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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 70001-23-31-000-2010-00254-01

Fecha
10 de octubre de 2022
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 70001-23-31-000-2010-00254-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA EN EL SERVICIO – Compulsa de copias para adelantar una investigación penal y disciplinaria – No se configuró. Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia que negó las pretensiones de la demanda. Según la demanda, la entidad accionada es responsable de los daños derivados de la denuncia penal, la queja disciplinaria y la denuncia pública realizada por la doctora Amparo Cerón Ojeda, Fiscal Quinta de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Bogotá, en contra del juez José Manuel Martínez Gutiérrez. I. SENTENCIA IMPUGNADA 1. Corresponde a la sentencia del 30 de octubre de 2015, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Sucre, negó las pretensiones de la demanda. 2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 20 de septiembre de 20101, por los señores José Manuel Martínez Gutiérrez (afectado directo), quien actuó en nombre propio y en representación de sus hijos menores Daniel José y Sara Martínez Benítez, Bertha Benítez Prada (esposa), Julián Augusto Martínez Tirado (hijo), Julio Andrés Martínez Barón (padre), Iris Gutiérrez de Martínez (madre), Beatriz Margoth y Carlos Enrique Martínez Gutiérrez (hermanos), en contra de la Nación –Fiscalía General de la Nación, cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos de derecho son, los siguientes: 1 Folios 1 a 29 del cuaderno 1. 1 Radicación: 70001233100020100025401 (57.915) Actor: José Manuel Martínez Gutiérrez y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Referencia: Acción de reparación directa Pretensiones 3. La parte actora pretende la declaración de responsabilidad de la demandada y la consecuencial condena al pago de la totalidad de los daños y perjuicios que le fueron causados, con ocasión de “la denuncia penal, la queja disciplinaria y la denuncia pública realizada ante la prensa” por la doctora Amparo Cerón Ojeda, Fiscal Quinta de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Bogotá, en contra del juez José Manuel Martínez Gutiérrez. 4. Por lo anterior, estimaron la solicitud indemnizatoria en: i) quince millones de […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 70001-23-31-000-2010-00254-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

10 de octubre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 70001-23-31-000-2010-00254-01 (57.915)
Actor: José Manuel Martínez Gutiérrez y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Asunto: Sentencia

Temas: DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – FALTA
DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA – No se probó que la fuente de la
información publicada hubiera sido de la entidad demandada – FALLA EN EL
SERVICIO – Compulsa de copias para adelantar una investigación penal y
disciplinaria – No se configuró.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia que negó las pretensiones de la demanda.

Según la demanda, la entidad accionada es responsable de los daños derivados
de la denuncia penal, la queja disciplinaria y la denuncia pública realizada por la
doctora Amparo Cerón Ojeda, Fiscal Quinta de la Unidad Nacional de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Bogotá, en contra del juez José
Manuel Martínez Gutiérrez.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la sentencia del 30 de octubre de 2015, mediante la cual el
Tribunal Administrativo de Sucre, negó las pretensiones de la demanda.

2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 20 de septiembre de
20101, por los señores José Manuel Martínez Gutiérrez (afectado directo), quien
actuó en nombre propio y en representación de sus hijos menores Daniel José y
Sara Martínez Benítez, Bertha Benítez Prada (esposa), Julián Augusto Martínez
Tirado (hijo), Julio Andrés Martínez Barón (padre), Iris Gutiérrez de Martínez
(madre), Beatriz Margoth y Carlos Enrique Martínez Gutiérrez (hermanos), en contra
de la Nación –Fiscalía General de la Nación, cuyas pretensiones, hechos principales
y fundamentos de derecho son, los siguientes:

1 Folios 1 a 29 del cuaderno 1.

1

Radicación: 70001233100020100025401 (57.915)
Actor: José Manuel Martínez Gutiérrez y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

Pretensiones

3. La parte actora pretende la declaración de responsabilidad de la demandada y
la consecuencial condena al pago de la totalidad de los daños y perjuicios que le
fueron causados, con ocasión de “la denuncia penal, la queja disciplinaria y la
denuncia pública realizada ante la prensa” por la doctora Amparo Cerón Ojeda,
Fiscal Quinta de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario de Bogotá, en contra del juez José Manuel Martínez Gutiérrez.

4. Por lo anterior, estimaron la solicitud indemnizatoria en: i) quince millones de
pesos ($15.000.000) por concepto de perjuicios materiales para el afectado directo;
ii) seiscientos (600) salarios mínimos mensuales legales vigentes, por concepto de
perjuicios morales para todos los demandantes; iii) seiscientos (600) salarios
mínimos mensuales legales vigentes, por concepto de daño a la vida de relación
para su esposa e hijos menores; iv) seiscientos (600) salarios mínimos mensuales
legales vigentes, por concepto de perjuicios psicológicos para su esposa e hijos
menores; a la vez que, v) solicitaron que se ordenara a la Nación – Fiscalía General
de la Nación – Fiscal Quinta de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario de Bogotá, ofrecer disculpas públicas por la
publicación realizada en primera plana del diario El Meridiano de Sucre, en ofensa
de los demandantes2.

Hechos

5. Como supuesto fáctico de las pretensiones, los demandantes señalaron que,
el sábado 26 de mayo de 2007, cerca de la media noche, el señor José Manuel
Martínez Gutiérrez, actuando como juez constitucional, concedió un hábeas corpus
a los Alcaldes Greysy Díaz Guevara y Miguel Carrascal Padilla, por encontrar que
permanecían privados ilegalmente de su libertad por cuenta de la Fiscalía Quinta
de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de
Bogotá.

6. Sostuvieron que, sin que se hubiera expedido copia del fallo a la Fiscal Quinta
Especializada, el 26 de mayo de 2007, el diario El Meridiano de Sucre, publicó en
primera página el titular “SIGUE EL ROLLO Alcaldes libres y juez en líos”,
informando que “la Fiscalía anunció que ordenará se investigue penal y
disciplinariamente a José Manuel Martínez Gutiérrez…”.

7. En el mismo titular se indicó que la determinación de ordenar la investigación
fue dada por la Fiscalía a la Policía Nacional, y que la doctora Amparo Cerón
manifestó que “la determinación adoptada por el Juez es irregular, pues la
autorización de suspensión de los mandatarios, luego de ejecutoriada la medida de

2 Folios 2 a 6 del cuaderno 1.

2

Radicación: 70001233100020100025401 (57.915)
Actor: José Manuel Martínez Gutiérrez y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

aseguramiento, es administrativa y no tiene incidencia en las decisiones adoptadas
por la justicia penal especializada …”.

8. Consideran los demandantes que las declaraciones realizadas por la fiscal
fueron “ostensiblemente erradas, equivocadas, tendenciosas y en clara violación
de la dignidad y la honra” del juez José Manuel Martínez Gutiérrez (artículos 1, 2 y
21 de la Constitución Política), toda vez que fueron desvirtuadas con los fallos de
absolución y preclusión adoptados en las investigaciones disciplinaria y penal
adelantadas en contra del demandante, en virtud de las denuncias formuladas por
la mencionada fiscal.

9. Además, indicaron que el amparo constitucional fue legalmente concedido,
debido a que no era procedente detener a los alcaldes hasta que la providencia
mediante la cual se profirió medida de aseguramiento en su contra se encontrara
ejecutoriada, tal como lo establece el artículo 105 de la Ley 136 de 1994 y la
sentencia C-576 de 2004.

10. Para finalizar, mencionaron que en otro proceso penal el apoderado de la parte
civil hizo referencia al titular de El Meridiano para manifestar que estaba probada la
conducta prevaricadora del juez en otros casos, “lo cual es indicio de que los
delincuentes siempre buscan a sus compinches para hacer el mal”.

11. Concluyeron que los referidos hechos les ocasionaron los perjuicios materiales
e inmateriales ya referidos.

La defensa

12. El 23 de septiembre de 2010, el Tribunal Administrativo de Sucre admitió la
demanda3. Notificado en debida forma el auto admisorio, las demandadas
presentaron los siguientes planteamientos de defensa.

13. La Nación – Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la
demanda y propuso como excepciones: i) “inexistencia de falla en las actividades
propias de la Fiscalía General de la Nación”, por cuanto se limitó a compulsar copias
para que se investigara si el juez incurrió en prevaricato, sin que aquello sea una
decisión jurisdiccional susceptible de un yerro, sino un acto procesal; ii) “inexistencia
de daño antijurídico”, dado que el acto procesal de compulsa de copias no afecta
derechos fundamentales y es deber de los funcionarios públicos poner en
conocimiento de la autoridad competente los hechos que puedan constituir un delito;
y, iii) la genérica4.

3 Folios 101 y 102 del cuaderno 1.

4 Folios 116 a 118 del cuaderno 1.

3

Radicación: 70001233100020100025401 (57.915)
Actor: José Manuel Martínez Gutiérrez y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

14. Surtida la etapa probatoria5, el a quo corrió traslado a las partes para presentar
por escrito sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera
concepto6.

15. El Ministerio Público señaló que el sometimiento a una investigación penal y
disciplinaria es una carga que todo ciudadano debe soportar; de ahí que, dicha
circunstancia no permita declarar la responsabilidad del Estado7.

16. Se advierte que, a pesar de que la Fiscalía General de la Nación presentó
alegatos de conclusión dentro de la oportunidad prevista para tal fin; sus
argumentos estuvieron encaminados a negar su responsabilidad en un asunto de
privación injusta de la libertad en el que los aquí demandantes no integraban el
extremo activo de la litis8.

La decisión

17. Al definir el caso, el Tribunal Administrativo de Sucre negó las pretensiones de
la demanda, por considerar que no se aportó medio probatorio que acreditara con
absoluta certeza que la Fiscal Quinta de la Unidad Nacional de Derechos Humanos
y Derecho Internacional Humanitario o alguno de los funcionarios de la Fiscalía fue
la fuente de la información publicada el 29 de mayo de 2007 en el diario El Meridiano
de Sucre, en la que se informaba que “la Fiscalía anunció que ordenará se
investigue penal y disciplinariamente a José Manuel Martínez Gutiérrez”, debido a
su decisión de conceder un hábeas corpus a los señores Greysy Díaz Guevara y
Miguel Carrascal Padilla (alcaldes de los Municipios de Palmito y Toluviejo -Sucre-,
respectivamente).

5 Durante la actuación se decretaron y practicaron las siguientes pruebas: i) los documentos aportados con la

demanda, que comprenden: el acta de conciliación de 23 de agosto de 2010 (folios 36 y 39 del C.1.), la
constancia de conciliación prejudicial de 27 de agosto de 2010, proferida por la Procuraduría 44 Judicial II para
asuntos administrativos (folios 40 y 41 del C.1.), certificación de pago de honorarios al abogado José Rafael
Alvis Martínez (folio 42 del C.1.), registros civiles de nacimiento y matrimonio de los demandantes (folios 43 a
50 del C.1.), auto admisorio de solicitud de hábeas corpus (folio 51 del C.1.), providencia de hábeas corpus de
26 de mayo de 2007 proferida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Santiago de Tolú (folios 51 a 64
del C.1), nota periodística de 29 de mayo de 2007, edición 4038, publicada por El Meridiano de Sucre; proveído
de 4 de junio de 2007, proferido por la Fiscal Quinta de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario de Bogotá (folio 67 del C.1.); resolución de apertura de instrucción de 12 de julio de 2007 (folios
68 y 69 del C.1.); diligencia de indagatoria rendida el 20 de septiembre de 2007 por José Manuel Martínez
Gutiérrez (folios 70 a 76 del C.1.); resolución de 17 de septiembre de 2008, mediante la cual la Fiscalía Única
Delegada ante el Tribunal Superior de Justicia de Sincelejo declaró la preclusión de la investigación (folios 77 a
88 del C.1.); providencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura
de Sucre (folios 89 a 94 del C.1.); demanda de parte civil en radicado No. 71583 (folios 95 a 98 del C.1.); ii)
declaraciones rendidas el 25 de mayo de 2011 por los señores Remberto Manuel Osuna Funez (folios 136 a
138 del C.1.) y Martha Lucy Vargas Guzmán (folios 139 y 140 del C.1.); iii) declaración rendida el 20 de junio
de 2011 por el señor Roger de Jesús Cohen Mendoza (folios 38 y 39 del C.2.); iv) declaración rendida el 23 de
junio de 2011 por el señor José Rafael Quessep Feria (folios 181 y 182 del C.3.); y, v) declaración rendida el 25
de agosto de 2011 por el señor Edgar López Sánchez (folios 82 a 84 del C.2.).
6 Folio 143 del cuaderno 1.
7 Folios 175 a 180 del cuaderno 1.

8 Folios 144 a 146 del cuaderno 1.

4

Radicación: 70001233100020100025401 (57.915)
Actor: José Manuel Martínez Gutiérrez y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

18. Señaló, que tampoco estaba demostrado que dicha información solo podía
estar en cabeza de la entidad demandada y que fue puesta a disposición del medio
de comunicación, por cuanto en la nota periodística -obrante a folio 66-, se lee:
“Ayer en un comunicado a la Policía sobre el procedimiento utilizado por la fiscal
5ª, Amparo Cerón, para detener a los alcaldes …, la Fiscalía indicó que ordenará
investigar disciplinariamente y penalmente al juez primero promiscuo municipal de
Tolú” , lo que permite inferir que lo reproducido provino de un comunicado enviado
por la Fiscalía a la Policía Nacional, y no directamente a el diario El Meridiano de
Sucre.

19. En relación con la imputación relativa a la “denuncia penal y queja disciplinaria”
interpuesta por la Fiscal Quinta de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario de Bogotá en contra del demandante, señaló
que los servidores públicos están en el deber de soportar las investigaciones
penales y disciplinarias que se adelantan en su contra, tal como lo dispone el
artículo 124 de la Constitución Política; asimismo, precisó que no puede endilgarse
responsabilidad a la Fiscalía por los señalamientos realizados por un abogado
litigante9.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

Sustentación del recurso de apelación

20. Inconforme con la decisión anterior, la parte actora interpuso recurso de
apelación por considerar que con la nota de prensa se encontraba demostrado que
la fuente de la información publicada fue la Fiscalía General de la Nación, dado que
en la noticia se indica que la información provino de un comunicado realizado por el
ente investigador y, además, la demandada guardó silencio ante dicha prueba, por
lo que a su juicio debe considerarse como un hecho probado.

21. Precisó que la falsedad que se le imputa a la pasiva consiste en haber afirmado
que “la determinación adoptada por el juez es irregular” y no al hecho de que se
fuera a ordenar una investigación penal y disciplinaria en su contra, pues
precisamente la decisión de archivo proferida en ambos procesos demuestra que
su actuar no fue irregular.

22. Agregó que la Fiscal Quinta de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario de Bogotá se precipitó y de forma injusta ordenó
compulsar copias para que se investigara al demandante, a partir de un juicio
carente de sustento legal, pues equivocadamente consideró que su decisión de
hábeas corpus había sido equivocada10.

9 Folios 186 a 194 del cuaderno principal.

10 Folios 197 a 208 del cuaderno principal.

5

Radicación: 70001233100020100025401 (57.915)
Actor: José Manuel Martínez Gutiérrez y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

23. En proveído de 8 de noviembre de 201611, esta Corporación admitió el recurso
de apelación interpuesto, y el 1 de febrero de 2017 corrió traslado a las partes para
presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera
concepto12.

24. La Nación – Fiscalía General de la Nación solicitó que se confirmara la
sentencia de primera instancia por considerar que no existe prueba que permita
inferir que el ente instructor fue la fuente de la información13.

25. En esa oportunidad, la parte actora guardó silencio.

III. C O N S I D E R A C I O N E S

Ejercicio oportuno de la acción

26. Al tenor de lo previsto por el artículo 136 ibídem, la acción de reparación directa
debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al
acaecimiento del hecho, a la omisión, a la operación administrativa y a la ocupación
permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos
públicos o por cualquier otra causa, período que, una vez vencido, tal como se ha
advertido, impide solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado,
por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción.

27. En relación con el momento desde el cual debe computarse el término de
caducidad de la acción de reparación directa, esta Corporación ha identificado dos
eventos: i) desde el día siguiente a aquél en el que ha sucedido la conducta u
omisión generadora del daño antijurídico, o ii) a partir de cuando éste es conocido
por quien lo ha padecido o desde que se manifiesta, dependiendo de las
circunstancias del caso concreto.

28. En el presente asunto se reclama la reparación de perjuicios ocasionados por
la falla en el servicio derivada de la denuncia penal, la queja disciplinaria y la
denuncia pública realizada por la Fiscal Quinta de la Unidad Nacional de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Bogotá en contra del
demandante.

29. Revisado el expediente, advierte la Sala que el término para demandar no
podría contarse desde el día siguiente al que circuló la publicación de la nota
periodística o se compulsaron copias para que se adelantaran las investigaciones
penal y disciplinaria, por cuanto, como se verá más adelante, el carácter antijurídico

11 Folio 239 del cuaderno principal.
12 Folio 241 del cuaderno principal.
13 Folios 242 y 243 del cuaderno principal.

6

Radicación: 70001233100020100025401 (57.915)
Actor: José Manuel Martínez Gutiérrez y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

del daño reclamado por la parte actora, solo se reveló con la decisión que precluyó
la investigación penal.

30. Ello, por cuanto, con la resolución de preclusión se dio fin al debate jurídico
sobre la escogencia de la norma aplicable a la decisión de hábeas corpus dictada
por el demandante, de ahí que, con anterioridad a aquella providencia, la parte
actora no hubiera podido esgrimir la certeza de un daño, más allá de su íntima
convicción de no haber incurrido en el comportamiento por el que fue denunciado.

31. En este sentido, como la resolución de preclusión fue proferida el 17 de
septiembre de 2008- de la cual, si bien se tiene conocimiento de que se encuentra
ejecutoriada por el sello que obra en el documento, no se tiene certeza de la fecha
exacta-; sin perjuicio de la fecha de su ejecutoria, se observa que el plazo para
demandar vencía inicialmente el 18 de septiembre de 2010.

32. Así mismo, comoquiera que el 28 de junio de 2010 (faltando 2 meses y 21 días
para que feneciera el término de caducidad) se formuló solicitud de conciliación
extrajudicial ante la Procuraduría 44 Judicial II Administrativa de Sucre, de la cual
se expidió constancia que la declaró fallida el 27 de agosto siguiente, se tiene que
la demanda podía presentarse a más tardar el 18 de noviembre de 2010. Por tanto,
resulta evidente que la acción de reparación directa se formuló dentro de la
oportunidad legal, dado que la demanda se presentó el 20 de septiembre anterior.

Problema jurídico

33. Los aspectos centrales que serán materia de análisis y determinación se
contraen a determinar, en primer lugar, si bajo los aspectos indicados en el recurso
de apelación, se puede tener por acreditado que la Fiscalía General de la Nación
es la fuente de la información que se acusa falaz, y de ser así, si tal autoridad es
responsable por la causación de un daño antijurídico, derivado de las declaraciones
publicadas en el diario El Meridiano de Sucre.

34. Así mismo, el debate jurídico se orienta a establecer si la pasiva es responsable
del daño derivado de la compulsa de copias realizada por la Fiscal Quinta de la
Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de
Bogotá, para que se investigara penal y disciplinariamente al demandante.

Lo probado

35. En el expediente obra el siguiente material probatorio con el que esta
Subsección encuentra probados los hechos relevantes que a continuación se
indican:

7

Radicación: 70001233100020100025401 (57.915)
Actor: José Manuel Martínez Gutiérrez y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

• Mediante proveído del 26 de mayo de 2007, el Juzgado Primero Promiscuo
Municipal de Santiago de Tolú, en turno para hábeas corpus de Sincelejo, concedió
la solicitud de hábeas corpus elevada por los señores Greisy Díaz Guevara y
Miguel Eduardo Carrascal Padilla, alcaldes de los municipios de San Antonio de
Palmito y Toluviejo, por considerar que si bien la Fiscalía Quinta de la Unidad
Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Bogotá
profirió medida de aseguramiento de detención preventiva en su contra, lo cierto
era que, dicha decisión no se encontraba ejecutoriada y por tanto, de conformidad
con el numeral 2º del artículo 105 de la Ley 136 de 1994, declarado exequible en
sentencia C-576 de 2004, no era procedente la privación inmediata de su libertad.

Al respecto, precisó que la mencionada norma establece que los alcaldes serán
suspendidos “por haberse dictado en su contra, medida de aseguramiento con
privación efectiva de la libertad, siempre que esté debidamente ejecutoriada”, con
el objeto de preservar en lo más posible la investidura proveniente del voto popular.

Así mismo, manifestó que aun cuando los artículos transitorios 10 y 11 de la Ley
600 de 2000 aplicados por la Fiscalía Quinta de la Unidad Nacional de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Bogotá para justificar la
materialización inmediata de la medida por tratarse de funcionarios públicos y de
delitos de conocimiento de la justicia penal especializada, eran posteriores a la Ley
136 de 1994, lo cierto era que la Corte Constitucional consideró que el mandato
del referido numeral 2º del artículo 105 ibídem, prevalecía14.

• El 29 de mayo de 2007, el diario El Meridiano de Sucre publicó en primera
página el titular “SIGUE EL ROLLO. Los abogados, al invocar el hábeas corpus,
citaron el caso del alcalde de Ovejas, procesado por rebelión y concierto para
delinquir, quien una vez indagado recobró la libertad aún con medida de
aseguramiento. Alcaldes libres y juez en líos”.

En primera plana se lee:

“la Fiscalía anunció que ordenará se investigue penal y disciplinariamente a
José Manuel Martínez Gutiérrez, juez 1º Promiscuo municipal de Tolú (de
turno en Sincelejo el sábado) quien se los concedió [el hábeas corpus].

“Para la fiscal 5ª de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, Amparo
Cerón, habrá que investigar la presunta comisión de prevaricato por acción
de parte del Juez”.

De igual manera, la noticia se amplía en la página 3A, en la cual se señaló:

14 Folios 52 a 63 del cuaderno 1.

8

Radicación: 70001233100020100025401 (57.915)
Actor: José Manuel Martínez Gutiérrez y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

“Ayer en un comunicado a la Policía sobre el procedimiento utilizado por la
fiscal 5ª, Amparo Cerón, para detener a los alcaldes de Palmito, Colosó, San
Onofre y Toluviejo, la Fiscalía indicó que ordenará investigar disciplinaria y
penalmente al juez 1º promiscuo municipal de Tolú, José Manuel Martínez
Gutiérrez, quien concedió el hábeas corpus a dos de ellos.

“La Fiscal argumenta que la determinación adoptada por el Juez es irregular,
pues la autorización de suspensión de los mandatarios luego de ejecutoriada
la medida de aseguramiento es administrativa y no tiene incidencia en las
decisiones adoptadas por la justicia penal especializada, que es clara en que
una vez sea escuchado en indagatoria el servidor público continuará privado
de la libertad sin que sea necesaria su suspensión. Cita los artículos 10 y 11
transitorios de la Ley 600 de 2000”.

“Argumenta que la determinación del Juez contraría a la del magistrado del
Tribunal de Sucre, Horacio Coral, en el caso del alcalde de San Onofre” (Se
destaca)15.

• El 4 de junio de 2007, la Fiscal Quinta de la Unidad Nacional de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Bogotá dispuso compulsar
copias del fallo de hábeas corpus proferido por el Juez Primero Promiscuo
Municipal de Santiago de Tolú y de otros fallos del mismo tenor pronunciados por
el Tribunal Contencioso de Sucre, la Sala Penal del Tribunal de Bogotá y el
Juzgado de Familia de la misma ciudad, en los que no se tuvo en cuenta lo
preceptuado en los artículos 10 y 11 transitorios de la Ley 600 de 2000, con destino
a la Dirección Seccional de Fiscalía y al Consejo Seccional de la Judicatura de
Sucre, para que procedieran de conformidad en caso de encontrar alguna
irregularidad que conllevara a una investigación penal y disciplinaria16.

• En proveído de 12 de julio de 2007, la Unidad de Fiscalía Delegada ante el
Tribunal Superior de Justicia de Sucre ordenó radicar investigación penal y formal
en contra del Juez Primero Promiscuo de Tolú, señor José Manuel Martínez
Gutiérrez, como presunto responsable de la conducta de prevaricato por acción17.

• En resolución de 17 de septiembre de 2008, la Fiscalía Única Delegada ante
el Tribunal Superior de Justicia de Sucre, calificó el mérito del sumario adelantado
en contra del doctor José Manuel Martínez Gutiérrez, declarando la preclusión de
la investigación a su favor.

Como fundamento de su decisión, indicó que el juez realizó una interpretación
sistémica, en la que se aplicó la ley especial de carácter sustancial que gobierna
la materia – Ley 136 de 1994 -, de ahí que no se avizore dolo en su actuación, esto

15 Folios 65 y 66 del cuaderno 1.
16 Folio 67 del cuaderno 1.
17 Folios 68 y 69 del cuaderno 1.

9

Radicación: 70001233100020100025401 (57.915)
Actor: José Manuel Martínez Gutiérrez y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

es, el deseo de contrariar la ley en forma consciente18. Según obra en sello obrante
al folio 88 de la providencia, ésta se encuentra debidamente ejecutoriada.

• Por su parte, en providencia – con fecha ilegible - proferida por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre se
dispuso no iniciar investigación disciplinaria contra el doctor José Manuel Martínez
Gutiérrez, en tanto que las decisiones adoptadas en cumplimiento de la función de
administrar justicia y en aplicación del principio de autonomía funcional del juez,
no dan lugar a iniciar un proceso disciplinario19.

Legitimación en la causa por pasiva de la Fiscalía General de la Nación
frente a la nota de prensa publicada en El Meridiano de Sucre

36. La exigencia de legitimación material en la causa por pasiva alude a la aptitud
que debe reunir la persona contra quien se dirige la demanda para oponerse
jurídicamente a las pretensiones que el demandante esgrime en su contra. En ese
sentido, dicha figura exige la participación real de la entidad demandada en la
concreción del daño alegado, lo cual supone ser el sujeto llamado a responder por
el derecho o interés que es objeto de controversia.

37. En línea con lo anterior, la legitimación en la causa por pasiva respecto de los
daños ocasionados con la divulgación de información imprecisa, corresponde, en
principio, al medio de comunicación y periodista que realiza la publicación, quienes
están sujetos a los parámetros de: i) veracidad e imparcialidad20; ii) distinción entre
informaciones y opiniones21; y, iii) garantía del derecho de rectificación22.

18 Folios 77 a 88 del cuaderno 1.
19 Folios 89 a 94 del cuaderno 1.
20 La veracidad implica que el emisor de la información obre con suficiente diligencia al realizar un esfuerzo serio

para constatar las fuentes consultadas. Por su parte, la imparcialidad exige que la información sea divulgada
de manera completa, impidiendo que se registren y divulguen datos parciales, incompletos o fraccionados. Ver.
Corte Constitucional. Sentencia T-293 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger y C-135 de 2021. M.P.: Gloria
Stella Ortiz Delgado.
21 En la sentencia C-010 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) se explicó que, como consecuencia del

mandato de responsabilidad social de los medios de comunicación (art. 20, C.P.), en conjunción con el derecho
de toda persona a recibir información veraz e imparcial, los medios no pueden inducir a las personas a error –
es decir, a conclusiones falsas o erróneas- en los programas periodísticos o informativos, y de allí la necesidad
de establecer una diferenciación nítida entre informaciones sobre hechos y opiniones o juicios de valor sobre
tales hechos: “deberes más generales de los medios de información masiva, los cuales, en desarrollo de su
responsabilidad social, y para asegurar el derecho de todos a una información veraz (CP art. 20), tienen la
obligación de no inducir a las personas a conclusiones falsas o erróneas sobre hechos o sucesos, tal y como
esta Corte lo ha destacado en numerosas ocasiones. En particular, esto significa que los medios no deben
mezclar dolosamente la presentación de los hechos con otros contenidos, ni hacer aparecer como noticia lo que
en realidad es otra cosa. Y así como viola el principio de veracidad que un medio no distinga entre la información
de un hecho y el juicio de valor que éste le merece, o haga aparecer como noticia fáctica lo que no es más que
la mera publicidad de los productos de sus anunciadores, es legítimo que la ley prohíba a los noticieros inducir
en error a sus oyentes debido a imitaciones de voz, en donde no sea claro que se trata de una mera parodia”.
22 La Corte Constitucional ha reconocido que el ejercicio irrestricto de la libertad de prensa puede entrar en

colisión con los derechos a la honra y buen nombre de las personas. El poder de difusión y disuasión del que
gozan los medios masivos de comunicación conlleva un riesgo inherente, del cual se desprenden dos
consecuencias. Por una parte, la emisión de información incorrecta o malintencionada puede causar daño sobre
la intimidad y otros derechos de las personas, dado el amplio alcance y rapidez con la que se propaga la
información en la actualidad. Por otra, la capacidad de las personas para desmentir la información emitida por
los medios masivos de comunicación puede resultar insuficiente y exigua. En consecuencia, el artículo 20 de la

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Actor: José Manuel Martínez Gutiérrez y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

38. Sobre la responsabilidad civil por difusión de información inexacta, la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que el periodista o
medio de comunicación se encuentra en una posición favorable para demostrar su
diligencia en un eventual proceso jurisdiccional, lo cual implica que deba señalar
cuáles fueron sus fuentes de información iniciales y los archivos, audios o demás
elementos conforme a los cuales pudo realizar el ejercicio de contraste de
información encaminado a asegurar su veracidad23.

39. De conformidad con lo dicho, solo ante la verificación de la veracidad e
imparcialidad de la información difundida, mediante la constatación de la diligencia
razonable del emisor – periodista o medio de prensa – que parta de una clara
distinción entre la información y sus opiniones, así como, de la comprobación de las
fuentes de información empleadas, podría establecerse si la imputación por una
publicación que se considera falaz corresponde al emisor o a su fuente, análisis que
implica la vinculación de ambos sujetos a la acción de responsabilidad, lo cual, no
ocurrió en el presente caso.

40. Hechas las anteriores precisiones, se advierte que en criterio del demandante
la Fiscalía General de la Nación es responsable del daño ocasionado con la
supuesta “denuncia pública realizada ante la prensa”, por lo que, la legitimación
material en la causa, en este caso, dependía de la demostración de que el ente
instructor hubiera realizado de manera cierta una declaración pública en ofensa del
demandante directamente dirigida al diario El Meridiano de Sucre, la cual, de
acuerdo con lo manifestado por el recurrente se decanta en la siguiente afirmación:
“la determinación adoptada por el Juez es irregular”.

Constitución consignó, de un lado, el deber de responsabilidad social como criterio orientador de la labor
periodística y, de otro, el derecho a la rectificación, que “conlleva la obligación de quien haya difundido
información inexacta o errónea de corregir la falta, con un despliegue equitativo” y “busca reparar tanto el
derecho individual transgredido como el derecho colectivo a ser informado de forma veraz e imparcial”. Ver.
Corte Constitucional. Sentencia C- 135 de 2021. M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado.
23 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 24 de mayo de 1999. M.P. Pedro Lafont

Pianetta. Reiterado en: Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de tutela del 04 de febrero
de 2021. M.P. Luis Alonso Rico Puerta; Tribunal Superior de Bogotá. Sala Civil. Sentencia del 15 de octubre de
2020. Rad.: 11001310304520170022901. Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia C-135 de
2021 ha sostenido:
“De acuerdo con los criterios de veracidad e imparcialidad, el periodista debe contrastar sus fuentes y triangular
la información de forma que se adelante una investigación razonable que procure emitir información cierta. En
consecuencia, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que la culpa en procesos de responsabilidad civil
extracontractual contra periodistas se deduce de “la falta de diligencia profesional periodística necesaria en el
comportamiento y ejercicio informativo” para asegurar o, por lo menos, procurar la veracidad e imparcialidad
de la información. En efecto, el periodista se encuentra en una posición favorable para demostrar, en un eventual
proceso jurisdiccional, que actuó con sujeción a los estándares de debida diligencia. Sin embargo, la reserva
de la fuente, como garantía constitucional inherente al ejercicio periodístico, comprende, en su sentido amplio,
todas las entrevistas, audios, archivos y demás elementos constitutivos de la estructuración investigativa. En
este sentido, es inevitable concluir que, para demostrar que contrastó sus fuentes, y desarrolló un ejercicio
razonable de investigación, el periodista o medio de comunicación deberá exhibir cuál fue, en la práctica, el
proceso que surtió para arribar a la información que emitió. Es decir, señalar cuales fueron sus fuentes iniciales
y los archivos, audios o demás elementos conforme a los cuales pudo realizar el ejercicio de contraste”.

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Actor: José Manuel Martínez Gutiérrez y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

41. Así mismo, en relación con los medios de prueba aportados para acreditar la
relación jurídico sustancial de la pasiva con la imputación, en el recurso de alzada
se adujo que la fuente de la información se encuentra demostrada con la misma
nota de prensa, dado que en ella se señala que la información provino de un
comunicado realizado por el ente investigador; a la vez que señaló que la Fiscalía
guardó silencio frente al contenido de la noticia, por lo que, a juicio de la parte actora,
debía tenerse por cierto lo allí manifestado.

42. Revisado el plenario, la Sala advierte que si bien en la noticia publicada por el
diario El Meridiano de Sucre se hizo referencia a la fuente de la información en los
siguientes términos: “… Ayer en un comunicado a la Policía sobre el procedimiento
utilizado por la fiscal 5ª, Amparo Cerón, para detener a los alcaldes (…), la Fiscalía
indicó que…”; lo cierto es que dicha afirmación prueba que el comunicado no fue
dirigido al medio de prensa por parte de la entidad demandada, además de lo cual
no tiene el alcance de demostrar que lo consignado en el diario corresponde a la
literalidad de lo señalado por la Fiscalía en el supuesto comunicado, documento que
en sí mismo tampoco constituye una “denuncia pública”, conducta esta que es la
que se reprocha en el sub-examine, pues bajo las condiciones analizadas quien
obró como emisor de la información fue el medio de prensa.

43. Con base en lo señalado, es claro que la parte actora no demostró que la
información publicada efectivamente hubiera provenido de la Fiscalía General de la
Nación, pues el solo aporte del recorte de prensa no demuestra la diligencia que
tuvo el medio de comunicación para constatar las fuentes consultadas, ni si lo
publicado efectivamente corresponde a lo manifestado por el ente instructor en
relación con la decisión del juez del hábeas corpus, y menos aún se aportó el
supuesto comunicado de la Fiscalía General de la Nación dirigido a la Policía
Nacional, del cual aparentemente se extrajo el contenido de la noticia.

44. A lo anterior, se agrega que la prueba de la relación jurídica sustancial de la
Fiscalía General de la Nación con la “denuncia pública” que se le imputa, no se
satisface con la mera afirmación en la demanda de la ocurrencia de dicha situación,
pues los procesos jurisdiccionales, en materia probatoria, se rigen por el principio
de “onus probandi”, según el cual, quien alegue un hecho, debe aportar las pruebas
que lo soporten, en concordancia con lo previsto en el artículo 177 del C.P.C.,
aplicable por remisión expresa de los artículos 168 y 267 del C.C.A.

45. Se precisa, además, que en tanto la noción de legitimación en la causa es un
presupuesto necesario para proferir sentencia de mérito favorable bien a las
pretensiones del demandante, o bien frente a las excepciones propuestas por el
demandado, tal falta impide al fallador pronunciarse de fondo sobre el petitum de la
demanda, comoquiera que la aludida legitimación constituye un elemento de la
pretensión y no de la acción, en tanto se trata de “una condición propia del derecho
sustancial y no una condición procesal, que, cuando no se dirige correctamente
contra el demandado, constituye razón suficiente para decidir el proceso

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Actor: José Manuel Martínez Gutiérrez y otros
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adversamente a los intereses del demandante, por no encontrarse demostrada la
imputación del daño a la parte demandada”24.

46. Así las cosas, al no encontrarse prueba de la relación de la Fiscalía General de
la Nación con la imputación formulada, por cuanto no se demostró que fungió como
fuente de la información o que realizó algún comunicado público con el alcance de
vulnerar los derechos a la dignidad y honra del demandante, se impone confirmar
en este aspecto la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda.

Determinación de la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación
por la compulsa de copias para investigar conductas penales y
disciplinarias

47. Para abordar el análisis de responsabilidad de la pasiva cuya génesis concreta
el actor en la compulsa de copias que en su contra se emitió para investigar la
posible comisión de conductas penales y disciplinarias, considera la Sala partir de
la comprobación de la efectiva acreditación de un daño.

48. Así las cosas, como punto de partida, se precisa que las entidades del Estado,
como sujetos de derechos y obligaciones, pueden ser potenciales causantes de
daños a los particulares. En tal caso y por sus efectos, el régimen de
responsabilidad instituido a partir del artículo 90 Superior, requiere de una
interpretación sistemática con otras disposiciones constitucionales que obran como
parámetros orientadores del régimen de responsabilidad estatal, como son, los
artículos 2, 6, 209 y 299, que definen los elementos axiológicos por los que el Estado
está llamado a responder patrimonialmente por los daños causados a los
asociados25.

49. Sobre esta base, la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación se
analiza desde su facultad de compulsar copias, la cual se desprende del
cumplimiento del deber legal que tienen los servidores públicos de informar sobre
hechos, actos u omisiones que se estima, pueden llegar a ser constitutivos de una
falta penal o disciplinaria, en orden a que, se adelante, si a ello hay lugar, la
investigación correspondiente y se establezcan las posibles responsabilidades de
tipo penal o disciplinario.

50. Se trata de una obligación legal consagrada en el artículo 27 de la Ley 600 de
2000 – aplicable al sub examine -, reproducida en el artículo 67 del nuevo Código
Procesal Penal, en el que se prevé que toda persona tiene el deber de denunciar la
comisión de delitos y que el servidor público que “(…) conozca de la comisión de

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 1° de marzo de

2006, Consejero Ponente: Alier E. Hernández Enríquez, expediente No. 13764.
25 Corte Constitucional en la sentencia SU-072 de 2018.

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una conducta punible que deba investigarse de oficio, iniciará sin tardanza la
investigación si tuviere competencia para ello; en caso contrario, pondrá
inmediatamente el hecho en conocimiento ante la autoridad competente”.

51. En este sentido, la orden de remitir copias para que se investigue una posible
irregularidad con eventuales repercusiones penales o disciplinarias constituye una
obligación de los funcionarios que, en principio, no genera un daño, pues se deriva
del cumplimiento de un deber legal26.

52. Soportado en las anteriores premisas, solo será objeto de reproche la compulsa
de copias efectuada sin que existan fundamentos de hecho o de derecho que
permitan inferir la probable comisión de una falta penal o disciplinaria, de lo cual
resulte evidente que la decisión de la autoridad jurisdiccional fue abiertamente
desproporcionada, arbitraria o caprichosa, de ahí que se deba determinar en cada
caso si existía o no mérito para proferir una decisión en tal sentido.

53. Así las cosas, si bien todos los servidores públicos están en la obligación de
informar a las autoridades correspondientes la posible comisión de conductas
contrarias a la Constitución y la ley, debe analizarse en el contexto de la prueba, si
de por medio obró una actuación abiertamente violatoria de los fines que se
persiguen con tal deber, única manera de estructurar una acción arbitraria, que
muestre en forma directa, sin reparos ni duda de ninguna naturaleza, una
injustificada vulneración de los derechos y prerrogativas del demandante.

54. En el sub lite, se encuentra acreditado que, el señor José Manuel Martínez
Gutiérrez, actuando como Juez Primero Promiscuo Municipal de Santiago de Tolú,
en turno para hábeas corpus de Sincelejo, concedió la solicitud de libertad
formulada por los alcaldes de los municipios de San Antonio de Palmito y Toluviejo,
por considerar que sobre las disposiciones contenidas en los artículos 10 y 11
transitorios de la Ley 600 de 2000, prevalecía la aplicación del numeral 2º del
artículo 105 de la Ley 136 de 1994 “por la cual se dictan normas tendientes a
modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”27, disposición que
condiciona la suspensión del cargo de alcalde por haberse proferido una medida de
aseguramiento en su contra, a que la misma se encuentre debidamente
ejecutoriada.

26 Al respecto la Corte Constitucional en sentencias T- 354 de 2002 y T-738 de 2007, ha sostenido:

“la orden para que se investigue una posible irregularidad con eventuales repercusiones penales o disciplinarias
no constituye solo una facultad sino una obligación de los funcionarios. El comportamiento de quien ordena
remitir copias para iniciar una investigación no puede estimarse, en sí mismo, atentatorio de los derechos
fundamentales”.
27 “Artículo 105. Causales de suspensión. El Presidente de la República en el caso del Distrito Capital de Santa

Fe de Bogotá, y los gobernadores en los demás casos, suspenderán a los alcaldes en los siguientes eventos:
“(…)
“2. Por haberse dictado en su contra, medida de aseguramiento, con privación efectiva de la libertad, siempre
que esté debidamente ejecutoriada”.

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55. De igual manera, se demostró en este proceso, que en proveído del 4 de junio
de 2007, la Fiscal Quinta Especializada dispuso compulsar copias del fallo de
hábeas corpus proferido por el demandante, con destino a la Dirección Seccional
de Fiscalía y al Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre, para que procedieran
de conformidad en caso de encontrar alguna irregularidad que conllevara a una
investigación penal y disciplinaria.

56. Lo anterior, por cuanto, a juicio del ente instructor, el juez del hábeas corpus
inaplicó lo preceptuado en los artículos 1028 y 1129 transitorios de la Ley 600 de
2000, según los cuales, cuando se trate de delitos de competencia de los jueces
penales de circuito especializados, el servidor público será indagado y continuará
privado de la libertad después de practicada dicha diligencia, resolviéndose
inmediatamente su situación jurídica, sin que se dé aplicación al inciso primero del
artículo 359 ibídem30, esto es, sin que sea necesario solicitar preliminarmente la
suspensión del cargo.

57. La Sala observa que la decisión de compulsar copias sí estuvo soportada en
fundamentos jurídicos que en principio cernían la duda sobre la norma aplicable al
caso concreto, lo que podía conducir a inferir razonablemente acerca de una
eventual irregularidad en la decisión de hábeas corpus. En tal escenario, la
discrecionalidad del operador del ente de investigación y acusación,
razonablemente podía comprender la determinación de emitir una orden de
compulsa de copias con el fin de que la autoridad competente analizara y
determinara si la elección normativa del juez conllevaba a una investigación penal
o disciplinaria.

58. En casos como el analizado, la responsabilidad del Estado por la extralimitación
de funciones o el uso indebido de competencias legales, debe ser examinada dentro
de los parámetros de la autonomía e independencia que tiene la autoridad
jurisdiccional para interpretar los hechos que se someten a su consideración, así
como de aplicar las normas constitucionales o legales que juzgue apropiadas, de
ahí que corresponda a la parte actora demostrar que la compulsa de copias carecía
de total fundamento fáctico y jurídico, lo cual, no ocurrió en el presente asunto, pues,
como se evidenció, las normas del Código de Procedimiento Penal que la Fiscal
28 “Artículo 10. Cuando se trate de delitos de competencia de los jueces penales de circuito especializados, el

servidor público será indagado y continuará privado de la libertad después de practicada esta diligencia, pero
el funcionario judicial resolverá su situación jurídica inmediatamente”.
29 “Artículo 11. En los procesos por los delitos de competencia de los Jueces Penales de Circuito Especializado

se procederá en todos los casos a la privación de la libertad, sin dar aplicación a lo señalado en el inciso 1o. del
artículo 359 de este código”.
30 “Artículo 359. De los servidores públicos. Cuando se imponga medida de aseguramiento en contra de un

servidor público, en la misma providencia se solicitará a la autoridad respectiva que proceda a suspenderlo en
el ejercicio del cargo. Mientras se cumple la suspensión, se adoptarán las medidas necesarias para evitar que
el sindicado eluda la acción de la justicia.
“Si pasados cinco (5) días desde la fecha en que se solicite la suspensión, ésta no se hubiere producido, se
dispondrá la captura del sindicado.
“Igualmente se procederá para hacer efectiva la sentencia condenatoria.
“No es necesario solicitar la suspensión del cargo cuando a juicio del funcionario judicial, la privación inmediata
de la libertad no perturba la buena marcha de la administración”.

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consideró eran aplicables, guardan relación con los supuestos de hecho del caso,
esto es, la investigación de unos servidores públicos por la comisión de delitos de
conocimiento de la justicia penal especializada.

59. En las condiciones analizadas no se advierte que la decisión de la fiscal hubiera
estado desprovista de fundamento jurídico, pues, por el contrario, obedeció a una
discusión sobre la norma que resultaba aplicable al asunto, de manera que la
actuación que se le reprochó no se revele como abiertamente desproporcionada,
caprichosa o arbitraria, máxime cuando se fundó en el imperativo establecido en el
artículo 27 de la Ley 600 de 2000.

60. Precisado la anterior, aunque es cierto que el señor José Manuel Martínez
Gutiérrez fue favorecido con la preclusión de la investigación penal y la decisión de
no iniciar el proceso disciplinario, ciertamente, dichas decisiones fueron adoptadas
por el funcionario competente para analizar la viabilidad de iniciar o no la acción a
que hubiere lugar, en respeto del debido proceso y en aplicación del principio de
autonomía funcional del juez, sin que su determinación tenga el alcance de permear
de arbitrariedad la decisión inicial de compulsar copias, pues tal como se advirtió, la
Fiscal partió de un sustento jurídico para informar a las autoridades, junto a lo cual,
en ese momento procesal no se exigía el grado de certeza sobre la comisión de una
posible conducta punible31.

61. Además, tampoco se observa que la compulsa de copias hubiera causado la
afectación de otros derechos del actor, como a su dignidad y honra, pues, dentro
del marco del proceso, los sujetos se encuentran amparados por el principio de
presunción de inocencia; aunado a lo cual, precisamente, en ejercicio de sus
derechos de acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva, el actor
obtuvo las decisiones de archivo que lo favorecieron, aspecto que obliga a la Sala
a reiterar que el solo hecho de permanecer vinculado a un proceso penal o
disciplinario, es una carga que se deriva de los deberes constitucionales
consagrados en el numeral 7 del artículo 95 Superior y que bajo ningún punto de
vista puede calificarse como una ruptura de los deberes que pesan sobre cualquier
ciudadano.

62. Así, comoquiera que la orden de compulsar copias para investigar las posibles
conductas penales y/o disciplinarias, por sí sola, no resulta lesiva, puesto que,
corresponde al cumplimiento de un deber legal, a la vez que, tampoco se acreditó
que la misma hubiera carecido de un total fundamento fáctico o jurídico que
vulnerara el principio de confianza legítima, ni se demostró que se hubiera afectado

31 Sobre el particular, debe recordarse que el proceso penal reglado por la Ley 600 de 2000 se estructura sobre

la base del principio de progresividad, lo cual implica que en cada fase se exija un mayor grado de conocimiento
del objeto de investigación y los elementos del delito, de ahí que la investigación se adelante bajo la posibilidad
– apertura – y luego probabilidad – acusación – de la conducta punible, mientras que, el grado de certeza solo
sea exigido al momento de proferir sentencia condenatoria y estimatoria de las pretensiones resarcitorias de
quienes hubieren acreditado su condición de víctimas en el proceso. Ver. Corte Suprema de Justicia, Sala
Penal. Radicados 12.768, 19.192 de 2003; 14.470 de 2004, y 22.314 de 2004.

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algún otro derecho del actor, la Sala confirmará la sentencia impugnada que negó
las pretensiones de la demanda.

Condena en costas

63. En vista de que no hay temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala
se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo
171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley
446 de 1998.

IV. PARTE RESOLUTIVA

64. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR, por las razones expuestas, la sentencia del 30 de octubre
de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Salvamento de voto

VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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