RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 70001-23-31-004-2010-00049-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 70001-23-31-004-2010-00049-01

Fecha
21 de marzo de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 70001-23-31-004-2010-00049-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 27 de julio de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 70001-23-31-004-2010-00049-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

21 de marzo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 70001-23-31-004-2010-00049-01
Demandante: Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó – AMBUQ
EPS
Demandado: Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de
Sincelejo – IMDER
Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL / cosa juzgada relativa
/ excepción de inconstitucionalidad / requisitos de aplicación

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a resolver los recursos de apelación interpuestos en contra de la
sentencia de 27 de julio de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre,
por medio de la cual se declaró probaba de oficio la excepción de
inconstitucionalidad del Acuerdo 22 del 19 de noviembre de 1999 expedido por el
Concejo Municipal de Sincelejo y se accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda1

1. La Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó – AMBUQ EPS, a través de
apoderado judicial, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, presentó
demanda en contra del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de
Sincelejo – IMDER, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] 1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 447 del 17 de noviembre
de 2009, expedida por el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de
Sincelejo - IMDER, mediante la cual se liquidó y cobró a cargo de mi representada
la sobretasa del 2%, correspondiente a los contratos de administración de régimen
Subsidiado suscritos con el Municipio de Sincelejo, incluida la sanción por no
pago; […]

2. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 485 del 11 de diciembre de
2009, expedida por el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de
Sincelejo - IMDER, mediante la cual se confirmó en todas sus partes la Resolución
No. 447 del 17 de noviembre de 2009 […]”.

1 Folios 3 a 12 C 1.

2

Radicación: 70001-23-31-004-2010-00049-01
Demandante: Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó – AMBUQ EPS
Demandado: Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Sincelejo –
IMDER

I.1.1. Los hechos relevantes de la demanda

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los
siguientes:

3. El apoderado señaló que la demandante es una Empresa Promotora de Salud del
Régimen Subsidiado, especializada en el aseguramiento del riesgo en salud, sin
ánimo de lucro, cuya organización y funcionamiento se encuentra sujeta a las
normas que regulan las entidades del sector de la economía solidaria y su operación
y permanencia dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

4. Mencionó que la empresa tiene por objeto promover la afiliación y el
aseguramiento del riesgo de sus afiliados, así como garantizar y organizar la
prestación de la atención en salud de los mismos de acuerdo con las instrucciones
y autorizaciones que impartan las autoridades competentes del sector, como el
Ministerio de la Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud y demás
actores que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

5. Indicó que la Ley 100 de 1993, en desarrollo del artículo 48 de la Constitución
Política, estableció en su artículo 4° que la seguridad social es un servicio público
obligatorio, cuya dirección, coordinación y control está a cargo del Estado y que será
prestado por las entidades públicas o privadas en los términos y condiciones
establecidos en la ley.

6. Expresó que la demandante recibe, para su funcionamiento, las unidades de pago
por capitación (UPC), las que se deben destinar exclusivamente para su operación;
tomando sólo el 8% de esta unidad para los gastos de administración.

7. Aseveró que el Concejo Municipal de Sincelejo expidió el Acuerdo 22 del 19 de
noviembre de 1999, a través del cual estableció una sobretasa del 2% a favor del
Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Sincelejo, para todos los
contratos estatales generadores de obligaciones que celebre el ente territorial.

8. Subrayó que entre el Municipio de Sincelejo y la Asociación Mutual Barrios Unidos
de Quibdó – AMBUQ EPS celebraron dentro del plan obligatorio de salud subsidiado
14 contratos.

9. Sostuvo que conforme con lo anterior, el Instituto Municipal para el Deporte y la
Recreación de Sincelejo expidió la Resolución 447 del 17 de noviembre de 2009,
por medio del cual se liquidó la referida sobretasa y se ordenó su recaudo.

10. Resaltó que, en contra de la anterior decisión, la demandante presentó recurso
de reposición que fue desatado a través de la Resolución 485 del 11 de diciembre
de 2009, confirmándola en todas sus partes.

3

Radicación: 70001-23-31-004-2010-00049-01
Demandante: Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó – AMBUQ EPS
Demandado: Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Sincelejo –
IMDER

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

11. La parte demandante propuso el cargo de nulidad relacionado con el
desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados para lo
cual señaló como quebrantadas las siguientes disposiciones: (i) Constitución
Política, artículos 4º, 29 y 48; (ii) Código Contencioso Administrativo – CCA, artículo
44; (iii) Ley 80 de 1993, artículo 32; (iv) Ley 100 de 1993, artículo 9º; (v) Ley 223 de
1995, artículos 256; (vi) Ley 788 de 2002, artículo 111 y; (vii) Acuerdo 415 de 2009.

I.1.2.2. El concepto de violación

12. El demandante consideró que los actos acusados afectan de manera directa los
recursos de la Seguridad Social en Salud por cuanto el establecimiento de esta
clase de gravámenes altera la destinación específica de dichos recursos,
desviándolos para fines distintos de la prestación de los servicios de salud.

13. Argumentó que "[…] pretender imponer un gravamen del 2% sobre el valor de
los contratos de administración de este régimen -subsidiado-, causa un desequilibrio
económico al sistema de Seguridad Social en Salud que puede poner en riesgo la
operación del sistema y la prestación del servicio a los afiliados, porque al afectar
los gastos de administración disminuye la capacidad operativa […]".

14. Advirtió que los actos acusados se fundamentaron en el Acuerdo No. 22 de 1999,
en el cual se definieron los contratos a los cuales debía aplicarse la sobretasa, esto
es, a los establecidos en el Estatuto General de Contratación Administrativa – Ley
80 de 1993 – y, entre estos, no se encuentra los de Administración del Régimen
Subsidiado.

15. Precisó que el gravamen no es aplicable a dicha clase de contratos, ni le es dable
al representante legal del instituto darle calificación distinta a los mismos, con el fin
de obtener unos efectos jurídicos contrarios a la ley “[…] que ponen en riesgo la
operación del Sistema en la Región, al impactar de manera significativa en la
estructura financiera del sistema, situación álgida que está siendo revisada por el
Gobierno Nacional […]".

16. De otro lado, enfatizó que los actos acusados fueron expedidos por la
administración sin ningún tipo de actuación previa, negándole a la EPS el derecho
de defensa y contradicción "[…] que por mandato del citado artículo 29 Superior,
obliga no solo a los jueces sino también a los organismos y dependencias de la
administración pública; logrando con su omisión imponer a mi representada una
carga tributaria de la que no es sujeto pasivo, en atención a la naturaleza de los
recursos que maneja […]".

4

Radicación: 70001-23-31-004-2010-00049-01
Demandante: Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó – AMBUQ EPS
Demandado: Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Sincelejo –
IMDER

17. Finalmente, afirmó que se desconoció el principio de transparencia y publicidad,
en tanto que no se efectuó en debida forma la notificación de las resoluciones
acusadas.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1. Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Sincelejo – IMDER2

18. El apoderado de la entidad contestó la demanda de manera oportuna, escrito en
el cual se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual, luego del
recuento de las normas aplicables, desarrolló los argumentos de defensa respecto
del cargo de violación.

19. Adujo que el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Sincelejo fue
creado como un establecimiento público del orden municipal cuyo objeto es el de
generar y brindar a la comunidad oportunidades de participación en procesos de
iniciación, formación, fomento y práctica del deporte, atendiendo lo señalado en la
Ley 181 de 1995.

20. Destacó que el patrimonio del instituto está constituido por las rentas que el
Concejo Municipal destine a su favor y, por los recursos que provengan del recaudo
por concepto de la sobretasa a los contratos celebrados por el Municipio de
Sincelejo y sus entes descentralizados con todas las personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas.

21. Aseguró que el Acuerdo 22 de 19 de noviembre de 1999 surgió al amparo del
artículo 75 de la referida Ley 181 que al referirse al financiamiento de los entes
deportivos municipales señaló en sus numerales 3° y 6° que estos contarán para su
ejecución con las rentas que creen los Concejos Municipales con destino al deporte,
la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.

22. Señaló que en el Acuerdo se consideró la facultad del instituto para cobrar la
sobretasa con destino al deporte, acto administrativo que fue objeto de control de
legalidad ante el Tribunal Administrativo de Sucre en el expediente 2003-00746-00,
oportunidad en la cual se negaron las pretensiones de la demanda en el entendido
que el pago de la sobretasa era un acto previo al perfeccionamiento del contrato, es
decir, un acto precontractual que, por tanto, lo cancela el contratista con sus propios
recursos y no con lo que espera recibir por el desarrollo del objeto del negocio
jurídico ni con los que en virtud de la actividad contratada espera administrar.

23. Recordó que, a partir de vigencia de este acuerdo, los contratos a que se refiere
el mismo quedan gravados con una sobretasa, la cual se liquidará de conformidad

2 Folios 131 a 145 C 1.

5

Radicación: 70001-23-31-004-2010-00049-01
Demandante: Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó – AMBUQ EPS
Demandado: Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Sincelejo –
IMDER

con la naturaleza y periodicidad de las obligaciones convenidas, sobre el valor de
los ingresos netos.

24. Finalmente, propuso la excepción de cosa juzgada, para lo cual adujo que el
sustento de las resoluciones acusadas, como lo es el Acuerdo 22 de 19 de
noviembre de 1999 fue objeto de control de legalidad ante el Tribunal Administrativo
de Sucre; Corporación que negó las pretensiones de la demanda.

25. Aunado a lo anterior, solicitó se declare la pérdida de ejecutoria de los actos
administrativos acusados argumentando que “[…] entre las partes en litigio existe
una situación jurídica consolidada, pues suscribieron un acuerdo de pago que fue
aprobado por el Juez de Conocimiento, por manera que el restablecimiento que se
pretende no puede ser materializado, pues ya quedo superado con el acuerdo en
cita […]”.

III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

26. El Tribunal Administrativo de Sucre, a través de la sentencia de 27 de julio de
2017, declaró probaba de oficio la excepción de inconstitucionalidad del Acuerdo 22
de 19 de noviembre de 1999 expedido por el Concejo Municipal de Sincelejo y
accedió a las pretensiones de la demanda3, para lo cual consideró:

27. En cuanto a la excepción de cosa juzgada, el a quo recordó que “[…] si la
jurisdicción accede a la nulidad de un acto administrativo, esta decisión surte efectos
de carácter absoluto para todos en general, hayan o no intervenido en el proceso;
pero si desestiman las pretensiones y, en consecuencia, el acto demandado
continúa vigente, esa decisión produce efectos de cosa juzgada únicamente en
relación con las causales o motivos de impugnación que se hubieran formulado y,
por esta razón, el acto podría ser objeto de demanda por causa distinta […]”.

28. Sobre este aspecto aclaró, que la causa petendi, presupone: (i) que el control de
legalidad y la acción recaigan sobre el mismo acuerdo municipal o distrital o parte
de él y; (ii) que los cargos de ilegalidad que fundamentaron la solicitud de revisión y
la demanda de nulidad, coincidan en su esencia.

29. Mencionó que en el proceso de simple nulidad radicado con el número 2003–
00746 se solicitó la nulidad del Acuerdo 22 de 19 de noviembre de 1999, disposición
en cuyo artículo 1º estableció una sobretasa sobre todos los contratos que celebra
el Municipio de Sincelejo con las personas naturales o jurídicas de derecho privado,
con destino al deporte.

30. Puso de presente que el trámite judicial finalizó con la sentencia de 11 de mayo
de 2005, en la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

3 Folios 198 a 214 C1.

6

Radicación: 70001-23-31-004-2010-00049-01
Demandante: Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó – AMBUQ EPS
Demandado: Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Sincelejo –
IMDER

31. Mencionó que en el sub examine lo que se demanda es la nulidad de las
Resoluciones 447 del 17 de noviembre de 2009 “[…] por medio de la cual se liquida
una sobretasa y se ordena su recaudo […]" y 485 del 11 de diciembre de la misma
anualidad “[…] por medio de la cual se resuelve un recurso […]”.

32. Concluyó que, al recaer la pretensión de nulidad sobre actos administrativos
diferentes al demandado en la acción de nulidad simple, no se configura la cosa
juzgada alegada por la parte demandada, razón por la cual la excepción propuesta
no estaba llamada a prosperar.

33. En lo atinente a la solicitud de que se declare la pérdida de fuerza ejecutoria de
los actos acusados, el Tribunal de instancia hizo referencia al numeral 2° del artículo
66 del CCA.

34. Expresó que dicha causal tiene lugar cuando se presentan circunstancias que
comportan la desaparición de los fundamentos jurídicos del respectivo acto
administrativo, ya sea por: (i) la derogatoria o modificación de la norma legal en la
que se fundó el acto; (ii) la declaratoria de inexequibilidad de la norma que le sirve
de fundamento y; (iii) la declaratoria de nulidad del acto administrativo de carácter
general en que se basa la decisión administrativa de contenido particular o
individual, hipótesis que no se presentan en el caso analizado, por lo que no es
posible acceder a la solicitado.

35. Agregó que, en todo caso, la figura del decaimiento del acto administrativo no
impide el juicio de legalidad del mismo, en tanto éste debe realizarse según las
circunstancias vigentes al momento de su expedición y habida consideración de que
el decaimiento sólo opera hacia el futuro, en tanto la desaparición del fundamento
jurídico del acto no afecta su validez.

36. En cuanto al fondo del asunto, puntualizó que el tributo impuesto en contra de la
parte demandante tiene su fundamento en el Acuerdo 22 del 19 de noviembre de
1999, mediante el cual el Concejo Municipal de Sincelejo estableció una sobretasa
del 2% para todos los contratos estatales generadores de obligaciones que celebre
el Municipio de Sincelejo y demás dependencias descentralizadas del orden
municipal, a favor del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de
Sincelejo.

37. Advirtió que, si bien es cierto que el citado Acuerdo ya fue objeto de control de
legalidad en el proceso radicado con el número 2003-00746-00, dejándose incólume
por haberse negado las pretensiones de la demanda, también lo es que en dicha
oportunidad se analizó lo relativo al argumento de sí el pago de la sobretasa era un
acto previo al perfeccionamiento del contrato, es decir, un acto precontractual.

7

Radicación: 70001-23-31-004-2010-00049-01
Demandante: Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó – AMBUQ EPS
Demandado: Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Sincelejo –
IMDER

38. Teniendo en cuenta lo anterior, argumentó que debía analizarse si existía
contradicción entra el Acuerdo y las normas superiores que regulan la competencia
de los Concejos Municipales para establecer tributos.

39. Al respecto, sostuvo que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 150, 287 y
338 de la Constitución Política, “[…] los Concejos Municipales tienen la competencia
para establecer directamente los tributos, así como sus elementos, pero no de
manera autónoma, sin que requieren de ley previa que autorice su creación, es
decir, que se trata de una competencia derivada, subordinada a la ley […]”.

40. Aseguró que revisados los fundamentos jurídicos en los cuales se soportó la
expedición del Acuerdo 22 del 19 de noviembre de 1999, se encontró que se citó el
artículo 313 de Constitución Política y la Ley 36 de 1994 como norma que los faculta
para crear tributos, sin embargo destacó que “[…] dichas disposiciones no señalan
la norma legal que sirve de fundamento para crear la sobretasa a los contratos
celebrados por el ente municipal o por cualquiera de sus entes descentralizadas,
por cuanto, como antes se señaló, la creación de una sobretasa supone la
existencia previa de un impuesto de creación legal y en el acuerdo sub examine no
se indica a cual impuesto se agrega la sobretasa […]”.

41. Aclaró que el Acuerdo 039 de 1995 que creó el Instituto Municipal para el Deporte
y la Recreación de Sincelejo – IMDER, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
181 de 1995, constituye el origen del Acuerdo 022 de 19 de noviembre de 1999,
norma esta que no previó autorización alguna para que los concejos municipales
decreten tributos para el deporte, pues en el artículo 75 de la misma solo se
contempla una de las posibles fuentes de financiación de los entes deportivos
territoriales.

42. Por lo anterior, el a quo señaló que “[…] ante la inexistencia de una ley que haya
creado un impuesto municipal a los contratos, menos puede existir una sobretasa
al mismo impuesto, por lo que, al establecerla el Concejo Municipal de Sincelejo,
vulneró directamente los artículos 150, 313 y 338 de la Constitución Política,
razones suficientes para declarar con base en el artículo 4° de la Carta, la excepción
de inconstitucionalidad del acuerdo citado […]”.

43. En esa medida, consideró que las resoluciones acusadas debían ser anuladas
en la medida en que "[…] entrañan la aplicación directa de unos actos
administrativos claramente lesivos del orden jurídico superior, en tanto, el Concejo
Municipal se arroga una competencia inexistente para crear el tributo, y a su turno,
para otorgarle al IMDER la facultad de administrarlo y recaudarlo […]" y que, la Ley
181 de 1995 “[…] no otorga asidero legal alguno para el Concejo Municipal respecto
de la creación de la sobretasa y menos aún al IMDER para su manejo y/o
recaudación […]".

8

Radicación: 70001-23-31-004-2010-00049-01
Demandante: Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó – AMBUQ EPS
Demandado: Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Sincelejo –
IMDER

44. Finalmente, y lo que ataña al restablecimiento del derecho, precisó que se
declara que la Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó - AMBUQ EPS no está
obligada a pagar la sobretasa y la multa fijada en los actos administrativos
demandados, toda vez que, conforme lo antes considerado, éstos serán declarados
nulos.

IV. LOS RECURSOS DE APELACIÓN

IV.1. Recurso de apelación del Instituto Municipal para el Deporte y la
Recreación de Sincelejo – IMDER

45. Mediante escrito de 31 de agosto de 20174, el apoderado de la parte demandada
presentó recurso de apelación con el fin de obtener la revocatoria de la sentencia
de 27 de julio de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, frente a lo
decidido por el a quo atinente a la declaratoria como no probada de la excepción de
cosa juzgada.

46. Alegó que la tarea del recurrente es poner de presente los aspectos de la decisión
que le resulten desfavorables y la competencia del juzgador de instancia relativa a
que la misma se encuentre de acuerdo con los intereses expresados por quien
intenta controvertir el fallo de instancia.

47. Resaltó que el Consejo de Estado en diferentes oportunidades ha señalado que
si la jurisdicción accede a la nulidad de un acto administrativo, ésta decisión surte
efectos de carácter absoluto para todos en general, pero si desestiman las
pretensiones y, en consecuencia, el acto demandado continúa vigente, esa decisión
produce efectos de cosa juzgada únicamente en relación con las causales o motivos
de impugnación que se hubieran formulado y, por ésta razón, el acto podría ser
objeto de demanda por causa distinta.

48. Recordó que, en providencia de 26 de febrero de 2015, Rad.: 2014-00219, la
Sección Quinta del Consejo de Estado en coherencia con lo señalado por la Corte
Suprema de Justicia en sentencia de 17 de julio de 2016, Rad.: 2004-00327,
consideró que el objeto de la cosa juzgada es que los hechos y conductas que se
han resuelto judicialmente no puedan ser debatidos nuevamente en un proceso
posterior, ello por cuanto lo decidido por el juez adquiere las características de
vinculante, obligatorio y, por lo tanto, de inmutable.

49. Alegó que Tribunal desconoció que en el proceso de nulidad simple radicado con
el número 2003-00746-00 se solicitó la nulidad del Acuerdo 22 de 19 de noviembre
de 1999, acto cuya legalidad ya fue objeto de pronunciamiento.

4 Folios 246 a 258 C 1.

9

Radicación: 70001-23-31-004-2010-00049-01
Demandante: Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó – AMBUQ EPS
Demandado: Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Sincelejo –
IMDER

50. Subrayó que “[…] los aludidos Acuerdos tuvieron un control de legalidad ante el
Tribunal Administrativo de Sucre que los encontró ajustados a normas superiores a
través de sentencia de mayo 11 de 2005 […], providencia sobre la cual no es posible
volver sobre una decisión que fue tomada por aquella corporación y que ya está
ejecutoriada en donde se debatieron la misma causa petendi garantizando una
estabilidad y una seguridad del orden jurídico imperante, pues, fue el mismo acto
que hoy se debate el que tuvo en iguales términos un control de legalidad que de
acuerdo a lo pretendido no se puede desconocer en el caso materia de debate […]”.

51. Precisó que el Tribunal Administrativo de Sucre en fallo del 23 de octubre de
2008 “[…] (expediente 2005-01359-00 con ponencia del Dr. Jorge Iván Duque
Gutiérrez) declaró la nulidad del cobro de la sobretasa, pero únicamente frente a los
contratos de tracto sucesivo declarándose en ese fallo probada la excepción
propuesta de cosa juzgada frente a los artículos 21 del Acuerdo 39 de 1995 y 1º del
Acuerdo 22 de 1999 […]”.

52. Concluyó que la cosa juzgada tiene por objeto que los hechos y conductas que
ya han sido resueltas a través de cualquiera de los medios aceptados por la ley, no
vuelvan hacer debatidos en otro juicio posterior y que, lo resuelto, obliga a las partes,
porque lo antes decidido tiene carácter vinculante, obligatorio e inmutable al tener
plena eficacia jurídica.

IV.2. Recurso de apelación de la Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó
– AMBUQ EPS

53. A través de escrito de 31 de agosto de 20175, el apoderado de la parte
demandante presentó recurso de apelación con el fin de que “[…] se modifique la
orden de restablecimiento del derecho dispuesta por el a quo en el numeral cuarto
y que en su lugar complemente ordenando la devolución de las sumas canceladas
por mi representada con ocasión de los actos administrativos hoy declarados nulos
y que sirvieron de título para el proceso ejecutivo que obligo a mi representada a
cancelar la suma identificada en el acuerdo de pago suscrito con el apoderado del
Instituto, transacción aprobada por el juzgado cuarto civil del circuito de Sincelejo
dentro del trámite del proceso ejecutivo con Radicado No. 2010-0132, que alcanza
un valor total de ciento cincuenta y seis millones, ciento cincuenta y seis mil, treinta
y un pesos m/te ($156.156.031), más los intereses que se causen a la tasa legal
vigente más alta permitida, con la respectiva indexación de los valores teniendo en
cuenta el IPC anual […]”.

5 Folios 231 y 232 C 1.

10

Radicación: 70001-23-31-004-2010-00049-01
Demandante: Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó – AMBUQ EPS
Demandado: Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Sincelejo –
IMDER

V. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

54. Los recursos de apelación fueron concedidos por el magistrado sustanciador de
la primera instancia mediante auto de 20 de septiembre de 20176, posteriormente,
remitido y repartido entre los diferentes Despachos que integran la Sección Primera
del Consejo de Estado.

55. A través de auto de fecha 31 de enero de 20187, el Despacho sustanciador
admitió el recurso y corrió traslado a las partes por el término de diez (10) días para
que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera
concepto. Las partes y el señor agente del Ministerio Público guardaron silencio.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

56. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del CCA8, la Sección Primera
del Consejo de Estado es competente para decidir el recurso de apelación
interpuesto en contra de la sentencia dictada en primera instancia por el Tribunal
Administrativo de Sucre en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo 80 de
20199, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la
Corporación.

VI.2. La formulación del problema jurídico

57. En los términos de los recursos de apelación interpuestos, la Sala debe
determinar: (i) si se configuró la excepción de cosa juzgada al haberse proferido por
parte del Tribunal Administrativo de Sucre sentencia de 11 de mayo de 2005, dentro
del proceso de nulidad simple con radicado número 2003–00746, pronunciándose
sobre la legalidad del Acuerdo 22 de 19 de noviembre de 1999 y; (ii) si se debe
modificar la orden relativa al restablecimiento del derecho, en el entendido de
ordenar la devolución de las sumas de dinero pagadas con ocasión de los actos
administrativos acusados.

58. Para los fines anteriores, la Sala abordará: (i) identificación de los actos
administrativos acusados y; (ii) el análisis del caso concreto.

6 Folio 260 C 1.
7 Folio 4 C pp.
8 “(…) El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el
extraordinario de revisión (…)”.
9 La Sección Primera del Consejo de Estado tiene a su cargo conocer los procesos de nulidad y nulidad y

restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a
otras secciones.

11

Radicación: 70001-23-31-004-2010-00049-01
Demandante: Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó – AMBUQ EPS
Demandado: Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Sincelejo –
IMDER

VI.2.1. La identificación de los actos demandados

59. La Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó – AMBUQ EPS, demandó las
Resoluciones 447 del 17 de noviembre de 2009 y 485 del 11 de diciembre de la
misma anualidad, por medio de las cuales el Instituto Municipal para el Deporte y la
Recreación de Sincelejo – IMDER liquidó una sobretasa a la Asociación Mutual
Barrios Unidos de Quibdó -AMBUQ EPS-S- ESS- y ordenó su recaudo.

VI.2.2. Análisis del caso concreto

60. La Sala abordará los argumentos de inconformidad de los recurrentes en lo
relativo al presunto desconocimiento del fenómeno jurídico de la cosa juzgada y a
la modificación de la orden de devolución de lo pagado con ocasión de los actos
acusados.

VI.2.2.1. Cosa juzgada

61. La Sala se referirá a la excepción de cosa juzgada propuesta por el Instituto
Municipal para el Deporte y la Recreación de Sincelejo – IMDER, la cual se
fundamentó en el hecho de que la Jurisdicción Contenciosa Administrativa ya tuvo
la oportunidad de pronunciarse sobre la legalidad del Acuerdo 22 de 19 de
noviembre de 1999, a través del cual se modificó el artículo 21 del Acuerdo 39 de
1995 y se establece en el Municipio de Sincelejo la sobretasa a todos los contratos
de menor y mayor cuantía, órdenes de prestación de servicios y suministro, que
celebre el ente territorial, el Concejo, la Personería, la Contraloría y los entes
descentralizados con todas las personas naturales o jurídicas de derecho público y
privado, tal y como se desprende de la siguiente decisión

• Tribunal Administrativo de Sucre. Sentencia de fecha 11 de mayo de
2005. Rad.: 2003-00746-00. Demandante: Jaime José Benítez.
Demandados: Alcaldía Municipal de Sincelejo – Concejo Municipal de
Sincelejo. Magistrada Ponente: doctora Tulia Isabel Jarava Cárdenas.

En dicho proceso se solicitó la nulidad del Acuerdo 22 de 19 de
noviembre de 1999 y la Sala de decisión negó las pretensiones de la
demanda.

62. El a quo, en la sentencia recurrida, declaró como no probada la excepción
propuesta, en tanto consideró que en el sub examine lo que se demanda es la
nulidad de las Resoluciones 447 del 17 de noviembre de 2009 “[…] por medio de la
cual se liquida una sobretasa y se ordena su recaudo […]" y 485 del 11 de diciembre
de la misma anualidad “[…] por medio de la cual se resuelve un recurso […]”.

12

Radicación: 70001-23-31-004-2010-00049-01
Demandante: Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó – AMBUQ EPS
Demandado: Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Sincelejo –
IMDER

63. Advirtióque, al recaer la pretensión de nulidad sobre actos administrativos
diferentes al demandado en la acción de nulidad simple, no se configura la cosa
juzgada alegada por la parte demandada, razón por la cual la excepción propuesta
no estaba llamada a prosperar.

64. El apoderado de la entidad demanda, en el recuso de alzada, precisó que
Tribunal desconoció que en el proceso de nulidad simple radicado con el número
2003-00746-00 se solicitó la nulidad del Acuerdo 22 de 19 de noviembre de 1999,
negándose las pretensiones incoadas, aspectos sobre los cuales no es posible
volver sobre una decisión que fue tomada por aquella corporación y que ya está
ejecutoriada.

65. Para resolver, la Sala recuerda que la cosa juzgada es la cualidad atribuida por
el ordenamiento jurídico a las sentencias ejecutoriadas en virtud de la cual se
considera que las mismas son inmutables, vinculantes y definitivas, esto es, que: (i)
no pueden ser modificadas, ni siquiera por el mismo juez que las profirió; (ii) son de
obligatorio cumplimiento y; (iii) lo decidido no puede ser discutido nuevamente en
sede jurisdiccional.

66. La cosa juzgada como institución jurídica procesal permite dotar de estabilidad y
certeza a las relaciones jurídicas de los particulares, evitando el desgaste del
aparato jurisdiccional al impedir que este sea utilizada de manera indefinida por las
partes y los conflictos permanezcan indefinidos en el tiempo10. En palabras de la
Corte Constitucional11:

“[…] La firmeza de las decisiones es condición necesaria para la seguridad
jurídica. Si los litigios concluyen definitivamente un día, y tanto las partes
implicadas en él como el resto de la comunidad, tienen certeza de que a partir
de ese momento la decisión judicial es inalterable, el proceso cumple un papel
eficaz en la solución de los conflictos. Este es el sentido de la cosa juzgada, en
relación con la cual la Corte ha reconocido que hace parte de las garantías del
debido proceso, consagradas en el artículo 29 de la Constitución, y está
implícita en el concepto de administrar justicia […]”.

67. El artículo 303 del CGP12 establece que “[…] la sentencia ejecutoriada proferida
en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo
proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde en la misma causa que el anterior,
y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes […]”.

10 Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 1992. Magistrado ponente: doctor José Gregorio Hernández
Galindo.
11 Corte Constitucional, sentencia C-548 de 1997. Magistrado ponente: doctor Carlos Gaviria Díaz. En el

Consejo de Estado, consultarse Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Rad.: 20079, sentencia de
18 de julio de 2012, Magistrado ponente: doctor Mauricio Fajardo Gómez.
12 Antes artículo 332 del CPC.

13

Radicación: 70001-23-31-004-2010-00049-01
Demandante: Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó – AMBUQ EPS
Demandado: Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Sincelejo –
IMDER

68. A su vez, el Código Contencioso Administrativo, en su artículo 175, trae la
siguiente regla en materia de cosa juzgada de las sentencias declarativas o
denegatorias de la nulidad de los actos administrativos, en el siguiente sentido:

“[….] Artículo 175. La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo
tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes.

La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes, pero
sólo en relación con la causa petendi juzgada.

La sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de reparación directa
y cumplimiento, producirá cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el
mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos procesos haya
identidad jurídica de partes; la proferida en procesos de restablecimiento del
derecho aprovechará a quien hubiere intervenido en el proceso y obtenido esta
declaración a su favor.

Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o
de un acuerdo intendencial, comisarial, distrital o municipal, en todo o en parte,
quedarán sin efectos en lo pertinente los decretos reglamentarios […]”.
(negrillas fuera de texto).

69. De lo anterior se observa un tratamiento diferenciado entre las sentencias
denegatorias de la nulidad de aquellas declarativas de nulidad. Así, la sentencia que
declara la nulidad produce efectos erga omnes absolutos, por lo que no es posible
analizar nuevamente la legalidad del acto administrativo. En cambio, si se niegan
las pretensiones anulatorias, el efecto de la cosa juzgada se da en relación con la
causa petendi juzgada, lo que significa que resulta posible volver a demandar el
mismo acto administrativo por unos motivos diferentes13.

70. La cosa juzgada tiene una función negativa consistente en generar una regla
jurídica prohibitiva a los funcionarios judiciales para conocer, tramitar y fallar sobre
lo ya resuelto, y como función positiva, generar una regla jurídica mediante la cual
se dota de seguridad a las relaciones y al ordenamiento jurídico.

13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Rad.: 2011-00009. Sentencia de

4 de febrero de 2016. Magistrado ponente: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

14

Radicación: 70001-23-31-004-2010-00049-01
Demandante: Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó – AMBUQ EPS
Demandado: Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Sincelejo –
IMDER

71. A nivel jurisprudencial14 y doctrinal15, la institución de la cosa juzgada se ha
construido sobre la base del cumplimiento de los siguientes requisitos:

(i) Que se adelante un nuevo proceso con posterioridad a la ejecutoria de la
sentencia dictada.

(ii) Que ese nuevo proceso sea entre las mismas partes, o, como lo anota el
artículo 303 del CGP16, que exista “[…] identidad jurídica de partes […]”.
Debe acotarse que, tratándose de procesos de nulidad simple no es
necesario la concurrencia de este requisito por tratarse de una acción
pública que puede ser ejercida por cualquier persona en procura de la
defensa del ordenamiento jurídico en abstracto17.

(iii) Que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, el cual se encuentra
definido “[…] tanto por las declaraciones que, en concreto, se solicitan de
la administración de justicia (petitum), como por el pronunciamiento
específico del órgano judicial en la parte resolutiva de la respectiva
sentencia con respecto al petitum “[…]”18. En este sentido, habrá
identidad de objeto si lo decidido en la sentencia ejecutoriada coincide
con el petitum de la nueva demanda19.

(iv) Que el nuevo proceso se adelante por la misma causa que originó el
anterior. Conforme lo dicho por la jurisprudencia «[…] la causa petendi o
causa de pedir, las mismas fuentes señalan que ésta hace referencia a
las razones que sustentan las peticiones del demandante ante el juez. Es
así como la causa petendi contiene, por una parte, un componente fáctico
constituido por una serie de hechos concretos y, de otro lado, un
componente jurídico, constituido por el específico proceso argumentativo
que sustenta la anotada adecuación. En suma, es posible afirmar que la

14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Rad.: 2010-00514. Magistrado

ponente: doctor Guillermo Sánchez Luque: “[…] Con esa perspectiva el artículo 97 CPC hoy 92 CGP prescribe
como excepción la cosa juzgada, cuya decisión es ineludible para el juez que conozca del nuevo proceso -art.
170 CCA, hoy 187 CPACA. El objeto como uno de los elementos que configura la cosa juzgada se refiere a la
relación jurídica sustancial o el derecho que decide una sentencia. Así, se verificará la identidad de objeto, si lo
decidido en una providencia ejecutoriada coincide con el derecho o la pretensión que se presenta en una nueva
demanda -petitum. A su vez, la causa de pedir se refiere al hecho jurídico que sustenta la pretensión, es decir,
la razón o motivo por el que se pide -causa petendi. De allí que habrá identidad de causa si los supuestos de
hecho que llevaron a la adopción de una providencia ejecutoriada y los que se exponen en una nueva demanda
son en esencia los mismos. La identidad de partes se presenta si los sujetos, que comparecieron a nombre
propio o representados en un proceso decidido con una providencia ejecutoriada, vuelven a un nuevo proceso
bien sea en calidad de demandantes o de demandados […]”. Puede consultarse, igualmente, el radicado1998-
90201, sentencia de 11 de octubre de 2006. Magistrado ponente: doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
15 Hernán Fabio López Blanco, Código General del Proceso, 2013, Tomo 1.
16 Antes artículo 332 del CPC.
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.: 2009-00100. Magistrado

ponente: doctor Hernando Sánchez.
18 Sentencia T – 162 de 1998.
19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 19 de noviembre

de 2011. Rad.: 2010-00514. Magistrado ponente: doctor Guillermo Sánchez Luque.

15

Radicación: 70001-23-31-004-2010-00049-01
Demandante: Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó – AMBUQ EPS
Demandado: Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Sincelejo –
IMDER

causa petendi es aquel grupo de hechos jurídicamente calificados de los
cuales se busca extraer una concreta consecuencia jurídica20». La causa
petendi, en procesos de nulidad simple, aparece integrado por el
concepto de violación21.

72. A continuación, la Sala entrará a estudiar la demanda promovida en el proceso
identificado con el radicado número 2003-00746-00, con el fin de determinar su
objeto y la causa petendi, y a partir de su cotejo con las de este proceso, establecer
si en el presente caso confluyen o no los requisitos para declarar configurado el
fenómeno de la cosa juzgada.

NULIDAD NULIDAD Y
ACCIÓN (artículo 84 del CCA) RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
(artículo 85 del CCA)

RADICADO
2003-00746-00 2010-00049-01

DEMANDANTE Jaime José Benítez Asociación Mutual Barrios Unidos
de Quibdó – AMBUQ EPS
Alcaldía Municipal de Sincelejo – Instituto Municipal para el
DEMANDADOS Concejo Municipal de Sincelejo Deporte y la Recreación de
Sincelejo – IMDER

La parte demandante señaló La parte demandante señaló
como disposiciones violadas: como disposiciones violadas:

Constitución Política, artículo 48 y (i) Constitución Política, artículos
150; Ley 100 de 1993, artículo 9º; 4º, 29 y 48; (ii) Código
Ley 136 de 1994. Contencioso Administrativo –
NORMAS
CCA, artículo 44; (iii) Ley 80 de
VIOLADAS
1993, artículo 32; (iv) Ley 100 de
1993, artículo 9º; (v) Ley 223 de
1995, artículos 256; (vi) Ley 788
de 2002, artículo 111 y; (vii)
Acuerdo 415 de 2009.

20 Ibidem.
21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de 4 de febrero de

2016. Rad.: 2011-00009. Magistrado ponente: doctor Jorge Octavio Ramírez.

16

Radicación: 70001-23-31-004-2010-00049-01
Demandante: Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó – AMBUQ EPS
Demandado: Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Sincelejo –
IMDER

Que se declare la nulidad de los Que se declare la nulidad de los
siguientes actos administrativos: siguientes actos administrativos:

Acuerdo 22 de 19 de noviembre - Resoluciones 447 del 17 de
de 1999, expedido por el Consejo noviembre de 2009 y 485 del 11
Municipal de Sincelejo, a través de diciembre de la misma
del cual se modificó el artículo 21 anualidad, por medio de las
OBJETO – del Acuerdo 39 de 1995 y se cuales el Instituto Municipal para
CAUSA DEL establece en el Municipio de el Deporte y la Recreación de
PROCESO Sincelejo la sobretasa a todos los Sincelejo – IMDER liquidó una
contratos de menor y mayor sobretasa a la Asociación Mutual
cuantía, órdenes de prestación de Barrios Unidos de Quibdó -
servicios y suministro, que AMBUQ EPS-S- ESS- y ordenó su
celebre el ente territorial, el recaudo.
Concejo, la Personería, la
Contraloría y los entes
descentralizados con todas las
personas naturales o jurídicas de
derecho privado.

73. Teniendo en cuenta el cuadro anterior, la Sala concluye que no se configura la
excepción de cosa juzgada, toda vez que si bien es cierto que la decisión proferida
el 11 de mayo de 2005 por el Tribunal Administrativo de Sucre dentro del expediente
con radicado 2003-00746-00 se encuentra ejecutoriada al no haber sido apelada,
también lo es que la misma se adoptó dentro de un proceso contencioso objetivo,
esto es, acción de nulidad, diferente a la que cursa en esta Sección que se tramita
bajo la cuerda procesal de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

74. Aunado a ello, la causa, objeto y finalidad resultan ser distintas, en tanto que en
uno se demanda el acto administrativo de carácter general contenido en el Acuerdo
22 de 19 de noviembre de 1999, expedido por el Concejo Municipal de Sincelejo y
en el proceso de la referencia, se cuestiona la legalidad de las Resoluciones 447
del 17 de noviembre de 2009 y 485 del 11 de diciembre de la misma anualidad, por
medio de las cuales el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de
Sincelejo – IMDER liquidó una sobretasa a la Asociación Mutual Barrios Unidos de
Quibdó -AMBUQ EPS-S- ESS- y ordenó su recaudo.

75. En cuanto a la identidad jurídica de partes, la Sala anota que los demandantes
no son los mismos y, además, que la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho la interpone las personas que se crean lesionadas en un derecho amparado
en una norma jurídica, mientras que la acción de nulidad puede ser incoada por
cualquier persona natural o jurídica para la protección en abstracto del
ordenamiento jurídico de dicha naturaleza.

17

Radicación: 70001-23-31-004-2010-00049-01
Demandante: Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó – AMBUQ EPS
Demandado: Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Sincelejo –
IMDER

76. Por lo anterior, no es recibo el argumento de la recurrente sustentada en el hecho
de que el a quo desconoció la cosa juzgada respecto de la decisión del Tribunal
Administrativo de Sucre de fecha 11 de mayo de 2005.

77. Ahora bien, la Sala considera que con la decisión de declarar como probada de
oficio la excepción de inconstitucionalidad del Acuerdo 22 de 19 de noviembre de
1999 expedido por el Concejo Municipal de Sincelejo tampoco se desconoció la
cosa juzgada relativa con ocasión a la decisión del Tribunal Administrativo de Sucre
antes mencionada.

78. Al respecto, la Sala recuerda que dicha Corporación judicial en la sentencia del
11 de mayo de 2005 negó la nulidad del acuerdo y determinó que la sobretasa del
2% no se pagaría con recursos del sector salud, sino con dineros propios del
contratista, dado que este pago surgiría en las etapas precontractuales, es decir,
cuando aún no se hubieren trasladado las UPC, destinadas exclusivamente a la
prestación del servicio de salud. Lo anterior, en atención a que el artículo 21 del
Acuerdo 22 plurimencionado estableció que el pago de ese tributo debía acreditarse
como requisito para el perfeccionamiento del contrato, so pena de invalidez, así:

“[…] DISPOSICIONES VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN […]

El artículo 48 de la CP en su inciso 5° dispone “No se podrá destinar ni utilizar
los recursos de las Instituciones de la seguridad social para fines diferentes a
ella".
Los recursos de salud tal como lo han precisado la Corte Constitucional y el H.
Consejo de Estado son de naturaleza parafiscal, lo que significan que tienen
una destinación específica que no puede ser cambiada por el Congreso de la
República y mucho menos por el Concejo Municipal que si bien está autorizado
para votar contribuciones y gastos locales, tal atribución debe hacerse con
subordinación a la misma constitución y la ley. Por lo tanto, no le está permitido
al Concejo gravar los recursos de la salud que deba entregar a un tercero, en
virtud de un contrato de derecho privado o público, para la prestación del
servicio de salud. Cuando el acuerdo demandado grava con el 2% todos los
contratos, sin discriminación alguna, es indudable que de los recursos de salud
que contrate, tanto por capitación como por evento se distraiga un dos por
ciento con el fin de destinarlo a actividades distintas de la salud como el
deporte, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación extraescolar.

El artículo 9° de la Ley 100 de 1993 en igual sentido que la norma anterior
dispone: “No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de
la seguridad social para fines diferentes a ella", entonces cuando el Concejo de
Sincelejo decide que de los recursos de salud deba destinarse el 2% del valor
de un contrato a fines diferentes a los de la salud, viola la ley 136 de 1994 que
invoca, pues de su tenor no se infiere una autorización para gravar los recursos
de la salud y el hacerlo así viola el artículo 150 de la C.P., pues solo le está
permitido al Congreso hacer las leyes y el artículo 313 ibidem, en la medida
(sic) que al expedir el acuerdo para gravar sin distinción todos los recursos

18

Radicación: 70001-23-31-004-2010-00049-01
Demandante: Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó – AMBUQ EPS
Demandado: Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Sincelejo –
IMDER

contractuales, sin excluir los de salud, desconoce que la actividad de votar sus
gastos locales debe hacerse con sujeción a la Constitución y la ley. […]

Así las cosas, encuentra la Sala que el Artículo 75 de la Ley 181 de 1985 prevé
la creación de rentas por parte de los Concejos Municipales, para garantizar la
ejecución de los programas de deporte, recreación y aprovechamiento del
tiempo libre, en consecuencia, legalmente si existía una facultad para la
creación de la renta que el Concejo Municipal de Sincelejo hizo mediante el
Acuerdo 022 de 1999 y a favor del Instituto Municipal para el deporte, la
Recreación y el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación
Extraescolar.

Violación de las disposiciones Constitucionales y Legales.

Para el actor el acto acusado viola el artículo 48 de la Constitución Política
y el artículo 9º de la ley 100 de 1993, en cuanto no exceptuó los contratos
para la administración del régimen subsidiado en salud del pago de la
sobretasa mencionada toda vez que dichas normas prohíben destinar
recursos a fines diferentes. En efecto, estipula el artículo 48 mencionado:
"ART. 48. La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que
se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a
los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que
establezca la ley.

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad
social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará
progresivamente la cobertura de la seguridad social que comprenderá la
prestación de los servicios en la forma que determine la ley. La seguridad social
podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la
ley. No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la
seguridad social para fines diferentes a ella. La ley definirá los medios para que
los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante
(0586, 0611, 0706, 0816).

Señala asimismo el artículo 9 de la Ley 100 de 1993: ART. 9º-Destinación de
los recursos. No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones
de la seguridad social para fines diferentes a ella. De la clara y diáfana
redacción de las normas anteriores se infiere que existe una prohibición de
destinar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines
diferentes a ella.

El cargo de violación de las anteriores normas, el actor lo hace consistir en
que al gravar a todos los contratos que celebre el Municipio de Sincelejo,
se desvía un 2% de los recursos de la salud para fines distintos como el
deporte, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación extraescolar,
bajo el entendido que el gravamen se paga con cargo al valor del contrato.
El Acuerdo 022 de 1999 en su artículo 21 al reglamentar el recaudo de la misma
establece: "RECAUDO DE LA SOBRETASA: La sobretasa la recaudara el

19

Radicación: 70001-23-31-004-2010-00049-01
Demandante: Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó – AMBUQ EPS
Demandado: Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Sincelejo –
IMDER

Instituto Municipal para el Deporte la Recreación, el Aprovechamiento del
Tiempo Libre y la Educación Extraescolar a través de las entidades bancarias
que indiquen este y el recibo de la consignación o constancia de pago será
requisito indispensable pare el perfeccionamiento del respectivo contrato de
menor o mayor cuantía, ordenes de prestación de servicio y de suministro. Sin
este requisito, los contratos; las ordenes de prestación de servicios y de
suministro, carecerán de validez.

La Sala advierte que tales reparos no son ciertos por tanto las
pretensiones fundamentadas en ellos carecen de vocación de
prosperidad toda vez que, el pago de la sobretasa es un acto previo al
perfeccionamiento del contrato, tal como la norma citada lo expresa el
pago de la sobretasa es un acto para el perfeccionamiento del contrato,
es decir, un acto precontractual que por tanto lo cancela el contratista con
sus propios recursos y no con los que espera recibir por el desarrollo del
objeto contractual ni con los que en virtud de la actividad contratada
espera administrar. En consecuencia, se negarán las súplicas de la demanda.

Por lo expuesto, EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: Negar las suplicas de la demanda.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta sentencia, archívese el expediente […]”
(negrillas fuera de texto).

79. Como se observa, el análisis del Tribunal Administrativo de Sucre se centró en
desatar el cargo de nulidad sobre la infracción del artículo 48 de la Constitución
Política y el artículo 9º de la Ley 100 de 1993, en cuanto no exceptuó los contratos
para la administración del régimen subsidiado en salud del pago de la sobretasa
mencionada y que dichas normas prohíben destinar recursos de la salud a fines
diferentes.

80. El Tribunal consideró que las citadas disposiciones de forma clara y expresa
prohíben destinar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines
diferentes a ella, por lo que el cargo de violación consiste en que al gravar a todos
los contratos que celebre el Municipio de Sincelejo se desvía un 2% de los recursos
de la salud para fines distintos como el deporte, el aprovechamiento del tiempo libre
y la educación extraescolar, no prosperaba.

81. Asimismo, negó las pretensiones de la demanda con fundamento en que el pago
de la sobretasa es un acto previo al perfeccionamiento del contrato, es decir, un
acto precontractual que por tanto lo cancela el contratista con sus propios recursos

20

Radicación: 70001-23-31-004-2010-00049-01
Demandante: Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó – AMBUQ EPS
Demandado: Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Sincelejo –
IMDER

y no con los que espera recibir por el desarrollo del objeto contractual ni con los que
en virtud de la actividad contratada espera administrar.

82. Nótese, entonces, que, si bien es cierto que el Tribunal mencionó la facultad que
tenía el Concejo Municipal de Sincelejo para expedir el Acuerdo 22 de 19 de
noviembre de 1999, también lo es que se lo hizo de manera tangencial, esto es, a
modo de obiter dicta, sin que por ello se pueda concluir que dicho pronunciamiento
hizo tránsito a cosa juzgada respecto de la competencia del órgano municipal para
crear esta clase de tributos.

83. Al respecto, esta Sección22 ya tuvo la oportunidad de pronunciarse en un caso
de similares supuestos fácticos y jurídicos, pero en el cual se discutió la liquidación
de la sobretasa a la Asociación Mutual Ser ESS, EPS, en dicha oportunidad se
consideró lo siguiente:

[…] La Asociación Mutual Ser ESS, EPS del régimen subsidiado, actuando
por medio de apoderada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho, y en vigencia del anterior C.C.A., presentó demanda ante el
Tribunal Administrativo de Sucre, tendiente a que mediante sentencia, se
decretara la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por el
Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Sincelejo IMDER: (i)
393 de 22 de noviembre de 2006, por la cual se liquida una sobretasa y se
ordena su recaudo; y (ii) 108 de marzo 27 de 2007, por la que se resuelve
el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución anterior. […]
Indica que la Resolución 393 de noviembre 22 de 2006, ordenó al contratista
demandante, cancelar a favor del IMDER, por concepto de sobretasa del
2% la suma de $196.062.311 y por concepto de multa, la suma del 20%
equivalente a $1.960.623.111. […]

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Del texto del recurso de apelación, es factible sintetizar los cuestionamientos
del recurrente contra el fallo impugnado como a continuación se acotará, no sin
antes advertir que los mismos se han de reordenar por la Sala a fin de
proporcionar un orden temático al estudio de la alzada así: […] El a quo no
contaba con fundamento alguno para declarar la excepción de
inconstitucionalidad contra el Acuerdo 022 de 1999 por cuanto los
asuntos respecto de los cuales adujo una ausencia de pronunciamiento
en el juicio de legalidad previamente efectuado por la Jurisdicción contra
aquel, carece de veracidad. Esto por cuanto en dicho proceso, contrario
a lo afirmado por el Tribunal, sí se evaluó lo referente a la potestad
tributaria de los concejos municipales. (iii) En consecuencia, existía una
sentencia judicial que hizo tránsito a cosa juzgada sobre el mencionado
Acuerdo, en la que se señala que la sobretasa allí regulada se ajusta a
derecho en tanto es recaudada de manera previa al contrato, y, por ende,

22 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 19 de junio de

2014. Rad.: 2007 – 00123. MP. Dr. Marco Antonio Velilla Moreno.

21

Radicación: 70001-23-31-004-2010-00049-01
Demandante: Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó – AMBUQ EPS
Demandado: Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Sincelejo –
IMDER

no afecta los recursos de la seguridad social, sino los propios del
contratista.

Definido lo anterior, procede ahora la Sala a evaluar si la excepción de
inconstitucionalidad decretada por el a quo fue desatinada, al haberse
fundado en aspectos que ya habían sido objeto de estudio en el juicio de
legalidad surtido sobre el Acuerdo 022 de 1999, modificatorio del Acuerdo
39 de 1995, en el expediente 2003-00746-00 tramitado en el Tribunal
Administrativo de Sucre, con Ponencia de la doctora Tulia Isabel Jarava
Cárdenas.

El fallo apelado alude a la necesidad de abordar el estudio de dicho Acuerdo
toda vez que, por un lado, este es el fundamento legal de los actos acusados;
y por el otro, no fue evaluado en el proceso judicial previo el asunto
referente a la capacidad de los concejos municipales para crear
impuestos, tasas y contribuciones, ni para establecer sanciones como
multas. Al respecto, trae a colación lo dispuesto en el artículo 175 del C.C.A.,
por considerar que frente a ese asunto específico no hay lugar a la
existencia de cosa juzgada al no haber conformado la causa petendi del
juicio de legalidad sobre el Acuerdo 022 de 1999 de que trata el expediente
2003- 00746-00.

Afirma que en tal sentencia el debate se centró en que los recursos con
los que se cancela la sobretasa no son de la seguridad social, y sobre la
violación de la Ley 136 de 1994, el artículo 9º de la Ley 100 de 1993 y el
artículo 48 de la C.P.

Así, la Sala observa que si bien en la sentencia del 11 de mayo de 2005,
Expediente No. 2003-00746-00, no se realizó un exhaustivo estudio sobre
las facultades tributarias de los concejos municipales, la misma sí se
refirió a dicho tema de manera tangencial, como fundamento para
concluir que el Concejo Municipal de Sincelejo ostentaba la facultad para
crear el tributo previsto en el cuestionado Acuerdo. Ello se deriva de lo
expuesto en el mencionado fallo al precisar el problema jurídico a
resolver, remitiéndose al efecto, a lo previsto en el artículo 32 numeral 7º
de la Ley 136 de 1994 e indicar que la competencia que en materia de
tributos les asiste a los concejos municipales está supeditada a la
autorización previa de la ley.

Así las cosas, no es del todo acertado el a quo al fundamentar la declaratoria
de la excepción de ilegalidad en una ausencia de pronunciamiento al respecto
en el proceso referenciado, por cuanto como se observa, el Tribunal sí emitió
un juicio valorativo sobre la competencia tributaria en cabeza de los concejos
municipales, aludiendo a lo previsto en la Ley 136 de 1994, según se señaló.
Asunto diferente es que este fallo no les hubiere concedido un alcance
atinado a las normas invocadas, como luego se indicará. Ahora, es de
advertir que la anterior imprecisión en el fundamento para invocar la
mencionada excepción por parte del Tribunal, no implica que este hubiere

22

Radicación: 70001-23-31-004-2010-00049-01
Demandante: Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó – AMBUQ EPS
Demandado: Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Sincelejo –
IMDER

efectuado un análisis sustancial errado con respecto a la
inconstitucionalidad del Acuerdo 22 de 1999, por cuanto al efectuar el
juicio comparativo entre este y lo previsto por la Carta Política en materia
de la competencia de los concejos municipales para decretar tributos,
advierte acertadamente que esta ha de encontrar sustento en la ley, de
acuerdo con los artículos 338, 287 numeral 3º, 313 numeral 4º, en armonía
con el artículo 150 numeral 12 de la Constitución Política. Así lo ha
señalado esta Sección en varios pronunciamientos de los que vale la pena traer
a colación la Sentencia de 9 de febrero de 2012, Expediente No. 2008-00277-
01, M.P. Dra. María Elizabeth García González que, en similar asunto, indicó
lo siguiente: “Se concluye que en tiempos de paz, el Congreso de la República
es el único ente autorizado para la creación de leyes, es decir que el poder
tributario recae en dicho órgano de elección popular, el cual debe sujetarse a
los lineamientos establecidos por la Constitución y la Ley. Cabe aclarar que
cuando la Carta Política otorgó autonomía a las entidades territoriales
para la gestión de sus intereses y consagró como parte de sus actividades
la de administrar los recursos, “establecer los tributos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones”, entre otras, no las autorizó para crear
dichos tributos, pues como ya se dijo, tal potestad recae exclusivamente
en el Congreso de la República. […]

La transgresión constitucional anotada es constatable al verificar el
contenido del Acuerdo 022 de 1999, el cual, tuvo su origen en el Acuerdo
39 de 1995, por el que se creó el Instituto Municipal para el deporte, la
recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación
extraescolar de conformidad con la Ley 181 de 1995. En efecto, este
Acuerdo, instituyó la sobretasa en cuestión en su artículo 21, y este a su turno,
fue luego modificado por los Acuerdos 15 del 13 de julio de 1998 y 22 de 1999.
El tenor literal de lo dispuesto en el Acuerdo 22, es en lo pertinente, el siguiente:
“Establécese en el municipio de Sincelejo la sobretasa a todos los contratos de
menor y de mayor cuantía, órdenes de prestación de servicios y suministro, que
celebre el municipio de Sincelejo, la Personería, la Contraloría y los entes
descentralizados del orden municipal con todas las personas naturales o
jurídicas de derecho privado así: HECHO GENERADOR: Lo constituye todos
los contratos estatales, es decir todos los actos jurídicos generadores de
obligaciones que celebren el municipio de Sincelejo […]

“Ahora el Acuerdo acusado se expidió con fundamento en el artículo 75 de la
Ley 181 de 1995 (…) Teniendo en cuenta la regulación transcrita, en
concordancia con lo expresado por esta Corporación frente a la misma
normativa, es evidente que dicha ley no creó tributo alguno, ni fijó un
esquema por el que los Municipios y/o Distritos pudieran establecer las
bases del mencionado gravamen, pues la norma en mención.

En virtud a lo expuesto, se tiene que las entidades territoriales solo
pueden establecer tributos locales cuando han sido creados o
autorizados en forma previa por el legislador, como quiera que en el sub-
lite el artículo 75 de la Ley 181 de 1995 no creó ni autorizó gravamen

23

Radicación: 70001-23-31-004-2010-00049-01
Demandante: Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó – AMBUQ EPS
Demandado: Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Sincelejo –
IMDER

alguno, se concluye que el Acuerdo se expidió en forma ilegal. En este
orden de ideas, encuentra la Sala acertada la decisión del Tribunal
Administrativo de Risaralda, quien estimó que si bien es cierto la
Constitución Política le otorgó autonomía a las entidades territoriales
como la de establecer tributos, también lo es que dichas facultades no se
concedieron en forma ilimitada ni en modo absoluto ya que están sujetas
a la Constitución y la Ley, en virtud del principio de la unidad nacional y
el derecho de igualdad de todos los ciudadanos frente a las cargas
fiscales, siendo el Congreso de la República el único ente autorizado para
crear Ley”. Asimismo, en Sentencia de la Sección Cuarta de esta Corporación,
de 25 de marzo de 2010, Expediente No. 2001-02173-01, M.P. Dra. Martha
Teresa Briceño de Valencia se señaló: “…Al respecto, la Sala reitera que “del
contenido del artículo 75 de la Ley 181 de 1995, no es posible inferir la creación
de un tributo en cabeza de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones,
ni parámetros a partir de los cuales el ente territorial pueda establecerlo en su
jurisdicción.” En efecto, el artículo 75 núm. 2 de la Ley 181 de 1995 no creó
ningún tributo y, en concreto, ninguna contribución. Tampoco fijó pauta
alguna a partir de la cual los departamentos pudieran determinar los
elementos esenciales del gravamen. Mucho menos autorizó a los
departamentos para crear una contribución a cargo de los usuarios de la
telefonía fija, celular o beeper, ni delimitó el hecho gravado. El numeral
segundo del artículo 75 de la Ley en mención, se limita solo a enunciar
uno de los recursos con que cuentan los entes deportivos
departamentales para su ejecución, como son las rentas creadas por las
asambleas, que constituyen fuente económica para el cumplimiento de
las metas relacionadas con el deporte, la recreación y el aprovechamiento
del tiempo libre. En consecuencia, con la expedición de la ordenanza
acusada, la Asamblea desconoció el principio de legalidad de los tributos.
Sin fundamento legal creó una contribución a cargo de los usuarios de la
telefonía fija, celular y beeper en el departamento del Tolima.” (Subrayado fuera
de texto) Lo anotado conlleva a concluir que el Acuerdo 022 de 1999,
modificatorio del artículo 21 del Acuerdo 039 de 1995, vulnera la
Constitución Política y resulta, además, ilegal al no contar con el soporte
jurídico requerido para la creación de la sobretasa en cuestión. Ahora, al
descender a los actos acusados se observa que la Resolución 393 de 2006,
por la cual se liquida una sobretasa y se ordena su recaudo, invoca como
sustento jurídico las Leyes 181 de 1995, 582 de 2000, modificatoria la anterior,
Decreto 641 de 2001, reglamentario de esta última y los Acuerdos No. 39 de
1995 y 22 de 1999 del Concejo Municipal de Sincelejo. Por su parte, la
Resolución demandada 108 de 2007, por la que se resuelve un recurso, alude
a los dos acuerdos municipales mencionados. De este modo, es clara la
ilegalidad de las Resoluciones demandadas por cuanto, por un lado, estas
entrañan la aplicación directa de unos actos administrativos claramente
lesivos del orden jurídico superior, en tanto, el Concejo Municipal se
arroga una competencia inexistente para crear el tributo, y a su turno, para
otorgarle al IMDER la facultad de administrarlo y de recaudarlo; y, por el otro,
la Resolución demandada 393, por la que se liquida la sobretasa y se ordena
su recaudo, invoca como sustento jurídico la Ley 181 de 1995, la cual, como se

24

Radicación: 70001-23-31-004-2010-00049-01
Demandante: Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó – AMBUQ EPS
Demandado: Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Sincelejo –
IMDER

anotó, no otorga asidero legal alguno para el Concejo Municipal respecto
de la creación de la sobretasa y menos aún al IMDER para su manejo y/o
recaudación.

De lo anotado, la Sala recalca, a manera de conclusión, que le asiste razón
al a quo al declarar la excepción de inconstitucionalidad por cuanto el
análisis llevado a cabo por aquel se refirió al texto del Acuerdo
cuestionado, en confrontación con las disposiciones de la Carta Política que
establecen el que los Concejos Municipales deben supeditar su facultad
tributaria a la Ley; de forma tal que, al no encontrarse la existencia de una
ley que le concediera al Concejo la autorización o las bases para la
creación del tributo, resulta procedente el reconocimiento de dicha
excepción para inaplicar el Acuerdo, en virtud del artículo 4 de la C.P.; y,
en consecuencia, declarar la nulidad de los actos acusados.

No sobra, en este punto, señalar que el fallo proferido por el Tribunal
Administrativo de Sucre antes referenciado, tan sólo aludió a la Ley 136
de 1994, artículo 32 numeral 7º, para justificar la facultad tributaria del
Concejo Municipal; empero, no se refirió a las disposiciones
constitucionales sobre la materia, otorgándole un alcance equívoco a
aquella norma y al artículo 75 de la Ley 181 de 1995, pues como se
advirtió, esta disposición no entraña la autorización ni la determinación
de las bases del tributo.

En lo que respecta a la existencia de la cosa juzgada alegada por el
recurrente, en atención a que en el fallo del Tribunal Administrativo de
Sucre se concluyó que la sobretasa no afecta los recursos de la seguridad
social, por cuanto su recaudo es anterior al contrato, la Sala considera
que en razón de que el tributo en sí mismo se halla desprovisto de
fundamento constitucional y legal, según se anotó en líneas anteriores,
debe, por sustracción de materia, relevarse de ahondar en tales
planteamientos. Así, es evidente que, si el gravamen contenido en el Acuerdo
22 de 1999 se encontró contario a la Constitución Política, y por tanto
inaplicable en virtud de la excepción de inconstitucionalidad decretada
por el a quo, resulta irrelevante adentrarse en aspectos derivados del
mismo, como sería el evaluar si su recaudo atenta o no contra la
destinación específica que se predica de los recursos de la seguridad
social en salud […]” (negrillas fuera de texto).

84. De esta forma, el a quo acogió el precedente emitido por la Sección Primera de
esta Corporación, como órgano de cierre, quien avaló la excepción de
inconstitucionalidad que declaró el Tribunal Contencioso Administrativo de Sucre
con ocasión de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió
la parte demandante en el presente asunto, en contra de los actos administrativos
particulares que determinaron la aludida sobretasa del 2%.

25

Radicación: 70001-23-31-004-2010-00049-01
Demandante: Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó – AMBUQ EPS
Demandado: Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Sincelejo –
IMDER

85. De este modo, la sentencia del 11 de mayo de 2005, mediante la cual se negó la
nulidad del acuerdo ya mencionado y determinó que la sobretasa del 2% no se
pagaría con recursos del sector salud, sino con dineros propios del contratista, dado
que este pago surgiría en las etapas precontractuales, sí hace tránsito a cosa
juzgada, pero en relación con la causa petendi juzgada conforme al artículo 175 del
CCA que prevé que la sentencia que niegue la nulidad producirá cosa juzgada erga
omnes pero sólo en relación con lo allí analizado, es decir, respecto al cargo
relacionado con la destinación de recursos del sistema de seguridad social en salud.

86. Enel mismo sentido y recientemente, esta Sección23 se refirió al presunto
desconocimiento del fenómeno jurídico de la cosa juzgada frente a la decisión del
Tribunal Administrativo de Sucre de 11 de mayo de 2005, en el siguiente sentido:

“[…] El Tribunal Administrativo de Sucre negó las pretensiones de la
demanda con fundamento en que el pago de la sobretasa es un acto
previo al perfeccionamiento del contrato, es decir, un acto precontractual
que por tanto lo cancela el contratista con sus propios recursos y no con los
que espera recibir por el desarrollo del objeto contractual ni con los que en
virtud de la actividad contratada espera administrar.

Así, para la Sala la verdadera ratio decidendi de esa decisión, «entendida
como la formulación general del principio, regla o razón general que
constituyen la base necesaria de la decisión judicial específica, también
tiene fuerza vinculante general», consiste en que el pago de la sobretasa
es un acto previo al perfeccionamiento del contrato que la cancela el
contratista con sus propios recursos y no con los que espera recibir por
el desarrollo del objeto contractual.

En ese orden, la Sala advierte que, en la sentencia del 11 de mayo de 2005,
Expediente No. 2003-00746-00, se refirió a las facultades tributarias de los
concejos municipales de manera tangencial, dado que lo hizo de manera
somera a modo de obiter dicta.

Por su parte, en el caso sub examine, el fallo que es apelado no se contrajo
a la verificación de si dicho tributo quebrantaba las disposiciones legales
acerca de la destinación específica que tienen los recursos del sistema
de seguridad social en salud, sino que, en un control oficioso de
constitucionalidad, se estimó que los actos particulares se fundamentaron
en los Acuerdos núm. 39 de 1995 y 22 de 1999 que vulneraban el principio
de legalidad tributaria, en tanto que el artículo 75 de la Ley 181 de 1995 no
autorizó la creación de tributos a nivel municipal o distrital para financiar
el funcionamiento de la parte demandada, según fue estudiado en la
sentencia del 19 de junio de 2014, emitida por el Consejo de Estado (exp.
70001-23-31-000-2007-00123-01, CP: Marco Antonio Velilla Moreno).

De este modo, la sentencia del 11 de mayo de 2005, mediante la cual se
negó la nulidad de los acuerdos ya mencionados y determinó que la
sobretasa del 2% no se pagaría con recursos del sector salud, sino con
dineros propios del contratista, dado que este pago surgiría en las etapas
precontractuales, es decir, cuando aún no se hubieren trasladado las
23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 18 de noviembre

de 2022. Rad.: 2010 – 00025. MP. Dr. Hernando Sánchez Sánchez.

26

Radicación: 70001-23-31-004-2010-00049-01
Demandante: Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó – AMBUQ EPS
Demandado: Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Sincelejo –
IMDER

UPC, destinadas exclusivamente a la prestación del servicio de salud, sí
hace tránsito a cosa juzgada, pero en relación con la causa petendi
juzgada conforme al artículo 175 del Código Contencioso Administrativo
que prevé que la sentencia que niegue la nulidad producirá cosa juzgada erga
omnes pero sólo en relación con la causa petendi juzgada, es decir, respecto
al cargo relacionado con la destinación de recursos del sistema de seguridad
social en salud que fue analizado en los dos asuntos […]” (negrillas fuera de
texto).

87. Ahora bien, la parte demandada en el recurso de apelación señaló que, en un
fallo de 16 de agosto de 2014, proferido por el Tribunal Administrativo de Sucre en
un caso similar al aquí discutido se resolvió denegar las pretensiones, dado que se
pretendía ejercer control de legalidad sobre asuntos que fueron debidamente
debatidos y en las que no prosperaron las pretensiones de la demanda confirmando
el principio de la cosa juzgada.

88. Al respecto, la parte demandada afirmó en el recurso de apelación que anexó la
decisión ante señalada, sin embargo, verificado el expediente no se encuentra que
se haya allegado la misma y, tampoco se pudo ubicar ante la falta de identificación
del proceso, lo que impide su análisis, tal y como se consideró en la citada sentencia
de fecha 18 de noviembre de 200224 cuando el ahora demandado solicitó la
aplicación de dicha providencia.

89. En este contexto, la Sala prohíja lo expuesto por esta Sección en las sentencias
citadas líneas atrás, y, en consecuencia, considera que la decisión acusada se
ajusta a la normativa aquí analizada, luego la sentencia apelada será confirmada
por las razones expuestas, como en efecto se dispone en la parte resolutiva de esta
providencia.

VI.2.2.1. Restablecimiento del derecho

90. El apoderado de la parte demandante presentó recurso de apelación con el fin
de que “[…] se modifique la orden de restablecimiento del derecho dispuesta por el
a quo en el numeral cuarto y que en su lugar complemente ordenando la devolución
de las sumas canceladas por mi representada con ocasión de los actos
administrativos hoy declarados nulos […]”.

91. Al respecto, la Sala recuerda que el apoderado de la Asociación Mutual Barrios
Unidos de Quibdó – AMBUQ EPS, mediante escrito de fecha 17 de septiembre de
201025, solicitó ante el a quo se admitiera la adición de la demanda en lo atinente a
las pretensiones de la misma para que, “[…] como consecuencia de la declaratoria
de nulidad de las resoluciones, se restablezca en sus derechos y se ordene la
devolución de los dineros descontados a la fecha con los respectivos intereses
legales a la tasa legal vigente, los cuales tienen destinación especifica […]”.

24 Ibidem.
25 Folios 83 a 92 C 1.

27

Radicación: 70001-23-31-004-2010-00049-01
Demandante: Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó – AMBUQ EPS
Demandado: Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Sincelejo –
IMDER

92. A través de auto de 12 de octubre de 201026, el Tribunal de instancia rechazó la
solicitud de adición, en el entendido que el escrito contentivo de la misma se
presentó por fuera del término previsto en el artículo 208 del CCA; frente a la anterior
decisión se interpuso recurso de súplica27 el cual fue rechazado por improcedente
mediante auto de 2 de febrero de 201128.

93. En este sentido, la Sala considera que no resulta procedente acceder a lo
solicitado por el recurrente, toda vez que en virtud de los principios de jurisdicción
rogada y de congruencia, la parte demandante no puede pretender vía recurso de
apelación adicionar pretensiones que ya fueron rechazada en el trámite del proceso.

94. Ciertamente el carácter eminentemente rogado de la jurisdicción contenciosa
administrativa impide examinar pretensiones a la luz de disposiciones diferentes de
las invocadas en la demanda, es decir, que sus providencias se circunscriben sólo
a lo que allí se ha planteado, por ser el libelo demandatorio un marco de referencia
necesario para que el juez emita su pronunciamiento judicial.

95. Lo anterior tiene fundamento en los artículos 137 numeral 4º y 138 del CCA los
cuales disponen que cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo
deberá indicarse las normas violadas, explicarse el concepto de su violación y lo
que se pretende de manera clara y precisa.

96. Sin perjuicio de lo expuesto, la Sala advierte que tampoco podría ordenarse dicha
devolución, en tanto que si bien es cierto que en el plenario obra 29 el oficio
identificado con el radicado número 2010-00132-00 de fecha 10 de noviembre de
2010, dirigido al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Sincelejo y suscrito por los
representantes legales de la Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó – AMBUQ
EPS y del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Sincelejo – IMDER,
en el cual concilian el monto de la sobretasa a pagar y el auto de fecha 29 de
noviembre de 201030 en el cual el Juzgado en comento aprobó el acuerdo
conciliatorio, también lo es que no se encuentra en el expediente cheque,
comprobante de consignación o transferencia del cual se desprenda que el pago se
realizó efectivamente.

97. En suma, para la Sala no es de recibo el argumento relativo a que se debe
modificar la decisión de primera instancia en la cual se dispuso, a título de
restablecimiento del derecho, que la parte demandante no está obligada a pagar las
sumas establecidas en las Resoluciones 447 de 17 de noviembre de 2009 y 485 de
11 de diciembre de la misma anualidad.

26
Folios 113 y 114 C 1.
27
Folios 118 a 120 C 1.
28
Folios 124 a 126 C 1.
29 Folios 184 a 186 C 1.
30
Folios 187 y 188 C 1.

28

Radicación: 70001-23-31-004-2010-00049-01
Demandante: Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó – AMBUQ EPS
Demandado: Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Sincelejo –
IMDER

98. Finalmente, la Sala no condenará en costas a la parte demandante como quiera
que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 171 del CCA, en concordancia con los artículos 392 y
393 del CPC, aplicables al caso por la remisión del artículo 267 del CCA.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley.

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 27 de julio de 2017, proferida por el
Tribunal Administrativo de Sucre, de conformidad con las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.