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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 70001-23-31-000-2009-00188-01

Fecha
2 de marzo de 2022
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 70001-23-31-000-2009-00188-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 27 de marzo de 2015 del Tribunal Administrativo de Caldas por las razones expuestas. SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia. TERCERO: Por Secretaría, una vez de ejecutoriada esta sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 70001-23-31-000-2009-00188-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

2 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 2 de marzo de 2022

Radicación: 70001-23-31-000-2009-00188-01 (55374)
Actor: Yeys Paola Montes Barrios y otros.
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa

Temas: acción de reparación directa – defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia – prescripción de la acción penal – recurso único de apelación – principio de
congruencia – ausencia de daño.

Síntesis del caso: se demanda la responsabilidad del Estado por el defectuoso
funcionamiento en la Administración de justicia por la prescripción de un proceso penal por
el delito de homicidio culposo en un accidente de tránsito.

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la Sentencia de 27 de marzo de 2015 por medio de la
cual el Tribunal Administrativo de Caldas negó las pretensiones de la
demanda.

La Sala es competente para proferir esta decisión en segunda instancia, con
fundamento en la Ley 270 de 1996 (artículo 73)1.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1 Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.
Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 27 de noviembre de 20092, Edilberto Montes Vergara, Celmira
Helena Pérez Barbosa, Luis Fernando Montes Pérez, Karen Sofía Montes
Pérez, Edith Montes Barrios, María Montes Barrios, Edilberto Montes Barrios,
Antonio José Montes Barrios, Luz Marina Montes Barrios y Yeys Paola Montes
Barrios, en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron
demanda contra la Nación – Rama Judicial. Fueron sus pretensiones (se
trascribe):

“1. Que se declare a la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA,
DIREECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTCIIA, administrativamente

1 Artículo 73 de la Ley 270 y Auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta

Corporación el 9 de septiembre de 2008, se determinó que de las acciones de reparación directa relacionados
con el ejercicio de la administración de justicia conocen en primera instancia los Tribunales Administrativos y en
segunda instancia el Consejo de Estado. Expediente No. 2008 00009.
2 Folio 41 del C1.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 70001-23-31-000-2009-00188-01 (55374)
Actor: Yeys Paola Montes Barrios y otros.
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Confirma decisión apelada que negó pretensiones
______________________________________________________________________________________________________________

responsable, por el DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, al original la prescripción de la acción penal en el proceso criminal
seguido a HORVER LUIS GARRIDO MONTES con ocasión de la muerte culposa
infringida a YADER JOSE MONTES PEREZ.

2. Que como consecuencia directa de lo anterior, se indemnice a mi mandante
por los siguientes conceptos:

a) DAÑO EMERGENTE que estimamos en suma muy superior a $10.000.000, por
honorarios, pagados al abogado que atendió la demanda de parte civil
tramitada simultáneamente al proceso penal anotado.
b) LUCRO CESANTE la suma de dinero con que ayudaba a sus padres desde la
fecha del deceso hasta que hubiese cumplido 68 años de edad. Dicha suma
se actualizará año a año durante dicho lapso.
c) DAÑO MORAL equivalente a una suma de dinero superior al valor de cien
salarios mínimos vigentes al momento de la sentencia, para cada uno de los
demandantes. […]”

2. Como hechos relevantes que fundamentaron las pretensiones3,
adujeron:

3. 1) El 10 de octubre de 1999 falleció el señor Yaser José Montes Pérez
como consecuencia de un accidente de tránsito, por lo cual se inició una
investigación penal en contra de Holver Luis Garrido Montes – conductor del
vehículo – por el delito de homicidio culposo y otro; dentro del cual los
demandantes se constituyeron en parte civil.

4. 2) El Juzgado 1 Promiscuo del Circuito de Corozal condenó, en primera
instancia, al señor Garrido Montes por el delito de homicidio culposo y, en
contra de esta decisión se interpuso recurso de apelación. Para resolver el
recurso, el superior devolvió el expediente y solicitó al Juzgado 1 Promiscuo
del Circuito de Corozal la resolución de acusación, ya que no estaba en el
expediente. El juzgado remitió el expediente completo al despacho del
superior el 30 de abril de 2008.

5. 3) El 6 de junio de 2008 la Sala Penal del Tribunal Superior de Sincelejo
declaró la prescripción de la acción penal.

6. Como fundamentos de la demanda, afirmó que, (se trascribe) “por el
defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia visualizada en
la falta de incorporación de la Resolución de Acusación al expediente, lo
que postergó la sentencia prohijando con ello la prescripción de la acción
criminal, se causó un daño material y moral a la familia de Yaser José Montes
Pérez, al hacer ilusoria la indemnización rogada en la demanda de parte
civil […]”.

3 Folio 117 - 120 del cuaderno 1.

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Radicación: 70001-23-31-000-2009-00188-01 (55374)
Actor: Yeys Paola Montes Barrios y otros.
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Confirma decisión apelada que negó pretensiones
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1.2. Posición de la parte demandada

7. El apoderado de la Nación – Rama Judicial4, al contestar la demanda
admitió unos hechos y afirmó que los demás debían probarse, además, se
opuso a las pretensiones. Como argumentos de su defensa, afirmó que la
prescripción de la acción penal “resulta irrelevante, pues era altamente
improbable que fuera confirmada la sentencia condenatoria”, toda vez
que en el proceso penal se configuró la culpa de la víctima, consistente en
que Yaser José Montes Pérez estaba en estado de embriaguez y haciendo
carreras en el vehículo. Además, propuso las excepciones que denominó
“inexistencia de error judicial”, “culpa exclusiva de la víctima” y “la
innominada o genérica”.

1.3. Sentencia de primera instancia

8. El Tribunal Administrativo de Caldas5 declaró la falta de legitimación
activa de los señores Edilberto Montes Barrios, Antonio José Montes Barrios,
Edith Montes Barrios, María Montes Barrios, Luz Marina Montes Barrios y Yeys
Paola Montes Barrios, toda vez que no se constituyeron en parte civil dentro
del proceso penal y negó las pretensiones de la demanda.

9. Como fundamento, el tribunal concluyó que: 1) “era imposible la
determinación del daño”, toda vez que no era evidente que el juez de
segunda instancia iba a confirmar la condena; 2) durante el trámite de la
segunda instancia del proceso podía haberse configurado una nulidad; 3)
la parte actora no determinó de manera clara los perjuicios derivados del
supuesto daño y; 4) el demandante tenía otra acción para reclamar la
reparación del daño ocasionado con el accidente de tránsito.

1.4. Recurso de apelación

10. La parte demandante presentó recurso único de apelación6 en el
cual atacó la decisión de negar las pretensiones, sostuvo que debía
revocarse con fundamento en que “con la solo declaración de prescripción
de la acción penal se le irrogaba un perjuicio al justiciable que recurre a la
administración de justicia […] cuando su derecho fundamental de acceso
a la justicia se le trunca al no despachar dentro de los términos de ley sus
solicitudes”. En relación con la declaratoria de falta de legitimación de unos
demandantes porque no hicieron parte de la demanda civil dentro del
proceso penal, consideró que “el derecho fundamental a conocer la
verdad” lo tienen “todos los parientes”.

4 Folios 61 - 64 del C.1.
5 Folios 90 - 102 del C.Ppal
6 Folios 106 – 107 del C.Ppal

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Radicación: 70001-23-31-000-2009-00188-01 (55374)
Actor: Yeys Paola Montes Barrios y otros.
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Confirma decisión apelada que negó pretensiones
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2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Presupuestos procesales y decisión a adoptar; 2.2. Análisis sustantivo 2.3.
Sobre la condena en costas.

2.1. Presupuestos procesales y decisión a adoptar

11. La Sala se pronunciará sobre el fondo del asunto, toda vez que
encuentra reunidos los presupuestos para dictar Sentencia, al ser la de
reparación directa la acción procedente para buscar la declaratoria de
responsabilidad por los daños causados por defectuoso funcionamiento de
la administración de justicia.

12. Adicionalmente, porque la acción se promovió de manera oportuna.
En efecto, la decisión mediante la cual se declaró la prescripción de la
acción quedó en firme el 12 de junio de 20087 y, la demanda fue presentada
el 27 de noviembre de 20098, por lo que la acción se ejerció en tiempo.

13. La Sala confirmará la decisión apelada. La postura que se desarrollará
en este fallo consiste en que, el fundamento del recurso único de apelación,
según el cual la decisión de primera instancia no valoró el daño consistente
en la vulneración al derecho a obtener justicia, no resulta procedente, toda
vez que, en la demanda, la parte actora solicitó y argumentó otro daño,
esto es, “un daño material y moral a la familia de Yaser José Montes Pérez,
al hacer ilusoria la indemnización rogada en la demanda de parte civil […]”.

2.2. Análisis sustantivo

14. La parte actora en su recurso único de apelación afirmó que el
tribunal se equivocó al no condenar a la demandada por la vulneración del
daño a obtener justicia penal. Frente a ello, la Sala destaca que, en la
demanda, la parte actora no realizó ninguna consideración relativa a la
reparación de ese daño, por el contrario, toda la argumentación de la
demanda se fundamentó en la imposibilidad de obtener una indemnización
como parte civil. Al respecto, se destacan los siguientes argumentos de la
demanda (se trascribe):

“6. Por el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia
visualizada en la falta de incorporación de la Resolución de Acusación al
expediente, lo que postergó la sentencia prohijando con ello la prescripción
de a acción criminal, se causó un daño material y moral a la familia de Yaser
José Montes Pérez, al hacer ilusoria la indemnización rogada en la demanda
de parte civil que simultáneamente se tramitaba con el proceso penal.

7 Folio 36 anverso del C.1.
8 Folio 41 del C1.

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Radicación: 70001-23-31-000-2009-00188-01 (55374)
Actor: Yeys Paola Montes Barrios y otros.
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Confirma decisión apelada que negó pretensiones
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7. Al momento de la muerte (10 de octubre de 1999), YASER JOSE MONTES
PEREZ, contaba con veinte (20) años, siete (7) meses y veintidós (22) días de
nacido, por lo cual le restaba 44 años, dos meses y 8 días de vida laboral útil.
8. En vida YASER JOSE MONTES PEREZ, se dedicaba al comercio,
agenciamiento de loterías, compraventa de casas, vehículos, comisionista de
ganados, etc., obteniendo ingresos superiores a $1.000.000 mensuales.
9. Sus padres, EDILBERTO MONTE SVERGARA y CELMIRA ELENA PEREZ DE
MONTES, dejaron de percibir la suma de $700.000, con que colaboraba en
casa, debido a la avanzada edad de sus progenitores.
10. Sus padres y hermanos quienes me han conferido han llorado
incesantemente al pariente fallecido accidental e intempestivamente.”

15. De lo anterior y, de los hechos y las pretensiones de la demanda,
resulta evidente para la Sala que la parte demandante no identificó ni
argumentó el daño cuyo reconocimiento solicitó en el recurso de
apelación, es decir, se trató de una modificación de lo solicitado en la
demanda, por lo cual, su argumento resulta improcedente, en aplicación
del principio de congruencia entre la demanda y la sentencia.

16. Adicionalmente, tampoco le asiste razón al apelante único cuando
pide que se revoque la decisión que declaró la falta de legitimación pasiva
de unos demandantes porque no se constituyeron en parte civil dentro del
proceso penal. En este punto, es preciso mostrar que, en el recurso único de
apelación, se argumentó que el derecho a obtener justicia penal lo tenían
todos los familiares, con independencia de si se constituyeron en parte civil
o no.

17. Para la Sala, así como se explicó, en la demanda no se solicitó la
reparación del daño consistente en la vulneración del “derecho
fundamental a conocer la verdad” o a obtener justicia penal, sino la
reparación del daño consistente en “hacer ilusoria la indemnización rogada
en la demanda de parte civil […]”, razón por la cual, entrar a estudiar en
esta instancia la legitimación de los demandantes para reclamar el daño a
obtener justicia penal constituye también una variación en la causa
respecto de la demanda y, en esa medida, el argumento no resulta
procedente.

18. Por último, la Sala destaca que, en todo caso, la parte actora no
acreditó el daño, consistente en la pérdida definitiva y cierta de la
oportunidad de obtener una reparación, puesto que, esta Subsección ha
sostenido en estos casos que “…a la parte actora le incumbe exponer y
acreditar las afirmaciones que permitan concluir que la prescripción de la
acción penal le impidió recibir una indemnización que habría podido
obtener si ella no se hubiese declarado; le corresponde acreditar que tal
declaración le frustró definitivamente una expectativa cierta o con grandes

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Radicación: 70001-23-31-000-2009-00188-01 (55374)
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probabilidades de certeza de obtener la reparación”9.

19. La prescripción de la acción penal no implicó la pérdida de
oportunidad definitiva de obtener una indemnización y, en esa medida, no
es cierto que la víctima no hubiera podido acudir a la jurisdicción ordinaria,
en una acción civil como se procede a explicar, ya que, la norma aplicable
– artículo 98 del Código Penal – establece (se trascribe):

“La acción civil proveniente de la conducta punible, cuando se ejercita dentro
del proceso penal, prescribe, en relación con los penalmente responsables, en
tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal. En los demás
casos, se aplicarán las normas pertinentes de la legislación civil.”

20. Así, de la lectura de la norma es evidente que la acción civil en contra
de los terceros civilmente responsables prescribe en los términos
establecidos por las normas civiles para el efecto, pues la prescripción de la
acción penal conlleva la prescripción de la acción civil únicamente
respecto del penalmente responsable, cuando ésta se haya ejercido dentro
del proceso penal. Lo anterior, porque la declaratoria de la prescripción de
la acción penal, no impedía que pudieran acudir ante la jurisdicción civil
para buscar la indemnización de manos del tercero civilmente responsable.
Al respecto, la Sala ha precisado lo siguiente:

“La prescripción de la acción penal no le impedía a los demandantes iniciar
un proceso ordinario de responsabilidad civil contra los terceros civilmente
responsable, conforme con lo dispuesto en el artículo 98 del Código Penal10.
En casos de accidentes de tránsito, la responsabilidad civil extracontractual
del propietario del vehículo y la empresa a la que está afiliado es directa11,
por lo que la acción para reclamar la indemnización de los daños causados
por estos terceros civilmente responsables ante la jurisdicción ordinaria civil se
sujeta al término ordinario de prescripción previsto en el artículo 2536 del

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de febrero de 2021

expediente 51813 y; en el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, Sentencia de 28 de abril de 2021, expediente 47893.
10 [cita del texto original] “Artículo 98 de la Ley 599 de 2000: <<La acción civil proveniente de la conducta punible,

cuando se ejercita dentro del proceso penal, prescribe, en relación con los penalmente responsables, en tiempo
igual al de la prescripción de la respectiva acción penal. En los demás casos, se aplicarán las normas pertinentes
de la legislación civil.>>”.
11 [cita del texto original] “Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 19 de diciembre de

2011. Radicado N.º 44001 31 03 001 2001 00050 01. M.P. Pedro Octavio Munar Cadena: <<Condición semejante,
esto es, la de guardián, deviene absolutamente procedente, entonces, que sea compartida entre la empresa de
transporte y los propietarios del automotor, hipótesis ante la cual, dada la solidaridad que surge para una y otros,
cualquiera puede ser involucrado en el proceso respectivo en función de la eventual responsabilidad por los
perjuicios generados; luego, en el asunto de esta especie, al margen del posible compromiso de los titulares del
dominio del bien con el que se generó el daño, en procura de su resarcimiento, la transportadora estaba
legitimada para ser llamada con miras de cubrir los perjuicios generados a los demandantes. >>.

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Radicación: 70001-23-31-000-2009-00188-01 (55374)
Actor: Yeys Paola Montes Barrios y otros.
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Confirma decisión apelada que negó pretensiones
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Código Civil12”13.

21. En ese orden, en el proceso se encuentra demostrado que la parte
actora tenía – y debía tener – pleno conocimiento de la posibilidad de
reclamar la reparación del daño sufrido a los terceros civilmente
responsables, puesto que presentó, dentro del proceso penal, una
demanda de constitución de parte civil en la que destacó que el dueño del
vehículo – tercero civilmente responsable14 – era el señor José Miguel
Chadid Montes y, no el sindicado en el proceso penal – señor Holver Luis
Garrido Montes15.

22. Al respecto, los hechos ocurrieron el 10 de octubre de 1999, para ese
momento la prescripción de la acción civil en cabeza de los demandantes
contra los terceros civilmente responsables era de 20 años. Cabe precisar
que, la Ley 791 de 2002 modificó el artículo 2536 del Código Civil y redujo el
término de la prescripción ordinaria a 10 años; por lo tanto, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 41 de la Ley 153 de 1887, el beneficiario de la
prescripción -que para el caso sería el tercero civilmente responsable- podía
elegir que la prescripción se rigiera por el término original de 20 años a partir
de la ocurrencia del hecho, o por el nuevo término de 10 años a partir de la
entrada en vigencia de la ley, el 27 de diciembre de 2002.

23. Así las cosas, con independencia del término de prescripción que
escogieran el prescribiente, los demandantes tenían la posibilidad de acudir
ante la justicia civil para obtener el resarcimiento de los perjuicios que
alegaron sufrir, por lo menos, hasta el 27 de diciembre de 2012 y, toda vez
que la prescripción de la acción penal ocurrió el 6 de junio de 2008, es claro

12 [cita del texto original] “Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 30 de junio de 2016,

Radicado N.º 11001-02-04-000-2016-00743-01, M.P. Ariel Salazar Ramírez: <<Y es que no puede confundirse el
significado de lo que el ordenamiento adjetivo penal considera como “terceros civilmente responsables”, con el
de los terceros responsables dentro del proceso civil, puesto que el término “terceros responsables” para cada uno
de esos ordenamientos tiene un significado y alcance distintos. En efecto, para el ordenamiento penal, la noción
“tercero civilmente responsable” hace alusión a la persona que a pesar de no haber cometido la conducta
punible está llamada, según la ley sustancial, a responder con su patrimonio por los perjuicios irrogados con la
realización del delito (art. 96 de la Ley 600 de 2000). En cambio, la expresión “tercero responsable conforme a las
disposiciones de este capítulo”, contenida en el artículo 2.358 del Código Civil, se refiere al tipo de responsabilidad
indirecta o proveniente del hecho de un tercero, a diferencia de la que tiene una naturaleza directa o emana del
hecho propio. De suerte que para la doctrina civil el acto generado por quien frente a ley penal es considerado
“un tercero”, puede estar enmarcado en la responsabilidad directa o por el hecho propio, como en el caso de
las personas jurídicas que ejecutan su voluntad a través de sus agentes. De acuerdo con estas premisas, si un
tercero incurre en responsabilidad civil directa, la tesis evidentemente favorece a la víctima de los perjuicios
puesto que la prescripción que reglamenta esta acción es de diez años, y no la trienal a la que refiere el artículo
2.358 ejusdem. Tal es la claridad del ordenamiento penal en el mencionado artículo 98 de su legislación sustantiva,
que en copiosa jurisprudencia, el máximo tribunal de esa jurisdicción, ha reiterado que la pérdida de la potestad
punitiva para investigar y juzgar al penalmente responsable, impide entrar a definir aspectos propios de la justicia
civil.>>”.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de febrero de 2021

expediente 51813 y; reiterada en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, Sentencia de 28 de abril de 2021, expediente 47893.
14 En ese sentido, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,

expediente 51661, sentencia de 26 de enero de 2022 y; Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, expediente SC4750-
2018, sentencia de 9 de mayo de 2018.
15 Folios 42 – 44 del C. de pruebas 1.

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Radicación: 70001-23-31-000-2009-00188-01 (55374)
Actor: Yeys Paola Montes Barrios y otros.
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Confirma decisión apelada que negó pretensiones
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que no les clausuró de manera definitiva la oportunidad de conseguir una
indemnización de los sujetos llamados por ley a responder.

2.3. Sobre la condena en costas

25. Como no se evidencia temeridad, ni mala fe en la actuación procesal
de la parte recurrente, la Sala se abstendrá de condenarla en costas en esta
instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del C.C.A.,
modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 27 de marzo de 2015 del Tribunal
Administrativo de Caldas por las razones expuestas.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

TERCERO: Por Secretaría, una vez de ejecutoriada esta sentencia,
DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmando electrónicamente Firmando electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

Firmando electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado

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