Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-33-33-000-2017-01075-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-33-33-000-2017-01075-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-33-33-000-2017-01075-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
18 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-33-33-000-2017-01075-01 (0385-2023)
Demandante: Rocío Jaimes Durán
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Dirección General de Sanidad
Militar
Tema: Reajuste salarial.
Sentencia de segunda instancia
__________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 26 de mayo de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Santander que negó las pretensiones de la demanda.
I. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Pretensiones
1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso - Administrativo1, Rocío Jaimes Durán solicitó que (i) se declarara que
el régimen salarial del personal de la Dirección General de Sanidad del Ministerio
de Defensa era el previsto en el numeral 6 del artículo 3 del Decreto 3062 de 1997,
esto es el que rige para los empleos de la Rama Ejecutiva del orden nacional; y (ii)
se anulara el Oficio 422938 MDN-CGFM-DGSM-GAL.1.10 del 10 de noviembre de
2016 expedido por la Dirección General de Sanidad Militar, mediante el cual se negó
el reconocimiento y pago de la asignación básica conforme con lo previsto en la Ley
1 En adelante CPACA.
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Radicado: 68001-33-33-000-2017-01075-01 (0385-2023)
Demandante: Rocío Jaimes Durán
352 y el Decreto 3062 de 1997.
2. A título de restablecimiento del derecho pidió que se condenara a la entidad
demandada a (i) reconocer, pagar y liquidar la asignación de conformidad con lo
señalado en el numeral 6 del artículo 3 del Decreto 3062 de 1997, «esto es, aplicando
las asignaciones básicas aplicables para los empleados de la Rama Ejecutiva del Orden
Nacional, fijado según los decretos anualmente expedidos [...], recalcando particularmente
que se ubican en el NIVEL ASESOR de conformidad con lo previsto en el MANUAL
GENERAL DE FUNCIONES DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE 2010 contenido en la
resolución 0598 de 14 de mayo de 2010», hasta el momento en que se hiciera el pago
y a futuro, mientras la relación laboral existiera; y (ii) reliquidar las prestaciones
sociales, con fundamento en los nuevos valores de la asignación básica, así como
cualquier otro factor que dependiera de la asignación básica.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. En la demanda se narraron los siguientes hechos:
3.1. Ha prestado sus servicios desde el 1 de octubre de 1994. El 27 de octubre de
2009 se posesionó en la Dirección General de Sanidad Militar como servidor
misional en sanidad militar código 2-2 grado 14 de la planta global del Ministerio de
Defensa.
3.2. Se le ha pagado «de manera errónea» la asignación de acuerdo con los decretos
aplicables para el personal civil, cuyo valor era distinto del que se aplicaba a la
Rama Ejecutiva del orden nacional; especialmente, porque se ubica en el nivel
asesor, de conformidad con el manual general de funciones de empleados públicos
contenido en la Resolución 0598 del 14 de mayo de 2010, «en donde claramente se
equipara en idénticos términos el código 2-2 [...] al NIVEL JERÁRQUICO ASESOR».
3.3. El 5 de septiembre de 2016 solicitó al Ministerio de Defensa, Comando General,
Dirección de Sanidad de las Fuerzas Militares que se reajustara la asignación básica
en el nivel asesor, en los términos previstos para el personal de la Rama Ejecutiva.
No obstante, a través del acto acusado se negó la petición.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. En el concepto de violación, se expuso lo siguiente:
5. Para el año 1975 fue organizado el sistema nacional de salud y se previó de
manera independiente el de las fuerzas militares, para lo cual se crearon distintas
direcciones de sanidad que dependían del comando de cada una.
6. Con el Decreto 1214 de 1990, se estableció el estatuto y régimen prestacional
civil del Ministerio de Defensa y Policía Nacional. Con este, los empleados públicos
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Demandante: Rocío Jaimes Durán
del área de sanidad eran beneficiarios de «las pautas» salariales y prestacionales
del sector central, en razón a que no existía disposición normativa que previera una
estructura del sistema de salud diferente de la de pertenecer directamente a dicha
entidad.
7. Con el Decreto 1301 de 1994 se creó el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares
como un establecimiento público descentralizado y, conforme con esta norma, no
eran aplicables las disposiciones salariales previstas en el Decreto 1214 de 1990;
sin embargo, en el artículo 88 se estableció una excepción específica respecto del
personal vinculado a esta nueva entidad.
8. Posteriormente, fue expedida la Ley 352 de 1997 que ordenó liquidar el
mencionado instituto y, en su lugar, se creó la Dirección General de Sanidad como
una dependencia del Comando General del Ministerio de Defensa, es decir, se
dispuso el retorno de este personal al sector central. Los asuntos salariales de los
empleados incorporados a dicha dirección fueron regulados por los artículos 53, 54
y 56 ibidem y con el Decreto 3062 de 1997 se fijaron las garantías mínimas para los
empleados que «sufrirían la transformación del ente».
9. A las personas vinculadas a la Dirección General de Sanidad no se les ha
reconocido su asignación básica pese a existir norma específica que la reguló. Esta
se ha pagado «con fundamento en los decretos aplicables para el personal civil del
ministerio de defensa, cuando por expresa disposición legal [debían] ser remunerados con
fundamento en los decretos expedidos por el gobierno y aplicables para la Rama Ejecutiva
del Orden Nacional».
10. Con el Decreto 1792 de 2000 se dispuso un sistema de planta global a efectos
de proveer los cargos dentro de las distintas entidades y dependencias del sector
defensa. No obstante, este solo se materializó a través del Decreto 092 de 2007, el
cual determinó el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos públicos
de las entidades que integraban el sector defensa.
11. Al resolver la petición presentada, la entidad adoptó un criterio inequitativo y
discriminatorio, comoquiera que fue voluntad del legislador y del ejecutivo fijar una
remuneración distinta para el personal de sanidad, pese a pertenecer al Ministerio
de Defensa, «de modo que los razonamientos expuestos en el acto acusado no se ajustan
a los mínimos dispuestos por el estatuto del trabajo que ampara el artículo 53 superior, por
cuanto en otras condiciones, las asignaciones básicas “especiales” son aceptadas y
reconocidas por el Estado, y en esta oportunidad se discrimina al no reconocer los
parámetros fijados en la ley 362/97 y particularmente el decreto 3062 de 1997.»
12. Lo anterior, sumado a que los demás funcionarios del Ministerio de Defensa
percibían la prima de actividad y demás rubros adicionales contenidos en el Decreto
1214 de 1990, mientras que el personal de sanidad únicamente devengaba la
asignación básica, pero no la fijada para la Rama Ejecutiva, sino para el personal
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Demandante: Rocío Jaimes Durán
civil, «variación que difiere notablemente de las garantías laborales que amparó el decreto
3062 de 1997».
13. (i) Si bien el Decreto 092 de 2007 incluyó al personal de sanidad dentro de la
planta global del ministerio, no reguló ninguno de los conceptos salariales
aplicables; (ii) el personal de la Dirección General de Sanidad, como dependencia
del Comando General, formaba parte del sector central del Ministerio de Defensa,
solo que salarialmente se regía por disposiciones diferentes; y (iii) el salario que
devengaba correspondía al del personal civil y no uniformado, lo cual desconoció el
régimen especial previsto en el Decreto 3062 de 1997 que estableció una
remuneración equivalente a la percibida por el personal de la Rama Ejecutiva del
orden nacional.
14. La manifestación de la entidad, relacionada con que la Ley 2033 de 2006 y los
Decretos 092 de 2007 y 4783 de 2008 establecieron un nuevo régimen salarial, era
constitutiva de falsa motivación, en razón a que ninguna de esas normas abordó
dicho tema y tampoco derogó las disposiciones normativas antes referidas.
1.2. Contestación de la demanda
15. La Nación, Ministerio de Defensa se opuso a la prosperidad de las pretensiones
con fundamento en que el Decreto 4783 de 2008 fijó las escalas salariales para los
empleados púbicos civiles no uniformados del Ministerio de Defensa. Además, el
acto administrativo acusado «fue expedido de conformidad con el ordenamiento legal
aplicable a los empleados de la Dirección de Sanidad Militar, de tal manera que goza de
plena legalidad y constitucionalidad, por tener norma especial y amparada en la propia
Constitución».
1.3. La sentencia apelada
16. Mediante sentencia proferida el 26 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo
de Santander negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en
costas. Para tal efecto, abordó el marco normativo y jurisprudencial aplicable y
resolvió el caso concreto en los siguientes términos:
17. Rocío Jaimes Durán se vinculó a la institución el 1 de octubre de 1994 en el
cargo de instrumentadora quirúrgica grado E6, posteriormente, en virtud de la Ley
1033 de 2006 y de los Decretos 91, 92 y 93 de 2007, fue incorporada a la planta de
empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional en el cargo de servidor
misional en sanidad militar código 2-2 grado 14, en el cual se posesionó el 27 de
octubre de 2009.
18. En consecuencia, a partir del año 2009, la asignación básica correspondía a la
fijada por el Gobierno Nacional para los empleados civiles no uniformados de la
cartera ministerial, tal como se le ha reconocido, máxime si se le respetó la garantía
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Demandante: Rocío Jaimes Durán
prevista en el numeral 5 del artículo 2 del Decreto 133 de 1998.
19. Lo anterior, en razón a que, con la expedición del Decreto 091 de 2007, una vez
realizada la incorporación en la nueva planta, el salario correspondía a la fijada para
los empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa. En consecuencia,
no era procedente el reajuste de la asignación salarial con el régimen de los
empleados adscritos a la Rama Ejecutiva del orden nacional.
1.4. El recurso de apelación
20. Contra la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación
y lo sustentó en los siguientes términos:
21. La creación de un nuevo sistema de nomenclatura y clasificación de cargos no
podía ser óbice para que la entidad modificara el régimen salarial especial, pues
una cosa era la estructura organizacional del Ministerio de Defensa y otra el régimen
salarial para determinados empleados, como lo sostuvo esta corporación en las
sentencias del 25 de junio de 2015 (3469-13), 10 de septiembre de 2015 (3118-
2013), 19 de febrero de 2018 (2417-2015 y 4903-2015).
22. Mediante la Ley 1033 de 2006, el legislador estableció la carrera administrativa
especial para los empleados públicos no uniformados y, en los artículos 2 y 3 le
fueron otorgadas facultades al ejecutivo para que expidiera los Decretos 091 y 092
de 2007, en los cuales se salvaguardó el derecho a tener un régimen salarial
especial y se estableció un nuevo sistema de nomenclatura y clasificación de los
cargos, sin que ello pudiera implicar una modificación al régimen salarial, como lo
sostuvo la Corte Constitucional en la sentencia C-753 de 2008.
23. Interpretar que el artículo 19 del Decreto 092 de 2007 modificó el régimen
salarial resultaba lesivo y desconocedor del principio de progresividad laboral, pues
se contrajo a establecer que serían unificados normativamente los sistemas de
nomenclatura del personal uniformado y del personal civil, pero «nunca pudo
considerar la extinción del régimen salarial especial contenido en la ley 352 y decreto
3062/97, pues de una lectura integrada, el artículo 72 del decreto 091/07 mantuvo vigentes
las disposiciones especiales no reguladas en este par de decretos de 2007, lo que [hacía]
que [resultara] necesario avalar las pretensiones de la demanda, a efectos de que no se
vulner[aran] los derechos fundamentales [...] al debido proceso, y a un trabajo digno y
justo».
24. Si bien el personal de sanidad militar pertenecía a la estructura interna del
Ministerio de Defensa y, por ello, eran aplicables las normas que regían la
administración de personal así como el sistema de nomenclatura y clasificación de
los empleos, no quería decir que también se acudiera a las normas salariales de los
empleados civiles no uniformados porque existía norma posterior y especial, esto
era «el artículo 56 de la ley 352 de 1997 y reiterado mediante el Decreto 3062 en su artículo
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3 numeral 6, salvaguardadas por el artículo 72 del decreto 091 de 2007» [sic].
25. El a quo, «conociendo de antemano el supuesto normativo que avala el régimen
salarial y prestacional solicitado», se abstuvo de aplicarlo y «acomodó caprichosamente
el cargo de la actora, el cual parézcale o no, el del Nivel Asesor, porque así fue previsto en
los Decretos 091 y 092 de 2007»; en consecuencia, a la luz de la primacía de la
realidad, era evidencia que, a partir del nuevo sistema de nomenclatura y
clasificación de cargos, presentó un ascenso.
26. Al hacer una comparación del Decreto 092 de 2007 y el Decreto 770 de 2005
se podía deducir que sí existía igualdad en el nivel jerárquico asesor de la Rama
Ejecutiva del orden nacional y el del sector defensa, pues una de las funciones era
aconsejar y asesor a la alta dirección de la entidad y, para el caso, si se
desempeñaba como servidor misional en sanidad militar código 2-2 «grado 9» [sic],
era claro que, de acuerdo con el manual, desarrollaba funciones de dicho nivel.
1.5. Trámite de la segunda instancia
27. En auto del 27 de octubre de 2023 se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 26 de mayo de
2022 por el Tribunal Administrativo de Santander, en los términos de la Ley 2080 de
2021.
28. En el término de ejecutoria2, la entidad demandada se pronunció sobre el
recurso de apelación3. En síntesis, sostuvo que no era procedente el reconocimiento
de la asignación salarial del régimen previsto para los empleados de la Rama
Ejecutiva del orden nacional, en razón a que, al incorporarse a la planta global del
Ministerio de Defensa, en vigencia de la Ley 1033 de 2006, debía pagarse en los
términos establecidos para los empleados civiles no uniformados de la Dirección de
Sanidad Militar de la cartera ministerial.
II. Consideraciones
2.1. Competencia
29. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para
conocer del recurso de apelación presentado por la parte demandante, de
conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, conforme con los cuales «[l]as
salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala
2 El auto fue expedido el 27 de octubre de 2023, la notificación se surtió el 1 de diciembre de 2023 y
el memorial se radicó el 6 de diciembre siguiente.
3 De acuerdo con el numeral 4 del artículo 247 del CPACA, conforme con el cual, desde «la
notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda
instancia, los sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el recurso de apelación
formulado por los demás intervinientes».
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de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».
2.2. Problema jurídico
30. Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante: ¿es procedente el ajuste de
la asignación básica de Rocío Jaimes Durán como empleada vinculada en la
Dirección General de Sanidad Militar de acuerdo con el régimen salarial previsto por
el gobierno nacional para la Rama Ejecutiva del orden nacional, con fundamento en
la Ley 352 y el Decreto 3062 de 1997?
31. Con miras a resolver los anteriores planteamientos, la Sala seguirá la siguiente
estructura expositiva: primero, se abordará el marco normativo del régimen aplicable
al personal del sistema de salud de las Fuerzas Militares y de Policía y del personal
regido por el Decreto 1214 de 1990 y, además, los criterios expuestos en la
sentencia de unificación SUJ-019-CE-S2 de 2019; y segundo, se resolverá el caso
concreto.
2.3. El régimen normativo aplicable al personal del sistema de salud de las
Fuerzas Militares y de Policía y del personal regido por el Decreto 1214 de
1990.
32. El Decreto 1214 de 1990 «[p]or el cual se reforma el Estatuto y el Régimen
Prestacional del Personal Civil del Ministerio de Defensa y Policía Nacional», fue expedido
por el presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias
conferidas por la Ley 66 de 19894. Este, el personal civil, estaba conformado por las
personas que prestaran sus servicios en el despacho del ministro, en la Secretaría
General, en las Fuerzas Militares o en la Policía Nacional; por el contrario, no
tendrían tal condición, aquellas personas que se desempeñaran en los
establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las
sociedades de economía mixta y las unidades administrativas especiales, adscritos
o vinculados al Ministerio de Defensa.
33. Posteriormente, la Ley 100 de 1993 dispuso en su artículo 279 que el Sistema
Integral de Seguridad Social no se aplicaría a los miembros de las Fuerzas Militares
y de la Policía Nacional, «ni al personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, con
excepción de aquel que se vincul[ara] a partir de la vigencia de la presente Ley, [...]».
Asimismo, en su artículo 248 facultó al gobierno nacional para que organizara el
sistema de salud de las Fuerzas Militares y de Policía y al personal regido por el
4 «[P]or la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias pro témpore
para reformar los estatutos y el régimen prestacional del personal de Oficiales, Suboficiales, Agentes
y Civiles del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional; y establece el régimen
de la vigilancia privada».
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Decreto 1214 de 19905.
34. Luego, con el Decreto 352 del 11 de febrero de 1994 expedido por el presidente
de la República, se estableció la estructura orgánica, objetivos y funciones del
Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional [Inssponal].
Respecto de los regímenes salarial y prestacional, dispuso lo siguiente:
«Artículo 20. Régimen salarial. Los empleados públicos y trabajadores
oficiales del Instituto de Seguridad Social y Bienestar para la Policía Nacional,
para efectos de remuneraciones, primas, bonificaciones, viáticos, horas
extras y subsidios, se regirán por las normas legales que para esta clase de
servidores establezca el Gobierno Nacional.
En consecuencia, los empleados públicos y trabajadores oficiales de dicho
organismo para efectos de remuneraciones, primas, bonificaciones, viáticos y
subsidios, no se regirán por las normas establecidas para el personal civil del
Ministerio de Defensa Nacional.
Parágrafo. Los empleados públicos y trabajadores oficiales, que al entrar en
vigencia el presente decreto se encuentren prestando sus servicios en las
Direcciones de Sanidad y Bienestar Social o en cualquier otra dependencia
de la Policía Nacional, y que ingresen al Instituto para la Seguridad Social y
Bienestar de la Policía Nacional, se someterán al régimen salarial establecido
para la entidad.» [se resalta]
35. Asimismo, en cumplimiento de las facultades extraordinarias otorgadas por la
Ley 100 de 1993, el gobierno nacional expidió el Decreto 1301 del 22 de junio de
19946, en el cual se organizó el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares, de la
Policía Nacional y del personal civil del Ministerio de Defensa Nacional y del
personal no uniformado de la Policía Nacional, así como el de sus entidades
descentralizadas [SMP], así:
«Artículo 29. Estructura organizacional. La estructura organizacional del SMP
es la siguiente:
[...]
2 Subsistema de salud de las Fuerzas Militares.
a) El Instituto de Salud de las Fuerzas Militares.
a.1 Nivel Central.
a.2 Nivel Regional.
a.2.1 Unidades prestadoras de servicios de primero, segundo y tercer nivel.
5 En lo atinente a: organización estructural, niveles de atención médica y grados de complejidad,
organización funcional, régimen que incluyera normas científicas y administrativas, régimen de
prestación de servicios de salud, entre otras.
6 «[P]or el cual se organiza el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y
del personal regido por el Decreto-ley 1214 de 1990, con excepción de aquél que se vincule a partir
de la vigencia de la Ley 100 de 1993»
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3. Subsistema de Salud de la Policía Nacional.
a. El Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía
Nacional.
a.1. Nivel Central.
a.2. Nivel Regional.
a.2.1. Unidades prestadoras de servicios de primero, segundo y tercer nivel.
[...]»
36. Igualmente, organizó los Institutos de Salud de las Fuerzas Militares y para la
Seguridad y Bienestar de la Policía Nacional. Quienes laboraran en estos, tendrían
el carácter de empleados públicos y, quienes realizaran actividades de carácter
operativo, conservación y mantenimiento de inmuebles, serían trabajadores
oficiales. El régimen salarial y prestacional de estos fue reglamentado de la
siguiente manera:
Régimen salarial Régimen prestacional
Artículo 88. Régimen salarial del personal. Artículo 89. Régimen prestacional del
Los empleados públicos y trabajadores personal. Los empleados públicos y
oficiales del Instituto de Salud de las trabajadores oficiales del Instituto de Salud
Fuerzas Militares y del Instituto para la de las Fuerzas Militares y del Instituto para
Seguridad Social y Bienestar de la Policía la Seguridad Social y Bienestar de la
Nacional para efectos de remuneraciones, Policía Nacional, quedarán sometidos al
primas, bonificaciones, viáticos, horas régimen de la Ley 100 de 1993. En lo
extras y subsidios se regirán por las normas relativo a las demás prestaciones sociales
legales que para esta clase de servidores se les aplicará el Decreto-ley 2701 de 1988
establezca el Gobierno Nacional. y normas que lo modifiquen y adicionen.
En consecuencia, los empleados públicos y Parágrafo. En concordancia con lo
trabajadores oficiales de dichos establecido en el artículo 279 de la Ley 100
organismos para efectos de de 1993, los empleados públicos y
remuneraciones, primas, bonificaciones, trabajadores oficiales que ingresen al
viáticos y subsidios, no se regirán por las instituto de Salud de las Fuerzas Militares o
normas establecidas para el personal civil al Instituto para la Seguridad Social y
del Ministerio de Defensa Nacional. Bienestar de la Policía Nacional y se
hubieren vinculado al Ministerio de Defensa
Parágrafo. Los empleados públicos y Nacional o a la Policía Nacional antes de la
trabajadores oficiales, que al entrar en vigencia de la Ley 100 de 1993 continuarán
vigencia el presente Decreto se encuentren cobijados por el Título VI del Decreto-ley
prestando servicios en el Ministerio de 1214 de 1990.
Defensa Nacional y que ingresen al
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares
o al Instituto para la Seguridad Social y
Bienestar de la Policía Nacional, se
someterán al régimen salarial establecido
para la entidad respectiva.
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37. Fue con la Ley 352 de 19977 que el sistema de salud de la fuerza pública y del
personal regido por el Decreto 1214 de 1990 fue reestructurado. Para tal efecto, (i)
se creó la Dirección General de Sanidad Militar como una dependencia del
Comando General de las Fuerzas Militares [artículo 9] y la Dirección de Sanidad de
la Policía Nacional, como dependencia de la Dirección General de esta [artículo 15];
y (ii) se ordenó la supresión de los Institutos de Salud de las Fuerzas Militares y
para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional creados mediante el
Decreto 1301 de 1994 y la Ley 62 de 1993. En el artículo 65, derogó «el Decreto
1301 del 22 de junio de 1994, la Ley 263 del 24 de enero de 1996, el artículo 35, numeral
5 de la Ley 62 del 12 de agosto de 1993, el Decreto-ley 352 del 11 de febrero de 1994 y
demás disposiciones que le fueran contrarias».
38. Por su parte, el Decreto Reglamentario 3062 de 1997 incluyó las siguientes
garantías para los servidores, así:
i. En materia prestacional: los vinculados «antes de la vigencia de la Ley 100
de 1993 se les continuará aplicando en su integridad el título VI del Decreto 1214
de 1990 o las normas que lo modifiquen o adicionen sobre el Régimen
Prestacional y al personal vinculado con posterioridad a la vigencia de la Ley
100 de 1993, se le aplicará esta disposición [...]».
ii. En materia salarial: «a los empleados públicos y trabajadores oficiales del
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares que se incorporen a las Plantas de
Personal de Salud que se creen en el Ministerio de Defensa Nacional se les
aplicará el régimen salarial que rige a los empleos de la Rama Ejecutiva del
Poder Público del Orden Nacional».
39. Después, con la expedición de la Ley 1033 de 20068, se estableció «un régimen
de Carrera Especial para los empleados públicos civiles no uniformados del Ministerio de
Defensa Nacional, sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, las Fuerzas
Militares y la Policía Nacional».
40. En esta norma, se otorgaron facultades extraordinarias al presidente de la
República para que (i) expidiera normas con fuerza de ley que contuvieran el
sistema especial de carrera del Sector Defensa para el ingreso, permanencia,
ascenso, capacitación, estímulos, evaluación del desempeño y retiro de los
empleados civiles no uniformados al servicio del Ministerio de Defensa Nacional,
sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, las Fuerzas Militares y la
Policía Nacional [artículo 2]; y (ii) estableciera todas las características y
7
«[P]or la cual se reestructura el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones en materia de
Seguridad Social para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.»
8 «[P]or la cual se establece la Carrera Administrativa Especial para los Empleados Públicos no
uniformados al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares, de la Policía
Nacional y de sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas al sector Defensa, se derogan
y modifican unas disposiciones de la Ley 909 de 2004 y se conceden unas facultades conforme al
numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política».
Radicado: 68001-33-33-000-2017-01075-01 (0385-2023)
Demandante: Rocío Jaimes Durán
disposiciones que fuera competencia de la ley referentes a su régimen de personal.
Igualmente, para que expidiera normas con fuerza de ley para modificar y
determinar el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de las
entidades que integraban el sector defensa [artículo 3].
41. Estas facultades, se ejercerían con sujeción a parámetros como los siguientes:
(i) unificar el régimen de administración de personal que aplicaba al personal civil
vinculado a los organismos y dependencias del sector defensa; (ii) conservar y
respetar al personal civil al servicio del sector defensa, todos los derechos,
garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos o establecidos conforme
con las disposiciones normativas anteriores a la fecha de la ley; y (iii) modificar y
determinar el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos, adecuar sus
funciones y los requisitos de los empleos de las entidades que integraban el sector
defensa, a las necesidades del servicio; entre otras.
42. El artículo 2º fue desarrollado por el Decreto 91 de 20079 «por el cual se regula el
Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa y se dictan unas disposiciones en materia
de administración de personal» y, el artículo 3º, por el Decreto 9210 de la misma
anualidad, «por el cual se modifica y determina el Sistema de Nomenclatura y Clasificación
de los empleos de las entidades que integran el Sector Defensa», en los cuales se
dispuso lo siguiente:
Decreto 91 de 2007 Decreto 92 de 2007
Artículo 32. Plantas de personal. Artículo 1°. Ámbito de aplicación. Las
Las plantas de personal que disposiciones contenidas en este decreto son
conforman las entidades del Sector aplicables a los empleos públicos de las entidades
Defensa son globales, sin perjuicio que conforman el Sector Defensa.
de que se encuentren reguladas en
actos administrativos distintos, Artículo 4°. Niveles jerárquicos de los empleos del
como se enuncia a continuación: Sector Defensa. Los empleos públicos del Sector
Defensa, [...] se clasifican según la naturaleza
1. Planta de Personal del Ministerio general de sus funciones, las competencias y los
de Defensa Nacional: Comprende requisitos para su desempeño, en los siguientes
los empleos públicos del personal niveles jerárquicos: Nivel Directivo, Nivel Asesor,
civil y no uniformado asignado a la Nivel Profesional, Nivel Orientador, Nivel Técnico y
Unidad Gestión General del Nivel Asistencial.
Ministerio de Defensa, Comando
General de las Fuerzas Militares, Artículo 5°. Nivel Directivo. Comprende los
Comandos de Fuerza, Policía empleos que tengan asignadas funciones de
Nacional, Dirección General de dirección general, de formulación de políticas
Sanidad Militar, Dirección General institucionales y de adopción de planes, programas
Marítima, Justicia Penal Militar. y proyectos.
2. Planta de Personal de las Artículo 6°. Nivel Asesor. Comprende los empleos
Entidades Descentralizadas, que tengan asignadas funciones de asistencia en
9 «[P]or el cual se regula el Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa y se dictan unas
disposiciones en materia de administración de personal».
10 «[P]or el cual se modifica y determina el Sistema de Nomenclatura y Clasificación de los empleos
de las entidades que integran el Sector Defensa».
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Demandante: Rocío Jaimes Durán
Adscritas y Vinculadas: materias directas o de apoyo con la seguridad y
Comprende los empleos públicos defensa, incluida el área misional de salud, así
del personal civil y no uniformado y como las de aconsejar y asesorar a la alta
trabajadores oficiales de las dirección del Sector Defensa, y a los servidores
entidades descentralizadas, públicos uniformados y no uniformados, de las
adscritas y vinculadas, en el entidades y dependencias que conforman el
entendido que cada una de ellas Sector Defensa.
tienen su planta de personal
independiente. [...]
43. En el artículo 19 del Decreto 92 antes citado, se ordenó que las equivalencias
de los empleos públicos del sector defensa (i) no podían desmejorar la situación
salarial de los empleados civiles no uniformados del sector defensa; y (ii) la
nomenclatura y la equivalencia de empleos no afectarían los derechos
prestacionales, sino que continuarían rigiéndose por las disposiciones que
regulaban la materia o por las que las modificaran o sustituyeran. Asimismo, se
previó que en el decreto que fijara los sueldos para el personal uniformado, se
establecerían «los correspondientes a los empleados civiles no uniformados del sector
defensa, y el porcentaje de aumento [estaría] sujeto como mínimo al señalado para los
servidores públicos del orden nacional».
44. Por su parte, en el artículo 20 se reguló que cada organismo expediría la Tabla
de Organización «TO» de cada entidad, en la cual se ajustarían y se harían las
equivalencias de los empleos, de acuerdo con la nomenclatura y clasificación
prevista en el mismo decreto. Este ajuste y modificación de la planta de personal
fue aprobado por el Decreto 4783 de 200811 y, en el artículo 6º, previó lo que se
transcribe a continuación:
«Artículo 6°. Los funcionarios que a la fecha de la expedición del presente
decreto se encuentren prestando sus servicios en la Planta de Personal del
Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar, serán
incorporados en los cargos equivalentes de que trata el presente decreto, en
un término máximo de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de su
publicación y continuarán percibiendo la remuneración correspondiente a los
empleos que desempeñan actualmente mientras ocupen el cargo en el que
serán incorporados.»
45. Desde esa fecha, el gobierno nacional ha expedido los decretos anuales que
regularon las escalas de asignación básica de los empleados civiles no uniformados
del ministerio, sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, las fuerzas
militares y la Policía Nacional, estos son los Decretos 674 de 2008, 738 de 2009,
1529 de 2010, 1049 de 2011, 843 de 2012, 1020 de 2013, 190 de 2014, 1120 de
2015, 238 de 2016, 1007 de 2017, 326 de 2018, 1012 de 2019, 308 de 2020, 977
de 2021, 467 de 2022 y 911 de 2023.
11 «[P]or el cual se aprueba el ajuste y la modificación a la planta de personal de Empleados Públicos
del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar y se dictan otras
disposiciones.»
Radicado: 68001-33-33-000-2017-01075-01 (0385-2023)
Demandante: Rocío Jaimes Durán
2.4. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ -019- CE-S2 de 2019
dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado
46. En consideración a la disparidad de criterios jurisprudenciales que se
presentaban en cuanto a la aplicación del régimen salarial y prestacional del
personal civil vinculado al Sistema de Salud de las Fuerzas Militares e incorporado
a la planta de personal de salud del Ministerio de Defensa Nacional, y en atención
el desarrollo normativo a partir del artículo 248 de la Ley 100 de 1993, entre otras
disposiciones, la Ley 352 de 1997, el Decreto 3062 de 1997, la Ley 1033 de 2006,
el Decreto 92 de 2007 y el Decreto 4783 de 2008 esta corporación en sentencia del
12 de diciembre de 2019, con ponencia del magistrado César Palomino Cortés,
unificó su jurisprudencia y estableció las siguientes reglas:
1. En materia salarial: los empleados públicos
vinculados e incorporados14 al Instituto de Salud de las
Fuerzas Militares, se regían por las normas establecidas
por el gobierno nacional para los servidores de los
establecimientos públicos del orden nacional. Por lo
tanto, comoquiera que estaban vinculados a un órgano
del nivel descentralizado no se regían por las normas
establecidas para el personal civil del Ministerio de
Defensa Nacional.
Entre la vigencia del 2. En materia de Seguridad Social Integral: el régimen
Decreto 1301 de 199412 y aplicable era el previsto en la Ley 100 de 1993 para los
de la Ley 352 de 199713. empleados públicos que se vincularan al Instituto de
Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la
Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional. En
lo relativo a las demás prestaciones se les aplicaba el
Decreto 2701 de 1988 y normas que lo modificaron o
adicionaron.
Los empleados públicos vinculados al Ministerio de
Defensa Nacional o a la Policía Nacional antes de la
vigencia de la Ley 100 de 1993 y que se incorporaron al
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o al Instituto
para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía
Nacional, continuaron cobijados por el Decreto 1214 de
1990.
A partir de la vigencia de 1. En materia salarial: los empleados públicos del
la Ley 352 de 1997, los Instituto de Salud de las Fuerzas Militares que fueron
empleados públicos que incorporados a la planta de personal de salud del
antes prestaban sus Ministerio de Defensa quedaron sometidos al régimen
servicios en el Instituto de salarial previsto para los empleados de la Rama Ejecutiva
12 Publicado en el Diario Oficial No. 41.409, del 27 de junio de 1994
13 Publicada en el Diario Oficial No. 42.965 de 23 de enero de 1997
14Entiéndase aquellos que a la fecha de entrada en vigencia del Decreto 1301 de 1994 se
encontraran prestando servicios en el Ministerio de Defensa e ingresaran al Instituto de Salud de las
Fuerzas Militares.
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Demandante: Rocío Jaimes Durán
Salud de las Fuerzas del Poder Público del Orden Nacional (Artículo 3 Num.6
Militares y que fueron Decreto 3062 de 1997).
incorporados a la planta 2. En materia prestacional: los empleados públicos del
de salud del Ministerio de Instituto de Salud de las Fuerzas Militares incorporados a
Defensa Nacional, dejaron la planta de personal de Salud del Ministerio de Defensa
de pertenecer al sector Nacional y que se hubieran vinculado antes de la vigencia
descentralizado. de la Ley 100 de 1993 se les aplicará en su integridad el
Decreto 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o
adicionen.
Al personal vinculado con posterioridad a la vigencia de la
Ley 100 de 1993 se les aplicará dicha normativa. En lo no
contemplado en materia prestacional en la Ley 100 de
1993 se les aplicará el Título VI del Decreto 1214 de 1990
(Parágrafo artículo 55 de la Ley 352 de 1997).
1. A partir de la entrada en vigencia del Decreto Ley 92 de
200715 se reajustaron las plantas de personal, se
establecieron las equivalencias y se fijaron los sueldos
con fundamento en la nomenclatura y clasificación
especial, por ello, los sueldos de los empleados civiles no
uniformados del sector Defensa se empezaron a pagar
con base en la nueva nomenclatura.
Los empleados civiles no uniformados del sector defensa
vinculados a la Planta de Personal del Ministerio de
Con la Ley 1033 de 2006
Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar,
se unificó el régimen de
debieron continuar percibiendo la remuneración
administración de
correspondiente a los empleos que desempeñaban a la
personal que se aplica al
entrada en vigencia del Decreto 4783 de 2008 mientras
personal civil vinculado a
ocupen el cargo en el que fueron incorporados.
los Organismos y
Dependencias del Sector
2. En el momento en el que el empleado ocupó el cargo
Defensa. Por ello, los
al que fue incorporado por disposición del Decreto 4783
empleos públicos del
de 2008, de acuerdo con la nomenclatura y clasificación
personal civil no
especial para los empleados civiles no uniformados del
uniformado asignados a
sector defensa, empezó a devengar la asignación básica
la Dirección General de
fijada por el gobierno nacional para los empleados civiles
Sanidad Militar
no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional16.
pertenecen a la planta de
personal del Ministerio de
Lo que quiere decir, que mientras se produjo la
Defensa Nacional.
incorporación en el cargo equivalente en la planta global
del sector defensa, de acuerdo con el sistema de
nomenclatura y clasificación de empleos, el servidor debió
continuar percibiendo la remuneración correspondiente al
empleo que antes desempeñaba, esto es, según el
régimen salarial fijado por el Gobierno para los empleos
de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden
Nacional17. Efectuada la incorporación al cargo
equivalente en la planta global del Ministerio de Defensa
Nacional, el empleado queda sometido a la escala de
15 Publicado en el Diario Oficial No. 46.514 de 17 de enero de 2007.
16 Cfr. Decretos 738 de 2009, 1529 de 2010, 1049 de 2011, 843 de 2012, 1020 de 2013, 190 de
2014, 1120 de 2015, 238 de 2016, 1007 de 2017, 326 de 2018 y 1012 de 2019
17 Cfr. Decretos 600 de 2007, 643 de 2008 y 708 de 2009.
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Demandante: Rocío Jaimes Durán
asignación básica fijada por el gobierno nacional para los
empleados civiles no uniformados del Ministerio de
Defensa Nacional.
3. En materia prestacional la Ley 1033 de 2006 no
introdujo ninguna modificación, por lo tanto, se mantiene
el régimen prestacional fijado en la Ley 352 de 1997.
2.5. Análisis de la Sala, caso concreto
47. En el expediente se encuentra probado lo siguiente:
47.1. Rocío Jaimes Durán se vinculó al Ministerio de Defensa Nacional el 1 de
octubre de 1994 en el cargo de instrumentadora quirúrgica grado E6, en virtud de la
Orden Administrativa de Personal 01115 de la misma fecha.
47.2. El 1 de marzo de 1998 se posesionó en el cargo de técnico operativo 4080-
13 para el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, en cumplimiento de la
Resolución 0113 del 1 de marzo de 1996.
47.3. El 17 de diciembre de 1996, en cumplimiento de la Resolución 1120 del día
anterior, se posesionó en el cargo de profesional universitario para el Instituto de
Salud de las Fuerzas Militares.
47.4. El 15 de enero de 1998 se posesionó como profesional universitario código
3020 grado 08 de la planta de salud del Ministerio de Defensa Nacional, al servicio
del Ejército Nacional.
47.5. El 27 de octubre de 2009, tomó posesión del cargo «servidor misional en
sanidad militar, código 2-2, grado 14» de la planta de personal de empleados públicos
del Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad Militar. En el acta
se dejó la siguiente nota: «esta incorporación no representa cambios en el régimen
laboral ni prestacional».
47.6. El 5 de septiembre de 2016, solicitó el reajuste de la asignación básica en los
términos de los decretos expedidos para los empleados de la Rama Ejecutiva del
orden nacional, en el nivel asesor, de conformidad con el manual de funciones
previsto en la Resolución 0598 del 14 de mayo de 2010.
47.7. En el Oficio 422938 MDN-CGFM-DGSM-GAL.1.10 del 10 de noviembre de
2016, la entidad negó la petición, con fundamento en lo siguiente:
«[...] hasta el año 2009, se aplicó a la Planta de Personal de salud el régimen
del Decreto de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional de cada vigencia que
aplicaba para los establecimientos públicos, de conformidad con lo previsto
en el artículo 3 del Decreto 3062 de 1997 y a partir del 27 de octubre de 2009
Radicado: 68001-33-33-000-2017-01075-01 (0385-2023)
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conforme a las normas mencionadas se pagaron los salarios con base a las
normas especiales del Sector Defensa.
Es de anotar que en la normativa del Orden Nacional los cargos tenían una
asignación numérica diferente, pues en los Decretos que rigieron a partir del
2007 para el Sector Defensa, cambión la denominación del cargo, el Código
y el Grado, pero manteniendo y respetando las asignaciones salariales, es
decir que nunca hubo un desmejoramiento salaria. Por lo tanto, no se le podría
aplicar el Código y Grado del Sector Defensa para equipararlo con el Código
y Grado del Decreto de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, porque se
estaría frente a una nivelación salarial no establecida legalmente.
Ahora, en el caso de la señora ROCIÓ JAIMES DURAN fue vinculada a la
Planta de esta Dirección General de Sanidad Militar el 27 de octubre de 2009
en el empleo SERVIDOR MISIONAL EN SANIDAD MILITAR Código 2-2
Grado 14, donde la normatividad salarial aplicable es la prevista por el
Gobierno Nacional para los servidores públicos del Sector Defensa del Orden
Nacional, y no la correspondiente a la Rama Ejecutiva del Poder Público del
Orden Nacional la cual fue aplicable para los funcionarios de esta Dirección
General de Sanidad Militar hasta octubre 26 del años 2009.» [sic]
47.8. Según el certificado expedido el 22 de septiembre de 2016, se le pagaron las
siguientes asignaciones:
Decreto Decreto
Año Rama Sector Código Grado Cargo Sueldo
Ejecutiva Defensa
Profesional
2009 708 N/A 2044 05 $1.532.484.00
universitario
A partir del
27/10/2009:
738 $2.257.412.00
servidor misional
en sanidad militar
2010 1529 $2.302.561.00
2011 1049 2-2 14 $2.375.553.00
2012 843 $2.494.331.00
Servidor misional
2013 1020 $2.580.136.00
en sanidad militar
2014 190 $2.655.992.00
2015 1120 $2.779.762.00
2016 238 $2.995.750.00
48. Se rememora que, la Ley 352 de 1997 derogó el Decreto 1301 de 1994 y creó
la Dirección General de Sanidad Militar, en virtud de la liquidación ordenada del
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares; (ii) el Decreto 3062 de 1997 estableció,
en materia salarial, que los empleados que se incorporaran a las Plantas de
Personal de salud que se creen en el Ministerio de Defensa Nacional se les aplicaría
el régimen salarial que regía a los empleados de la Rama Ejecutiva del orden
Nacional; (iii) sin embargo, con la Ley 1033 de 2006 y los Decretos 091 y 092 de
2007 y 4783 de 2008, se unificó el régimen de administración del personal civil del
sector defensa y se modificó la planta de personal de la Dirección General de
Sanidad Militar.
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49. De ese modo, aunque la demandante se vinculó a la entidad en el año 1994, lo
cierto es que, en 2009, fue nombrada en el cargo de servidor misional en sanidad
militar, código 2-2, grado 14, es decir, cuando ya estaba vigente la Ley 1033 de
2006 y sus decretos reglamentarios.
50. Es menester señalar que mediante el Decreto 4783 de 2008, se determinó la
planta de personal de empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional,
Dirección General de Sanidad Militar, de conformidad con el sistema de
nomenclatura y clasificación de empleos contemplado en los Decretos 092, 3034,
4803 de 2007 y 2127 de 2008; uno de ellos sería el ocupado por la parte
demandante. Esto permite colegir que el cargo desempeñado hace parte de la
planta de personal de empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional y, por
tal razón, la asignación básica debía corresponder a la fijada por el gobierno
nacional para los empleados civiles no uniformados de la entidad.
51. Ciertamente, el caso resuelto en la sentencia de unificación proferida el 12 de
diciembre de 2019, era similar al que ahora se examina. En esta oportunidad se
consideró lo siguiente:
«78. Nótese que el cargo ejercido por la demandante, servidor misional
en sanidad Militar 2-2, 14, hace parte de la planta de personal de empleados
Públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad
Militar, de conformidad con el Sistema de Nomenclatura y Clasificación de
empleos especial del sector defensa contemplado en los Decretos 092, 3034,
4803 de 2007 y 2127 de 2008, según el Decreto 4783 de 2008.
79. Por consiguiente, a partir del 27 de octubre de 2009, la asignación
básica de la demandante es la fijada por el Gobierno Nacional para los
empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional .
Dado que desde esa fecha se posesionó en el empleo al que fue incorporada
de acuerdo con la nomenclatura y clasificación especial para los empleados
civiles no uniformados del sector defensa.
80. Así las cosas, antes de la referida incorporación, la actora percibía la
remuneración correspondiente al empleo que desempeñaba (profesional
especializado), prevista en el régimen salarial fijado por el Gobierno para los
empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional,
respetándose la garantía contenida en el numeral 6 del artículo 3 del Decreto
3062 de 1997.
[...]
84. En otras palabras, el 26 de octubre de 2009 fue el último día de la
actora en el cargo de profesional especializada grado 13. Así pues, hasta
esta fecha tuvo derecho a aplicación de los decretos salariales de la
Rama Ejecutiva del nivel nacional. Y, desde el 27 de octubre de 2009 fue
incorporada a la planta de personal de empleados públicos del Ministerio de
Defensa Nacional – Dirección General de Sanidad Militar, en el cargo de
servidor misional en sanidad militar, código 2-2, grado 14, que corresponde al
nivel asesor (artículo 11 del Decreto Ley 92 de 2007), en el que percibió la
remuneración fijada por el Gobierno Nacional para los empleos públicos
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Demandante: Rocío Jaimes Durán
de los empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa
Nacional, de sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, las
Fuerzas Militares y la Policía Nacional.» [se resalta]
52.Ahora bien, en el escrito introductorio, la parte demandante realizó un cuadro
sobre las diferencias que consideró adeudadas, así:
53. Lo que observa la Sala es que esas diferencias devienen de los salarios
establecidos para aquellos empleados del nivel asesor grado 14 de la Rama
Ejecutiva del orden nacional; sin embargo, la negativa a tal pretensión también fue
zanjada por la sentencia de unificación mencionada al señalar lo siguiente:
«86. Contrario a lo afirmado en la demanda, no es viable el pago de la
asignación básica de la actora con la remuneración fijada en los
decretos salariales de la Rama Ejecutiva del nivel nacional para el
empleo de asesor grado 14, porque tal como se indicó en el acto acusado,
si bien, cambiaron la denominación, el código y el grado del cargo de la
accionante, lo cierto es que mantuvo su sueldo, “por lo tanto, no se puede
aplicar el código y el grado del sector defensa para equipararlo con el código
y el grado del Decreto de la Rama Ejecutiva del orden nacional, porque se
estaría frente a una nivelación salarial no establecida legalmente”.» [se
resalta]
54. En ese orden, es claro que desde su vinculación a la Dirección General de
Sanidad Militar la demandante ha devengado el sueldo básico establecido por el
gobierno nacional para los empleados civiles no uniformados del Ministerio de
Defensa Nacional conforme como lo ordenó el Decreto Ley 092 de 2007, que reguló
de manera especial y concreta el tema salarial de dichos empleados. Aunque el
ordinal 6° del artículo 3° del Decreto 3062 de 1997 dispuso la aplicación del régimen
salarial de la rama ejecutiva nacional como garantía para los vinculados al Instituto
de Salud de las Fuerzas Militares, lo cierto es después, con la nomenclatura y
clasificación, empezó a devengar la asignación básica fijada para los empleados
civiles no uniformados, como lo señaló la sentencia de unificación.
55. Aunado a lo anterior, es menester precisar que las funciones de este empleo
se encuentran en la Resolución 506 del 20 de abril de 2016 «[p]or la cual se adopta
el Manual Específico de Funciones y Competencias para los empleos de funcionarios
públicos civiles y no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional – Comando General
de las Fuerzas Militares – Dirección General de Sanidad Militar». Son las siguientes:
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Demandante: Rocío Jaimes Durán
«V. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO.
1. Atender y valorar a los pacientes en consulta general y familiar y emitir
el diagnóstico de acuerdo a la sintomatología o exámenes practicados.
2. Desarrollar el plan de tratamiento del paciente, hacer seguimiento y
retroalimentación de la evolución dando aplicabilidad a los principios de
calidad para la prestación del servicio.
3. Organizar los registros y demás formatos clínicos que soporten y
garanticen la oportunidad de la información para la atención integral del
paciente en los diferentes niveles de complejidad.
4. Realizar los estudios médicos pertinentes que aseguren la emisión del
diagnóstico y la toma de decisiones por parte del médico tratante de
acuerdo con las normas y procedimientos en salud y los lineamientos
administrativos establecidos.
5. Emitir instrucciones al personal técnico y auxiliar sobre la conducta a
seguir con el paciente de acuerdo con las competencias, normatividad,
procedimientos y guías de manejo establecidos.
6. Atender las urgencias que se presenten y requieran intervención
oportuna e inmediata según lo ameriten las circunstancias y realizar la
evaluación y seguimiento de los pacientes hospitalizados de acuerdo con
su especialidad y área de desempeño, para la atención integral de los
usuarios y beneficiarios del SSFM.
7. Participar en juntas médicas y comités para la resolución de casos
especiales o difíciles de pacientes que requieran intervención directa de
los profesionales del área de competencia.
8. Proponer acciones de mejora y de autocontrol para el desarrollo de los
planes y programas propios del área de competencia de acuerdo a los
lineamientos establecidos en el sistema de gestión integrado.
9. Desarrollar las demás funciones asignadas por las autoridades
competentes, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de
desempeño del cargo.»
56. A su turno, el artículo 4 del Decreto 770 de 2005, al regular el sistema de
funciones de las entidades del orden nacional regidas por la Ley 909 de 2004,
previó que el nivel asesor «[a]grupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir,
aconsejar y asesorar directamente a los empleados públicos de alta dirección» y, en
cuanto al nivel profesional, dispuso que demandaban «la ejecución y aplicación de los
conocimientos propios de cualquier carrera profesional, diferente a la técnica profesional y
tecnológica, reconocida por la ley y que, según su complejidad y competencias exigidas,
les pueda corresponder funciones de coordinación, supervisión y control de áreas internas
encargadas de ejecutar los planes, programas y proyectos institucionales».
57.Entonces, de las funciones previstas para el cargo desempeñado por la
demandante y la naturaleza de las funciones de cada nivel, no se infiere la
Radicado: 68001-33-33-000-2017-01075-01 (0385-2023)
Demandante: Rocío Jaimes Durán
existencia de identidad funcional; por el contrario, sus labores se asemejan al nivel
profesional, lo cual ratifica que no tiene derecho al reajuste de su asignación básica.
En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones.
2.6. Costas de la segunda instancia
1. El artículo 188 del CPACA prevé que, salvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil,
hoy Código General del Proceso.
2. Sobre la aplicación de esta norma, en la sentencia proferida el 1 de diciembre
de 201618, esta Subsección prohijó el siguiente criterio:
«La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción es
entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar, determinar,
mandar lo que ha de hacerse». Ello implica que disponer en la sentencia sobre
la condena en costas no presupone su causación per se contra la parte que
pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las
normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo
366 del CGP).
En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil,
comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de costas
siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de lo
contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición
de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso
a una aplicación razonable de la norma.
Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté
revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de
las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la
carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición
o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se
aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para
fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se
obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el
desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas
deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).»
3. De acuerdo con lo transcrito, la condena en costas no se impone por el hecho
de haber sido vencido en juicio, sino que se debe examinar si existió alguna
maniobra dilatoria o temeraria que trastocara las etapas del proceso.
58. En el sub examine, la Sala no evidencia que la parte vencida actuase con
18 Subsección B, expediente 1908-2014.
Radicado: 68001-33-33-000-2017-01075-01 (0385-2023)
Demandante: Rocío Jaimes Durán
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, razón por la cual, se abstendrá de condenar en costas por esta
instancia.
2.7. Conclusión
59. Por las razones anotadas, confirmará la sentencia que negó las pretensiones
de la demanda, pues está demostrado que desde ha devengado el sueldo básico
establecido por el gobierno nacional para los empleados civiles no uniformados del
Ministerio de Defensa Nacional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 26 de mayo de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Santander que negó las pretensiones de la demanda presentada
por Rocío Jaimes Durán contra el Ministerio de Defensa, Dirección General de
Sanidad Militar.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en
el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
PTH
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