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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 70001-23-31-000-2005-02497-01

Acción de reparación directa

Fecha
2 de julio de 2021
Consejero ponente
María Adriana Marín

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 70001-23-31-000-2005-02497-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: REVOCAR la sentencia del 25 de noviembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre y, en su lugar, se dispone: PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de las ciudadanas Yulieth de Jesús Valencia Carmona, Shirley Cabarcas García, Rosalba González de Arroyo y Mayra Díaz Salinas. SEGUNDO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio del Interior y de Justicia. TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la parte considerativa de este proveído. CUARTO: Sin condena en costas. QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente a su Tribunal de origen. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace HYPERLINK "http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador" \h http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 70001-23-31-000-2005-02497-01

Consejero ponente: María Adriana Marín

2 de julio de 2021

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / COMPETENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón de los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia proferida (…) por el Tribunal Administrativo de Sucre habida cuenta de que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 y las consideraciones de la Sala Plena del Consejo de Estado en auto de 9 de septiembre de 2008, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso.

FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 73

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en casos de reparación directa por daños ocasionados por la administración de justicia, consultar providencia de 9 de septiembre de 2008, Exp. 2008-00009-00, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CADUCIDAD ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA / OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA

Tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136 NUMERAL 8 / LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44

NOTA DE RELATORÍA: Con referencia al cómputo del término de caducidad de la acción de reparación directa en casos de privación injusta de la libertad, consultar providencias de 14 de febrero de 2002, Exp. 13622, C.P. María Elena Giraldo Gómez; de 11 de agosto de 2011, Exp. 21801, C.P. Hernán Andrade Rincón; de 19 de julio de 2010, Exp. 37410, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / ELEMENTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CRITERIOS DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / LEGALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / REQUISITOS DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / JUSTIFICACIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA

[L]a sentencia de unificación de la Corte Constitucional establece que en eventos de privación injusta de la libertad no se determina un régimen único de responsabilidad subjetivo u objetivo. Sin embargo, cualquiera sea el que se aplique se debe tomar en cuenta, frente al caso concreto, si la medida fue legal, razonable y proporcionada, además, siempre se habrá de establecer si el imputado o sindicado, con su conducta dolosa o gravemente culposa, dio lugar a la medida de privación de la libertad.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 90 / LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 68

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, consultar providencias de 2 de mayo de 2007, Exp. 15463, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 6 de abril de 2011, Exp. 21563, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 17 de octubre del 2013, Exp. 23354, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 19 de julio de 2017, Exp. 45146, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E); de 19 de julio de 2017, Exp. 45466, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E); de 14 de septiembre de 2017, Exp. 47800, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E); de 12 de octubre de 2017, Exp. 48048, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E); de 1 de febrero de 2018, Exp. 46817, C.P. María Adriana Marín; de 10 de mayo de 2018, Exp. 45358, C.P. María Adriana Marín; de 5 de julio de 2018, Exp. 47854, C.P. María Adriana Marín; de 19 de julio de 2018, Exp. 52399, C.P. María Adriana Marín; de 27 de septiembre de 2018, Exp. 52404, C.P. María Adriana Marín; y de la Corte Constitucional, de 5 de febrero de 1996, Exp. C-037, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; de 5 de julio de 2018, Exp. SU-072, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / OCULTAMIENTO POR FAVORECIMIENTO / INDICIO / APRECIACIÓN DEL INDICIO / EXISTENCIA DEL INDICIO / INDICIO GRAVE / VALOR PROBATORIO DEL INDICIO / CALIFICACIÓN JURÍDICA PROVISIONAL DE CONDUCTA PUNIBLE / CALIFICACIÓN PROVISIONAL DEL DELITO POR FISCALÍA / CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA EN LA INVESTIGACIÓN PENAL / LEGALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / AUSENCIA DE PRIVACIÓN ILÍCITA DE LA LIBERTAD / LIMITACIÓN LEGÍTIMA DEL DERECHO A LA LIBERTAD / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / INEXISTENCIA DE LA FALLA DEL SERVICIO / INEXISTENCIA DE LA FALLA EN EL SERVICIO / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO

El presente caso estaba gobernado por el Decreto 2700 de 1991, el cual en su artículo 36 establecía que en cualquier momento de la investigación en que apareciera comprobado que el hecho no existió, o que el sindicado no lo cometió, o que la conducta era atípica, o que estaba plenamente demostrada una causal excluyente de antijuridicidad o de culpabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o no podía proseguirse, el fiscal declararía extinguida la acción penal. El juez, considerando las mismas causales, debía declarar la cesación de procedimiento, cuando se verificaran esas situaciones durante la etapa del juicio. (…) En el presente caso, se tiene acreditado que la Fiscalía Séptima delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Sincelejo inició una investigación con fundamento en el informe de la Unidad de Policía Seccional de Sucre, por los hechos (…) en el domicilio del señor (…), en los que resultó víctima de homicidio el señor (…). Según se expone en el informe de la Policía Seccional, la Central recibió una llamada mediante la cual comunicaron que se escucharon unos disparos en la casa del señor (…), y que el hecho fue corroborado con una visita a la propiedad y fue la señora (…), cónyuge del procesado, quien manifestó que aquel había realizado unos disparos con un revólver calibre 38 en el patio de la casa. De ese modo, la Fiscalía le impuso medida de aseguramiento consistente en detención privativa de la libertad al señor (…) porque encontró configurados indicios graves en su contra (…). Ahora, si bien en el plenario no obra la indagatoria inicial del señor (…) sí se cuenta con su ampliación y en esta aseveró que en su primera declaración omitió detalles que, en efecto, ayudarían a esclarecer las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que se desarrollaron los hechos. En este sentido, el ente investigador tenía fundamento para la imposición de la medida de detención preventiva, pues las pruebas los señalaban como autor de la conducta de ocultamiento por favorecimiento. La medida de aseguramiento impuesta por la Fiscalía General de la Nación en contra del señor (…) resultó igualmente acorde con el ordenamiento jurídico, toda vez que, de conformidad con el artículo 388 del instrumento procesal penal, sólo se necesitaba de un indicio grave de responsabilidad para imponer la medida de aseguramiento. Adicional a lo anterior, la ley le permitía al ente instructor modificar la calificación jurídica que se hiciera inicialmente, así lo ha explicado la Corte Constitucional al estudiar la exequibilidad del artículo 442 del Decreto 2700 de 1991 (…). De ese modo, la medida de aseguramiento y la resolución de acusación impuestas por la Fiscalía resultaban procedente, toda vez que obedeció al análisis y apreciación de la evidencia física y los elementos materiales probatorios con los que se contaba en ese momento procesal, los que, si bien el Tribunal superior del Distrito Judicial de Sincelejo determinó que no ofrecían certeza plena sobre la responsabilidad del imputado, sí hacía imperiosa la investigación en los términos en que fue ordenada por la autoridad competente. Por las razones expuestas, resulta claro que en el proceso penal adelantado por el delito de ocultamiento por favorecimiento no se incurrió en una conducta constitutiva de falla en el servicio, de ahí que no sea posible atribuir responsabilidad a la Nación-Fiscalía General de la Nación- por la investigación adelantada en contra del señor (…), ni por haber ordenado en su contra la medida restrictiva de la libertad de carácter domiciliario, toda vez que contaba con los suficientes elementos de juicio para inferir razonablemente que podían ser autor o partícipe de las conducta punibles que se investigaban; tampoco se podría condenar a la Nación-Rama Judicial-, como lo expuso el Ministerio Público en su concepto, puesto que respecto de esta entidad no se hizo ninguna atribución jurídica. En ese sentido, la Sala revocará la sentencia de primera instancia.

FUENTE FORMAL: DECRETO 2700 DE 1991 - ARTÍCULO 36 / DECRETO 2700 DE 1991 - ARTÍCULO 388 / DECRETO 2700 DE 1991 - ARTÍCULO 439 / DECRETO 2700 DE 1991 - ARTÍCULO 441 / DECRETO 2700 DE 1991 - ARTÍCULO 442 / DECRETO 2700 DE 1991 - ARTÍCULO 444

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la calificación jurídica provisional de la conducta, consultar providencia de 19 de marzo de 2002, Exp. C-199, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., dos (2) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 70001-23-31-000-2005-02497-01(59817)

Actor: ARMANDO JOSÉ VALENCIA GONZÁLEZ

Demandado: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA)

Temas: PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / RÉGIMEN SUBJETIVO DE RESPONSABILIDAD – Inexistencia de falla en el servicio / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO – Las actuaciones de la entidad demandada estuvieron acordes con las normas del procedimiento penal (Decreto 2700 de 1991)

Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y la Fiscalía General de la Nación contra la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2014, por el Tribunal Administrativo de Sucre, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La Fiscalía Séptima delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Sincelejo abrió investigación penal por el homicidio del señor Emigdio José Vargas Moreno, en hechos ocurridos el 26 de febrero de 2001, en el municipio de Santiago de Tolú. En esa investigación, se escuchó en indagatoria al señor Armando José Valencia González, porque se probó que el homicidio ocurrió en su domicilio; dictó en su contra medida de aseguramiento por el delito de homicidio en grado de complicidad y ordenó su reclusión en centro carcelario. Posteriormente, la Fiscalía modificó la calificación jurídica y acusó al señor Armando José como autor de ocultamiento por favorecimiento. Este fue condenado a 4 años de prisión; sin embargo, en sentencia de segunda instancia, el Tribunal Superior de Sucre, Sala Penal, lo absolvió en aplicación del principio de in dubio pro reo.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

En escrito presentado el 12 de octubre de 2005 (fl. 25, c. 1), los ciudadanos Armando José Valencia González, Shirley Cabarcas García, Armando José Valencia Cabarcas, Yurley Valencia Cabarcas, Mayra Díaz Salinas, Giannina Valencia Díaz, Yaser Valencia Díaz, Alexandra Valencia Díaz, Valeria Johana Valencia Díaz, Armando José Junior Valencia González, Ediltrudis Milena Valencia González, Pedro Luis Valencia González, Sergio Luis Valencia Pombo, José Armando Valencia Pombo, Ana Carolina Valencia Pombo, Alexander Valencia Díaz y Rosalba González de Arroyo por conducto de apoderado (fls. 26, 31 - 34, c. 1) interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación – Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Interior y de Justicia, con el fin de que se declarara su responsabilidad patrimonial por los perjuicios sufridos con ocasión de la privación injusta de la libertad que soportó el señor Armando José Valencia González, en un proceso penal que culminó con sentencia absolutoria.

Los demandantes solicitaron que se efectuaran las siguientes declaraciones y condenas:

1. Que la Nación- Fiscalía General de la Nación y Ministerio del Interior y de Justicia son responsables de los perjuicios morales y materiales ocasionados a los demandantes por el hecho de administrar justicia en forma errada, al adelantar un proceso y vincularlo al mismo al señor Armando José Valencia González privándolo injustamente de su derecho constitucional a la libertad.

2. Como consecuencia de lo anterior se condene a la parte demandada, es decir, a la Nación – Fiscalía General de la Nación y Ministerio del Interior y de Justicia, reconocer y pagar a los demandantes señores Armando José Valencia González (perjudicado directo), Armando José Valencia González (hijo), Pedro Luis Valencia González (hijo), Yurley Valencia Cabarcas, Gianina Valencia Díaz, Yasser Valencia Díaz, Alexandra Valencia Díaz, Valeria Valencia Díaz, Armando José Valencia Cabarcas, Ediltrudis Milena Valencia González, Alexander Valencia Díaz (todos hijos), Rosalba González de Arroyo, Shirley Cabarcas García, Mayra Luz Díaz Salinas (todas ellas compañeras permanentes).

a. Perjuicios morales:

100 smlmv para cada uno de los demandantes, todo a raíz del dolor, de la aflicción, de la congoja y demás repercusiones que ha dejado en todos los demandantes la privación injusta o ilegal de la libertad del señor Armando José Valencia González, sufrida como consecuencia del grave e inexcusable error judicial, al valorar en forma equivocada con violación de la sana crítica las pruebas militantes en la actuación, error propiciado por la Fiscalía General de la Nación, concretamente Fiscalía 7ª Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de la Unidad de Vida de esta ciudad y el Juzgado Primero Penal del Circuito de Sincelejo (Sucre).

b. Perjuicios materiales:

Para el señor Armando José Valencia González: Daño emergente y lucro cesante.

Lucro cesante: El doctor Armando José Valencia se ganaba en el ejercicio de su profesión $15’000.000 mensuales, dinero que dejó de percibir desde el momento de su captura 11 de junio de 2001 hasta su libertad 24 de septiembre de 2003. Lo cual equivale a una suma de $435’000.000 moneda legal colombiana.

Daño emergente: $10’000.000 cancelados al doctor Hebert Iriarte como defensor judicial de Armando José Valencia González, $20’000.000 cancelados al doctor Jairo Arrazola Paternina, también como defensor del señor Armando José y que como consecuencia deben ser pagados al señor Armando José Valencia como consecuencia del error judicial y la privación injusta o ilegal de su libertad, que le deben ser devueltos al mismo.

Como fundamento fáctico de la demanda se narró lo siguiente:

La Fiscalía Séptima delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Sincelejo abrió investigación penal por el homicidio del señor Emigdio José Vargas Moreno, en hechos ocurridos el 26 de febrero de 2001, en el municipio de Santiago de Tolú.

En proveído de 6 de marzo de 2001, la Fiscalía dispuso escuchar en indagatoria al señor Armando José Valencia González. Una vez rendida su versión de los hechos, en proveído de 7 de junio de 2001, la Fiscalía procedió a resolver su situación jurídica y le atribuyó responsabilidad penal en el grado de cómplice del homicidio investigado y ordenó su reclusión en centro carcelario.

Luego, en providencia del 20 de diciembre de 2001, la citada unidad de Fiscalía dictó resolución de acusación en contra del señor Armando José, en calidad de cómplice del homicidio del señor Vargas Moreno.

Iniciada la etapa de juicio, en auto de 14 de marzo de 2002, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Sincelejo resolvió sustituir la detención preventiva en centro carcelario por detención domiciliaria.

El 6 de septiembre de 2002, dicho Juzgado dictó sentencia condenatoria en contra del señor Armando José, pero en calidad de autor del delito de encubrimiento por favorecimiento, con pena de prisión de 4 años que debía cumplir en detención domiciliaria.

Finalmente, el Tribunal Superior de Sincelejo – Sala Penal, en providencia del 24 de septiembre de 2003, resolvió la apelación del procesado y revocó la decisión. Dispuso absolver al señor Armando José y ordenó su libertad inmediata.

Aduce la parte demandante que la Fiscalía es responsable del error judicial cometido al proferir la resolución de medida de aseguramiento y la de acusación, pero advierte que se configura responsabilidad patrimonial por la privación injusta de la libertad, porque dichas actuaciones se dictaron sin fundamentos probatorios que sustentaran la investigación por los delitos atribuidos dado que finalmente el proceso concluyó con sentencia absolutoria.

2. Trámite en primera instancia

La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Sucre mediante proveído de 20 de abril de 2006, el cual se notificó en legal forma a las entidades demandadas y al Ministerio Público (fls. 273 -274, c. 1).

La Fiscalía General de la Nación contestó la demanda de manera oportuna (fls. 669 - 699, c. 1). Manifestó que había actuado de conformidad con sus obligaciones constitucionales y legales, de modo que en el presente caso no se estructuraban los presupuestos esenciales que permitieran configurar una responsabilidad patrimonial a su cargo. Además, aseguró que la medida de aseguramiento en contra del hoy demandante estuvo debidamente motivada, por lo que no era posible aducir que la entidad incurrió en falla del servicio.

El Ministerio del Interior y de Justicia contestó oportunamente la demanda (fls. 738 – 742, c. 1). Formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva al considerar que a la entidad no le correspondía administrar justicia ni investigar los hechos que constituyen delito, por lo que el centro de imputación recaía sobre la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, que fueron las entidades involucradas en el proceso penal adelantado en contra del hoy demandante.

Mediante auto del 19 de enero de 2007, el Tribunal abrió el proceso a pruebas (fls. 337 – 338, c. 1) y, en proveído de 20 de octubre de 2010 (fl. 751, c. 1), corrió traslado para que las partes y el Ministerio Público presentaran sus alegatos de conclusión y concepto, respectivamente. En esa oportunidad procesal, los accionantes reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y solicitaron la declaratoria de responsabilidad de la Fiscalía puesto que la presunción de inocencia del señor Armando José nunca fue desvirtuada (fls. 111 - 127, c. 1).

La Fiscalía General de la Nación y el Ministerio Público guardaron silencio.

3. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia 25 de noviembre de 2014, declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio del Interior y de Justicia y accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda (fls. 259 al 269, c. ppal) en los siguientes términos:

PRIMERO: DECLÁRASE probada la excepción de falta de legitimación por pasiva de la Nación – Ministerio de Justicia y del Interior, conforme se indicó en la parte motiva.

SEGUNDO: DECLÁRASE administrativamente responsable a la Nación – Fiscalía General de la Nación por el daño antijurídico causado a la parte demandante con ocasión de la privación injusta que fuera objeto (sic) el señor Armando José Valencia González, acorde con lo expuesto en los considerandos de esta providencia.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, CONDÉNASE a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar los perjuicios de orden moral y material así:

• Perjuicios morales:

La suma de cien (100) smlmv para el señor Armando José Valencia González.

La suma de cien (100) smlmv para cada una de las siguientes personas, en su condición probada de hijos del señor Armando José Valencia: 1. Yulieth de Jesús Valencia Carmona, 2. José Armando Valencia Pombo. 3. Ana Carolina Valencia Pombo, 4. Sergio Luis Valencia Pombo, 5. Giannina Sigrid Valencia Díaz, 6. Yasser David Valencia Díaz, 7. Alexandra Valencia Díaz, 8. Valeria Johana Valencia Díaz, 9. Pedro Luis Valencia González, 10. Armando José Junior Valencia González, 11. Ediltrudis Milena Valencia González y 12. Alexander José Valencia.

• Perjuicios Materiales

Lucro cesante: CONDÉNASE a la Fiscalía General de la Nación, a pagar al señor Armando José Valencia González, la suma de $61.103.937,57 por concepto de lucro cesante debido.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: En caso de no ser apelada, remítase al H. Consejo de Estado para que surta el grado jurisdiccional de consulta.

Como motivación de la condena impuesta, en primer lugar, el Tribunal argumentó que la controversia examinada se regía por el régimen de responsabilidad objetivo de daño especial, situación que hacía innecesaria la verificación de cualquier falla en el servicio de la demandada para proferir una condena.

En segundo término, puso de presente que el daño reclamado se encontraba acreditado, toda vez que se demostró que el señor Armando José permaneció privado de la libertad, en centro carcelario y en su domicilio, por la medida de aseguramiento que se le impuso en la investigación penal por el delito de homicidio en grado de complicidad, que luego fue modificado en su calificación jurídica por el de encubrimiento por favorecimiento. En cuanto al carácter injusto del mismo, afirmó que este provenía de la sentencia absolutoria que profirió el juez penal, por considerar que al no existir suficiente material probatorio que indicara que el procesado fue el autor del delito, se debía dar aplicación al principio de in dubio por reo.

Consideró que la actuación de la Fiscalía General de la Nación fue determinante para la producción del daño, en razón a que fue esta la entidad que solicitó la medida de aseguramiento del hoy demandante.

Como consecuencia, accedió al reconocimiento de una indemnización de perjuicios morales a favor de todos los demandantes en cuanto acreditaron el parentesco con la víctima directa del daño y una indemnización a título de lucro cesante.

Por otra parte, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio del Interior y de Justicia al no existir nexo causal entre el daño y las funciones asignadas a esta entidad.

4. El recurso de apelación y su concesión

La Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión (fls. 833 – 841, c. ppal), para solicitar su revocatoria y que, en su lugar, se denegaran las pretensiones de la demanda.

Para la entidad, la medida de aseguramiento estaba justificada por los indicios graves de responsabilidad en contra del procesado por lo que el daño, privación de la libertad, no se constituía en antijurídico; por el contrario, era una carga que el hoy demandante estaba en el deber legal de soportar.

El 21 de junio de 2017 se llevó a cabo la audiencia de conciliación prevista en el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, la cual se declaró fallida y en consecuencia se concedió el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación (fl. 898, 907 -909 c. ppal).

5. El trámite en segunda instancia

En memorial presentado el 26 de julio de 2017, la parte demandante formuló apelación adhesiva mediante la cual manifestó “me voy adhesivamente en la apelación presentada por el apoderado de la Fiscalía para que me sean incluidos en la sentencia a mis dos hijos Yurley Tatiana y Armando José Valencia Cabarca, ya que no me los han querido incluir en la parte resolutiva de la sentencia” (fl. 913, c. ppal).

En auto de 21 de septiembre de 2017 esta Corporación admitió el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada y la apelación adhesiva presentada por la parte demandante (fl. 919, c. ppal).

Seguidamente, en proveído de 17 de octubre de 2017, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto (fl. 921, c. ppal).

En esa oportunidad, la Fiscalía manifestó que el estudio probatorio realizado para decretar la detención preventiva estuvo acorde a las exigencias legales, esto es, se acreditaron los indicios graves de responsabilidad penal. Agregó que la absolución de la responsabilidad penal solo había procedido por aplicación del principio de in dubio pro reo y no como lo afirma la parte demandante, que el sindicado no cometió la conducta (fls. 939 - 953, c. ppal).

Por su parte, el Ministerio Público consideró que la sentencia de primera instancia debía ser modificada en la distribución de la condena, porque la Rama Judicial era responsable de la privación de la libertad del señor Armando José, a partir de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Sincelejo, mediante la cual se condenó al procesado a 4 años de prisión (fls. 954 - 960, c. 1).

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón de los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2014, por el Tribunal Administrativo de Sucre habida cuenta de que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 y las consideraciones de la Sala Plena del Consejo de Estado en auto de 9 de septiembre de 2008, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso.

2. El ejercicio oportuno de la acción

Al tenor de lo previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de reparación directa debía instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

Tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad.

En el expediente obra la sentencia del 24 de septiembre de 2003, proferida por el Tribunal Superior de Sucre, Sala Penal, por medio de la cual absolvió al señor Armando José Valencia González por el delito de encubrimiento por favorecimiento, decisión que cobró ejecutoria el 28 de octubre de 2003, según constancia de la Secretaría de Juzgado Primero Penal del Circuito de Sincelejo (fl. 265, c. 1).

En consecuencia, el término de caducidad para presentar la demanda de reparación directa corrió entre el 29 de octubre de 2003 y el 29 de octubre de 2005, y al haberse presentado la demanda el 12 de octubre de 2005 se concluye que esta se formuló de manera oportuna.

3. La legitimación en la causa

El señor Armando José Valencia González se encuentra legitimado para actuar como demandante dentro del proceso de reparación directa, por cuanto, de las pruebas obrantes en el expediente, se acredita que fue privado de la libertad con ocasión del proceso penal adelantado en su contra. Es decir, es la víctima del daño cuya indemnización se pretende.

Adicionalmente, acudieron los siguientes demandantes, quienes aducen que sufrieron perjuicios morales por la privación de la libertad del señor Armando José, y acreditaron su parentesco con aquel, a partir de lo cual se infiere que se encuentran legitimados en la causa por activa, así:

Demandante
Relación de parentesco
Documento de la acreditación del parentesco
Armando José Valencia Cabarcas
Hijo
Registro civil de nacimiento (fl. 537, c. 1)
Yurley Tatiana Valencia Cabarcas
Hija
Registro civil de nacimiento (fl.536, c. 1)
José Armando Valencia Pombo

Hijo
Registro civil de nacimiento (fl, 41, c. 1)
Ana Carolina Valencia Pombo
Hija
Registro civil de nacimiento (fl. 42, c. 1)
Gianniana Sigrid Valencia Díaz
Hija
Registro civil de nacimiento (fl. 39, c. 1)
Yaser David Valencia Díaz
Hijo
Registro civil de nacimiento (fl. 37, c. 1)
Alexandra Gisella Valencia Díaz
Hija
Registro civil de nacimiento (fl. 36, c. 1)
Valeria Johana Valencia Díaz
Hija
Registro civil de nacimiento (fl. 38, c. 1)
Pedro Luis Valencia González
Hijo
Registro civil de nacimiento (fl. 40, c. 1)
Armando José Junior Valencia González
Hijo
Registro civil de nacimiento (fl. 44, c. 1)
Ediltrudis Milena Valencia González
Hija
Registro civil de nacimiento (fl. 45, c. 1)
Alexander José Valencia Díaz
Hijo
Registro civil de nacimiento (fl. 46, c. 1)
Sergio Luis Valencia Pombo
Hijo
Registro civil de nacimiento (fl. 43, c. 1)

Debe precisarse que, si bien la joven Yulieth de Jesús Valencia Carmona demostró ser hija del señor Armando José, porque así consta en el registro civil de nacimiento visible a folio 35 del cuaderno 1, lo cierto es que carece de legitimación en la causa por activa porque a su nombre no se formularon pretensiones en la demanda; por lo tanto, esta Sala declarará su falta de legitimación en la causa por activa.

Ahora, en relación con las señoras Shirley Cabarcas García, Rosalba González de Arroyo y Mayra Díaz Salinas, quienes adujeron que acudían en calidad de compañeras permanentes del señor Armando José Valencia González, la Sala precisa que no se tiene probada tal condición ni la de terceras damnificadas.

Asimismo, se precisa que en el recurso de apelación se guardó silencio acerca de la denegatoria de la indemnización solicitada por estas demandantes, razón por la cual, conforme a la regla de congruencia establecida en el artículo 357 del CPC, no se hará ningún estudio adicional respecto de estas y se declarará su falta de legitimación en la causa por activa.

De modo que, si bien en el fallo de primera instancia se reconocieron perjuicios a favor de la joven Yulieth de Jesús Valencia Carmona, en calidad de hija del señor Armando José Valencia González y se negó el reconocimiento de perjuicios morales a favor de las señoras Shirley Cabarcas García, Rosalba González de Arroyo y Mayra Díaz Salinas y nada se dijo al respecto en el recurso de apelación, lo cierto es que la legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto procesal que debe ser analizado de oficio por el juez de segunda instancia, pues tal y como lo consagraba el artículo 164 del C.C.A. (norma aplicable) “… en la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada” y, además, que “… el silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la reformatio in pejus”.

En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, se verifica que el daño que se invoca en la demanda proviene de actuaciones y decisiones adelantadas por la Nación -Fiscalía General de la Nación- la cual se acusa de ser la causante de los daños cuya indemnización reclama la parte actora, motivo por el que considera la Sala que tiene legitimación para actuar dentro del presente asunto.

4. La responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad

La Sección Tercera venía sosteniendo que en los casos en que una persona era detenida preventivamente, por disposición de una autoridad judicial, y luego recuperaba la libertad, bien porque resultaba absuelta bajo supuestos de que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no era constitutiva de hecho punible o en aplicación del principio in dubio pro reo, se configuraba un daño que esa persona no estaba en la obligación de soportar y que, por tanto, el Estado era patrimonialmente responsable, en aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad bajo el título de daño especial.
No obstante, la Sala siguió aplicando el régimen de responsabilidad de falla del servicio para la declaración de responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad, en los eventos de detención ilegal o arbitraria o en casos de homonimia o cuando la autoridad judicial disponía la captura de una persona, con fines de indagatoria y tardaba más del término legalmente establecido para resolver su situación jurídica, entre otros.

Posteriormente, la Corte Constitucional expidió la sentencia SU 072/18, sobre el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado aplicable en eventos de privación injusta de la libertad. En esta precisó que ni en el artículo 90 de la Constitución Política, ni en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, que prevé la privación injusta de la libertad como un evento resarcible, ni en la sentencia C-037 de 1996, que declaró la exequibilidad condicionada de ese artículo, se estableció un régimen específico de responsabilidad patrimonial del Estado en eventos de privación injusta de la libertad, pero consideró que, independientemente del título de imputación que se elija aplicar, debe considerarse si las decisiones adoptadas por el funcionario judicial se enmarcan en los presupuestos de <<razonabilidad, proporcionalidad y legalidad>>. Por último, agrega la sentencia citada, en todos los casos debe considerarse la culpa exclusiva de la víctima.

De acuerdo con lo anterior, la Corte Constitucional señaló que en dos eventos de los considerados en la jurisprudencia del Consejo de Estado resultaba factible aplicar un régimen objetivo de responsabilidad, concretamente, en aquellos en los cuales la decisión penal culminaba con la declaración de que el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica, porque, a su juicio, en ambas situaciones la privación de la libertad resulta irrazonable y desproporcionada, por lo que <<el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos>>.

A diferencia de los dos eventos anteriores, para la Corte, las absoluciones motivadas en que el procesado no cometió el delito, o en la aplicación del principio in dubio pro reo, o cuando concurre una causal de justificación o una de ausencia de culpabilidad, requieren de mayores disquisiciones por parte de los fiscales o jueces para vincular al imputado con la conducta punible y presentarlo como autor de la misma y, por tanto, el juicio de responsabilidad patrimonial del Estado por los daños derivados de la medida de aseguramiento que se les imponga debe estar motivado en una valoración sobre la legalidad, proporcionalidad y razonabilidad de la medida.

En conclusión, la sentencia de unificación de la Corte Constitucional establece que en eventos de privación injusta de la libertad no se determina un régimen único de responsabilidad subjetivo u objetivo. Sin embargo, cualquiera sea el que se aplique se debe tomar en cuenta, frente al caso concreto, si la medida fue legal, razonable y proporcionada, además, siempre se habrá de establecer si el imputado o sindicado, con su conducta dolosa o gravemente culposa, dio lugar a la medida de privación de la libertad.

Bajo los anteriores parámetros entra a considerarse el caso concreto.

5. Problema jurídico

La Sala examinará si en el presente caso se reúnen los presupuestos necesarios para que la Nación -Fiscalía General de la Nación- deba responder patrimonialmente por la privación de la libertad padecida por el señor Armando José Valencia González, por haber sido sindicado de la comisión del delito de ocultamiento por favorecimiento.

6. El daño

Con el fin de abordar integralmente la problemática del presente asunto, la Sala analizará la demostración del daño, toda vez que se trata del primer elemento que debe estudiarse para establecer la responsabilidad extracontractual del Estado. Una vez establecida la alegada afectación de los intereses de la parte demandante, se entrará a determinar la posibilidad de imputarla a la demandada.

En el caso concreto, el daño alegado por los demandantes es la privación de la libertad del señor Armando José Valencia González en el marco del proceso penal que se adelantó en su contra por el delito de encubrimiento por favorecimiento.

La Sala considera que no hay duda de la existencia del daño alegado, porque se acreditó que el señor Armando José fue privado de su libertad, en establecimiento carcelario, por orden de la Fiscalía Séptima delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Sincelejo. Así, el 11 de junio de 2001 se concretó la orden de captura en contra del sindicado (fl. 73, c. 1); posteriormente, la medida de aseguramiento es sustituida por detención domiciliaria, la que se hizo efectiva el 14 de marzo de 2002, según la diligencia de compromiso (fl. 199, c. 1). Finalmente, recobró la libertad el 24 de septiembre de 2003 (fl. 260, c. 1).

Al proceso concurrieron, igualmente, los ciudadanos Armando José Valencia Cabarcas, Yurley Tatiana Valencia Cabarcas, José Armando Valencia Pombo, Ana Carolina Valencia Pombo, Gianniana Sigrid Valencia Díaz, Yaser David Valencia Díaz, Alexandra Gisella Valencia Díaz, Valeria Johana Valencia Díaz, Pedro Luis Valencia González, Armando José Junior Valencia González, Ediltrudis Milena Valencia González, Alexander José Valencia Díaz y Sergio Luis Valencia Pombo, quienes acreditaron el parentesco que los unía con el señor Armando José Valencia González, como antes se señaló, y de quienes, por tanto, se infiere que padecieron un daño como consecuencia de la privación de la libertad que este soportó.

7. La imputación

Establecida la existencia del daño, es necesario verificar si el mismo es imputable o no a la demandada, aspecto este que constituye el núcleo del recurso de apelación formulado.

El presente caso estaba gobernado por el Decreto 2700 de 1991, el cual en su artículo 36 establecía que en cualquier momento de la investigación en que apareciera comprobado que el hecho no existió, o que el sindicado no lo cometió, o que la conducta era atípica, o que estaba plenamente demostrada una causal excluyente de antijuridicidad o de culpabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o no podía proseguirse, el fiscal declararía extinguida la acción penal. El juez, considerando las mismas causales, debía declarar la cesación de procedimiento, cuando se verificaran esas situaciones durante la etapa del juicio.

En el artículo 388 de la misma codificación se establecían los requisitos para la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva, así:

Artículo 388. Requisitos sustanciales. Son medidas de aseguramiento para los imputables, la conminación, la caución, la prohibición de salir del país, la detención domiciliaria y la detención preventiva, las cuales se aplicarán cuando contra del sindicado resultare por lo menos un indicio grave de responsabilidad, con base en las pruebas legalmente producidas en el proceso.

En los delitos de competencia de los jueces regionales sólo procede como medida de aseguramiento, la detención preventiva.

El artículo 439 preceptuaba que el sumario se calificaba profiriendo resolución de acusación o resolución de preclusión de la instrucción.

En el artículo 441 se indicaba que el fiscal dictaría resolución de acusación cuando estuviera demostrada la ocurrencia del hecho y existiera confesión, testimonio que ofreciera serios motivos de credibilidad, indicios graves, documento, peritación o cualquier otro medio probatorio que comprometiera la responsabilidad del imputado.

El artículo 442 señalaba como requisito formal de la resolución de acusación la calificación jurídica provisional de la conducta.

El artículo 444 del estatuto procesal penal previó que con la ejecutoria de la resolución de acusación comenzaba la etapa del juicio y adquirían competencia los jueces encargados del juzgamiento, y el Fiscal General de la Nación o su delegado, la calidad de sujeto procesal.

Bajo estas normas se rigió el procedimiento que se adelantó en contra del señor Armando José Valencia González, del cual se destacan las siguientes actuaciones:

• El 1° de marzo de 2001, el jefe del Grupo de Vida e Integridad de la Policía Seccional de Sucre remitió informe a la Fiscalía Seccional de Sincelejo con el fin de exponer los siguientes hechos que motivaron la investigación penal en contra del hoy demandante:

Siendo las 11:00 aproximadamente en la vía que del municipio de Tolú conduce al sitio conocido como El Francés fue encontrado el cuerpo sin vida flotando en las aguas de la ciénaga de ese lugar, la persona que en vida respondía al nombre de Emigdio José Vargas Moreno de ocupación agente pensionado de la Policía Nacional y escolta.
(…)
Una vez encontrado el cadáver del ex agente de la Policía Nacional Emigdio Vargas, la Unidad investigativa de Tolú, Sucre, en asocio con integrantes del Grupo de Vida de la Seccional de Policía Judicial, se empezó de inmediato a adelantar las indagaciones preliminares del caso en mención y se pudo constatar que la víctima se encontraba departiendo en la residencia del doctor Armando José Valencia González ubicada en la carrera 6ª entre calles 16 y 17 del municipio de Tolú, el día 24 de febrero del presente año en compañía de Pedro Husain Ramos, Shirly Cabarcas García esposa del propietario de la residencia, Francisco Villarreal Ospino, Wilson Ramos Ismael, Miguel Campo Monterroza y otras personas más, cabe anotar que la fiesta se dio por la celebración de cumpleaños de la Sra. Shirley esposa del señor Armando Valencia González.

(…)

De acuerdo con el informe suscrito por el señor comandante de la estación de policía de la Tolú eso de las 23:30 aproximadamente del día 24 de febrero de 2001 se recibió una llamada telefónica al 112 de la Policía Nacional donde informaban que en la residencia del doctor Armando Valencia González se encontraban haciendo disparos, información que fue verificada por el mismo comandante de la estación de policía de Tolú donde la señora Shirly le informó al señor teniente Lozano Sepúlveda que su esposo Armando había hecho unos disparos al aire pero que ella ya había escondido el arma.

Fue así como de inmediato se procedió a recepcionar el testimonio de algunas de las personas que se encontraban departiendo en la residencia del señor Armando Valencia González, se le recepcionó a la señora Shirley Cabarcas García quien manifiesta que el 24 de febrero del presente año había una reunión familiar en su casa y estuvieron hasta las 2:00 de la mañana del día 25 de febrero de 2001 y que la víctima se fue de la casa a la hora anotada, también afirma que durante el desarrollo de la reunión familiar su esposo Armando Valencia hizo unos disparos en el patio porque vio un animal raro y eso fue temprano y lo hizo con un revólver calibre 38 que tenía su esposo con papeles.

(…)

El señor Francisco Villarreal Ospino, quien también se encontraba departiendo en la reunión anotada dice que se retiró de la misma a eso de las 23:45, aproximadamente, pero que al día siguiente se enteró por terceras personas que no reveló la identidad, que a eso de las 2:30, aproximadamente, escucharon varios impactos de bala y se asomaron por una hendija de la casa y notaron movimientos de todo el personal que se encontraba en la fiesta guardando las sillas, mesas y vieron a una persona presumiblemente herida que la embarcaron en un carro que se encontraba en la puerta de la residencia, al igual que hicieron una persona lavando los pisos extrañados por la hora que se producían esos hechos y el carro salió con rumbo desconocido e inmediatamente se acabó la fiesta.

Teniendo en cuenta lo anterior se solicitó allanamiento y registro de la residencia De Armando Valencia y Shirly Cabarcas en la cual se desarrolló la fiesta, la solicitud que fue aprobada llevándose a cabo y encontrándose un sinnúmero de manchas de sangre en la terraza de la residencia, rejas, en la puerta principal, baño, aparece en la suela de los zapatos de las señora Shirly y en el techo de la residencia se encontraron 3 vainillas de calibre 38 largo especial, lo que se presume que fueron lanzadas durante los hechos. De igual forma, se relacionó o se tomó una silla plástica tipo rimax de color rojo y una papelera sanitaria donde se observan al parecer manchas de sangre. Manifestó la señora Shirley que su esposo el día domingo 25 de febrero de 2001 se cortó pelando una piña motivo de las manchas de sangre.

Cabe anotar señor fiscal que Armando Valencia y Pedro Ramos se dieron a la huida presuntamente al término de la fiesta o reunión familiar porque hasta la fecha no se les ha podido ubicar y se desconoce su paradero, aunque la señora Shirly Cabarcas manifiesta que su esposo se fue desde el día lunes 26 de febrero en horas de la mañana para Cartagena y Barranquilla para atender los negocios judiciales y se le ha solicitado que se comunique con él, manifestando ella no ha sido posible.

Así mismo, le informo señor Fiscal que en horas de la mañana del día 27 -02-2001 se le preguntó a la señora Shirly que dónde se encontraba el vehículo de su esposo de placas GNA 532 y manifestó que en la residencia y en horas de la tarde del mismo 27 cuando fuimos a realizar el allanamiento y registro ya el vehículo no estaba, manifestando que lo había llevado a la ciudad de Sincelejo a un taller.

(…) se presume que los autores materiales son las dos personas que se encuentran huyendo porque hasta la fecha no se han presentado a dar explicaciones del hecho ocurrido, es por esto por lo que, se presume que son: Armando José Valencia González y Pedro Husein Ramos Ismael (fls. 50 – 52, c. 1).

• El 30 de abril de 2001, el señor Armando José rindió ampliación de indagatoria ante la Fiscalía Séptima delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Sincelejo, adujo que en la primera diligencia de indagatoria omitió detalles de los sucesos que motivan la investigación porque tenía temor de que atentaran contra su vida, así lo manifestó:

Primero que todo el temor y el pavor que me causa el peligro que corre mi vida, la de mi mujer y de cualquier familiar mío, estas razones de inseguridad por mi vida me llevaron a omitir ciertos detalles trascendentales en la investigación.

(…)

El día que se dieron los hechos yo me encontraba sentado al lado del señor Emigdio Vargas dormido y me despierta una detonación, cuando veo al señor Pedro que le dispara estando sentado el señor Emigdio Vargas, yo me paro y le digo ‘que estás haciendo Pedro’ y trato de quitarle arma y Pedro me pega un tiro en el dedo pulgar de la mano derecha (…) en ese viene saliendo mi mujer del cuarto toda atribulada y me pregunta qué pasa, y yo le digo Peyito que acaba de darle un tiro a Emigdio, entonces ella dice vamos a denunciarlo, entonces Pedro no nos deja salir, mete las dos sillas que hay ahí en la terraza con Wilson y Shirly, la mujer de Wilson y me encierro en mi cuarto por miedo (…) esperando que amaneciera para que la gente empezara a andar y así yo sentirme más seguro, entonces a las 6 am llega un señor que le dicen El Cachaco a buscar una bicicleta que había dejado en mí casa pero allá no estaba, luego aparece Nelson Romero porque íbamos para un paseo, yo le digo que nos encontremos en el hotel Brisas del Mar que es de mi suegra, y yo le pido el favor que busque un esparadrapo y droga para curarme el dedo (…) también quiero agregar que cuando suceden los hechos en carro está en la puerta, el señor Emigdio es quien posee el carro, ya que todo el tiempo él tenía las llaves de mi carro, cuando me levanto encuentro el carro normal donde lo había dejado Emigdio y la llave me la habían tirado por la ventana de la casa y estaban en la Sala (…) PREGUNTADO: De acuerdo con las conclusiones de Medicina Legal, se tiene que las muestras o manchas que figuran en el tapete del vehículo GNA 532 son manchas de sangre humana, pero las cuales fueron insuficientes para identificar el grupo sanguíneo, se deduce que en dicho vehículo se pudo transportar a una persona lesionada, qué dice al respecto. CONTESTÓ: presumiblemente las manchas que se encuentran en el carro son de sangre humana y lo manejó Pedro Husein Ramos o Wilson Ramos (fls. 58 - 59, c. 1).

• Mediante Resolución de 7 de junio de 2001 la Fiscalía Séptima delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Sincelejo resolvió imponer medida de aseguramiento en centro carcelario al señor Armando José Valencia en calidad de cómplice del delito de homicidio siendo víctima el señor Emigdio José Vargas Moreno. Como fundamento de la decisión expuso:

Está acreditada con la diligencia de inspección y levantamiento de cadáver a la persona que en vida respondió al nombre de Emigdio José Vargas Moreno su deceso que se produjo aproximadamente en horas de la madrugada el 25 de febrero de 2001 probablemente por arma de fuego, dos impactos.

En este momento le resultan graves indicios de responsabilidad a este procesado como cómplice del homicidio investigado. De un lado el haber contribuido con su arma de fuego a que se realizara el homicidio, y de otro lado, el haber prestado una ayuda posterior relacionada con el transporte del cadáver en su vehículo Mazda 626 azul de placas GNA 532 de Cartagena, para dejarlo abandonado a las afueras del municipio de Tolú, amen del lavado de pisos de su casa y del vehículo para tratar con ello de borrar toda evidencia.

(…)

Del vehículo: (…) Pese a que el sindicado Valencia González niega su participación en el crimen y en principio niega también admitir que en su vehículo particular se transportó al cadáver del occiso para dejarlo abandonado en corregimiento vecino al municipio de Tolú, mostrándose posteriormente evasivo, dejando la puerta abierta a la Fiscalía para que crea que pudo haber sido Wilson Ramos o su hermano Pedro los que se encargaron de transportarlo, mostrándose ajeno a esa situación; podemos ver claramente que en el evento de que Wilson Ramos también hubiese colaborado en ese transporte, porque le podía resultar muy difícil a Pedro cargarlo solo, esta situación aún no está verificada o clara dentro del expediente.

Nótese en ese testimonio dos situaciones: una que Pedro no sabía manejar por lo que hay que descartar que él hubiese sido el que condujo el vehículo Mazda para transportar el cadáver desde la casa de la familia Valencia Cabarcas y dos cuando el automóvil regresa ya no iba a Pedro ahí lo que indica que después que abandonaron el cadáver en las afueras del municipio lógicamente Pedro quedó en casa de su hermano Wilson o simplemente huyó del lugar y el vehículo llevaba hasta la casa de su dueño una persona diferente a Pedro o a Wilson.

Luego entonces, si Pedro no conducía el carro que venía culebreando y estacionado en la casa de su propietario, lógico resulta concluir que el señor Armando Valencia González era quien lo conducía cuando se fueron en su automóvil a abandonar el cadáver, por qué, recordemos no solo que estaba ebrio (…) no debemos olvidar que acababa de recibir una herida en el dedo pulgar de una de sus manos, lo que desde luego influye para que se presente el susodicho ‘culebreo’ y ello sería una explicación del porqué no acude a esa misma madrugada al centro de salud para que le atendieran la herida.

No resulta de recibo el hecho de que la llave de su vehículo apareció tirada en la sala de su casa, porque bien sabemos que la casa fue cerrada después de que lavaron los pisos y de las fotografías de la misma aportadas al expediente vemos que la clase de vidrios que poseen son de esos que al cerrarse no permiten abrirse desde afuera.

La conducta asumida por este procesado ante los hechos no refleja su clara inocencia o ajenidad ante los mismos pues como profesional del derecho y ante un hecho tan reprochable lo menos que debía hacer era impedir la desaparición de evidencias pues sí en realidad era ajeno a los mismos y si Pedro insistía en llevarse el cadáver en su vehículo contra su voluntad por lo menos debió dar aviso a la autoridad e impedir que se lavaran los pisos y su vehículo el que debió presentar ante la autoridad en actitud de reproche por el hecho tan grave que le había ocasionado sin su contribución.

La evidencia de los resultados de las manchas de sangre en el baúl de su vehículo y en las paredes, piso y silla de su residencia, es lo que lo lleva a tratar de enmendar un poco su negativa inicial.

Del arma: que Pedro disparó con una de las armas que le había traído al señor Orlando David Fernández, es probable, pero la realidad en este momento nos muestra otra cosa y es que, si partimos de la base que el revólver Llama, calibre 38 largo, serie No. IM 7637A de su propiedad fue vendido por las fuerzas militares, Armada Nacional, lo que indica que es original, de fábrica, no tenía por qué presentar regrabación en su número de serie, cómo lo deja consignado el estudio balístico que se realizó, cuyos resultados aparecen en el informe 3340 del laboratorio de investigación científica del cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía de Barranquilla de fecha 8 de mayo del presente año.

El hecho de no habérselo llevado el lunes siguiente como había quedado su señora Shirley al teniente de la policía la noche que estuvo en su casa aunado al hecho de que ni siquiera lo presentara al momento de la indagatoria como prueba de sus descargos sino que esperara a que la Fiscalía se la solicitara, no es actitud que se le va a escapar a un profesional del derecho y mirando el tiempo transcurrido entre la ocurrencia del hecho (25 de febrero de 2001) a la fecha en que materialmente se hizo la entrega (marzo 22 de 2001), este es bastante considerable para que se produzca la regrabación de otra arma con el número de serie de la suya y que de paso podría estar incurriendo en otra conducta punible.

(…)

Nótese que su señora Shirley expresa que después que se realizaron los disparos iniciales y llega la policía a su residencia ella le expresa al teniente que ella guardó el revólver en el closet, luego resulta muy forzado creer que Pedro hubiese ingresado al interior de la casa e ir directo al sitio donde se encontraba guardado el revólver para tomarlo y disparar contra Emilio, amén de que se dice en el expediente que Armando era el único que estaba armado esa noche, pues si bien resulta dudoso que lo diga Wilson por el interés que puede tener a favor de su hermano también lo afirma el señor Miguel Ángel Campo Monterroza de quien se supone debe fidelidad a Valencia González por la dependencia laboral por espacio de 15 años para con el suegro de este sindicado, además de ser su mensajero (fl. 64 - 68, c. 1).

• Mediante proveído de 3 de septiembre de 2001, la Fiscalía Séptima delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Sincelejo negó una petición de revocatoria de la medida de aseguramiento instaurada por el procesado al indicar que sobrevinieron pruebas tendientes a desvirtuar la calificación provisional, al respecto el ente instructor expuso:

A nuestro juicio con el debido respeto, manifestamos al memorialista que no compartimos sus argumentos, pues a nuestro juicio los testimonios antes de relacionados allegados con posterioridad a la medida de aseguramiento impuesta contra su defendido no desvirtúan los elementos de juicio tenidos en cuenta para imponerla.

El testimonio de la señora Shirley Cabarcas busca es justificar el motivo por el cual no acudieron ella o su esposo a la policía a denunciar lo ocurrido en su casa, cuyo deber se lo imponía la ley: artículo 25 del código de procedimiento penal.
(…)
Roiland Aguilera con quién se trata de mostrar al despacho que Armando no salió a conducir el vehículo porque estaba encerrado y las amenazas que sustentarían la razón de su omisión a denunciar no ofrece el más mínimo asomo de credibilidad que favorezca los intereses de este por sus inconsistencias (fls. 89 – 91, c. 1).

• En Resolución de 20 de diciembre de 2001 la Fiscalía Séptima delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Sincelejo decidió acusar al señor Armando José como cómplice del homicidio del señor Emigdio José Vargas Moreno, también se mantuvo la medida de aseguramiento impuesta (fls. 145 – 153, c. 1).

• Mediante Resolución de 14 de marzo de 2002, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Sincelejo decidió sustituir la medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario impuesta al señor Armando José, por la de detención domiciliaria. En esta providencia se explica que previamente la Fiscalía había modificado la calificación jurídica de complicidad por la de ocultamiento por favorecimiento (fls. 193 – 197, c. 1):

La actuación fuera adelantada a tal punto que se procedió al cierre de la investigación y a la calificación de la misma y mediante Resolución de fecha 20 de diciembre de 2001, se llegó a calificar la referida investigación con llamamiento a juicio el doctor Armando Valencia González como cómplice del delito de homicidio.

Habiendo sido apelada la anterior resolución, acudió en alzada hasta la Fiscalía Primera Delegada ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Sincelejo la cual procediera a reformar la misma acusando al doctor Armando Valencia González como posible autor del delito autónomo de encubrimiento por favorecimiento del cual da cuenta el artículo 446 del actual Código Penal, el cual según observa el Juzgado, mantiene para la conducta por la cual se acusa a este procesado, mantiene para la conducta por la cual se acusa a este procesado, una pena de 4 a 12 años de prisión.

Llegado el proceso a conocimiento del Juzgado, hizo llegar el apoderado para la defensa, escrito mediante el cual solicita a favor del procesado Armando José Valencia González la situación de la medida de aseguramiento que le viene impuesta al mismo por domicilio cuestión que estima el Juzgado para su estudio lo siguiente:

Resulta claro, por cuanto ya viene definido que al procesado doctor Armando Valencia González se le acusa mediante resolución debidamente ejecutoriada de la supuesta conducta de encubrimiento por favorecimiento.

Hecha la observación del delito por el que se acusa al procesado Armando José resulta que al mismo le viene fijada una pena mínima de 4 años de prisión conforme se refleja del contenido del inciso segundo del artículo 446 del Código Penal lo que lleva a señalar tal conducta dentro de los parámetros del parágrafo único del artículo 357 del actual código de procedimiento penal.

(…)
Así las cosas, González se le acusa del delito de encubrimiento por favorecimiento el cual contempla como pena mínima de 4 años de prisión lo que indica que desde el punto de vista objetivo esta conducta encuadra dentro de los parámetros de los artículos 38 numeral 1 del Código Penal y 357 parágrafo único del código de procedimiento penal.

Desde el punto de vista subjetivo que menciona el numeral segundo del mismo artículo 38 del Código Penal resulta para el juzgado la viabilidad de la sustitución de la medida impuesta por domiciliaria dadas las condiciones que resultan sobre la participación de este proceso dentro de los hechos que constituyen la conducta por la cual se le acusa lo cual conduce estimar el resultado de una omisión impropia para verse involucrado en la conducta, a lo cual, se le debe sumar la presencia hasta el momento de la causal genérica de menor punibilidad como lo es el hecho que contra este procesado no resulta prueba alguna que refleje antecedentes y si se tiene en cuenta el contenido de las pruebas arrimadas por el mismo procesado como en su caso lo son la declaración jurada extra proceso rendida ante notario las cuales acreditan su buen comportamiento social todo esto conduce a considerar que resultan dadas las bases para estimar que este procesado reúne a cabalidad los requisitos exigidos por este numeral segundo del artículo 38 del Código Penal que viene citado.

Por lo tanto, resulta viable la estimación de la concesión de la sustitución solicitada de detención preventiva sin excarcelación por detención domiciliaria para garantizar la cual debe el procesado suscribir diligencia de compromiso y prestar caución de 2 salarios mínimos legales mensuales (fls. 193 – 197, c. 1).

• El 6 de septiembre de 2002, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Sincelejo dictó sentencia de primera instancia mediante la cual condenó al señor Armando José a 4 años de prisión por encontrarlo responsable del delito de encubrimiento por favorecimiento. Asimismo, se le concedió la sustitución de la pena por prisión domiciliaria (fls. 90 – 134, c. 1).

• El 24 de septiembre de 2003, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo – Sala Penal de Decisión profirió sentencia de segunda instancia mediante la cual revocó la de condena impuesta al señor Armando José y, en consecuencia, lo absolvió de responsabilidad penal por considerar que no se acreditó con certeza la autoría del delito de encubrimiento por favorecimiento. Como motivo de la decisión se destaca lo siguiente:

A Valencia González se le acusó en calidad de cómplice debido a las pruebas indiciarias (…).

La calificación jurídica provisional efectuada por la Fiscalía de primer grado fue modificada por el superior funcional de la misma, imputando a Valencia González el delito de encubrimiento por favorecimiento, en razón de haber ayudado este con su comportamiento a eludir la acción de la justicia o a entorpecer la investigación, pues guardó silencio a sabiendas de que su carro fue utilizado para que Pedro Husein Ramos Ismael botara el cadáver de Vargas Moreno en las aguas del mar caribe. Así mismo lavar tanto su casa como el vehículo para borrar las huellas de sangre.

(…)

Como se ve, la sindicación inicial realizada por las autoridades judiciales contra el acusado Valencia González ha variado a medida que los soportes probatorios se van desvaneciendo, ya sea porque se comprobó v. gr. que este nunca condujo su automotor para deshacerse del cadáver ora porque tampoco resultó cierta la afirmación inicial de la Fiscalía según la cual el procesado había prestado su revólver al homicida Ramos Ismael, para que este disparara contra la víctima Emigdio Vargas Moreno; sin embargo, algunos hechos sí han tenido cabal comprobación: Que cuando iniciaron los actos agresivos Valencia González se encontraba dormido y despertó cuando estos empezaron a desarrollarse, y que quiso evitar el crimen y por ese motivo recibió un tiro aleccionador en el dedo pulgar izquierdo. Que el cadáver sí fue llevado en el automóvil de propiedad de este acusado al lugar donde fue encontrado y que los anfitriones de la fiesta trataron de desaparecer las huellas de sangre que quedaron en su casa y en el automotor, como consecuencia del hecho.

Cabe entonces preguntarse si el miedo y porque no, el temor al escándalo y a verse comprometidos en el crimen, generaron el desfase comportamental de Valencia González y su señora Shirly, tal como quedó consignado en el precedente acápite O, si simplemente, actuaron para ayudar al homicida Pedro Husein a eludir la acción de la autoridad o con el propósito de entorpecer la investigación.

En lo que atañe a la fase inicial de los hechos, Valencia González presenta una exculpación que es a todas luces atendible: Al momento del hecho se encontraba embriagado y durmiendo, cuando fue sorprendido por un disparo; quiso evitar la acometida de Ramos Ismael contra Vargas Moreno y como respuesta recibió de este un disparo intimidatorio que lesionó unos de sus dedos. Este hecho no podía generar una reacción favorable de su parte, que no fuera por el miedo. Dice haberse encerrado en un cuarto con su compañera, en momentos en que afuera de su casa, su vehículo era utilizado para la consabida finalidad, ¿acaso puede extraerse de todo ello una actitud de favorecimiento?

Las consecuencias procesales, que como bien anota el recurrente, son las que están en el mundo de la controversia judicial, señalan que él no condujo el automóvil de su propiedad (testimonios de (…)) sino que fueron dos personas distintas. Ahora bien, afirma que él facilitó voluntariamente el rodante no es más que conjetura, porque sus llaves bien pudieron tenerla quienes lo manejaron durante la tarde y la noche de los hechos. O bien pudieron obligarlo a entregárselas. Ello quiere significar que subyacen dudas sobre el punto, mas no certeza.

(…) ahora bien, pasada esa talanquera inicial vino después un segundo coletazo del factor miedo y fue así como la pareja declaró que desconocía los hechos y que en su casa nada había sucedido, absteniéndose de denunciar o dar a conocer la verdad. Pero ya este punto no puede hablarse de favorecimiento sino de otro delito autónomo como es el de omisión de denuncia, consagrado en el artículo 441 del código Penal, el cual no les fue imputado a los acusados. De todas formas, no puede aquí afirmarse, como se puntualiza en la sentencia que se revisa que la confesión calificada que realiza Valencia González tenga que ser dividida para acoger en lo que la desfavorece y desechar su parte exculpatoria, porque el miedo ante unas amenazas no desaparece con la ausencia del que las profiere, sino que, si son serias, ellas persisten, máxime si nos ubicamos en Colombia.

(…)

Corolario de las precedente anotaciones es que la Sala estima que tanto el colaborador judicial como los recurrentes tienen razón al solicitar la revocatoria de la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Sincelejo contra Armando José Valencia González, por considerar que no se acreditó en los cuadernos la prueba de certeza de la responsabilidad de este como autor responsable del delito de encubrimiento por favorecimiento, conforme la Sala ha expuesto en la parte motiva de la presente sentencia (fls. 241 – 257, c. 1).

En el presente caso, se tiene acreditado que la Fiscalía Séptima delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Sincelejo inició una investigación con fundamento en el informe de la Unidad de Policía Seccional de Sucre, por los hechos acontecidos el 21 de febrero de 2001 en el domicilio del señor Armando José Valencia González, en los que resultó víctima de homicidio el señor Emigdio Vargas.

Según se expone en el informe de la Policía Seccional, la Central recibió una llamada mediante la cual comunicaron que se escucharon unos disparos en la casa del señor Armando José, y que el hecho fue corroborado con una visita a la propiedad y fue la señora Shirly Cabarcas, cónyuge del procesado, quien manifestó que aquel había realizado unos disparos con un revólver calibre 38 en el patio de la casa.

De ese modo, la Fiscalía le impuso medida de aseguramiento consistente en detención privativa de la libertad al señor Armando José porque encontró configurados indicios graves en su contra, como el hecho de no haber dado aviso oportuno a las autoridades policivas de los hechos acaecidos en su domicilio ni haber entregado oportunamente el arma de fuego de su propiedad para el respectivo estudio balístico, las manchas de sangre halladas en la terraza de la residencia y suela de los zapatos de las señora Shirly, además de las 3 vainillas de calibre 38 largo especial.

Ahora, si bien en el plenario no obra la indagatoria inicial del señor Armando José, sí se cuenta con su ampliación y en esta aseveró que en su primera declaración omitió detalles que, en efecto, ayudarían a esclarecer las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que se desarrollaron los hechos.

En este sentido, el ente investigador tenía fundamento para la imposición de la medida de detención preventiva, pues las pruebas los señalaban como autor de la conducta de ocultamiento por favorecimiento.

La medida de aseguramiento impuesta por la Fiscalía General de la Nación en contra del señor Armando José resultó igualmente acorde con el ordenamiento jurídico, toda vez que, de conformidad con el artículo 388 del instrumento procesal penal, sólo se necesitaba de un indicio grave de responsabilidad para imponer la medida de aseguramiento.

Adicional a lo anterior, la ley le permitía al ente instructor modificar la calificación jurídica que se hiciera inicialmente, así lo ha explicado la Corte Constitucional al estudiar la exequibilidad del artículo 442 del Decreto 2700 de 1991:

La calificación jurídica provisional, en la resolución de acusación, no impide el ejercicio del derecho de defensa.

El punto central de la argumentación planteada por el actor para pedir la inexequibilidad del vocablo impugnado, contenido en el artículo 442 del Código de Procedimiento Penal, consiste en que, según lo estima, si la Fiscalía, al culminar la investigación y al resolver, con base en ella, que debe proferirse resolución de acusación, efectúa una calificación jurídica apenas "provisional" acerca del delito y de las piezas procesales recaudadas, obstaculiza la defensa del sindicado. Este -según la demanda- se prepara, teniendo presente lo expresado en la resolución de acusación, para defenderse de ciertos cargos, dentro de unas determinadas circunstancias y bajo un inicial pronunciamiento de la administración de justicia en torno a los elementos que habrán de considerarse en la sentencia, pero, si resulta posteriormente sorprendido por la variación que el juez introduzca a la calificación inicial, le son modificados los presupuestos de los cuales partía y, por lo tanto, su defensa pierde vigor y fundamento, lo que implica, en criterio del demandante, una abierta vulneración del artículo 29 de la Carta Política.

A juicio de la Corte, por el contrario, el derecho de defensa tiene su realización en el establecimiento y práctica de las condiciones objetivas y verificables de que el proceso no se adelantará sin la participación del sindicado ni de suerte que se lo prive de acudir a lo necesario, dentro de las reglas de la ley, para hacer valer sus derechos.

De ninguna manera ha de entenderse que la defensa del procesado resida en su certidumbre acerca de que la administración de justicia permanezca en el error. Si las diligencias iniciales dentro del proceso daban lugar para pensar algo que en el curso del mismo se demuestra equivocado o susceptible de ser corregido, la obligación del juez al adoptar decisión de mérito es la de declarar que el equívoco o la inexactitud existieron, dilucidando el punto y resolviendo de conformidad con lo averiguado, y en ello no se ve comprometida la defensa de la persona sometida a juicio, quien accede a la justicia precisamente para que se defina su situación, fundada en la verdad real y no apenas en calificaciones formales ajenas a ella.

De ese modo, la medida de aseguramiento y la resolución de acusación impuestas por la Fiscalía resultaban procedente, toda vez que obedeció al análisis y apreciación de la evidencia física y los elementos materiales probatorios con los que se contaba en ese momento procesal, los que, si bien el Tribunal superior del Distrito Judicial de Sincelejo determinó que no ofrecían certeza plena sobre la responsabilidad del imputado, sí hacía imperiosa la investigación en los términos en que fue ordenada por la autoridad competente.

Por las razones expuestas, resulta claro que en el proceso penal adelantado por el delito de ocultamiento por favorecimiento no se incurrió en una conducta constitutiva de falla en el servicio, de ahí que no sea posible atribuir responsabilidad a la Nación-Fiscalía General de la Nación- por la investigación adelantada en contra del señor Armando José Valencia González, ni por haber ordenado en su contra la medida restrictiva de la libertad de carácter domiciliario, toda vez que contaba con los suficientes elementos de juicio para inferir razonablemente que podían ser autor o partícipe de las conducta punibles que se investigaban; tampoco se podría condenar a la Nación-Rama Judicial-, como lo expuso el Ministerio Público en su concepto, puesto que respecto de esta entidad no se hizo ninguna atribución jurídica.

En ese sentido, la Sala revocará la sentencia de primera instancia.

8. Condena en costas

Habida cuenta de que, para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia del 25 de noviembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre y, en su lugar, se dispone:

PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de las ciudadanas Yulieth de Jesús Valencia Carmona, Shirley Cabarcas García, Rosalba González de Arroyo y Mayra Díaz Salinas.

SEGUNDO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio del Interior y de Justicia.

TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la parte considerativa de este proveído.

CUARTO: Sin condena en costas.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente a su Tribunal de origen.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace  HYPERLINK "http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador" \h http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Firmado electrónicamente

MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

VF
El señor Armando José Valencia González acreditó su calidad de abogado y actúo en representación de sí mismo y de todo el grupo demandante.
Auto del 9 de septiembre de 2008 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, expediente: 11001-03-26-000-2008-00009-00. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, expediente: 13.622, M.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011 por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, expediente: 21.801, M.P. Hernán Andrade Rincón. También puede consultarse: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto de 19 de julio de 2010, expediente: 37.410, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
Consejo de Estado, Sección Tercera - Sala Plena, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez, sentencia del 09 de febrero de 2012, radicación número: 50001-23-31-000-1997-06093-01(21060).
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo del 2007, expediente No. 15463. Reiterada en sentencia de Sala Plena de la Sección Tercera del 6 de abril de 2011, expediente No. 21563. M.P. Ruth Stella Correa Palacio.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre del 2006, expediente No. 13468. Reiterada en sentencia de unificación de 17 de octubre del 2013, expediente No. 23354. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
Al respecto, entre otras múltiples de la subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado se pueden consultar las siguientes sentencias: 19 de julio de 2017, exp. 45466, 14 de septiembre de 2017, exp. 47800, 12 de octubre de 2017, exp. 48048, 1 de febrero de 2018, expedientes 46817 y 45146, 10 de mayo de 2018, exp. 45358, 5 de julio de 2018, exp. 47854, 19 de julio de 2018, exp. 52399, 27 de septiembre de 2018, exp. 52404.
Corte Constitucional, sentencia SU 072/18 del 5 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
Ibídem. Acápite 117 y 118.
Más adelante señala:<<112. En suma, la aplicación de cualquier de los regímenes de responsabilidad del Estado mantienen incólumes la excepcionalidad y los juicios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, así como la presunción de inocencia que preceden a la imposición de una medida de aseguramiento (…)>>.
Ibídem. Acápite 104. Lo anterior significa que los adjetivos usados por la Corte [razonabilidad, proporcionalidad y legalidad] definen la actuación judicial, no el título de imputación (falla del servicio, daño especial o riesgo excepcional), esto es, aunque aquellos parecieran inscribir la conclusión de la Corte en un régimen de responsabilidad subjetivo; entenderlo así no sería más que un juicio apriorístico e insular respecto del compendio jurisprudencial que gravita en torno del entendimiento del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en tanto, debe reiterarse, la Corte estableció una base de interpretación: la responsabilidad por la actividad judicial depende exclusivamente del artículo 90 de la Constitución, el cual no establece un título de imputación definitivo, al haberse limitado a señalar que el Estado responderá por los daños antijurídicos que se le hubieren causado a los particulares”.
Ibidem. Acápite 124.
Ibidem. Acápite 105.
Ibidem. Acápite 106.
Sentencia C-199 de 2002.

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