Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-33-33-000-2017-00400-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-33-33-000-2017-00400-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-33-33-000-2017-00400-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá D.C., nueve (09) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 68001-33-33-000-2017-00400-01 (0372-2023)
Demandante: Isabel Martínez Hernández
Demandado: Nación (Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General
de Sanidad Militar)
Tema: Asignación básica de los empleados públicos de la Dirección
General de Sanidad Militar. Régimen salarial aplicable a los
servidores incorporados a la planta global del Ministerio de
Defensa Nacional.
Decisión: Se confirma la sentencia apelada toda vez que la
demandante, al ser incorporada a la planta global de
personal del Ministerio de Defensa Nacional en desarrollo de
la Ley 1033 de 2006 y los Decretos Ley 91 y 92 de 2007,
quedó sometida al régimen salarial previsto para los
empleados civiles no uniformados del sector defensa.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de primera instancia del 26 de mayo de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander.
I. ANTECEDENTES
Demanda1
1. La demandante, en ejercicio del medio de control de la referencia, solicitó
que se declare la nulidad del Oficio 419675 MDN-CGFM-DGSM-DAL-11.0 del 12
de septiembre de 2016 expedido por la Dirección General de Sanidad Militar,
mediante el cual se negó su solicitud de reconocimiento y pago de diferencias
salariales.
2. Como restablecimiento del derecho, pidió que se ordene el reconocimiento
y pago de las diferencias entre la asignación básica efectivamente percibida y la
que, en su criterio, correspondía de conformidad con el régimen salarial aplicable
a los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional. Asimismo,
1 Páginas 347-378 del documento PDF «Expediente digitalizado (1).pdf» que obra en la carpeta
«ED_680012333000201700.zip», visible en el índice 2 de SAMAI del Consejo de Estado.
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Demandante: Isabel Martínez Hernández
solicitó la reliquidación de las prestaciones sociales derivadas de dicha
asignación, el pago de los valores dejados de percibir debidamente actualizados,
el cumplimiento de la sentencia en los términos legales y la condena en costas.
3. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, señaló que la
reorganización del sistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional produjo la incorporación de personal civil a la Dirección General de
Sanidad Militar, proceso regulado, entre otras disposiciones, por los Decretos
1301 de 1994 y 3062 de 1997. Indicó que dichas normas garantizaron la
conservación de los derechos salariales y prestacionales del personal
incorporado.
4. Manifestó que pese a desempeñar funciones equivalentes a las
desarrolladas por empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional,
la entidad continuó aplicándole el régimen salarial previsto para el personal civil
del Ministerio de Defensa Nacional. Sostuvo que esta situación generó una
diferencia entre la asignación básica reconocida y la que, a su juicio, debió
percibir conforme a los decretos salariales expedidos anualmente para los
empleados de la Rama Ejecutiva.
5. Expuso que el 12 de julio de 2016 presentó petición escrita ante la
Dirección General de Sanidad Militar para obtener el reconocimiento y pago de
las diferencias salariales reclamadas. Señaló que dicha petición fue resuelta de
manera desfavorable mediante el Oficio No. 419675 MDN-CGFM-DGSM-DAL-
11.0 del 12 de septiembre de 2016.
6. Finalmente mencionó que prestó servicios a la entidad desde el 1 de junio
de 1996 en la ciudad de Bucaramanga. Alegó que el acto acusado vulneró, entre
otras disposiciones, los artículos 13 y 53 de la Constitución Política, así como las
normas que regulan el régimen salarial y prestacional aplicable al personal
incorporado a la Dirección General de Sanidad Militar.
Contestación de la demanda2
7. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones de
la demanda argumentando que el Oficio 419675 MDN-CGFM-DGSM-DAL-11.0
del 12 de septiembre de 2016 fue expedido con observancia del ordenamiento
jurídico y conserva la presunción de legalidad.
8. En efecto, señaló que la demandante estuvo vinculada a distintas
entidades del sector defensa desde el 30 de marzo de 1996 y que, a partir de la
expedición del Decreto 3062 de 1997 y de su incorporación a la planta de
personal de la Dirección General de Sanidad Militar, continuó sometida al
régimen especial previsto para el personal civil del Ministerio de Defensa
Nacional.
2 Páginas 25-51 del documento PDF «Expediente Digitalizado (2).pdf», Ibidem.
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Demandante: Isabel Martínez Hernández
9. Indicó que el régimen jurídico aplicable a los servidores vinculados al
Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional fue definido
por la Ley 100 de 1993, la Ley 352 de 1997, el Decreto 1301 de 1994 y el Decreto
3062 de 1997. Precisó además que estas disposiciones establecieron
expresamente que los empleados públicos y trabajadores oficiales incorporados
a las plantas de personal del sector conservarían el régimen salarial y
prestacional previsto para el personal civil del Ministerio de Defensa Nacional y
de la Policía Nacional, según el caso.
10. Sostuvo que el Decreto 3062 de 1997 dispuso que a los empleados
públicos incorporados a la planta de personal de salud del Ministerio de Defensa
Nacional les continuaría siendo aplicable el régimen salarial previsto en el
Decreto 1214 de 1990, sin que existiera disposición que autorizara la aplicación
del régimen salarial previsto para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva
del orden nacional.
11. Manifestó que posteriormente el Decreto 1792 de 2000 adoptó el sistema
de nomenclatura y clasificación de empleos para las entidades del sector
defensa, conservando la estructura propia de dicho régimen especial. Explicó que
el cargo desempeñado por la demandante, denominado Auxiliar para Apoyo de
Seguridad y Defensa código 6-1, correspondía a la nomenclatura establecida
para el personal civil del Ministerio de Defensa Nacional y no a la prevista para
los empleados de la Rama Ejecutiva.
12. Afirmó que el Gobierno Nacional fijó anualmente las escalas salariales
aplicables al personal civil del Ministerio de Defensa mediante decretos
especiales, entre ellos el Decreto 4783 de 2008, razón por la cual la asignación
básica reconocida a la demandante correspondió al régimen legalmente aplicable
a su empleo. Agregó que no existía fundamento normativo para reconocer
diferencias salariales con base en las escalas previstas para los empleados de
la Rama Ejecutiva del orden nacional.
13. Señaló que las prestaciones sociales de la actora fueron liquidadas y
pagadas conforme al régimen especial que regulaba su vinculación, por lo que
tampoco procedía la reliquidación de prestaciones, cesantías y demás
emolumentos con fundamento en una asignación básica diferente a la legalmente
reconocida.
14. Por último, sostuvo que la situación jurídica de la demandante no podía
analizarse a la luz de las normas generales aplicables a los empleados públicos
de la Rama Ejecutiva, debido a que el legislador y el Gobierno nacional
establecieron un régimen especial para el personal civil vinculado al Sistema de
Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
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Sentencia apelada3
15. Mediante sentencia del 26 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo de
Santander negó las pretensiones de la demanda.
16. Como fundamento de su decisión, el a quo realizó un recuento de la
evolución normativa aplicable al personal civil vinculado al sistema de salud de
las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Expuso que el régimen salarial de
dicho personal había variado a partir de la expedición del Decreto 1301 de 1994,
la Ley 352 de 1997, el Decreto 3062 de 1997, la Ley 1033 de 2006 y los Decretos
Ley 91 y 92 de 2007, normas que modificaron la estructura administrativa, la
nomenclatura de empleos y el régimen de administración de personal del sector
defensa.
17. El Tribunal destacó que la sentencia de unificación SUJ-019-CE-S2-19 del
Consejo de Estado definió las reglas aplicables al régimen salarial de los
empleados públicos incorporados a la planta de personal de la Dirección General
de Sanidad Militar. Señaló que dicha providencia estableció que, una vez
producida la incorporación de los servidores a la nueva planta de personal creada
en desarrollo de la Ley 1033 de 2006 y de los Decretos Ley 91 y 92 de 2007,
estos debían percibir la asignación básica fijada por el Gobierno Nacional para
los empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional.
18. Así, encontró acreditado que la demandante se vinculó inicialmente al
sistema de salud de las Fuerzas Militares en 1996 y que posteriormente fue
incorporada a la planta de personal del Ministerio de Defensa Nacional, ocupando
desde el 27 de octubre de 2009 el cargo de Auxiliar para Apoyo de Seguridad y
Defensa, código 6-1, grado 26.
19. Concluyó que a partir de dicha incorporación la asignación básica de la
demandante debía corresponder a la fijada por el Gobierno nacional para los
empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional, conforme
a la nomenclatura y clasificación especial prevista para el sector defensa.
20. Precisó que hasta la fecha de incorporación conservó el derecho a percibir
la remuneración correspondiente al régimen salarial aplicable a los empleos de
la Rama Ejecutiva del orden nacional; sin embargo, una vez posesionada en el
cargo equivalente de la nueva planta de personal, quedó sometida al régimen
salarial especial de los empleados civiles no uniformados del Ministerio de
Defensa Nacional.
21. En consecuencia, determinó que la demandante no tenía derecho al
reconocimiento de diferencias salariales con fundamento en las escalas fijadas
para los empleados de la Rama Ejecutiva del orden nacional, por cuanto la
asignación básica que venía percibiendo correspondía a la prevista para los
3 Índice 34 de SAMAI del Tribunal.
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empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional, régimen
que consideró plenamente aplicable a su situación jurídica.
Recurso de apelación4
22. La parte demandante interpuso recurso de apelación solicitando revocar
la sentencia de primer grado y, en su lugar, acceder a las pretensiones
formuladas en el libelo introductorio.
23. Sustentó la alzada indicando que, aunque el fallo realizó un estudio
detallado de la normativa aplicable al régimen salarial del personal civil vinculado
a la Dirección General de Sanidad Militar, arribó a conclusiones contrarias al
marco normativo y jurisprudencial que, en su criterio, gobierna la situación
jurídica de la demandante.
24. Afirmó que el Tribunal desconoció que el artículo 88 del Decreto 1301 de
1994 estableció una prohibición expresa para aplicar al personal que presta sus
servicios en el área de salud del Ministerio de Defensa Nacional el régimen
salarial previsto para el restante personal civil de dicha entidad. Señaló que esa
prohibición fue mantenida por la Ley 352 de 1997 y el Decreto 3062 de 1997,
normas que, a su juicio, consagraron para dicho personal el régimen salarial
aplicable a los servidores de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden
nacional.
25. Manifestó que la sentencia apelada omitió valorar adecuadamente la
jurisprudencia del Consejo de Estado que había reconocido la aplicación del
régimen salarial de la Rama Ejecutiva a servidores vinculados a la Dirección
General de Sanidad Militar con posterioridad a la expedición de la Ley 352 de
1997. En ese sentido, citó varias providencias de esta Sección5 en las que, según
indicó, se reconoció que el personal adscrito al sector salud de las Fuerzas
Militares se encontraba sometido al régimen salarial previsto para los servidores
públicos del orden nacional y no al régimen salarial del personal civil del Ministerio
de Defensa Nacional.
26. Sostuvo que tales precedentes resultaban aplicables a su caso, pues
demostraban que los servidores vinculados a la planta de personal de salud del
Ministerio de Defensa Nacional continuaban cobijados por el régimen salarial
derivado de la Ley 352 de 1997 y del Decreto 3062 de 1997.
27. En último lugar, reiteró que la entidad demandada incurrió en violación de
norma superior y en falsa motivación al liquidar y pagar la asignación básica de
la demandante con fundamento en los decretos salariales expedidos para el
personal civil del Ministerio de Defensa Nacional. Por tal razón, insistió en que
tiene derecho al reconocimiento y pago de la asignación básica correspondiente
4 Índice 37 ibidem.
5 Véase: Rads. 25000-23-42-000-2012 00390-01 (3469-2013), 25000-23-42 000-2012-00648-01 (3118-
2013), 25000-23-42-000-2012-00437-01 (2417-2015), 25000 23-42-000-2012-00904-01 (4903-2015).
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a los empleados de la Rama Ejecutiva del orden nacional, así como a las
diferencias salariales y prestacionales derivadas de dicha situación.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
28. Mediante auto del 15 de junio de 20236 se admitió el recurso de apelación
y se le advirtió a la parte demandada que tenía hasta la ejecutoria de dicha
providencia para pronunciarse. Igualmente, se le informó al Ministerio Público
que disponía hasta antes de que el expediente ingresara al despacho para fallo
para emitir concepto.
29. La parte demandada7 solicitó confirmar la sentencia de primera instancia.
Sostuvo que la demandante no tenía derecho a la reliquidación de su asignación
básica con fundamento en las escalas salariales de los empleados de la Rama
Ejecutiva del orden nacional, pues, a partir de la Ley 1033 de 2006, el régimen
salarial aplicable al personal civil no uniformado de la Dirección General de
Sanidad Militar pasó a ser el fijado para los empleados civiles del Ministerio de
Defensa Nacional.
30. Señaló que el Tribunal aplicó correctamente las reglas fijadas por la
sentencia de unificación SUJ-019-CE-S2-19 del Consejo de Estado, según las
cuales, una vez producida la incorporación de los servidores a la planta global
del Ministerio de Defensa Nacional en desarrollo de la Ley 1033 de 2006 y de los
Decretos 91, 92 y 93 de 2007, la asignación básica debía corresponder a la
prevista para los empleados civiles no uniformados del sector defensa.
31. Manifestó que la actora fue incorporada a la planta global de personal de
la Dirección General de Sanidad Militar mediante Resolución 1377 del 14 de
octubre de 2009 y tomó posesión del cargo de auxiliar para el apoyo de seguridad
y defensa el 27 de octubre de ese año. Por tanto, desde esa fecha quedó
sometida al régimen salarial especial aplicable a los empleados civiles no
uniformados del Ministerio de Defensa Nacional.
32. El Ministerio Público guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
33. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por
los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
6 Índice 4 de SAMAI del Consejo de Estado.
7 Índice 10 ibidem.
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Demandante: Isabel Martínez Hernández
Problema jurídico
34. De conformidad con los reparos concretos contenidos en el recurso de
apelación, corresponde a la Sala determinar si la demandante conservó el
derecho a percibir la asignación básica prevista para los empleados de la Rama
Ejecutiva del orden nacional pese a haber sido incorporada a la planta global de
personal del Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General de Sanidad
Militar mediante la Resolución 1377 del 14 de octubre de 2009 y haber tomado
posesión del cargo de auxiliar para el apoyo de seguridad y defensa el 27 de
octubre de ese mismo año; o si, por el contrario, a partir de dicha incorporación
quedó sometida al régimen salarial previsto para los empleados civiles no
uniformados del sector defensa.
Análisis del problema jurídico
35. La Sala anuncia que desestimará los reparos de apelación por cuanto en
la sentencia de unificación jurisprudencial del 12 de diciembre de 20198 se
precisó que los servidores incorporados a la planta global de personal del
Ministerio de Defensa Nacional en desarrollo de la Ley 1033 de 2006 y de los
Decretos Ley 91 y 92 de 2007 quedan sometidos a la escala salarial fijada para
los empleados civiles no uniformados del sector defensa, de manera que cesa la
aplicación del régimen salarial previsto en el numeral 6 del artículo 3 del Decreto
3062 de 1997.
36. La Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la mencionada
sentencia de unificación estudió el régimen salarial aplicable a los empleados
públicos vinculados al Sistema de Salud de las Fuerzas Militares que, como
consecuencia de las reformas introducidas por la Ley 1033 de 2006 y los
Decretos Ley 91 y 92 de 2007, fueron incorporados a la planta global de personal
del Ministerio de Defensa Nacional.
37. En esa oportunidad, la Sala Plena explicó que el régimen previsto en el
Decreto 3062 de 1997 garantizó que los empleados públicos incorporados a la
planta de salud del Ministerio de Defensa Nacional conservarán la asignación
básica correspondiente a los empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público
del orden nacional. Sin embargo, precisó que esa garantía debía entenderse
dentro del contexto normativo vigente hasta la expedición de la Ley 1033 de 2006
y de las disposiciones que desarrollaron la nueva organización del personal civil
del sector defensa.
38. En efecto, la Ley 1033 de 2006 facultó al Gobierno Nacional para modificar
la estructura administrativa y el régimen de administración de personal del
Ministerio de Defensa Nacional, atribución que se concretó mediante los
Decretos Ley 91 y 92 de 2007, los cuales establecieron una nueva planta global
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de unificación del 12 de diciembre de 2019,
rad. 25000-23-42-000-2016-04235-01(0901-18) SUJ-019-CE-S2-19, C.P. César Palomino Cortés.
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Demandante: Isabel Martínez Hernández
de personal y un sistema especial de nomenclatura y clasificación de empleos
para los servidores civiles o no uniformado del sector defensa.
39. A partir de esa transformación institucional, la Sala Plena concluyó que los
servidores incorporados a los cargos equivalentes de la nueva planta dejaron de
regirse por la escala salarial de la Rama Ejecutiva y pasaron a devengar la
asignación básica fijada por el Gobierno nacional para los empleados civiles no
uniformados del Ministerio de Defensa Nacional.
40. Con fundamento en ese análisis, la sentencia de unificación fijó como regla
de decisión que la incorporación del servidor a la planta global creada en
desarrollo de la Ley 1033 de 2006 constituye el hecho jurídico determinante para
establecer el régimen salarial aplicable, de manera que, a partir de ese momento,
la remuneración corresponde a la prevista para los empleados civiles no
uniformados del sector defensa y no a la de los empleados de la Rama Ejecutiva
del Poder Público del orden nacional.
41. En el presente asunto se encuentra acreditado que la demandante
ingresó a prestar sus servicios al Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y
que, con ocasión de la reorganización prevista en la Ley 352 de 1997, fue
incorporada a la planta de personal de la Dirección General de Sanidad Militar
del Ministerio de Defensa Nacional. En esa condición, durante la vigencia del
Decreto 3062 de 1997, le resultó aplicable el régimen allí previsto para los
empleados públicos incorporados al sistema de salud, circunstancia que no es
objeto de controversia entre las partes.
42. No obstante, también está demostrado que, en desarrollo de la
reorganización administrativa dispuesta por la Ley 1033 de 2006 y los Decretos
Ley 91 y 92 de 2007, la actora fue incorporada mediante Resolución 1377 del 14
de octubre de 2009 al cargo de auxiliar para el apoyo de seguridad y defensa,
código 6-1, grado 26, y tomó posesión del empleo el 27 de octubre de 2009,
pasando a integrar la planta global de personal del Ministerio de Defensa
Nacional – Dirección General de Sanidad Militar.
43. En efecto, la mencionada sentencia de unificación SUJ-019-CE-S2-19
precisó que la incorporación a la nueva planta global de personal modificó el
régimen salarial aplicable a quienes ocupaban los cargos equivalentes creados
en virtud de la reforma administrativa. En consecuencia, a partir de esa
incorporación la asignación básica dejó de corresponder a la prevista para los
empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional y pasó a
ser la fijada por el Gobierno Nacional para los empleados civiles no uniformados
del Ministerio de Defensa Nacional.
44. Precisamente, la situación de la demandante se enmarca en el supuesto
fáctico analizado por la sentencia de unificación. No se trata de una servidora que
permaneciera vinculada exclusivamente bajo el régimen establecido por la Ley
352 de 1997 y el Decreto 3062 de 1997, sino de una empleada pública que fue
incorporada a la nueva planta global creada en desarrollo de la Ley 1033 de 2006,
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razón por la cual su situación jurídica quedó gobernada por las reglas fijadas para
esa nueva estructura de personal.
45. Los argumentos expuestos en el recurso de apelación no desvirtúan esa
conclusión. Aunque la recurrente sostiene que el numeral 6 del artículo 3 del
Decreto 3062 de 1997 conservó plena vigencia y que, por esa razón, continuó
amparada por el régimen salarial de los empleados de la Rama Ejecutiva, esa
interpretación fue expresamente analizada y descartada por la sentencia de
unificación, la cual precisó que la incorporación a la planta global constituye el
hito normativo que determina la aplicación del régimen salarial de los empleados
civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional.
46. En ese orden, esta Sala concluye que, desde el 27 de octubre de 2009,
fecha en que la demandante tomó posesión del cargo de auxiliar para el apoyo
de seguridad y defensa dentro de la planta global del Ministerio de Defensa
Nacional, la asignación básica que debía percibir era la correspondiente a los
empleados civiles no uniformados del sector defensa.
47. En consecuencia, la entidad demandada actuó conforme al ordenamiento
jurídico al negar el reconocimiento de las diferencias salariales reclamadas con
fundamento en las escalas aplicables a los empleados de la Rama Ejecutiva del
Poder Público del orden nacional.
48. En ese contexto la Sala comparte el análisis efectuado por el Tribunal
Administrativo de Santander pues la situación jurídica de la demandante se
enmarca en el supuesto de hecho definido por la sentencia de unificación SUJ-
019-CE-S2-19, razón por la cual no le asistía el derecho a percibir la asignación
básica prevista para los empleados de la Rama Ejecutiva del orden nacional con
posterioridad a su incorporación en 2009 a la planta global del Ministerio de
Defensa Nacional.
49. Por consiguiente, como la sentencia apelada aplicó correctamente el
criterio jurisprudencial unificado de esta Corporación, se confirmará la decisión
de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
Condena en costas
50. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
51. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
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Demandante: Isabel Martínez Hernández
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
52. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
53. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante en segunda
instancia, por cuanto se niegan los reparos en el recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado sustanciador de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de
Santander.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 26 de mayo de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander.
SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandante en segunda instancia.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en
derecho serán fijadas por el magistrado sustanciador de la primera y las
expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de
Santander.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 10
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 68001-33-33-000-2017-00400-01 (0372-2023)
Demandante: Isabel Martínez Hernández
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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Bogotá D.C. – Colombia
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