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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 70001-23-31-000-2009-00167-01

Fecha
9 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 70001-23-31-000-2009-00167-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: MODIFÍCASE la sentencia dictada el 30 de septiembre de 2014 por el Tribunal Administrativo de Sucre, así: <<PRIMERO: DECLÁRESE No probada la excepción de hecho de un tercero propuesto por la Nación - Fiscalía General de la Nación, conforme lo expuesto en la parte emotiva de la providencia. SEGUNDO: CONDÉNASE a la Nación – Fiscalía General de la Nación a reparar el daño causado por la privación de la libertad del demandante Julio Manuel Puentes Rivero. TERCERO: CONDÉNASE a la Nación – Fiscalía General de la Nación al pago de los siguientes perjuicios morales, los cuales se tasarán en salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la ejecutoria de la presente providencia: DEMANDANTE CALIDAD CUANTÍA 30,17 Julio Manuel Puentes Rivero Víctima directa SMLMV Madre de la víctima 10,56 Julia Teresa Rivero Pérez directa SMLMV CUARTO: ORDÉNASE al Fiscal General de la Nación emitir un comunicado en el cual pida excusas al demandante Julio Manuel Puentes Rivero por el daño antijurídico que padeció con ocasión de la privación injusta de su libertad, en los términos señalados en esta providencia. QUINTO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda. SEXTO: SIN CONDENA en costas. 38 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de Unificación del 18 de julio de 2019, proceso Nº. 2009- 00133-01 (44572). 16 Radicado: 70001-23-31-000-2009-00167-01 (57711) Demandante: Julio Manuel Puentes Rivero SÉPTIMO: La presente sentencia se cumplirá con arreglo a lo dispuesto por los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A. OCTAVO: Para el cumplimiento de la sentencia expídanse copias con destino a las partes, de conformidad con el artículo 114 del CGP.>> SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el expediente a su tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 70001-23-31-000-2009-00167-01

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

9 de septiembre de 2022

Radicado: 70001-23-31-000-2009-00167-01 (57711)
Demandante: Julio Manuel Puentes Rivero

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Reparación directa
Radicación: 70001-23-31-000-2009-00167-01(57711)
Demandante: Julio Manuel Puentes Rivero
Demandada: Fiscalía General de la Nación

Tema: Privación de la libertad. Se confirma la decisión de condenar a la
Fiscalía General de la Nación porque la medida de aseguramiento
no cumplió los requisitos legales; se modifica la indemnización de
perjuicios de acuerdo con las reglas jurisprudenciales.

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede
la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de
la Nación contra la sentencia dictada el 30 de septiembre de 20141 por el Tribunal
Administrativo de Sucre, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda y dispuso:

<<PRIMERO: DECLÁRESE no probada la excepción de hecho de un tercero
propuesta por la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, conforme lo
expuesto en la parte motiva de la providencia.

SEGUNDO: DECLÁRESE a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
responsable patrimonialmente, por la privación injusta de la libertad de la que fue
objeto el señor JULIO MANUEL PUENTES RIVERO, dentro del sumario
adelantado en su contra por la presunta comisión del delito de rebelión.

TERCERO: Como consecuencia de la declaración anterior, CONDÉNESE a la
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a indemnizar a los demandantes, en las
sumas y por los conceptos que a continuación se señalan:

● PERJUICIOS MORALES:

Julio Manuel Puentes Rivero (víctima directa) 90 SMLMV

Julia Teresa Rivero Pérez (madre de la víctima directa) 90 SMLMV

Julia Teresa Puentes Rivero (hermana de la víctima directa) 45 SMLMV

Dairo Puentes Rivero (hermano de la víctima directa) 45 SMLMV

1
Fl. 189-206, c - 5

1

Radicado: 70001-23-31-000-2009-00167-01 (57711)
Demandante: Julio Manuel Puentes Rivero

Alfonso Luis Taboada Rivero (hermano de la víctima directa) 45 SMLMV

● PERJUICIOS MATERIALES: DAÑO EMERGENTE: por concepto de
perjuicios materiales en la modalidad de Daño Emergente la FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN, pagará al señor Julio Manuel Puentes
Rivero, la suma de DIECINUEVE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL
SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($19.125.733).

CUARTO: NIÉGUENSE las demás pretensiones, por lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

QUINTO: La presente sentencia se cumplirá con arreglo a lo dispuesto
por los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A.

SEXTO: En el evento en que la sentencia no sea apelada por las partes,
remítase al superior, para que se surta el grado jurisdiccional de consulta.

SÉPTIMO: No hay lugar a condena en costas.

OCTAVO: En firme esta decisión, DEVUÉLVASE al demandante el
excedente, si lo hubiere, de las sumas consignadas para gastos del
proceso, CANCÉLESE su radicación y ARCHÍVESE el expediente, previa
anotación en el sistema informático de administración judicial siglo XXI>>.

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso
de apelación interpuesto en vigencia de la Ley 270 de 1996 contra una sentencia
proferida en primera instancia por un tribunal, dentro de un proceso de reparación
directa por hechos de la administración de justicia.

El recurso de apelación fue admitido mediante auto de 25 de agosto de 20162;
se corrió traslado para alegar de conclusión el 15 de septiembre de 2016 3; la
Fiscalía y la parte demandante presentaron sus alegatos. El Ministerio Público
rindió concepto y solicitó que se confirme la decisión de primera instancia porque
se reúnen los elementos suficientes para declarar la responsabilidad de la
Fiscalía General de la Nación.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 22 de octubre de
20094 por Julio Manuel Puentes Rivero (víctima directa) y su grupo familiar. Se
dirigió contra la Fiscalía General de la Nación para obtener la reparación del daño
causado por la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el

2
Fl.295, c - 5
3
Fl. 297, c - 5
4
Fl. 4 – 26, c - 1

2

Radicado: 70001-23-31-000-2009-00167-01 (57711)
Demandante: Julio Manuel Puentes Rivero

demandante entre el <<22 de julio de 2007 y el 28 de octubre de 2008>>5, es
decir, por un término de un (1) año, tres (3) meses y ocho (8) días. En el proceso
penal se le imputó el delito de rebelión.

2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

<< (…) Primera: Declárese administrativamente y extracontractualmente
responsable a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por los
perjuicios causados al señor JULIO MANUEL PUENTES RIVERO, identificado
con cédula de ciudadanía número 18.879.895 expedida en Ovejas – Sucre, a su
madre: JULIA TERESA RIVERO PÉREZ identificada con C.C # 23.019.399
Ovejas – Sucre, a sus hermanos: JULIA TERESA FUENTES RIVERO,
identificada con C.C # 64,895,058 Ovejas - Sucre. DAIRO EMIRO PUENTES
RIVERO, identificado con C.C # 18.879.909 Ovejas - Sucre. ELCY MARÍA
CANDELARIA TABOADA RIVERO C.C # 64.890.228 de Ovejas - Sucre y
ALFONSO LUIS TABOADA RIVERO identificado con C.C # 72,203,236 de
Barranquilla, por la falla del servicio en la administración que condujo a la
privación o detención injusta del señor JULIO MANUEL PUENTES RIVERO, por
más de quince meses más seis días, (sic) de que fue objeto y recluido en la cárcel
de Las Vegas de Sincelejo Sucre, y por haberse decretado la absolución, a su
favor, por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Corozal - Sucre, desde
el 22 de julio de 2007 y hasta el 28 de octubre de 2008.

Segunda: Condenar a la NACIÓN COLOMBIANA - FISCALÍA GENERAL DE
LA NACIÓN, a pagar a cada uno de los demandantes, por concepto de perjuicios
morales subjetivos a favor de los accionantes el equivalente en salarios mínimos
legales mensuales que estuvieren vigentes en el momento de la ejecutoria de la
sentencia. Así:

2.1.- Para JULIO MANUEL PUENTES RIVERO, lo equivalente a 400 salarios
mínimos legales mensuales vigentes en el momento de proferirse la sentencia y
su ejecutoria, por el sufrimiento que le produjo la injusta detentiva como
perjudicado directo.

2.2.- Para JULIA TERESA RIVERO PÉREZ, lo equivalente a 200 salarios
mínimos legales mensuales vigentes en calidad de MADRE del perjudicado
directo y como perjudicada indirecta por el sufrimiento que le produjo el daño
antijurídico en su condición que le ponga fin por el sufrimiento que le produjo el
daño antijurídico causado a ella. (sic)

3.3. (sic) – Para cada uno de los demandantes y perjudicados indirectos
hermanos del perjudicado directo, señores: JULIA TERESA PUENTE RIVERO,
DAIRO EMIRO PUENTES RIVERO. ELCY MARÍA TABOADA RIVERA Y
ALFONSO LUIS TABOADA RIVERO, lo equivalente a 200 salarios mínimos
legales mensuales vigentes en su condición de hermanos de JULIO MANUEL
PUENTES RIVERO.

Tercera: Que se le condene igualmente a la Nación-Fiscalía General de la
Nación, a pagar perjuicios materiales a título de daño emergente en cuantía de
$ 15.000.000 (quince millones de pesos), al actor JULIO MANUEL PUENTES
RIVERO, daño este que se concretizó, con el pago de honorarios profesionales

5
Fl. 5, c – 1. Tiempo de detención de conformidad con lo manifestado por la parte actora en las afirmaciones
y pretensiones de la demanda.

3

Radicado: 70001-23-31-000-2009-00167-01 (57711)
Demandante: Julio Manuel Puentes Rivero

al doctor REMBERTO LUIS BENÍTEZ SIERRA, para que asumiera su defensa
dentro del proceso penal adelantado injustamente en su contra. Cifra anterior que
deberá ser actualizada al momento de proferir la correspondiente sentencia
condenatoria, de acuerdo con la variación del Índice de Precios del Consumidor.

Cuarta: De la misma manera, condenar a la Nación-Fiscalía General de la
Nación, a pagarle al actor: Julio Manuel Puentes Rivero, como compensación, lo
equivalente a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes que estuvieran
vigentes para el momento de proferir la sentencia, por concepto de daño a la vida
de relación que le fue irrogado como consecuencia de la injusta detentativa de la
cual completo y el defectuoso proceso en su contra.

Quinta: Que la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, dará
cumplimiento a la sentencia en los términos consagrados en los artículos 176 y
177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se tendrá en cuenta lo
dispuesto por la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C -188 del 29 de
marzo de 1999, con ponencia del Honorable Magistrado Doctor José Gregorio
Hernández Galindo. El valor del salario mínimo legal mensual vigente aplicable
en este asunto será el que estuviese vigente para el momento de proferida la
sentencia. (…) >>

3.- Las pretensiones se fundaron en las siguientes afirmaciones:

3.1.- La investigación penal contra el demandante Julio Manuel Puentes Rivero
tuvo origen en las declaraciones de varios exguerrilleros de los grupos que hacían
presencia en los Montes de María – Sucre, en las que señalaron al demandante
Julio Manuel Puentes Rivero como un miliciano del ELN en Sucre.

3.2.- El 22 de julio de 2007 el demandante Julio Manuel Puentes Rivero fue
capturado por orden de la Fiscalía 10ª Delegada ante los Jueces Promiscuos del
Circuito de Corozal – Sucre.

3.3.- El 10 de agosto 2007 la Fiscalía dictó medida de aseguramiento privativa
de la libertad contra el demandante Julio Manuel Puentes Rivero, a quien le
imputó el delito de rebelión.

3.4.- El 28 de noviembre de 2007 la Fiscalía 10ª dictó resolución de acusación
por el delito de rebelión, la cual fue confirmada el 24 de enero de 2008.

3.5.- El 27 de octubre de 2008 el Juzgado 1º Promiscuo del Circuito de Corozal
– Sucre, absolvió al demandante en aplicación del principio in dubio pro reo y
ordenó su libertad.

4.- De acuerdo con lo afirmado por la parte actora, en el proceso penal se
surtieron las siguientes actuaciones relevantes: (i) el 22 de julio de 2007 el
demandante Julio Manuel Puentes Rivero fue capturado; (ii) el 10 de agosto
2007 la Fiscalía dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad; (iii) el 27
de octubre de 2008 el juzgado absolvió al demandante y fue dejado en libertad.

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Radicado: 70001-23-31-000-2009-00167-01 (57711)
Demandante: Julio Manuel Puentes Rivero

5.- Según la parte actora, el demandante Julio Manuel Puentes Rivero fue privado
injustamente de la libertad porque la medida de aseguramiento dictada en su
contra era ilegal, puesto que no existía material probatorio suficiente para inferir
su participación en el delito que le fue imputado.

6.- En relación con los perjuicios, la parte actora indicó que:

6.1.- Los demandantes tuvieron que asumir los gastos para la defensa de la
víctima directa en el proceso penal.

6.2.- El demandante Julio Manuel Puentes Rivero no pudo obtener ingresos como
consecuencia de su detención.

6.3.- La víctima directa y sus familiares sufrieron perjuicios morales porque la
detención del demandante Julio Manuel Puentes Rivero les causó <<graves
sufrimientos y mucho pesar (…)>>.

6.4.- La víctima directa sufrió un daño a la vida de relación como consecuencia
de su detención porque debió separarse del seno de su familia.

B. Posición de la entidad demandada

7.- La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda.
Como argumentos de defensa expuso que: (i) la actuación de la Fiscalía se surtió
de conformidad con la Constitución Política y las disposiciones sustanciales y
procedimentales vigentes; (ii) la medida de aseguramiento se dictó con base en
indicios y pruebas allegadas a la investigación penal, las cuales daban lugar a
endilgar responsabilidad penal al demandante Julio Manuel Puentes Rivero; (iii)
la Fiscalía actuó de manera prudente en cada una de las decisiones judiciales,
por lo que su conducta no puede calificarse como omisiva, imprudente o
negligente; (iv) la detención obedeció a las finalidades de la medida de
aseguramiento para evitar la destrucción de los medios de prueba; y (v) formuló
la excepción del hecho de un tercero, pero no expuso las razones por las cuales
se configuró.

C. Sentencia recurrida

8.- En la sentencia del 30 de septiembre de 20146 el Tribunal Administrativo de
Sucre decidió:

8.1.- Declarar no probada la excepción de hecho de un tercero propuesta por la
Fiscalía General de la Nación.

6 Fl. 189, 206, c- 5

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Radicado: 70001-23-31-000-2009-00167-01 (57711)
Demandante: Julio Manuel Puentes Rivero

8.2.- Condenar a la Fiscalía General de la Nación porque se probó que la
privación de la libertad del demandante Julio Manuel Puentes Rivero fue injusta
debido a que no contaba con el suficiente material probatorio para imputarle
responsabilidad. Ello le causó un daño antijurídico que el demandante Julio
Manuel Puentes Rivero no debía soportar.

8.3.- Ordenó la reparación de los perjuicios reclamados por la parte actora, en los
siguientes términos:

a.- Reconoció el pago de los perjuicios morales en las cuantías transcritas al
principio de esta providencia.

b.- Reconoció, a título de daño emergente, el pago que se realizó por concepto
de defensa de la víctima directa en el proceso penal.

c.- Negó las demás pretensiones de la demanda.

8.4.- Mediante auto del 16 de marzo de 20157 el Tribunal Administrativo de Sucre
adicionó la sentencia de conformidad con la solicitud de la parte actora8, y al
pronunciarse sobre las pretensiones solicitadas por la demandante Elcy María
Taboada Rivero decidió negarlas porque no se aportó la prueba idónea del
parentesco con la víctima directa.

D. Recurso de apelación

9.- En su recurso de apelación la entidad demandada solicita que se revoque
integralmente la decisión de primera instancia, y en su lugar, se nieguen las
pretensiones de la demanda. Su inconformidad se centra en los siguientes
puntos: (i) la actuación de la Fiscalía se surtió de conformidad con la Constitución
Política y las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes; (ii) el
régimen de responsabilidad a aplicar es el subjetivo; (iii) no se cumplen los
supuestos que permiten estructurar la responsabilidad porque el demandante
Julio Manuel Puentes Rivero fue absuelto por una causal diferente a las
contenidas en el ordenamiento jurídico; (iv) no existe error judicial porque las
decisiones de la Fiscalía se adoptaron de acuerdo a los indicios y declaraciones
existentes en la investigación; y (v) la condena de los perjuicios morales es
excesiva si se tiene en cuenta el tiempo en que la víctima directa estuvo privado
de la libertad.

7 Fl. 265, 268, c – 5
8 Fl. 210, 211, c – 5 La parte actora el 10 de octubre de 2014 solicitó adición a la sentencia en el sentido de

pronunciarse sobre la reclamación de perjuicios realizada por la hermana de la víctima directa la
demandante Elcy María Candelaria Taboada Rivero.

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Radicado: 70001-23-31-000-2009-00167-01 (57711)
Demandante: Julio Manuel Puentes Rivero

II. CONSIDERACIONES

E. Asuntos procesales

10.- La Sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos
procesales para fallar y la demanda fue presentada dentro del término de dos
años previsto en el artículo 136 del C.C.A.: (i) la sentencia absolutoria quedó
ejecutoriada el 6 de noviembre de 20089; (ii) la solicitud de conciliación se
presentó el 28 de agosto de 200910 y los términos se suspendieron hasta el 7 de
octubre de 2009, fecha en la que la conciliación se declaró fallida; y (iii) la
demanda fue interpuesta en tiempo el 22 de octubre de 200911.

11.- La Sala confirmará las decisiones de negar la reparación del lucro cesante y
el daño a la vida de relación porque no fueron apelados.

F. Exposición del litigio, síntesis de la controversia y decisiones a
adoptar

12. A partir de la certificación del Inpec12, está probado que el demandante Julio
Manuel Puentes Rivero estuvo privado de la libertad entre el 23 de julio del 2007
y el 29 de octubre de 2008. Sin embargo, la Sala advierte que las pretensiones
de la demanda se limitaron a la reparación del daño causado por la privación de
la libertad que sufrió el demandante Julio Manuel Puentes Rivero desde <<22 de
julio de 2007 y hasta el 22 de octubre de 2008>>. Por lo tanto, el estudio del daño
se limitará a lo solicitado en la demanda.

13.- Está probado que mediante providencia del 27 de octubre de 2008 el juez
absolvió al demandante Julio Manuel Puentes Rivero, en aplicación del principio
in dubio pro reo. El juez no tuvo como prueba las denuncias de los exguerrilleros
con base en cuales se dispuso la detención del demandante porque no fueron
ratificadas en el curso del proceso.

14.- En esta providencia, la Sala:

14.1.- Confirmará la decisión de condenar a la Fiscalía General de la Nación
porque se probó que la medida de aseguramiento dictada contra el demandante
Julio Manuel Puentes Rivero fue ilegal.

14.2.- Estudiará los perjuicios de acuerdo con las reglas jurisprudenciales.

9 La Secretaria del Juzgado 1º Promiscuo del Circuito de Corozal – Sucre certificó la ejecutoria de la
providencia el día 6 de noviembre de 2008 visible a folio 61, c – 1.
10 Fl. 36, c- 1
11 Fl. 4-26, c - 1
12 Fl. 32, c - 1

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Radicado: 70001-23-31-000-2009-00167-01 (57711)
Demandante: Julio Manuel Puentes Rivero

G. Plan de exposición

15.- La Sala seguirá la metodología adoptada en la sentencia de esta Subsección
del 4 de junio del 2019 para decidir los procesos de privación de la libertad13. En
consecuencia, se referirá a: (i) la ilegalidad de la privación de la libertad; (ii) la
entidad imputada; (iii) el análisis de la culpa de la víctima y (iv) la determinación
de los perjuicios y la reparación.

H. La ilegalidad de la privación de la libertad

16.- En vigencia de la Ley 600 de 2000, norma bajo la cual se adelantó el proceso
penal y se dispuso detener a la víctima directa del daño, los requisitos legales
que debían cumplirse para adoptar tal medida estaban previstos en sus artículos
355, 356 y 357, y eran los siguientes:

16.1.- La existencia de medios de prueba que permitieran deducir que la medida
era necesaria <<para garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, la
ejecución de la pena privativa de la libertad o impedir su fuga o la continuación
de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir o
deformar elementos probatorios importantes para la instrucción, o entorpecer la
actividad probatoria>> (art. 355).

16.2.- La existencia de <<por lo menos dos indicios graves de responsabilidad
con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso>> (art. 356).

16.3.- La procedencia de la medida según el tipo de delito imputado (art. 357).

17.- En este caso no se cumplieron dichos requisitos porque:

17.1.- La Fiscalía no contaba con dos indicios graves de responsabilidad contra
el demandante Julio Manuel Puentes Rivero.

17.2.- La Fiscalía no justificó la necesidad de la medida de aseguramiento.

i. La inexistencia de dos indicios graves de responsabilidad en
contra del demandante

18.- Con la resolución del 10 de agosto 2007 14 está demostrado que la Fiscalía
impuso medida de aseguramiento de detención preventiva al demandante Julio
Manuel Puentes Rivero, a quien le imputó el delito de rebelión en calidad de
miliciano del E.L.N., porque consideró que existían indicios graves de su

13
Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia
del 4 de junio del 2019. Expediente: 39626. M.P.: Dr. Alberto Montaña Plata.
14 Fl 62-76, c - 1

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Radicado: 70001-23-31-000-2009-00167-01 (57711)
Demandante: Julio Manuel Puentes Rivero

vinculación con ese grupo armado al margen de la ley. Esta imputación tuvo como
fundamento los siguientes elementos de convicción:

18.1.- La declaración del exguerrillero Jhon Jaime Ríos Barreto15, según la cual
el demandante era un miliciano del E.L.N al que le decían el “Mane”, que era el
segundo al mando de las milicias de el Zapato – Sucre y se encargaba de realizar
labores de inteligencia, formar y adoctrinar milicianos. El declarante agregó que
el señor Puentes Rivero había hecho los cursos de explosivista y sicariato, que
andaba armado y que se comunicaba por celular con los comandantes.

18.2.- La declaración del reinsertado del E.L.N. José Canchila Alquerque 16, quien
respecto al demandante Julio Manuel Puentes Rivero manifestó: << (…) El mide
como 1.67 de estatura, color de piel trigueña, él tiene la boca grande y la
dentadura como salida, es de cabello liso negro, de entradas, de contextura
delgado, conozco este sujeto con el alias de “Mane” se desempeña como el
segundo jefe de milicias de el Zapato, él es un campesino a simple vista, pero se
encarga de liderar esta milicia, realizar labores de inteligencia, reclutar personal,
para las filas guerrilleras, convocar a reuniones entre la población civil y los
comandantes del E.L.N., entra y sale de los campamentos constantemente, porta
un revólver calibre 38, dotación que le fue asignada por el comandante alias el
Jhony, en un campamento en el cual yo estaba presente cuando se lo entregó,
se encargaba de recibir a los milicianos urbanos y conducirlos hasta los
campamentos de la guerrilla, estuvo presente en un evento que se llevó acabo
en el departamento de Bolívar, que fue cuando eligieron como comandante del
grupo a alias Amaury, también participó en un curso de explosivista y sicariato
que se llevó acabo en el corregimiento de San Gabriel, en un campamento de
nombre campo naranja, se encargaba también de abastecer de bastimentos a la
guerrilla, fue el también quien incorporó a las filas de la guerrilla a las alias el
mosquito, alias Paquita, y alias la gorda, en el año 2000, alias “Mane” es un
hombre de confianza en este grupo guerrillero por ser hermano de un
comandante de este grupo de escuadra que lleva más de 15 años en las filas con
el alias de Iván>>.

18.3.- Declaración de Dalvis de Jesús Hernández Chamorro17, quien indicó en
su declaración: <<Julio Manuel puentes Rivero, también lo conozco, lo conocí
con el alias de Manuel, él se dedica a llevar mensajes de la guerrilla, se dedica a
la compra de tarjetas para celulares y llevárselas a ellos, tiene unas vacas que
son de la guerrilla y él las administra también, vive donde los padres, él tiene
como 30 años, es de color moreno, estatura como 1.68, cabello liso, dentadura
salida delgado, lo conocí soltero pero tiene un hijo, él vive con los padres en el
Zapato>>.

15 Fl. 45, c- 3
16 FL. 39, C - 3
17 Fl. 49 -51, c - 3

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Radicado: 70001-23-31-000-2009-00167-01 (57711)
Demandante: Julio Manuel Puentes Rivero

18.4.- Declaración de Anuar Eliécer Pérez Ospina18, quien manifestó: <<Si hay
personas que le colaboran y trabajan con ellos, (…) alias el Mane, ese si es
moreno, pelo chino, cejón, se dedica a llevar información a Teófilo>>.

18.5.- Declaración de Pablo Ramos Osorio19, quien manifestó: <<Mane, que es
el jefe de las milicias en el Zapato ese es el hermano de Julia, ese es el que reúne
y a veces lo ponen a prestar seguridad ese es uno de los propios jefes de las
milicias>>.

18.6.- Declaración juramentada del desmovilizado del E.L.N. Óscar Yerena
Barrios20, quien manifestó: <<(…) él es militante, él es clave en la guerrilla del
E.L.N. es más clave que cualquier combatiente guerrillero, él es el encargado de
hacer las reuniones a la comunidad, de organizar para darles instrucciones
revolucionarias (…)>>.

18.7.- Declaración de la reinsertada del E.L.N. Maricela Bohórquez21, en la cual
manifestó: << PREGUNTADO: de las personas que mencionaré, a cuáles conoce
usted como milicianos de la guerrilla de la zona de el Zapato, Almagra, Ovejas,
estos son, DIANA PATRICIA HUERTAS DÍAZ, JULIO MANUEL PUENTES
RIVERO, (…) de ellos conozco a DIANA HUERTAS DÍAZ, la conozco como
tendera, ella tiene una tiendecita, no la conozco por ningún alias, no me consta
que sea miliciana, no los vi en el campamento, a mi mandaron a comprar a su
tienda pero pagaba, yo le conozco un marido a ella un chino moreno y grueso, a
Diana la conozco porque es la señora de la tienda, los milicianos los conozco de
cara (…)>>.

18.8.- Declaración del desmovilizado del E.L.N. Francisco Javier Bohórquez22,
quien respecto al demandante Julio Manuel Puentes Rivero manifestó:<< (…) él
es miliciano del E.L.N; él le colaboraba llevando comida y dando información del
E.L.N., él es pieza clave en la organización, él es militante del E.L.N.>>

19.- La Sala considera que, si bien la Fiscalía contaba con las denuncias de los
exguerrilleros como únicos medios de prueba, estos no eran suficientes para
construir dos indicios de responsabilidad penal contra el demandante Julio
Manuel Puentes Rivero porque:

19.1.- La declaración del exguerrillero Jhon Jaime Ríos Barreto contenía
afirmaciones generales en las que no se determinaron las condiciones de modo,
tiempo y lugar en las que el demandante Julio Manuel Puentes Rivero adelantaba
dichas actividades.

18 Fl. 52, 53, c - 3
19 Fl. 54 - 56, c - 3
20 Fl. 170, c - 4
21 Fl. 168, c – 4
22
Fl. 172, 173, c - 4

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Demandante: Julio Manuel Puentes Rivero

19.2.- Respecto a la declaración del reinsertado del E.L.N. José Canchila
Alquerque, si bien mencionó eventos específicos en los que estuvo presente con
el demandante Puentes Rivero, su declaración no ofrecía detalles sobre las
actividades desplegadas por la víctima directa. En el mismo sentido, si bien
afirma que el demandante Julio Manuel Puentes Rivero aparenta ser un
campesino, dicha apreciación concuerda con las declaraciones aportadas por la
defensa en las cuales afirman que Julio Manuel Puentes Rivero era agricultor en
las zonas de el Zapato y Almagra23.

19.3.- En cuanto a la declaración de Dalvis de Jesús Hernández Chamorro, el
testigo se limitó a dar características generales del entorno personal del
demandante Julio Manuel Puentes Rivero. Sin embargo, sus afirmaciones
respecto de las actividades al margen de la ley que el demandante desarrollaba
en el grupo guerrillero son muy generales y carecen de soporte.

19.4.- Respecto a la declaración de Anuar Eliécer Pérez Ospina, en concepto de
la Sala son afirmaciones generales que no pueden ser consideradas como
prueba de responsabilidad en contra del demandante Puentes Rivero.

19.5.- Frente a la declaración de Pablo Ramos Osorio, la Sala considera que sus
afirmaciones fueron generales y no ofrecían detalles de las reuniones que
realizaba el demandante Julio Manuel Puentes Rivero. Así mismo, su versión fue
contradictoria debido a que manifestó que el demandante era jefe de las milicias;
sin embargo, luego señaló que solo realizaba tareas de vigilancia que desarrollan
rangos inferiores.

19.6.- En el caso de la declaración del desmovilizado del E.L.N. Óscar Yerena
Barrios, la Sala considera que se trata de un testigo de oídas porque no le consta
de manera directa que el demandante Julio Manuel Puentes Rivero haya
realizado dichas reuniones.

19.7.- En cuanto a la declaración de la reinsertada del E.L.N. Maricela Bohórquez,
su declaración no hizo referencia a información alguna respecto a las actividades
ilícitas que desarrollaba el demandante Julio Manuel Puentes Rivero.

19.8.- Respecto a la declaración del desmovilizado del E.L.N. Francisco Javier
Bohórquez, la Sala considera que contiene afirmaciones generales que no
pueden ser consideradas como prueba de responsabilidad en contra del
demandante Julio Manuel Puentes Rivero.

23 Fl. 56, c-1 De conformidad con las declaraciones de Doniser Blanco Guerrero, Ángel Manuel Chaparro

Acosta, José Luis Blanco Paredes, Pedro José Blanco Márquez, Víctor Manuel Huerta Rodríguez y Ruby
del Carmen Álvarez Moreno quienes afirmaron conocer al demandante Julio Manuel Puentes Rivero como
un campesino honesto dedicado a su trabajo.

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Demandante: Julio Manuel Puentes Rivero

20.- Finalmente, en concepto de la Sala, las declaraciones de los denunciantes
no podían ser tenidas como indicios porque: (i) eran vagas y genéricas, y en ellas
no se indicaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que el
demandante desarrolló sus labores dentro del grupo al margen de la ley; (ii)
existían dudas sobre la credibilidad de los declarantes porque conocieron de las
actividades ilícitas en el año 2000 y sólo se denunciaron varios años después.

21.- En el mismo sentido, en el fallo absolutorio el Juez se pronunció respecto de
las declaraciones de los denunciantes y concluyó que no podían ser tenidas como
prueba toda vez que no fueron ratificadas. Al respecto mencionó:

<<(…) ya que las declaraciones de cargos de los denunciantes no sean tenidas
como pruebas dentro del presente proceso en razón de que ellas no fueron
ratificadas dentro de este expediente por lo que no se fundamenta el grado de
responsabilidad en este estadio procesal, exigido por la norma anteriormente
señalada para proferir sentencia condenatoria y en su lugar a de absolverse a los
procesados de los cargos que le fueron formulados en la resolución acusatorio>>.

ii. La ausencia de justificación adecuada sobre la necesidad de la
medida de aseguramiento

22.- La Fiscalía no expuso las razones particulares que permitían determinar la
necesidad de la medida de aseguramiento respecto del demandante Julio Manuel
Puentes Rivero, ni los motivos concretos por los cuales se cumplían los
propósitos legales de la detención preventiva. El análisis de este aspecto es lo
que le permite al juez administrativo determinar si la detención de la víctima
directa del daño fue una decisión no solo legal sino adecuada, proporcional y
razonable. No se trata de saber simplemente si existían indicios de
responsabilidad que pudieran justificar la imposición de una sanción en contra
del demandante Julio Manuel Puentes Rivero; se trata de determinar si existían
razones que justificaran detenerlo y mantenerlo privado de la libertad durante el
proceso. Entonces, en la resolución en la que se dispuso la detención del
demandante Julio Manuel Puentes Rivero era necesario determinar, de manera
particular y concreta, si se cumplían los propósitos legales de esta medida y el
Fiscal debió pronunciarse sobre ellos. Debía pronunciarse expresamente sobre
el riesgo de fuga, el riesgo de reiteración o el riesgo de obstaculización de la
justicia que constituía que el entonces sindicado continuara gozando de su
libertad, y no lo hizo.

I. Entidad imputada

23.- Por tratarse de una medida de aseguramiento dictada bajo la vigencia del
Código de Procedimiento Penal contenido en la Ley 600 de 2000, el daño
causado por la privación de la libertad de Julio Manuel Puentes Rivero es
imputable a la Fiscalía General de la Nación desde el momento que fue dejado a
disposición de la Fiscalía es decir, desde el 23 de julio de 2007 y hasta la

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Demandante: Julio Manuel Puentes Rivero

ejecutoria de la resolución de acusación24, es decir, el 24 de enero de 200825,
dado que esta entidad la decretó a través de la Fiscalía 10ª Delegada ante los
Jueces Promiscuos del Circuito de Corozal – Sucre.

24.- Luego de que quedó ejecutoriada la resolución de acusación, el demandante
Julio Manuel Puentes Rivero estuvo privado de la libertad por cuenta del Juzgado
1º Promiscuo del Circuito de Corozal – Sucre. El artículo 363 de la Ley 600 de
2000 señala que <<Durante la instrucción, de oficio o a solicitud de los sujetos
procesales, el funcionario judicial revocará la medida de aseguramiento cuando
sobrevengan pruebas que la desvirtúen>>. La Corte Constitucional declaró la
exequibilidad condicionada de este artículo en la sentencia C-774 de 2001, en el
sentido de que <<en la apreciación de las causales de revocatoria de la detención
preventiva debe tenerse en cuenta también la consideración sobre la
subsistencia de su necesidad en atención a los fines que llevaron a decretarla>>.
Y la Corte Suprema de Justicia ha aclarado que dicha revocatoria <<se extiende
también a la etapa de juzgamiento>>26. En consecuencia, el daño causado por la
privación de la libertad con posterioridad a la ejecutoria de la resolución de
acusación es imputable a la Rama Judicial, debido a que el juez penal pudo haber
revocado de oficio la medida de aseguramiento dictada contra las víctimas
directas y no lo hizo. En virtud de lo anterior, y toda vez que la demanda no se
dirigió contra la Rama Judicial, la condena contra la Fiscalía se limitará al período
durante el cual la privación de la libertad es imputable a esta entidad. Ese período
es el transcurrido entre el 23 de julio de 2007 y hasta la ejecutoria de la
resolución de acusación27, el 24 de enero de 200828, es decir, un periodo de seis
(6) meses y dos (2) días.

24 De conformidad con el <<ARTICULO 187. EJECUTORIA DE LAS PROVIDENCIAS. (…) La que decide

los recursos de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias, la consulta, la casación, salvo
cuando se sustituya la sentencia materia de la misma y la acción de revisión quedan ejecutoriadas el día en
que sean suscritas por el funcionario correspondiente.
26 Fl. 386-393, c- 3. El 24 de enero de 2008 la Fiscalía 1ª Delegada ante el Tribunal Superior de Justicia de

Sincelejo confirmó la resolución de acusación emitida por la Fiscalía 10ª Delegada ante los Jueces
Promiscuos del Circuito de Corozal – Sucre.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 29 de

noviembre de 2021. Expediente 46681.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 29 de

noviembre de 2021. Expediente 46681.
26
Al respecto ver providencias: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Auto del 23
de noviembre de 2016. AP7997-2016, Radicación No. 35691; Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Penal, providencia del 2 de octubre de 2003, exp. 21348.

27 De conformidad con el <<ARTICULO 187. EJECUTORIA DE LAS PROVIDENCIAS. (…) La que decide

los recursos de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias, la consulta, la casación, salvo
cuando se sustituya la sentencia materia de la misma y la acción de revisión quedan ejecutoriadas el día en
que sean suscritas por el funcionario correspondiente.
26 Fl. 386-393, c- 3. El 24 de enero de 2008 la Fiscalía 1ª Delegada ante el Tribunal Superior de Justicia de

Sincelejo confirmó la resolución de acusación emitida por la Fiscalía 10ª Delegada ante los Jueces
Promiscuos del Circuito de Corozal – Sucre.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 29 de

noviembre de 2021. Expediente 46681.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 29 de

noviembre de 2021. Expediente 46681

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Radicado: 70001-23-31-000-2009-00167-01 (57711)
Demandante: Julio Manuel Puentes Rivero

J. Análisis de la culpa de la víctima

25.- La parte demandada no acreditó que la víctima directa hubiera realizado
conductas dentro del proceso penal que pudieran ser determinantes para la
imposición de la medida de aseguramiento. Así mismo, de las pruebas aportadas
al proceso la Sala tampoco encuentra configurada la culpa exclusiva de la
víctima.

K. Determinación de los perjuicios y reparación

i. Perjuicios morales

26.- En aplicación de la sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2021 29,
el cálculo de los perjuicios morales para la víctima directa se hará teniendo en
cuenta únicamente el tiempo que la víctima directa estuvo detenida por cuenta
de la Fiscalía General de la Nación, es decir desde el 23 de julio de 2007 hasta
el 24 de enero de 2008, esto es, por un periodo de seis (6) meses y dos (2)
días. En consecuencia, el monto a reconocer por concepto de perjuicios morales
sufridos por la víctima directa será de treinta punto diecisiete (30,17) salarios
mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).

27.- Debido a que la demandante Julia Teresa Rivero Pérez es la madre de la
víctima directa, la Sala tendrá por acreditados los perjuicios morales con la
demostración de tal calidad, de conformidad con la sentencia de unificación del
29 de noviembre de 202130. Su parentesco con la víctima directa está acreditado
con la copia del registro civil de nacimiento del demandante Julio Manuel Puentes
Rivero31 que obra en el expediente.

28.- En relación con la intensidad de los perjuicios morales sufridos por la madre
de la víctima directa y su cuantificación, punto en el cual, conforme con la
sentencia anteriormente citada, deben tenerse en cuenta las circunstancias
particulares demostradas en el curso del proceso, la Sala advierte que la parte
actora se limitó a adjuntar el registro civil del demandante Julio Manuel Puentes
Rivero. No allegó ni solicitó pruebas que permitan deducir que la señora Julia
Teresa Rivero Pérez sufrió un perjuicio de particular intensidad. Por esta razón,
la Sala cuantificará el monto de la indemnización de los perjuicios morales
sufridos por esta demandante en el 35% del perjuicio moral determinado para la
víctima directa, es decir, diez punto cincuenta y seis (10,56) salarios mínimos
legales mensuales vigentes (SMLMV).

29 Fl. 29, c - 1

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Demandante: Julio Manuel Puentes Rivero

29.- En relación con los demandantes Julia Teresa Puentes Rivero 32, Dairo
Puentes Rivero33, Alfonso Luis Taboada Rivero34 y Elcy María Taboada Rivero35,
quienes comparecieron al proceso en calidad de hermanos de la víctima directa,
la Sala negará la reparación de los perjuicios morales porque: (i) de acuerdo con
la sentencia de unificación del 29 de noviembre de 202136 no se pueden presumir
los perjuicios morales a partir de la sola acreditación de su parentesco con la
víctima directa; (ii) la parte actora no allegó ni solicitó pruebas para acreditar los
perjuicios morales que sufrieron con ocasión de la detención del demandante
Julio Manuel Puentes Rivero.

ii. Daño al buen nombre

30.- Como lo ha explicado la Sala, toda privación injusta de la libertad, sin
importar el delito que hubiera sido imputado al entonces procesado, trae consigo
una intensa vulneración del derecho al buen nombre de quien la padeció. Por lo
tanto, con fundamento en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014
de esta Sección, es procedente ordenar en estos casos, inclusive de oficio, la
adopción de medidas no pecuniarias para la reparación de este perjuicio 37.

31.- Debido a que la privación de la libertad a la cual fue sometido el demandante
Julio Manuel Puentes Rivero afectó su derecho al buen nombre, la Sala ordenará
al Fiscal General de la Nación que expida un comunicado en el que se ofrezcan
excusas a la víctima directa por el perjuicio causado y se reconozca que él no era
responsable del delito que se le imputó. De acuerdo con el principio según el cual
este tipo de reparaciones integrales deben concertarse con la víctima, el
demandante le informará a la demandada, dentro del mes siguiente a la
ejecutoria de esta providencia, si dicho documento solamente le será entregado
en físico o si, además, desea que se publique en las plataformas de comunicación
y difusión de la Fiscalía General de la Nación, y a ello se procederá una vez así
sea comunicado. De no hacerse ninguna manifestación durante ese lapso, se
entenderá que la víctima opta por que las disculpas se expresen de manera
privada, por lo que así se cumplirá inmediatamente.

i. Daño emergente

32.- La parte actora solicitó la indemnización de los gastos por concepto de
honorarios profesionales en los que incurrió la víctima directa para su defensa
dentro del proceso penal. La Sala negará la reparación de este perjuicio porque
los demandantes no aportaron la factura o el documento equivalente para

32 Fl.31, c - 1
33 Fl. 28, c - 1
34 Fl. 27, c - 1
35 Fl. 30, c -1
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 29 de
noviembre de 2021. Expediente 46681.
37 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de Unificación de 28 de agosto de 2014, radicación No.

05001-23-25-000-1999-01063-01, Exp. 32988.

15

Radicado: 70001-23-31-000-2009-00167-01 (57711)
Demandante: Julio Manuel Puentes Rivero

acreditar los gastos de defensa judicial, de conformidad con los parámetros
señalados en la sentencia de unificación del 18 de julio de 201938.

L. Costas

33.- En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar
de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con
lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado
por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFÍCASE la sentencia dictada el 30 de septiembre de 2014 por
el Tribunal Administrativo de Sucre, así:

<<PRIMERO: DECLÁRESE No probada la excepción de hecho de un tercero
propuesto por la Nación - Fiscalía General de la Nación, conforme lo expuesto
en la parte emotiva de la providencia.

SEGUNDO: CONDÉNASE a la Nación – Fiscalía General de la Nación a reparar
el daño causado por la privación de la libertad del demandante Julio Manuel
Puentes Rivero.

TERCERO: CONDÉNASE a la Nación – Fiscalía General de la Nación al pago
de los siguientes perjuicios morales, los cuales se tasarán en salarios mínimos
legales mensuales vigentes a la fecha de la ejecutoria de la presente providencia:

DEMANDANTE CALIDAD CUANTÍA

30,17
Julio Manuel Puentes Rivero Víctima directa
SMLMV
Madre de la víctima 10,56
Julia Teresa Rivero Pérez
directa SMLMV

CUARTO: ORDÉNASE al Fiscal General de la Nación emitir un comunicado en
el cual pida excusas al demandante Julio Manuel Puentes Rivero por el daño
antijurídico que padeció con ocasión de la privación injusta de su libertad, en los
términos señalados en esta providencia.

QUINTO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: SIN CONDENA en costas.

38 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de Unificación del 18 de julio de 2019, proceso Nº. 2009-

00133-01 (44572).

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Radicado: 70001-23-31-000-2009-00167-01 (57711)
Demandante: Julio Manuel Puentes Rivero

SÉPTIMO: La presente sentencia se cumplirá con arreglo a lo dispuesto por los
artículos 176, 177 y 178 del C.C.A.

OCTAVO: Para el cumplimiento de la sentencia expídanse copias con destino a
las partes, de conformidad con el artículo 114 del CGP.>>

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente a su tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Aclara voto

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