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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2026-00571-01

Fecha
20 de agosto de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2026-00571-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la providencia de 16 de agosto de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 68001-23-33-000-2026-00571-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

20 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veinte (20) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Radicación: núm. 68001-23-33-000-2026-00571-01
Demandante: Carlos Hernán Ocampo Arango actuando en
calidad de agente oficioso de Alexander Ocampo Arango
Demandados: Fiscalía Seccional de Restrepo - Valle del
Cauca, Policía Nacional de Restrepo - Valle del Cauca,
Procuraduría General de la Nación - municipio de Restrepo -
Valle del Cauca y Juzgado Penal Municipal de Restrepo - Valle
del Cauca
Vinculados: Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados
Penales del Sistema Penal Acusatorio del Valle del Cauca,
Juzgado Promiscuo Municipal de Guacarí - Valle del Cauca,
Centro de Servicios Judiciales - Control de Garantías y de los
Juzgados Penales de Guadalajara de Buga - Valle del Cauca

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Se decide la impugnación presentada en contra de la providencia de 16 de agosto
de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la
cual se negó la solicitud de habeas corpus.

I. ANTECEDENTES

I.1. La solicitud

1. Carlos Hernán Ocampo Arango actuando en calidad de agente oficioso de
Alexander Ocampo Arango, mediante escrito de fecha 15 de agosto de 20261
presentó solicitud de habeas corpus en contra de la Fiscalía Seccional de
Restrepo - Valle del Cauca, la Policía Nacional de Restrepo - Valle del Cauca, la
Procuraduría General de la Nación - municipio de Restrepo - Valle del Cauca y al
Juzgado Penal Municipal de Restrepo - Valle del Cauca, por considerar que existe
violación al derecho a la libertad consagrado en el artículo 30 de la Constitución
Política.

1 Índice 3 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. Expediente de primera instancia.

2

Radicación: 68001-23-33-000-2026-00571-01
Demandante: Carlos Hernán Ocampo Arango actuando en calidad de agente oficioso
de Alexander Ocampo Arango

I.2. Los supuestos de hecho y de derecho2

2. El señor Carlos Hernán Ocampo Arango, actuando como agente oficioso de su
hermano Alexander Ocampo Arango, promovió acción de habeas corpus al
considerar que este último se encontraba privado de la libertad con ocasión de
hechos relacionados con la presunta tenencia de un arma de fuego.

3. Como fundamento de la solicitud invocó el artículo 30 de la Constitución Política
y señaló que acudía a la acción constitucional con el propósito de que se
examinara la situación jurídica de su hermano, en particular la calificación de la
conducta que habría dado lugar a su detención y la procedencia de la medida de
aseguramiento que le fue impuesta.

4. Manifestó que los hechos ocurrieron el 25 de abril de 2026, cuando su hermano
se encontraba en un establecimiento denominado “Greñas”, ubicado en el
municipio de Restrepo - Valle del Cauca, lugar en el que habría aparecido un arma
de fuego tipo pistola envuelta en una chaqueta negra.

5. Afirmó que el arma no fue encontrada en poder de su hermano, sino que habría
sido entregada al propietario del establecimiento, quien, según lo manifestado, la
conservó durante algunas horas y posteriormente la entregó a las autoridades de
policía.

6. Señaló que su hermano se presentó voluntariamente ante la Policía Nacional
con el propósito de informar que previamente había tenido el arma y aclarar las
circunstancias relacionadas con ella.

7. Sostuvo que, al comparecer ante los agentes, fue esposado y retenido por la
presunta tenencia del arma de fuego, pese a que esta no habría sido hallada
materialmente en su poder.

8. Cuestionó que la conducta atribuida a su hermano fuera calificada como porte
de arma de fuego y sostuvo que debía examinarse como una eventual tenencia,
precisamente porque esta no había sido encontrada en poder de su hermano.

9. Indicóque su hermano se puso voluntariamente a disposición de la Policía
Nacional para aclarar los hechos, circunstancias que, a su juicio, debían ser
valoradas al momento de establecer la naturaleza de la conducta investigada y su
situación jurídica.

10. Con fundamento en lo anterior, solicitó la intervención del juez constitucional
para que se examinara la situación de su hermano y, particularmente, la
calificación jurídica de la conducta relacionada con el arma de fuego; asimismo,
pidió que se facilitara la realización de una eventual negociación o preacuerdo
ante las autoridades competentes y se considerara la posibilidad de concederle

2 Ibidem.

3

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Demandante: Carlos Hernán Ocampo Arango actuando en calidad de agente oficioso
de Alexander Ocampo Arango

detención preventiva domiciliaria en la vereda El Diamante, finca Villa Magnolia,
del municipio de Restrepo - Valle del Cauca o revocar la medida de
aseguramiento.

11. Sustentó la petición de sustitución o revocatoria de la medida por la carencia de
antecedentes y anotaciones judiciales de su hermano, y solicitó que las
autoridades competentes conocieran y resolvieran las peticiones relacionadas con
su situación jurídica.

II. TRÁMITE

12. El habeas corpus fue promovido por Carlos Hernán Ocampo Arango, como
agente oficioso de Alexander Ocampo Arango, mediante escrito remitido por
correo electrónico el 15 de agosto de 20263.

13. Aunque inicialmente fue identificado en el acta de reparto como una
“impugnación de habeas corpus”, se advirtió que correspondía a una solicitud
inicial, por lo que fue radicada y tramitada como acción de habeas corpus de
primera instancia4.

14. El Tribunal Administrativo de Santander mediante auto del 16 de agosto de
20265 reconoció a Carlos Hernán Ocampo Arango como agente oficioso de su
hermano Alexander Ocampo Arango y avocó conocimiento de la solicitud, como
demandados se determinó a la Fiscalía Seccional de Restrepo - Valle del Cauca, a
la Policía Nacional de Restrepo - Valle del Cauca, a la Procuraduría General de la
Nación - municipio de Restrepo - Valle del Cauca y al Juzgado Penal Municipal de
Restrepo - Valle del Cauca. Asimismo, ordenó vincular al Centro de Servicios
Judiciales de los Juzgados Penales del Sistema Penal Acusatorio del Valle del
Cauca.

15. En la misma providencia, requirió a las autoridades accionadas y vinculadas
para que, dentro de las dos (2) horas siguientes al recibo de la comunicación,
rindieran informe sobre los hechos que dieron origen a la acción constitucional y
remitieran copia de las diligencias adelantadas respecto de Alexander Ocampo
Arango. Igualmente, ordenó al Centro de Servicios Judiciales identificar el juzgado
que tuviera a cargo el proceso penal, comunicarle la acción y allegar la respectiva
constancia.

16. A través de auto del 16 de agosto de 20266 ordenó vincular al Juzgado
Promiscuo Municipal de Guacarí - Valle del Cauca y al Centro de Servicios
Judiciales - Control de Garantías y de los Juzgados Penales de Guadalajara de

3 Índice 3 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. Expediente de primera instancia.
4 Ibidem.
5 Índice 5 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. Expediente de primera instancia.
6 Índice 12 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. Expediente de primera instancia.

4

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Demandante: Carlos Hernán Ocampo Arango actuando en calidad de agente oficioso
de Alexander Ocampo Arango

Buga - Valle del Cauca, con el propósito de integrar el contradictorio y obtener la
información necesaria para resolver la acción de habeas corpus.

17. En dicha providencia, se requirió al Juzgado Promiscuo Municipal de Guacarí y
al Centro de Servicios Judiciales de Guadalajara de Buga para que suministraran
información relacionada con la eventual actuación penal seguida en contra de
Alexander Ocampo Arango, las autoridades judiciales que hubieran intervenido,
las decisiones adoptadas y su situación de privación de la libertad.

18. También se requirió al agente oficioso para que precisara el lugar donde se
encontraba detenido su hermano, la fecha y lugar de la captura, la autoridad que
realizó el procedimiento, la fiscalía o juzgado que conocía del asunto, el número
de radicación o noticia criminal y aportara los documentos relacionados con esas
actuaciones7.

III. INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS Y VINCULADAS

Juzgado Penal Municipal de Restrepo - Valle del Cauca

19. ElJuez Penal Municipal de Restrepo - Valle del Cauca8, informó que ese
Despacho no se encontraba en turno de disponibilidad para ejercer la función de
control de garantías del Sistema Penal Acusatorio en el Distrito Judicial de Buga y
que, conforme al Acuerdo CSJVAA25-88 de 3 de diciembre de 2025, el Despacho
dispuesto para ello era el Juzgado Promiscuo Municipal de Guacarí.

20. Señaló que, una vez consultadas las plataformas de radicación de la Rama
Judicial, no encontró solicitud alguna relacionada con Alexander Ocampo Arango
ni escrito de acusación en su contra.

21. Sostuvo que, en todo caso, el amparo resultaba improcedente por falta de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no había proferido decisión
alguna en las audiencias concentradas de garantías ni había conocido del proceso
penal adelantado en contra de Alexander Ocampo Arango.

Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales del Sistema Penal
Acusatorio del Valle del Cauca9

22. El Profesional Universitario Grado 20 del Centro de Servicios Judiciales de los
Juzgados Penales del Sistema Penal Acusatorio del Valle del Cauca señaló que
una vez realizada la consulta en la base de datos y en el sistema de control de
reparto judicial administrado por ellos, no se encontró registro alguno relacionado
con Alexander Ocampo Arango que permita establecer la existencia de

7 Índice 19 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. Expediente de primera instancia.
8 Índice 14 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. Expediente de primera instancia.
9 Índice 17 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. Expediente de primera instancia.

5

Radicación: 68001-23-33-000-2026-00571-01
Demandante: Carlos Hernán Ocampo Arango actuando en calidad de agente oficioso
de Alexander Ocampo Arango

actuaciones repartidas o tramitadas ante los Juzgados Penales Municipales con
Función de Control de Garantías adscritos al circuito judicial correspondiente.

23. Precisó que, a la fecha de emisión del presente informe no se registran
solicitudes de libertad, revocatoria de medida de aseguramiento, sustitución de
medida de aseguramiento, presentación de escrito de acusación, ni cualquier otra
actuación judicial asociada a Alexander Ocampo Arango dentro de los sistemas de
reparto.

24. Asimismo, indicó que el Juzgado Penal Municipal de Restrepo no hace parte de
los despachos cuya gestión administrativa, reparto, comunicaciones, archivo o
control de procesos se encuentra a cargo de ese Centro de Servicios Judiciales, y
que la única interacción con dicho juzgado se limita a la coordinación de turnos de
control de garantías y compensatorios, sin que ello implique la administración,
custodia o conocimiento de sus expedientes.

25. Concluyó que carece de información que permita identificar el despacho judicial
que tendría a cargo el proceso penal seguido contra Alexander Ocampo Arango, por
cuanto no existe registro en los sistemas de reparto administrados por esa
dependencia y el eventual conocimiento del asunto correspondería a autoridades
ajenas a su estructura funcional y administrativa.

Centro de Servicios Judiciales - Control de Garantías y de los Juzgados
Penales de Guadalajara de Buga - Valle del Cauca10

26. El secretario del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales
de Guadalajara de Buga informó que, una vez revisados los libros índices y
radicadores que reposan en esa dependencia, no se encontró proceso penal,
actuación judicial ni registro alguno relacionado con Alexander Ocampo Arango a
cargo de los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Buga, Valle del
Cauca.

27. Manifestó que esa secretaría no tiene competencia ni asignación para efectuar
repartos, dado que dicha función corresponde exclusivamente al Centro de
Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de esa sede.

Juzgado Promiscuo Municipal de Guacarí - Valle del Cauca11

28. El Juzgado Promiscuo Municipal de Guacarí - Valle del Cauca que fue
notificado de la providencia de 16 de agosto de 2026, no se pronunció sobre los
supuestos de hecho y de derecho de la solicitud de habeas corpus.

10 Índice 25 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. Expediente de primera instancia.
11 Índices 7, 15 y 16 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. Expediente de primera instancia.

6

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Demandante: Carlos Hernán Ocampo Arango actuando en calidad de agente oficioso
de Alexander Ocampo Arango

Fiscalía Seccional de Restrepo - Valle del Cauca, Policía Nacional de
Restrepo - Valle del Cauca, Procuraduría General de la Nación - municipio de
Restrepo - Valle del Cauca12

29. La Fiscalía Seccional de Restrepo - Valle del Cauca, la Policía Nacional de
Restrepo - Valle del Cauca y la Procuraduría General de la Nación - Restrepo -
Valle del Cauca, que fueron notificadas de la providencia de 16 de agosto de
2026, no se pronunciaron sobre los supuestos de hecho y de derecho de la
solicitud de habeas corpus.

IV. FUNDAMENTOS DE LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

30. El a quo mediante providencia de 16 de agosto de 202613, previo recuento de
los hechos y del trámite de la solicitud de habeas corpus y luego de exponer
consideraciones relacionadas con la naturaleza del citado instrumento, señaló
que la solicitud de habeas corpus debía negarse.

31. Consideró que, pese a la actividad probatoria desplegada, no fue posible
acreditar que Alexander Ocampo Arango se encuentra actualmente privado de la
libertad, ni establecer su lugar de reclusión, la autoridad que eventualmente
ejerce su custodia, el radicado de una actuación penal o la decisión judicial que
sustente la restricción.

32. Anotó que la solicitud no estuvo acompañada de acta de captura, boleta de
detención, acta de audiencia, decisión sobre medida de aseguramiento,
constancia de traslado, número de noticia criminal u otro documento que
permitiera verificar la existencia y condiciones de una restricción actual de la
libertad y que, a pesar de ello, se admitió la acción, se reconoció la agencia
oficiosa, se requirió a las autoridades demandadas y se vinculó a otras
dependencias con el propósito de encontrar la eventual actuación penal.

33. Advirtióque, luego de los oficios y verificaciones realizadas, no se pudo
encontrar la existencia de una actuación de carácter penal. Al respecto, indicó
que el Juzgado Penal Municipal de Restrepo informó que no conoció las
diligencias ni encontró solicitudes o escrito de acusación; el Centro de Servicios
Judiciales tampoco halló registros asociados al nombre o cédula del agenciado y
remitió la actuación al Distrito Judicial de Buga y que, el Centro de Servicios
Judiciales de Buga tampoco encontró solicitudes de libertad, revocatoria o
sustitución de medida de aseguramiento, escrito de acusación u otra actuación
relacionada con Alexander Ocampo Arango.

34. Destacó que el agente oficioso no atendió el requerimiento mediante el cual se
le solicitó precisar el lugar de ubicación o reclusión de su hermano, la fecha y

12 Ibidem.
13 Índice 20 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. Expediente de primera instancia.

7

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Demandante: Carlos Hernán Ocampo Arango actuando en calidad de agente oficioso
de Alexander Ocampo Arango

autoridad de captura, la fiscalía o juzgado interviniente, el número de radicado o
noticia criminal y aportar los documentos relacionados, por lo que no fue posible
establecer el presupuesto básico de la acción, esto es, una privación actual de la
libertad atribuible a una autoridad determinada, ni verificar que aquella se hubiera
producido o prolongado con desconocimiento de las garantías constitucionales o
legales.

35. Sin perjuicio de lo anterior, expuso que las pretensiones encaminadas a
modificar la calificación de la conducta de “porte” a “tenencia” de arma de fuego,
facilitar un preacuerdo, conceder detención domiciliaria o revocar una medida de
aseguramiento corresponden a la fiscalía y al juez penal competente, en razón a
que implican examinar asuntos propios del proceso penal.

36. Decidió prescindir de la entrevista prevista en el artículo 5º de la Ley 1095 de
2006, con fundamento en el hecho de que no fue posible establecer la ubicación
de Alexander Ocampo Arango, la autoridad que eventualmente ejercía su
custodia ni un medio de contacto directo con él.

V. LA IMPUGNACIÓN

37. Mediante mensaje de datos vía WhatsApp remitido el 16 de agosto de 202614,
el agente oficioso solicitó que se revoque la decisión y se ordene la libertad
inmediata de Alexander Ocampo Arango o, subsidiariamente, la sustitución de la
medida de aseguramiento por detención domiciliaria preventiva, con fundamento
en los artículos 7.º de la Ley 1095 de 2006 y 6.º del Decreto Ley 2591 de 1991.

38. Como sustento, afirmó que su hermano se encuentra privado físicamente de la
libertad desde el 25 de abril de 2026, habiendo transcurrido los meses de mayo,
junio, julio y parte de agosto sin que se hubiera definido su situación jurídica.

39. Alegó que el transcurso de varios meses de detención vulnera sus derechos a
la libertad física y a la dignidad humana y sostuvo que, conforme a su
interpretación del artículo 294 del Código de Procedimiento Penal, habrían
transcurrido entre 90 y 120 días sin que se concretara una definición judicial.

40. Reiteró que los hechos debían analizarse bajo la conducta de tenencia y no de
porte de arma de fuego, toda vez que el arma no fue encontrada siendo portada
por su hermano y que este se entregó voluntariamente ante la Policía Nacional.

41. Invocóel principio de in dubio pro reo y los artículos 7.º del Código de
Procedimiento Penal y 29 de la Constitución Política, al considerar que debía
presumirse su inocencia mientras un juez de conocimiento no determinara su
responsabilidad.

14 Índice 28 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. Expediente de segunda instancia.

8

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Demandante: Carlos Hernán Ocampo Arango actuando en calidad de agente oficioso
de Alexander Ocampo Arango

42. Manifestó que la Policía Nacional de Restrepo, la Fiscalía Seccional o el juez
penal habrían mantenido a su hermano privado de la libertad durante varios
meses sin definir su situación judicial, razón por la cual acudió a la impugnación en
procura de una decisión célere.

43. Fundamentó lo anterior, además, en los artículos 93, 209 y 229 de la
Constitución Política, y solicitó la adopción de medidas oficiosas dirigidas a
salvaguardar los derechos fundamentales de su hermano, especialmente su
libertad física y vida social.

VI. CONSIDERACIONES

VI.1. El habeas corpus y la regla pro homine

44. El habeas corpus fue consagrado en el artículo 30 de la Constitución Política y
concebido por la Ley 1095 de 2 de noviembre de 200615, como un derecho
fundamental en el que se busca la tutela de la libertad individual como garantía,
cuando la aprehensión de una persona se realiza con violación de las garantías
constitucionales o legales, o cuando la privación de la libertad se prolonga
ilegalmente.

45. En la decisión del habeas corpus debe darse aplicación al principio pro
homine16, en virtud del cual se debe acudir a la norma o a la interpretación más
amplia, cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la
norma o a la interpretación más restringida, cuando se busca fijar limitaciones a su
ejercicio o su suspensión extraordinaria.

46. Es importante anotar que se trata de un derecho fundamental que ha sido
reconocido en varios instrumentos internacionales, entre los que se destacan la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos17, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del
Hombre18 y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos19.

15 “[…] Por la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política […]”.
16 Corte Constitucional. Sentencia T-284/06. Magistrada Ponente: Dra. Clara Inés Vargas Hernández.
17 Convención Americana sobre Derechos Humanos – Pacto de San José de Costa Rica, aprobada mediante

la Ley 16 de 1972. “ Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a
la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las
condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Parte o por las leyes
dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 4. Toda
persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del
cargo o cargos formulados contra ella. 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora,
ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser
juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su
libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio […]”.
18 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. “Artículo XXV Nadie puede ser privado de

su libertad sino en los casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes. Todo individuo que
haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y
a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a
un tratamiento humano durante la privación de su libertad […]”.
19 Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante la Ley 74 de 1968. “Artículo

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de Alexander Ocampo Arango

VI.2. El caso concreto

47. El señor Carlos Hernán Ocampo Arango, actuando como agente oficioso de su
hermano Alexander Ocampo Arango, promovió solicitud de habeas corpus al
considerar que este se encontraba privado de la libertad con ocasión de hechos
ocurridos el 25 de abril de 2026, relacionados con un arma de fuego que no fue
encontrada en su poder, pues había sido entregada previamente al propietario de
un establecimiento y posteriormente puesta a disposición de la Policía Nacional.

48. Sostuvo que la conducta debía calificarse como tenencia y no como porte de
arma de fuego, debido a que esta no fue hallada en poder de su hermano al
momento de presentarse voluntariamente ante las autoridades. En consecuencia,
solicitó la intervención del juez constitucional para modificar la calificación de la
conducta, facilitar un eventual preacuerdo, concederle detención preventiva
domiciliaria en la vereda El Diamante, finca Villa Magnolia.

49. ElTribunal Administrativo de Santander mediante providencia de primera
instancia de 16 de agosto de 2026 denegó la solicitud, al considerar que, pese a
las actuaciones oficiosas adelantadas, no fue posible acreditar que Alexander
Ocampo Arango se encontrara actualmente privado de la libertad, ni identificar su
lugar de reclusión, la autoridad que eventualmente ejercía su custodia, el radicado
de una actuación penal o la decisión judicial que sustentara la restricción.

50. Concluyó que no se encontraba demostrada una privación ilegal de la libertad ni
su prolongación ilícita y que las pretensiones relacionadas con modificar la
calificación de “porte” a “tenencia” de arma de fuego, obtener un preacuerdo,
conceder detención domiciliaria o revocar una medida de aseguramiento
correspondían a la fiscalía y al juez penal competente, sin que el habeas corpus
pudiera utilizarse para sustituir los mecanismos propios del proceso penal.

51. El agente oficioso impugnó la decisión e insistió en que Alexander Ocampo
Arango permanece privado de la libertad desde el 25 de abril de 2026, sin que
durante los meses posteriores se hubiera definido su situación jurídica.

9. […] 1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a
detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y
con arreglo al procedimiento establecido en ésta. 2. Toda persona detenida será informada, en el
momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación
formulada contra ella. 3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin
demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá
derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las
personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar
subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier
momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. 4. Toda persona que sea
privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que
éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera
ilegal. 5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener
reparación […]”.

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de Alexander Ocampo Arango

52. Reiteró la vulneración de los derechos a la libertad física y a la dignidad
humana y sostuvo que la conducta correspondía a tenencia y no a porte de arma
de fuego, dado que el arma no habría sido encontrada en poder de su hermano y
su entrega ante la Policía Nacional había sido voluntaria. Asimismo, invocó el
principio de in dubio pro reo y solicitó que se ordenara su libertad inmediata o,
subsidiariamente, la sustitución de la medida por detención domiciliaria preventiva.

53. Para resolver, se pone de presente que, como bien lo concluyó el a quo, de las
contestaciones y documentos adjuntos no se puede establecer que Alexander
Ocampo Arango se encuentra actualmente privado de la libertad, ni identificar con
certeza la autoridad que habría ordenado o ejecutado esa restricción, el lugar
donde se encontraría recluido, el número de noticia criminal o radicado del
proceso penal, ni la decisión judicial que serviría de fundamento a la supuesta
privación de su libertad.

54. En efecto, aunque el agente oficioso afirmó que su hermano permanece privado
de la libertad desde el 25 de abril de 2026 por hechos ocurridos en Restrepo -
Valle del Cauca, relacionados con un arma de fuego, no acompañó con la solicitud
de habeas corpus el acta de captura, boleta de encarcelación, acta de audiencia,
decisión de medida de aseguramiento, constancia de traslado o cualquier otro
elemento que permitiera individualizar la actuación penal y verificar las
condiciones actuales de la alegada restricción de la libertad.

55. Cabe resaltar que el juez de primera instancia desplegó distintas actuaciones
oficiosas encaminadas a esclarecer los hechos y ubicar el eventual proceso penal,
para lo cual requirió inicialmente a las autoridades señaladas en la solicitud y
vinculó a las dependencias judiciales que, de acuerdo con la información obtenida
durante el trámite, podían tener conocimiento de una actuación relacionada con
Alexander Ocampo Arango.

56. Alrespecto, el Juzgado Penal Municipal de Restrepo informó que no se
encontraba en turno para ejercer funciones de control de garantías al momento de
los hechos y que esa función correspondía al Juzgado Promiscuo Municipal de
Guacarí; además advirtió que, una vez consultado el sistema de información de
gestión judicial, no encontró solicitudes ni escrito de acusación relacionado con
Alexander Ocampo Arango y, señaló que tampoco había intervenido en las
audiencias concentradas ni conocido del proceso penal.

57. Los Centros de Servicios Judiciales competentes en el Distrito Judicial de Buga,
al cual corresponde territorialmente el municipio de Restrepo, tampoco ubicaron la
actuación.

58. El Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio informó que no
encontró registro relacionado con Alexander Ocampo Arango, ni solicitudes de
libertad, revocatoria o sustitución de medida de aseguramiento, escrito de

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Radicación: 68001-23-33-000-2026-00571-01
Demandante: Carlos Hernán Ocampo Arango actuando en calidad de agente oficioso
de Alexander Ocampo Arango

acusación u otra actuación judicial asociada a su nombre en los sistemas de
reparto administrados por esa dependencia. Explicó que su relación con el
Juzgado Penal Municipal de Restrepo se limita a la coordinación de turnos de
control de garantías, sin que administre o custodie sus expedientes.

59. El Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales del Circuito
Especializados con Funciones de Conocimiento de Guadalajara de Buga revisó
sus libros índices y radicadores y tampoco encontró proceso penal, actuación
judicial o registro alguno relacionado con Alexander Ocampo Arango. Precisó que
no tiene asignada la función de reparto, pues esta corresponde al Centro de
Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio.

60. El Despacho destaca que las actuaciones realizadas por el a quo se llevaron a
cabo respecto de las dependencias judiciales relacionadas territorial y
funcionalmente con el lugar en el que, según el propio agente oficioso, ocurrieron
los hechos.

61. Incluso, una vez se informó que el Juzgado Penal Municipal de Restrepo no
estaba de turno para control de garantías y que esa función correspondía al
Juzgado Promiscuo Municipal de Guacarí, este último fue vinculado al trámite; no
obstante, no rindió informe y, a pesar de ello, se advierte que las autoridades
judiciales y los centros de servicios consultaron los sistemas de información,
bases de datos y registros de reparto de la Rama Judicial sin encontrar actuación
alguna relacionada con Alexander Ocampo Arango.

62. Lo anterior cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que el propio agente
oficioso no suministró la información necesaria para esclarecer la situación, a
pesar de que el a quo lo requirió expresamente para que indicara el lugar donde
se encontraba Alexander Ocampo Arango, la fecha y lugar de la captura, la
autoridad que la practicó, la fiscalía o juzgado que conocía del asunto, el número
de radicado o noticia criminal y aportara cualquier acta, boleta, citación, fotografía
o documento relacionado y, aunque el requerimiento fue reiterado y se intentó
comunicación telefónica, no se obtuvo respuesta ni información adicional.

63. A ello se suma que el agente oficioso en la impugnación se limitó a señalar que
su hermano permanece privado de la libertad desde el 25 de abril de 2026, pero
no aportó elementos que permitieran superar las falencias evidenciadas por el a
quo.

64. Además, el impugnante tampoco explicó por qué resultaba equivocada la
conclusión del a quo según la cual no fue posible establecer el lugar de reclusión
de Alexander Ocampo Arango, la autoridad que ejerce su custodia, el radicado de
la actuación penal o la decisión judicial que sustenta la alegada restricción de la
libertad.

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Radicación: 68001-23-33-000-2026-00571-01
Demandante: Carlos Hernán Ocampo Arango actuando en calidad de agente oficioso
de Alexander Ocampo Arango

65. Si bien el impugnante invocó los artículos 6.º del Decreto Ley 2591 de 1991, 93
y 209 de la Constitución Política, no explicó de qué manera tales disposiciones
desvirtuaban los fundamentos de la providencia recurrida. En particular, hizo
referencia a una norma que regula las causales de improcedencia de la acción de
tutela, así como a disposiciones constitucionales relacionadas con la prevalencia
en el orden interno de determinados tratados internacionales sobre derechos
humanos y con los principios que orientan la función administrativa, sin señalar su
relación con los presupuestos de procedencia del habeas corpus, ni con la
imposibilidad de acreditar la privación de la libertad alegada.

66. Por lo tanto, el impugnante no controvirtió los informes de las autoridades que
rindieron el informe respecto de la solicitud de habeas corpus y las conclusiones a
las cuales llegó el a quo, ni aportó información que permitiera desvirtuar las
respuestas según las cuales no se ubicaron registros de actuaciones judiciales
asociadas a Alexander Ocampo Arango. Lo que hizo fue reiterar los argumentos
expuestos en la solicitud inicial, relacionados con el tiempo de privación de la
libertad, la calificación de la conducta como tenencia y no como porte de arma de
fuego y la procedencia de la libertad o de la detención domiciliaria.

67. Así las cosas, los argumentos de la impugnación no desvirtúan la razón
principal de la decisión recurrida, esto es, la imposibilidad de acreditar, con la
información recaudada, una privación actual de la libertad atribuible a una
autoridad determinada y, consecuentemente, de verificar que aquella sea ilegal o
se haya prolongado ilícitamente.

68. La sola afirmación de la existencia de una privación de la libertad no permite al
juez constitucional determinar quién la ordenó, dónde se ejecuta, bajo qué
actuación penal se mantiene o cuál es la decisión judicial que la sustenta,
especialmente cuando las actuaciones realizadas ante las autoridades que podían
razonablemente tener conocimiento del asunto no permitieron ubicarla.

69. Por lo anterior, de la valoración conjunta de las respuestas de las autoridades,
las consultas realizadas en los sistemas de información de la Rama Judicial y la
falta de información complementaria por parte del agente oficioso confirma lo
considerado por el Tribunal Administrativo de Santander, en cuanto no fue posible
establecer el presupuesto fáctico indispensable relacionado con una privación
actual de la libertad de Alexander Ocampo Arango, por lo que no es posible
verificar si la eventual restricción se produjo con desconocimiento de las garantías
constitucionales o legales o si se ha prolongado ilícitamente.

70. Aunque el 18 de agosto de 202620 se allegó al expediente de segunda
instancia copia del fallo de 17 de ese mismo mes y año proferido por el Juzgado
Segundo Laboral de Santa Marta, proveído que en su parte motiva hace referencia
a un informe rendido por la Estación de Policía de Restrepo - Valle del Cauca en el

20
Índice 4 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. Expediente de segunda instancia.

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Demandante: Carlos Hernán Ocampo Arango actuando en calidad de agente oficioso
de Alexander Ocampo Arango

que se indica sobre una noticia criminal relacionada con los hechos expuestos en
el presente mecanismo constitucional -documento que no obra en este expediente
y que tampoco fue aportado por el agente oficioso-; dicha información, por sí sola,
no permite evidenciar el estado actual del proceso penal, las decisiones que se
hayan proferido en este, ni las peticiones de libertad que eventualmente se hayan
presentado.

71. Adicionalmente, las solicitudes del habeas corpus relativas a que se modifique
la calificación de la conducta de porte a tenencia de arma de fuego, se facilite un
preacuerdo, se conceda detención domiciliaria o se revoque una medida de
aseguramiento, son asuntos que deben ser resueltos por la fiscalía o el juez
natural de la causa, según corresponda, y que no pueden ser definidos por el juez
de habeas corpus en sustitución de las autoridades ordinarias, como
acertadamente lo consideró el a quo.

72. En ese sentido, se resalta que el habeas corpus “[…] no es un mecanismo
alternativo, supletorio o sustitutivo para debatir los extremos que son
propios al trámite de los procesos en que se investigan y juzgan conductas
punibles, sino que, por el contrario, se trata de una acción excepcional de
protección de la libertad y de los eventuales derechos fundamentales que
por conducto de su afectación puedan llegar a vulnerarse, como la vida, la
integridad personal y el no ser sometido a desaparecimiento, o a tratos crueles y
torturas […]” (negrilla fuera del texto).

73. La Corte Constitucional al analizar los supuestos de aplicación de la libertad a
través de la acción de habeas corpus en la sentencia C-187 de 2006, por medio
de la cual se revisó el proyecto de ley estatutaria 284/05 Senado y 229/04 Cámara
“[…] mediante el cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política […]”,
precisó:

“[…] Se trata de hipótesis amplias y genéricas que hacen posible la
protección del derecho a la libertad personal frente a una variedad
impredecible de hechos. La lectura conjunta de los artículos 28 y 30 de la
Carta Política, pone de manifiesto la reserva legal y judicial para autorizar la
privación de la libertad de la persona, más aún si se considera que ésta
constituye un presupuesto para el ejercicio de otras libertades y derechos.

Como hipótesis en las cuales la persona es privada de la libertad con
violación de las garantías constitucionales o legales, se pueden citar los
casos en los cuales una autoridad priva de la libertad a una persona en
lugar diferente al sitio destinado de manera oficial para la detención de
personas21, o lo hace sin mandamiento escrito de autoridad judicial

21 En el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año de 1979 sobre el caso
Argentino, esta Comisión recomendó que “[…] para evitar que se produzcan nuevos casos de desaparición,
crear un registro central de detenidos que permita a los familiares de éstos y a otros interesados conocer, en
breve plazo, las detenciones practicadas; ordenar que éstas detenciones sean llevadas a cabo por agentes
debidamente identificados e impartir instrucciones a fin de que los detenidos sean trasladados sin demora a
lugares específicamente destinados al objeto […]”.

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Demandante: Carlos Hernán Ocampo Arango actuando en calidad de agente oficioso
de Alexander Ocampo Arango

competente, o lo realiza sin el cumplimiento de las formalidades
previstas en la ley, o por un motivo que no esté definido en ésta.

También se presenta la hipótesis de que sea la propia autoridad judicial,
la que, al disponer sobre la privación de la libertad de una persona, lo
haga sin las formalidades legales o por un motivo no definido en la ley.

En cuanto a la prolongación ilegal de la privación de la libertad también
pueden considerarse diversas hipótesis, como aquella en la cual se
detiene en flagrancia a una persona (C. Pol. art. 32) y no se le pone a
disposición de la autoridad judicial competente dentro de las 36 horas
siguientes; también puede ocurrir que la autoridad pública mantenga privada
de la libertad a una persona después de que se ha ordenado legalmente por
la autoridad judicial que le sea concedida la libertad. Otra hipótesis puede ser
aquella en la cual, las detenciones legales pueden volverse ilegales, como
cuando la propia autoridad judicial prolonga la detención por un lapso superior
al permitido por la Constitución y la ley, u omite resolver dentro de los
términos legales la solicitud de libertad provisional presentada por quien tiene
derecho […]” (negrilla fuera del texto).

74. En tal virtud, el juez constitucional que conoce del habeas corpus no puede
reemplazar a la autoridad competente en tanto es ella a la que le corresponde
realizar los pronunciamientos sobre la definición de la situación jurídica y demás
peticiones relacionadas con el sindicado, teniendo en cuenta que tal instrumento
constitucional de protección de derechos no sustituye los mecanismos ordinarios
previstos en el ordenamiento jurídico. Actuar en contrario conduciría al
desconocimiento del principio del juez o autoridad natural, a quebrantar la
seguridad jurídica y desvirtuar la naturaleza de esta acción constitucional.

75. El juez constitucional no puede actuar como instancia alternativa, supletoria o
sustitutiva de las autoridades ordinarias, en tanto que su ámbito de intervención se
limita a verificar la existencia de una privación ilegal de la libertad o su
prolongación indebida, sin desplazar la competencia funcional de la autoridad
llamada a decidir dentro del respectivo trámite22.

76. Con base en los argumentos expresados en precedencia, se confirmará la
providencia de 16 de agosto de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, que negó la solicitud de habeas corpus.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Sala Unitaria, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

22 Ha sido reiterada la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que la

petición que tenga relación directa con el respectivo proceso no debe realizarse mediante el mecanismo
constitucional de habeas corpus. Sin embargo, de manera excepcional, se ha considerado que la acción
puede ser ejercida para solicitar la libertad, aun si ésta fue restringida con ocasión del proceso penal, y ello es
posible cuando el mecanismo ordinario resulta inane. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal.
Rad.: 26503. Sentencia de 27 de noviembre de 2006.

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de Alexander Ocampo Arango

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia de 16 de agosto de 2026 proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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