca de los procesos judiciales que
aparecen asociados a su nombre y solicitó que se determinara si pertenecen a una
persona diferente por tratarse de un caso de homonimia, así como el procedimiento
judicial o administrativo que debe adelantar para corregir, aclarar o individualizar la
información contenida en los sistemas de consulta de la Rama Judicial en estos
casos.

24. Ahora bien, debe recordarse que, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, el término para dar respuesta a las peticiones
es de 15 días. No obstante, si la petición versa sobre copia de documentos o
información, deberá resolverse dentro de los 10 días siguientes a su recepción.
Además, aquella debe ser resuelta de fondo, de manera clara, precisa y congruente
con lo solicitado. En palabras de la Corte Constitucional:

[…] la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la
persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición.
Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de
evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la
solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado. Desde luego, este deber
de contestar de manera clara y coherente, no impide que la autoridad suministre

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información adicional relacionada con los intereses del peticionario, pues
eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la respuesta dada6.

25. Igualmente, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello
[…] la notificación […] debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el
propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante»7.

26. Con tales apreciaciones, la Sala deberá determinar si las autoridades que
intervinieron en el trámite de las solicitudes objeto de tutela vulneraron el derecho
fundamental de petición.

2.2.1. El Consejo Seccional de la Judicatura de Santander vulneró el derecho
fundamental de petición del tutelante

34. De la revisión del expediente, la Sala advierte que, en efecto, el Consejo
Superior de la Judicatura recibió la petición radicada por el accionante el 23 de junio
de 2026. A su vez, el 6 de julio de 2026, dicha entidad trasladó la petición al Consejo
Seccional de la Judicatura de Santander, por considerar que tenía competencia para
atenderla, como se evidencia a continuación:

35. Sin embargo, a la fecha de la presentación de la acción de tutela 8, se
evidencia que el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander no respondió la
petición del accionante, dentro del término de 10 días previsto en el artículo 14 de
la Ley 1755 de 2015, por tratarse de una solicitud de información.

6 Sentencia T-149 de 2013.
7 Ibídem.
8 23 de julio de 2026.

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36. Por tal razón, la Sala confirmará la sentencia del 3 de agosto de 2026 el
Tribunal Administrativo de Santander que amparó el derecho fundamental de
petición del accionante y, en consecuencia, le ordenó a la mencionada entidad dar
respuesta clara, completa, congruente y de fondo a la petición presentada el 23 de
junio de 2026, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la providencia.

37. Ahora bien, esta Sección no desconoce que, con ocasión del fallo de tutela
de primera instancia, el 5 de agosto de 2026 el Consejo Seccional de la Judicatura
de Santander manifestó que atendió la petición radicada por el accionante. Al
respecto, informó que trasladó la petición a la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Bucaramanga, por considerar que se trataba de un asunto de su
competencia, con la respectiva copia al peticionario.

38. Para acreditar la remisión, allegó la siguiente constancia:

24. Sin embargo, resulta pertinente precisar que le corresponde al juez del
desacato determinar si con dicho memorial se acreditó el cumplimiento de la orden
de tutela o si, por el contrario, aquel no refleja que se haya emitido una respuesta
clara, congruente y de fondo, de conformidad con la información que le fue
requerida, así como la respectiva notificación al accionante.

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Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 3 de agosto de 2026 proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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