Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 70001-23-31-000-2011-01347-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 70001-23-31-000-2011-01347-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 70001-23-31-000-2011-01347-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
31 de julio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación 70001233100020110134701
Recurso de apelación contra la sentencia de 16 de julio de 2015,
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas
Actor: JAIME DE JESÚS MERLANO FERNÁNDEZ
TESIS: FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL NÚM. 001 DE 22 DE FEBRERO
DE 2010, AUTO NÚM. 0166 DE 13 DE MAYO DE 2010 Y FALLO CON
RESPONSABILIDAD FISCAL NÚM. 000072 DE 20 DE AGOSTO DE 2010, FUERON
PROFERIDOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SIN
DESCONOCER EL DEBIDO PROCESO Y EL DERECHO DE AUDIENCIA Y DEFENSA
DEL ACTOR, FALSA MOTIVACIÓN O EXPEDICIÓN IRREGULAR.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Al no haber obtenido la mayoría de los votos, el proyecto de fallo
presentado a consideración de la Sala por el consejero de Estado,
doctor OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, se procede a decidir1 el
recurso de apelación interpuesto, por la parte actora, contra la
sentencia de 16 de julio de 20152 proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas, mediante la cual declaró probada de oficio,
en su artículo primero, la excepción de inepta demanda en cuanto a
1 El proceso pasó al Despacho para lo de su cargo, el 18 de marzo de 2022, luego de ser
negada la ponencia inicial. Índice 24, SAMAI.
2 Folios 611 a 648, cuaderno núm. 3.
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Número único de radicación 70001 23 31 000 2011 01347 01
Actor: JAIME DE JESÚS MERLANO FERNÁNDEZ
la pretensión de nulidad del Auto núm. 0166 de 13 de mayo de
2010, proferido por el Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y
Jurisdicción Coactiva, de la Gerencia Departamental de Sucre de la
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en adelante CGR, y
del Fallo Con Responsabilidad Fiscal núm. 000072 de 20 de
agosto de 2010, proferido por la Dirección de Juicios Fiscales de la
Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y
Jurisdicción Coactiva, de la CGR, y, en consecuencia, se inhibió de
proferir decisión de fondo respecto de tales actos.
De igual forma, declaró probadas las excepciones denominadas
“Ineptitud sustancial de la demanda” e “Inexistencia de daño a
reparar”, propuestas por la CGR, así como también declaró no
probada la excepción denominada “Ineptitud formal de la demanda”,
formulada por la demandada.
Por último, negó las pretensiones de la demanda, entre otras
decisiones.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- El señor JAIME DE JESÚS MERLANO FERNÁNDEZ, por
conducto de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código
Contencioso Administrativo, en adelante C.C.A., presentó demanda
mediante la cual formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERA. Que se declare NULO el acto administrativo
contenido en el FALLO DE RESPONSABILIDAD FISCAL NRO
001 del 22 de febrero de 2010 por medio del cual el Grupo de
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Número único de radicación 70001 23 31 000 2011 01347 01
Actor: JAIME DE JESÚS MERLANO FERNÁNDEZ
Investigaciones y Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva Gerencia
Departamental de Sucre de la Contraloría General de la República
resolvió: “Artículo Primero: Fallar con responsabilidad fiscal dentro
del proceso Nro. 05-020-845-07, Numero (sic) adicional ACT-
80703-2007-6639 adelantado en las dependencias administrativas
del Municipio de Sincelejo en contra del señor JAIME MERLANO
FERNÁNDEZ identificado con cédula de ciudadanía número (…) de
Sincelejo Sucre en cuantía de OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS
VEINTIDÓS PESOS ($833.750.422) por los perjuicios causados en
el reconocimiento y pago de una indemnización a inversiones Mundo
Nuevo s.a. Y Vetamar S.A. en la compra del predio destinado para
la construcción de la laguna de oxidación del Municipio de Sincelejo,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del fallo.
SEGUNDA: Que se declare NULO acto administrativo contenido en
el Auto No. 0166 del 13 de mayo de 2010, por medio del cual
Grupo de Investigaciones y Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva
Gerencia Departamental de Sucre de la Contraloría General de la
República resolvió:” ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todas sus
partes el fallo de responsabilidad fiscal No. 001 del 22 de febrero de
2010, proferido dentro del proceso Nro. 05-020-845-07, numero
(sic) adicional ACT- 80703-2007-6639 en contra de JAIME
MERLANO FERNANDEZ, identificado con cedula (sic) de ciudadanía
(…) de Sincelejo Sucre en su condición de alcalde del Municipio de
Sincelejo, ara (sic) la época de los hechos, y a la compañía de
seguros la Previsora S.A. en su calidad de tercero civilmente
responsable de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia”.
TERCERA: Que se declare NULO el acto administrativo contenido
en el FALLO DE RESPONSABILIDAD FISCAL NRO 000072 del
20 de agosto por de 2010 por medio del cual Grupo de
Investigaciones y Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva Gerencia
Departamental de Sucre de la Contraloría General de la República
resolvió: “Artículo Primero: CONFIRMAR el fallo de responsabilidad
fiscal No. 001 del 22 de febrero de 2010, proferido dentro del
proceso Nro. 05-020-845-07, radicado en el despacho con el DJF-
37010472 2010 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia. Artículo Segundo: Confirmar el Auto Nro. 0166
de mayo 13 de 2010 por el cual resolvió el recurso de reposición
interpuesto contra el fallo con responsabilidad fiscal Nro. 01 de
conformidad a la parte motiva de la presente decisión”
CUARTA: Que, como consecuencia de lo anterior, y a título de
restablecimiento del derecho, se condene a la NACIÓN –
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA al pago del valor
resarcimiento de daños y perjuicios materiales, en la modalidad de
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Número único de radicación 70001 23 31 000 2011 01347 01
Actor: JAIME DE JESÚS MERLANO FERNÁNDEZ
Daño emergente, la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L
($50.000.000.oo), por conceptos de honorarios profesionales
cancelados al abogado que realizó mi defensa dentro del proceso de
Responsabilidad Fiscal ante la Contraloría General de la República y
la suma de VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS
($23.200.000), por concepto de elaboración de escrito de demanda
contra los fallos de responsabilidad fiscal objeto de este proceso.
CUARTA: Igualmente, se deberá condenar a la entidad demandada
al pago de los perjuicios de carácter extrapatrimonial o inmaterial,
así:
Por concepto de PERJUICIOS MORALES, el equivalente a ciento
cincuenta (150) SMLMV, por la grave aflicción y padecimiento
sufrido por el demandante con ocasión del sometimiento a un
proceso de responsabilidad injusto y la exposición indiscriminada en
los medios de comunicación, como si fuese un delincuente.
Por concepto de perjuicios A LA VIDA DE RELACIÓN, el equivalente
a cien (100) SMLMV, por la limitación a sus relaciones sociales, ya
que el sometimiento al proceso de responsabilidad fiscal y la
posterior sanción y confirmación de la misma, lo colocó en una
situación de paria social, de ex funcionario “corrupto”, lo cual afectó
de manera sustancia su vida social, hasta el punto que ya no
frecuenta los clubes y demás sitios públicos y eventos sociales a los
cuales acostumbraba ir, antes de las sanciones fiscales impuestas.
QUINTA: Las anteriores sumas de dinero deberán ser reconocidas
debidamente indexadas en los términos del artículo 177 y 178 del
CCA.
SEXTA: Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del
término establecido por el artículo 176 del Código Contencioso
Administrativo […]”.
I.2.- Como hechos relevantes para las resultas del proceso, el actor
manifestó, en síntesis, que mediante el Acuerdo núm. 007 de 29 de
julio de 2000, el Concejo Municipal de Sincelejo (Sucre) adoptó el
Plan de Ordenamiento Territorial para el citado ente territorial,
precisando en dónde se ubicarían las lagunas de oxidación, proyecto
que, al contar con la viabilidad técnica y ambiental, solo le restaba la
realización de los estudios, la compra del lote y la construcción.
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Actor: JAIME DE JESÚS MERLANO FERNÁNDEZ
Indicó que, través del Acuerdo núm. 001 de 24 de abril de 2002, el
Concejo declaró la utilidad pública con fines de expropiación de un
lote de terreno de 25 hectáreas y 9.250 m2, ubicado en la finca Río
de Janeiro, propiedad de la sociedad HUMBERTO VERGARA PRADO
Y CÍA. S. En C., hoy INVERSIONES MUNDO NUEVO S.A., con el
objeto de construir allí un sistema de aguas residuales.
Anotó que, a través de Resolución núm. 510 de 6 de septiembre de
2002, notificada por edicto en la misma fecha, el señor alcalde del
municipio de Sincelejo (Sucre), formuló oferta de compra a la
sociedad HUMBERTO VERGARA PRADO Y CÍA. S. en C., hoy
INVERSIONES MUNDO NUEVO S.A., en cuantía de $181.475.000,
por el lote de terreno de 25 hectáreas y 9.250 m2, ubicado en la finca
Río de Janeiro.
Mencionó que, a raíz de las observaciones hechas por la sociedad
respecto de la oferta de compra, el alcalde del municipio de Sincelejo
(Sucre) ordenó, a través de la Resolución núm. 654 de 2002, la
expropiación administrativa del lote en mención, para lo cual radicó
demanda ante la jurisdicción ordinaria, la cual no llegó a feliz término
por dificultades de tipo procesal.
Acotó que, por medio del Acuerdo núm. 006 de 17 de julio de 2003,
el Concejo Municipal de Sincelejo (Sucre) declaró las condiciones de
urgencia para adelantar el proceso de expropiación del lote de
terreno a que se ha hecho referencia, al tiempo que autorizó al
alcalde para negociar de forma directa con los propietarios y
expropiar por vía administrativa. Que el 29 de septiembre de 2003,
el municipio de Sincelejo (Sucre) y la sociedad HUMBERTO
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Actor: JAIME DE JESÚS MERLANO FERNÁNDEZ
VERGARA PRADO Y CÍA. S. en C., hoy INVERSIONES MUNDO
NUEVO S.A., acordaron realizar un arreglo directo para la
adquisición del inmueble requerido para la planta de tratamiento, en
atención a lo cual la LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ DE SUCRE avaluó
el lote en $1.009.430.000.
Señaló que el 1o. de enero de 2004, el actor se posesionó como
alcalde del municipio de Sincelejo (Sucre), y en ejecución de los actos
administrativos señalados, el 12 de febrero de 2004 el municipio de
Sincelejo (Sucre) y la sociedad HUMBERTO VERGARA PRADO Y
CÍA. S. en C., hoy INVERSIONES MUNDO NUEVO S.A.,
celebraron un contrato de promesa de compraventa sobre un predio
de 29 hectáreas y 8.915 m2, perteneciente a la finca Río de Janeiro,
por valor de $1.009.430.000, y $18.976.983 por la servidumbre
sobre una franja de terreno de 10 metros de largo para acceder al
inmueble.
Manifestó que, para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos
por el municipio de Sincelejo (Sucre), se emitió Certificado de
Disponibilidad Presupuestal núm. 108 de 6 de febrero de 2004, por
valor de $1.030.000.000, para la compra de terrenos con el objeto
de construir sistema de aguas residuales. Que, mediante Escritura
Pública núm.180 de 19 de marzo de 2004, de la Notaría Tercera de
Sincelejo, se perfeccionó el contrato de promesa de compraventa y,
en el certificado de 6 de junio de 2006, expedido por el Tesorero
General del municipio de Sincelejo (Sucre), se informan los pagos
efectuados por concepto de compraventa del terreno, por un total de
$1.028.406.000.
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Recordó que la Fiscalía 10 de la Unidad de Delitos contra la
Administración Pública, profirió resolución de preclusión de la
investigación que adelantaba contra el actor con ocasión de la
supuesta comisión del delito de peculado por apropiación en beneficio
de terceros, con relación a las obras que se adelantaban para la
construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales de
Sincelejo (Sucre), y que la Procuraduría Segunda Delegada para la
Contratación Estatal, profirió fallo de primera instancia el 24 de junio
de 2009, en el que lo absolvió por el cargo de presunto sobrecosto
en la adquisición del multicitado terreno.
Sostuvo que la Contraloría Delegada para el sector de Minas y
Energía realizó auditoría gubernamental con enfoque integral para el
período comprendido entre el 1o. de enero de 2004 y el 31 de
diciembre de 2005, reportando el Hallazgo Fiscal núm. 002 de 23 de
febrero de 2007, por presuntas irregularidades en contratación,
consistente en haber incluido dentro de la fijación del precio del
terreno a comprar, una indemnización por valor de $663.291.085 por
concepto de perjuicios consecuenciales, derivados o colaterales, que
se le causaran al resto del inmueble por la construcción de la obra.
Relató que, en el citado hallazgo, se consideró improcedente la
indemnización incluida, como quiera que no se trataba de una
expropiación administrativa sino de una compra de un bien inmueble.
Del mismo modo, se estimó que el avalúo realizado al lote no cumplía
lo previsto por el Decreto 1420 de 24 de julio de 19983, en tanto el
3 “[...] Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo
27 del Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87
de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia
al tema de avalúos [...]”.
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avalúo comercial de un bien lo conforman el terreno, las
construcciones y mejoras, pero no así las indemnizaciones.
Indicó que, consecuente con lo anterior, a través de auto núm. 073
de 28 de mayo de 2007, se inició proceso de responsabilidad fiscal
en contra del actor, que culminó con el Fallo Con Responsabilidad
Fiscal núm. 001 de 22 de febrero de 2010, proferido por la
Gerencia Departamental de Sucre a través del Grupo de
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, de la CGR,
en el que se le declaró responsable fiscalmente por la irregularidad
atrás anotada y en cuantía de $833.750.422.
Refirió que el 24 de marzo de 2010, la parte actora interpuso recurso
de reposición y, en subsidio de apelación, contra el Fallo Con
Responsabilidad Fiscal núm. 001 de 22 de febrero de 2010, el
cual fue confirmado en su totalidad a través del Auto núm. 0166
de 13 de mayo de 2010, proferido por el Grupo de Investigaciones,
Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, de la Gerencia Departamental
de Sucre de la CGR, y del Fallo Con Responsabilidad Fiscal núm.
000072 de 20 de agosto de 2010, proferido por la Dirección de
Juicios Fiscales de la Contraloría Delegada para Investigaciones,
Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, de la CGR, respectivamente.
Aclaró que el requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial
se encuentra satisfecho y que la acción de la referencia fue
interpuesta en oportunidad, -14 de enero de 2011-, pues el acto que
resolvió el recurso de apelación fue notificado el 2 de septiembre de
2010, la solicitud de conciliación extrajudicial fue radicada en la
Procuraduría el 29 de octubre de 2010, suspendiéndose el término
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de caducidad hasta el 10 de diciembre de 2010 cuando se celebró la
respectiva diligencia y se expidió la correspondiente acta.
I.3.- Como normas violadas el actor señaló los artículos 1º, 6º, 29,
58, 83, 88, 90, 113, 121, 122 de la Constitución Política; 36, 84 y 85
del Decreto 01 de 1984; y 5º, 14, 22, 23, 26, 32 de la Ley 610 de
15 de agosto de 20004, y sustentó el concepto de la violación de
aquellas, así:
En cuanto a la “violación del derecho de audiencia y contradicción
establecido en el artículo 84 del C.C.A.”, así como “el derecho al
debido proceso y derecho de defensa establecidos en el artículo 29
de la Constitución Política”, adujo que, en desarrollo del proceso fiscal
adelantado por el Grupo de Investigaciones y Juicios Fiscales y
Jurisdicción Coactiva Gerencia Departamental de Sucre de la CGR,
se vulneraron los principios de necesidad de la prueba, de
contradicción y de apreciación integral de la prueba, los cuales se
encuentran establecidos en los artículos 22, 23, 26 y 32 de la Ley
610, en concordancia con el artículo 29, de la Constitución Política;
de igual forma manifestó que el ente de control utilizó medios
probatorios del fallo del Tribunal Administrativo de Sucre de 11 de
mayo de 2009, los cuales no fueron tenidos en cuenta al momento
del perfeccionamiento del hallazgo fiscal.
Con relación a la “violación de norma superior y falsa motivación”,
con fundamento en los artículos 84, del Decreto 01 de 1984; 58, 59
y 93, de la Constitución Política; 21, del Pacto de San José de Costa
4 “[...] Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de
competencia de las contralorías [...]”.
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Rica; 32 de la Ley 80 de 28 de octubre de 19935; 5º, 6º, 14, 22, 23
y 32 de la Ley 610; y el Decreto 1420 de 1998, y normas
concordantes, indicó que la falsa motivación se advierte claramente
en el Fallo Con Responsabilidad Fiscal núm. 001 de 22 de
febrero de 2010, en virtud a que en el mismo se afirmó que el
predio adquirido por el demandante no era el establecido en el Plan
de Ordenamiento Territorial de Sincelejo (Sucre), lo cual no
corresponde a la verdad, en atención a que en el Acuerdo Municipal
núm. 007 de 29 de julio de 2000, por medio del cual se aprobó el
POT del Municipio de Sincelejo (Sucre) y en su componente ADUE-
Área de Desarrollo Urbano para los equipamientos, se evidenció
identificado el predio.
Por otra parte, manifestó que los fallos de responsabilidad fiscal
incurren en contradicción entre sí, en atención a que uno no
cuestionó la legalidad del procedimiento ejecutado por la Alcaldía de
Sincelejo (Sucre) para adquirir el bien por medio del contrato de
compraventa, y en contraposición se cuestiona si el pago realizado a
título de indemnización se podría efectuar sin ser consecuencia de un
proceso de expropiación administrativa o judicial, lo cual implicaba
que el ente de control determinara si efectivamente ese pago de
indemnización era indebido.
Afirmó que el actor, en su calidad de alcalde del municipio de
Sincelejo (Sucre), al momento de adquirir el bien, aplicó la
normatividad vigente, respetando estrictamente las indicaciones del
avalúo presentado, por lo que no incurrió en la premisa equivocada
5 “[...] Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
[...]”.
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que estableció la CGR.
Respecto de la “falsa motivación, ausencia de elementos necesarios
para atribuir la responsabilidad fiscal e inexistencia del daño y culpa”,
anotó que es imposible, por parte de la CGR, atribuir en grado de
culpa grave a quien cumplió a cabalidad con los actos
administrativos, con el ordenamiento jurídico, con las normas
constitucionales y legales aplicables y con el concepto técnico del
perito evaluador. Que, dentro del proceder del actor, no se
desprendió daño patrimonial alguno ni mucho menos detrimento
patrimonial del Estado, y que, de existir tales perjuicios para el
Estado, obedecerían indiscutiblemente a una errada interpretación
de la norma.
Por último, en cuanto a la “expedición irregular del acto y violación
de la norma superior”, sostuvo que el proceso de responsabilidad
fiscal adelantado por el ente de control debe ser declarado nulo a
partir del auto de imputación de responsabilidad, por violación al
principio de unidad procesal y, por consiguiente, del debido proceso,
toda vez que, a pesar de la existencia de otros implicados, no se les
vinculó al proceso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14,
de Ley 610.
Aseguró que los actos administrativos que ordenaron la compra del
inmueble fueron expedidos por el anterior alcalde del municipio de
Sincelejo (Sucre), no vinculado al proceso de responsabilidad fiscal,
sancionando únicamente al actor, quien dio cumplimiento a los actos
administrativos expedidos por su antecesor en la Alcaldía, hechos
que configuran una violación flagrante al debido proceso, por
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expedición irregular del acto, indebida valoración de la prueba y
vulneración del ordenamiento jurídico aplicable.
I.4.1.- La CGR, mediante apoderado judicial, presentó escrito de
contestación de 23 de mayo de 2011, a través del cual se opuso a la
prosperidad de las pretensiones de la demanda, para lo cual indicó
que los actos administrativos demandados fueron expedidos dentro
del marco de competencias y atribuciones de la entidad, respetando
en todas las instancias el debido proceso y el derecho de defensa y
audiencia del implicado, de acuerdo con las normas en que debían
fundarse, -leyes 42 de 26 de enero de 19936 y 610-, sin que exista
el más mínimo indicio de falta de competencia, violación a las normas
superiores, falsa motivación o desviación de poder que dé lugar a su
anulación.
Refirió que los fallos cuestionados no han causado daño antijurídico
al actor que deba ser reparado, pues, por el contrario, ponen de
manifiesto que el señor JAIME DE JESÚS MERLANO FERNÁNDEZ
generó un daño al Estado por valor de $645.568.000, al reconocer y
pagar una indemnización por los daños consecuenciales, derivados o
colaterales que se causasen a los vendedores del predio donde se iba
a construir una laguna de oxidación, en contravía de las normas
vigentes que no establecen la posibilidad de pagar indemnización sin
que medie una expropiación administrativa o judicial.
Aclaró que: (i) la oferta de compra, prevista en la Resolución núm.
510 de 6 de septiembre de 2002, no fue inscrita en la Oficina de
6 “[...] Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo
ejercen [...].
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Registro de Instrumentos Públicos de Sincelejo (Sucre), como le era
debido; (ii) una de las observaciones realizadas por los propietarios
del bien inmueble para no acceder a la oferta de compra consistía en
la inexistencia de licencia ambiental; (iii) la Resolución núm. 654 de
9 de diciembre de 2002, contenía una irregularidad, que era autorizar
el inicio de la expropiación administrativa así como la judicial al
mismo tiempo; (iv) el convenio suscrito entre las partes no las
conminaba a cumplir con lo pactado, ya que era simplemente un
pacto de entendimiento y buenas intenciones; (v) el valor que genera
un peritaje no obliga a las partes, ni es camisa de fuerza en una
negociación; (vi) no existía ningún acto administrativo o compromiso
legal que obligara al municipio de Sincelejo (Sucre) a celebrar el
contrato de compraventa, ni mucho menos por el valor pactado,
máxime cuando tal negocio jurídico se ejecutó por fuera de un
proceso de expropiación; (vii) no se elaboró un estudio sobre el
impacto ambiental que traería la construcción de la laguna de
oxidación para sus alrededores y que justificara el pago de la
indemnización; y, (viii) el sistema de tratamiento de aguas residuales
no ha entrado ni se encuentra en operación, lo que quiere decir que
los daños colaterales indemnizados no se han producido.
Precisó que, contrario a lo sostenido por el actor, los fallos de
responsabilidad fiscal se fundamentaron en un acervo probatorio
allegado en oportunidad y respecto del cual el demandante tuvo la
oportunidad de controvertir. Que la sola mención de una providencia
del Tribunal Administrativo de Sucre no significa que la CGR hubiese
tomado en cuenta pruebas diferentes a las aportadas con el hallazgo
fiscal.
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Citó algunas de las actuaciones adelantadas en el trámite del proceso
de responsabilidad fiscal, para demostrar que la entidad observó
plenamente las garantías que demanda el debido proceso,
explicando, adicionalmente, que el hecho de que no se acoja la
posición del actor no implica per se una vulneración del derecho al
debido proceso.
Anotó que la compra del predio utilizado para la construcción de la
laguna de oxidación del municipio de Sincelejo (Sucre), no se hizo
bajo la figura jurídica de la expropiación administrativa o judicial,
pues la administración municipal de Sincelejo (Sucre) no expidió el
acto administrativo formal para iniciar el procedimiento con fines
expropiatorios, en el que debía determinar que la expropiación se
haría por vía administrativa, el cual debía ser notificado al titular del
derecho de propiedad del inmueble requerido, constituyendo éste la
oferta de compra tendiente a obtener un acuerdo de enajenación
voluntaria, en el que además se indicaría el valor del precio
indemnizatorio que se reconocería a los propietarios del inmueble, al
igual que precisar las condiciones para su pago, conforme lo exige la
Ley 388 de 18 de julio de 19977.
Sostuvo que fue a través de un contrato de compraventa, en acuerdo
con los vendedores, que el municipio de Sincelejo (Sucre) terminó
reconociendo una indemnización desproporcionada en su valor y a
todas luces ajena al precio comercial de los predios adquiridos.
Aseguró que los fallos demandados tenían claro desde el principio
7 “[...] Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras
disposiciones [...]”.
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que la conducta gravemente culposa se configuró a partir del 19 de
marzo de 2004, cuando sin haber ningún proceso de expropiación en
curso el señor JAIME DE JESÚS MERLANO FERNÁNDEZ suscribió,
en calidad de alcalde del municipio de Sincelejo (Sucre), la escritura
pública de compraventa núm. 180 en la Notaría Tercera de dicho ente
territorial, por la cual se perfeccionó el contrato de promesa de
compraventa de 12 de febrero de 2004. Por tal motivo, explicó que
la imputación se dirigió contra el actor sobre quien recaía la
responsabilidad de gestión fiscal y no sobre ningún otro funcionario,
en tanto la conducta del accionante que ocasionó el daño al
patrimonio público no puede hacerse extensiva a otros.
Finalmente, propuso los medios exceptivos que denominó: “Ineptitud
formal de la demanda”, por cuanto la solicitud de conciliación
prejudicial adelantada por el actor ante la Procuraduría General de la
Nación, a fin de agotar el requisito de procedibilidad para ejercer la
acción propuesta, difiere de los hechos y pretensiones que se
invocaron en esta demanda; “Ineptitud sustancial de la demanda”,
como quiera que el demandante no ha demostrado causal que
conlleve la nulidad de los actos administrativos acusados y, en tal
sentido, las pretensiones de la demanda deben ser negadas;
“Inexistencia de daño a reparar”, por cuanto la actuación del ente de
control se ciñó al cumplimiento de sus funciones constitucionales y
legales, consiguiendo la reparación del detrimento patrimonial
causado al Estado por parte del actor, de quien no puede prodigarse
daño antijurídico alguno ya que fue aquél mismo quien causó con su
conducta, gravemente culposa, los perjuicios que reclama.
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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
De conformidad con lo ordenado en el artículo 35, del Acuerdo núm.
PSAA14-10251 de 14 de noviembre de 20148, expedido por el
Consejo Superior de la Judicatura, se procedió a remitir el presente
proceso del Tribunal Administrativo de Sucre al Tribunal
Administrativo de Caldas, para su correspondiente fallo.
Con sentencia de 16 de julio de 2015, el Tribunal Administrativo de
Caldas declaró probada de oficio, en su artículo primero, la excepción
de inepta demanda en cuanto a la pretensión de nulidad del Auto
núm. 0166 de 13 de mayo de 2010, proferido por el Grupo de
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, de la
Gerencia Departamental de Sucre de la CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA, en adelante CGR, y del Fallo Con
Responsabilidad Fiscal núm. 000072 de 20 de agosto de 2010,
proferido por la Dirección de Juicios Fiscales de la Contraloría
Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción
Coactiva, de la CGR, y, en consecuencia, se inhibió de proferir
decisión de fondo respecto de tales actos.
De igual forma, declaró probadas las excepciones denominadas
“Ineptitud sustancial de la demanda” e “Inexistencia de daño a
reparar”, propuestas por la CGR, así como también declaró no
probada la excepción denominada “Ineptitud formal de la demanda”,
formulada por la demandada. Por último, denegó las pretensiones de
la demanda.
8 “[...] Por el cual se prorrogan, ajustan y adoptan unas medidas de descongestión [...]”.
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Para sustentar lo anterior, alegó que la parte actora demandó los
siguientes actos, a saber, (i) Fallo Con Responsabilidad Fiscal
núm. 001 de 22 de febrero de 2010, por medio del cual declaró
responsable fiscalmente al señor JAIME DE JESÚS MERLANO
FERNÁNDEZ, (ii) Auto núm. 0166 de 13 de mayo de 2010, por
medio del cual se resolvió el recurso de reposición confirmando la
decisión, (iii) Fallo Con Responsabilidad Fiscal núm. 000072 de
20 de agosto de 2010, que también confirmó la decisión apelada.
Con relación a los actos citados el Tribunal indicó, a la luz del artículo
59 de la Ley 610, que en los procesos de responsabilidad fiscal es
demandable ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
únicamente, el acto administrativo con el cual termina el proceso,
por lo que, en el artículo primero de la sentencia apelada, se inhibió
de pronunciarse frente al Auto núm. 0166 de 13 de mayo de
2010, y al Fallo Con Responsabilidad Fiscal núm. 000072 de
20 de agosto de 2010, mediante los cuales se resolvieron los
recursos de reposición y apelación, respectivamente.
Luego, resolvió la excepción de ineptitud formal de la demanda,
señalando que, revisado el expediente, se evidenció que el actor
presentó solicitud de conciliación extrajudicial en la Procuraduría
Judicial II ante el Tribunal Administrativo de Sucre, contra la CGR,
no existiendo ánimo conciliatorio. Por lo tanto, no acogió la excepción
de ineptitud formal de la demanda.
Frente a las excepciones de ineptitud sustancial de la demanda e
inexistencia de daño a reparar, señaló que se resolverían al momento
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de decidir el fondo del proceso por su relación con la cuestión
litigiosa.
El Tribunal centró el problema jurídico en los siguientes
cuestionamientos, (i) ¿se surtió dentro del trámite de un proceso de
expropiación judicial o administrativa el pago indemnizatorio?; (ii)
¿es procedente indemnizar a los propietarios del bien inmueble a
expropiar por concepto de daños colaterales en etapa diferente a la
expropiación propiamente dicha?; (iii) ¿el monto de la suma
reconocida como indemnización puede ser superior al valor comercial
del bien?; (iv) ¿el reconocimiento y pago de una indemnización
genera un detrimento patrimonial para el Estado?; (v) ¿se configuran
en el presente asunto los elementos establecidos en la Ley 610 de
2000 para declarar la responsabilidad fiscal del actor?
Del estudio del material probatorio del fallo con responsabilidad
fiscal, el Tribunal determinó que la CGR interpretó adecuadamente
que el actor desconoció las normas aplicables al trámite de
expropiación administrativa, pues procedió a pagar una
indemnización sin fundamento legal que lo amparara para tal fin, y
que su conducta se enmarca como gravemente culposa, en los
términos previstos en el artículo 6° de la Ley 678 de 20019.
Consideró el Tribunal que se encuentra probado la existencia de una
lesión cierta y determinada del patrimonio público, por considerar
evidente la improcedencia del reconocimiento y pago de una
indemnización no sólo por fuera del marco normativo de un proceso
9 “[...] Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial
de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento
en garantía con fines de repetición [...]”.
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de expropiación judicial o administrativa, sino además en una etapa
diferente a la debida, por lo tanto el actor, como alcalde municipal
de Sincelejo (Sucre), desconoció de manera directa las normas que
rigen la materia de la expropiación y su conducta como gestor fiscal
fue antieconómica, ineficaz, insuficiente e inoportuna.
Adujo que la CGR solo predicó la responsabilidad fiscal del actor y no
de otro funcionario que ejerciera gestión fiscal, razón por la cual no
era exigible a la entidad demandada la integración de un
litisconsorcio para poder adelantar el proceso fiscal, pues el ente de
control, como órgano fiscalizador, cuenta con cierto margen de
discrecionalidad en cuanto a los sujetos enjuiciados.
Concluyó que el actor no logró desvirtuar la presunción de legalidad
que ampara el acto administrado enjuiciado, por cuanto se acreditó
la existencia de los tres requisitos requeridos por la Ley 610 para
declarar fiscalmente responsable al señor JAIME DE JESÚS
MERLANO FERNÁNDEZ.
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
A través de escrito de 1o. de octubre de 2015, mediante apoderado,
el actor presentó recurso de apelación contra la sentencia de 16 de
julio de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, en
el que señaló que los actos acusados efectivamente vulneraron los
principios de necesidad de la prueba, apreciación integral de la
prueba y de contradicción, contenidos en los artículos 22, 26 y 32 de
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la Ley 610, en concordancia con el artículo 23 de la misma ley, y el
artículo 29 de la Carta Política.
Adujo que el Tribunal, al no declarar la violación del debido proceso
y el derecho de defensa, realizó una interpretación errónea, pues se
configuraron dichas violaciones en atención a que la CGR no
cuantificó el daño que dio origen a la responsabilidad fiscal,
limitándose a determinarlo de manera absoluta en la cuantía de
$645.568.000, que corresponde al pago presuntamente ilegal, sin
realizar un peritaje que cuantificara con certeza y precisión el
supuesto detrimento patrimonial.
Manifestó que la imputación en el fallo de responsabilidad fiscal se
realizó bajo la suposición jurídica de “[...] porque no se paga
indemnización en la etapa de negociación directa en la expropiación
[...]”, y en el fallo de responsabilidad se dice “[...] porque no estaba
adelantando ningún tipo de expropiación [...]”, y en la sentencia
recurrida se habló de reconocer y pagar una indemnización no solo
por fuera del marco normativo de un proceso de expropiación
administrativa o judicial, sino de una etapa diferente a la debida. Tal
situación, a su juicio, constituye una violación al principio de
congruencia, al debido proceso y el derecho de defensa y configura
una falsa motivación.
Indicó que la falsa motivación se soportó en la premisa no cierta,
según la cual el predio adquirido no estaba incluido en POT del
municipio de Sincelejo (Sucre), lo cual no era cierto de conformidad
con el Acuerdo núm. 007 de julio 28 de 2000; y que la interpretación
sobre la improcedencia del pago de la indemnización en la etapa de
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enajenación voluntaria desarrollada por el Tribunal es falsa, en
atención a la inexistencia de norma que prohíba dicho pago, pues,
por el contrario, señaló que el artículo 61 de la Ley 388 establece que
siempre y cuando no exista sentencia definitiva, en el proceso de
expropiación es posible que las partes lleguen a un acuerdo para la
enajenación voluntaria.
Sostuvo que el valor de la indemnización no se circunscribe al valor
del precio del inmueble, sino que debe incluir los componentes del
daño emergente y lucro cesante, aduciendo que los actos acusados
desconocieron el avalúo existente y lo expresado en los alegatos de
conclusión, en el que se indicó que dicho avalúo se realizó basado en
el método de rentabilidad.
Señaló la configuración de una expropiación administrativa en el caso
por los siguientes hechos: (i) inclusión del bien en el POT, (ii)
declaratoria de utilidad pública, (iii) urgencia, (iv) avalúo, (v) oferta
y por último (vi) pago de la indemnización, por lo cual concluyó que
existió una expropiación administrativa y no una simple compraventa
de inmueble, aspectos no considerados por el Tribunal de primera
instancia.
Afirmó que los actos demandados fueron expedidos de manera
irregular y con violación a la Ley 610, en el sentido de que se debió
vincular a todas las personas que participaron en las actuaciones
administrativas que culminaron con la adquisición del predio, en aras
de tener un juicio integral y con todas las garantías, cosa que, a pesar
de que fue solicitado al Grupo de Investigaciones y Juicios Fiscales y
Jurisdicción Coactiva Gerencia Departamental de Sucre de la CGR,
no fue atendida.
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Manifestó que el ente de control no probó el elemento subjetivo de
la culpa grave, habida cuenta que la misma no se presume y debe
ser probada; y que el Tribunal se equivocó al señalar que el actor no
estaba autorizado para reconocer en la etapa de negociación directa
una indemnización de perjuicios por expropiación administrativa, que
en términos estrictos no se había configurado, en virtud de que la
indemnización comprende, por una parte, el precio del inmueble y,
por otra, los perjuicios que se puedan ocasionar, conforme se señala
en la sentencia C-153 de 1994.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Vencido el plazo concedido para alegar de conclusión en esta
instancia, tanto el actor como el Agente del Ministerio Público
guardaron silencio.
Por su parte, la CGR, a través de escrito de 19 de abril de 2018,
insistió en los mismos argumentos que expuso durante la primera
instancia.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1.- Actos demandados
El presente asunto se contrae a establecer la legalidad del Fallo con
Responsabilidad Fiscal núm. 001 de 22 de febrero de 2010,
Auto núm. 0166 de 13 de mayo de 2010 y Fallo Con
Responsabilidad Fiscal núm. 000072 de 20 de agosto de 2010,
proferidos por la CGR, mediante los cuales falló con responsabilidad
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fiscal, dentro del proceso núm. 05-020-845-07, número nacional
ACT-80703-2007-6639, en contra del señor JAIME DE JESÚS
MERLANO FERNÁNDEZ, en su condición de alcalde municipal de
Sincelejo (Sucre), por cuantía de $833.750.422, con ocasión de los
perjuicios causados por el reconocimiento y pago de una
indemnización a INVERSIONES MUNDO NUEVO S.A. y
VERTAMAR S.A., a partir de la compra de un predio destinado a la
construcción de la laguna de oxidación del municipio de Sincelejo
(Sucre), decisión confirmada al resolver los recursos de reposición y
apelación.
V.2.- Cuestión previa
De la inhibición para emitir pronunciamiento de fondo
respecto del Auto núm. 0166 de 13 de mayo de 2010 y del
Fallo Con Responsabilidad Fiscal núm. 000072 de 20 de
agosto de 2010
El Tribunal, en la sentencia apelada, declaró probada, de oficio, la
excepción de inepta demanda en cuanto a la pretensión de nulidad
del Auto núm. 0166 de 13 de mayo de 2010, proferido por el Grupo
de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, de la
Gerencia Departamental de Sucre de la CGR, y del Fallo Con
Responsabilidad Fiscal núm. 000072 de 20 de agosto de 2010,
em la Dirección de Juicios Fiscales de la Contraloría Delegada para
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, de la CGR,
a través de los cuales se confirmó en todas sus partes el Fallo Con
Responsabilidad Fiscal núm. 001 de 22 de febrero de 2010, en
sede de reposición y apelación, respectivamente y, en consecuencia,
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se inhibió de proferir decisión de fondo respecto de esos actos que
desataron la vía gubernativa de naturaleza fiscal.
En el recurso de apelación, el actor solicita revocar, en su integridad,
la sentencia de 16 de julio de 2015 y, como consecuencia de ello,
pide que se acceda a las súplicas de nulidad de todos los actos
acusados, así como el consecuente restablecimiento del derecho,
insistiendo para ello en los argumentos de su demanda, escenario
que le impone a la Sala la revisión de este aspecto.
En efecto, el a quo indicó, como fundamento de su inhibición oficiosa,
que a la luz del artículo 59 de la Ley 610 en los procesos de
responsabilidad fiscal es demandable ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, únicamente, el acto con el cual termina
el proceso, lo cual es corroborado por la jurisprudencia de la Sección
Primera de esta Corporación, razón por la que debía abstenerse de
emitir pronunciamiento de fondo en torno al Auto núm. 0166 de
13 de mayo de 2010 y al Fallo Con Responsabilidad Fiscal núm.
000072 de 20 de agosto de 2010.
La Sala, al respecto, encuentra que la jurisprudencia invocada por el
Tribunal en este asunto ha sido proferida en ocasiones anteriores en
las que el accionante solo demanda el acto administrativo mediante
el cual se impone la condena fiscal, una vez se encuentre en firme,
esto es con el que se termina el proceso, y deja por fuera uno o
algunos de los que resolvieron la vía gubernativa fiscal.
Así se ha determinado:
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“[…] Cabe advertir que además de los actos administrativos
acusados, se expidió el “AUTO POR EL CUAL SE RESUELVEN
UNOS RECURSOS DE RESPOSICIÓN INTERPUESTOS
CONTRA EL FALLO DE RESPONSABILIDAD FISCAL” de 13 de
noviembre de 2001, por el cual se resolvieron los recursos de
reposición interpuestos por la demandante y otros investigados
contra el “FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL NÚMERO
020” de 27 de septiembre de 2001, en el sentido de confirmar lo
allí decidido y conceder el recurso de apelación. Empero, esta
Resolución no fue impugnada en la demanda.
Para la Sala, tal omisión procesal no acarrea una falencia en
la individualización de las pretensiones en desconocimiento
del incumplimiento del artículo 13810 del CCA, que genere el
proferimiento de un fallo inhibitorio, toda vez que frente al
proceso de responsabilidad fiscal existe norma especial que
ordena demandar ante esta Jurisdicción solamente el acto
con el cual termina el proceso una vez este se encuentre en
firme.
De tal manera, que para los procesos de dicha naturaleza no
resulta en modo alguno necesario incluir la resolución
concerniente al recurso de reposición, dentro de las peticiones
de la demanda, para que aquellas se entiendan cabalmente
individualizadas, habida cuenta que el artículo 59 de la Ley 610
establece que: “[…] En materia del proceso de responsabilidad
fiscal, solamente será demandable ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo el acto administrativo con el cual
termina el proceso, una vez se encuentre en firme […]”.
Al efecto, es oportuno traer a colación la sentencia de 20 de
noviembre de 201411, proferida por la esta Sección, en la que se
puntualizó lo siguiente:
“[…] Sea lo primero advertir que el actor demandó los
siguientes actos administrativos: (i) Fallo de responsabilidad
fiscal No. 36 de 26 de abril de 2005, (ii) Auto de 11 de agosto
de 2005, por el cual se corrige el fallo con responsabilidad; y
10 “[…] Artículo 138. Individualización de las pretensiones. Cuando se demande la
nulidad del acto se le debe individualizar con toda precisión.
Cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración de nulidad de
un acto, deberán enunciarse clara y separadamente.
Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán
demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero si fue revocado,
sólo procede demandar la última decisión […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
20 de noviembre de 2014, número único de radicación 25000232400020060042801,
consejero ponente Marco Antonio Velilla Moreno.
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(iii) Auto de 30 de noviembre del mismo año, por el cual se
resuelve el recurso de apelación.
Sin embargo, la Sala da cuenta que en el expediente
reposa el Auto de 20 de septiembre de 200512
proferido por el Subdirector del Proceso de
Responsabilidad Fiscal de la Contraloría de Bogotá
D.C., por el que se resuelve el recurso de reposición
interpuesto contra el Auto de 11 de agosto de 2005, y
el cual no fue demandado por la parte actora ante esta
Jurisdicción.
Al respecto, no sobra anotar que en tratándose de los
procesos adelantados en vigencia del anterior Código
Contencioso Administrativo, como es el sub examine, esta
Sección ha señalado reiteradamente que en el
supuesto en que no sea demandado el acto por el que
se resuelve el recurso de reposición se presenta una
falencia en la individualización de las pretensiones en
desconocimiento del artículo 138 del C.C.A., que
genera el proferimiento de un fallo inhibitorio13.
Pues bien, sea esta la oportunidad para precisar que en la
litis bajo examen, tal omisión procesal no acarrea la
consecuencia anotada por cuanto frente al proceso de
responsabilidad fiscal existe norma especial que
ordena demandar ante esta Jurisdicción solamente el
acto con el cual termina el proceso una vez éste se
encuentre en firme; de forma tal que para los procesos
de tal naturaleza no resulta en modo alguno necesario
incluir la Resolución concerniente al recurso de
reposición dentro de las peticiones de la demanda,
para que aquellas se entiendan cabalmente
individualizadas, puesto que el artículo 59 de la Ley
610 del 2000, establece:
“Artículo 59. Impugnación ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. En materia del proceso de
responsabilidad fiscal, solamente será
demandable ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo el Acto Administrativo con el cual
termina el proceso, una vez se encuentre en
firme”.
12 Folios 104 a 109 del cuaderno principal del expediente.
13 Léanse las sentencias de 29 de agosto de 2013, Expediente No. 2003-00458, M.P. Dr.
Guillermo Vargas Ayala; 4 de abril de 2013, Expediente No. 2007-00179, M.P. Dra. María
Elizabeth García; 9 de agosto de 2012, Expediente No. 2003-00237, M.P. Dr. Marco Antonio
Velilla, entre otras.
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Así las cosas, es del caso dar aplicación preferente a la norma
especial transcrita, por lo que esta Sección procederá a
desarrollar el estudio de la alzada, sin que se advierta vicio
alguno que lo impida.
Cabe resaltar que en Sentencia de 17 de junio de 2008,
Expediente No. 2001-00310, Consejera Ponente doctora
Martha Sofía Sanz Tobón, la Sala precisó lo siguiente en
relación con el artículo 59 de la Ley 610 del 2000:
“Sobre el particular, la Sala considera necesario precisar
que la disposición antes transcrita debe entenderse en
armonía con lo dispuesto sobre el mismo aspecto por el
C.C.A., pues si bien es cierto que el artículo 1º del C.C.A.,
preceptúa que “Los procedimientos administrativos
regulados por Leyes especiales se regirán por éstas”,
también lo es que a continuación señala que “en lo no
previsto en ellas se aplicarán las normas de esta parte
primera que sean compatibles”, lo cual significa que la ley
especial se aplica de manera preferencial sobre la Parte
Primera del C.C.A., única y exclusivamente respecto del
procedimiento administrativo especialmente regulado,
más no respecto de la Parte Segunda del C.C.A., que se
refiere al control jurisdiccional de la actividad
administrativa.
El artículo 138 del C.C.A., establece:
Artículo 138. Individualización de las pretensiones.
Cuando se demande la nulidad del acto se le debe
individualizar con toda precisión.
Cuando se pretendan declaraciones o condenas
diferentes de la declaración de nulidad de un acto,
deberán enunciarse clara y separadamente.
Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía
gubernativa, también deberán demandarse las
decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero si fue
revocado, sólo procede demandar la última decisión”.
Interpretando de manera armónica lo dispuesto en el
C.C.A., es claro para la Sala que cuando el primero de los
citados señala que solamente deberá demandarse el Acto
Administrativo con el cual termina el proceso, una vez se
encuentre en firme, por dicho acto administrativo debe
entenderse, en este caso, el que declaró fiscalmente
responsable a la actora, así como los que resolvieron los
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recursos de reposición y apelación contra dicha
declaratoria, por cuanto la confirmaron.”
En esta oportunidad, la Sala rectifica la anterior posición
jurisprudencial para adoptar, en su lugar, el criterio
que antecede cual es, el que en materia de
responsabilidad fiscal, por existir norma especial
(artículo 59 de la Ley 610 del 2000) solo se exige
demandar el acto principal en el cual no se incluyen
los actos que resuelven los recursos; obviamente que la
acción se debe interponer dentro del término de caducidad,
que se contará a partir de la firmeza del acto principal, lo cual
también supone el previo agotamiento de la vía gubernativa
[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).
Al caso presente resultan enteramente predicables las
consideraciones consignadas por la citada providencia, toda vez que
los elementos fácticos y jurídicos son similares a los que en esta
oportunidad son objeto de litigio, conforme se puso de presente
anteriormente […]”14.
Como se desprende del citado pronunciamiento, la Sala ha
interpretado el alcance del artículo 59 de la Ley 610, de forma tal
que, primero, evita que sean demandados actos procesales previos
que no impliquen la terminación del proceso fiscal, -los cuales no son
susceptibles de judicialización por ministerio de la ley-; y, segundo,
protege la garantía procesal prevista a favor de quienes solo
demandan el acto con el que se termina el proceso y se abstienen de
involucrar aquellos con los que se resuelven los recursos y grado de
consulta en sede gubernativa, cuando estos confirman, en su
integridad, el fallo condenatorio.
No obstante, esa no es la situación que se presenta en el caso
concreto en el que el actor sí demandó tanto el fallo condenatorio
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
16 de diciembre de 2019, número único de radicación 41001-23-31-000-2002-01111-01,
consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.
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como los actos que resolvieron los recursos de reposición y apelación,
que confirmaron, íntegramente, el fallo con responsabilidad fiscal. No
hubo una omisión susceptible de ser reconsiderada a la luz de la
jurisprudencia de la Sección Primera, bajo la aplicación exegética del
artículo 59 de la Ley 610, sino que, por el contrario, se está ante la
presentación de una demanda que incorporó sus pretensiones de
nulidad contra todos los actos administrativos que impusieron y
ratificaron la condena fiscal, proceder diligente del actor que no
puede ser castigado, por el operador judicial, cohibiéndose de
fallarla.
En este evento, por lo mismo, no le es dable al Juez inhibirse de
pronunciarse de fondo en cuanto a los actos que resolvieron la vía
gubernativa fiscal, una vez ya fueron demandados, porque ello
redundaría en una interpretación excesiva del artículo 59 de la Ley
610, y el sometimiento a un rigorismo desbordado de esa disposición
especializada, que lo que procura, como se explicó, es evitar la
judicialización de actos procesales previos a aquel con el que se
termina el proceso fiscal y permitirle al accionante demandar,
únicamente, y si así lo decide, el acto principal que impuso la condena
fiscal, y no que quede censurado o prohibido el ejercicio de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos expedidos
en la vía gubernativa fiscal.
A manera de ilustración, la Sala en reciente sentencia de 30 de
septiembre de 2021, al resolver la demanda contra un fallo con
responsabilidad fiscal y los actos que resolvieron los recursos de
reposición y apelación, luego de individualizarlos, procedió a decidir
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los cargos formulados contra todos sin abstenerse de pronunciarse
frente a los actos expedidos en vía gubernativa:
“[…] Los actos administrativos acusados son los siguientes:
(…)
El fallo con responsabilidad fiscal de 11 de febrero de
2011, contra el señor Walter González Siado, expedido por
la Contralora Auxiliar de Responsabilidad Fiscal de la
Contraloría General del Departamento del Atlántico, el cual,
en su parte resolutiva señaló:
(…)
El acto administrativo de 26 de mayo de 2011, por
medio del cual se resolvió el recurso de reposición
dentro del proceso de responsabilidad fiscal núm. 985,
expedido por la Contralora Auxiliar de Responsabilidad Fiscal
de la Contraloría General del Departamento del Atlántico, el
cual, en su parte resolutiva señaló:
(…)
El auto núm. 02 de 02 de septiembre de 2011,
mediante el cual se resolvió el recurso de apelación en
el proceso de responsabilidad fiscal núm. 985, expedido por
el Contralor Departamental del Atlántico, el cual, en su parte
resolutiva señaló:
(…)
III. RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 14 de noviembre de 2014,
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los actos acusados, es
decir, el fallo de responsabilidad fiscal de 11 de febrero de
2011, el auto de reposición del 26 de mayo de 2011, ambos
proferidos por la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad
Fiscal de la Contraloría Departamental del Atlántico y el fallo
de segunda instancia auto del 2 de septiembre de 2011,
proferido por el Contralor Departamental del Atlántico […]”15.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
30 de septiembre de 2021, número único de radicación 08001-23-31-000-2012-00219-01,
consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.
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Con fundamento en lo anterior, la Sala revocará la sentencia de 16
de julio de 2015, en lo que respecta a la decisión de declarar, de
oficio, la excepción de inepta demanda y la inhibición en cuanto a la
nulidad formulada contra el Auto núm. 0166 de 13 de mayo de
2010 y del Fallo Con Responsabilidad Fiscal núm. 000072 de
20 de agosto de 2010, a través de los cuales se confirmó en todas
sus partes el Fallo Con Responsabilidad Fiscal núm. 001 de 22
de febrero de 2010, en sede de reposición y apelación,
respectivamente.
En su lugar, se decidirán de fondo los argumentos del recurso de
apelación planteados contra tales actos administrativos, que resultan
ser los mismos esgrimidos contra el Fallo Con Responsabilidad
Fiscal núm. 001 de 22 de febrero de 2010, al haber convalidado,
en su integridad, el alcance y contenido de esa condena fiscal, sin
reformar, adicionar o modificar la decisión primigenia de fallar con
responsabilidad fiscal en contra del demandante.
Así las cosas, en la resolución de la presente impugnación se incluirá
el estudio de legalidad del Auto núm. 0166 de 13 de mayo de
2010 y el Fallo Con Responsabilidad Fiscal núm. 000072 de 20
de agosto de 2010, en el entendido de que responden a actos
administrativos que decidieron la vía gubernativa del Fallo Con
Responsabilidad Fiscal núm. 001 de 22 de febrero de 2010,
convalidaron su expedición, comparten los mismos fundamentos
fácticos y jurídicos, son destinatarios de idénticos cargos en la
presente demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, y las
consideraciones expuestas en la sentencia de 16 de julio de 2015,
para denegar las pretensiones, permiten ser predicadas para todos
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los actos acusados sin discriminación material alguna, por lo que
resulta innecesario la remisión del expediente al Tribunal de origen,
como en otros eventos, para que se pronuncie en torno a los referidos
actos luego de revocarse una decisión inhibitoria, sino que, lo que
corresponde en el caso concreto, es la decisión de la apelación, pero
referida a todos los actos censurados a partir de los términos
explicados.
V.3.- Problema jurídico
De conformidad con lo esgrimido en el citado recurso de apelación,
la Sala debe establecer si el Fallo con Responsabilidad Fiscal
núm. 001 de 22 de febrero de 2010, el Auto núm. 0166 de 13
de mayo de 2010 y el Fallo Con Responsabilidad Fiscal núm.
000072 de 20 de agosto de 2010 fueron proferidos por la CGR
con desconocimiento del debido proceso y del derecho de audiencia
y defensa, falsa motivación y expedición irregular.
V.4.- Análisis del caso concreto
La Sala, a partir del acervo probatorio que reposa en el expediente,
pudo determinar que, a través del Acuerdo núm. 001 de 24 de abril
de 2002, el Concejo Municipal de Sincelejo (Sucre) declaró de utilidad
pública, con fines de expropiación, para la construcción de la primera
etapa del sistema de tratamiento de las aguas residuales (laguna de
oxidación), de ese ente territorial, “[…] un lote de terreno, ubicado
en zona de expansión urbana y rural del municipio de Sincelejo en la
vía que de la cabecera municipal de Sincelejo, conduce al
corregimiento de Las Palmas, el cual se encuentra comprendido
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dentro de las siguientes colindancias y medidas: Por el norte, con el
predio 005 y mide 1.000 metros; por el sur, con el predio 005 y mide
1.000 metros: por el este, con el predio 005 y mide 280.50 metros
y, por el oeste, con el predio 005 y mide 238 metros. Para un área
de 25 hectáreas + 9.250 mts2. Así mismo, un área de terreno
definido por una franja de 10 mts. de ancho que comunica el predio
anteriormente descrito y la vía que, de Sincelejo, conduce al
corregimiento de Las Palmas dicho predio hace parte de la finca Río
de Janeiro, de propiedad de Humberto Vergara Prado y Cia S. En C.,
e identificada con el numero catastral 00-02-007-005-000 […]”16.
Con el Acuerdo núm. 006 de 17 de julio de 200317, el Concejo
Municipal de Sincelejo (Sucre) adicionó dos artículos al Acuerdo núm.
001 de 24 de abril de 2002, en los cuales, por un lado, declaró como
condición de urgencia, en los términos de los numerales 2 y 3 del
artículo 65 de la Ley 388 de 1997, la construcción de la laguna de
oxidación debido a su carácter inaplazable y las consecuencias lesivas
que podrían llegar a producirse en la comunidad por la excesiva
dilación en su realización; y, por otro lado, autorizó al alcalde
municipal de Sincelejo (Sucre) para adelantar el proceso de
adquisición por negociación directa y de expropiación por vía
administrativa del referido inmueble.
El 29 de septiembre de 2003, mediante un acuerdo de voluntades,
se suscribió un convenio entre la Alcaldía Municipal de Sincelejo, -
cuyo alcalde, en ese momento, era el señor JORGE OSPINA
VERGARA-, y el representante legal de la sociedad INVERSIONES
16 Folios 471 a 474, cuaderno núm. 2.
17 Folios 143 a 147, cuaderno núm. 3 pruebas.
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MUNDO NUEVO S.A.18, con el objeto de realizar la compra del
predio destinado para la construcción de la laguna de oxidación,
acordando para ello un arreglo directo y tomando como oferta de
compra el precio que arrojara un avalúo posterior, en el cual las
partes acordaron incluir el valor de tierras y los perjuicios
consecuenciales derivados o colaterales que se causaren a los
propietarios en el resto del inmueble por la construcción de la laguna
de oxidación, indemnización por la ocupación de la servidumbre a
construir.
A través de Informes de avalúos de 22 de diciembre de 2003, la Lonja
de Propiedad Raíz de Sucre presentó informes de avalúo LPRS núm.
030-200319 y LPRS núm. 031-200320.
El 23 de octubre de 2003, el actor, señor JAIME DE JESÚS
MERLANO FERNÁNDEZ, fue elegido alcalde municipal de Sincelejo
(Sucre), para el período constitucional 2004-2008, cuya credencial
fue expedida por el Consejo Nacional Electoral el 4 de noviembre de
2003 y acta de posesión de 1o. de enero de 2004.
Luego de ello, el 12 de febrero de 2004, el actor, en su calidad de
alcalde municipal de Sincelejo (Sucre), en representación de la
Alcaldía de ese ente territorial, y el representante legal de la sociedad
INVERSIONES MUNDO NUEVO S.A. e INVERSIONES
VERTAMAR S.A., firmaron contrato de promesa de compraventa y
constitución de servidumbre, sobre el pluricitado inmueble destinado
a la construcción de la laguna de oxidación del municipio, con
18 Folios 449 a 453, cuaderno núm. 2.
19 Folios 1 a 24, cuaderno Anexo pruebas.
20 Folios 25 a 40, cuaderno Anexo pruebas.
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diligencia de autenticación de firmas de 13 de febrero de 2004, en la
Notaría Primera de Sincelejo21.
Así las cosas, el 19 de marzo de 2004, el actor y el representante
legal de la sociedad INVERSIONES MUNDO NUEVO S.A. e
INVERSIONES VERTAMAR S.A., firmaron la Escritura Pública de
Compraventa núm. 18022, mediante la cual se protocolizó el referido
negocio. A través de certificado expedido por la Tesorería General del
municipio de Sincelejo (Sucre) de 6 de junio de 2006, se informó que
el valor de los pagos efectuados por concepto de compraventa del
predio donde se construiría la laguna de oxidación ascendió a la suma
de $1.028.406.98323.
La Contraloría Delegada Sector Minas y Energía de la Gerencia
Departamental de Sucre de la CGR, dentro de su competencia legal,
adelantó en el municipio de Sincelejo (Sucre) una ‘Auditoría
Gubernamental con Enfoque Integral’ respecto del período
comprendido entre el 1o. de enero de 2004 y el 31 de diciembre de
2005, arrojando el Hallazgo Fiscal núm. 002 de 23 de febrero de
2007, por irregularidades en contratación, en la que consignó lo
siguiente:
“[…] ¿Qué Ocurrió? (Hechos): La Administración Municipal
de Sincelejo adquirió con recursos de regalías el predio para
la construcción de la laguna de oxidación, mediante la escritura
pública No. 180 del 19 de marzo de 2004 y además se adquirió una
servidumbre para dicha construcción determinándose que se
canceló en la compra del predio una indemnización por
perjuicios no causados argumentando un perjuicio potencial
que se pueda presentar en la construcción de la laguna de
oxidación por valor de $663.291.085,00
21 Folios 408 a 419, cuaderno núm. 2.
22 Folios 396 a 407, cuaderno núm. 2.
23 Folio 52, cuaderno núm. 2 pruebas.
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¿Cuándo? (Fechas): Durante la vigencia fiscal de 2004.
¿Dónde? (Entidad, Lugares): En las dependencias de la Alcaldía
Municipal de Sincelejo.
¿Cómo? (Método): Al momento de perfeccionarse la
compraventa del predio, el municipio se sujetó al avalúo practicado
por la Lonja de Propiedad Raíz de Sucre, basado en que el informe
del avaluador se estipula el avalúo del predio y de dos servidumbre
(sic) por $365.115.898,oo más el valor correspondiente a la
indemnización de $663.291.085,oo; como si se tratara de
una expropiación, cuando lo que se efectuó fue la compra de
un bien inmueble. Además, dicho avalúo no cumple con lo
establecido en el Decreto 1420 de 1.998 en donde establece
que el avalúo comercial de un bien lo conforman el terreno
las construcciones y mejoras, pero no lo conforman las
indemnizaciones.
¿Por qué? (Causas): Debido a que el Municipio no efectuó un
control oportuno en la verificación del avalúo con el fin de
determinar si este (sic) se ajustaba a las normas que rigen para esta
materia.
(…)
VII. VALOR DEL PRESUNTO MONTO O DAÑO PATRIMONIAL
$663.291.085,00 […]”24 (Negrillas y subrayas fuera de texto).
De conformidad con lo anterior, y según lo previsto en los artículos
8º, 40 y 41 de la Ley 610, el Grupo de Investigaciones, Juicios
Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Gerencia Departamental de
Sucre de la CGR, profirió auto núm. 073 de 28 de mayo de 200725,
a través del cual aperturó el proceso de responsabilidad fiscal con
radicado núm. 05-020-845-07, en contra del señor JAIME DE
JESÚS MERLANO FERNÁNDEZ, en su calidad de alcalde municipal
de Sincelejo (Sucre), que fue notificado personalmente al actor el 30
de julio de 200726.
24 Folios 1 a 13, cuaderno núm. 4 pruebas.
25 Folios 12 a 28, cuaderno núm. 2 pruebas.
26 Folio 95, cuaderno núm. 2 pruebas.
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El 12 de julio de 2007 se citó al señor JAIME DE JESÚS MERLANO
FERNÁNDEZ a diligencia de exposición libre y espontánea27, la que
se llevó a cabo el 30 de julio de 200728, debido a la solicitud de
aplazamiento hecha por el investigado, en la que el actor solicitó la
práctica de pruebas que fueron resueltas a través de Auto núm. 119
de 31 de julio de 200729, debidamente notificado por estado30.
Mediante memorial de 16 de abril de 2008, el actor solicitó el decreto
y práctica de varias pruebas31, petición que fue decidida mediante
Auto núm. 106 de 19 de mayo de 200832, notificado por estado33.
Por auto núm. 176 de 5 de septiembre de 200834, notificado por
estado35, el Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción
Coactiva de la Gerencia Departamental de Sucre de la CGR, decretó
de oficio la práctica de unas pruebas.
Con auto núm. 196 de 10 de octubre de 200836, la Gerencia
Departamental de Sucre de la CGR, resolvió imputar responsabilidad
fiscal al señor JAIME DE JESÚS MERLANO FERNÁNDEZ en su
condición de alcalde municipal de Sincelejo (Sucre), cuantificando el
daño patrimonial al Estado en la suma de $645.568.000.00, sin
perjuicio de la indexación correspondiente al momento del fallo, al
considerar que con el pago de la indemnización por daños colaterales
27 Folio 67, cuaderno núm. 2 pruebas.
28 Folios 72 a 83, cuaderno núm. 2 pruebas.
29 Folios 84 a 90, cuaderno núm. 2 pruebas.
30 Folio 91, cuaderno núm. 2 pruebas.
31 Folios 121 a 123, cuaderno núm. 2 pruebas.
32 Folios 124 a 136, cuaderno núm. 2 pruebas.
33 Folio 138, cuaderno núm. 2 pruebas.
34 Folios 152 a 156, cuaderno núm. 2 pruebas.
35 Folio 158, cuaderno núm. 2 pruebas.
36 Folios 1 a 49, cuaderno núm. 3 pruebas.
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a los propietarios del predio adquirido para la construcción de una
laguna de oxidación, efectuado en la etapa de negociación directa, el
accionante causó un detrimento patrimonial al Estado, en tanto tal
erogación no se encontraba permitida por la normatividad, siendo
notificado personalmente el 20 de octubre de 2008.
Mediante documento de 4 de noviembre de 2008, el actor presentó
su escrito de defensa, en el cual solicitó la práctica de pruebas37. Con
autos núms. 0227 de 10 de noviembre de 2008, 0228 de 11 de
noviembre de 2008, 073 de 24 de marzo de 2009, 166 de 21 de julio
de 2009, 182 de 4 de agosto de 2009 y 269 de 16 de octubre de
2009, la Gerencia Departamental de Sucre de la CGR, por un lado,
decretó unas pruebas testimoniales solicitadas por la parte actora en
su escrito de descargos38, y, por otro lado, decretó de oficio la
práctica de pruebas39.
Estas decisiones fueron debidamente notificadas por estado,
conforme consta a folios 75 y 83 del cuaderno 3 pruebas, 882 y 951
del cuaderno 5 pruebas, 81 y 158 del cuaderno 6 pruebas, sin que el
actor interpusiera recurso alguno en su contra, quedando entonces
ejecutoriadas.
El 22 de febrero de 201040, el Grupo de Investigaciones, Juicios
Fiscales y Jurisdicción Coactiva Gerencia Departamental de Sucre de
la CGR profirió fallo con responsabilidad fiscal en contra del señor
JAIME DE JESÚS MERLANO FERNÁNDEZ, en su calidad de alcalde
37 Folios 56 a 63, cuaderno núm. 3 pruebas.
38 Folios 64 a 73, cuaderno núm. 3 pruebas.
39 Folios 76 a 81, cuaderno núm. 3 pruebas; 877 a 880 y 930 a 933, cuaderno núm. 5
pruebas; y 73 a 78 y 151 a 156, cuaderno núm. 6 pruebas.
40 Folios 55 a 109, cuaderno núm. 7 pruebas.
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municipal de Sincelejo (Sucre), estableciendo la cuantía del daño al
patrimonio del Estado en la suma de $833.750.422, -correspondiente
a la suma de $645.568.000, debidamente indexada a la fecha del
fallo fiscal-, el cual fue notificado por Edicto núm. 037, fijado el 8 de
marzo de 2010 y desfijado el 19 de ese mes y año41, después de
varios intentos de notificación personal42.
Dentro del término legal, el actor interpuso recurso de reposición y,
en subsidio, de apelación43, por lo que a través de Auto núm. 0166
de 13 de mayo de 201044 el Grupo de Investigaciones, Juicios
Fiscales y Jurisdicción Coactiva Gerencia Departamental de Sucre de
la CGR, confirmó, en todas sus partes, el Fallo Con
Responsabilidad Fiscal núm. 001 de 22 de febrero de 2010.
Luego de intentarse la notificación personal45, la precitada decisión
fue notificada por Edicto núm. 116, fijado el 23 de junio de 2010 y
desfijado el 7 de julio de 201046.
Con Fallo Con Responsabilidad Fiscal núm. 000072 de 20 de
agosto de 201047, la Dirección de Juicios Fiscales de la Contraloría
Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción
Coactiva de la CGR, desató el recurso de apelación interpuesto por
el actor, confirmando en su integridad el Fallo Con
Responsabilidad Fiscal núm. 001 de 22 de febrero de 2010 y
el Auto núm. 0166 de 13 de mayo de 2010, el cual fue notificado
41 Folios 113 a 116, cuaderno núm. 7 pruebas.
42 Folios 110 a 112, cuaderno núm. 7 pruebas.
43 Folios 117 a 156, cuaderno núm. 7 pruebas.
44 Folios 7 a 50, cuaderno núm. 8 pruebas.
45 Folios 52 a 64, cuaderno núm. 8 pruebas.
46 Folios 55 a 57, cuaderno núm. 8 pruebas.
47 Folios 60 a 88, cuaderno núm. 8 pruebas.
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Actor: JAIME DE JESÚS MERLANO FERNÁNDEZ
personalmente al apoderado del actor el 2 de septiembre de 201048,
quedando ejecutoriada el 8 de septiembre de 201049.
V.4.1.- De la legalidad del Fallo Con Responsabilidad Fiscal
núm. 001 de 22 de febrero de 2010, Auto núm. 0166 de 13 de
mayo de 2010 y Fallo Con Responsabilidad Fiscal núm.
000072 de 20 de agosto de 2010, proferidos por la CGR
En el asunto bajo examen, la CGR encontró configurado un daño
patrimonial al Estado, derivado del pago de $645.568.000 a
INVERSIONES MUNDO NUEVO S.A. y VERTAMAR S.A., por
concepto de indemnización por los daños consecuenciales, derivados
o colaterales que se causaran con ocasión de la construcción de la
laguna de oxidación en inmediaciones del predio adquirido a tal
empresa. Lo anterior, como quiera que, por un lado, las normas
vigentes no establecen la posibilidad de pagar una indemnización sin
que medie una expropiación administrativa o judicial; y, por otro, si
en gracia de discusión se aceptara la procedencia del pago, éste tenía
que ceñirse a lo ordenado en los artículos 61 o 67 de la Ley 388, los
cuales prevén que el valor del precio indemnizatorio debe ser igual
al valor comercial del bien a expropiar, determinado por el
INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, en adelante
IGAC, o las lonjas de propiedad raíz.
La CGR sostuvo que los daños consecuenciales, derivados o
colaterales mencionados, sólo podían determinarse al momento de
construirse la laguna de oxidación, lo que no ha acaecido; asimismo,
48 Folio 95, cuaderno núm. 8 pruebas.
49 Folio 101, cuaderno núm. 8 pruebas.
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aseguró que la posible afectación que aquellos entrañaban tampoco
se vio reflejada en algún estudio sobre el impacto ambiental de la
obra.
Agregó que el predio adquirido para el sistema de tratamiento de las
aguas residuales del municipio de Sincelejo (Sucre) no correspondía
al sitio establecido en el POT para tales efectos, ni era el más indicado
por su cercanía a los asentamientos urbanos y a los planes de
expansión de la ciudad, lo que generó eventualmente que el Concejo
Municipal de Sincelejo (Sucre), a través del Acuerdo núm. 019 de 20
de diciembre de 2004, -declarado nulo por el Tribunal Administrativo
de Sucre por irregularidades en su expedición-, modificara la
ubicación de las lagunas de oxidación.
Se indicó en el fallo fiscal que el predio no contaba con la licencia
ambiental requerida para la ejecución del proyecto mencionado, por
lo que el Concejo Municipal tuvo que darle el uso para el cual el
municipio lo había destinado, solicitando al INSTITUTO NACIONAL
DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DEL
AMBIENTE, en adelante INDERENA, la modificación de la licencia
núm. 574. Fue así como el ente de control estableció, que el actor
incurrió en una conducta gravemente culposa, en desarrollo de una
gestión fiscal, por violación manifiesta de las leyes 9ª de 11 de enero
de 198950 y 388, así como del Decreto 1420 de 1998.
Finalmente, la CGR señaló que, entre el daño patrimonial causado al
Estado y la conducta desplegada por el vinculado, existió un
50 “[…] Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y
expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones […]”.
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innegable nexo de causalidad, en tanto el reconocimiento y pago de
la indemnización tantas veces mencionada tienen como causa
eficiente y directa el desconocimiento del señor JAIME DE JESÚS
MERLANO FERNÁNDEZ de las normas vigentes, las cuales no
prevén la posibilidad de pagar indemnización sin que medie una
expropiación administrativa o judicial.
V.4.2.- Enajenación voluntaria por negociación directa
El procedimiento administrativo de enajenación voluntaria se regula
especialmente en la Ley 9ª de 1989, la cual creó varias herramientas
jurídicas para la Administración con relación a la adquisición de
bienes inmuebles requeridos para ejecución de planes de desarrollo,
planes de vivienda de interés social, preservación del patrimonio
cultural, ejecución de proyectos de construcción de infraestructura
social, de ampliación, distribución, almacenamiento y regulación de
servicios públicos y ejecución de obras públicas.
El procedimiento que debe adelantar la entidad estatal se encuentra
regulado en el artículo 13 de la Ley 9ª de 1989, que establece:
“[…] Artículo 13º.- Corresponderá al representante legal de la
entidad adquirente, previas las autorizaciones estatutarias o legales
respectivas, expedir el oficio por medio del cual se disponga la
adquisición de un bien mediante enajenación voluntaria directa. El
oficio contendrá la oferta de compra, la trascripción de las normas
que reglamentan la enajenación voluntaria y la expropiación, la
identificación precisa del inmueble, y el precio base de la
negociación. Al oficio se anexará la certificación de que trata el
artículo anterior. Este oficio no será susceptible de recurso o acción
contencioso administrativa […]”.
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Ahora bien, en cuanto a la determinación del precio que se ofertará,
la entidad estatal, para la adquisición del predio, deberá atender lo
establecido en el artículo 61 de la Ley 388, que señaló:
“[…] Artículo 61º.- Modificaciones al procedimiento de
enajenación voluntaria. Se introducen las siguientes
modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria regulado
por la Ley 9 de 1989:
El precio de adquisición será igual al valor comercial determinado
por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla
sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o
asociaciones correspondientes, según lo determinado por el
Decreto-Ley 2150 de 1995, de conformidad con las normas y
procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial
que sobre avalúos expida el gobierno. El valor comercial se
determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística
municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en
relación con el inmueble a adquirir, y en particular con su
destinación económica […]”.
A su vez, el artículo 132 de la Ley 388, estableció que el acto
administrativo que contiene la oferta debe ser inscrito en el folio de
matrícula inmobiliaria de la correspondiente Oficina de Instrumentos
Públicos.
Las normas citadas prevén los requisitos a los que debe sujetarse la
entidad estatal para adelantar el proceso de enajenación voluntaria
mediante negociación directa, destacando la expedición del acto
administrativo motivado que debe contener lo siguiente: (i) oferta
económica del valor de compra, (ii) normas que reglamentan la
enajenación voluntaria y expropiación administrativa, (iii)
identificación precisa del bien inmueble objeto de enajenación
voluntaria, (iv) indicación del precio base de la negociación, (v)
certificación de uso de suelos establecidos en los planes de
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ordenamiento territorial, (vi) acta de notificación del acto
administrativo, e (vii) inscripción de la oferta de compra en el folio
de matrícula inmobiliaria.
Como se puede apreciar, el trámite de enajenación voluntaria
establece una actuación administrativa con el propósito de lograr un
acuerdo de voluntades y el reconocimiento de un valor
indemnizatorio; no obstante, si transcurrido treinta días a partir de
la ejecutoria de dicho acto administrativo no se ha llegado a un
acuerdo entre los propietarios del predio y la entidad estatal, se
deberá iniciar el proceso de expropiación administrativa.
V.4.3.- Expropiación por vía administrativa
Frente al procedimiento de la expropiación por vía administrativa,
esta Corporación ha señalado los requisitos establecidos para su
desarrollo de la siguiente manera:
“[…] 1.2. Trámite que debe adelantarse para hacer una
expropiación administrativa.
La expropiación administrativa se da sólo en los casos específicos
que determina el legislador y siempre que se cumplan dos
requisitos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 63 y 64
de la Ley 388 de 1997: i) que se presenten motivos de utilidad
pública o interés social específicos que autorizan este tipo de
expropiación o ii) que existan las condiciones de urgencia
taxativamente mencionadas en la ley.
Así las cosas, debe destacarse que el procedimiento de expropiación
administrativa debe agotar varias etapas a fin de que pueda
cumplir con su cometido: i) la oferta de compra, ii) la
negociación y iii) el proceso expropiatorio propiamente
dicho.
Respecto de la etapa de oferta de compra debe indicarse que inicia
con la expedición de un acto administrativo que contiene la
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información de la oferta de compra que se hace al
propietario del bien que se pretende expropiar. Según lo
disponen los artículos 66 y 67 de la Ley 388 de 1997, en ella se
expide un acto administrativo de expropiación que informa al
propietario del bien al que pretende hacerse la administración, la
posibilidad de negociar directamente la compra de éste, por el precio
consignado en el acto, así como las condiciones de pago del precio.
Una vez agotada la primera etapa comienza la subsiguiente,
consistente en la negociación. En ella, según lo dispone la Ley 388
de 1997 se busca, entre otras cosas, modificar el precio base
que la administración fijó en la oferta (16) y terminar el
proceso anticipadamente por la enajenación voluntaria del
bien. Esta etapa dura máximo 30 días, contados a partir de la
ejecutoria del acto que determina que la expropiación se hará por
vía administrativa.
En palabras de la Corte Constitucional (M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa) debe destacarse lo siguiente de ésta etapa: “En el caso
de la expropiación por vía administrativa, vencido el plazo para la
negociación directa sin que se haya perfeccionado el contrato de
promesa de compraventa, la autoridad competente, mediante acto
administrativo motivado, decide unilateralmente la expropiación, el
precio del bien y las condiciones de pago” (17).
Así las cosas, se tiene que una vez la administración expide la
resolución de expropiación, finiquita la etapa de negociación para
dar lugar al proceso expropiatorio propiamente dicho.
Por último, la tercera etapa inicia con la expedición de un nuevo acto
administrativo por parte de la administración —que identifica, entre
otras cosas, el bien expropiado, el valor del precio indemnizatorio y
la forma de pago— el cual tiene como principal efecto que el derecho
de propiedad sobre el bien se traslade a la entidad que decreta la
expropiación, una vez se registre en la oficina de registro de
instrumentos públicos. Si la entidad no realiza el pago de la
indemnización o no acredita su depósito dentro de los términos del
artículo 70 de la Ley 388 de 1997, la decisión de expropiación no
producirá efecto alguno y la entidad deberá surtir nuevamente el
proceso expropiatorio.
Según lo dispone el artículo 71 (18) de la Ley 338 de 1997, en caso
de que el acto expropiatorio sea aquel que se expide para adelantar
la expropiación por vía administrativa, se podrá incoar la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, dentro de los cuatro meses
siguientes a la ejecutoria de la respectiva decisión, ante el Tribunal
Administrativo en cuya jurisdicción se encuentre el inmueble
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expropiado, en primera instancia […]”51 (Negrillas y subrayas fuera
de texto).
Es importante señalar que el acto administrativo que declara el inicio
del proceso de expropiación administrativa, de conformidad con el
artículo 68 de Ley 388 de 1997, debe contener lo siguiente:
“[…] Artículo 68º.- Decisión de la expropiación. Cuando
habiéndose determinado que el procedimiento tiene el carácter de
expropiación por vía administrativa, y transcurran treinta (30) días
hábiles contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo de
que trata el artículo 66 de la presente Ley, sin que se haya llegado
a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria contenido en un
contrato de promesa de compraventa, la autoridad competente
dispondrá mediante acto motivado la expropiación administrativa
del bien inmueble correspondiente, el cual contendrá lo siguiente:
1. La identificación precisa del bien inmueble objeto de expropiación.
2. El valor del precio indemnizatorio y la forma de pago.
3. La destinación que se dará al inmueble expropiado, de acuerdo
con los motivos de utilidad pública o de interés social que se hayan
invocado y las condiciones de urgencia que se hayan declarado.
4. La orden de inscripción del acto administrativo, una vez
ejecutoriado en la correspondiente Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos, para los efectos de que se inscriba la
transferencia del derecho de dominio de su titular a la entidad que
haya dispuesto la expropiación.
5. La orden de notificación a los titulares de derecho del dominio u
otros derechos reales sobre el bien expropiado, con indicación de
los recursos que legalmente procedan en vía gubernativa […]”.
Como consecuencia de lo anterior, la entidad estatal debe cumplir
con todos los requerimientos establecidos en la ley para adelantar el
proceso de expropiación por vía administrativa y poder reconocer
valor indemnizatorio a los propietarios de los predios a expropiar.
51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
21 de enero de 2016, número único de radicación 05001-23-31-000-2002-04925-01,
consejera ponente María Claudia Rojas Lasso.
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V.4.4.- Compraventa de inmuebles
Las entidades estatales, para la fecha de los hechos, podían realizar
los procesos de contratación de manera directa, de conformidad con
el artículo 24, numeral 1, literal e), de la Ley 80, así:
“[…] Artículo 24º.- Del principio de Transparencia. En virtud
de este principio:
1º La escogencia del contratista se efectuará siempre a través de
licitación o concurso público, salvo en los siguientes casos en los que
se podrá contratar directamente:
(…)
e) Arrendamiento o adquisición de inmuebles […]” (Negrillas
y subrayas fuera de texto).
De igual forma, los artículos 3252 y 4053 ídem, fijan las bases de los
contratos estatales, dentro de las cuales se faculta a las entidades
para adquirir inmuebles con base en el régimen de derecho privado,
pudiendo incluir las modalidades, condiciones y, en general, las
estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes,
siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden
público y a los principios y finalidades de la buena administración; su
perfeccionamiento y ejecución se reguló en el artículo 4154 ídem.
52 “[…] Artículo 32. De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente
estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del
ejercicio de la autonomía de la voluntad […]”
53 “[…] Artículo 40. Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los
contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en
esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los
contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento
de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse
las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes
consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la
ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena
administración […]”.
54 “[…] Artículo 41. Del Perfeccionamiento del Contrato. Los contratos del Estado se
perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve
a escrito. Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia
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Por lo anterior, para la ejecución del contrato de compraventa, éste
debe cumplir con los requisitos de perfeccionamiento, en especial con
la expedición previa del respectivo registro presupuestal, de
conformidad con lo manifestado por la Corporación55.
V.4.5.- Compensación por construcción de obras públicas
La Sala procede a analizar en qué eventos es posible el
reconocimiento de una compensación por construcción de obras
públicas, acudiendo a lo establecido en el artículo 12856 de Ley 388,
de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la
contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la
ley orgánica del presupuesto […]”.
55 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de
5 de octubre de 2005, radicado núm. AP-01588, consejero ponente Ramiro Saavedra
Becerra, señaló lo siguiente:
“[…] Por ministerio de la ley, entonces, en el derecho colombiano el contrato estatal es
solemne o formal (art. 1500 del Código Civil) y no consensual. Su perfeccionamiento sólo
tiene lugar mediante el lleno de la forma escrita prevista por la ley 80 y el registro
presupuestal ordenado por las normas orgánicas de presupuesto; la manifestación de la
voluntad se sujeta a un modelo preestablecido por el legislador, el cual constituye la
fisonomía del negocio jurídico. O lo que es igual, sin el lleno de estos requisitos los
contratos estatales no quedan perfeccionados y por tanto no pueden ser
ejecutados. No basta, entonces, el simple acuerdo de voluntades, sino que es
preciso que la expresión del consentimiento se haga a través de ese canal previsto
por la ley: debe constar por escrito y debe contar con el respectivo registro
presupuestal y la inobservancia de esas solemnidades especiales “impide el nacimiento de
cualquier efecto contractual”, y por lo mismo carece de relevancia jurídica al quedar por
fuera del derecho […]” (Negrillas y subrayas fuera del texto).
56 “[…] Artículo 128º.- Compensaciones por obras públicas. Cuando con la
construcción de una obra pública, se lesione el patrimonio de un particular habrá lugar a
compensaciones siempre y cuando los particulares afectados sean vecinos colindantes de la
obra, soliciten al municipio su compensación y demuestren que con ella se lesiona su
patrimonio de forma permanente, en los términos que establece esta Ley y su reglamento.
Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-
1074 de 2002.
La lesión en el patrimonio está expresada en el menor valor de los inmuebles afectados por
la construcción de la obra pública, siempre y cuando la diferencia entre el valor del inmueble
al momento de solicitar la compensación y el valor de la última transacción inmobiliaria
previa a la realización de la obra, actualizado con el índice de precios al consumidor para
empleados, sea superior al treinta por ciento (30%).Texto subrayado declarado EXEQUIBLE
por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1074 de 2002.
El monto de la compensación podrá ser pagado en dinero, en títulos valores de derechos de
construcción y desarrollo, en pagarés de reforma urbana, o a través de descuentos del
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que prevé los requisitos para que un particular pueda obtener dicha
compensación, así: (i) el solicitante debe ser vecino del predio donde
se realiza la obra pública, (ii) el predio debe sufrir una afectación en
el valor comercial, entre el momento de la última transacción
inmobiliaria y la solicitud de compensación, y (iii) la afectación
patrimonial debe ser superior al 30% de su valor comercial.
Al respecto la Corte Constitucional, en sentencia C-1074 de 4 de
diciembre de 2002, se pronunció sobre los alcances del artículo 128
ibidem, en los siguientes términos:
“[…] 5.3. La posibilidad del particular de obtener
compensación sin necesidad de acudir a la jurisdicción
contencioso administrativa. Exequibilidad de la norma
acusada.
(…)
Ahora bien, la Corte encuentra que estas limitaciones no están
dirigidas a regular la demanda por reparación de daños que
interponga un particular afectado por una obra pública. Su objeto
es diferente: Las solicitudes para que la administración municipal
compense directamente el daño causado, sin que el interesado
tenga necesidad de acudir al procedimiento contencioso
administrativo.
Como la administración municipal prevé que la obra causará unos
perjuicios, dispone de unos recursos a ser incluidos en el
presupuesto de la misma, únicamente para casos específicos en los
cuales elementos tales como el valor de los daños causados
y el perjudicado pueden ser determinados de una manera
manifiesta. Es por esto que pueden solicitar la compensación los
vecinos colindantes de una obra (lo cual los convierte en sujetos
pasivos fácilmente identificables), y exclusivamente pueden hacerlo
ante un daño significativo y cuantificable por la notoria
diferencia del valor patrimonial del inmueble.
Adicionalmente, la norma dispone que sólo pueden solicitar
tal compensación los afectados que muestren que el daño
patrimonial al inmueble es mayor al 30% de su valor. Así, el
legislador dispone que únicamente las personas que sufren
impuesto predial. Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-1074 de 2002 […]”.
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un daño de tal magnitud soportan claramente una ruptura
de la igualdad en las cargas públicas, lo que justifica tanto el
reclamo de una compensación dirigido directamente a la
administración municipal, sin necesidad de acudir a la
jurisdicción contencioso administrativa, como que ésta
reconozca el perjuicio y pague la compensación
correspondiente.
Si el particular no se encuentra dentro de los presupuestos
requeridos por el artículo 128 demandado, vgr. sufre daños que
no disminuyen el valor del inmueble en 30%, no es vecino
colindante de la obra o los perjuicios sufridos por él se
manifiestan a partir de factores distintos de la disminución
del valor patrimonial del inmueble, puede acudir al juez
contencioso para que en vía jurisdiccional decida si en el
caso particular el Estado debe indemnizar.
Aclarado el alcance de la norma, se aprecia que el artículo 128 de la
Ley 388 de 1997 no excluye la posibilidad de demandar por vía
judicial la indemnización de los daños causados por la
administración, cuando no se reúnan las condiciones para que
pueda operar la compensación administrativa directa […]” (Negrillas
y subrayas fuera de texto).
V.4.6.- Cargo relativo al desconocimiento del derecho de
audiencias y defensa de los actos acusados
El régimen probatorio en el proceso de responsabilidad fiscal se
encuentra previsto en los artículos 22 a 32 y 51 de la Ley 610, los
cuales dan cuenta de la esencia del derecho al debido proceso, tales
como la necesidad de la prueba para demostrar la responsabilidad,
la libertad probatoria, la apreciación integral de las pruebas, el
decreto y práctica de pruebas y la oportunidad para controvertirlas.
Por su parte, el artículo 51 de la Ley 610 facultó al funcionario
competente que tramita el proceso de responsabilidad fiscal para
decretar de oficio las pruebas que considere pertinentes y
conducentes, en aras de determinar fehacientemente la existencia
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del daño patrimonial y de la responsabilidad del investigado, en
concordancia con lo dispuesto por el artículo 23 ídem, así:
“[…] Artículo 51. Decreto y práctica de pruebas. Vencido el
término anterior, el funcionario competente ordenará mediante auto
la práctica de las pruebas solicitadas o decretará de oficio las que
considere pertinentes y conducentes, por un término
máximo de treinta (30) días. El auto que decrete o rechace las
pruebas deberá notificarse por estado al día siguiente de su
expedición.
Contra el auto que rechace la solicitud de pruebas procederán los
recursos de reposición y apelación; esta última se concederá en el
efecto diferido. Los recursos deberán interponerse dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación, en la forma prevista en el
Código Contencioso Administrativo […]” (Negrillas y subrayas fuera
de texto).
En el caso concreto, la iniciación formal del proceso de
responsabilidad fiscal, a través del auto de apertura núm. 073 de 28
de mayo de 2007, fue notificada personalmente al actor el 30 de julio
de 2007, reunió los requisitos de que trata el artículo 41 de la Ley
610, especialmente en lo que respecta al decreto de las pruebas
conducentes y pertinentes y citó al presunto responsable a diligencia
de exposición libre y espontánea, en la que el actor solicitó la práctica
de pruebas que fueron resueltas por la entidad de manera oportuna,
debidamente notificadas.
La CGR decretó de oficio la práctica de unas pruebas, decisión que
fue notificada en oportunidad y el auto de imputación de cargos se
notificó personalmente al señor JAIME DE JESÚS MERLANO
FERNÁNDEZ, quien en su escrito de defensa solicitó la práctica de
varias pruebas, petición que fue resuelta y notificada. Luego el ente
de control expidió los autos núms. 0228 de 11 de noviembre de 2008,
073 de 24 de marzo de 2009, 166 de 21 de julio de 2009, 182 de 4
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de agosto de 2009 y 269 de 16 de octubre de 2009, a través de los
cuales decretó de oficio la práctica de pruebas, decisiones que fueron
notificadas por estado.
Contrario a lo sostenido por el apelante, el trámite surtido en el
proceso de responsabilidad fiscal sí se ajustó a los presupuestos que
lo regulan, teniendo en cuenta que al actor se le garantizaron los
términos previstos en la Ley 610 para cada una de las etapas del
juicio fiscal, como también se le otorgó la posibilidad de ejercer su
derecho de defensa y de controvertir las actuaciones de la CGR a
través de los recursos otorgados.
Cada prueba allegada a la actuación fue debidamente decretada y
puesta en conocimiento del investigado, quien en ningún caso
manifestó su inconformidad al respecto, para lo cual debe precisarse,
por demás, que las pruebas que evidenciaron tanto la existencia del
daño patrimonial causado al Estado como la responsabilidad del
implicado en los hechos, no tenían que corresponder,
exclusivamente, a aquellas recaudadas en la etapa preliminar de
elaboración del Hallazgo Fiscal núm. 002 de 23 de febrero de 2007,
de conformidad con lo determinado por el artículo 51 de la Ley 610.
De ahí que no resulte cierto que los actos acusados hubiesen
vulnerado los principios de necesidad de la prueba, de su apreciación
integral y de contradicción, de que tratan los artículos 22, 26 y 32 de
la Ley 610, en concordancia con el artículo 23 de igual codificación,
y el artículo 29 de la Carta Política, pues la Sala pudo constatar, como
quedó expuesto, que la configuración del daño y la atribución de
responsabilidad fiscal se hicieron con fundamento en un conjunto de
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pruebas, -allegadas al expediente por el actor, el órgano de control
y decretadas de oficio-, debidamente recaudadas y oportunamente
controvertidas, sin pretermitirse etapas u oportunidades violatorias
del debido proceso, derecho de audiencias y defensa del
demandante.
V.4.7.- Cargo relativo a la falsa motivación de los actos
acusados
El apelante, en síntesis, esgrimió los siguientes argumentos en este
cargo: indicó que el análisis del fallo de responsabilidad controvertido
partió de una premisa falsa, relativa a que el predio adquirido no era
el establecido en el POT para la construcción de la laguna de
oxidación en el municipio de Sincelejo (Sucre).
Agregó que los actos acusados contienen una errónea interpretación
con relación a la procedencia de indemnizar al vendedor en la etapa
de enajenación voluntaria; que el monto de la indemnización debe
ser justo y equitativo, así no sea pleno, y puede coincidir con el
avalúo comercial, pero éste no debe ser el único factor a tener en
cuenta; y que los actos demandados no tuvieron en cuenta con los
elementos necesarios para atribuir responsabilidad fiscal, por
inexistencia de daño y culpa grave.
Con fundamento en las actuaciones que surtieron tanto el Concejo
Municipal de Sincelejo (Sucre) como la administración de ese ente
territorial para la adquisición de un área del predio de propiedad de
la sociedad INVERSIONES MUNDO NUEVO S.A. y VERTAMAR
S.A., con el fin de construir allí la laguna de oxidación del municipio,
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las que fueron debidamente analizadas y discriminadas por la Sala,
como arriba se dejó constancia, se observa que desde la expedición
del Acuerdo núm. 001 de 24 de abril de 2002 y hasta el rechazo de
la demanda de expropiación presentada por el municipio de Sincelejo
(Sucre), se había iniciado y se venía adelantando un proceso de
expropiación judicial que no culminó con sentencia judicial
constitutiva del título.
La imposibilidad de haberse llevado a cabo una expropiación judicial
en los términos previstos por el municipio de Sincelejo (Sucre), no
constituía impedimento para el ente territorial, como al parecer lo
sugiere la CGR en el fallo de responsabilidad fiscal, de adelantar un
nuevo trámite a fin de lograr la adquisición de un bien inmueble
destinado con fines de utilidad pública que además contaba con una
condición de urgencia.
En efecto, con el Acuerdo núm. 006 de 17 de julio de 2003, se decidió
dar inicio, esta vez, a un proceso de expropiación, ya no judicial sino
administrativa, pues no obstante la confusión en la terminología
usada para referirse a una y otra, tal conclusión se deriva del hecho
de que el predio hubiera sido declarado de utilidad pública con fines
de expropiación y que, además, existiera un criterio para la
declaratoria de urgencia en los términos del artículo 65 de la Ley 388.
Se observa, a partir de lo anterior, que la decisión del cabildo
municipal de Sincelejo (Sucre), consistió en:
• Declarar el referido inmueble de utilidad pública con fines de
expropiación para la construcción de la laguna de oxidación.
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• Declarar que esa construcción de la laguna de oxidación tiene
condición de urgencia.
• Autorizar al alcalde municipal de Sincelejo para
adelantar el proceso de adquisición por negociación directa
y de expropiación administrativa.
Los motivos de utilidad pública, por su parte, están regulados en el
artículo 58 de la Ley 388, así:
“[…] Artículo 8º. Acción urbanística. La función pública del
ordenamiento del territorio local se ejerce mediante la acción
urbanística de las entidades distritales y municipales, referida a las
decisiones administrativas y a las actuaciones urbanísticas que les
son propias, relacionadas con el ordenamiento del territorio y la
intervención en los usos del suelo. Son acciones urbanísticas, entre
otras:
(…)
10. Expropiar los terrenos y las mejoras cuya adquisición se
declare como de utilidad pública o interés social, de
conformidad con lo previsto en la ley […]” (Negrillas y subrayas
fuera de texto).
“[…] Artículo 58. Motivos de utilidad pública. El artículo 10 de
la Ley 9º de 1989, quedará así:
Para efectos de decretar su expropiación y además de los
motivos determinados en otras leyes vigentes se declara de
utilidad pública o interés social la adquisición de inmuebles
para destinarlos a los siguientes fines:
a) Ejecución de proyectos de construcción de infraestructura social
en los sectores de la salud, educación, recreación, centrales de
abasto y seguridad ciudadana;
b) Desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, incluyendo
los de legalización de títulos en urbanizaciones de hecho o ilegales
diferentes a las contempladas en el artículo 53 de la Ley 9º de 1989,
la rehabilitación de inquilinatos y la reubicación de asentamientos
humanos ubicados en sectores de alto riesgo;
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c) Ejecución de programas y proyectos de renovación urbana y
provisión de espacios públicos urbanos;
d) Ejecución de proyectos de producción, ampliación,
abastecimiento y distribución de servicios públicos domiciliarios;
e) Ejecución de programas y proyectos de infraestructura vial y de
sistemas de transporte masivo;
f) Ejecución de proyectos de ornato, turismo y deportes;
g) Funcionamiento de las sedes administrativas de las entidades
públicas, con excepción de las empresas industriales y comerciales
del Estado y las de las sociedades de economía mixta, siempre y
cuando su localización y la consideración de utilidad pública estén
claramente determinados en los planes de ordenamiento o en los
instrumentos que los desarrollen;
h) Preservación del patrimonio cultural y natural de interés nacional,
regional y local, incluidos el paisajístico, ambiental, histórico y
arquitectónico;
i) Constitución de zonas de reserva para la expansión futura de las
ciudades;
j) Constitución de zonas de reserva para la protección del medio
ambiente y los recursos hídricos;
k) Ejecución de proyectos de urbanización y de construcción
prioritarios en los términos previstos en los planes de ordenamiento,
de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley;
l) Ejecución de proyectos de urbanización, redesarrollo y renovación
urbana a través de la modalidad de unidades de actuación,
mediante los instrumentos de reajuste de tierras, integración
inmobiliaria, cooperación o los demás sistemas previstos en esta
ley;
m) El traslado de poblaciones por riesgos físicos inminentes […]”.
“[…] Artículo 63. Motivos de utilidad pública. Se considera que
existen motivos de utilidad pública o de interés social para expropiar
por vía administrativa el derecho de propiedad y los demás derechos
reales sobre terrenos e inmuebles, cuando, conforme a las reglas
señaladas por la presente ley, la respectiva autoridad administrativa
competente considere que existen especiales condiciones de
urgencia, siempre y cuando la finalidad corresponda a las señaladas
en las letras a), b), c), d), e), h), j), k), l) y m) del artículo 58 de la
presente ley.
Igualmente se considera que existen motivos de utilidad pública
para expropiar por vía administrativa cuando se presente el
incumplimiento de la función social de la propiedad por parte del
adquirente en pública subasta, de los terrenos e inmuebles objeto
del procedimiento previsto en el capítulo Vl de la presente ley […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
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Precisamente, la condición de urgencia está prevista en aras de
autorizar la expropiación administrativa de ciertos inmuebles, por lo
que se ubica como una herramienta al interior del capítulo relativo a
expropiación administrativa, así.
“[…] Artículo 64. Condiciones de urgencia. Las condiciones de
urgencia que autorizan la expropiación por vía
administrativa serán declaradas por la instancia o autoridad
competente, según lo determine el concejo municipal o
distrital, o la junta metropolitana, según sea el caso, mediante
acuerdo. Esta instancia tendrá la competencia general para todos
los eventos.
Artículo 65. Criterios para la declaratoria de urgencia. De
acuerdo con la naturaleza de los motivos de utilidad pública o interés
social de que se trate, las condiciones de urgencia se referirán
exclusivamente a:
1. Precaver la elevación excesiva de los precios de los inmuebles,
según las directrices y parámetros que para el efecto establezca el
reglamento que expida el Gobierno Nacional.
2. El carácter inaplazable de las soluciones que se deben
ofrecer con ayuda del instrumento expropiatorio.
3. Las consecuencias lesivas para la comunidad que se
producirían por la excesiva dilación en las actividades de
ejecución del plan, programa, proyecto u obra.
4. La prioridad otorgada a las actividades que requieren la utilización
del sistema expropiatorio en los planes y programas de la respectiva
entidad territorial o metropolitana, según sea el caso […]” (Negrillas
y subrayas fuera de texto).
Fue por estas específicas razones, que el Concejo Municipal de
Sincelejo (Sucre) autorizó al alcalde municipal para realizar, en
concreto, la negociación directa y de expropiación por vía
administrativa del referido inmueble. La corporación territorial,
no en vano, ya había declarado de utilidad pública las citadas
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hectáreas y con carácter de urgencia la construcción de la laguna de
oxidación, que es una obra con un impacto ambiental de enormes
proporciones, al ser destinada para el tratamiento de aguas servidas.
Es en ese marco fáctico y jurídico que se analizó, que debe
examinarse la actuación desplegada por el alcalde municipal que
resultó declarado fiscalmente responsable por la CGR, toda vez que
tenía el deber de ejecutar el especial mandato impartido por el
Concejo Municipal de Sincelejo (Sucre), acatando y cumpliendo con
el procedimiento prestablecido para tales fines.
La Ley 388, para los efectos, diseñó un procedimiento específico para
el trámite de expropiación administrativa a cargo de la autoridad
competente, cuya iniciación parte de una actuación propia de la
administración, cual es la expedición formal de un acto
administrativo que constituya la oferta de compra, que debe ser
notificado al titular del derecho de propiedad sobre el inmueble que
se requiera, e inscrito por la entidad expropiante en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos dentro de los cinco (5) días
siguientes a su ejecutoria, -artículo 66-.
Se observa que en el asunto bajo examen se pretermitió la totalidad
de los requisitos establecidos en la Ley 388 para dar inicio a la
expropiación por vía administrativa, y que, por el contrario, el
municipio de Sincelejo (Sucre) se valió de un trámite totalmente
diferente e introducido por el ente territorial para obtener la
enajenación voluntaria del bien, que fue la suscripción del convenio
de 29 de septiembre de 2003 y, posteriormente, la firma tanto del
contrato de promesa de compraventa como de la escritura pública de
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compraventa y constitución de servidumbres. Así pues, para la
adquisición del predio no se adelantaron las etapas de oferta,
negociación directa y expropiación propiamente dicha, en los
términos exigidos por la Ley 388.
Lo anterior significa que, conforme lo sostuvo la CGR en los actos
censurados, el pago efectuado por la administración municipal de
Sincelejo (Sucre), a manera de indemnización por los daños
colaterales que se causaren al resto del predio no adquirido, no se
surtió en desarrollo de un trámite de expropiación administrativa,
entendida como la modalidad y no como la etapa propiamente
establecida.
Cabe resaltar que el 22 de diciembre de 2003, la Lonja de Propiedad
Raíz de Sucre presentó los Informes de Avalúo Rural núms. 030-2003
031-2003 por valores de $1.009.429.365 aproximado a
$1.009.430.000, y $18.976.983, respectivamente, discriminados
así:
DESCRIPCIÓN VALOR
Área de 29 hectáreas y 8.915 m2
destinados para la laguna de $344’648.995
oxidación de la ciudad
Área para servidumbre del
alcantarillado y de paso con una
$12’613.820
longitud de 547 m. por 20 m. de
ancho
Valor de los daños que se causen
$6’598.550
por su construcción
Perjuicios consecuenciales,
derivados o colaterales, causados
en el resto del inmueble por la $645’568.000
construcción de una obra de estas
características
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VALOR TOTAL AVALÚO $1.009’429.365
Por aproximación $1.009’430.000
DESCRIPCIÓN VALOR
Área para servidumbre del
alcantarillado con una longitud de $7’853.083
973 m. por 10 m. de ancho
Valor de los daños que se causen
$647.300
por su construcción
Valor de la indemnización por
ocupación de hecho, a causa de
haber ocupado los terrenos con
tubos para la futura servidumbre. $10’476.600
Área: 3 hectáreas más 2.120 m2.
Fecha de inicio de la ocupación:
mes de julio del año 2001
VALOR TOTAL AVALÚO $18’976.983
Fue así como el 19 de marzo de 2004, ante la Notaría Tercera de
Sincelejo (Sucre), INVERSIONES MUNDO NUEVO S.A. e
INVERSIONES VERTAMAR S.A. y el municipio de Sincelejo
(Sucre), suscribieron la Escritura Pública de Compraventa núm. 180,
a través de la cual las primeras vendieron al segundo parte de un
globo de terreno de su propiedad, identificado con la ficha catastral
núm. 00-02-007-005-000 e inscrito en las matrículas inmobiliarias
núm. 340-84627 y 340-6688, con una extensión de 29 hectáreas
más 8.915 m2, por valor de $344.648.995; al tiempo que
constituyeron a favor del ente territorial dos servidumbres
voluntarias de tránsito para dar acceso al terreno vendido por valor
de $20.466.903.
Adicional a lo anterior, se pactaron las siguientes indemnizaciones:
i) por los daños que se causaren en el resto de la propiedad con la
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construcción de las servidumbres de tránsito en las que enterrarán
los tubos de conducción de aguas servidas hasta la laguna de
oxidación, un valor de $7.245.850; ii) por los daños que se causaron
en el predio a causa de la ocupación de los terrenos con los tubos
para la construcción de la futura servidumbre, la suma de
$10.476.600; y iii) por los daños consecuenciales, derivados o
colaterales que se causaran al resto de la propiedad de los
vendedores con ocasión de la construcción de la laguna de oxidación,
en un monto de $645.568.000. El total de la venta, constitución de
servidumbres e indemnizaciones ascendió a la suma de
$1.028’405.748.
En efecto, tanto la Ley 388, como su Decreto reglamentario 1420 de
1998, vigente para la época de los hechos, y el Decreto 2150 de 5
de diciembre de 199557, señalan todas las normas, procedimientos,
parámetros y criterios para la elaboración de los avalúos por los
cuales se debe determinar el valor comercial de los bienes inmuebles
para la ejecución de eventos, entre otros, como la enajenación
voluntaria, expropiación por vía administrativa y determinación de la
compensación por afectación por obra pública. Una vez revisadas, se
evidencian etapas, requisitos y componentes que redundan
directamente en la averiguación, formación y determinación final del
valor comercial del inmueble objeto de compraventa que, por la
misma razón, no podían obviarse.
Acierta la CGR cuando echa de menos y reclama el cumplimiento de
esta normatividad que, a diferencia de otras situaciones, es definitiva
57 “[…] Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites
innecesarios existentes en la Administración Pública […]”.
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y determinante en la formación del precio por el cual debía ser
enajenado el inmueble para la adaptación de la laguna de oxidación
en el municipio de Sincelejo (Sucre), específicamente en lo que
se relaciona con la indemnización por concepto de daños
consecuenciales, derivados o colaterales que se causaren a
estos vendedores del predio donde se iba a construir la laguna
de oxidación de ese municipio, por valor de $645.568.000,
monto sobre el que recayó, exclusivamente, la responsabilidad fiscal.
La CGR encontró probado que el señor JAIME DE JESÚS MERLANO
FERNÁNDEZ generó un daño al Estado por valor de $645.568.000,
al reconocer y pagar una indemnización por daños consecuenciales,
derivados o colaterales que se causaren a los vendedores del predio
donde se iba a construir una laguna de oxidación, en contravía de las
normas jurídicas aplicables, que no prevén la posibilidad de pagar
valores de indemnización sin que medie una expropiación
administrativa o judicial.
Ninguna de estas normas se observó ni siguió en aras de construir el
valor indemnizatorio del negocio efectuado, por lo que el avalúo
contratado con la Lonja de Propiedad Raíz de Sucre, al no ser el
producto de lo dispuesto en la normatividad especializada, ni resulta
un dictamen idóneo para cumplir los cometidos del concejo municipal
ni tiene la capacidad de otorgar las garantías necesarias para
alcanzar unos resultados por válidos y ajustados.
Lejos de ser una mera desatención de las normas aplicables del
Decreto reglamentario 1420 de 1998, sin consecuencias en el ámbito
fiscal, el alcalde municipal cometió una omisión trascendental que
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impidió la formación correcta del valor de avalúo inmobiliario, lo que
claramente tiene alcances del orden fiscal. En este caso concreto, la
sola circunstancia del incumplimiento de la normatividad aplicable,
que prevé los elementos para calcular el eventual precio
indemnizatorio o determinar la compensación por afectación por obra
pública, impiden tener correctamente fundado el valor de
$645.568.000 que la Lonja determinó como tal.
La administración municipal se encontraba obligada al seguimiento
de los requisitos dispuestos para la enajenación voluntaria o la
expropiación administrativa frente a la eventualidad de no lograr un
acuerdo en el plazo señalado, procedimientos que cuentan con una
serie de etapas concatenadas que debieron agotarse para dar
cumplimiento a los fines esenciales del Estado y a los principios que
irradian la función administrativa. No obstante, se repite, la
compraventa del predio se realizó por parte del alcalde municipal de
Sincelejo (Sucre), en su condición de gestor fiscal, sin sujetarse al
procedimiento de enajenación voluntaria y sin agotar las etapas
previstas en la Ley.
De hecho, en el peritaje de la Lonja ni siquiera se estableció que la
afectación al valor comercial del predio hubiese ascendido a más del
30% requerido, -siguiéndose para ello la fórmula legalmente
determinada-, que hiciera viable el pago de la indemnización por
perjuicios consecuenciales, derivados o colaterales, tal como lo exige
el pluricitado artículo 128 de la Ley 388 al señalar que: “[…] La lesión
en el patrimonio está expresada en el menor valor de los inmuebles
afectados por la construcción de la obra pública, siempre y cuando
la diferencia entre el valor del inmueble al momento de
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solicitar la compensación y el valor de la última transacción
inmobiliaria previa a la realización de la obra, actualizado con
el índice de precios al consumidor para empleados, sea
superior al treinta por ciento (30%) […]”, cuestión que, por
demás, tampoco fue demostrada durante el proceso.
En efecto, la figura de la compensación por obras públicas se
encuentra prevista en el artículo 128 de la Ley 388, para aquellos
casos en los cuales la construcción de una obra pública genere lesión
al patrimonio de un particular, esto es, opera una vez ha ocurrido la
construcción de la obra, -no desde antes como en el asunto bajo
examen, en el que además tampoco se probó su construcción-, y el
plazo máximo para presentar la solicitud de compensación por obra
pública es de dos (2) años contados a partir de la finalización de la
obra, transcurrido el cual no hay lugar a la compensación de que
trata esa ley.
Finalmente, uno de los argumentos que llevó a la CGR a proferir el
fallo con responsabilidad fiscal se justificó en el hecho de que el
predio afectado con la declaratoria de utilidad pública no se
encontraba en un uso del suelo permitido por el POT, lo que motivó
a que se expidiera el Acuerdo núm. 019 de 2004 de ese municipio,
norma que fue declarada nula por el Tribunal Administrativo de Sucre
y, posteriormente, confirmada por esta Sección mediante sentencia
de 24 de mayo de 2012 (número único de radicación
70001233100020050054602, consejera ponente María Elizabeth
García González), es decir, que en dicho predio, -afectado con la
declaratoria de utilidad pública-, no estuvo habilitado el uso para la
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construcción de la laguna de oxidación destinada para el tratamiento
de aguas residuales.
Bajo el anterior entendimiento, se configura la lesión cierta y
determinada del patrimonio público que reclama la CGR en el fallo
de responsabilidad fiscal, representada en el menoscabo,
disminución o detrimento de los recursos del Estado, pues es
evidente la improcedencia de reconocer y pagar una indemnización
no sólo por fuera del marco normativo de un proceso de expropiación
judicial o administrativa, sino además en una etapa diferente a la
debida.
Teniendo en cuenta que en este caso el señor JAIME DE JESÚS
MERLANO FERNÁNDEZ, en su calidad de alcalde del municipio de
Sincelejo (Sucre), desconoció de manera directa las normas que
regulaban el trámite para expropiar administrativamente un bien e
indemnizar al particular afectado, su actuación se enmarca como
gravemente culposa. Resulta innegable, además, que el daño
patrimonial aludido fue producto de la gestión fiscal antieconómica,
ineficaz, ineficiente e inoportuna del accionante, pues en su calidad
de alcalde del municipio de Sincelejo (Sucre), reconoció y pagó una
indemnización con inobservancia absoluta de las normas que
regulaban el procedimiento de expropiación por vía administrativa.
V.4.8.- Cargo relativo a la expedición irregular de los actos
acusados
En este punto, debe advertirse que la conducta gravemente culposa
que reprochó la CGR y de la cual derivó el detrimento patrimonial al
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Estado, se predicó únicamente del actor y no de otro funcionario que
ejerciera gestión fiscal, razón por la cual no le era exigible a la
demandada la integración de un litisconsorcio para poder adelantar
el proceso de responsabilidad fiscal, como lo pretende el
demandante, y menos aún ello implica la expedición irregular de los
actos acusados o su consecuente nulidad. Se insiste en que el debido
proceso del actor no fue quebrantado en el proceso de
responsabilidad fiscal adelantado, tal como se explicó, razón que
impone desestimar los argumentos de inconformidad del apelante.
V.5.- Por último, se tendrá al doctor ANDERSON ENRIQUE JAIMES
PARADA como apoderado de la CGR, de conformidad con el poder
y los documentos anexos visibles a folios 17 a 19 del cuaderno del
recurso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
R E S U E L V E:
PRIMERO: REVOCAR el artículo primero de la sentencia de 16 de
julio de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas y,
en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda contra el Auto
núm. 0166 de 13 de mayo de 2010 y Fallo Con
Responsabilidad Fiscal núm. 000072 de 20 de agosto de 2010,
proferidos por la CGR, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.
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SEGUNDO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia apelada.
TERCERO: TENER al doctor ANDERSON ENRIQUE JAIMES
PARADA como apoderado de la CGR, de conformidad con el poder
y los documentos anexos visibles a folios 17 a 19 del cuaderno del
recurso.
CUARTO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y
aprobada por la Sala en la sesión del día 31 de julio de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
Salva voto
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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