Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-31-000-2012-00235-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Reconocimiento de nivelación salarial: requisitos
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-31-000-2012-00235-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 70001-23-31-000-2012-00235-01
Consejero ponente: William Hernández Gómez
21 de febrero de 2019
RECONOCIMIENTO DE NIVELACIÓN SALARIAL – Requisitos
[L]a jurisprudencia ha señalado que el empleado público que pretenda el reconocimiento de la nivelación salarial, debe acreditar que cumplió las mismas funciones asignadas al cargo del cual reclama el salario, que el empleo tiene idénticas responsabilidades y categoría y además, que reúne los requisitos que se exigen para ocuparlo. Cumplidos estos presupuestos, es posible emplear el principio de «a trabajo igual, salario igual» establecido en el artículo 53 de la Constitución Política de 1991.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 70001-23-31-000-2012-00235-01(1764-18)
Actor: ÁLVARO ABDALÁ ARBOLEDA SALAIMAN
Demandado: DEPARTAMENTO DE SUCRE
ASUNTO
La Subsección conoce del recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia proferida el 21 de noviembre de 2017 por el Tribunal Administrativo de Sucre, que denegó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor Álvaro Abdalá Arboleda Salaiman, por conducto de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Decreto 01 de 1984, demandó al departamento de Sucre.
Pretensiones
Declarar la nulidad de los actos administrativos contenidos en el Oficio del 10 de agosto de 2011, firmado por el jefe de la Oficina Jurídica de la Gobernación de Sucre, y en la Resolución 4233 del 8 de septiembre de 2011, expedida por el departamento de Sucre, mediante los cuales se niega al actor la solicitud de homologación de cargo y nivelación salarial respecto del cargo de profesional universitario de la Secretaría de Educación del Departamento de Sucre, pagado con recursos del Sistema General de Participaciones, que laboran en la Gobernación de Sucre, planta física. Lo anterior, con el consecuente pago del retroactivo correspondiente desde el 7 de noviembre de 2012, la sanción moratoria e intereses.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó se homologue y nivele salarialmente al demandante respecto del cargo de profesional universitario de la Secretaría de Educación del Departamento de Sucre, pagado con recursos del Sistema General de Participaciones, que laboran en la Gobernación de Sucre, planta física. En consecuencia, se reconozcan y paguen retroactivamente salarios, prestaciones sociales, sanción moratoria y demás emolumentos a que haya lugar, desde el 7 de noviembre de 2012 hasta la fecha efectiva de pago de la obligación.
Que se ordene al departamento de Sucre abstenerse de aplicar la prescripción por tratarse de la vulneración de derechos inalienables conculcados por la acción y omisión de la entidad.
Que se de cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.
Fundamentos fácticos
Desde el 7 de noviembre de 2002, el señor Álvaro Abdalá Arboleda Salaiman labora en la Oficina de Recursos Físicos y Sistemas de Información de la Gobernación de Sucre en el cargo de profesional universitario grado 6, devengando para el año 2012 un salario de $1.828.530.
El salario que ha percibido el demandante durante su relación laboral es inferior al de otros funcionarios símiles o pares que se desempeñan en el cargo de profesional universitario de la Secretaría de Educación del departamento de Sucre, pagado con recursos del Sistema General de Participaciones, que laboran en la Gobernación de Sucre, planta física, quienes tienen a su cargo las mismas labores y responsabilidades según el manual de funciones.
Al descentralizarse la educación, fueron incorporados a la planta central de la administración departamental los funcionarios administrativos de la Oficina de Escalafón, el Fondo Educativo Regional, el Centro Experimental Piloto y los administrativos de las instituciones educativas, incorporación que se llevó a cabo sin que se homologaran estos cargos ni se nivelara el salario asignado a ellos en relación con su símil en la planta central.
Esta situación fue corregida por la Secretaría de Educación Departamental de Sucre mediante Decreto 845 de 2008, en el que efectuó la correspondiente homologación y nivelación salarial de los funcionarios pagados con recursos del Sistema General de Participaciones, reconociéndoles la diferencia salarial, de prestaciones sociales y demás emolumentos desde 1996 hasta 2008. Sin embargo, al hacerlo, le otorgó a los profesionales universitarios un salario superior al que tenían sus pares en la planta central del departamento, de manera que con la intención de superar una situación de desigualdad en la que se encontraban los primeros, se generó otra situación inequitativa para los segundos ya que ambos grupos se desempeñan en los mismos cargos, con iguales funciones y responsabilidades.
El departamento de Sucre ha cambiado y reajustado los códigos y grados de los cargos de todos los funcionarios, modificando el manual de funciones sin ningún estudio o concepto que demuestre la necesidad del servicio para llevar a cabo dichos reajustes.
En la homologación y nivelación salarial de los funcionarios de la Secretaría de Educación pagados con recursos del Sistema General de Participaciones no se aplicó la prescripción de sus derechos laborales, disponiéndose el pago del retroactivo desde 1996, razón por la que tampoco debería operar en el presente caso. Además, es necesario considerar que el derecho a la nivelación pretendida surgió en agosto de 2008, con la expedición de los Decretos 845 y 846, de manera que la prescripción empezaría a operar desde el 4 de agosto de 2011.
La entidad demandada expidió el Oficio del 10 de agosto de 2011 y la Resolución 4233 del 8 de septiembre del mismo año, resolviendo negativamente la petición de homologación de cargo y nivelación salarial que elevó el señor Álvaro Abdalá Arboleda Salaiman.
Normas violadas y concepto de violación
En la demanda se invocaron como normas violadas los artículos 25, 53, 150, numeral 19, literales e y f, y 209 de la Constitución Política de 1991.
En el concepto de violación, el demandante hizo énfasis en la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional según la cual el derecho a la igualdad ha dado paso al desarrollo del principio de «a trabajo igual, salario igual», pues reconocer una remuneración diferente a una misma labor con mismas responsabilidades implica un trato discriminatorio inadmisible.
En línea con lo anterior, agregó que la discrecionalidad patronal en materia de administración de personal tiene límites y que el ius variandi no es absoluto pues se encuentra sometido a los principios mínimos que rigen las relaciones laborales, así como a la dignidad y justicia. Con tal fin, aludió a las sentencias T-018 de 1999, T-375 de 1998, T-1117 de 2001, T-047 de 2002, T-05 de 2002.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El departamento de Sucre se opuso a todas las pretensiones de la demanda y adujo en su defensa que las escalas salariales que se aplican a los funcionarios administrativos del Sistema General de Participaciones, SGP, son las mismas que las que tienen los empleados de carácter nacional, escalas que en todo caso son determinadas por el gobierno nacional y no por el departamento de Sucre, quien es tan solo el ordenador del gasto. Con base en ello, afirmó que no era posible equiparar a los empleados pagados con recursos del SGP, a quienes se les aplica el régimen prestacional de los servidores del orden nacional, con el personal de la planta de la gobernación de Sucre.
De otro lado, señaló que el demandante no demostró la vulneración de sus derechos constitucionales fundamentales ya que falló al acreditar que ejecutaba las mismas labores de quienes se desempeñaban en el cargo de profesional universitario pagados por el SGP, que poseía idéntica preparación y que trabajaba en iguales condiciones locativas y horarias. Por lo anterior, sostuvo que no se presentaba violación alguna al derecho a la igualdad ni se lograba desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados.
De igual manera, formuló las excepciones que denominó:
Inexistencia del derecho invocado: Precisó que el departamento de Sucre ha actuado conforme a derecho y que no existen pruebas que fundamenten la petición elevada por el demandante.
Además, señaló que el oficio demandado no tiene la calidad de acto administrativo pues allí solo se informan al señor Álvaro Abdalá Arboleda los requisitos que debe cumplir para que se le de un tratamiento igual al de un empleado administrativo del Sistema General de Participaciones, sin que la decisión hubiese estado encaminada a la producción de efectos jurídicos. En ese sentido, indicó que no podría reconocerse ningún derecho toda vez que no se demandaron los decretos.
Inexistencia de la obligación: Sostuvo que no existe causa jurídica para la reclamación del demandante debido a que este siempre ha desempeñado las funciones propias del cargo para el cual fue vinculado, devengando un salario acorde a la clasificación contenida en la estructura salarial que estableció la Asamblea Departamental.
Falta de causa para pedir: Para justificar esta excepción, se remitió a los argumentos previamente expuestos.
Presunción de legalidad: Adujo que los vicios que enrostró el actor no habían sido acreditados y, por ende, no se había desvirtuado la validez de los actos demandados.
Excepción de regímenes salariales distintos: Enfatizó en la imposibilidad de acceder a la nivelación salarial pretendida porque al personal administrativo del departamento de Sucre se le paga con recursos propios mientras que a los empleados administrativos del SGP se les cancela con recursos del orden nacional.
Prescripción: Sostuvo que los emolumentos reclamados se encuentran prescritos en virtud de lo consagrado en los Decretos 3135, artículo 41, y 1848, artículo 102, ambos de 1969.
Inexistencia de ilegalidad o carencia de vicios en el acto administrativo acusado: Alegó que los argumentos de la demanda no son más que simples apreciaciones de la parte, insuficientes para afirmar que los actos acusados no se ajustan a derecho.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN PRIMERA INSTANCIA
Las partes se abstuvieron de presentar alegatos de conclusión.
CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
No se pronunció en esta etapa procesal.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Escritural, mediante sentencia del 21 de noviembre de 2017, denegó las súplicas de la demanda con apoyo en los siguientes argumentos:
Para estudiar el fondo del asunto, se refirió al derecho a la igualdad y al principio de «a trato igual, salario igual», así como al empleo público y a los elementos que lo componen, tales como la clasificación y nomenclatura, las funciones asignadas, los requisitos exigidos para desempeñarlo, la autoridad con que se inviste al titular para el desempeño del cargo y la remuneración correspondiente.
Respecto del caso concreto, consideró que la homologación del cargo y la nivelación salarial pretendidas no tienen vocación de prosperidad porque el demandante no acreditó la existencia de un cargo de igual denominación, código y grado al ejercido por él, que permitiera determinar la presencia o no de la desigualdad alegada. Al respecto, precisó que en la certificación en la que se relacionan los cargos de la planta central de la gobernación del departamento de Sucre pagados con recursos del SGP no figura un cargo de profesional universitario código 219 grado 6 como el que desempeña el demandante.
Seguidamente, adujo que la fuente de financiación de los cargos a homologar era distinta, lo que impediría llevar a cabo un examen de igualdad. Además, el cargo del demandante era originario de la planta de personal de la entidad demandada, sin haber sido incorporado como consecuencia de la certificación del servicio educativo en virtud de la Ley 60 de 1993, por lo cual no procedía la homologación, procedimiento que sí tenía cabida de cara a los funcionarios administrativos de la educación provenientes del ente nacional al momento de ser incorporados a la Secretaría de Educación Departamental.
Finalmente, agregó que si el actor estimaba que la actuación administrativa que dispuso la homologación de estos últimos era ilegal, lo pertinente sería la revisión de aquella a través de las acciones correspondientes, no siendo este el escenario para emitir un pronunciamiento sobre el particular.
ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN
Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de alzada, el cual sustentó en los siguientes términos.
En principio, aclaró que la petición de la demanda no consistía en la homologación con los funcionarios docentes de la Secretaría de Educación Departamental de Sucre sino con el funcionario administrativo profesional universitario pagado con recursos del SGP.
En línea con lo anterior, señaló que, sin importar la denominación de los cargos, lo cierto era que el suyo y el de profesional universitario de la Secretaría de Educación tenían los mismos requisitos y funciones, lo que, en su concepto y, contrario a lo sostenido por el a quo, sí se logró demostrar con el manual de funciones y requisitos del empleo. Agregó que la entidad demandada cambiaba los códigos y grados sin estudios técnicos de manera que estos no podían servir de referente.
Aunado a ello, sostuvo que la financiación de los recursos con los que se paga en uno y otro caso es intrascendente pues lo que interesa es que hay un único empleador, una sola planta y un solo manual de funciones.
Así las cosas, reiteró que el departamento de Sucre debió homologar a los funcionarios incorporados que recibían su remuneración del Sistema General de Participaciones en condiciones igualitarias a la de sus pares en la planta central y que, al no hacerlo así, fijando escalas salariales a funcionarios que cumplen una misma labor, produjo una violación del derecho a la igualdad.
De otro lado, aseguró que, como la administración se abstuvo de aplicar la prescripción en aquel proceso de homologación, lo propio debía hacerse en su caso y que, de todas formas, para tales efectos, habría de tenerse en cuenta que su derecho surgió con la expedición de los Decretos 845 y 846 de 3 de agosto de 2008, por lo cual este fenómeno habría comenzado a operar a partir del 4 de agosto de 2011.
Por último, destacó como prueba documental la Resolución 2507 del 28 de agosto de 2008, en la que el gobernador de Sucre ordenó una comisión para realizar el estudio de reajuste salarial por niveles de la planta de personal, así como la Ordenanza 21 del 26 de noviembre de 2008 pues da cuenta de la voluntad del departamento de Sucre de homologar y nivelar a los funcionarios administrativos de la planta central.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Ninguna de las partes hizo uso de esta oportunidad procesal.
CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
No realizó pronunciamiento alguno.
CONSIDERACIONES
Problema jurídico
El problema jurídico que se debe resolver en esta instancia, se resume en la siguiente pregunta:
¿En virtud del derecho a la igualdad y al principio general del derecho laboral «a trabajo igual, salario igual», le asiste derecho al demandante a la homologación de cargo y nivelación salarial respecto del empleo de profesional universitario existente en la Secretaría de Educación del departamento de Sucre, financiado con recursos del Sistema General de Participaciones?
A fin de resolver de manera el interrogante planteado, la Subsección analizará los siguientes ítems: i) Identificación del empleo público ii) Criterios para fijar los salarios de los empleados públicos; iii) Competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos del orden territorial; iv) Deber de acreditar el cumplimiento de las mismas funciones y requisitos del cargo del cual se pretende la nivelación salarial. Carga de la prueba y; v) caso concreto.
Identificación del empleo público
Toda entidad del Estado tiene dispuesto un número determinado de empleos a través del cual satisface los fines y las funciones que le han sido atribuidas desde el ordenamiento jurídico. Este concepto responde a lo que, en materia de función pública, se conoce como planta de personal. El factor concluyente en su creación está dado por las necesidades del servicio ya que la definición clara de estas permite el diseño de la estructura organizacional a nivel global, lo que conduce a decidir aspectos como la cantidad, la naturaleza y el contenido funcional de los empleos requeridos, con su respectiva clasificación.
En esos términos, por planta de personal puede entenderse la determinación, tanto cualitativa como cuantitativa, de los empleos públicos que integran una entidad estatal a efectos de lograr el cumplimiento de los fines constitucionales y legales a los que responde su creación y funcionamiento.
La consagración constitucional de esta noción y las características básicas del empleo público se encuentran en los artículos 122, inciso 1, y 125, inciso 3, en los que puede leerse:
[…] ARTICULO 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente […]
ARTÍCULO 125 […] El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes […]
La noción de empleo público fue desarrollada en la Ley 909 de 2004, cuyo artículo 19 caracteriza esta figura como el «núcleo básico de la estructura de la función pública», entendiendo que se trata tanto del conjunto de funciones, tareas y responsabilidades asignadas a una persona, como de las competencias necesarias para ejercerlas, todo lo cual debe propender por un fin último que es la realización de los planes de desarrollo y de los fines estatales.
Asimismo, consagra la norma que cada empleo público debe estar diseñado a partir de la descripción del contenido funcional del empleo, el perfil de competencias exigido para ocuparlo y, en caso de que este sea temporal, su duración.
Establecido lo anterior, es importante señalar que los diferentes empleos que componen las plantas de personal de las entidades públicas se identifican a través del nivel jerárquico al que pertenecen, la denominación, el código y el grado salarial. Estos elementos dan cuenta de lo que se conoce como la nomenclatura y clasificación del empleo, las que, en el orden nacional, se encuentran reguladas en los Decretos 770 de 2005 y 2489 de 2006 y, en el territorial, en el Decreto 785 de 2005.
Sobre los diferentes niveles jerárquicos en los que se clasifica el empleo, es preciso indicar que han sido diseñados atendiendo a la naturaleza general de sus funciones, las competencias y los requisitos exigidos para su desempeño. Los criterios para fijar las competencias necesarias en cada nivel jerárquico son (i) los estudios y experiencia, (ii) la responsabilidad por personal a cargo, (iii) las habilidades y aptitudes laborales, (iv) la responsabilidad frente al proceso de toma de decisiones, (v) la iniciativa de innovación en la gestión y (vi) el valor estratégico e incidencia de la responsabilidad.
De igual manera, cabe precisar que en la medida en que el nivel sea mayor, el contenido funcional del empleo se caracterizará por funciones más generales, la atribución de una mayor autoridad y, consecuentemente, mayor rigurosidad en la responsabilidad en su ejercicio.
Anteriormente, la clasificación de los empleos según este factor era diferente atendiendo al orden al que pertenecía la entidad pública, sin embargo, hoy en día, tanto en el orden nacional como en el territorial, los niveles jerárquicos se clasifican en nivel directivo, nivel asesor, nivel profesional, nivel técnico y nivel asistencial.
Por su parte, la denominación del empleo alude al nombre asignado a un cargo en particular. Además, cada denominación se identifica por medio de un código compuesto por varios dígitos. Ambos elementos, denominación y código, permiten diferenciar el cargo de otros que puedan ser de la misma especie, dando lugar a lo que se conoce como la nomenclatura del empleo público.
De otro lado, es importante precisar que la normativa vigente, a la que ya se ha hecho alusión, contempla la remuneración del empleo como otro elemento integrante de su nomenclatura y clasificación, y lo hace a través de lo que se conoce como el grado salarial. Este último da cuenta de un orden numérico a partir del cual se establece la asignación mensual del empleo en atención a la complejidad y responsabilidad de las funciones el cargo, según una escala progresiva.
Así, en el orden territorial, el Decreto 785 de 2005, artículo 15, prevé que el «[…] código deberá ser adicionado hasta con dos dígitos más que corresponderán a los grados de asignación básica que las Asambleas y los Concejos les fijen a las diferentes denominaciones de empleos […]», mientras que el Decreto 2489 de 2006, artículo 2, al establecer la nomenclatura y clasificación de los empleos de las entidades nacionales, incluye el grado como uno de sus elementos integrantes.
Criterios para fijar el salario de los empleados públicos
El artículo 122 de la Constitución Política dispuso:
[…] Artículo 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente
Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben […]
Así, el empleo público existe una vez se cree en la planta de personal respectiva, se señalen sus específicas funciones y, cuando sus emolumentos se encuentren previstos en el respectivo presupuesto. La titularidad para ejercerlo se adquirirá solo a partir de la posesión del mismo.
Por su parte, el Decreto 1042 de 1978 en el artículo 13 indica la forma en que debe determinarse la asignación salarial de un empleo público. Al respecto preceptúa la norma:
[…] Artículo 13.- De la asignación mensual. La asignación mensual correspondiente a cada empleo estará determinada por sus funciones y responsabilidades, así como por los requisitos de conocimientos y experiencia requeridos para su ejercicio, según la denominación y el grado establecidos por el presente Decreto en la nomenclatura y la escala del respectivo nivel.
Se entiende por denominación la identificación del conjunto de deberes, atribuciones y responsabilidades que constituyen un empleo.
Por grado, el número de orden que indica la asignación mensual del empleo dentro de una escala progresiva, según la complejidad y responsabilidad inherente al ejercicio de sus funciones […]
A su vez, el artículo 3 de la Ley 4 de 1992 establece sobre el particular lo siguiente:
[…] Artículo 3. El sistema salarial de los servidores públicos estará integrado por los siguientes elementos: la estructura de los empleos, de conformidad con las funciones que se deban desarrollar y la escala y tipo de remuneración para cada cargo o categoría de cargos […]
De esta manera, para determinar la asignación salarial de los empleados públicos se deben tener en cuenta, entre otras cosas, la denominación del cargo, el código, el grado, los requisitos de conocimiento y experiencia que se exige para el mismo, las funciones y las responsabilidades asignadas.
Competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos del orden territorial.
La Constitución de 1991 estableció en el artículo 150, numeral 19, literal e), que corresponde al Congreso dictar normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para regular, entre otras materias, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la fuerza pública.
De esta manera, se fijó una competencia compartida entre el legislador y el ejecutivo en la determinación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos así: i) el Congreso establece unos marcos generales y unos lineamientos que le circunscriben al ejecutivo la forma cómo debe regular la materia y; ii) corresponde al Gobierno Nacional desarrollar la actividad reguladora, es decir, le compete establecer directamente los salarios y prestaciones sociales de todos los empleados públicos con fundamento en los criterios que para el efecto señale el legislador.
Con respecto al régimen prestacional y salarial de los empleados públicos del orden territorial el Congreso de la República, en ejercicio de la competencia descrita en el artículo 12 de la Ley 4.ª de 1992, dispuso:
[…] El régimen prestacional de los servidores públicos de las Entidades Territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente Ley.
En consecuencia, no podrán las Corporaciones Públicas Territoriales arrogarse esta facultad.
PARÁGRAFO.- El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores guardando equivalencias con cargos similares en el orden nacional […]
De acuerdo con la normativa citada, el Gobierno Nacional tiene la competencia para establecer el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos del orden territorial, quien debe expedirlo con atención al marco que le fije el Congreso de la República. Así mismo, debe precisar el límite salarial máximo de estos empleados públicos guardando equivalencias con cargos similares a nivel nacional.
Queda claro entonces que tal competencia no puede ser asumida por las corporaciones públicas territoriales, sin embargo, la Corte Constitucional consideró que el mandato establecido en el artículo 12 de la Ley 4.ª de 1992 citado no vulneró la autonomía de las entidades territoriales para fijar las escalas salariales y determinar los emolumentos de sus empleados públicos, en la medida que puede ejercer estas competencias dentro del límite fijado por el Gobierno Nacional. Sobre el particular la Corte Constitucional manifestó:
[…] No obstante que las autoridades locales tienen competencias expresas para determinar la estructura de sus administraciones, fijar las escalas salariales y los emolumentos de sus empleados públicos (C.P. arts. 287, 300-7, 305-7, 313-6 y 315-7), no puede desconocerse la atribución general del Congreso en punto al régimen salarial y prestacional de los empleados públicos territoriales (C.P. arts. 150-5, 150-19-e y 287). Del artículo 150-19 de la C.P., se deduce que la función de dictar las normas generales sobre el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos puede ser delegado a las Corporaciones públicas territoriales, lo que no sería posible si en este asunto el Congreso careciera de competencia. Desde luego, la competencia del Congreso y la correlativa del Gobierno, no puede en modo alguno suprimir o viciar las facultades específicas que la Constitución ha concedido a las autoridades locales y que se recogen en las normas citadas. La determinación de un límite máximo salarial, de suyo general, si bien incide en el ejercicio de las facultades de las autoridades territoriales, no las cercena ni la torna inocua. Ni el Congreso ni el Gobierno sustituyen a las autoridades territoriales en su tarea de establecer las correspondientes escalas salariales y concretar los emolumentos de sus empleados. Dentro del límite máximo, las autoridades locales ejercen libremente sus competencias. La idea de límite o de marco general puesto por la ley para el ejercicio de competencias confiadas a las autoridades territoriales, en principio, es compatible con el principio de autonomía. Lo contrario, llevaría a entronizar un esquema de autonomía absoluta, que el Constituyente rechazó al señalar: “Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley” (C.P. art. 287) […] (Subraya la Sala).
En virtud de lo expuesto y en ejercicio de su autonomía, a las asambleas departamentales y a los concejos municipales les corresponde, conforme con lo dispuesto por los artículos 300 ordinal 7.º y 313 ordinal 6.º constitucionales, fijar la escala salarial de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos dentro de su jurisdicción. Por su parte, a los gobernadores y alcaldes les compete determinar los emolumentos de los empleos de sus dependencias, según las facultades previstas en los artículos 305 ordinal 7.º y 315 ordinal 7.º de la Constitución.
En conclusión: En la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos del orden territorial corresponde al Congreso de la República precisar los principios y parámetros generales que ha de tener en cuenta el ejecutivo en la determinación de este régimen.
Con fundamento en lo anterior, le compete al Gobierno Nacional determinar el régimen salarial y prestacional y señalar los límites máximos de los salarios de los empleados del orden territorial.
A las asambleas departamentales y a los concejos municipales les incumbe establecer las escalas de remuneración de los cargos de sus dependencias, según la categoría del empleo de que se trate y con respeto de los límites máximos fijados por el Gobierno Nacional.
Y finalmente, los gobernadores y alcaldes deben fijar los emolumentos de los empleos de sus dependencias, teniendo en cuenta las estipulaciones que para el efecto dicten las asambleas departamentales y concejos municipales, en las ordenanzas y acuerdos correspondientes.
Deber de acreditar el cumplimiento de las mismas funciones del cargo del cual pretende la nivelación salarial. Carga de la prueba.
De tiempo atrás la jurisprudencia ha señalado que el empleado público que pretenda el reconocimiento de la nivelación salarial, debe acreditar que cumplió las mismas funciones asignadas al cargo del cual reclama el salario, que el empleo tiene idénticas responsabilidades y categoría y además, que reúne los requisitos que se exigen para ocuparlo. Cumplidos estos presupuestos, es posible emplear el principio de «a trabajo igual, salario igual» establecido en el artículo 53 de la Constitución Política de 1991.
Respecto de la aplicación de este precepto, la Corte Constitucional se pronunció del siguiente modo:
[…] En estas condiciones, “el patrono no puede fijar de manera arbitraria los salarios de sus empleados, preferir o discriminar a algunos de ellos, hallándose todos en igualdad de condiciones”. Sin embargo, es preciso advertir que la igualdad predicada obedece a criterios objetivos y no meramente formales, aceptando entonces homogeneidad entre los iguales, pero admitiendo también diferenciación ante situaciones desiguales...”
(....)
7.- Respecto del tema específico de la igualdad en materia salarial, ya la Corte se pronunció para determinar los eventos en los cuales ella debe ser igual entre dos trabajadores. Esto ocurre cuando se reúnen los siguientes presupuestos fácticos: i) ejecutan la misma labor, ii) tienen la misma categoría, iii) cuentan con la misma preparación, iv) coinciden en el horario y, finalmente, cuando (v) las responsabilidades son iguales […]
La sección, por su parte, ha señalado en casos similares al aquí tratado:
[…] En este orden de ideas, para obtener el reconocimiento del salario de Médico Especialista Grado 40, le correspondía al demandante acreditar fehacientemente que ejecutaba la misma labor, tenía la misma categoría, contaba con la misma preparación y tenía las mismas responsabilidades de un empleado vinculado a dicho cargo, lo cual no aparece acreditado dentro del proceso.
[…]
Recalca la Sala que las exigencias para ocupar ambos cargos varían en cuanto la experiencia profesional requerida, siendo que es la misma norma la que trae una distinción particular dentro de estos perfiles, siendo esta razón más que suficiente para justificar un trato desigual en las asignaciones salariales para uno y otro, puesto que no se trata de dos cargos que están en igualdad de características, puesto que uno tiene exigencias más gravosas que el otro, por lo tanto, la escala salarial de uno no será igual al de otro […]
Conforme a lo expuesto, debe concluirse que quien pretenda la nivelación salarial porque considera que la función que cumple resulta equiparable a la de otro funcionario que se remunera con mayor salario, debe acreditar que: a) Cumplía las mismas funciones que este, b) contaba con la misma preparación y c) debe acreditar los requisitos que exige el empleo.
Este mandato se deriva del contenido del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, hoy 167 del Código General del Proceso, que establecía:
[…] ARTÍCULO 177. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba […]
La normativa citada impone una carga procesal a las partes dentro del proceso judicial, consistente en la obligación de presentar las pruebas demostrativas de los hechos señalados en la demanda o de las excepciones que se aleguen en la contestación.
Aquella carga comprende tres principios fundamentales: i) el onus probandi incumbit actori, esto es, al demandante le corresponde probar los hechos en que sustenta la demanda; ii) reus, in excipiendo, fit actor relativo a que la parte demandada una vez presenta excepciones actúa como actor y, por ende, debe probar los hechos en que basa su defensa y; iii) äctore non probante, reus absolvitur que predica la absolución del demandado si el accionante no prueba los supuestos de hecho en que fundamentó la demanda.
La inobservancia del mandato incluido en el artículo 177 del CPC citado, trae consecuencias desfavorables para la parte que no cumplió con la carga procesal que se le impuso, puesto que al no probar los supuestos de hecho que alega se somete a que la decisión se profiera en su contra, ya sea con fundamento en lo probado por la otra parte o por la ausencia de pruebas que avalen sus alegatos. Sobre el particular la jurisprudencia ha señalado:
[…] Desde luego, al juez no le basta la mera enunciación de las partes para sentenciar la controversia, porque ello sería tanto como permitirles sacar beneficio del discurso persuasivo que presentan; por ende, la ley impone a cada extremo del litigio la tarea de traer al juicio de manera oportuna y conforme a las ritualidades del caso, los elementos probatorios destinados a verificar que los hechos alegados efectivamente sucedieron, o que son del modo como se presentaron, todo con miras a que se surta la consecuencia jurídica de las normas sustanciales que se invocan […]
Con la carga procesal a la que se hace referencia, se pretende que las partes sean proactivas dentro del proceso en lo relacionado con la consecución del material probatorio, de modo tal que no dejen en manos del juez y su facultad oficiosa la búsqueda de la verdad.
Además, dicho deber también pretende que ninguno de los sujetos procesales, ya sea demandante o demandado, se beneficie de las dificultades de la contraparte para recolectar las probanzas en su favor. En palabras de la Corte Constitucional
[…] las partes en el proceso deben cumplir con el deber de diligencia en lo que pretenden probar. Ninguna debe obrar con inercia porque ello causa que las consecuencias adversas de la decisión sean deducidas en su contra. El proceso no premia la estrategia sino la solución del conflicto con la participación de las partes […]
Ahora, aunque la carga procesal estatuida en el artículo 177 del CPC tiene la finalidad explicada, la jurisprudencia ha dicho que esta es potestativa de las partes. Quiere decir ello, que no es posible que el juez obligue a las mismas a cumplirla, en tanto su ejercicio conlleva un interés propio del sujeto procesal y es este quien debe soportar las consecuencias negativas que se produzcan en su contra ante la falta de actividad probatoria. Al respecto se dijo:
[…] Finalmente, las cargas procesales son aquellas situaciones instituidas por la ley que comportan o demandan una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejadas para él consecuencias desfavorables, como la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e inclusive hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso.
Como se ve, las cargas procesales se caracterizan porque el sujeto a quien se las impone la ley conserva la facultad de cumplirlas o no, sin que el Juez o persona alguna pueda compelerlo coercitivamente a ello, todo lo contrario de lo que sucede con las obligaciones; de no, tal omisión le puede acarrear consecuencias desfavorables. Así, por ejemplo probar los supuestos de hecho para no recibir una sentencia adversa […] (Subraya fuera de texto).
De esta manera, la carga procesal que el legislador impuso dentro del proceso judicial de probar los supuestos de hecho que alegan, busca que las partes sean activas y que no se limiten a que únicamente sea el juez quien se preocupe por encontrar la verdad, no obstante, es facultativa de la parte, quien se arriesga, en caso de no cumplirla, a que la decisión emitida vaya en contra de su interés.
En conclusión: Quien pretenda la nivelación salarial porque considera que la función que cumple resulta equiparable a la de otro funcionario que se remunera con mayor salario, debe acreditar que: a) Cumplía las mismas funciones que este, b) contaba con la misma preparación y c) debe acreditar los requisitos que exige el empleo.
El incumplimiento de esta carga procesal trae consecuencias desfavorables para la parte por cuanto al no probar los supuestos de hecho que alega se somete a que la decisión se profiera en su contra, ya sea con fundamento en lo probado por la otra parte o por la ausencia de pruebas que avalen sus alegatos.
Caso concreto.
En el plenario se aportaron los siguientes medios de prueba relevantes a efectos de resolver el problema jurídico planteado:
Documentales
Derecho de petición presentado por el demandante con el fin de ser homologado en el cargo y nivelado salarialmente en las condiciones de los funcionarios administrativos de la Secretaría de Educación del Departamento de Sucre pagados con recursos del Sistema General de Participaciones.
Oficio del 10 de agosto de 2011, proferido por la Oficina Jurídica del departamento de Sucre mediante el cual se resuelve en forma negativa la petición de homologación de cargo y nivelación salarial elevada por el señor Álvaro Arboleda Salaiman.
Resolución 4233 del 8 de septiembre 2011, suscrita por el gobernador de Sucre, por medio de la cual se confirma en todas sus partes la decisión anterior.
Decreto 626 del 6 de noviembre de 2002, por el cual se nombra en provisionalidad al actor en el cargo de profesional universitario grado 4, código 340, en la Oficina de Información y Sistemas de la Gobernación de Sucre.
Acta de posesión 14.965 de 7 de noviembre de 2002, según la cual, en la fecha, el hoy demandante se posesionó del anterior cargo.
Resolución 2774 del 2 de diciembre de 2002, por la cual se distribuyen los cargos en las diferentes dependencias de la Gobernación de Sucre y se incorporan los respectivos empleados a tales cargos.
Acta de posesión 15042 del 9 de diciembre de 2002, según la cual el demandante se posesionó del cargo de profesional universitario, código 340, grado 4, de la planta globalizada de la Gobernación de Sucre, a la cual fue incorporado por Resolución 2774 del 2 de diciembre de 2002.
Resolución 512 del 12 de marzo de 2006, por medio de la cual se distribuyen los cargos en las diferentes dependencias de la Gobernación de Sucre y se incorporan los respectivos empleados a tales cargos.
Acta de posesión 268 del 12 de enero de 2007, según la cual el señor Álvaro Abdalá Arboleda Salaiman se posesionó del cargo de profesional universitario, código 219, grado 4, de la planta globalizada de la Gobernación de Sucre.
Decreto departamental 388 del 14 de mayo de 2007, por medio del cual se ajustan los grados salariales de la planta de personal y el manual de funciones y requisitos de la Gobernación de Sucre. En él, se observa que en la planta globalizada de la entidad existe el cargo de profesional universitario grado 219, en los niveles 5, 7, 10, 11 y 15.
Decreto departamental 1396 del 26 de mayo de 2006, por medio del cual la entidad demandada adopta el manual de funciones y competencias laborales correspondiente a los empleados de la planta de personal administrativa del Sistema General de Participaciones del departamento de Sucre.
Decreto departamental 623 de 2007, por medio del cual la Gobernación de Sucre actualiza el Sistema de clasificación y nomenclatura de los cargos de la administración central del departamento.
Ordenanza 8 del 14 de abril de 2008, por la cual se fijan las escalas de asignación básica para los empleos de la administración departamental, vigencia 2008.
Decreto 845 de 4 de agosto de 2008, expedido por el gobernador del departamento de Sucre, por medio del cual se homologan y se nivelan salarialmente los cargos administrativos de la Secretaría de Educación financiados con recursos del Sistema General de Participaciones.
Decreto 846 del 4 de agosto de 2008, por medio del cual la Gobernación de Sucre asigna la correspondiente denominación, código, grado y asignación mensual determinado en la planta de cargos homologada al personal administrativo del sector educativo financiado con recursos del Sistema General de Participaciones en el departamento de Sucre. En él se advierte que se homologaron once cargos de los financiados a través del SGP al empleo de profesional universitario código 219, grado 17, con una asignación salarial mensual de $2.019.083 para la fecha.
Estudio de nivelación para el ajuste salarial de la planta de personal de la Gobernación de Sucre, abril 2009.
Certificación expedida el 15 de septiembre de 2015 por la Oficina de Recursos Humanos de la Gobernación de Sucre en la que consta que el demandante presta sus servicios al departamento desde el 7 de noviembre de 2002, en los siguientes cargos y devengando las asignaciones salariales que se precisan a continuación:
AÑO
CARGO
SUELDO
2002
Profesional universitario grado 4
$1.139.000
2003
Profesional universitario grado 4
$1.204.950
2004
Profesional universitario grado 4
$1.266.884
2005
Profesional universitario grado 4
$1.336.563
2006
Profesional universitario grado 4
$1.403.391
2007
Profesional universitario grado 5
$1.466.544
2008
Profesional universitario grado 5
$1.549.990
2009
Profesional universitario grado 5
$1.668.875
2010
Profesional universitario grado 5
$1.772.345
2011
Profesional universitario grado 6
$.1.828.530
2012
Profesional universitario grado 6
$1.919.955
2013
Profesional universitario grado 6
$1.987.200
Certificación expedida el 11 de octubre de 2011 por el líder de la Oficina Administrativa y Financiera de la Gobernación de Sucre, Secretaría de Educación, en la que consta que la planta de personal pagada con recursos del Sistema General de Participaciones está integrada por diez diferentes denominaciones de cargos, de las cuales una de ellas corresponde a la de profesional universitario código 219, empleo en el cual existen los grados 18 y 23, el primero con un sueldo asignado de $2.287.720 y el segundo, con uno de $2.942.750 para el año certificado.
Ordenanza 55 de 10 de junio de 2011, por la cual la Asamblea Departamental de Sucre fija las escalas de asignación básica para los empleos de la administración departamental vigencia 2011.
Decreto 649 de 22 de mayo de 2012 por medio del cual la entidad demandada nombra al actor en periodo de prueba dentro de la carrera administrativa en el empleo de profesional universitario, código 219, grado 6 de la planta de personal de la Gobernación de Sucre con una asignación básica mensual de $1.919.955.
Acta de posesión 41.655 del 6 de noviembre de 2012, según la cual, en la fecha, el hoy demandante se posesionó del cargo de profesional universitario código 219, grado 6 de la planta de personal de la Gobernación de Sucre.
Decreto 507 del 25 de junio de 2013, por el cual se nombra en propiedad al señor Álvaro Abadía Arboleda Salaiman en el empleo de profesional universitario, código 219, grado 6, en la planta de personal de la Gobernación de Sucre.
Acta de posesión 42.123 del 10 de julio de 2013, según la cual, en la fecha, el hoy demandante se posesionó del cargo de profesional universitario código 219, grado 6 de la planta de personal de la Gobernación de Sucre.
Manual específico de funciones y de competencias laborales de la Gobernación de Sucre aportado de manera incompleta con la demanda, sin fecha conocida. El aparte así incorporado contiene la identificación del cargo profesional universitario, código 219, grado 5, que depende directamente del despacho del gobernador, existente en las áreas de comercio exterior, desarrollo económico, medio ambiente y jurídica.
Manual específico de funciones y de competencias laborales de la Gobernación de Sucre aportado de manera incompleta con la contestación de la demanda, sin fecha conocida. En él se pone de presente la existencia de 43 cargos de profesional universitario, código 219, grado 6, existentes en diferentes dependencias de la entidad, entre las cuales está la Secretaría Administrativa, Área Recursos Físicos y Sistemas de Información a la que pertenece el demandante.
Análisis de la Sala
El demandante asegura que el departamento de Sucre está conculcando su derecho a la igualdad como quiera que el salario que percibe en el empleo que desempeña como profesional universitario código 219, grado 6, es sustancialmente inferior al que devenga el profesional universitario adscrito a la Secretaría de Educación departamental, financiado con recursos del Sistema General de Participaciones.
La Sala considera que sus pretensiones no están llamadas a prosperar por dos razones. La primera es que las pruebas aportadas al proceso permiten concluir que, contrario a lo afirmado por el actor, el empleo que este desempeña tiene la misma denominación y, por ende, código que aquel respecto del cual pretende ser nivelado pero no el mismo grado salarial, lo que justifica que la asignación básica mensual asignada a uno y otro cargo sea distinta y que dicha diferencia se encuentre ajustada a derecho.
Así, está demostrado en el dossier que, en desarrollo de la Ley 60 de 1993, el Ministerio de Educación Nacional certificó al departamento de Sucre para administrar el servicio educativo, lo que condujo a la incorporación del personal administrativo del sector educación a la planta central de la administración departamental, advirtiendo que su remuneración seguiría siendo financiada a través del Sistema General de Participaciones, antes situado fiscal.
A pesar de que esta situación tuvo lugar en el año 1996, no fue sino hasta el año 2008 cuando, por medio del Decreto 845, dichos empleos fueron homologados y sus salarios nivelados de conformidad con los de la planta central del departamento, ejercicio que implicó definir la correspondencia entre los cargos a equiparar. En efecto, el decreto en cuestión explicó en su parte considerativa que la metodología de este procedimiento
[…] [F]ue la de revisar que las funciones específicas correspondieran al nivel jerárquico en el cual se encuentra ubicado cada funcionario con los pares del Departamento; comparar el salario actual con el salario más aproximado de la escala de administración central del Departamento, de acuerdo con el nivel jerárquico y los requisitos exigidos para el desempeño del cargo y el de recomendar el nivel, cargo, grado y salario que se debe designar […]
El artículo 1 de la norma en cita dispuso la siguiente homologación respecto del nivel profesional:
# CódigoDenominaciónGrado# CódigoDenominaciónGrado33010Médico103219Profesional Universitario1713010Odontólogo081219Profesional Universitario1743020Profesional Universitario034222Profesional Universitario1733020Profesional Universitario043222Profesional Universitario1733020Profesional Universitario063222Profesional Especializado22
De acuerdo con ello, puede observarse que de los catorce empleos del sector educativo pertenecientes al nivel profesional, financiados con recursos del SGP e incorporados a la planta del departamento de Sucre, once fueron homologados en el cargo de profesional universitario, en grado 17.
Como consecuencia del anterior procedimiento, la Gobernación de Sucre expidió el Decreto 846 del 4 de agosto de 2008, en el que concretó la homologación y nivelación individualizando a cada uno de los funcionarios titulares del empleo a igualar. En él se advierte que a los once cargos homologados en el empleo de profesional universitario, grado 17, les correspondía, en dicha anualidad, una asignación salarial mensual de $2.019.083.
La anterior remuneración resulta acorde con lo establecido en la Ordenanza 8 del 14 de abril de 2008, por la cual se fijan las escalas de asignación básica para los empleos de la administración departamental de Sucre en la vigencia 2008. El artículo 1.º de dicha norma dispuso respecto del nivel profesional que el salario básico, en el grado 17, sería de $2.019.083, mientras que en el grado 5, que era el del empleo desempeñado por el demandante para la fecha, ascendería a $1.549.990, monto que concuerda con lo pagado al señor Álvaro Abdalá Arboleda Salaiman según consta en la Certificación expedida el 15 de septiembre de 2015 por la Oficina de Recursos Humanos de la Gobernación de Sucre.
Lo anterior evidencia que, si bien se trata de un mismo empleador y una misma planta de personal, no es cierto, como asevera el demandante, que se esté propiamente ante el mismo empleo público ya que los grados de asignación básica difieren en uno y otro caso, circunstancia que encuentra sustento en el ordenamiento jurídico en tanto prevé la existencia de una escala salarial progresiva que se define según el contenido funcional del empleo, los conocimientos y requisitos exigidos para su desempeño, y la complejidad y responsabilidad inherente al ejercicio de las funciones del empleo, elementos que deben estar definidos en el manual específico de funciones y requisitos de la entidad.
Esto conduce a exponer otra de las razones por las cuales las súplicas del demandante deben ser despachadas desfavorablemente. Y es que si bien los diferentes grados salariales justifican la existencia de asignaciones básicas disímiles, según se explicó, si el demandante hubiese demostrado que cumplía las mismas funciones, contaba con la misma preparación y reunía los requisitos respecto del empleo de profesional universitario incorporado a la planta del departamento de Sucre en un grado superior al suyo, hubiere resultado procedente la nivelación salarial.
Sin embargo, nótese que al expediente únicamente se allegaron apartes del manual específico de funciones y competencias laborales de la Gobernación de Sucre en cuanto hace a los cargos de profesional universitario, código 219, en los grados 5 y 6 desempeñados por el demandante en las fechas certificadas. Sin embargo, no obra en el plenario lo relativo al cargo, en el grado correspondiente, en el que el actor pretende ser homologado y nivelado salarialmente. En tales condiciones ni siquiera existe un parámetro para estudiar la equiparación pretendida.
En armonía con ello, el incumplimiento de esta carga procesal ha de acarrear consecuencias desfavorables para la parte actora por cuanto al no probar los supuestos de hecho que alega se somete a que la decisión se profiera en su contra.
En conclusión: No le asiste derecho al demandante a la homologación de cargo y nivelación salarial respecto del empleo de profesional universitario existente en la Secretaría de Educación del departamento de Sucre, financiado con recursos del Sistema General de Participaciones por no haber acreditado que la entidad demandada esté vulnerando su derecho a la igualdad y al principio según el cual «a trabajo igual, salario igual».
Por consiguiente, la Subsección confirmará la decisión de negar las pretensiones de la demanda.
Decisión de segunda instancia.
Por lo expuesto, la Subsección A confirmará la sentencia de primera instancia del 21 de noviembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Escritural, que denegó las pretensiones de la demanda.
Condena en costas
Toda vez que el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de condena en costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confírmase la sentencia de primera instancia del 21 de noviembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Escritural, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el señor Álvaro Abdalá Arboleda Salaiman en contra del departamento de Sucre.
Segundo: Sin condena en costas.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático «Justicia Siglo XXI».
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Folios 1 a 9.
Folios 131 a 141.
Folio 336.
Folios 338 a 343.
Folios 345 a 351.
Folio 360.
Esta definición es replicada en el artículo 2 del Decreto Ley 770 de 2005, «Por el cual se establece el sistema de funciones y de requisitos generales para los empleos públicos correspondientes a los niveles jerárquicos pertenecientes a los organismos y entidades del Orden Nacional, a que se refiere la Ley HYPERLINK "http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14861" \l "0" 909 de 2004».
Artículos 5 del Decreto 770 de 2005 y 13 del Decreto 785 de 2005.
Al respecto ver los Decretos Ley 2503 de 1998, artículo 3, y 1569 del mismo año, artículos 3 y 15.
Así lo dispone el Decreto 770 de 2005 en sus artículos 3 y 4, último que precisa las funciones generales de cada uno de los niveles señalados de la siguiente forma: […] 4.1 Nivel Directivo. Comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de dirección general, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos. 4.2 Nivel Asesor. Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y asesorar directamente a los empleados públicos de la alta dirección de la rama ejecutiva del orden nacional. 4.3 Nivel Profesional. Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y aplicación de los conocimientos propios de cualquier carrera profesional, diferente a la técnica profesional y tecnológica, reconocida por la ley y que según su complejidad y competencias exigidas, les pueda corresponder funciones de coordinación, supervisión y control de áreas internas encargadas de ejecutar los planes, programas y proyectos institucionales. 4.4 Nivel Técnico. Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología. 4.5 Nivel Asistencial. Comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio de actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias de los niveles superiores, o de labores que se caracterizan por el predominio de actividades manuales o tareas de simple ejecución […]
Al respecto ver los artículos 3 y 4 del Decreto 785 de 2005, cuya transcripción se evita debido a que tienen un contenido semejante al del Decreto 770 de 2005 pero de cara a las entidades territoriales.
Consejo de Estado. Sección Segunda. Número interno: 1943-12. Actor: Bertulio de Jesús Pavas Patiño, demandado: Municipio de la Ceja del Tambo, Antioquia.
Sentencia C-315 de 1995.
Sentencia C- 510 de 1999.
Sentencias T- 027 de 1997, SU-111 de 1997 y T-272 de 1997 Corte Constitucional. Esta corporación también señaló al respecto en la sentencia del 19 de julio de 2007 Radicado 454 A-2007 lo siguiente: «[…] Al respecto, se ha afirmado que ''en materia salarial, si dos o más trabajadores ejecutan la misma labor, tienen la misma categoría, igual preparación, los mismos horarios e idénticas responsabilidades, deben ser remunerados en la misma forma y cuantía, sin que la predilección o animadversión del patrono hacia uno o varios de ellos pueda interferir el ejercicio del derecho al equilibrio en el salario, garantizado por la Carta Política en relación con la cantidad y calidad de trabajo'' Sentencia SU-519 de 1997[…]» (Subraya y negrilla de la Sala).
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Radicación 05001-23-31-000-2006-02895-01(0042-12). Actor: Efraín Alberto Cruz Cena. Demandado: Instituto de Seguros Sociales. Bogotá D.C. 13 de febrero de 2014. Ver también la siguiente sentencia Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Expediente: 050012331000200303588 01. Número Interno: 2343-2012. Autoridades departamentales. Actor: Luis Enrique Henao Tobón. Bogotá D.C. 21 de febrero de 2013.
Vigente para la fecha de presentación de la demanda.
La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, han diferenciado los conceptos de «deberes procesales», «obligaciones procesales» y «cargas procesales». Los primeros hacen alusión a los imperativos ordenados en la ley para el adecuado desarrollo del proceso y que incumben tanto al juez como a las partes. Los segundos son las obligaciones de contenido patrimonial impuestas a los sujetos procesales con ocasión del adelantamiento del proceso, como las costas. Finalmente, las cargas procesales son situaciones que fija la ley que implican una realización de una conducta facultativa de las partes y en su propio beneficio y cuya inobservancia acarrea consecuencias desfavorables en su contra, verbigracia, no aportar pruebas. Al respecto ver Auto del 17 de septiembre de 1985, Sala de Casación Civil, que resolvió una reposición. Gaceta Judicial tomo CLXXX – N.º 2419, Bogotá, Colombia, año de 1985, pág. 427. También ver lo sentencia de la Corte Constitucional C-1512 de 2000.
En la sentencia de la Corte Constitucional C-070 de 1993 se analizó la evolución de las reglas de la carga de la prueba contempladas en el artículo 177 del CPC. Ver también la sentencia del Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Radicación: 05001-23-31-000-2003-01739-01(1634-13). Actor: Jorge Arturo Díaz Montenegro. Demandado: Ministerio de Defensa. Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía. Bogotá, D.C. 11 de marzo de 2016.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 28 de mayo de 2010. Expediente 23001-31-10-002-1998-00467-01.
En la cita a pie de página citada número 1 de esta providencia, se explicó la diferencia entre obligación procesal (la cual si es de imperativo cumplimiento) y la carga procesal.
Corte Constitucional, sentencia T-733 de 2013.
Corte Constitucional, sentencia C-086 de 2016. Ver también las sentencias C-1512 de 2000, C-1104 de 2001, C-662 de 2004, C-275 de 2006, C-227 de 2009 y C-279 de 2013, entre otras.
Folios 62 a 64.
Folio 61.
Folios 54 a 56.
Folio 299.
Folio 142.
Folios 301 a 302.
Folio 303.
Folios 304 a 305.
Folio 306.
Folios 315 a 318.
Folios 81 a 86
Folios 219 a 223.
Folios 312 a 314.
Folios 87 a 90.
Folios 91 a 101.
Folios 200 a 215 y 225 a 232.
Folios 197 a 199.
Folios 45 a 46.
Folios 78 a 80.
Folios 158 a 159.
Folio 160.
Folio 310.
Folio 160.
Folios 67 a 77.
Folios 164 a 168.
Folios 91 a 101.
Folios 312 a 314.
Folios 197 a 199.
Folios 67 a 77 y 164 a 168.
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