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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 70001-23-31-000-2010-00279-01

Fecha
31 de octubre de 2022
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 70001-23-31-000-2010-00279-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre el 15 de mayo de 2014. En su lugar: SEGUNDO: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda. TERCERO: Sin condena en costas. CUARTO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 70001-23-31-000-2010-00279-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

31 de octubre de 2022

Radicado: 70001-23-31-000-2010-00279-01 (52369)
Actor: Ramiro José Espinosa Meza y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Radicado número: 70001-23-31-000-2010-00279-01 (52369)
Demandante: Ramiro José Espinosa Meza y otros
Demandado: Nación — Fiscalía General de la Nación —
Referencia: Acción de reparación directa

Tema: Privación injusta de la libertad. Ley 600 de 2000.
Subtema 1: Presupuestos de la responsabilidad del Estado.
Subtema 2: Antijuridicidad del daño no acreditada.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General
de la Nación contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre
el 15 de mayo de 2014, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 22 de julio de 2007, el señor Ramiro José Espinosa Meza fue capturado como
probable autor del delito de rebelión. El 10 de agosto de 2007, la Fiscalía Décima
Delegada ante los Jueces Promiscuos del Circuito Judicial de Corozal impuso
medida de aseguramiento de detención preventiva, sin beneficio de
excarcelación, en contra del señor Espinosa Meza. Finalmente, el Juzgado
Primero Promiscuo del Circuito de Corozal, en sentencia del 27 de octubre de
2008, absolvió al señor Espinosa Meza y ordenó su liberación inmediata. Los
demandantes califican la privación de la libertad del señor Ramiro José Espinosa
Meza como injusta.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

La demanda fue presentada el día 13 de octubre de 20101, por Ramiro José
Espinosa Meza, quien adujo haber sido objeto de la privación de la libertad;
Josefa María Atencia Meza, quien afirmó ser la compañera permanente de aquel;
Deimer José y Arleidis Patricia Espinosa Atencia, hijos menores de edad de los
señores Espinosa Meza y Atencia Meza, quienes actuaron en su representación
en el presente caso; Carmen María Meza Acosta, quien manifestó ser la madre de
la víctima directa; y Edeivi del Carmen Espinosa Meza, Isabel María Espinosa
Meza y Julia Teresa Espinosa Alvarez, quienes expresaron que eran hermanos
del señor Ramiro José Espinosa Meza2-3.

Los demandantes pretenden que esta jurisdicción profiera sentencia en la que se
declare que la Nación, representada en este caso por el Fiscal General de la

De acuerdo con el sello de recibidc de la Oficina Judicial de Sincelejo, visible a folio 12 del cuaderno 1.
2 El escrito de demanda obra a folios 2-12 del cuaderno 1.
3 El poder otorgado por los demandantes para su representación judicial obra a folio 13
del cuaderno 1.

Radicado: 70001-23-31-000-2010-00279-01 (52369)
Actor: Ramiro José Espinosa Meza y otros

Nación o su delegado, es administrativamente responsable de los perjuicios
materiales y morales que les fueron causados con ocasión de la privación injusta
de la libertad del señor Ramiro José Espinosa Meza.

2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia

La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Sucre, en auto del 15
de diciembre de 20104, que fue notificado en debida forma5. El término de traslado
de la demanda corrió de conformidad con lo previsto en la ley y esta fue
contestada en oportunidad por la Fiscalía General de la Nación6.

El Tribunal Administrativo de Sucre, una vez agotada la etapa probatoria del
proceso sin reparo alguno de las partes, en auto del 5 de agosto de 20137, corrió
traslado a las partes y al Ministerio Público para que las primeras alegaran de
conclusión y el segundo rindiera concepto de fondo. Así lo hicieron la parte
actora5, la Fiscalía General de la Nación9 y la Procuraduría General de la
Nación1°.

2.3. La sentencia recurrida

El Tribunal Administrativo de Sucre, en sentencia proferida el 15 de mayo de
201411, declaró administrativa y patrimonialnnente responsable a la Nación —
Fiscalía General de la Nación — por la privación de la libertad de la que fue objeto
el señor Ramiro José Espinosa Meza y, como consecuencia de esta declaración,
condenó a la entidad demandada al pago de los perjuicios materiales y morales
que les fueron causados a los demandantes con ocasión de la restricción de la
libertad antes referida. De acuerdo con la argumentación del tribunal de primera
instancia, el análisis de la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, por
la privación de la libertad del señor Ramiro José Espinosa Meza, debe hacerse a
partir de los presupuestos del régimen objetivo por daño especial y no a partir de
la verificación de la ocurrencia de una falla del servicio12. Así, ordenó la reparación
de los perjuicios que les fueron causados a los demandantes con ocasión de dicha
privación de la libertad.

2.4. El recurso de apelación

La Fiscalía General de la Nación, por escrito radicado el 18 de junio de 201413-14,
apeló la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre el 15 de mayo

4 Folios 180-182 del cuaderno 1.
5 Folio 184 del cuaderno 1.
6 Folios 186-195 del cuaderno 1.
7 Folio 263 del cuaderno 1.
8 Folios 265-267 del cuaderno 1.
9 Folios 268-271 del cuaderno 1.
18 Folios 281-284 del cuaderno 1.
11 Folios 287-299 del C.ppal.
12 Al respecto, el Tribunal Administrativo de Sucre manifestó:
"Así las cosas, y como quiera que en el presente asunto el proceso penal seguido en contra del demandante
finiquitó con sentencia absolutoria en aplicación del principio de in dubio pro reo, el análisis de responsabilidad
conforme a la verificación, debe hacerse sobre un titulo de imputación objetivo con fundamento en el daño
especial que solo requiere la comprobación del daño antijurídico y el nexo que vincula el perjuicio con la
actuación de la administración, por tanto, 'no será necesario demostrar el papel culpabilistico con que haya
actuado la administración pública, es decir, no se torna en requisito indispensable la demostración de una falla
del servido- .
13 Folios 301-315 del C.ppal.
14 Dado que los recursos de alzada fueron presentados en vigencia del Código General del Proceso -CGP-,
de conformidad con lo dispuesto en el auto de unificación jurisprudencial proferido por la Sala Plena de esta
Corporación", los aspectos procesales que atañen a la competencia funcional del juez de segunda instancia y

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Actor: Ramiro José Espinosa Meza y otros

de 2014. Como motivos de inconformidad con la decisión de primera instancia, la
Fiscalía General de la Nación argumentó que la responsabilidad del Estado en
casos de privación de la libertad no debe analizarse a partir del régimen objetivo
por daño especial, sino a partir de la configuración de una falla del servicio.
Aplicando este criterio, la Fiscalía General de la Nación estima que la privación de
la libertad de la que fue objeto el señor Ramiro José Espinosa Meza no puede ser
calificada como injusta, pues fue proferida en cumplimiento de los requisitos
legales previstos para su imposición.

El Tribunal Administrativo de Sucre, en el trámite de la audiencia de conciliación
prevista en el artículo 70 de la Ley 1395 de 201018, que declaró fallida por falta de
ánimo conciliatorio de las partes, concedió el recurso de apelación interpuesto
por la Fiscalía General de la Nación contra la sentencia de primera instancia16.

2.5. Trámite relevante en segunda instancia

Esta Corporación, en auto del 24 de junio de 201517, admitió el recurso de
apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre el 15 de mayo de 2014.

Además, por auto del 22 de julio de 201518, corrió traslado a las partes, para que
presentaran alegatos de conclusión, y al Ministerio Público, para que rindiera
concepto de fondo. Así lo hizo la Fiscalía General de la Nación", en tanto que la
parte actora y la Procuraduría General de la Nación guardaron silencio2°.

III. PROBLEMA JURÍDICO

En atención a los argumentos de inconformidad señalados en el recurso de
apelación interpuesto por el apoderado de la Nación - Fiscalía General de la
Nación — frente a la sentencia de primera instancia, que determinan el marco de
juzgamiento de la segunda instancia, la Sala resolverá el siguiente problema
jurídico:

¿Es constitutiva de daño antijurídico la privación de la libertad de la que fue objeto
el señor Ramiro José Espinosa Meza, con ocasión de la ejecución de la medida de
aseguramiento de detención preventiva impuesta en su contra por la Fiscalía
Décima Delegada ante los Jueces Promiscuos del Circuito de Corozal (Sucre),
como autor señalado del delito de rebelión, por no observar los principios de
razonabilidad, proporcionalidad y necesidad que rigen su imposición?

que no estén regulados por el Código Contencioso Administrativo -CCA-, serán resueltos en aplicación del
CGP, en tanto que los aspectos sustanciales serán decididos en aplicación de las normas previstas en el
Código de Procedimiento Civil -CPC-, normatividad vigente al momento de presentación de la demanda.
15 "Artículo 70. Adiciónese un cuarto inciso al artículo 43 de la Ley 640 de 2001, cuyo texto será el siguiente:
En materia de lo contencioso administrativo, cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio
y contra el mismo se interponga el recurso de apelación, el juez o magistrado deberá citar a audiencia de
conciliación, que deberá celebrarse antes de resolver sobre la concesión del recurso. La asistencia a esta
audiencia será obligatoria.
PARÁGRAFO: Si el apelante no asiste a la audiencia, se declarará desierto el recurso".
16 Folios 406 y 407 del C.ppal.
17 Folio 426 del C.ppal.
18 Folio 428 del C.ppal.
19 Folios 433-438 del C.ppal.
291 Según constancia secretarial del 13 de agosto de 2015, visible a folios 439 y 440 del C.ppal.

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Actor: Ramiro José Espinosa Meza y otros

Si la respuesta a este problema se revela positiva, la Subsección deberá
determinar el mérito de la prueba de los perjuicios que deprecan los actores y
decidir sobre la condena a que haya lugar.

IV. HECHOS PROBADOS

4.1. El señor Ramiro José Espinosa Meza fue capturado el 22 de julio de 2007,
como persona sindicada de la comisión de la conducta punible de rebelión21.

4.2. El 25 de julio de 2007, Ramiro José Espinosa Meza rindió diligencia de
indagatoria ante la Fiscalía Décima Delegada ante los Jueces Promiscuos del
Circuito de Coroza122.

4.3. Ramiro José Espinosa Meza, a través de su apoderado judicial en el proceso
penal, presentó escrito con el que solicitó a la Fiscalía Décima Delegada ante los
Jueces Promiscuos del Circuito Judicial de Corozal (Sucre) que se abstuviera de
proferir medida de aseguramiento en su contra, dado que, según su
argumentación, existían contradicciones en las pruebas testimoniales recaudadas
por el ente investigador23.

4.4. La Fiscalía Décima Delegada ante los Jueces Promiscuos del Circuito Judicial
de Corozal, en proveído del 10 de agosto de 2007, impuso medida de
aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de excarcelación en contra
de Ramiro José Espinosa Meza, por la probable comisión de la conducta punible
de rebelión".

4.5. La Fiscalía Décima Delegada ante los Jueces Promiscuos del Circuito Judicial
de Corozal, en proveído del 28 de noviembre de 2007, profirió resolución de
acusación en contra de Ramiro José Espinosa Meza, por el delito de rebelión28.

4.6. Ramiro José Espinosa Meza, por escrito radicado el 7 de diciembre de 2007,
solicitó a la Fiscalía Décima Delegada ante los Jueces Promiscuos del Circuito
Judicial de Corozal que decretara la nulidad de la investigación penal adelantada
en su contra a partir de la resolución de acusación28.

4.7. Ramiro José Espinosa Meza, mediante escrito del 12 de diciembre de 2007,
apeló la resolución emitida por la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal
Superior de Sincelejo, el 28 de noviembre del mismo año, en la que calificó el
mérito del sumario con resolución de acusación27.

4.8. La Fiscalía Décima Delegada ante los Jueces Promiscuos del Circuito Judicial
de Corozal, por auto del 15 de enero de 2008, denegó la solicitud de nulidad
presentada por el apoderado judicial del señor Ramiro José Espinosa Meza el 12
de diciembre de 200728.

21 Esto, de conformidad con lo señalado por la parte actora en el hecho cuarto del escrito de demanda, visible
a folio 3 del cuaderno 1.
22 Folios 46-49 del cuaderno de pruebas.
23 Folios 15-23 del cuaderno 1.
24 Folios 24-37 del cuaderno 1.
25 Folios 129-140 del cuaderno 1.
26 Folios 57-60 del cuaderno 1.
27 Folios 61-72 del cuaderno 1.
28 Folios 73-78 del cuaderno 1.

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Actor: Ramiro José Espinosa Meza y otros

4.9. La Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior de Sincelejo, a través
de auto del 24 de enero de 2008, resolvió el recurso de apelación interpuesto por
el señor Ramiro José Espinosa Meza en contra de la resolución mediante la cual
formuló la acusación en su contra, confirmándola en todas sus partes2°.

4.10. El Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Corozal, en sentencia del 27
de octubre de 2008, absolvió al señor Ramiro José Espinosa Meza y ordenó su
liberación inmediata3°. Como sustento de su decisión, el juez indicó que los
testigos de cargo que denunciaron la eventual participación del señor Espinosa
Meza en actividades desarrolladas por grupos armados al margen de la ley no
ratificaron su dicho en el trámite del proceso penal, por lo que sus declaraciones
no podían ser tenidas en cuentas para la determinación de la responsabilidad
penal del aquí demandante. En consecuencia, el fallo debía fundarse en la
aplicación del principio de in dubio pro reo.

4.11. La directora del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y
Carcelario de Sincelejo, por oficio del 10 de junio de 2010, certificó que el señor
Ramiro José Espinosa Meza estuvo recluido en esa institución en razón de la
investigación penal adelantada en su contra por la Fiscalía Décima Delegada ante
los Jueces Promiscuos del Circuito Judicial de Corozal, entre el 23 de julio de
2007 y el 29 de octubre de 2008, es decir, durante un (1) año, tres (3) meses y
seis (6) días31.

V. CONSIDERACIONES

La Sala procede a resolver los problemas atinentes al fondo de la litis habida
consideración de la competencia que le asiste para ello en atención a lo
preceptuado por el artículo 73 de la Ley 270 de 199632, y al oportuno ejercicio que
de la acción hizo la parte demandante, ya que presentó su demanda el 13 de
octubre de 201033, esto es, dentro de los dos (2) años siguientes al 27 de octubre
de 2008, cuando el Juzgado Primero Promiscuo del circuito judicial de Corozal
(Sucre) profirió sentencia absolutoria en favor del señor Ramiro José Espinosa
Meza34.

Además, en relación con la legitimación en la causa, la Subsección encuentra que
están legitimados por activa Ramiro José Espinosa Meza, en su condición de
víctima directa"; Josefa María Atencia Meza, quien demostró ser su compañera
permanente36; Deimer José y Arleidis Patricia Espinosa Atencia, en condición de
hijos del señor Espinosa Meza37; Carmen María Meza Acosta, quien demostró ser

29 Folios 46-53 del cuaderno I.
3° Folios 141-155 del cuaderno 1.
31 Folio 163 del cuaderno 1.
32 "Articulo 73. Competencia. De las acciones de reparación directa y de repetición de que
tratan los artículos
anteriores, conocerá de modo privativo la Jurisdicción Contencioso Administrativa conforme al procedimiento
ordinario y de acuerdo con las reglas comunes de distribución de competencia entre el consejo de Estado y
los Tribunales Administrativos".
33 Ver nota al pie No. 1.
34 Código Contencioso Administrativo (CCA), artículo 136, numeral 8.
35 Según certificación del tiempo de reclusión del señor Ramiro José Espinosa Meza,
expedida por el INPEC.
Documento visible a folio 163 del cuaderno 1.
313 Condición que se deduce de los registros civiles de nacimiento de sus hijos [folios 164 y
167 del cuaderno
1] y de los testimonios rendidos por los señores Pedro José Blanco Márquez y José Luis Blanco Paredes
[folios 21-25 del despacho comisorio que obra en el cuademo de pruebas].
37 Folios 164 y 167 del cuaderno 1.

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Actor: Ramiro José Espinosa Meza y otros

la madre de aque138; y Edeivi del Carmen Espinosa Meza, Isabel María Espinosa
Meza y Julia Teresa Espinosa Alvarez, como hermanos de la víctima directa38-4°.

La Nación, cuya representación en este caso es ejercida por el Fiscal General de
la Nación o su delegado, se encuentra legitimada en la causa por pasiva, dado
que fue la Fiscalía General de la Nación el organismo que impuso la medida de
aseguramiento de detención preventiva en contra del señor Ramiro José Espinosa
Meza.

5.1. Caso concreto

De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia", en
concordancia con los artículos 1757 del Código Civil (CC)42 y 177 del Código de
Procedimiento Civil (CPC)43, quien pretenda la indemnización de los perjuicios por
la responsabilidad patrimonial del Estado deberá demostrar: (i) la existencia de un
daño antijurídico y (ii) su imputación al Estado por la acción u omisión de las
autoridades públicas.

En el presente asunto, se encuentra acreditado que Ramiro José Espinosa Meza
estuvo privado de la libertad durante el periodo comprendido entre el 23 de julio de
2007 y el 29 de octubre de 2008 , en razón de la decisión cautelar adoptada por
la Fiscalía General de la Nación. Con ello, sufrió un menoscabo en su libertad
personal, esto es, en un derecho fundamental reconocido en el artículo 28
constitucional", detrimento que, a su vez, trae consigo padecimientos morales a
los seres queridos más cercanos de quien resultó privado de su libre locomoción".
En consecuencia, honró la carga de demostrar que sufrió materialmente daño, es
decir, menoscabo a un interés jurídicamente relevante en cabeza suya, y por
rebote, de los demás demandantes.

Ahora bien, para que el daño tenga carácter antijurídico, además de recaer
sobre un interés tutelado por el derecho, es necesario verificar que no exista un
título legal conforme al ordenamiento constitucional, que lo justifique o que lo
legitime47.

En los eventos en que el bien jurídico tutelado de la libertad es restringido en
virtud del ejercicio de las facultades de instrucción criminal que están en cabeza
del Estado, a través de la imposición de la medida de detención preventiva, el

38 Folio 165 del cuaderno 1.
38 Folios 168, 169 y 171 del cuaderno 1.
48 Los nombres de los demandantes, "Ramiro José Espinosa Meza", "Josefa María Atencia Meza", "Deimer
José Espinosa Atencia", "Arleidis Patricia Espinoza Atencia", "Edeivi del Carmen Espinosa Meza", "Isabel
María Espinosa Meza", "Julia Teresa Espinosa Álvarez" y "Carmen María Meza Acosta", se encuentran
registrados en los términos anteriormente relacionados en los registros civiles de nacimiento identificados con
los seriales No. 7343113, 7583581, 1266592, 1266591, 1266955, 6661572, 17445505 y 64890723,
respectivamente. Estos documentos obran a folios 164-171 del cuaderno 1.
41 "Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables,
causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. [...]".
42 "Artículo 1757. Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta".
43 "Artículo 177. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen".
Hecho probado No. 4.11.
45 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de abril de 2010, expediente 18960, fundamentos
jurídicos 2.1, 2.2 y 2.3; y sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, expediente 25022, fundamento
jurídico 5.1.
46 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de unificación del 28 dé agosto de 2014, expediente 36149,
fundamento jurídico 7.1.
47 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 29 de octubre de 2018, expediente
46932.

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Actor: Ramiro José Espinosa Meza y otros

daño que genera tal restricción será indemnizable solo cuando se configure una
privación injusta de la libertad, tal como lo prevé el artículo 68 de la Ley 270 de
1996 -Estatutaria de Administración de Justicia- bajo la consideración que el
término injusticia hace referencia a una actuación "abiertamente arbitraria",
"desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales"45.

En cuanto a los presupuestos elementales de legalidad de la medida restrictiva de
la libertad excepcional y preventiva, el artículo 28 de la Constitución Política
establece que la detención esté precedida de una orden expedida por autoridad
judicial competente, por motivos previamente definidos y con las formalidades
previstas en la ley.

Ahora, en lo relativo a los demás elementos, la Corte Constitucional precisó que
su determinación implica necesariamente "definir si la providencia a través de la
cual se restringió la libertad a una persona mientras era investigada y/o juzgada
fue proporcionada y razonada, previa la verificación de su conformidad a
derecho"49. Bajo ese marco constitucional, resulta insoslayable que quien califica
de injusta la medida restrictiva de la libertad asuma la carga de probar que la
actuación fue "abiertamente arbitraria", "desproporcionada" y desconocedora de
los principios de razonabilidad y necesidad que se imponen en virtud de que el
sacrificio de la libertad debe ser excepcional. La apreciación de los medios de
prueba realizada con ese propósito, exige "valoraciones que superan el simple
juicio de causalidad y ello por cuanto una interpretación adecuada del artículo 68
de la Ley 270 de 1996, impone considerar, independientemente del título de
atribución que se elija, si la decisión adoptada por el funcionario judicial penal se
enmarca en los presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad"5°.

De acuerdo con lo anterior, la imputación de responsabilidad al Estado bajo el
título de privación injusta de la libertad no procede con la sola acreditación de una
decisión preclusiva o absolutoria de responsabilidad penal, dado que, conforme a
lo dispuesto en la sentencia de constitucionalidad citada, es necesario que en
cada caso particular se analicen los presupuestos de procedencia de la medida de
aseguramiento al momento de su imposición, para determinar si se ajustó o no a
los principios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad que la rigen, análisis
que está directamente relacionado con el estándar probatorio previsto en cada
etapa del proceso penal (principio de progresividad penal) 51.

48 Corte Constitucional, sentencia C- 037 de 5 de febrero de 1997. Declaró exequible el artículo 68 de la Ley
270 de 1996, bajo la condición que "el término 'injustamente' se refiere a una actuación abiertamente
desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la
privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente
arbitraria.".
4° Corte Constitucional, sentencia SU-072 de 5 de julio de 2018. "En el caso de la privación injusta de la
libertad la Corte, ciñéndose exclusivamente al texto normativo y teniendo en cuenta las dos premisas
señaladas, esto es, que el artículo 90 de la constitución no define un título de imputación y que, en todo caso,
la falla en el servicio es el título de imputación preferente, concluyó en la sentencia C-037 de 1996 que el
significado de la expresión "injusta" necesariamente implica definir si la providencia a través de la cual se
restringió la libertad a una persona mientras era investigada y/o juzgada fue proporcionada y razonada, previa
la verificación de su conformidad a derecho (...) 103. Ahora bien, el entendimiento de los calificativos
contenidos en dicha norma exige tener en cuenta que las diferentes normas que han regulado los supuestos
en los cuales procede la detención preventiva tienen ínsito el juicio de razonabilidad y proporcionalidad; por
ejemplo, en el Decreto Ley 2700 de 1991 se consagraba como presupuesto para imponer medida de
aseguramiento que contra el sindicado resultare por lo menos un indicio grave de responsabilidad con base en
las pruebas legalmente producidas en el proceso.".
5° Corte Constitucional, Sentencia SU-072 de 2018.
51 Corte Suprema de Justicia, Sala Especial de Primera Instancia, sentencia de 29 de abril
de 2021,
expediente 00320 (AEP-00045). "Vale la pena en primer lugar destacar que la estructura del proceso penal
tiene dos vertientes, una formal y otra conceptual: en la primera están todos los actos sucesivos y con carácter
preclusivo que lo componen de cara a una secuencia lógico-jurldica, en tanto que la segunda apunta a la
definición progresiva y vinculante de su objeto, que no es otro que el de establecer la verdad de los hechos

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Actor: Ramiro José Espinosa Meza y otros

Pues bien, para la época de los hechos que fundamentan la demanda, la norma
procesal penal vigente era la Ley 600 de 200052. El artículo 357 de esa
normatividad señalaba que la detención preventiva, como medida de
aseguramiento, procedía "[c]uando el delito tenga prevista pena de prisión cuyo
mínimo sea o exceda de cuatro (4) años". A su vez, el artículo 356 del Código
Procesal Penal establecía que para decretar la medida de aseguramiento se
requería mínimo dos (2) indicios graves de responsabilidad.

De cara a estos requisitos, en el presente asunto, se tiene que al señor Ramiro
José Espinosa Meza le fue impuesta medida de aseguramiento de detención
preventiva como autor de la conducta punible de rebelión, delito para el cual el
artículo 467 del Código Penal establece una pena de prisión de 96 a 162 meses,
esto es, de 8 años a 13 años y 6 meses. Por tanto, la Sala encuentra que la
medida de aseguramiento impuesta al señor Espinosa Meza era legalmente
procedente.

Ahora, la Fiscalía General de la Nación, al definir la situación jurídica de Ramiro
José Espinosa Meza e imponerle medida de aseguramiento de detención
preventiva, tuvo en cuenta: (i) el testimonio rendido por el señor José Canchila
Alquerque, quien aseguró que conocía al señor Espinosa Meza como integrante
de las FARC, pues se encargaba de abastecer de víveres a la guerrilla e
informarle de las actividades adelantadas en la zona por los miembros del Ejército
Nacional53; (ii) la declaración del señor Dalvis Hernández Chamorro, quien relató
que conoció al señor Espinosa Meza en el caserío de Almagra, en el municipio de
Ovejas, Sucre, cuando organizaba un retén de la guerrilla en dicha zona"; (iii) el
testimonio del señor Anuar Eliecer Pérez Ortiz, en condición de desmovilizado de
las FARC, y quien aseguró conocer al señor Espinosa Meza, ya que lo identificó
con el alias "Espíndola" y afirmó que era la persona que se encargaba de llevar
información a alias "Teófilo"; circunstancia que dijo conocer porque al momento de
hacer guardia en la guerrilla, les daban los nombres en un papel"; (iv) la
declaración del señor Oscar Yerena Barrios, quien aseveró que el señor Espinosa
Meza le colaboraba al frente 35 de las FARC y, por último, (y) el testimonio
rendido por el señor Francisco Bohórquez, quien indicó que el señor Ramiro

investigados. Por lo anterior, la queja que cifra el defensor en que el delito por el cual ha sido convocado a juicio
(...) no es el mismo por el cual se le definió la situación jurídica, está enmarcada en la estructura conceptual del
debido proceso caracterizado por el principio de progresividad, ya que cada fase va exigiendo un mayor grado
de conocimiento del objeto de investigación, matizado así de la posibilidad, luego la probabilidad, hasta llegar a la
certeza.".
52 La denuncia radicada por John Jaime Ríos Barreto en contra del señor Ramiro José Espinosa Meza fue
formulada el 8 de abril de 2007. La Fiscalía Décima Delegada ante los Jueces del circuito de Corozal, Sucre,
asumió la competencia para adelantar la investigación penal, el 24 de abril de 2007, momento en el que no
había entrado en vigencia la Ley 906 de 2004 para el distrito judicial de Sincelejo, de conformidad con lo
dispuesto en el inciso tercero del artículo 530 de la misma norma.
53 Al respecto, la Fiscalía señaló: "En cuanto al señor RAMIRO ESPINOSA MEZA, el señor JOSE CANCHILA
ALQUERQUE, refiere de esa persona sus características morfológicas, es miembro de las milicias
bolivarianas del 35 frente de las FARC, se encarga de abastecer de víveres, tarjetas para celulares y logística
a las FARC, opera bajo el mando de alias JADER, que durante su permanencia en la guerrilla se dio cuenta
de sus acciones, lo tenían para realizar labores de inteligencia, desplazarse hacía ovejas y darse cuenta sobre
los movimientos de la tropa, también se encargaba de dar avisos a las FARC sobre las personas sospechosas
que entraban y sellan de la vereda de ALMAGRA".
54 "Por su parte, el señor DALVIS HERNÁNDEZ CHAMORRO, en cuanto al señor ESPINOSA MEZA, este
refiere que lo conoció en ALMAGRA, que estaba coordinando una reunión con ellas en las veredas de
Almagra, que le tocó presenciar esa reunión porque montaron un retén".
55 ‘IA su turno el señor ANUAR ELIECER PÉREZ ORTIZ, refiere acerca de RAMIRO ESPINOSA, sus
características morfológicas y cuenta que se encarga de llevar información a Teófilo, que lo conoció por ese
nombre porque cuando le tocaba hacer guardia le daban los nombres en un papel, que tiene como alias
ESPINDOLA".

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Radicado: 70001-23-31-000-2010-00279-01 (52369)
Actor: Ramiro José Espinosa Meza y otros

Espinosa Meza se identificaba con el alias de "Espíndola", y le hacía mandados a
las FARC56.

Así las cosas, esta colegiatura observa que la autoridad instructora valoró el
material probatorio obrante hasta ese momento y otorgó credibilidad a las
declaraciones rendidas por los testigos antes relacionados. En este sentido,
encontró coherentes los testimonios, porque coincidían en afirmar que el señor
Ramiro José Espinosa Meza, quien se encontraba ubicado en el caserío de
Almagra, del municipio de Ovejas, Sucre, era colaborador de la guerrilla de las
FARC, a la cual le suministraba víveres e información y se identificaba con el alias
de "Espíndola".

En consecuencia, en el momento en que la Fiscalía General de la Nación profirió
la medida de aseguramiento de detención preventiva en contra del señor Ramiro
José Espinosa Meza, obraba en la investigación prueba directa que superaba con
creces el estándar probatorio mínimo — dos indicios graves — que exigía la Ley
600 de 2000, como eran las declaraciones de aquellos que aseguraron conocer al
señor Ramiro José Espinosa Meza y saber de sus actividades como colaborador
de la guerrilla de las FARC.

Aunado a lo anterior, la Fiscalía Décima Delegada ante los Jueces Promiscuos
del Circuito de Corozal argumentó que la posibilidad de que el señor Ramiro José
Espinosa Meza fuera el autor de la conducta punible del delito de rebelión se veía
reforzada por un informe de inteligencia que daba cuenta de que en unos
documentos incautados a alias 'tuber" aparecía reseñado el aquí demandante
como integrante de las FARC57, situación que sirvió para cimentar la imposición
de la medida de aseguramiento en contra del señor Espinosa Meza. No obstante,
lo cierto es que en el presente caso la Fiscalía General de la Nación, con
prescindencia de dicho informe de inteligencia en consideración a que, según lo
ha expuesto esta Subsección aquél carece de mérito probatorio", contaba con
elementos de juicio suficientes, en lo que atañe al principio de razonabilidad, para
la imposición de la medida de aseguramiento.

Así las cosas, esta Subsección considera que la medida de aseguramiento
impuesta en contra Ramiro José Espinosa Meza se ajustó al derecho penal
adjetivo vigente al momento de los hechos y se revela razonable.

Ahora bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado, de
tiempo atrás, que la privación de la libertad no debe prolongarse cuando
desaparezcan los motivos que la hicieron necesaria. Pero, aun cuando subsistan
las razones que dieron lugar a la detención preventiva, esta no debe tener una
duración que equivalga a la pena". De no ser así, la medida resultaría

58 "Por último, el señor FRANCISCO BOHORQUEZ, refiere del señor RAMIRO ESPINOSA MEZA, que le
llaman ESPINDOLA, las FARC, lo mandan a hacer mandados, relata sus características morfológicas, cuenta
que RAMIRO ESPINOSA iba pasando en una moto y estaban unos guerrilleros de las FARC, y le dijeron que
les trajera unas cosas, como tarjetas para celulares, yo sé bien quienes son los milicianos del ELN, pero no
me constan los de las FARC".
57 "[A]demás de ello, cuenta este paginario con unos informes de inteligencia en los cuales se refiere que a un
alto mando de la guerrilla, alias UBER, a quien se incautó una información en la cual aparece reseñado este
procesado como militante de las milicias de los grupos bolivarianos de las FARC, lo cual fortalece aún más la
posibilidad de que este sujeto sea miliciano de las FARC (...)".
58 Subsección C, Sentencia de 9 de julio de 2018, Radicación número: 05001-23-31-000-2009-00327-
01(43962)
59 "122. La prisión preventiva se halla limitada, asimismo, por el principio de proporcionalidad, en virtud del
cual una persona considerada inocente no debe recibir igual o peor trato que una persona condenada. El
Estado debe evitar que la medida de coerción procesal sea iqual o más qravosa para el imputado que la pena
que se espera en caso de una condena. Esto quiere decir que no se debe autorizar la privación cautelar de la

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Radicado: 70001-2341-000-2010-00279-01 (52369)
Actor: Ramiro José Espinosa Meza y otros

desproporcionada. En el sub lite, la Subsección advierte que la medida no fue
desproporcionada, primero, porque el señor Ramiro José Espinosa Meza
permaneció bajo privación de la libertad entre el 23 de julio de 2007 y el 29 de
octubre de 2008, es decir, durante un (1) año, tres (3) meses y seis (6) días60, lo
que, en ninguna forma puede considerarse un equivalente a la pena por el delito
de rebelión con un quantum punitivo que oscila entre 8 años a 13 años y 6 meses
de prisión, conforme al artículo 467 del Código Penal y, segundo, porque aquella
se mantuvo hasta cuando el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Corozal,
en sentencia del 27 de octubre de 2008, absolvió al señor Espinosa Meza y
ordenó su liberación inmediata.

Siguiendo este análisis, es necesario considerar que el artículo 355 de la Ley 600
de 2000 establecía que la imposición de la medida de aseguramiento tenía como
finalidad la de "garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, la ejecución
de la pena privativa de la libertad o impedir su fuga o la continuación de su
actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir o deformar
los elementos probatorios importantes para la instrucción, o entorpecer la
actividad probatoria".

En el presente caso, la Fiscalía General de la Nación impuso la medida de
aseguramiento por la probable responsabilidad penal por el delito de rebelión
porque las declaraciones rendidas por los testigos informaban que el señor
Ramiro José Espinosa Meza aprovisionaba de víveres a una facción de la
guerrilla y le suministraba información, situación que permitía inferir su
pertenencia a una organización criminal en la que las tareas o actividades
delictivas se dividían entre sus integrantes. En consecuencia, la Subsección
encuentra que la detención preventiva resultaba necesaria para impedir que el
señor Espinosa Meza continuara desarrollando su actuar delictual.

Por consiguiente, esta Subsección concluye que al ser procedente y cumplir con
los presupuestos de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad, la privación de
la libertad que soportó Ramiro José Espinosa Meza no tuvo un carácter injusto.
En consecuencia, al no haberse acreditado la antijuridicidad del daño, la Sala
negará las pretensiones de la demanda y, en razón de ello, revocará la sentencia
de primera instancia.

VI. COSTAS

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay
lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado
temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no
se efectuará condena en costas.

libertad, en supuestos en los que no seda posible aplicar la pena de prisión, y que aquélla debe cesar cuando
se ha excedido la duración razonable de dicha medida. El principio de proporcionalidad implica, además, una
relación racional entre la medida cautelar y el fin perseguido, de tal forma que el sacrificio inherente a la
restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen
mediante tal restricción". CORTE IDH. Caso Barreto Leiva Vs Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, párr. 122. "Las características personales del
supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por sí mismos, justificación suficiente de la
prisión preventiva. No obstante lo anterior, aun cuando medien razones para mantener a una persona en
prisión preventiva, el artículo 7.5. garantiza que aquella sea liberada si el periodo de detención ha excedido el
limite de lo razonable". CORTE IDH. Caso Bayarri Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 187, párr. 74.
6° Folio 163 del cuaderno 1.

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Radicado: 70001-23-31-000-2010-00279-01 (52369)
Actor: Ramiro José Espinosa Meza y otros

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Sucre el 15 de mayo de 2014. En su lugar:

SEGUNDO: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de
origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, Notifíquese, Cúmplase

ICOLAS YEP k;141.‘S
Presidente
Aclaración de voto

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS GUILLERMO SÁNCHE LUQUE
Magistrado
Aclaro voto

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