Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 70001-23-31-000-2012-00220-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 70001-23-31-000-2012-00220-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 70001-23-31-000-2012-00220-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
8 de julio de 2024
Radicado: 70001-23-31-000-2012-00220-01 (59652)
Demandante: Asociación Prodestechados de Sucre
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., ocho (8) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Reparación directa
Radicación: 70001-23-31-000-2012-00220-01 (59652)
Demandante: Asociación Prodestechados de Sucre
Demandados: Municipio de Sincelejo; Nación - Ministerio de Defensa –
Policía Nacional
Tema: Omisión de desalojo. Se revoca la sentencia de primera instancia
que negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, se declara
probada de oficio la caducidad de la acción.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala
resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia dictada el 23 de febrero de 2017 por el Tribunal Administrativo de Sucre
que negó las pretensiones de la demanda.
La Sala es competente para proferir esta providencia porque resuelve un recurso
de apelación interpuesto contra una sentencia dictada por un tribunal
administrativo. El Tribunal Administrativo de Sucre conoció el proceso en primera
instancia en razón a la cuantía estimada en la demanda.
El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 27 de julio de 2017.
Dentro del traslado para alegar de conclusión, la parte demandante solicitó la
revocatoria de la sentencia, y el Ministerio Público solicitó su confirmación por
falta de un daño antijurídico. Las entidades demandadas guardaron silencio.
I. ANTECEDENTES
A. Posición de la parte demandante
1.- La demanda fue presentada el 12 de abril de 2012 por la Asociación
Prodestechados de Sucre, entidad sin ánimo de lucro. Se dirigió contra el
Municipio de Sincelejo y la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional con
el fin de obtener la indemnización de los perjuicios causados por la omisión en el
desalojo a los invasores de un terreno de su propiedad.
2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:
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Radicado: 70001-23-31-000-2012-00220-01 (59652)
Demandante: Asociación Prodestechados de Sucre
<<PRIMERA: Que se declare administrativamente responsables al MUNICIPIO
DE SINCELEJO y a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA
NACIONAL de los perjuicios materiales causados a la asociación demandante,
como consecuencia de la invasión permanente que hicieron personas
indeterminadas en el predio denominado “Bellavista” situado en la zona sur de la
ciudad de Sincelejo a raíz de la omisión de los demandados.
SEGUNDA: Como consecuencia, se condene al MUNICIPIO DE SINCELEJO y a
la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, como
reparación del daño ocasionado, a pagar a mi poderdante, los perjuicios de orden
material en la modalidad de daño emergente y lucro cesante, los cuales se estiman
como mínimo en la suma de SEIS MIL NOVECIENTOS CINCO MILLONES DE
PESOS ($6.905.000.000) (…)>>
3.- Las pretensiones se fundaron en las siguientes afirmaciones:
3.1.- La Asociación Prodestechados de Sucre es propietaria del predio
<<Bellavista>> ubicado en la ciudad de Sincelejo (Sucre). El mencionado predio
fue invadido ilegalmente por personas indeterminadas desde el 8 de junio de
2009.
3.2.- El 11 de junio de 2009 la Asociación Prodestechados de Sucre presentó
una querella ante la Inspección de Policía de Sincelejo para obtener el amparo
de su posesión, pero dicha autoridad aplazó de forma reiterada el desalojo de los
invasores alegando la falta de acompañamiento de la Policía Nacional.
3.3.- La asociación demandante imputa el daño al Municipio de Sincelejo y a la
Policía Nacional, pues debido a la omisión en el cumplimiento de sus funciones
ha tenido que soportar la invasión de su predio.
3.4.- Como indemnización de perjuicios solicita el pago de: (i) CIENTO CINCO
MILLONES DE PESOS ($105.000.000) por los estudios que pagó para la
realización de un proyecto de vivienda en el inmueble ocupado y DOS MIL
OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($2´800.000.000) por el avalúo del
inmueble, y (ii) DOS MIL MILLONES DE PESOS ($2´000.000.000) por la
ganancia que dejó de percibir con la venta a través de loteo del predio.
B. Posición de las demandadas
4.- La Policía Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda. Señaló que
el desalojo no se llevó a cabo porque la asociación demandante no acudió a las
diligencias, lo que evidenciaba su falta de interés e impedía el desarrollo del
procedimiento policivo.
5.- El Municipio de Sincelejo indicó que, a través de la Inspección Central de
Policía, tramitó la solicitud de lanzamiento presentada por la asociación
demandante. Sin embargo, no pudo efectuar el desalojo por desinterés de la
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Demandante: Asociación Prodestechados de Sucre
parte asociación querellante. Propuso la excepción de <<inexistencia de daño>>
porque la posibilidad de desalojo seguía vigente.
C. Sentencia recurrida
6.- En sentencia del 23 de febrero de 2017, el Tribunal Administrativo del Sucre
negó las pretensiones de la demanda por falta de prueba del daño. Precisó que
en el trámite de la querella los invasores manifestaron no estar ocupando el
predio de la asociación demandante; y que ni durante dicho trámite ni en este
proceso se acreditó que el terreno ocupado fuera de propiedad de la asociación
demandante.
D. Recurso de apelación
7.- La asociación demandante solicita la revocatoria de la sentencia de primera
instancia con fundamento en los siguientes reparos: (i) las pruebas obrantes en
el proceso acreditan que la invasión sí existió y que el predio Bellavista sigue
invadido; (ii) el tribunal negó el decreto de una inspección judicial, lo cual impidió
determinar la ocupación e individualización del predio; (iii) la afectación del
derecho de propiedad aún subsiste y dicho daño es imputable a las entidades
demandadas por la omisión del cumplimiento de sus funciones.
II. CONSIDERACIONES
E. Caducidad de la acción
8.- La Sala revocará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones
de la demanda y, en su lugar, declarará de oficio la excepción de caducidad de
la acción.
9.- Según lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 136 del CCA, la acción de
reparación directa caduca al vencimiento del plazo de dos años contados a partir
del día siguiente del acaecimiento del hecho o de la omisión causante del daño.
Tratándose de omisiones imputables a las autoridades públicas, el término de
caducidad debe contabilizarse a partir del momento en que la omisión causa el
daño:
<<En relación con las omisiones, el término de caducidad de la acción debe
contarse desde el momento en que se incumpla la obligación legal, siempre que
ese incumplimiento coincida con la producción del daño, pues en caso contrario,
el término de caducidad deberá contarse a partir de dicha existencia o
manifestación fáctica del mismo, ya que ésta es la primera condición para la
procedencia de la acción reparatoria. “Aunque la omisión se mantenga en el tiempo
o el daño sea permanente, dicho término no se extiende de manera indeterminada
porque la misma ley ha previsto que el término de caducidad es de dos años
contados a partir de la omisión”>>1.
1 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de octubre de 2009, expediente 37165. C.P.
Mauricio Fajardo Gómez.
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Radicado: 70001-23-31-000-2012-00220-01 (59652)
Demandante: Asociación Prodestechados de Sucre
10.- Del material probatorio allegado al proceso se deduce que el 11 de junio de
2009 la asociación demandante presentó querella para el amparo de la posesión
del inmueble Bellavista2 y que se surtió el siguiente trámite: (i) la inspectora
central de Policía citó a diligencia el 16 de julio de 2009. Esta diligencia se aplazó
para contar con apoyo de la fuerza antimotines y organismos de control por
solicitud del comandante de Policía; (ii) el 12 de agosto de 2009 se llevó a cabo
diligencia de lanzamiento, durante la cual un representante de los invasores
manifestó que no estaban invadiendo el predio de la asociación querellante. Ante
la anterior manifestación, la inspectora central de Policía suspendió la diligencia,
pues, además, no existía levantamiento topográfico y no había asistido ningún
representante de la querellante3; (iii) en reunión posterior, la asociación
querellante se comprometió a delimitar y demarcar el terreno, por lo que se
programó la diligencia de lanzamiento para el 21 de septiembre de 2009. Sin
embargo, el comandante de Policía solicitó su aplazamiento, entre otras razones,
por el incumplimiento de los compromisos del querellante4; (iv) la diligencia se
programó para el 11 de diciembre de 2009. No obstante, en reunión realizada
el día anterior el representante de la asociación querellante solicitó su
aplazamiento por lo que la inspectora central de Policía accedió a la solicitud5;
(v) finalmente, obra <<aviso>> de <<inspección ocular>> para el 11 de agosto
de 20116, pero se desconoce si se llevó a cabo.
11.- En este caso se imputó a las demandadas no haber desalojado el inmueble
de propiedad de la asociación demandante, circunstancia que perpetuó la
ocupación del mismo. La omisión se concretó el 10 de diciembre de 2009, fecha
en la cual la inspectora central de Policía aplazó la diligencia de lanzamiento que
estaba programada para el 11 de diciembre de 2009. El término para demandar
inicialmente fenecía el 11 de diciembre de 2011, pero se suspendió entre el 22
de agosto de 2011 y el 20 de octubre de 2011 con ocasión del agotamiento de
la conciliación como requisito de procedibilidad. Por lo tanto, el término de
caducidad se extendió hasta el 10 de febrero de 2012 y, por ende, la demanda
presentada el 12 de abril de 2012 es extemporánea.
12.- El término de caducidad no se contabiliza desde el 11 de agosto de 2011,
fecha en la que se programó una <<inspección ocular>> porque: (i) lo que
concretó la omisión imputada fue el aplazamiento de la diligencia de
<<lanzamiento>> y el ultimo aplazamiento de una diligencia de este tipo fue el
efectuado el 10 de diciembre de 2009; (ii) la querella se regía por lo dispuesto en
el Código Nacional de Policía vigente al momento de los hechos (Decreto ley
1355 de 1970), pues el bien ocupado era urbano; y el artículo 131 de dicha
codificación no establece que en la inspección ocular deba o pueda efectuarse el
lanzamiento7; (iii) de la <<inspección ocular>> simplemente se conoce el
2 Fls. 8-9 c.1.
3 Fl. 127 c.1
4 Fls.53; 138-140 c.1
5 Fls. 141 c.1
6 Fl. 70 c.1.
7 A diferencia de normas especiales como el artículo 9 del Decreto 747 de 1992 en la cual sí se le da tal
alcance a dicha diligencia respecto de la ocupación de predios <<agrarios>> o rurales.
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Radicado: 70001-23-31-000-2012-00220-01 (59652)
Demandante: Asociación Prodestechados de Sucre
<<aviso>> para su práctica, pero se desconoce si se llevó a cabo, si se aplazó o
si para dicha fecha el inmueble seguía ocupado, circunstancias fácticas que no
demostró la asociación demandante.
13.- En todo caso, si se analizara de fondo el asunto, igualmente procedería
confirmar la decisión de primera instancia. Al conservar la propiedad del
inmueble, la asociación demandante tenía la posibilidad de acudir al proceso
reivindicatorio para recuperar su posesión, pues la querella policial no era el único
mecanismo con el que contaba para recuperar la posesión del inmueble: pudo
ejercer la acción posesoria hasta antes de que los actos de perturbación de la
posesión completaran un año (artículo 976 del CC)8 y, luego de ello, pudo iniciar
en cualquier tiempo la acción reivindicatoria. Al respecto, la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia ha señalado:
<<Se advierte que la acción reivindicatoria no es susceptible de extinguirse como
consecuencia del mero paso del tiempo, ya sea por caducidad, ora por
prescripción, toda vez que, por ser inmanente al dominio, ella pervive mientras
subsista el derecho (…). Es decir, mientras el propietario mantenga su condición
de tal, lo que depende, se reitera, de que otra persona no se haya hecho al dominio
en la forma indicada, aquel está asistido de la facultad de perseguir el bien del que
es dueño y de recuperarlo en manos de quien lo tenga, para lo cual cuenta siempre
con la acción reivindicatoria, prerrogativa que, por ende, no se extingue por el
simple hecho de no haberse ejercitado tal potestad en cierto período de tiempo,
sino solamente como consecuencia de la pérdida del derecho de propiedad,
porque otro lo haya ganado por virtud de la usucapión>>9
14.- En este caso, cuando se inició la demanda de reparación directa la
perturbación de la posesión databa de 2 años y 10 meses, de acuerdo con las
afirmaciones de la demanda, por lo que válidamente la asociación demandante
pudo acudir a la acción reivindicatoria.
15.- Además de lo anterior, no están demostradas las afirmaciones de la
demanda según las cuales el lanzamiento no se efectuó por los constantes
aplazamientos a cargo de la autoridad de Policía. Según lo demostrado, la
inspección de Policía únicamente aplazó motu proprio la diligencia citada para el
16 de julio de 2009 para contar con apoyo de la fuerza antimotines, luego de lo
cual el lanzamiento no se efectuó por razones imputables a la asociación
demandante, pues incumplió sus compromisos en cuanto a la demarcación del
predio y solicitó el aplazamiento de diligencias.
8 <<ARTICULO 976. <PLAZOS DE PRESCRIPCION>. Las acciones que tienen por objeto conservar la
posesión, prescriben al cabo de un año completo, contado desde el acto de molestia o embarazo inferido a
ella. Las que tienen por objeto recuperarla expiran al cabo de un año completo, contado desde que el
poseedor anterior la ha perdido.>>
9 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 2 de junio de 2021. SC2122-2021. M.P.
Álvaro Fernando García Restrepo.
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Radicado: 70001-23-31-000-2012-00220-01 (59652)
Demandante: Asociación Prodestechados de Sucre
F. Costas
16.- En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar
de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con
lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado
por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVÓCASE la sentencia proferida el 23 de febrero de 2017 por el
Tribunal Administrativo de Sucre y, en su lugar, DECLÁRASE probada de oficio
la excepción de caducidad de la acción.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente a su tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Ausente con excusa
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Aclara voto
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