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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 70001-23-31-000-2011-02131-01

Fecha
19 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 70001-23-31-000-2011-02131-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre el 6 de octubre de 2020, que negó las pretensiones de la demanda, y en su lugar: SEGUNDO: DECLARAR responsable a la Nación-Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación de los perjuicios ocasionados a los demandantes, con ocasión de la privación de la libertad de Daniel Reyes Padilla, durante el período comprendido entre 27 de agosto y 10 de septiembre de 2004; y entre el 3 de marzo de 2005 y el 25 de septiembre de 2007. TERCERO: CONDENAR a la Nación-Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación a pagar, por concepto de perjuicios morales, el equivalente en pesos de las siguientes sumas expresadas en salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente providencia: Fiscalía General Rama Demandante de la Nación Judicial Daniel Reyes Padilla 1.7 SMLMV 98.3 SMLMV Tenilda Rosa Montalvo Hernández 0.6 SMLMV 34.4 SMLMV Betty del Carmen Reyes Montalvo 0.6 SMLMV 34.4 SMLMV Ledys Reyes Montalvo 0.6 SMLMV 34.4 SMLMV Miguel Enrique Reyes Roqueme 0.6 SMLMV 34.4 SMLMV Uberto Manuel Reyes Montalvo 0.5 SMLMV 34.4 SMLMV CUARTO: ORDENAR que la Nación-Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia, emita un comunicado en el cual ofrezca disculpas a Daniel Reyes Padilla por los daños antijurídicos que padeció con ocasión de la privación injusta de su libertad, en los términos indicados en esta decisión. 18 de 19 Radicación: 70001-23-31-000-2011-02131-01 (71.356) Actor: Daniel Reyes Padilla y otros Demandado: Nación – Rama Judicial y otros Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Revoca sentencia que negó pretensiones ____________________________________________________________________________________________ QUINTO: CONDENAR a la Nación-Rama Judicial a pagar a Daniel Reyes Padilla por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de $ 47.061.574,67; y a la Fiscalía General de la Nación, por el mismo concepto, la suma de $ 753.594,15, conforme se explicó en la parte motiva. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 70001-23-31-000-2011-02131-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

19 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 19 de septiembre de 2025

Radicación: 70001-23-31-000-2011-02131-01 (71.356)
Actor: Daniel Reyes Padilla y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)

Temas: Reparación directa - Responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta
de la libertad (Ley 600 de 2000) - Falla en el servicio – ilegalidad de medida de aseguramiento.

Síntesis del caso: el demandante fue capturado, en dos ocasiones, en cumplimiento de las
órdenes judiciales emitidas en su contra por la presunta comisión del delito de rebelión. Después
de practicarse la diligencia de indagatoria, la fiscalía se abstuvo de imponerle medida de
aseguramiento, pero, al dictar resolución de acusación, ordenó su detención preventiva. El
proceso finalizó, en segunda instancia, con fallo absolutorio.

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
en contra de la Sentencia proferida el 6 de octubre de 2020 por el Tribunal
Administrativo de Sucre, que negó las pretensiones de la demanda1.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.
Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación; 1.5. Trámite relevante

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 8 de septiembre de 2011, Daniel Reyes Padilla, con su grupo familiar2,
presentó demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa, en contra

1 La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso de apelación en contra de una

sentencia proferida por un Tribunal Administrativo, con independencia de la cuantía de las pretensiones solicitadas en
la demanda, de conformidad con lo previsto por el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 y lo expuesto por la Sala Plena de
esta Corporación en el Auto de 9 de septiembre de 2008, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00 (IJ).
2 Tenilda Rosa Montalvo Hernández en calidad de compañera permanente, Betty del Carmen Reyes Montalvo, Ledys

Reyes Montalvo, Miguel Enrique Reyes Roqueme, Uberto Manuel Reyes Montalvo como sus hijos; Emilsa María Reyes
Pérez, Luis Alberto Reyes Pérez, Daniel Andrés Pérez Reyes, Marbelis Margarita Pérez Reyes, María Alejandra Reyes
Suárez, Miguel Antonio Reyes Suárez, Jesús Emiro Reyes Suárez, Yerledis del Carmen Suárez Reyes, Erika Patricia Suárez
Reyes, Dalis María Suárez Reyes, Marelbis Margoth Suárez Reyes, Luz Daris Suárez Reyes, Ingris María Suárez Reyes, Martha
Cecilia Suárez Reyes, Armedis del Carmen Suárez Reyes y Reinel Manuel Suárez Reyes como sus nietos.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 70001-23-31-000-2011-02131-01 (71.356)
Actor: Daniel Reyes Padilla y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca sentencia que negó pretensiones
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de la Nación – Rama Judicial, Ministerio de Defensa-Policía Nacional y Fiscalía
General de la Nación, con el fin de obtener la reparación de los perjuicios
ocasionados con la privación injusta de su libertad, dentro del proceso penal
adelantado en su contra por el delito de rebelión3.

2. En la demanda se planteó la siguiente pretensión declarativa (se trascribe):

“Primera: se declare administrativamente responsable a La Nación colombiana-
Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional de los daños,
perjuicios materiales y morales causados (…) por falla del servicio y por haber
privado injustamente de su libertad, el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia, y como consecuencia de la investigación penal que se
inició con la denuncia No. 1018 presentada ante la Unidad de Policía Judicial del
CTI de Sincelejo, calendada el 7 de agosto del año 2004, a las 9:00 AM, suscrita
por el señor HISVALDO RAFAEL PÉREZ PÉREZ, presentada en contra de DANIEL REYES
PADILLA y otros, por el presunto delito de rebelión y otro, profiriendo la Fiscalía
General de la Nación por intermedio de la Fiscalía 16 Seccional de Sincelejo al
resolverle la situación jurídica la medida de aseguramiento de detención
preventiva sin beneficio de libertad en establecimiento carcelario, al calificar el
mérito del sumario se profiere resolución de acusación (…) ”.

3. La indemnización solicitada se resume en los siguientes valores:

Perjuicio Demandante Monto
Perjuicios morales Para la víctima directa, su compañera
1000 SMLMV
permanente, sus hijos y sus nietos
Lucro cesante Para la víctima directa $10.000.0004
Daño emergente Para la víctima directa $10.000.0005

4. Adicionalmente, solicitó que, al momento de proferirse la sentencia, se
actualizara la condena al valor real del monto y se diera cumplimiento a la
providencia en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A.

5. Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante refirió, en
síntesis, los siguientes hechos:

6. 1) El 24 de agosto de 2004, la Fiscalía 16 Seccional delegada ante los
Jueces Penales del Circuito abrió formalmente la instrucción en contra de
Daniel Reyes Padilla, y otros sujetos, por la presunta comisión del delito de
rebelión, por lo que dispuso su vinculación mediante diligencia de indagatoria.
2) El 27 de agosto de ese año, Daniel Reyes Padilla fue capturado y rindió
indagatoria el 1 de septiembre siguiente. 3) El 10 de septiembre de 2004, al
definir su situación jurídica, la Fiscalía se abstuvo de imponer medida de
aseguramiento de detención preventiva. 4) El 23 de febrero de 2005, la Fiscalía
dictó resolución de acusación y ordenó su captura. 5) El 3 de marzo de ese

3 Folios 1 a 19 del documento 22_EXPEDIENTEDIGI_01201102131001raInst_20_20240604094102142.pdf, índice 2 de SAMAI
4 Por los ingresos “dejados de percibir como campesino y trabajador del campo”.
5 Por los gastos en que incurrió el demandante “por la defensa jurídica y técnica” dentro del proceso penal.

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Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca sentencia que negó pretensiones
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año, Daniel Reyes Padilla fue detenido nuevamente. 6) El 25 de octubre de
2005, el Juzgado 1 Penal del Circuito de Sincelejo estableció su responsabilidad
penal y lo condenó a 6 años de prisión. 7) El 21 de septiembre de 2007, la Sala
Penal del Tribunal Superior de Sincelejo concedió la libertad provisional al
procesado, que se hizo efectiva el 25 de septiembre siguiente. 8) El 30 de junio
de 2009, al resolver los recursos de apelación presentados por la defensa
técnica de algunos de los condenados, la Sala Penal del Tribunal Superior de
Sincelejo revocó el fallo de primera instancia y absolvió a Daniel Reyes Padilla
del cargo formulado.

1.2. Posición de la parte demandada

7. La Fiscalía General de la Nación presentó contestación a la demanda, en la
que se opuso a las pretensiones6. Aseguró que el ejercicio de la persecución
penal fue legal, alejado de cualquier procedimiento arbitrario,
desproporcional, o violatorio de derechos fundamentales. Por el contrario, su
intervención se dirigió a asegurar la comparecencia del presunto infractor al
proceso, de donde, el aquí demandante tenía el deber jurídico de soportar la
“acción de la justicia”. Agregó que pretender la atribución de responsabilidad
estatal en todos los procesos penales que finalicen con resolución de
preclusión o con absolución, constituiría un “flagrante desconocimiento de la
potestad punitiva que tiene el Estado” y la despojaría de sus poderes de
instrucción.

8. La Rama Judicial al presentar su contestación a la demanda7, expuso su
falta de legitimación en la causa dado que la medida que privó de la libertad
del demandante fue dictada en ejercicio de la “facultad exclusiva y
excluyente de la Fiscalía General de la Nación, cuyo levantamiento requería
que se verificara y surtiera plenamente la etapa de juicio”, esta última surtida
ante los jueces de la República. En todo caso, advirtió que el fallo condenatorio
fue revocado en segunda instancia “lo que evitó que el daño se consumara
pues la decisión del a quo nunca quedó ejecutoriada”. Propuso las
excepciones que denominó “inexistencia de error jurisdiccional”, “falta de
identidad entre la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial – existencia
de capacidad para actuar en procesos judiciales de la Fiscalía General de la
Nación”, la “culpa de un tercero”, “falta de relación causal entre los hechos
de la demanda y la persona del demandado” y la “innominada o genérica”.

9. La Policía Nacional, en su contestación a la demanda8, indicó que no
tuvo injerencia en la captura del hoy demandante, puesto que la entidad que
emitió la orden de captura fue la Fiscalía General de la Nación. Alegó su falta

6 Folios 119 a 132 del documento 4_EXPEDIENTEDIGI_02201102131001raInst_0_20240604094056267. Índice 2 SAMAI.
7 Folios 62 a 78 del documento 4_EXPEDIENTEDIGI_02201102131001raInst_0_20240604094056267. Índice 2 SAMAI.
8 Folios 90 a 94 del documento 4_EXPEDIENTEDIGI_02201102131001raInst_0_20240604094056267. Índice 2 SAMAI.

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Actor: Daniel Reyes Padilla y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca sentencia que negó pretensiones
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de legitimación pasiva en la causa, el cobro de lo no debido y la falta de
causalidad entre la falla de la administración y el daño.

1.3. Sentencia de primera instancia

10. El 6 de octubre de 2020, el Tribunal Administrativo de Sucre profirió
Sentencia de primera instancia9, en la que negó las pretensiones de la
demanda. Sostuvo que la privación de la libertad de Daniel Reyes Padilla no
fue injusta ya que “fue el resultado de la convergencia de los requisitos que el
estatuto procesal penal vigente para esa época exigía”. Encontró que se
“superaban los dos indicios graves de responsabilidad”, con sustento en los
elementos recaudados: 1) la denuncia elevada por Hisvaldo Pérez Pérez, 2) las
declaraciones de dos ex integrantes de las FARC y 3) la denuncia de Jhon
Deivis Narváez Borja. Además, la medida de aseguramiento impuesta no “fue
contraria a derecho, ni comportó arbitrariedad, falta de proporcionalidad o
capricho; convirtiéndose, per se, en una carga que estaba llamado a
soportar”. Por último, se abstuvo de condenar en costas.

1.4. Recurso de apelación

11. La parte demandante presentó recurso de apelación en contra de la
Sentencia de primera instancia10. Solicitó la aplicación de un régimen objetivo
de responsabilidad, pues las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación y
la Rama Judicial, aun si fueron realizadas en el marco de sus funciones
constitucionales y legales, no las eximían de responsabilidad si estas
ocasionaron daños antijurídicos a los ciudadanos. En el caso particular, Daniel
Reyes Padilla no estaba en el deber de soportar el daño producido con su
detención mientras se adelantaba la investigación penal que finalizó con
decisión absolutoria, lo que evidencia que el Estado no logró desvirtuar la
presunción de inocencia que lo amparaba. En cualquier caso, advirtió que el
entonces procesado no representada un peligro para la comunidad, ni estaba
demostrado “que haya participado directa o indirectamente en los hechos”,
como tampoco se halló elemento alguno que lo vinculara con grupos armados
ilegales.

1.5. Trámite relevante

12. Mediante Auto de 3 de junio de 201511, el despacho requirió al
apoderado de la parte demandante para que informe la dirección actual de
notificación de Emilsa María Reyes Pérez, Luis Alberto Reyes Pérez, Daniel
Andrés Pérez Reyes, Marbelis Margarita Pérez Reyes, María Alejandra Reyes

9Índice 4 de SAMAI del Tribunal
10 Índice 7 de SAMAI del Tribunal
11 Índice 18 de SAMAI.

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Actor: Daniel Reyes Padilla y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca sentencia que negó pretensiones
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Suárez, Miguel Antonio Reyes Suárez, Jesús Emiro Reyes Suárez, Yarledis del
Carmen Suárez Reyes, Erika Patricia Suárez Reyes, Dalis María Suárez Reyes,
Marelbis Margoth Suárez Reyes, Luz Daris Suárez Reyes, Ingris María Suárez Reyes
y Martha Cecilia Suárez Reyes, con el fin de ponerles en conocimiento la
configuración de la nulidad prevista por el artículo 133, numeral 4 del Código
General del Proceso12, relativa a la ausencia absoluta de poder y, de ser el
caso, que procedieran a sanearla.

13. El 7 de julio de 202513, la Secretaría de esta corporación requirió
nuevamente al apoderado de la parte demandante para que informara la
dirección de las personas que se encontraban sin representación. Sin
embargo, el apoderado no se pronunció.

14. Debido a lo anterior, para garantizar el debido proceso y darle celeridad
al mismo, mediante Auto de 14 de agosto de 202514 se ordenó continuar con el
proceso y se advirtió que, de no allegarse los poderes conferidos por Emilsa
María Reyes Pérez, Luis Alberto Reyes Pérez, Daniel Andrés Pérez Reyes, Marbelis
Margarita Pérez Reyes, María Alejandra Reyes Suárez, Miguel Antonio Reyes
Suárez, Jesús Emiro Reyes Suárez, Yarledis del Carmen Suárez Reyes, Erika
Patricia Suárez Reyes, Dalis María Suárez Reyes, Marelbis Margoth Suárez Reyes,
Luz Daris Suárez Reyes, Ingris María Suárez Reyes y Martha Cecilia Suárez Reyes,
con el cumplimiento de los requisitos legales, no podrían ser tenidos como parte
en este proceso. Los documentos no fueron aportados.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2. El daño; 2.3.
Análisis de la legalidad de la privación de la libertad; 2.4. Entidad a la que se le imputa el daño;
2.5. Liquidación de perjuicios; 2.6. Costas

2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán

15. La Sala decidirá el fondo del asunto porque están reunidos los
presupuestos procesales para fallar, entre ellos, la oportunidad en la

12 Conviene recordar que este despacho, en desarrollo de lo establecido en el Auto de unificación de 25 de junio de

2014, radicación 49.299, y en la norma de transición prevista en el inciso segundo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887
– modificado por el artículo 624 del CGP-, precisó que la aplicación ultractiva del Código de Procedimiento Civil (CPC)
atañe únicamente al trámite del recurso de apelación. En consecuencia, cualquier actuación o solicitud que se
presente durante el trámite del recurso y que no sea inherente sino ajena al mismo –como serían, por vía de ejemplo,
el reconocimiento de personerías, las admisiones de renuncias, las solicitudes de copias y certificaciones, las solicitudes
y declaratorias de nulidades procesales, entre otras–, en cuanto extrínseca al trámite del recurso apelación interpuesto,
se subsume en la regla general de aplicación de la ley procesal en el tiempo, según la cual su entrada en vigencia es
inmediata.
13 Índice 24 de SAMAI.
14 Índice 27 de SAMAI.

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Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca sentencia que negó pretensiones
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presentación de la demanda15. En esta providencia, la Sala revocará la
Sentencia de primera instancia y, en su lugar, declarará la responsabilidad del
Estado por la privación injusta de la libertad de Daniel Reyes Padilla porque la
medida de aseguramiento no cumplió con los requisitos legales exigidos para
su imposición, así, liquidará los perjuicios materiales e inmateriales de
conformidad con los criterios desarrollados por esta Subsección en casos
similares.

16. Con ese fin, la Sala abordará los asuntos en el siguiente orden: primero,
identificará que se acreditó un daño consistente en la afectación del derecho
a la libertad. Luego, analizará la legalidad de la privación de la libertad y
expondrá las razones por las cuales, en este caso, no se cumplió con la
normativa procesal penal vigente para ese momento. Posteriormente, dado
que en este caso no se evidenció el hecho de la víctima como causal eximente
de responsabilidad en casos de privación injusta de la libertad, atribuirá el daño
a las demandadas. Finalmente, liquidará la indemnización de los perjuicios y
declarará improcedente la condena en costas.

2.2. El daño

17. Está probado que, Daniel Reyes Padilla fue privado de su libertad, desde
el 3 de marzo de 200516 hasta el 25 de septiembre de 200717, en virtud de la
medida de detención ordenada en la acusación. También está probado que,
previamente, permaneció detenido mientras se definió su situación jurídica
entre el 27 de agosto y 10 de septiembre de 200418. El proceso concluyó con
fallo absolutorio dictado el 20 de junio de 2009, por la Sala Penal Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Sincelejo19. Así, el periodo total de privación fue
de 31 meses y 8 días.

2.3. Análisis de la legalidad de la privación de la libertad

18. En este caso, por la fecha de los hechos denunciados, la investigación
penal fue adelantada bajo las previsiones de la Ley 600 de 2000. De acuerdo
con el artículo 354 de dicha normativa, la situación jurídica se definía solo en
aquellos casos en que era procedente la detención preventiva. Asimismo, de

15 La providencia que finalizó el proceso penal quedó ejecutoriada el 31de julio de 2009 y la demanda fue presentada

el 8 de septiembre de 2009, además, el término se suspendió entre el 7 de julio y el 2 de septiembre de 2011 por cuenta
del trámite de conciliación prejudicial: de manera que se concluye que la acción se ejerció dentro del término previsto
por el artículo 136, numeral 8, del C.C.A. Constancia de ejecutoria visible a folio 7, 33 a 36 del documento
4_EXPEDIENTEDIGI_02201102131001raInst_0_20240604094056267. Índice 2 SAMAI.
16 Acta de derechos del capturado, boleta de encarcelación e informe de captura rendido por la policía judicial.

Folios 79 a 81 del documento 2011.02131-00C.Prueba.03pdf. índice 2 de SAMAI.
17 Acta de compromiso. Folio 104 del documento 2011.02131-00C.Prueba.03pdf. índice 2 de SAMAI.
18 Acta de derecho de capturado, indagatoria rendida por Daniel Reyes Padilla y resolución mediante la cual la Fiscalía

16 se abstuvo de imponer medida de aseguramiento de detención preventiva en su contra. Folios 9, 141 a 147 del
documento 2011.02131-00C.Prueba07 y 125 a 148 del documento 2011.02131-00C.Prueba08. Índice 2 SAMAI
19 Folios 106 a 159 del documento 2011.02131-00C.Prueba02. Índice 2 SAMAI

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conformidad con los artículos 355 al 357 ibidem, la detención preventiva se
imponía: 1) cuando se tratase de un delito que tuviera prevista pena de prisión
cuyo mínimo fuera o excediera de 4 años, si se encontraba dentro del listado
indicado por la ley o cuando estuviere vigente sentencia condenatoria
ejecutoriada proferida por ciertos delitos; 2) si aparecieran, por lo menos, dos
indicios graves de responsabilidad y 3) si resultaba necesaria para el
cumplimiento de alguno de sus fines20.

19. Inicialmente, se advierte que la medida de aseguramiento dictada en
contra de Daniel Reyes Padilla por el delito de rebelión fue adoptada por una
conducta respecto de la cual procedía la medida de aseguramiento de
detención preventiva, al encontrarse incluida dentro de la hipótesis
establecida por el artículo 357, numeral 1, del C.P.P21. No obstante, la Sala
advierte que, la Fiscalía no tenía un fundamento probatorio sólido para inferir
la responsabilidad penal del entonces sindicado y, además, no justificó la
necesidad de su imposición conforme a los fines constitucionales y legales, por
lo que la medida de aseguramiento fue ilegal.

20. La Fiscalía 16 delegada ante los Jueces penales del circuito, Unidad de
delitos contra la fe pública y el patrimonio económico, dictó acusación en
contra de Daniel Reyes Padilla con fundamento en: 1) la denuncia formulada
por Hisvaldo Pérez Pérez y la diligencia de reconocimiento en fila de personas
que se le practicó; 2) las declaraciones de los ex integrantes de las FARC Roinel
Rafael Ruíz Pérez y Carlos Yesid Herrera Tovar; y 3) la denuncia presentada por
Jhon Deivis Narváez Borja22. Elementos que sustentaron, además, la imposición
de la medida de aseguramiento de detención preventiva que fue ordenada
como consecuencia de la formulación acusatoria.

21. De acuerdo con las versiones entregadas por Hisvaldo Pérez Pérez, Daniel
Reyes Padilla fue identificado como capitán menor de un cabildo indígena y
“les colabora bastante [a las FARC] haciendo averiguaciones en el municipio
de Colosó sobre lo que tiene que ver con el presupuesto y con todo lo
relacionado con la Alcaldía”; además, lo señaló de haber “participado en
reuniones con los comandantes de la guerrilla tales como alias PEDRO PARADA
y MANUEL ORTIZ, comandantes del 35 y 37 frente de las FARC”. Justificó que su
conocimiento provenía de su cercanía con el grupo guerrillero, pues
habitualmente les prestaba colaboración en ciertas zonas, aunque no
proporcionó detalles sobre este punto. Asimismo, al practicarse la diligencia de

20 Artículo 355 del Código de Procedimiento Penal. Fines. “La imposición de la medida de aseguramiento procederá

para garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, la ejecución de la pena privativa de la libertad o impedir
su fuga o la continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir o deformar
elementos probatorios importantes para la instrucción, o entorpecer la actividad probatoria”.
21 La pena mínima de prisión contemplada para el delito investigado supera los 4 años.
22 Folios 5 a 59 del documento 2011.02131-00C.Prueba.03pdf. índice 2 de SAMAI.

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reconocimiento en fila de personas, estableció la identidad de Daniel Reyes
Padilla con la de un sujeto conocido como “El Indio”.

22. Por su parte, Roinel Rafael Ruíz Pérez sostuvo que conoció a Daniel Reyes
(se trascribe):

“desde 1999 y cuando conformó el cabildo indígena hacía[n] las reuniones en
Pueblo Nuevo donde una muchacha que pertenecía a la junta y,
posteriormente, en el mismo año coordinó con PEDRO PARADA en el Alto del
Sereno, dónde él vivía, un poco arriba de Pajarito, [fue] varias veces a la casa
de él a notificarlo de las reuniones del cabildo, porque [él] era Alguacil Tercero
del cabildo. La reunión más importante con PEDRO PARADA la hizo en el 2002
en Chalán, como ya en ese tiempo tenía[n] mucha gente dentro del cabildo
indígena, era perfecto para PEDRO PARADA meterlo a la junta que conformó
en Chalán con los miembros de la Junta Departamental Agrícola y Fensuagro,
que la última reunión que se hizo en Sucre para tratar temas sobre un paro que
se iba a hacer en la zona de allá para acá, eso fue en septiembre y todos los
líderes de todas las zonas de Colosó, Bajo Don Juan, eso fue grande, San
Antonio, Chalán hasta de Don Gabriel vino gente, a pesar de que [Roinel Ruíz]
ya no tenía contacto con la guerrilla fue porque era usuario de Fensuagro (…)
ella y [él] junto a DANIEL REYES alias EL INDIO conforma[ron] la primera junta del
resguardo indígena de Colosó y la función de ella en ese tiempo era vigilar la
fuerza pública que llegara a Colosó”

23. Si bien la Fiscalía explicó que su decisión la fundaba, además, en el
testimonio presentado por Carlos Yesid Herrera Tovar y la denuncia de John
Deivis Narváez Borja, su contenido no fue reproducido en la providencia.
Revisado el expediente, se encuentra que dichas imputaciones señalaban a
Daniel Reyes Padilla como miliciano del frente 35 de las FARC, que brindaba
hospedaje en su vivienda a “cuadrillas de la guerrilla y se encarga[ba] de
llevarles víveres y medicina”23; de “hacer inteligencia al puesto de policía de
Colosó (…) con el fin de hacer hostigamientos o si es posible tomarse el puesto
(…)”, también de proporcionar a alias “Manguera” “tarjetas para llamar por
teléfono”, comprar víveres para el campamento y de realizar labores de
inteligencia al concejal de Chalán entre 2003 y 200424. Comportamientos de los
que, para la Sala, difícilmente puede hallarse relación con los atribuidos en la
acusación, en primer término, porque no resultan coincidentes, y, segundo,
debido a su falta de coherencia y consistencia, pues no puede explicarse que
la misma persona sea señalada, al tiempo, como colaborador y miliciano del
grupo armado desempeñando funciones tan distintas unas de las otras.

24. Frente a los cargos formulados, Daniel Reyes Padilla negó pertenecer al
grupo guerrillero25. Tampoco aceptó conocer a los declarantes, ni haber
sostenido ningún contacto con los señalados comandantes de las facciones

23 Folios 138 a 142 del documento 2011.02131-00C.Prueba.06pdf. índice 2 de SAMAI
24 Folios 183 a 192 de documento 2011.02131-00C.Prueba10.pdf, índice 2 de SAMAI
25 Folios 141 a 147 del documento 2011-02131-00C.Pruebas01.pdf, índice 2 de SAMAI.

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Radicación: 70001-23-31-000-2011-02131-01 (71.356)
Actor: Daniel Reyes Padilla y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca sentencia que negó pretensiones
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guerrilleras. Además, rechazó las imputaciones relativas a las reuniones
sostenidas con los comandantes de los frentes 35 y 37 de las FARC, así como de
informar sobre temas presupuestales o de recursos que manejaba
exclusivamente la Alcaldía de Colosó.

25. Por lo anterior, la acusación formulada se limitaba al contenido de las
declaraciones proporcionadas por Hisvaldo Pérez Pérez y Roinel Rafael Ruíz
Pérez. Sobre el primero, explicó que se trataba de un “ex auxiliador” del grupo
guerrillero, “que ejerció funciones desde la comunidad, quien, de manera
clara, coherente y responsiva, explica la razón de la ciencia de su dicho (…) el
paso de este miliciano le posibilita[ba] el conocimiento de la estructura interna
de ese grupo guerrillero, no sólo de los hombres que empuñan las armas sino
de aquellas personas que desde su condición de civiles prestan apoyo logístico,
de inteligencia, informativo, financiero, suministro de víveres y otras múltiples
actividades”, por ende su dicho ameritaba credibilidad y era veraz.

26. Para la Fiscalía, los testimonios de quienes fueron guerrilleros, militantes o
de quienes hayan tenido vínculo con las fuerzas ilegales eran “la prueba
fehaciente para este tipo penal” y, por el contrario, la prueba testimonial
practicada a favor de Daniel Reyes Padilla “no alcanza a desvirtuar esa
condición de rebeldes, porque como lo ha sostenido la delegada en distintas
oportunidades, los declarantes respecto de la conducta de los inculpados solo
pueden dar fe de la persona como padre de familia, trabajador, de la persona
cumplidora de deberes religiosos, etc., porque la condición de colaboradores
es desconocida, ya que de otro modo la milicia perdería su esencia, de ahí que
no se uniformen o que porten armas”. Así, sostuvo, la información recolectada
permitía la construcción de los indicios necesarios para sustentar la
responsabilidad penal de Daniel Reyes Padilla como colaborador del grupo
guerrillero. Es decir, su esfuerzo argumentativo se dirigió a realizar un recuento
de las pruebas que en su sentir evidenciaban la posible comisión del delito, pero
no explicó cuáles eran los indicios graves de responsabilidad capaces de
sustentar la acusación formulada.

27. Una vez revisado lo anterior, la Sala observa que los elementos de
convicción que soportaron esos señalamientos fueron insuficientes. Las
declaraciones de los señalados exguerrilleros no proporcionaron información
que permitiera contrastar la veracidad de su dicho, por lo que se fundaron en
el supuesto conocimiento que de la estructura y organización del grupo tenían,
sin precisarse la fuente del mismo. Adicionalmente, la supuesta identidad del
referido guerrillero fue establecida a partir del reconocimiento efectuado por
Hisvaldo Pérez Pérez y de un informe de inteligencia que, si bien fue ordenado,
se desconocía el plan metodológico seguido y el mecanismo utilizado para la
individualización del implicado.

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Radicación: 70001-23-31-000-2011-02131-01 (71.356)
Actor: Daniel Reyes Padilla y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca sentencia que negó pretensiones
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28. Además, la Fiscalía no precisó las circunstancias de modo, tiempo y lugar
que permitieran definir, con precisión, el comportamiento reprochado al
acusado. En efecto, de lo expuesto en la resolución de acusación no es posible
establecer con claridad cuáles fueron las actividades que supuestamente
desempeñaba en el grupo guerrillero, como tampoco se proporcionaron
elementos de juicio o referencias adicionales con el fin de establecer una
conexión entre aquel y las acciones delictivas investigadas. Además, pese a
que la defensa aportó documentos que resaltaban las cualidades personales
del sindicado, así como su actividad económica, la Fiscalía no consideró este
aspecto.

29. En la decisión que absolvió de manera definitiva al acusado, la Sala Penal
del Tribunal Superior de Sincelejo concluyó que les asistía la razón a los
defensores al señalar las “innumerables contradicciones en las que incurren
ambos testigos”, lo que generó incredulidad sobre las acusaciones lanzadas,
“al punto que no log[raron] convencer para que sirv[ieran] de base y se
edifi[cara] un fallo de condena”. Para el Tribunal, se demostró, en cambio, que
Daniel Reyes Padilla era un líder de la comunidad indígena y este sólo hecho
no revestía de certeza a los señalamientos realizados por los testigos. Explicó
que “ambas acusaciones van encaminadas a que éste debía informar al grupo
guerrillero cuál era el presupuesto del municipio de Colosó y todo lo
relacionado con dicha Alcaldía, pero ninguno de los testigos de cargo precisa
o profundiza sobre cuáles eran los lazos que el procesado tenía con la entidad
territorial para tener acceso a la información contable del ente municipal, ni
para qué le servía a la guerrilla esos datos, dejando sin soporte este cargo, toda
vez que ninguna otra prueba la respalda para considerarlo responsable de
rebelión”.

30. Por tanto, a pesar de que la investigación penal se adelantaba por la
presunta comisión del delito de rebelión, respecto del cual procedía la
imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva no
existían motivos suficientes para proferir la acusación, ordenar su captura e,
incluso, para mantenerla hasta la etapa de juicio. En definitiva, la información
recolectada a través de los testigos, al resultar en extremo vaga y poco precisa,
no tenía el mérito suficiente para sustentar la atribución de la conducta punible
imputada.

31. Por otra parte, en relación con la necesidad de la medida de
aseguramiento, la Sala encuentra que la Fiscalía se limitó a constatar su
presunta responsabilidad en la conducta investigada como se acaba de
indicar, pero no explicó por qué en este caso en concreto se cumplían los fines
constitucionales y legales para la imposición de una medida de

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Radicación: 70001-23-31-000-2011-02131-01 (71.356)
Actor: Daniel Reyes Padilla y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca sentencia que negó pretensiones
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aseguramiento. Es decir, no argumentó por qué era necesaria para resguardar
la actividad probatoria del proceso, garantizar el eventual cumplimiento de la
pena o para la protección de la comunidad.

32. En relación con la Rama Judicial, a pesar de la omisión existente sobre la
justificación de la necesidad de la medida de aseguramiento, el juzgado la
mantuvo durante toda la etapa de juicio, sin consideración a la facultad legal
que tenía para proceder a su revocatoria.

33. El artículo 363 de la Ley 600 de 2000 preveía que “[d]urante la instrucción,
de oficio o a solicitud de los sujetos procesales, el funcionario judicial revocará
la medida de aseguramiento cuando sobrevengan pruebas que la desvirtúen”.
Esta disposición fue declarada exequible, de manera condicionada, por la
Corte Constitucional en la Sentencia C-774 de 2001, “en el sentido de que en
la apreciación de las causales de revocatoria de la detención preventiva debe
tenerse en cuenta también la consideración sobre la subsistencia de su
necesidad en atención a los fines que llevaron a decretarla”. Por tanto, “la
detención preventiva puede ser revocada cuando surjan nuevos elementos de
juicio que permitan establecer la ausencia o carencia de eficacia para lograr
sus objetivos, ya sea porque existe certeza sobre la comparecencia del
sindicado al proceso, por la imposibilidad de afectación a la comunidad o al
material probatorio”.

34. Debido a lo anterior, la Corte Suprema de Justicia ha entendido que, “la
revocatoria de la medida de aseguramiento será viable no solo en la
instrucción cuando sobreviene prueba que enerve sus fundamentos
probatorios, sino también en cualquier instante de la actuación en que el
funcionario tenga la seguridad que el procesado acudirá al trámite y a la
ejecución de la pena, que no cometerá más delitos, y que no atentará contra
la inmutabilidad de la prueba, es decir, una vez se hayan superado sus objetivos
constitucionales y fines rectores”26. En consecuencia, en la fase del juicio, el juez
tiene la facultar para revocar la medida de aseguramiento cuando advierta
que esta no cumple con los fines aludidos, al constatar que el procesado no
interferirá en el trámite del proceso, ni con la acción de la justicia y tampoco
pondrá en riesgo bienes jurídicos importantes de la comunidad.

35. En consecuencia, ante el incumplimiento de los requisitos exigidos por la
ley procesal vigente para la imposición de la medida de aseguramiento de
detención preventiva y prolongarla durante la etapa de juicio, la Sala
declarará la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación y la Rama
Judicial por la falla en el servicio y ordenará el pago de los perjuicios causados

26 Corte Suprema de Justicia. Auto de 2 de octubre de 2003, Exp.21348. En el mismo sentido se encuentra

el Auto de 23 de noviembre de 2016, Exp. 35691.

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Actor: Daniel Reyes Padilla y otros
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a los demandantes por la privación injusta de la libertad de Daniel Reyes
Padilla.

36. Enseguida, como se estableció con antelación, Daniel Reyes Padilla
permaneció detenido por un periodo adicional comprendido entre el 27 de
agosto y el 10 de septiembre de 2004, mientras rendía su indagatoria y se definía
su situación jurídica. El artículo 322 de la Ley 600 de 2000, disponía que, frente a
la posible comisión de un delito y de manera previa a la apertura de la
instrucción, el ente investigador podría iniciar una etapa de indagación
preliminar, con el fin de, entre otros supuestos, determinar si efectivamente la
conducta de la que ha tenido conocimiento está descrita en la ley penal como
punible o para individualizar e identificar a los posibles autores o partícipes del
comportamiento.

37. Asimismo, una vez iniciada la etapa de investigación formal, la fiscalía
debía citar a los posibles autores o partícipes a rendir indagatoria y, en caso de
no comparecencia, podía ordenar su captura para garantizar la práctica de
la diligencia. Además, la entidad estaba facultada para emitir una orden de
captura para asegurar la comparecencia del imputado cuando existieran
motivos suficientes, respaldados con “las pruebas allegadas” a la actuación,
que permitieran inferir que se procedía respecto de un delito por el cual resulta
obligatorio resolver su situación jurídica.

38. Después de la vinculación al proceso penal, la detención podía
mantenerse hasta el momento en que se definiera la situación jurídica del
sindicado, si subsistían o surgían razones para considerar que había lugar a
imponer medida de aseguramiento. Esto quiere decir que si después de
realizada la diligencia, no había indicios ni pruebas que justificaran la
detención, el sindicado debía ser dejado en libertad, por lo menos, hasta la
definición de su situación jurídica, de modo que sus derechos fundamentales
se restringieran en la menor medida posible. Por ello, al establecerse la
veracidad de los argumentos exculpatorios ofrecidos por el capturado o, al
menos, la insuficiencia probatoria de los medios recaudados hasta ese punto,
la fiscalía debió ordenar la libertad de Daniel Reyes Padilla una vez finalizada
su indagatoria, circunstancia que no ocurrió. Así las cosas, dado que no se
contaba con motivos fundados para mantener la restricción de la libertad de
Daniel Reyes Padilla con posterioridad a dicha diligencia, también se declarará
la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, a título de falla del
servicio, por este lapso de detención.

2.4. Entidad a la que se le atribuye el daño

39. La Sala no advierte la configuración del hecho exclusivo de la víctima,
causal eximente de responsabilidad en materia de privaciones injustas de la

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libertad. El demandante intervino en el proceso penal y allí presentó los
argumentos y las respectivas justificaciones, tendientes a demostrar su
inocencia en el comportamiento investigado.

40. Ahora bien, esta Subsección advierte que la actuación penal se
adelantó bajo el régimen previsto por la Ley 600 de 2000, según el cual, la etapa
de instrucción estaba a cargo de la Fiscalía General de la Nación y a partir de
“la ejecutoria de la resolución de acusación comienza la etapa del juicio y
adquieren competencia los jueces encargados del juzgamiento y el Fiscal
General de la Nación o su delegado la calidad de sujeto procesal”27.

41. Debido a que en el presente asunto la privación de la libertad se
prolongó hasta la etapa de juicio, en la producción del daño participaron,
tanto la Fiscalía General de la Nación, como la Rama Judicial. Por tanto, el
daño se les atribuirá a las demandadas en una proporción equivalente al
tiempo que la víctima estuvo privada de la libertad por cuenta de cada
entidad. Es decir, el primer periodo de privación que va desde el 27 de agosto
al 10 de setiembre de 2004 estará a cargo de la Fiscalía en tanto hasta esa
fecha no habría, según las normas procesales, cobrado ejecutoria la resolución
de acusación28,y el segundo, comprendido entre el 3 de marzo de 2005 y el 25
de septiembre de 2007, del cual corresponderá un día a la Fiscalía y el restante
a la Rama Judicial pues el entonces procesado, a partir del 4 de marzo de 2005,
se encontraba a cargo del Juzgado 1 penal del circuito de Sincelejo. Lo
anterior, equivale a un tiempo total de privación de 31 meses y 8 días.

2.5. Liquidación de perjuicios

2.5.1. Perjuicios inmateriales

42. De acuerdo con las reglas de la experiencia, la privación de la libertad
causa una afectación de índole moral, así como sentimientos de angustia,
zozobra e incertidumbre de la persona que sufre la detención. Con el fin de
unificar las reglas sobre la prueba y cuantificación de los perjuicios morales en
casos de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, la
Sección Tercera de esta corporación, en Sentencia de 29 de noviembre de

27 Artículo 400 de la Ley 600 de 2000.
28 Esto, si se tienen en cuenta los artículos 178 y 179 de la Ley 600 de 2000 –norma procesal vigente para el momento en

que se dictó esta decisión-, que regulan las notificaciones, personal y por estado, de una providencia interlocutoria,
dicha resolución debió quedar, por lo menos, ejecutoriada el 3 de enero de 2005. En efecto, según dicha legislación,
primero, las notificaciones al sindicado que no estuviere detenido se harán personalmente si se presentare en la
secretaría dentro de los tres (3) días siguientes al de la fecha de la providencia -en este caso 24, 25 y 26 de febrero-,
pasado ese término se notificará por estado fijado tres días después de la fecha en la que se efectuó la citación, la
cual debía realizarse, a más tardar, el día hábil siguiente a la fecha de la providencia -24 de febrero-. Por tanto, la
fijación del estado debía hacerse el 1 de marzo y, después, correría el término de ejecutoria, es decir, entre el 2, 3 y 4
de marzo de 2005. Por tanto, este último día habría quedado ejecutoriada la resolución de acusación, por lo que al día
siguiente la fiscalía perdió competencia para continuar con la instrucción del caso seguido en contra del entonces
acusado.

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Decisión: Revoca sentencia que negó pretensiones
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202129, mantuvo la presunción de la afectación moral respecto de la víctima
directa y estableció los topes máximos para ser observados en la tasación de
su indemnización. Esto último, en función del tiempo de la detención (cuyo
incremento es progresivo) y en consideración a la proporcionalidad respecto
de los topes fijados para otro tipo de daños (v.gr. en caso de muerte).

43. En la misma decisión se determinó que la prueba del parentesco dentro
del primer grado de consanguinidad del detenido, su cónyuge o su compañero
o compañera permanente, constituye presunción del perjuicio moral para ellos,
para lo cual estableció como monto máximo, el reconocimiento del 50% de la
suma que le correspondería a la víctima directa. Adicionalmente precisó que,
para las demás demandantes, en caso de acreditar los perjuicios morales, el
máximo que se aplicaría sería del 30%. No obstante, indicó que para la
determinación del monto final de la indemnización de las victimas indirectas “la
cuantificación deberá estar fundamentada en las pruebas que obren en el
expediente y ella deberá ser motivada según lo probado en cada caso”.

44. Por lo anterior, dado que Daniel Reyes Padilla permaneció privado de la
libertad por 31 meses y 8 días, le corresponde a su favor la suma equivalente a
100 SMLMV, del cual 98,3 SMLMV estarán a cargo de la Rama Judicial y 1,7
SMLMV de la Fiscalía.

45. Para comprobar la afectación moral de los demandantes, la parte
solicitó la práctica de los testimonios a Salustiano Ruíz Sierra, Marcelina Rosa
Borja Álvarez, Rafael Álvarez Mendoza, Rafael Emiro Peralta Vergara, sin
embargo, estas declaraciones no lograron ser recaudadas debido a su
inasistencia, sin que se elevara petición para que fueran programadas en fecha
posterior30. Esta circunstancia impide la determinación de la intensidad del
perjuicio sufrido por Tenilda Rosa Montalvo Hernández, compañera
permanente del demandante principal31, y de Betty del Carmen Reyes
Montalvo, Ledys Reyes Montalvo, Miguel Enrique Reyes Roqueme, y Uberto
Manuel Reyes Montalvo, hijos del demandante principal32; así como las
relaciones de afecto y solidaridad respecto de los nietos de Daniel Reyes Padilla
que indicaran si, en efecto, les fue ocasionado un dolor moral.

29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de unificación jurisprudencial

de 29 de noviembre de 2021, Exp. 46681. Según esta providencia, si la privación de la libertad tuvo una duración igual
o inferior a un mes, una suma fija equivalente a 5 SMLMV. Si la privación tuvo una duración superior a un mes, por cada
mes adicional transcurrido, se adicionan 5 SMLMV; y además, por cada día adicional al último mes transcurrido, una
fracción equivalente a 0,166 SMLMV. En todo caso, la indemnización no podrá superar los 100 SMLMV, salvo que se
acrediten circunstancia que evidencien una gravedad e intensidad excepcional en el perjuicio moral padecido; en
dicho evento el tope máximo será de 300 SMLMV.
30 Constancias de inasistencia de los testigos a la diligencia programada para el 12 de febrero de 2013. Folios148 a 152

en el documento 4_EXPEDIENTEDIGI_02201102131001raInst_0_20240604094056267. Índice 2 SAMAI.
31 De acuerdo con la información proporcionada en su indagatoria y recopilada en la Sentencia penal de primera

instancia que, valorada en conjunto con los registros civiles de Betty del Carmen Reyes Montalvo y Ledys Reyes
Montalvo, en los que figura la aludida demandante es su progenitora, permite inferir una comunidad de vida de
carácter singular y permanente entre Daniel Reyes Padilla y Tenilda Rosa Montalvo Hernández.
32 Registros civiles de nacimiento. Folios 176, 178, 180 y 210 en documento 4_EXPEDIENTEDIGI_02201102131001raInst_0_

20240604094056267. Índice 2 SAMAI.

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46. Por esta razón, se hará un reconocimiento para Tenilda Rosa Montalvo
Hernández, Betty del Carmen Reyes Montalvo, Ledys Reyes Montalvo, Miguel
Enrique Reyes Roqueme, y Uberto Manuel Reyes Montalvo que consistirá en el
35% del monto tasado para la víctima directa y será distribuido entre las
demandadas. De otro lado, negará los perjuicios solicitados por los demás
demandantes ante la falta de pruebas acerca de su causación.

47. Los perjuicios reconocidos se resumen de la siguiente manera:

Fiscalía General Rama
Demandante Calidad Total
de la Nación Judicial
Daniel Reyes Padilla Víctima directa 1.7 SMLMV 98.3 SMLMV 100 SMLMV
Tenilda Rosa Montalvo Hernández Compañera 0.6 SMLMV 34.4 SMLMV 35 SMLMV
permanente
Betty del Carmen Reyes Montalvo Hija 0.6 SMLMV 34.4 SMLMV 35 SMLMV
Ledys Reyes Montalvo Hija 0.6 SMLMV 34.4 SMLMV 35 SMLMV
Miguel Enrique Reyes Roqueme Hijo 0.6 SMLMV 34.4 SMLMV 35 SMLMV
Uberto Manuel Reyes Montalvo Hijo 0.5 SMLMV 34.4 SMLMV 35 SMLMV

48. Adicionalmente, la Sala considera que toda privación injusta de la libertad
trae consigo una intensa vulneración del derecho al buen nombre de quien la
padeció. En efecto, el ejercicio del ius puniendi se sustenta en la confianza
legítima de toda la población, que lo acata porque presume su corrección.
Por tanto, cuando la sociedad tiene conocimiento de la detención preventiva
de un ciudadano, asume que el Estado tenía serios y razonables indicios de su
responsabilidad y que dicha persona no podía defenderse de los cargos
estando en libertad. Así las cosas, esta Subsección estima que una medida de
este tipo, en ausencia de un título jurídico que justifique la restricción del
derecho a la libertad, conlleva necesariamente un menoscabo en la
reputación de quien la soporta.

49. En estos casos, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la Sala
encuentra que de la vulneración al buen nombre se deriva siempre y
necesariamente un perjuicio sobre la reputación, o el concepto que de la persona
tenían los demás33, un deterioro de la apreciación que se tenía del sujeto por la
conducta que observaba en su desempeño dentro de la sociedad34. Este
asunto, que podría parecer coyuntural, ha sido considerado en la
jurisprudencia un factor intrínseco de la dignidad humana que a cada persona debe
ser reconocida tanto por el Estado, como por la sociedad35. De ahí la gravedad del
perjuicio que debe repararse con ocasión del daño al buen nombre de Daniel
Reyes Padilla.

33 Corte Constitucional. Sentencia C-489 de 2002.
34 Corte Constitucional. Sentencia C-452 de 2016.
35 Corte Constitucional. Sentencia T-977 de 1999.

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50. En relación con este último reconocimiento, la Sala considera que la
adopción de una medida de restablecimiento del derecho al buen nombre del
demandante es una expresión propia de la justicia restaurativa que le compete
a todo funcionario judicial, con la que se busca volver las cosas al estado
anterior a la ocurrencia del hecho dañoso o, por lo menos, limitar sus
consecuencias nocivas. Por tanto, en este caso procede la reparación oficiosa
de los derechos efectivamente vulnerados o amenazados36.

51. Por tal motivo, se ordenará a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama
Judicial que emitan un comunicado en el que se disculpen con la víctima por
el perjuicio causado y reconozcan que se ordenó su detención en un proceso
penal sin que existieran motivos serios para ello. De acuerdo con el principio
según el cual este tipo de reparaciones integrales debe concertarse con las
víctimas, el demandante les informará a las entidades, dentro del mes siguiente
a la ejecutoria de esta providencia, si dicho documento solamente le será
entregado en físico a él o si, además, desea que se publique en las plataformas
de comunicación y difusión de la entidad, y a ello procederán la Fiscalía
General de la Nación y Rama Judicial una vez sea indicado. De no hacerse
ninguna manifestación durante ese lapso, se entenderá que la víctima opta
porque las disculpas se expresen de forma privada, por lo que las entidades así
lo cumplirán de manera inmediata.

2.5.2 Perjuicios materiales

52. Los demandantes solicitaron, en la modalidad de daño emergente, los
gastos en que incurrieron para atender la defensa de Daniel Reyes Padilla
dentro el proceso penal. En este punto debe recordarse que, en la Sentencia
de 18 de julio de 201937, la Sala Plena de la Sección definió como requisitos para
el reconocimiento de este perjuicio los siguientes: i) la prueba de la real
prestación de los servicios del abogado y ii) la factura o documento
equivalente que registre el valor de los honorarios y la prueba de su pago. Al
respecto, la parte demandante aportó un documento que “certifica el pago
de los honorarios” al abogado que ejerció la defensa técnica dentro del
proceso penal38. No obstante, la Sala negará este perjuicio material porque los
elementos aludidos no constituyen factura o documento equivalente, en los
términos establecidos en el Estatuto Tributario.

36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de unificación jurisprudencial

del 28 de agosto de 2014, Exp. 26251, en la que se indicó: “se reconocerá, aun de oficio, la afectación o vulneración
relevante de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados. Procederá siempre y cuando se
encuentre acreditada dentro del proceso su concreción y se precise su reparación integral. Se privilegia la
compensación a través de medidas reparatorias no indemnizatorias a favor de la víctima directa y a su núcleo familiar
más cercano (…)” (subrayas fuera del texto).
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 18 de julio de 2019, Exp.

44572.
38 Folio 6 en documento 4_ Además, en el expediente penal constan las actuaciones del abogado mencionado, por

lo que se considera que este profesional efectivamente asumió su defensa.

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53. La Sala encuentra acreditado el perjuicio por concepto de lucro cesante.
Para el momento de su detención, el demandante trabajaba en labores de
agricultura39. No obstante, no se concluirá lo mismo respecto del monto
mensual devengado, como quiera que no se aportaron medios de prueba
dirigidos a ese fin.

54. En consecuencia, la Sala liquidará este perjuicio con base en el salario
mínimo legal vigente40, sin que haya lugar al incremento del 25% por concepto
de prestaciones sociales, al no haber sido solicitado en la demanda y al no
comprobarse un vínculo laboral de subordinación. Además, se tomará en
consideración el tiempo que estuvo privado de su libertad a cargo de cada
una de las demandadas: 16 días en el caso de la Fiscalía y de 30 meses y 22
días para la Rama Judicial. La operación matemática arroja como resultado la
suma de $753.594,1541 y $47.061.574,6742, respectivamente, que serán
reconocidas a Daniel Reyes Padilla.

55. En este sentido se advierte que, si bien la parte demandante estimó este
perjuicio en la suma de $10.000.000, también es cierto que, al verificar el
contenido de la demanda la pretensión reparatoria, se encuentra que fue
formulada en términos globales para " los perjuicios de orden material y moral,
subjetivos y objetivados, actuales y futuros, los cuales se estima[ron] como
mínimos en la suma de mil cuarenta y un (1.041) salarios mínimos legales
mensuales a mis poderdantes o conforme a lo cual resulte probado dentro del
proceso (…)”, lo que permite el reconocimiento de un monto que supera lo
inicialmente indicado pero que, en todo caso, fue causado y suficientemente
acreditado.

2.6. Costas

39 Según se dejó constancia en las diligencias que se adelantaron dentro del proceso penal, en particular, la indagatoria

y la resolución de acusación.
40 De conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, según la cual: “[e]l ingreso base de liquidación deber ser

lo que se pruebe fehacientemente que devengaba la víctima al tiempo de su detención, proveniente del ejercicio de
la actividad productiva lícita que le proporcionaba ingresos (…) pero [cuando] se carezca de la prueba suficiente del
monto del ingreso devengado producto del ejercicio de tal actividad lícita o la privada de la libertad haya sido una
ama de casa o la persona encargada del cuidado del hogar, la liquidación del lucro cesante se debe hacer teniendo
como ingreso base el valor del salario mínimo legal mensual vigente al momento de la sentencia que ponga fin al
proceso de reparación directa”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia
de 18 de julio de 2019, Exp. 44572.
41 Se aplicó la siguiente fórmula:

S = Ra (1+ i)n - 1
i
S = $ 1.423.500 x (1+ 0.004867)0.53 - 1
0.004867
S = $ 753.594,15

42 Se aplicó la siguiente fórmula:

S = Ra (1+ i)n - 1
i
S = $ 1.423.500 x (1+ 0.004867)30.73 - 1
0.004867
S = $ 47.061.574,67

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Radicación: 70001-23-31-000-2011-02131-01 (71.356)
Actor: Daniel Reyes Padilla y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca sentencia que negó pretensiones
____________________________________________________________________________________________

56. En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la
actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del C.C.A., modificado por
el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia, la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre el 6
de octubre de 2020, que negó las pretensiones de la demanda, y en su lugar:

SEGUNDO: DECLARAR responsable a la Nación-Rama Judicial y a la Fiscalía
General de la Nación de los perjuicios ocasionados a los demandantes, con
ocasión de la privación de la libertad de Daniel Reyes Padilla, durante el
período comprendido entre 27 de agosto y 10 de septiembre de 2004; y entre
el 3 de marzo de 2005 y el 25 de septiembre de 2007.

TERCERO: CONDENAR a la Nación-Rama Judicial y a la Fiscalía General de la
Nación a pagar, por concepto de perjuicios morales, el equivalente en pesos
de las siguientes sumas expresadas en salarios mínimos legales mensuales
vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente providencia:

Fiscalía General Rama
Demandante
de la Nación Judicial
Daniel Reyes Padilla 1.7 SMLMV 98.3 SMLMV
Tenilda Rosa Montalvo Hernández 0.6 SMLMV 34.4 SMLMV
Betty del Carmen Reyes Montalvo 0.6 SMLMV 34.4 SMLMV
Ledys Reyes Montalvo 0.6 SMLMV 34.4 SMLMV
Miguel Enrique Reyes Roqueme 0.6 SMLMV 34.4 SMLMV
Uberto Manuel Reyes Montalvo 0.5 SMLMV 34.4 SMLMV

CUARTO: ORDENAR que la Nación-Rama Judicial y a la Fiscalía General de la
Nación, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia, emita un
comunicado en el cual ofrezca disculpas a Daniel Reyes Padilla por los daños
antijurídicos que padeció con ocasión de la privación injusta de su libertad, en
los términos indicados en esta decisión.

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Radicación: 70001-23-31-000-2011-02131-01 (71.356)
Actor: Daniel Reyes Padilla y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca sentencia que negó pretensiones
____________________________________________________________________________________________

QUINTO: CONDENAR a la Nación-Rama Judicial a pagar a Daniel Reyes Padilla
por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la
suma de $ 47.061.574,67; y a la Fiscalía General de la Nación, por el mismo
concepto, la suma de $ 753.594,15, conforme se explicó en la parte motiva.

SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

SÉPTIMO: NO CONDENAR en costas.

OCTAVO: EJECUTAR esta sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del
Código Contencioso Administrativo.

NOVENO: Para el cumplimiento de esta sentencia, EXPEDIR copia de la
Sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 114 del
Código General del Proceso. Para tal efecto, el Tribunal de instancia cumplirá
las previsiones del artículo 329 de la misma norma.

DÉCIMO: Por Secretaría de la Sección, una vez ejecutoriado este
proveído, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su
competencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Aclara voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado

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