Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 70001-23-31-000-2007-00097-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa: daño causado por la administración de justicia
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 70001-23-31-000-2007-00097-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 70001-23-31-000-2007-00097-01
Consejero ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera
11 de abril de 2019
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Daño causado por la administración de justicia / ERROR JURISDICCIONAL - Proceso posesorio / ACCIÓN POSESORIA / SENTENCIA INHIBITORIA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Para resolver el asunto, se partirá de la falla que se le imputa a la entidad demandada, por el proferimiento de las decisiones judiciales que se dictaron en el curso de [UN] PROCESO posesorio, pues, según se dijo en la demanda, a través de ellas se incurrió en error jurisdiccional al acceder a las pretensiones de la acción, a pesar de que “no se demostró la posesión alegada (…) dada su condición de mera usufructuaria”.
DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - Competencia / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA - Fundamento normativo / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL
La Sala es competente para conocer del recurso de apelación, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia y con el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta Corporación el 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionados con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los tribunales administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado, sin tener en cuenta la cuantía del proceso. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa en casos de reparación directa por error jurisdiccional, privación injusta de la libertad y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, consultar providencia de 9 de septiembre de 2008, Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00(34985), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 73
CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN - Finalidad / DERECHO DE ACCIÓN - Términos preclusivos para presentar la demanda / INADMISIÓN DE LA RENUNCIA DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN - Procedencia excepcional por conciliación extrajudicial
Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador colombiano instituyó la figura de la caducidad de la acción, que impone a las partes la carga procesal de promover el litigio dentro del plazo fijado por la ley; de no hacerlo en tiempo, se pierde la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo el derecho. La caducidad, como fenómeno jurídico procesal, no admite renuncia ni suspensión del término, el cual cursa de manera inexorable, salvo cuando se presenta solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, suspensión que, en todo caso, debe atenderse según los parámetros fijados en las leyes 446 de 1998 y 640 de 2001. Las normas de caducidad tienen fundamento en la seguridad jurídica que debe imperar en todo ordenamiento, en el sentido de impedir que ciertas situaciones permanezcan indefinidas en el tiempo. En otros términos, el legislador establece unos plazos razonables para que las personas, en ejercicio del derecho de acción, acudan a la jurisdicción con el fin de satisfacer sus pretensiones. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción, consultar providencia de 26 de abril de 2007, Exp. 33372, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998 / LEY 640 DE 2001
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN - Cargas procesales de las partes / COLABORACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - Demanda en tiempo / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - Límite para reclamar derechos / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL
En criterio de la Corte Constitucional (sentencia C-115 de 1998) (…) la caducidad de la acción tiene fundamento en las cargas procesales y las obligaciones impuestas a los ciudadanos sobre el deber de colaboración con la justicia, como una función pública (art. 228 CP), oportunidad que fenece por la inactividad del titular de ejercer a tiempo su derecho a accionar. NOTA DE RELATORÍA: En relación con la caducidad de la acción contencioso administrativa, consultar providencia de 25 de marzo de 1998, Exp. C-115, M.P. Hernando Herrera Vergara
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 228
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ERROR JURISDICCIONAL / TÉRMINO DE CADUCIDAD - Cómputo / CADUCIDAD - Ejercicio oportuno de la acción
[P]ara el momento en que se interpuso la demanda se encontraba vigente el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la ley 446 de 1998, conforme al cual (numeral 8), para efectos del conteo del término de caducidad de la acción de reparación directa, (…) la ley consagra un término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho que da lugar al daño por el cual se demanda la indemnización, para intentar la acción de reparación directa, período que, una vez vencido, impide solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la caducidad.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136 NUMERAL 8 / LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ERROR JURISDICCIONAL - Firmeza de la decisión / EJECUTORIA DE LAS SENTENCIAS -Incidencia del recurso extraordinario de casación / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN - Operó / PROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / FALLO INHIBITORIO POR CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
Como se trata de un caso de error jurisdiccional en el que presuntamente incurrió la Rama Judicial con la expedición de las sentencias por medio de las cuales se accedió a las pretensiones de la acción posesoria y teniendo en cuenta que el Consejo de Estado ha sostenido que para asuntos de responsabilidad por error judicial el término de caducidad empieza a correr desde el día siguiente a la ejecutoria de la providencia que resuelve el respectivo proceso, incluyendo el recurso de casación. (…) En todo caso, si se tiene en cuenta (…) el primer fallo de reemplazo, por medio del cual volvió a acceder a las pretensiones de la acción posesoria, (…) para el momento en que se ejerció la acción (…) la oportunidad ya había fenecido.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Bogotá, D.C., once (11) de abril de dos mil diecinueve (2019).
Radicación número: 70001-23-31-000-2007-00097-01(45561)
Actor: MARA BECHARA DE ZULETA
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – TRIBUNAL SUPERIOR DE SINCELEJO Y OTRO
Referencia: APELACIÓN SENTENCIA - ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Decide la Sala el recurso de apelación formulado por la parte actora contra la sentencia del 17 de mayo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, por medio de la cual declaró probada la excepción de caducidad propuesta por la parte demandada.
ANTECEDENTES
1.1 La demanda
El 9 de julio de 2007, la señora Mara Bechara de Zuleta, en nombre propio, en ejercicio de la acción de reparación directa y por conducto de apoderado judicial, solicitó que se declarara patrimonialmente responsable a la Nación – Rama Judicial – Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo – Juzgado Promiscuo del Circuito de San Marcos (Sucre), por los perjuicios derivados del error judicial en que incurrieron, al acceder a las pretensiones de una acción posesoria iniciada en su contra y al negarse a cumplir la orden impartida por la Corte Constitucional en la sentencia T-751 de 2004.
Solicitó que, en consecuencia, se condenara a la parte demandada a pagar indemnización, por concepto de perjuicios materiales. En la modalidad de daño emergente, solicitó $239'700.000 y, por lucro cesante, $70'600.000.
Como fundamento de sus pretensiones, la señora Mara Bechara de Zuleta expuso, en síntesis, que la señora Sonia Velilla de Barcha formuló una acción posesoria en su contra, la cual fue resuelta por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Marcos (Sucre) y por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, en primera y en segunda instancia, respectivamente, en el sentido de acceder a las pretensiones y ordenarle entregar el predio “San Idelfonso” a favor de la demandante. La señora Mara Bechara de Zuleta incoó acción de tutela y, en sede de revisión, la Corte Constitucional dejó sin efectos la decisión del mencionado tribunal y le ordenó proferir nuevo fallo en el proceso posesorio. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo emitió sentencia de reemplazo; sin embargo, con argumentos similares, volvió a acceder a las pretensiones de la señora Velilla de Barcha, de manera que la Corte Constitucional debió expedir un proveído para ratificar su decisión. El tribunal, finalmente, mediante sentencia del 27 de junio de 2005 desestimó las pretensiones de la acción posesoria, en cumplimiento de la orden del máximo tribunal constitucional.
A juicio de la actora, la parte demandada dictó providencias abiertamente contarías al Código Civil y al Código de Procedimiento Civil, como lo declaró expresamente la Corte Constitucional, de manera que le produjo un daño antijurídico que debe ser resarcido, toda vez que estuvo imposibilitada para explotar y beneficiarse económicamente del predio respecto del cual se inició el proceso posesorio (f. 1 a 28, c. 1).
1.2 La contestación de la demanda
La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Sucre, mediante auto del 24 de julio de 2007, y se notificó en debida forma a la parte demandada (f. 36 a 37 y 39, c. 1).
La Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda pues, a su juicio, ésta carece de sustento jurídico y de supuestos fácticos serios y válidos, máxime que en el proceso interdicto posesorio que se adelantó en contra de la acá demandante se agotó cada etapa en debida forma. Propuso las excepciones de “inexistencia de derecho para pedir” y de caducidad de la acción, teniendo en cuenta que, entre la fecha en que se entregó el inmueble “San Idelfonso” a la señora Sonia Velilla Barcha y la presentación de la demanda, transcurrieron más de 2 años (f. 41 a 46, c. 1).
1.3. Alegatos de conclusión en primera instancia
1.3.1. Vencido el período probatorio, el cual fue abierto mediante auto del 14 de abril de 2008, se corrió traslado a las partes, para alegar de conclusión y al Ministerio Público, para que rindiera concepto (f. 55 a 59 y 391, c.1.).
1.3.2. La Nación – Rama Judicial reiteró que no hay lugar a que se le declare responsable por los perjuicios alegados en la demanda, teniendo en cuenta que los juzgadores de la acción posesoria interpretaron y aplicaron correctamente las disposiciones legales adjetivas y sustantivas y tomaron la decisión que en derecho correspondía, con fundamento en las pruebas aportadas a ese proceso; por consiguiente, no puede hablarse de una irregularidad que comprometa su responsabilidad patrimonial (f. 393 a 410, c. 1).
1.3.3. La parte demandante presentó escrito de alegatos de conclusión de forma extemporánea y el Ministerio Público guardó silencio (f. 452, c. 1).
1.4. La sentencia recurrida
En sentencia del 17 de mayo de 2012, el Tribunal Administrativo de Sucre, previo a resolver el asunto, se ocupó de establecer si la acción se presentó oportunamente y concluyó que las sentencias respecto de las cuales se predicó el error judicial, esto es, las del 26 de abril de 2001 y del 18 de febrero de 2003, por medio de las cuales el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Marcos y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, respectivamente, accedieron a las pretensiones de la acción posesoria, cobraron firmeza el 22 de octubre de 2003 y, por lo tanto, el término para presentar la acción de reparación directa feneció el 23 de octubre de 2005; no obstante, ésta se radicó el 9 de julio de 2007.
Respecto del proveído del 6 de octubre de 2004 (que reemplazó la sentencia del 18 de febrero de 2003), proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo en cumplimiento de un fallo de tutela de la Corte Constitucional, el tribunal a quo encontró que quedó ejecutoriado el 14 de octubre de 2004, de modo que el término para formular demanda caducó el 15 de octubre de 2006, esto es, antes de que se interpusiera la acción de la referencia (9 de julio de 2007); en consecuencia, declaró probada la excepción de caducidad propuesta por la parte demandada (f. 453 a 481, c. ppl.).
1.5. El recurso de apelación
La parte demandante formuló recurso de apelación, en el que reiteró los supuestos de la demanda y manifestó los motivos de su inconformidad con la decisión anterior.
Sostuvo que en este caso no se puede contar el término de caducidad desde la fecha de ejecutoria de las sentencias contentivas del error judicial que se aduce en la demanda, sino desde el momento en que se hizo real entrega del inmueble, es decir, desde la diligencia del 2 de septiembre de 2005, pues a partir de ese momento la demandante pudo “concretar y conocer de manera real y efectiva, mas no supuesta o ideal, la verdadera naturaleza y cuantía de los daños sufridos” (f. 493 a 502, c. ppl.).
1.6. Trámite en segunda instancia
1.6.1. El recurso de apelación se concedió el 25 de septiembre de 2012 y se admitió en esta Corporación el 1 de febrero de 2013. El 17 de abril siguiente, se corrió traslado a las partes, para alegar de conclusión y al Ministerio Público, para que rindiera concepto (f. 504, 509 y 511 c. ppl.).
1.6.2. En esta oportunidad, la parte actora reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación e insistió en que el término de caducidad de la acción no se debe contar desde la ejecutoria de las sentencias que comprometen la responsabilidad de la administración, sino desde el instante en que recibió el bien y la posesión del mismo, hecho que no resultó aislado a las decisiones judiciales del proceso posesorio adelantado en su contra (f. 513 a 526, c. ppl.).
1.6.3. El Ministerio Público presentó concepto desfavorable a las pretensiones de la actora, pues consideró que la sentencia apelada debe ser confirmada, conforme a los parámetros establecidos por el Consejo de Estado en relación con la contabilización del término de caducidad que, para casos como éste, indican que debe iniciar desde la ejecutoria de las providencias contentivas del error judicial que se alega (f. 527 a 533, c. ppl.).
1.6.4. La Rama Judicial guardó silencio (f. 534, c. ppl).
CONSIDERACIONES
2.1. Competencia de la Sala
La Sala es competente para conocer del recurso de apelación, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia y con el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta Corporación el 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionados con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los tribunales administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado, sin tener en cuenta la cuantía del proceso.
2.2. Oportunidad de la acción
La Sala evaluará, como primera medida, si la demanda fue presentada dentro del término que la ley prevé para el ejercicio oportuno de la acción de reparación directa.
Para resolver el asunto, se partirá de la falla que se le imputa a la entidad demandada, por el proferimiento de las decisiones judiciales que se dictaron en el curso del proceso posesorio que se adelantó en contra de la señora Mara Bechara de Zuleta, pues, según se dijo en la demanda, a través de ellas se incurrió en error jurisdiccional al acceder a las pretensiones de la acción, a pesar de que “no se demostró la posesión alegada por la señora VELILLA DE BARCHA, dada su condición de mera usufructuaria”.
Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador colombiano instituyó la figura de la caducidad de la acción, que impone a las partes la carga procesal de promover el litigio dentro del plazo fijado por la ley; de no hacerlo en tiempo, se pierde la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo el derecho. La caducidad, como fenómeno jurídico procesal, no admite renuncia ni suspensión del término, el cual cursa de manera inexorable, salvo cuando se presenta solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, suspensión que, en todo caso, debe atenderse según los parámetros fijados en las leyes 446 de 1998 y 640 de 2001.
Las normas de caducidad tienen fundamento en la seguridad jurídica que debe imperar en todo ordenamiento, en el sentido de impedir que ciertas situaciones permanezcan indefinidas en el tiempo. En otros términos, el legislador establece unos plazos razonables para que las personas, en ejercicio del derecho de acción, acudan a la jurisdicción con el fin de satisfacer sus pretensiones.
En criterio de la Corte Constitucional (sentencia C-115 de 1998) el término de caducidad “representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho; por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, (sic) dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, (sic) no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.
En esa oportunidad, la Corte recordó que la caducidad de la acción tiene fundamento en las cargas procesales y las obligaciones impuestas a los ciudadanos sobre el deber de colaboración con la justicia, como una función pública (art. 228 CP), oportunidad que fenece por la inactividad del titular de ejercer a tiempo su derecho a accionar.
Pues bien, para el momento en que se interpuso la demanda (9 de julio de 2007) se encontraba vigente el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la ley 446 de 1998, conforme al cual (numeral 8), para efectos del conteo del término de caducidad de la acción de reparación directa, debe tenerse en cuenta que ésta “… caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.
En otras palabras, la ley consagra un término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho que da lugar al daño por el cual se demanda la indemnización, para intentar la acción de reparación directa, período que, una vez vencido, impide solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la caducidad.
En ese contexto, para efectos del cómputo de la caducidad en este asunto, debe tenerse en cuenta la fecha de ejecutoria de la última decisión que puso fin al proceso en el que se debatió sobre el derecho de posesión de la señora Mara Bechara de Zuleta sobre el predio “San Idelfonso”, pues se entiende que a partir de entonces surgió para ella el interés de reclamar la reparación del daño presuntamente causado.
Pues bien, está probado que la señora Sonia Velilla de Barcha formuló demanda en contra de Mara Bechara de Zuleta, con el objeto de obtener la cesación de la perturbación sobre un inmueble denominado “San Idelfonso”, proceso que fue fallado en primera instancia por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Marcos (Sucre), mediante sentencia del 26 de abril de 2001, así (se transcribe como obra en el expediente, incluso con errores):
“PRIMERO.- Declarar no probada la excepción de Mérito de Prescripción de la acción Posesoria.
“SEGUNDO.- Ordenar a la demandada MARA BECHARA DE ZULETA cesar la perturbación causada en el predio San Ildefonso, absteniéndose de interrumpir la posesión que tiene la usufructuaria SONIA VELILLA DE BARCHA y el apastamiento de ganados bovinos y caballar en el predio referido.
“TERCERO.- Se abstiene el juzgado de reconocer el derecho de retención a favor de la demandada, por las razones expuestas y como consecuencia de ello al reconocimiento de las mejoras y expensas.
“CUARTO.- Cominar a la demandada para que en lo sucesivo de abstenga de ejercer actos perturbatorios en el predio San Ildefonso, actos arriba relacionados, so pena de imponerle multa equivalente a Ocho (8) salarios Mínimos vig entes a la parte demandada. Liquídese” (f.251 a 252, c. 1 del proc. Interdicto posesorio).
El recurso de apelación formulado por la señora Mara Bechara de Zuleta fue desatado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala I Civil, Familia y Laboral de Sincelejo, mediante sentencia del 18 de febrero de 2003, en la que confirmó la sentencia de primera instancia (f. 33 a 43, c. 5).
Contra lo anterior, la acá actora radicó recurso de casación que fue concedido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo mediante proveído del 16 de junio de 2003; no obstante, como se trataba de un proceso abreviado respecto del cual no procede dicho recurso, en auto del 6 de agosto del mismo año ese Tribunal declaró la nulidad de lo actuado en relación con el recurso de casación. La señora Mara Bechara de Zuleta formuló recurso de reposición en contra de esta última providencia y el Tribunal lo rechazó por improcedente, mediante auto del 5 de septiembre de 2003 (f. 97 a 98, 114 a 116, 117, 122 a 125, c. 5).
Como se trata de un caso de error jurisdiccional en el que presuntamente incurrió la Rama Judicial con la expedición de las sentencias por medio de las cuales se accedió a las pretensiones de la acción posesoria y teniendo en cuenta que el Consejo de Estado ha sostenido que para asuntos de responsabilidad por error judicial el término de caducidad empieza a correr desde el día siguiente a la ejecutoria de la providencia que resuelve el respectivo proceso, incluyendo el recurso de casación, la contabilización del mismo inició a partir del 6 de septiembre de 2003, pues el día anterior quedó ejecutoriado el auto que declaró la improcedencia del recurso de casación y, por tanto, la sentencia de segunda instancia que resolvió el proceso posesorio.
Así, la oportunidad para presentar la demanda de reparación directa feneció el 6 de septiembre de 2005, pero su formulación se llevó a cabo el 9 de julio de 2007, de manera que es claro que fue interpuesta cuando ya había operado el fenómeno de la caducidad.
Ahora, es cierto que: i) la señora Mara Bechara de Zuleta incoó acción de tutela en contra del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, pues consideró que vulneró su derecho al debido proceso, ii) pese a que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo solicitado mediante fallo del 27 de enero de 2004, en sede de revisión la Corte Constitucional dictó la sentencia T-751 del 29 de julio de 2004, por medio de la cual accedió a la protección del derecho vulnerado, revocó tal decisión del 27 de enero de 2004, dejó sin efectos la sentencia del 18 de febrero de 2003 proferida por el mencionado Tribunal y le ordenó dictar nuevo fallo, iii) en cumplimiento de la orden de la Corte Constitucional, el 6 de octubre de 2004, el tribunal dictó nuevo fallo dentro del proceso de posesión, en el sentido de confirmar, nuevamente, la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones, iv) el 26 de mayo de 2005, la Corte Constitucional ordenó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo dar cumplimiento a la sentencia T-751 de 2004, “denegando las pretensiones de la demanda, sin recurrir a tesis que no pertenecen a la fundamentación” de aquélla y v) el tribunal, en sentencia del 27 de junio de 2005, dio cumplimiento a la orden de la Corte, en el sentido de desestimar las pretensiones de la señora Sonia Velilla de Barcha (f. 1153 a 167, 177 a191, 194 a 219, 258 a 269 y 276 a 285, c. 5).
Sin embargo, también es cierto que ello no obstó para que el término de caducidad de la acción de reparación directa siguiera corriendo, pues, como lo ha sostenido esta Corporación, esa acción constitucional no puede entenderse como un mecanismo de suspensión de términos de las acciones ordinarias, en la medida en que aquélla no puede ir en contravía de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico; de hecho, así lo ha manifestado también la Corte Constitucional:
“En otros términos la acción de tutela no ha sido consagrada para provocar la iniciación de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes, ni para otorgar a los litigantes la opción de rescatar pleitos ya perdidos, sino que tiene el propósito claro y definido, estricto y específico, que el propio artículo 86 de la Constitución indica, que no es otro diferente que brindar a la persona protección inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta reconoce”.
En todo caso, si se tiene en cuenta que el 6 de octubre de 2004 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo profirió el primer fallo de reemplazo, por medio del cual volvió a acceder a las pretensiones de la acción posesoria y que esa providencia cobró ejecutoria el 14 de octubre de 2004, el término de caducidad para formular acción de reparación directa en su contra corrió desde el 15 de octubre de 2004 hasta el 15 de octubre de 2006, como lo sostuvo el Tribunal a quo; es decir, para el momento en que se ejerció la acción (9 de julio de 2007) la oportunidad ya había fenecido.
Finalmente, la Sala pone de presente que no le asiste razón a la apelante al pretender que se contabilice dicho término a partir de la diligencia de la entrega que se le hizo del inmueble objeto del proceso de posesión, pues, como ya se dijo, el término a que se refiere el artículo 136 del C.C.A. empieza a correr a partir del hecho generador del daño que, en casos en los que se predica un error judicial por parte de la administración, se entiende configurado desde la ejecutoria de la providencia que lo contiene o desde que se tuvo conocimiento de la misma, mas no a partir del momento en que se puede calcular o estimar el monto de los perjuicios, como lo sostiene la parte actora, toda vez que esta cuantificación simplemente corresponde a un supuesto que, al derivarse del daño causado (en este caso de la privación de la demandante de ejercer la posesión sobre un inmueble) debe ser acreditado en el proceso y que, por tanto, no puede modificar o prolongar la oportunidad para demandar.
Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, que declaró la caducidad de la acción.
III. DECISISÓN SOBRE COSTAS
En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenarlas en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la ley 446 de 1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia del 17 de mayo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre.
SEGUNDO: ABSTIÉNESE de condenar en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARÍA ADRIANA MARÍN
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Expediente 2008 00009.
F. 8, c. 1.
Entre otros, auto de 26 de marzo de 2007 (expediente 33372).
“… en tanto que su interposición, -como ya lo ha dicho la Sala-, aun cuando su concesión no lo sea en el efecto suspensivo excepto en los casos previstos en el artículo 371 del Código de Procedimiento Civil, evita la ejecutoria de la sentencia recurrida hasta tanto se encuentre en firme la inadmisión del recurso o se entienda ejecutoriada la sentencia de casación” (Sección Tercera, Sub Sección A, sentencia del 16 de julio de 2015, expediente 31510. Ver también sentencia de la misma Sub Sección, de 14 de agosto de 2013, expediente 28368).
Corte Constitucional, sentencia T-001 de 1992, reiterado en T-655 de 2000, T-168 de 2003, T-1201 de 2005, T-080 de 2009 y T-313 de 2010.
F. 221, vto., c. 5.
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