Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 70001-23-31-000-2011-02062-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 70001-23-31-000-2011-02062-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 70001-23-31-000-2011-02062-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
7 de febrero de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 70001-23-31-000-2011-02062-01 (71.274)
Actor: LUZ STELLA CORREA OCHOA
Demandada: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – DEFECTUOSO
FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA – PÉRDIDA DE PROCESO EJECUTIVO
Síntesis del caso: se formula el medio de control judicial de reparación directa por defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, la demandante afirma que con ocasión del
levantamiento de unas medidas cautelares y el extravío de un expediente correspondiente a
un proceso ejecutivo singular de mayor cuantía dejó de cobrar un título valor. La Sala revoca
la sentencia de primera instancia que declaró la responsabilidad patrimonial extracontractual
de la demandada.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Nación – Rama Judicial1 en
contra de la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2019 por el Tribunal
Administrativo de Sucre 23 mediante la cual se dispuso lo siguiente:
“PRIMERO: DECLÁRASE a la Nación - Rama Judicial, administrativa y
patrimonialmente responsable de los daños causados a la señora Luz Stella
Correa Ochoa, por lo dicho en la parte motiva.
SEGUNDO: Como consecuencia de la declaración anterior, CONDÉNASE
a la Nación - Rama Judicial, a pagar por concepto de Perjuicios Materiales
la suma de Cuarenta y Cuatro Millones Doscientos Treinta y Siete Mil
Ochenta (sic) Cuatrocientos Treinta y Tres Pesos con Treinta y Dos
Centavos ($44.237.433,32), por lo expuesto en la parte motiva.
TERCERO: Se niegan las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: Las sumas reconocidas serán ajustadas en los términos del
articulo 178 del C.C.A.
1 Documento “042RecursoApelacion” índice 3 SAMAI de la primera instancia.
2 Documento “040SentenciaPrimeraInstancia”, índice 3 SAMAI de la primera instancia.
3 Este tribunal recibió este proceso proveniente del Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar con
ocasión del plan de descongestión ejecutado en el año 2014 dispuesto por el Consejo Superior de la
Judicatura.
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Expediente 70001-23-31-000-2011-02062-01 (71.274)
Actor: Luz Stella Correa Ochoa
Reparación directa
Apelación sentencia
QUINTO: La Nación - Rama Judicial, dará cumplimiento a lo dispuesto en
este fallo, dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del
C.C.A.
SEXTO: NIÉGASE la condena en costas.” (fls. 23 a 24 del PDF
“040SentenciaPrimeraInstancia”, índice 3 SAMAI de la primera instancia” -
cdno. apelación – negrillas y mayúsculas fijas del texto original).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito presentado el 23 de mayo de 2011 4, la señora Luz Stella Correa
Ochoa, por intermedio de aportado judicial, promovió demanda de reparación directa
consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo en contra de la
Nación – Rama Judicial 5 con las siguientes súplicas:
“PRIMERA: Que se declare administrativa y patrimonialmente responsable
a LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL, de los perjuicios causados con ocasión
de la falla y defectuosa prestación del servicio de Administración de Justicia,
de la cual es víctima LUZ STELLA CORREA OCHOA dentro del proceso
ejecutivo singular de mayor cuantía promovido contra los Señores
ALBERTO SIERRA VALVERDE Y ADRIANA PINEDA ARIAS, con el
objetivo de hacer efectiva una letra de cambio por la suma de TREINTA
MILLONES DE PESOS ($30.000.000.00) M/cte, demanda que por reparto
correspondió su conocimiento al JUZGADO TERCERO CIVIL DEL
CIRCUITO DE SINCELEJO, donde se radicó bajo el Número 2000 - 00052
– 00
SEGUNDA: Como consecuencia de la declaración anterior, se condene a
LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL, a pagar a mi poderdante los daños
materiales causados en sus distintas variantes, así:
1.- DAÑO EMERGENTE. Se condene a LA NACIÓN -RAMA JUDICIAL, a
pagar a mi poderdante LUZ STELLA CORREA OCHOA la cantidad de
TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000.), indexados a la fecha de
pago, que corresponde al capital cobrado dentro del proceso ejecutivo
perdido en el Juzgado TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE SINCELEJO.
2.- LUCRO CESANTE: Se condene a pagar una suma no inferior a
OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($84.000.000.oo) producto
de los intereses dejados de percibir por mi mandante, liquidados a la tasa
del dos por ciento ( 2% ) desde que la obligación se hizo exigible, 10 de
septiembre de 1999 liquidados hasta el día 10 de mayo de 2011, es decir
140 meses, más los intereses que se sigan causando hasta la fecha de la
sentencia y/o de pago total.
4 Fl. 10 del PDF “001Demanda”, índice 3 SAMAI de la primera instancia.
5 Fls. 1 a 10 del PDF “001Demanda”, índice 3 SAMAI de la primera instancia.
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Expediente 70001-23-31-000-2011-02062-01 (71.274)
Actor: Luz Stella Correa Ochoa
Reparación directa
Apelación sentencia
3.- PERJUICIOS MORALES: CIEN (100) salarios mínimos mensuales para
la demandante.
4.- PERJUICIOS DE DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN Y/O DE
ALTERACIÓN EN LAS CONDICIONES DE EXISTENCIA: CIEN (100)
salarios mínimos mensuales para la demandante.
TERCERA: La parte demandada deberá dar cumplimiento a la sentencia
que se dicte de conformidad con los artículos 176 y 177 del C.C.A.
CUARTA: Que en virtud de esta demanda se condene a LA NACIÓN -RAMA
JUDICIAL, a pagar las costas que genere el presente proceso y las agencias
en derecho, en la cuantía que resulte de las bases que se prueben en el
curso del proceso, o de la propia liquidación que razonablemente estime
realizar ese despacho.
QUINTA: Que el valor de las condenas aquí señaladas, se actualice al
ejecutoriarse la sentencia, con base en el índice de precios al consumidor
(IPC), según certifique el Departamento Nacional de Estadísticas, DAÑE,
para compensar la pérdida del valor adquisitivo de la moneda (C.C.A.,
artículo 178).
SEXTA: Se ordene que de la sentencia condenatoria se expida copia
autenticada, con la constancia de ejecutoria, ser primera copia y de prestar
mérito ejecutivo, y copia autenticada de poder con la constancia de estar
vigentes y no haber sido revocado.” (fls. 5 a 6 del PDF 001Demanda”, índice
3 SAMAI de la primera instancia – negrillas y mayúsculas fijas del original).
2. Hechos
Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:
1) El 17 de febrero de 2000, la señora Luz Stella Correa Ochoa a través de endosatario
presentó demanda ejecutiva de mayor cuantía en contra de los señores Alberto Sierra
Valverde y Adriana Pineda Arias con el propósito de hacer efectiva una letra de cambio
por valor de treinta millones de pesos ($30.000.000). El proceso correspondió por
reparto al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sincelejo (Sucre) con número de
radicación 00052 de 2000.
2) El referido juzgado libró mandamiento de pago en contra de los ejecutados y,
mediante autos de fechas de 23 de febrero de 2000 decretó como medidas cautelares,
entre otras, el embargo de tres bienes inmuebles identificados con las matrículas
inmobiliarias números 340-16288; 340-16289 y 340-51375, lo cual se hizo efectivo el
8 de marzo de 2000, tal como se aprecia en cada uno de los certificados de tradición
y libertad correspondientes a cada bien.
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Expediente 70001-23-31-000-2011-02062-01 (71.274)
Actor: Luz Stella Correa Ochoa
Reparación directa
Apelación sentencia
3) En el año 2007, el endosatario de la señora Luz Stella Correa Ochoa quien, a su
vez, es el apoderado de la demandante en el proceso de la referencia, acudió varias
veces al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sincelejo (Sucre) para obtener
información sobre el estado del proceso, sin embargo, los funcionarios de dicho
despacho le informaron que aquel se encontraba extraviado y, por ende, que debía
solicitar su reconstrucción; aspecto que también reiteraron ante los abogados Nerger
Elí Orozco Géez y Jesús Contreras Cúry (compañeros de oficina del mandatario de la
demandante) y el señor Alcalá Segundo Alviz, quien tuvo interés en asumir la
representación judicial de la señora Luz Stella Correa Ochoa.
Asimismo, en el año 2008 el Juez Tercero Civil del Circuito de Sincelejo (Sucre) le
insistió al endosatario de la demandante que solicitara la reconstrucción del
expediente.
4) El 30 de abril de 2010, el apoderado de la señora Luz Stella Correa Ochoa acudió
a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos con el fin de verificar el estado de
las medidas cautelares dictadas en el mencionado expediente no. 2000-0052, no
obstante, en el momento de revisar las matrículas inmobiliarias de los inmuebles
números 340-16288, 340-51375 y 340-16289 evidenció que i) el embargo que pesaba
sobre los dos primeros bienes fue levantado en cumplimiento del oficio no. 0369 del 6
de marzo de 2009 dictado por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sincelejo
(Sucre) y, ii) el embargo del tercer bien, esto es, el identificado con número de
matrícula inmobiliaria 340-16289, se levantó seis (6) meses después en virtud del
oficio no. 2331 del 2 de octubre de 2009 proveniente también del referido juzgado.
Una vez se registraron los desembargos, los ejecutados vendieron los tres inmuebles
en fechas del 26 de marzo de 2009 6, 17 de abril de 2009 7y 16 de octubre del mismo
año 8.
5) La revisión del oficio no. 0369 del 6 de marzo de 2009 evidencia que este
documento se dictó en cumplimiento del auto de la misma fecha, empero, dicho
proveído nunca fue conocido ni notificado a las partes, asimismo, tampoco se sabe la
fecha de su ejecutoria.
6 El inmueble identificado con matrícula inmobiliaria no. 340-51375.
7 El bien identificado con matrícula inmobiliaria no. 340-16288.
8 El identificado con matrícula inmobiliaria no. 340-16289.
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Expediente 70001-23-31-000-2011-02062-01 (71.274)
Actor: Luz Stella Correa Ochoa
Reparación directa
Apelación sentencia
6) Por lo anterior, el 30 de abril de 2010, el apoderado de la demandante acudió al
juzgado y solicitó verificar el expediente, pues, si este se encontraba perdido desde
hacía tres (3) años no se “entendía cómo se había decretado el desembargo de los
bienes, primero en marzo de 2009 y luego en octubre del mismo año” 9; el juez Tercero
Civil del Circuito de Sincelejo (Sucre) le informó al abogado que el desembargo se
decretó como consecuencia de un auto de septiembre de 2009 en el cual “se decretó
la perención del proceso, según una notificación por estado que se puso de presente,
sin que fuera posible mostrar el expediente ni la copia del auto de perención, pues el
expediente no aparecía” 10.
7) En todo caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1285 de
2009 se requieren de seis (6) meses de inactividad para decretar la perención del
proceso y, desde el 6 de marzo de 2009 -fecha la cual se ordenó el desembargo de
los dos primeros inmuebles- no transcurrió dicho tiempo y aun así, supuestamente,
aquella fue declarada.
8) Con el fin de confirmar la pérdida definitiva del expediente, el apoderado de la
señora Luz Stella Correa Ochoa solicitó una inspección del Consejo Superior de la
Judicatura quien, el 12 de mayo de 2010 verificó el extravío del proceso ejecutivo no.
2000-0052 y constató que en el libro radicador fueron arrancadas las páginas
correspondientes a la fecha de inicio del proceso. La pérdida del proceso fue
denunciada ante la Fiscalía General de la Nación.
9) Se configuró defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en la
medida que i) se dictaron los oficios no. 0369 del 6 de marzo de 2009 y no. 2331 del
2 de octubre de 2009 con sustento en un auto que no fue conocido por la ejecutante
y, ii) el expediente no. 2000-00052 se extravió en manos del Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Sincelejo (Sucre). Las anteriores actuaciones hicieron que la demandante
no pudiera recuperar el pago de la obligación que perseguía 11.
9
Fl. 3 del PDF “001Demanda”, índice 3 SAMAI de la primera instancia.
10 Fl. 3 del PDF “001Demanda”, índice 3 SAMAI de la primera instancia.
11 Fls. 2 a 5 del PDF “001Demanda”, índice 3 SAMAI de la primera instancia.
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Expediente 70001-23-31-000-2011-02062-01 (71.274)
Actor: Luz Stella Correa Ochoa
Reparación directa
Apelación sentencia
3. Contestación de la demandada
1) El Tribunal Administrativo de Sucre, por auto del 10 de agosto de 2011 12 admitió la
demanda y ordenó la notificación personal del representante legal de la entidad
demandada.
2) La Nación - Rama Judicial 13 en el escrito de contestación de la demanda manifestó
que no le constaban los hechos narrados por la parte actora y se opuso a las
pretensiones con sustento en los argumentos que se resumen a continuación:
a) Si bien se produjo el extravío del mencionado expediente contentivo de la demanda
ejecutiva presentada por la señora Luz Stella Correa Ochoa, lo cierto es que en el
juzgado de conocimiento existe copia del auto mediante el cual se decretó la
perención, de igual manera reposa la reproducción del estado no. 085 por el cual se
notificó la providencia que la declaró.
b) En efecto, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sincelejo (Sucre), en auto del 17
de septiembre de 2009 y notificado por estado del 24 de septiembre del mismo año
decretó la perención del proceso ejecutivo singular no. 2000-00052 adelantado por la
señora Luz Stella Correa Ochoa en contra de los señores Alberto Sierra Valverde y
Adriana Pineda Arias, dicha providencia no fue objeto de impugnación por la aquí
demandante, lo cual evidencia la culpa de la víctima.
c) La parte actora refiere que por causa de la pérdida del expediente ejecutivo singular
de mayor cuantía no. 2000-00052 dejó de cobrar el título ejecutivo, pero, la propia
demandante manifiesta que en varias oportunidades los funcionarios del Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Sincelejo (Sucre) le informaron que debía solicitar la
reconstrucción del expediente, lo cual también fue expuesto en proveído del 19 de
octubre de 2010, sin que la ejecutante hiciera petición alguna, aspecto que evidencia
su proceder negligente, descuidado y omisivo.
d) El artículo 133 del Código de Procedimiento Civil dispone que el trámite para la
reconstrucción del expediente por pérdida total o parcial debe hacerse a solicitud de
12 Documento “007AutoNotifica”, índice 3 SAMAI de la primera instancia.
13 Documento “011Contestaciondemanda”, índice 3 SAMAI de la primera instancia.
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Expediente 70001-23-31-000-2011-02062-01 (71.274)
Actor: Luz Stella Correa Ochoa
Reparación directa
Apelación sentencia
la parte interesada, luego entonces, el no haberlo hecho evidencia la culpa exclusiva
de la víctima como eximente de responsabilidad.
e) La parte actora afirma que entre el año 2007 a 2009 el referido expediente no. 2000-
00052 estuvo extraviado por lo cual no pudo acceder al mismo, no obstante, resulta
muy inusual que su apoderado durante dicho interregno no realizó ninguna actuación,
tanto así que no se aportó ningún documento de su gestión para dicho periodo; en
todo caso, lo cierto es que la pérdida no se produjo en el año 2007 sino en el año
2009, luego del auto que decretó la perención, tal como quedó evidenciado en el acta
del 12 de mayo de 2010 del Consejo Superior de la Judicatura en la que se anotó que
“verificando que en el libro radicador no se encontraban los folios 23 y 24 en los que
se registró el mentado proceso, así como la pérdida del expediente, a partir de la
última actuación de fecha 17 de septiembre de 2009, en la que se decretó la perención
del proceso por inactividad de las partes” (documento “011Contestaciondemanda”,
índice 3 SAMAI de la primera instancia).
f) El daño alegado por la parte demandante no fue causado por el Juzgado Tercero
Civil del Circuito de Sincelejo (Sucre), sino por la actuación de la parte demandante,
quien en su momento no presentó recursos contra el auto de perención ni mucho
menos solicitó la reconstrucción del expediente ejecutivo, en consecuencia, se debe
declarar probada la culpa exclusiva de la víctima.
4. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Contencioso Administrativo de Sucre en fallo del 20 de noviembre de
2019 14 declaró la responsabilidad patrimonial extracontractual de la Nación – Rama
Judicial y la condenó a pagar la suma de cuarenta y cuatro millones doscientos treinta
y siete mil cuatrocientos treinta y tres pesos con treinta y dos centavos
($44.237.433,32) como indemnización por perjuicios materiales con sustento en las
siguientes razones:
1) En el proceso ejecutivo singular de mayor cuantía no. 2000-00052, promovido por
la señora Luz Stella Correa Ochoa en contra de los señores Alberto Sierra Valverde y
14 Documento “040SentenciaPrimeraInstancia”, índice 3 SAMAI de la primera instancia”.
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Expediente 70001-23-31-000-2011-02062-01 (71.274)
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Reparación directa
Apelación sentencia
Adriana Pineda Arias, se ordenó el embargo y secuestro de tres inmuebles ubicados
en el municipio de Sincelejo (Sucre) e identificados con las matrículas inmobiliarias
nos. 340-16287, 340-16289 y 340-51375; las medidas cautelares se registraron el 8
de marzo de 2000 y, de manera posterior, fueron levantadas por la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos en cumplimiento de los oficios números 0369 del 6 de marzo
de 2009 y 2331 del 2 de octubre de 2009 provenientes de la Secretaría del Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Sincelejo (Sucre), tal como consta en los certificados de
tradición y libertad de cada uno de los referidos bienes.
2) Ahora bien, en el caso del asunto de la referencia, el daño alegado por la parte
demandante consiste en la imposibilidad de cobrar un crédito en contra de los señores
Alberto Sierra Valverde y Adriana Pineda Arias por i) el levantamiento de las medidas
cautelares de embargo respecto de los tres bienes y, ii) la pérdida del expediente del
proceso ejecutivo.
3) El levantamiento de las medidas de embargo por sí solo no conlleva a la
responsabilidad de la Nación – Rama Judicial, sin embargo, en el expediente existen
suficientes elementos para indicar que existió una falla, de modo que el daño es
atribuible a la demandada, toda vez que i) los testimonios de los señores Alcalá
Segundo Álviz Urueta, Jesús María Contreras Cúry y Nerger Elí Orozco Góez dan
cuenta de que el expediente llevaba extraviado varios años, aspecto que también
constató el Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre en visita del 12 de mayo de
2010 y, ii) la parte ejecutante no tuvo acceso al expediente -debido a su pérdida-
cuando se produjo el levantamiento de las medidas cautelares, en consecuencia, le
fue imposible hacer valer sus derechos, en concreto, la demandante perdió la
oportunidad de obtener el valor del crédito perseguido.
4) A pesar de que a la Nación – Rama Judicial le asiste responsabilidad, se predica la
concurrencia de culpas toda vez que la parte demandante no solicitó la reconstrucción
del expediente prevista en el artículo 133 del CPC, pese a conocer de dicho trámite,
pues, como lo afirma en la demanda del proceso de la referencia, los empleados del
juzgado le sugirieron adelantarlo; en consecuencia, la condena de la demandada solo
es el por el 75% de los perjuicios ocasionados.
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Expediente 70001-23-31-000-2011-02062-01 (71.274)
Actor: Luz Stella Correa Ochoa
Reparación directa
Apelación sentencia
5) Sobre esto último, se tiene que los únicos perjuicios acreditados por la demandante
son los materiales y que corresponden al capital cobrado en el proceso ejecutivo junto
con los intereses causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación,
empero, como no se tiene certeza de la fecha en que fue librado el mandamiento de
pago ni el valor de este, “en aplicación del arbitrio juris, esta Sala acudirá al principio
de equidad” 15 y reconocerá a la demandante el 75% del capital perseguido en el
proceso ejecutivo, que actualizado corresponde a la suma de treinta millones de pesos
($30.000.000).
5. Recurso de apelación
El 31 de enero de 2020, la parte demandada interpuso recurso de apelación 16, las
razones de inconformidad son las siguientes17:
“La Sentencia mencionada indicó que existió una responsabilidad
compartida de la Rama Judicial y de la demandante por cuanto existió una
concurrencia de culpas en la producción del daño material sufrido por ésta,
con ocasión del levantamiento de medidas cautelares dentro de un proceso
ejecutivo estando el expediente perdido. Este tipo de situaciones, como lo
es la pérdida de un expediente, estaba regulada por el artículo 133 del
Código de Procedimiento Civil imponiendo la carga única y exclusivamente
a la parte demandante de la solicitud de reconstrucción. El numeral primero
de la mencionada previsión normativa, vigente para la época de los hechos
disponía:
‘Art. 133.- Trámite para la reconstrucción.
En caso de pérdida total o parcial de un expediente, se procederá así:
1. El apoderado de la parte Interesada formulará su solicitud de
reconstrucción y expresará bajo Juramento, que se entiende prestado por la
presentación del escrito, el estado en que se encontraba el proceso y la
actuación surtida en él’.
Así las cosas, si el expediente del proceso ejecutivo duró perdido tres años,
como se indicó en el hecho séptimo de la demanda sin que en todo ese
lapso de tiempo el apoderado de la demandante haya realizado la solicitud
de reconstrucción, lo que existió en este caso fue negligencia de su parte,
por lo que insisto en la configuración del exonerarte de responsabilidad
denominado ‘culpa exclusiva de la víctima’, lo cual debe declararse en
segunda instancia, modificándose la providencia recurrida” 18.
15 Fl. 20 del PDF documento “040SentenciaPrimeraInstancia”, índice 3 SAMAI de la primera instancia”.
16 Documento “042RecursoApelacion”, índice 3 SAMAI de la primera instancia”.
17 Se transcribe en su integridad el recurso de apelación.
18 Documento “042RecursoApelacion”, índice 3 SAMAI de la primera instancia”.
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Expediente 70001-23-31-000-2011-02062-01 (71.274)
Actor: Luz Stella Correa Ochoa
Reparación directa
Apelación sentencia
6. Actuación surtida en segunda instancia
Por auto del 11 de julio de 2024 (índice 3 SAMAI) se admitió el recurso de apelación
y el 3 de septiembre de 2024 (índice 10 SAMAI) se corrió traslado a las partes para
que presentaran los alegatos de conclusión por el término común de diez (10) días y,
por el mismo lapso, al Ministerio Público para que emitiera concepto.
En dicha oportunidad procesal, las partes guardaron silencio, mientras que el
Ministerio Público rindió concepto en el que deprecó la confirmación de la sentencia
de primera instancia (índice 14 SAMAI).
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el presente asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la
decisión, 2) la competencia del ad quem, 3) análisis de la impugnación, 4) conclusión
y, 5) condena en costas.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
Presentada la demanda de manera oportuna 19, el objeto de la controversia consiste
en determinar si se reúnen los elementos para declarar extracontractual y
patrimonialmente responsable a la Nación – Rama Judicial del daño sufrido por la
19 Debido a que la demandante alega un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia
consistente en no poder hacer efectivo un título ejecutivo con ocasión del levantamiento de unas
medidas cautelares junto con la pérdida definitiva del expediente, el cómputo de la caducidad en este
caso debe realizarse a partir del momento en que conoció de tal irregularidad, en ese marco, la parte
actora aduce que se enteró del levantamiento y la pérdida definitiva el 30 de abril de 2010 y, en ese
sentido, se aportó la denuncia penal del 11 de mayo de 2010 presentada por el apoderado de la aquí
actora ante la Fiscalía General de la Nación en la que narra que el 30 de abril de 2010 se enteró que
las medidas cautelares se levantaron en virtud de unos oficios de los cuales no fue enterado, y que el
expediente ejecutivo no. 2000-00052 finalmente se perdió (fl. 45 del PDF “001Demanda”, índice 3
SAMAI de la primera instancia), luego, a partir de esa calenda se abordará el estudio de oportunidad
de la acción porque conforme el documento referido fue el día que la demandante conoció los hechos
que sustentan la demanda; en ese contexto, el plazo legal para interponer la demanda vencía el 1° de
mayo de 2012, mientras que la demanda se radicó de manera oportuna el 23 de mayo de 2011 (fl. 10
del PDF “001Demanda”, índice 3 SAMAI de la primera instancia) esto sin contar que los términos se
ampliaron mientras se surtió el trámite de la conciliación prejudicial (fls. 60 a 63 del PDF “001Demanda”,
índice 3 SAMAI de la primera instancia).
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Expediente 70001-23-31-000-2011-02062-01 (71.274)
Actor: Luz Stella Correa Ochoa
Reparación directa
Apelación sentencia
parte demandante con ocasión del levantamiento de las medidas cautelares que
pesaban sobre tres (3) bienes inmuebles y la pérdida del expediente ejecutivo singular
de mayor cuantía con radicación no. 2000-00052 en el cual la señora Luz Stella Correa
Ochoa fungía como parte ejecutante.
El tribunal de primera instancia declaró la responsabilidad patrimonial extracontractual
de la Nación – Rama Judicial por estimar que la parte actora no tuvo la oportunidad
de cuestionar el levantamiento de las medidas cautelares con ocasión de la pérdida
del expediente, lo cual condujo a que no pudiera satisfacer la obligación que
perseguía.
La sentencia de primera instancia será revocada, pues, se encuentra acreditado que
el daño causado a la demandante no le es imputable a la Nación – Rama Judicial.
2. La competencia del ad quem
1) Sobre el punto debe advertirse que en el asunto de la referencia únicamente
interpuso recurso de apelación la parte demandada.
2) De acuerdo con lo anterior, se tiene que se trata de una situación de apelante único
donde de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso, norma procesal aplicable en virtud de la remisión legal contenida en el
artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, la competencia del juez en segunda instancia se
reduce al análisis de los puntos objeto del recurso.
3) En efecto, el artículo 328 del Código General del Proceso preceptúa:
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda
instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar
de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la
que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin
limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar
y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
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Expediente 70001-23-31-000-2011-02062-01 (71.274)
Actor: Luz Stella Correa Ochoa
Reparación directa
Apelación sentencia
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante
único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de
recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia” (se destaca).
4) En ese contexto, es claro que el ad quem, cuando se trata de apelante único, solo
puede revisar la actuación en cuanto tiene que ver con los motivos de la impugnación,
vale decir, no puede el juez de segunda instancia entrar a analizar la providencia en
la parte que no fue objeto del recurso, razón por la cual la competencia funcional de
esta Corporación se encuentra restringida legalmente a los cargos esgrimidos en el
recurso de alzada, sin perjuicio de lo expresa y puntualmente dispuesto en el inciso
segundo del artículo 187 del CPACA, según el cual i) en la sentencia el juez decidirá
sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que encuentre probada y,
ii) el silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las
excepciones, propuestas o no, sin perjuicio de la non reformatio in pejus.
5) Por consiguiente, la Sala decidirá únicamente en relación con los precisos cargos
de apelación esgrimidos por la parte demandante, así como también las excepciones
que se encuentren probadas y, en ese sentido, toda vez que no se encuentra en
discusión la existencia del daño 20, el análisis se concentrará únicamente en la
excepción de la culpa exclusiva de la víctima, único cargo alegado en el recurso de
apelación.
3. Análisis de la impugnación
Para el estudio del caso la Sala, primero, se referirá brevemente a los hechos
probados más relevantes para la adopción de la decisión y, luego, procederá al
estudio asunto objeto de la impugnación.
20 El daño que el tribunal de primera instancia encontró acreditado y probado consistente en que la
demandante “quedó en la imposibilidad de hacer valer sus derechos de crédito (…) perdió la
oportunidad de obtener el crédito perseguido a través del proceso ejecutivo radicado con el no. 2000-
00052” (fl. 18 del PDF “040SentenciaPrimeraInstancia”, índice 3 SAMAI de la primera instancia”.
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Actor: Luz Stella Correa Ochoa
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Apelación sentencia
3.1 Hechos probados
De conformidad con las escasas pruebas21 aportadas al proceso se encuentran
demostrados los siguientes hechos relevantes para la decisión de la controversia:
1) El 13 de octubre de 1999, la señora Luz Stella Correa Ochoa, a través de
endosatario, presentó una demanda ejecutiva singular de mayor cuantía en contra de
los señores Alberto Sierra Valverde y Adriana Pineda Arias por el no pago de una letra
de cambio por valor de treinta millones de pesos ($30.000.000) más los intereses
moratorios generados desde el momento en que se venció la obligación hasta que
esta fuera satisfecha, asimismo, solicitó que los ejecutados pagaran las costas del
proceso 22.
2) Junto con la demanda ejecutiva, la aquí demandante presentó un escrito en el cual
solicitó el embargo y secuestro de i) siete (7) inmuebles, ii) los dineros que tenían o
llegaran a tener los ejecutados en los bancos Agrario, Bancafé, Bogotá, Bancolombia,
Bancoop, Central Hipotecario, Davivienda, Popular, Ganadero, Occidente y
Santander, así como también las corporaciones Granahorrar y Las Villas y, iii) los
remanentes que quedaran de los procesos ejecutivos no. 1999-0260 y no. 1999-
3828 23.
3) El proceso ejecutivo adelantado por la señora Luz Stella Correa Ochoa
correspondió por reparto al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sincelejo (Sucre) con
el número de radicación 2000-00052 y, aunque en el expediente de la referencia no
se cuenta con el auto de mandamiento de pago dictado en contra de los ejecutados,
se sabe que fue emitido el 23 de febrero de 2000 24.
21 Estas se limitan a los testimonios de los señores señores Carlos Enrique Médez Rivera, Alcalá
Segundo Álviz Urueta, Elías Juan Guzmán Tulena, Jesús María Contreras Cúry y Nerger Elí Orozco
Góez (“DiligenciaRecepcionTestimonios” “001Demanda”, índice 3 SAMAI de la primera instancia),
algunas piezas del proceso ejecutivo no. 2000-00052; tres certificados de tradición y libertad de los
inmuebles identificados con matrículas inmobiliarias números 340-16287, 340-16289 y 340-51375;
denuncia penal presentada el 11 de mayo de 2010, solicitud de pruebas ante la fiscalía del 13 de
septiembre de 2020; queja ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura del 11 de
mayo de 2010; solicitud de visita especial del 11 de mayo de 2010 y acta de visita del 12 de mayo de
2010 (fls 13 a 59 del PDF “001Demanda” y documento “015RespuestaOficio” índice 3 SAMAI de la
primera instancia).
22 Fls. 13 a 17 del PDF “001Demanda”, índice 3 SAMAI de la primera instancia.
23 Fls. 18 a 20 del PDF “001Demanda”, índice 3 SAMAI de la primera instancia.
24 Lo anterior, tal como consta en la notificación realizada al curador ad litem y visible en folio 30 del
PDF “001Demanda”, índice 3 SAMAI de la primera instancia.
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4) El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sincelejo (Sucre) mediante oficio no. 222
del 25 de febrero de 2000 le comunicó al Registrador de Instrumentos Públicos de
dicha localidad que en auto del 23 de febrero de 2000 se ordenó el embargo y
secuestro de cuatro (4) inmuebles de propiedad de los ejecutados ubicados en el
municipio de Sincelejo e identificados respectivamente con las matrículas
inmobiliarias números 340-16287, 340-16288, 340-16289 y 340-51375 25.
5) De igual manera, el citado despacho judicial mediante oficios números 223 y 224
del 25 de febrero de 2000 i) le informó al gerente del Banco Central Hipotecario que
en proveído del 23 de febrero del mismo año “se decretó el embargo y la retención de
las sumas de dinero que posean los demandados Alberto Sierra Valverde y Adriana
Pineda Arias hasta por la suma de $42.500.000” 26 y, ii) le avisó al Juzgado Segundo
Civil del Circuito de Sincelejo (Sucre) que en proveído del 23 de febrero de 2000 “se
decretó el embargo de los bienes que lleguen a quedar o los que se desembarguen
dentro los procesos ejecutivos números 1999-3949 y 1999-3828, que cursan contra el
demandado Alberto Sierra Valverde, en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esta
ciudad”27.
6) El 8 de marzo de 2000, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Sincelejo
registró la medida cautelar de embargo respecto de los inmuebles identificados con
las matrículas inmobiliarias números 340-16288, 340-16289 y 340-51375 28, mientras
que el embargo decretado respecto del bien identificado con la matrícula inmobiliaria
número 340-16287 no fue registrado, esto último según consta en oficio del 13 de
marzo de 2000 emitido por la Registradora Principal 29.
7) En auto del 18 de septiembre de 2000, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de
Sincelejo (Sucre) dispuso que los señores Alberto Sierra Valverde y Adriana Pineda
Álvarez serían representados por curador ad litem, en consecuencia, de manera
25 Fl. 2 del PDF “015RespuestaOficio”, índice 3 SAMAI de la primera instancia.
26 Fl. 22 del PDF “001Demanda”, índice 3 SAMAI de la primera instancia.
27 Fl. 24 del PDF “001Demanda”, índice 3 SAMAI de la primera instancia.
28 Tal como se aprecia en los certificados de tradición y libertad de los referidos bienes del 23 de mayo
de 2011 (fls. 37 a 48 del PDF “001Demanda”, índice 3 SAMAI de la primera instancia).
29 Fl. 5 del PDF “001Demanda”, índice 3 SAMAI de la primera instancia.
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Expediente 70001-23-31-000-2011-02062-01 (71.274)
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posterior, designó al señor Rafael Dorado Assia 30 como curador de los ejecutados,
quien el 25 de abril de 2001 fue notificado del mandamiento de pago 31.
8) El 28 de agosto de 2001 se practicó la diligencia de secuestro respecto de los
inmuebles identificados con las matrículas inmobiliarias números 340-16288 y 340-
16289, tal como consta en el acta de dicha fecha 32.
9) A través de oficios no. 369 del 6 de marzo de 2009 33 y no. 2331 del 2 de octubre
de 2009 34, el secretario del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sincelejo (Sucre) le
comunicó al director de la Oficina de Instrumentos Públicos que en autos dictados por
dicho despacho judicial se ordenó el desembargo de los bienes y, en cumplimiento de
lo anterior, el 24 de marzo de 2009 se registró el levantamiento de la medida cautelar
respecto de los inmuebles identificados con las matrículas inmobiliarias números 340-
16288 y 340-51375, mientras que el del bien identificado con matrícula inmobiliaria
no. 340-16289 fue asentado el 19 de octubre de 2009.
Una vez se levantaron las medidas cautelares, el señor Alberto Sierra Laverde
inscribió la venta los tres (3) bienes inmuebles, según consta en los certificados de
tradición y libertad de aquellos 35.
30 Es pertinente poner de presente que en el expediente en el auto de designación se nombra como
curadora ad litem a Rafaela Dorado (fl. 29 del PDF “001Demanda”, índice 3 SAMAI de la primera
instancia), no obstante, quien se posesiona es el señor Rafael Dorado, por lo cual se entiende que se
trató de un error de digitación en el auto de designación.
no se cuenta con el auto en que el señor Rafael Dorado fue nombrado como curador ad litem.
31 Fl. 30 del PDF “001Demanda”, índice 3 SAMAI de la primera instancia.
32 Fl. 33 del PDF “001Demanda”, índice 3 SAMAI de la primera instancia.
33 El cual refiere “en cumplimiento a lo ordenado por auto de la fecha, proferido dentro del proceso
Ejecutivo Singular de mayor cuantía, promovido por el doctor Saúl Vega Mendoza, como endosatario
al cobro de la señora Luz Stella Correa Ochoa, contra Alberto Sierra Valverde, radicado bajo el No.
2000-00052-00, se decretó el levantamiento del embargo de los inmuebles 340-51375 y 340-16288 de
esa Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Dicho embargo fue comunicado por oficio No. 0222
del 25 de febrero de 2000; Lo anterior para que se sirva desembargarlo” (fl. 3 del PDF
“015RespuestaOficio”, índice 3 SAMAI de la primera instancia).
34 En el cual se indicó lo siguiente “en cumplimiento a lo ordenado por auto del 17 de septiembre de
2009, dictado dentro del proceso ejecutivo singular seguido por LUZ STELA (sic) CORREA OCHOA,
en contra de ALBERTO SIERRA VALVERDE; dentro del cual se decretó la terminación y posterior
levantamiento del embargo que pesa sobre el inmueble con folio de matrícula No. 340-16289 inscrito
en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Sincelejo. Dicho embargo fue comunicado por
oficio No. 222 del 25 de febrero de 2000” (fl. 4 del PDF “015RespuestaOficio”, índice 3 SAMAI de la
primera instancia).
35
Fls. 37 a 48 del PDF “001Demanda”, índice 3 SAMAI de la primera instancia.
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10) El 11 de mayo de 2010, el abogado de la aquí demandante presentó ante la
Fiscalía General de la Nación una denuncia penal para que se investigara la posible
comisión de algún delito con ocasión de la pérdida del expediente ejecutivo no. 2000-
00052 y el levantamiento de las medidas cautelares que en su momento se decretaron
en dicho proceso 36.
Asimismo, la señora Luz Stella Correa Ochoa, a través de su apoderado, ese mismo
11 de mayo de 2010 radicó una queja ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior
de la Judicatura 37 luego de la pérdida del expediente ejecutivo.
11) El 12 de mayo de 2010, una integrante de la Sala Administrativa del Consejo
Seccional de la Judicatura de Sucre, a petición del apoderado de la aquí demandante,
realizó una visita al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sincelejo (Sucre) y en el acta
de aquella se consignó lo siguiente:
“Una vez se hizo presencia en el Juzgado, se verificó que en el libro
radicador N° 5, no se encuentran los folios 23 y 24, en los que se radicó el
proceso Ejecutivo Singular N° 2000-00052-00. Se procedió a preguntarle al
Doctor Marco Tulio Sierra Severiche, sobre la existencia del proceso
referenciado, el cual nos manifestó que el mismo se encuentra radicado en
este Juzgado con el número antes señalado. Indicó que la última actuación
de ese proceso fue de fecha 17 de septiembre de 2009, en el que se decretó
la perención del proceso por inactividad de las partes. Agregó que el auto
fue notificado por estado el día 24 de septiembre de 2009, en el estado N°
085, y no fue objeto de impugnación. Igualmente, anotó que en anterior
oportunidad el proceso se había extraviado, según le informó el apoderado
de la parte demandante, tal como está en la actualidad, se ha buscado y no
ha aparecido. Por estos hechos, el Doctor Marco Tulio Sierra Severiche, nos
manifiesta que formuló denuncia penal a la Fiscalía, para que investigue el
hecho, ante todo, porque no se encuentra el folio donde se radicó el proceso
en el respectivo libro radicador. Para concluir, el Juez Tercero Civil del
Circuito, señaló que el proceso sí existe, solo que no se encuentra, que le
ha dicho al doctor Vega, apoderado de la parte demandante, y quien solicita
la presente Visita, que formule petición de reconstrucción del expediente y
hasta la fecha no lo ha hecho” (fl. 59 del PDF “001Demanda”, índice 3
SAMAI de la primera instancia).
12) Finalmente, en el proceso obranl os testimonios de los señores Carlos Enrique
Médez Rivera, Alcalá Segundo Álviz Urueta, Elías Juan Guzmán Tulena, Jesús María
Contreras Cury y Nerger Elí Orozco Góez quienes narran lo acontecido con el
36 Fls. 49 a 52 del PDF “001Demanda”, índice 3 SAMAI de la primera instancia.
37
Fls. 54 a 57 del PDF 001Demanda”, índice 3 SAMAI de la primera instancia.
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expediente ejecutivo no. 2000-00052, sin embargo, sus dichos no cuentan con la
suficiente credibilidad para establecer las circunstancias de tiempo y modo en que
ocurrió el extravío, aspecto que será explicado más adelante.
3.2 Examen del caso concreto
1) El daño alegado por la demandante y que tuvo por probado el tribunal de primera
instancia, sin que fuera objeto de cuestionamiento por parte de la demandada,
consiste en que no pudo perseguir el crédito adeudado por los señores Alberto Sierra
Valverde y Adriana Pineda Arias con ocasión de la pérdida del expediente ejecutivo
no. 2020-00052 y el levantamiento de las medidas cautelares que se decretaron en
este.
2) La Nación – Rama Judicial en el recurso de apelación afirmó que el daño reclamado
por la actora no le era imputable, pues, se configuró la culpa exclusiva de la víctima,
por cuanto la señora Luz Stella Correa Ochoa no formuló la solicitud de reconstrucción
del expediente, siendo esta la causa por la cual no pudo ejecutar la obligación a su
favor.
3) Sobre el particular, la Sala encuentra que le asiste razón a la parte demandada en
la medida que la actora perseguía el pago de una obligación cuyo título valor se
encontraba en una letra de cambio, la pérdida del expediente no implica, necesaria e
indefectiblemente, que la misma no se continuaría, pues, una vez se reconstruyera, el
proceso ejecutivo debía seguir su curso normal.
4) En efecto, el artículo 133 del Código de Procedimiento Civil, vigente para la época
de los hechos, regulaba el procedimiento de reconstrucción de los expedientes frente
a su pérdida total o parcial en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 133-. TRÁMITE PARA LA RECONSTRUCCIÓN. En caso de
pérdida total o parcial de un expediente, se procederá así:
1. El apoderado de la parte interesada formulará su solicitud de
reconstrucción y expresará bajo juramento, que se entiende prestado por
la presentación del escrito, el estado en que se encontraba el proceso y la
actuación surtida en él.
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Expediente 70001-23-31-000-2011-02062-01 (71.274)
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2. El secretario informará al juez quiénes eran las partes y los
apoderados, el estado en que se hallaba el proceso en el momento de
su pérdida y las diligencias realizadas para obtener su recuperación.
3. Se citará a los apoderados para audiencia, con el objeto de que se
compruebe tanto la actuación surtida como el estado en que se hallaba
el proceso al tiempo de su pérdida, y para resolver sobre su
reconstrucción. El auto de citación se notificará por estado, y además,
personalmente o en subsidio, por aviso que se entregará a cualquiera
persona que se encuentre en el lugar denunciado por el apoderado para
recibir notificaciones personales, y si esto no fuere posible se fijará en la
puerta de acceso de dicho lugar.
4. El juez podrá decretar, de oficio o a petición de parte, toda clase de
pruebas y exigir declaración jurada de los apoderados, de las partes, o de
unos y otras.
5. Si ninguno de los apoderados ni las parte (sic) concurre a la audiencia y
se trata de pérdida total del expediente, el juez, cancelará las medidas
cautelares, que se hubieren tomado y declarará extinguido el proceso,
quedando a salvo el derecho que tenga el demandante de promoverlo de
nuevo.
6. Si sólo concurriere a la audiencia una de las partes o su apoderado, se
declarará reconstruido el proceso con base en su exposición jurada y las
demás pruebas que se aduzcan en aquélla.
7. Del mismo modo se procederá cuando la pérdida parcial del expediente
impida continuar el trámite del proceso; de lo contrario, y no siendo posible
la reconstrucción, el proceso se adelantará con prescindencia de lo perdido
o destruido.
8. El auto que resuelva sobre la reconstrucción, es apelable en el efecto
suspensivo.
9. Reconstruido el proceso, continuará el trámite que le corresponda”.
(negrillas fuera de texto).
5) De la norma transcrita, se destaca que el trámite de reconstrucción se inicia a partir
de la solicitud que, en tal sentido, presente el respectivo apoderado de la parte
interesada, quien debe manifestar bajo juramento “el estado en que se encontraba el
proceso”, con lo cual se entiende que la reconstrucción puede formularse en cualquier
etapa de aquel.
6) Ahora bien, en el asunto que ocupa la atención de la Sala, se tiene que la parte
demandante aduce que el expediente 2000-00052 se extravío antes de que se dictara
el auto del 6 de marzo de 2009 por el cual se ordenó el desembargo de dos (2) bienes
inmuebles, proveído que manifiesta nunca le fue notificado porque precisamente el
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proceso, para dicho momento, se encontraba perdido y estaba siendo buscado por el
personal del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sincelejo (Sucre).
7) Para demostrar lo anterior, reposan en el expediente los testimonios de los señores
Carlos Enrique Médez Rivera, Alcalá Segundo Álviz Urueta, Elías Juan Guzmán
Tulena, Jesús María Contreras Cúry y Nerger Elí Orozco Góez, en cuyas
declaraciones no hay certeza del momento en que el proceso ejecutivo se extravío,
pues, las mismas son disímiles.
En efecto, el señor Elías Juan Guzmán Tulena no hizo ninguna alusión al extravío del
expediente 38, mientras que el testigo Carlos Enrique Médez Rivera tan solo refirió que
la señora Luz Stella Correa le comentó que el expediente se perdió, empero, no hizo
ninguna mención sobre el momento en que aquello ocurrió 39.
El señor Alcalá Segundo Álviz Urueta, por su parte, manifestó que el proceso se
extravío entre el año 2004 o 2005 y que fue el apoderado de la aquí demandante
quien, de manera posterior, le comunicó que la medida cautelar de embargo se había
levantado 40.
38 El señor Elías Juan Guzmán Tulena afirmó: “PREGUNTADO. Explíquenos las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos objeto de la demanda. CONTESTO. Por la amistad
que nos unía en el negocio que tenían en la avenida OCALA, AUTOANTIOQUIA, la cual me comento
que había tenido un negocio con el señor ALBERTO SIERRA y que dicho préstamo no fue cumplido
por el señor, y por este motivo existe el proceso, aproximadamente fue en el año 1999. Le ocasionó
muchas dificultades económicas porque no pudo cumplir unos compromisos adquiridos.” (fl. 5 del PDF
“016DiligenciaRecepcionTestimonios” índice 3 SAMAI de la primera instancia).
39 El testigo manifestó lo siguiente: “PREGUNTADO. Explíquenos las circunstancias de tiempo, modo
y lugar en que ocurrieron los hechos objeto de la demanda. CONTESTO. La Sra. LUZ ESTELLA (sic)
CORREA me había comentado que tenía una demanda contra el señor ALBERTO SIERRA
VALVERDE, quien le está debiendo una suma, pero exactamente no le dijo cuanto pero era una suma
más o menos buena, y con esa plata iba o pagar algunas cosas que estaba debiendo y a ponerse al
día. Después me comento que en los juzgados se había perdido el proceso y en ese momento soltó el
llanto y estaba muy acongojad y triste. Luego pasando unos meses le pregunte nuevamente como iba
el caso y me respondió que no había aparecido nada” (fls. 1 a 2 del PDF
“016DiligenciaRecepcionTestimonios” índice 3 SAMAI de la primera instancia).
40 En concreto, el señor Alcalá Segundo Álviz Urueta declaró lo siguiente: “A la Sra. LUZ ESTELLA no
la conozco, hablé con ella por celular a través de un hermano de ella, el sr GUILLERMO CORREA, yo
era uno de los abogados del hermano y me recomendó para que cogiera un proceso que llevaba el
doctor SAÚL VEGA MENDOZA. Ese proceso estaba en el Juzgado Tercero Civil Del Circuito.
PREGUNTADO. Explíquenos las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos
objeto de la demanda. CONTESTO. Yo iba coger el proceso que se encontraba en ese juzgado, varias
veces fui con el doctor SAÚL a mirar el proceso y nunca apareció el proceso, ya que no lo encontraban.
Eso fue aproximadamente 2004 o 2005, eso fue hace rato, y debido a que nunca encontraron el proceso
desistí para mirar y retomar el caso. Además, porque comencé a trabajar en la alcaldía en noviembre
de 2007. En ese proceso estaban unos bienes inmuebles embargados, de propiedad del que era dueño
del establecimiento CARNE LA FAMA, posteriormente me comenta el doctor SAUL VEGA, que el
embargo que tenía los bienes inmuebles dentro del proceso había levantado el embargo y se dirigió al
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El testigo Jesús María Contreras Cúry afirmó que, desde el año 2007 durante varias
ocasiones solicitó ver el expediente ejecutivo no. 2000-00052 sin poder acceder al
mismo y, que en el año 2009 se enteró del levantamiento de la medida cautelar 41.
Finalmente, el señor Nerger Elí Orozco Góez refirió que inició a laborar con el
apoderado de la aquí demandante en el año 2008, momento desde el cual no pudo
acceder al expediente porque en el despacho judicial le informaban que no lo
encontraban o le ponían algún impedimento y, que luego supo que en el proceso se
levantaron las medidas cautelares42.
juzgado a ver qué había pasado y no apareció el proceso a pesar de lo sucedido. Las veces que fui al
juzgado fuimos atendidos por los colaboradores del señor juez doctor MARCO TULIO, pero nunca
directamente por el juez, porque no lo solicitamos” (fls. 3 a 4 del PDF
“016DiligenciaRecepcionTestimonios” índice 3 SAMAI de la primera instancia).
41 Dijo el testigo: “en forma personal y atendiendo a los llamados del doctor SAUL ENRIQUE VEGA
MENDOZA, en varia múltiples ocasiones visite el juzgado tercero civil del circuito, con el fin de solicitar
el proceso radicado bajo el numero 2000-00052, proceso materia de esta controversia, el cual fue
negado en múltiples oportunidades por funcionarios del despacho antes citado, entre ellos, un señor
que se llama WINSTON, no recuerdo el apellido, dicho señor era el que me atendía cada vez que
solicitaba el expediente, sus respuestas eran que estaba al despacho, otros días eran que regresara
más tarde porque estaba traspapelado, pero nunca tuve el expediente físico en mis manos, en múltiples
ocasiones revise el libro radicador donde se encuentra la historia del proceso y siempre estaban las
mismas anotaciones que eran los oficios de embargos que se habían entregado al demandante
dirigidos a instrumentos públicos, de todo lo que estoy hablando, ocurrió desde el año 2007 época en
que entre a TRABAJAR a la oficina del doctor SAUL ENRIQUE VEGA MENDOZA y autorizado para
revisar los procesos de esa oficina, incluido el proceso en mención (2000-00052), como había
mencionado antes para la época del 2009 se solicitó el proceso nuevamente con la advertencia que en
los años anteriores se había solicitado el proceso casi de manera reiterativa y diaria ya que el doctor
SAUL, me manifestaba en múltiples ocasiones su temor a que pasara algo irregular en el proceso. Para
mayor de las sorpresas tanto como mía para el apoderado de la demandante el proceso apareció de
manera fantástica en un día para terminarse y levantar medidas, de esto que cuento no fue porque el
proceso apareció en el juzgado sino que de manera extrajudicial nos acercamos a la Oficina de
Instrumentos Publico de Sincelejo a verificar si los bines embargados aún se encontraban con esa
medida, lo que para sorpresa de nosotros, ya las medidas las habían levantado porque el juzgado había
oficiado así a esa oficina” (fl. 6 a 7 del PDF “015RespuestaOficio”, índice 3 SAMAI de la primera
instancia).
42 Quien afirmo: “Lo que conozco de este tema que ha originado que se presente esta demanda se
circunscriben a la actividad de revisión del proceso ejecutivo 2000-00052 que cursaba en el Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Sincelejo actividad que desarrollaba por solicitud del Dr. Saúl Vega
Mendoza que era el apoderado de la parte demandante y con quien yo trabajaba en su oficina de
abogado litigante desde el año 2008 aproximadamente desde enero. Consistía la gestión encomendada
en revisar el expediente, los estados y el libro radicador para obtener toda la información sobre ese
proceso ejecutivo. De dicho proceso, no tuve la posibilidad de revisarlo físicamente puesto que en el
despacho me informaban las personas que me atendían que no lo encontraban o cualquier otra
afirmación que en todo caso era explicándome que no me podían dar el proceso para que lo tuviera en
mis manos, esta actividad y las visitas para este proceso específicamente la realicé hasta principios de
2009 aproximadamente en febrero y hasta esa fecha, como lo manifesté antes no pude ver los procesos
físicamente, tampoco observé en los estados que se publicara trámite alguno de los que deben surtirse
a través de este procedimiento, ni tampoco en el libro radicador se observaba hasta esa fecha anotación
alguna sobre actuaciones procesales y la sorpresa mayor sucede cuando me llama el Dr. Saúl tiempo
después para pedirme explicaciones sobre mi gestión porque en el proceso se habían surtido unas
actuaciones que lo daban por terminado y ordenaban el levantamiento de las medidas cautelares ante
lo cual le manifesté lo mismo que estoy haciendo en esta declaración y que de todas maneras
confrontara esta información con la del señor JESÚS MARÍA CONTRERAS CÚRY quien también
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8) Lo expuesto por los testigos difiere con lo manifestado por el Juez Tercero Civil del
Circuito de Sincelejo (Sucre) quien, en la visita del 12 de mayo de 2010 practicada por
una integrante de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de
Sucre afirmó que la última actuación del proceso ejecutivo se realizó el 17 de
septiembre de 2009 y, que el apoderado de la parte demandante fue quien informó
sobre la pérdida del expediente, aunque, es especialmente relevante anotar que no
se señaló la fecha en que ello ocurrió.
9) En todo caso, aunque no se tiene certeza del momento en que acaeció el extravío
del expediente no. 2000-00052 43, lo cierto es que se demostró la existencia del hecho
exclusivo de la víctima, ya sea que el expediente se perdió antes del levantamiento
de las medidas cautelares o luego de estas.
10) En efecto, en la hipótesis de que el expediente se perdió en el año 2007, en ese
momento la demandante tuvo pleno conocimiento de la pérdida por lo cual le asistía
el deber de solicitar su reconstrucción, en especial si se considera que pretendía el
cumplimiento de la obligación contenida en un título valor y alegaba que el auto del
levantamiento de medidas cautelares fue dictado cuando el expediente estaba
“extraviado”.
11) En el anterior supuesto, la reconstrucción del expediente era el mecanismo
idóneo, adecuado y pertinente que debía adelantar la señora Luz Stella Correa Ochoa
para obtener el pago de la obligación, pues, solo después de que se reconstruyera, el
proceso ejecutivo no. 2000-00052 podía continuar su curso y, solo entonces se tendría
certeza sobre la fecha y contenido de las decisiones judiciales que se dictaron en
aquel y que la parte demandante considera que no le fueron notificadas.
12) Sobre esto último, es importante anotar que la misma parte actora, en el escrito
de la demanda, afirma que en varias ocasiones el Juez Tercero Civil del Circuito de
estuvo pendiente de revisar este expediente multimencionado y también tuvo la suerte de no poderlo
tener en sus manos para poder revisarlo físicamente” (fls. 8 a 9 del PDF “015RespuestaOficio”, índice
3 SAMAI de la primera instancia).
43
En la demanda la parte actora refirió que el expediente se extravió en el 2007, mientras que la Nación
– Rama Judicial adujo en la contestación que fue en el 2010; sin embargo, en el plenario no se
encuentra demostrado cuándo se produjo la pérdida.
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Expediente 70001-23-31-000-2011-02062-01 (71.274)
Actor: Luz Stella Correa Ochoa
Reparación directa
Apelación sentencia
Sincelejo (Sucre) le indicó que debía pedir la reconstrucción del expediente, no
obstante, no hace ninguna alusión al porqué de tal omisión, esto es, no explica la
razón por la cual no pidió la reconstrucción ni allega ningún documento que indique
que solicitó su ubicación 44.
13) El tribunal de primera instancia, en esta hipótesis consideró que la Nación – Rama
Judicial era responsable patrimonialmente por ser la entidad que tenía a su cargo el
deber de custodia y guarda del expediente del citado proceso ejecutivo.
14) En relación con lo anterior, aunque no se desconoce que de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 153 de la Ley 270 de 1996 y 34 de la Ley 734 de 2002 45 -
Código Disciplinario Único- es deber de los funcionarios y servidores públicos
responder por la conservación de los documentos confiados a su guarda y custodiar
la documentación que por razón de su empleo estén bajo su cuidado, lo cierto es que,
en ese asunto particular, el daño que se tuvo por probado consistió en el hecho de
que la demandante no pudo obtener el pago de su crédito, aspecto que se hubiera
solventado con la reconstrucción del expediente ejecutivo y continuación del mismo,
particularmente si se considera que el artículo 133 del Código de Procedimiento Civil
es claro en disponer que es la parte interesada a quien le asiste el deber de solicitar
la reconstrucción del expediente.
15) De otro lado, en el supuesto de que el expediente se perdió en el año 2010, ello
fue luego de que se levantaran las medidas cautelares y se decretara la perención del
proceso 46, caso en el cual, el hecho de la víctima se encuentra en su inacción durante
más de seis meses.
44 verbigratia, impulsos procesales o solicitudes realizadas ante el juzgado que conocía el proceso.
45 Código Disciplinario Único vigente para el momento de los hechos.
46 El Juez Tercero Civil del Circuito de Sincelejo (Sucre) en la diligencia del 12 de mayo de 2010 afirmó
que el proceso culminó por perención y, aunque en el asunto de la referencia no hay prueba que
respalde dicha afirmación, no lo es menos que, sí hay prueba de los oficios en los cuales se informó a
la oficina de registro de instrumentos públicos sobre el levantamiento de las medidas cautelares.
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Expediente 70001-23-31-000-2011-02062-01 (71.274)
Actor: Luz Stella Correa Ochoa
Reparación directa
Apelación sentencia
16) En efecto, la Sala pone de presente que la parte demandante no allegó prueba de
alguna actuación de su parte en la cual solicitó el impulso procesal 47, incluso, no hay
prueba de sus actuaciones durante los años 2007 a 2010 48, de modo que en este
caso, el hecho de la víctima se encuentra en la inacción del demandante.
17) La Sala destaca que no es materia de discusión que la parte demandante contaba
en su favor con una obligación clara, expresa y exigible en los términos del artículo
488 49 del Código de Procedimiento Civil, tanto así que se libró mandamiento de pago 50
y se ordenó el embargo, entre otros, de varios bienes inmuebles y el remanente que
quedara en los procesos ejecutivos no. 1999-0260 y no. 1999-3828 seguidos por el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sincelejo (Sucre), por lo cual, ante la pérdida
del expediente ejecutivo no. 2000-00052 no había ningún impedimento para que la
parte interesada solicitara su reconstrucción.
18) En consecuencia, resulta válido concluir que el daño aludido por la demandante
devino de su propia conducta, en la medida que, teniendo la posibilidad de hacerlo i)
en la hipótesis de que el expediente se perdió en el 2007, no utilizó el mecanismo
procesal idóneo que tenía a su disposición para efectos de continuar la acción
ejecutiva en contra de Alberto Sierra Valverde y Adriana Pineda Arias, por cuanto no
solicitó la reconstrucción del expediente ejecutivo, situación que sin duda alguna
rompe el nexo causal entre el daño cuya indemnización reclama -imposibilidad de
ejecutar una condena a su favor-y la actuación de la demandada y, ii) en el supuesto
47 La Corte Constitucional en sentencia C-292 de 2002 MP Jaime Aruajo Rentería, entre otros aspectos,
refirió que “también es deber de las partes, el estar atentas al desarrollo del proceso e instar, para que
el mismo no se detenga, más aún, cuando las actuaciones a seguir dependan de alguna de ellas. Se
predica este deber del demandante en relación con el proceso que él mismo ha iniciado, del demandado
cuando formula excepciones y del apelante respecto de la segunda instancia y en general de la parte
de quien dependa la actuación. // Lo anterior, en razón a la aplicación de los principios de celeridad,
economía, efectividad y eficacia que informan nuestro ordenamiento procesal, con fundamento en los
cuales se debe propender por la agilidad de los procedimientos, porque toda actuación, instancia o
proceso llegue a su fin, evitando que queden inconclusas, indefinidas o sin agotarse por la incuria de
la parte que tiene la carga procesal de actuar y en perjuicio de la otra”.
48 De hecho, la última prueba de actuación allegada por la parte demandante en el cual se ve su impulso
procesal data de junio de 2001 (fl. 32 del “001Demanda”, índice 3 SAMAI de la primera instancia).
49 “Artículo 488 Títulos Ejecutivos. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas,
claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan
plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de
cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de
las providencias que en procesos contencioso - administrativos o de policía aprueben liquidación de
costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia”.
50 “Artículo 497 Mandamiento de Pago. Presentada la demanda con arreglo a la ley, acompañada de
documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que
cumpla la obligación en la forma pedida si fuere procedente, o en la que aquél considere legal”.
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Actor: Luz Stella Correa Ochoa
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Apelación sentencia
de que el expediente se perdió en el 2010, ello fue luego del levantamiento de las
medidas cautelares y la perención del proceso ejecutivo, con lo cual fue la inacción de
la propia víctima la que causó el daño.
19) Con fundamento en lo anterior, para la Sala no se configuraron los elementos
estructurantes de responsabilidad del Estado por defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia, razón por la cual se revocará la sentencia impugnada y, en
su lugar, se negarán las pretensiones de la demanda.
4. Conclusión
La Sala revocará la sentencia del 20 de noviembre de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre que declaró la responsabilidad patrimonial extracontractual
de la Nación - Rama Judicial y, en su lugar, negará las pretensiones de la demanda
toda vez se demostró la existencia del hecho exclusivo de la víctima como
determinante del daño cuya reparación se depreca con la demanda.
5. Condena en costas
No hay lugar a la imposición de costas debido a que no se evidencia en el caso
concreto actuación temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el artículo
55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Revócase la sentencia del 20 de noviembre de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo.
2°) Niegánse las pretensiones de la demanda.
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Expediente 70001-23-31-000-2011-02062-01 (71.274)
Actor: Luz Stella Correa Ochoa
Reparación directa
Apelación sentencia
3°) Abstiénese de condenar en costas.
4º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al tribunal
de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
Magistrado
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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