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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 70001-23-33-000-2010-00025-01

Fecha
18 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 70001-23-33-000-2010-00025-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Negar las suplicas de la demanda SEGUNDO: Ejecutoriada esta sentencia, archívese el expediente […]”. (Negrillas fuera de texto) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 46 Número único de radicación: 70001233300020100002501 Demandante: Caja de Previsión Social de Comunicaciones 105. De este modo, el análisis del Tribunal Administrativo de Sucre se centró en el análisis del cargo de nulidad sobre la infracción del artículo 48 de la Constitución Política y el artículo 9 de la Ley 100 de 1993, en cuanto no exceptuó los contratos para la administración del régimen subsidiado en salud del pago de la sobretasa mencionada y que dichas normas prohíben destinar recursos de la salud a fines diferentes. 106. Al respecto el Tribunal Administrativo de Sucre analizó que los artículos 48 de la Constitución Política y 9 de la Ley 100 de forma clara y expresa prohíben destinar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella. 107. En ese sentido, el Tribunal Administrativo de Sucre precisó que el cargo de violación de las anteriores normas formulado por la parte demandante consiste en que al gravar a todos los contratos que celebre el Municipio de Sincelejo, se desvía un 2% de los recursos de la salud para fines distintos como el deporte, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación extraescolar, bajo el entendido que el gravamen se paga con cargo al valor del contrato. 108. El Tribunal Administrativo de Sucre negó las pretensiones de la demanda con fundamento en que el pago de la sobretasa es un acto previo al perfeccionamiento del contrato, es decir, un acto precontractual que por tanto lo cancela el contratista con sus propios recursos y no con los que espera recibir por el desarrollo del objeto contractual ni con los que en virtud de la actividad contratada espera administrar. 109. Así, para la Sala la verdadera ratio decidendi de esa decisión, «entendida como la formulación general del principio, regla o razón general que constituyen la base necesaria de la decisión judicial específica, también tiene fuerza vinculante […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 70001-23-33-000-2010-00025-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

18 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Número único de radicación: 70001233300020100002501
Demandante: Caja de Previsión Social de Comunicaciones - CAPRECOM1
Demandado: Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Sincelejo -
IMDER
Tema: Cosa juzgada en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Actos
administrativos de carácter particular que ordenan el pago de una sobretasa y una
multa.

SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida, en primera instancia, el 27 de julio de 2017, por el Tribunal
Administrativo de Sucre.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1
Hoy Patrimonio Autónomo de Remanentes Par Caprecom Liquidado, de conformidad con el Decreto núm.
2519 de 28 de diciembre de 2015.

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Número único de radicación: 70001233300020100002501
Demandante: Caja de Previsión Social de Comunicaciones

1. La Caja de Previsión Social de Comunicaciones - CAPRECOM en adelante
la parte demandante2, presentó demanda3 contra el Instituto Municipal para el
Deporte y la Recreación de Sincelejo - IMDER, en adelante la parte demandada,
en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el
artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984 4, en adelante, Código
Contencioso Administrativo, para que se declare la nulidad de la Resolución núm.
441 de 17 de noviembre de 20095 y la Resolución núm. 477 de diciembre 11 de
20096, expedidas por el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de
Sincelejo – IMDER.

La pretensión

2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones7:

"[…] 1. Se declare la nulidad de las Resoluciones 441 de 17 de noviembre de 2009,
"Por medio de la cual se liquida una sobretasa y se ordena su recaudo" y 477 de
Diciembre 11 de 2009, "Por medio de la cual se resuelve un recurso" expedidas por
el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Sincelejo "IMDER".

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se
declare que la Caja de Previsión Social de Comunicaciones CAPRECOM,
NIT899999026-0, no está obligada a pagar la sobretasa y la multa fijadas mediante
las resoluciones demandadas […]”.

Presupuestos fácticos

3. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:

4. Mediante el artículo 1 del Acuerdo núm. 22 de noviembre 19 de 1999 8, el
Concejo del Municipio de Sincelejo estableció una sobretasa del 2% a favor de la

2
Por intermedio de apoderado judicial.
3
Folios 142 a 174 del cuaderno principal.
4
“[…] Por el cual se Reforma el Código Contencioso Administrativo […]”.
5
“[…] Por medio de la cual se liquida una sobretasa y se ordena su recaudo […]”
6
“[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso […]"
7
Folio 172 del cuaderno principal.

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Demandante: Caja de Previsión Social de Comunicaciones

parte demandada para todos los contratos estatales generadores de obligaciones
que celebre el ente territorial y le otorgó potestades de liquidación, cobro, recaudo,
investigación, control y administración de la misma. El artículo 1 del Acuerdo núm.
22 de 1999 señaló que la omisión en el pago de la sobretasa genera una sanción
del 20% del valor del contrato.

5. Mediante la Resolución núm. 441 de 17 de noviembre de 20099, el Instituto
Municipal para el Deporte y la Recreación de Sincelejo – IMDER resolvió ordenar
al contratista Caja de Previsión Social de Comunicaciones "CAPRECOM EPS"
cancelar a favor de la entidad las sumas de $198.288.142 y $1.982.881.429 por
concepto de sobretasa y multa, respectivamente.

6. La parte demandante interpuso recurso de reposición en contra de la
Resolución núm. 441 de 200910 en el cual se solicitó se revocara el acto
administrativo por cuanto, en su calidad de Empresa Industrial y Comercial del
Estado no era sujeto pasivo de la obligación y el acto acusado era inconstitucional
por gravar recursos de la salud los cuales tienen destinación específica
(parafiscales).

7. Mediante Resolución núm. 477 de diciembre 11 de 200911, el Instituto
Municipal para el Deporte y la Recreación de Sincelejo resolvió confirmar en todas
sus partes el acto administrativo inicial y en consecuencia no conceder el recurso
de reposición interpuesto.

Normas violadas

8. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

 Artículos 29 y 48 de la Constitución Política de Colombia.
 Artículos 1 y 35 del Código Contencioso Administrativo.

8
“[…] Por el cual se modifica el artículo 21 del Acuerdo N° 39 de 1995 y se dictan otras disposiciones
“[…]
9
“[…] Por medio de la cual se liquida una sobretasa y se ordena su recaudo […]”
10
“[…] Por medio de la cual se liquida una sobretasa y se ordena su recaudo […]”
11
“[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso […]"

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Demandante: Caja de Previsión Social de Comunicaciones

 Artículo 1 del Acuerdo núm. 22 de 19 de noviembre de 1999, expedido por el
Concejo del Municipio de Sincelejo12.
 Artículo 1 del Acuerdo núm. 12 de 27 de diciembre de 2002, expedido por el
Concejo del Municipio de Sincelejo13.
 Artículo 21 del Acuerdo núm. 39 de 2 de diciembre de 1995 14, expedido por el
Concejo del Municipio de Sincelejo.

Concepto de Violación

9. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de
la violación, así:

Primer cargo: Falsa motivación

10. Este motivo de censura lo fundamentó en los siguientes términos:

11. Adujo que el artículo 21 del Acuerdo núm. 39 de 1995 establecía como
sujeto pasivo del gravamen solo a las personas naturales o jurídicas de derecho
privado y no a las personas de derecho público, naturaleza de la que goza la parte
demandante.

12. Manifestó que la parte demandada al pretender gravar con una sobretasa
que recae sobre personas jurídicas de derecho privado a una entidad de derecho
público contraviene el deber de debida motivación contenido en el artículo 35 del
Código Contencioso Administrativo, lo dispuesto en el mismo Acuerdo núm. 22 de
1999 y el artículo 29 constitucional, en virtud del cual nadie puede ser juzgado sino
conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa.

12
“[…] Por medio del cual se modifica el artículo 21 del Acuerdo No 39 de 1995 y se dictan otras disposiciones
[…]”
13
“[…] Por el cual se modifican los acuerdos No. 39 de 1995, 22 de 1999 y se dictan otras disposiciones […]”.
14
“[…] Por medio del cual se crea el Instituto Municipal para el Deporte, la Recreación, el Aprovechamiento
del tiempo libre y la Educación Extraescolar de conformidad con la Ley 181 de 1995, y se dictan otras
disposiciones […]”

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13. Señaló que los actos administrativos acusados se fundamentaron en el
Acuerdo núm. 22 de 1999 que grava con la sobretasa del 2% los contratos
celebrados con personas de derecho privado y no en la norma especial contenida
en el Acuerdo núm. 12 de 2002, que permitía gravar excepcionalmente, los
contratos celebrados con personas de derecho público a la tarifa del 1%.

Segundo cargo: Inconstitucionalidad e ilegalidad del gravamen

14. Adujo que de conformidad con el artículo 135 del Código Contencioso
Administrativo la sentencia que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada
erga omnes pero sólo en relación con la causa petendi juzgada.

15. Manifestó que, si se admitiera gravar con la sobretasa pretendida los
ingresos obtenidos mediante contratos de aseguramiento celebrados por la parte
demandante se vulneraria la prohibición contenida en el artículo 48 de la
Constitución, el cual establece: "No se podrán destinar ni utilizar los recursos de
las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella".

Tercer cargo: Falta de competencia

16. Este motivo de censura lo fundamentó en los siguientes términos:

17. Sostuvo que radica en los concejos municipales la competencia para
establecer en favor del municipio tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas y
es el alcalde quien debe ejercer las acciones administrativas, tendientes a
determinar y cobrar los tributos de carácter municipal.

18. Manifestó que el Concejo del Municipio de Sincelejo desconoció la
Constitución y la ley en la determinación de los tributos municipales, para atribuir a
la parte demandante, las competencias otorgadas al alcalde por ley, lo que

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contraviene lo dispuesto en el numeral 4.° del artículo 313 de la Constitución y el
artículo 32 de la Ley 136 de 2 de junio de 199415.

19. Argumentó que si bien el artículo 75 de la Ley 181 de 18 de enero de 199516
establece que los entes deportivos municipales contarán para la ejecución de las
funciones asignadas con "Las rentas que creen los Concejos Municipales o
Distritales con destino al deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo
libre", lo cierto es que la ley no faculta a dichas corporaciones para atribuir las
funciones de investigación, determinación o cobro de rentas o tributos.

20. Indicó que la creación de la parte demandada por disposición legal obedece
a la necesidad de fomentar el deporte, la recreación y el aprovechamiento del
tiempo libre y no a la de abrogarse funciones reservadas al representante legal de
la entidad municipal, como son dirigir la acción administrativa del municipio y
representarlo judicial y extrajudicialmente, y ejercer jurisdicción coactiva para hacer
efectivo el cobro de las obligaciones a su favor.

21. Precisó que el artículo 1 del Acuerdo núm. 22 de 1999 indicó que será la
parte demandada en cuyo favor se establecen las potestades de liquidación, cobro,
recaudo, investigación, control y administración de la sobretasa lo cual pone de
manifiesto la ilegalidad de los actos administrativos en los que se sustentan las
resoluciones demandadas, al haber rebasado el límite de configuración legal,
atribuyendo a la entidad funciones reservadas al representante del ente territorial,
razón para que se decrete la nulidad, por vía excepción de ilegalidad de los actos
generales.

Contestación de la demanda

15
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios […]”.
16
“[…] por el cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del
tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte […]”.

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22. La parte demandada contestó la demanda y se opuso a la pretensión
formulada, así17:

23. Señaló que los artículos 10, 287, 300 y 313 de la Constitución Política
confieren a los concejos la potestad de establecer los diferentes aspectos de la
obligación tributaria y en el presente asunto, el artículo 75 de la ley 181 de 1995 al
referirse al funcionamiento de los entes deportivos municipales y distritales señala
que estos contarán para su ejecución con las rentas que creen los Concejos
Municipales con destino al deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo
libre.

24. Precisó que el articulo 32 de la Ley 136 dispone que los concejos
municipales pueden establecer tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas,
sin que pueda desconocerse ese precepto constitucional; y que el artículo 338 de
la Constitución, dispone con claridad que no solamente la ley sino las ordenanzas y
los acuerdos son los actos que señalan directamente los elementos de los tributos.
En ese sentido, la competencia está deferida, según que el gravamen sea
nacional, departamental, distrital o municipal, al Congreso, a las asambleas y a los
concejos.

25. Manifestó que en un fallo de 23 de octubre de 2008 en el proceso 2005-
01359-00 se declaró la nulidad del artículo 10 del Acuerdo 12EX de diciembre 27
de 2002, expedido por el Concejo Municipal de Sincelejo y se declaró probada la
excepción de cosa juzgada frente al artículo 21 del Acuerdo núm. 39 de 1995 y del
artículo 1 del Acuerdo núm. 22 de 1998 que ampara la sobretasa del 2% a favor de
la parte demandada, quedando incólume los efectos de éstos dos últimos acuerdos
para que el Instituto quedara igualmente habilitado a seguir cobrando la sobretasa
prevista en los actos acusados.

17
Cfr. Folios 215 a 227 del cuaderno principal de primera instancia.

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26. Sostuvo que mediante el Acuerdo núm. 39 de 1995 se creó la parte
demandada como un establecimiento público del orden municipal cuyo objeto es el
de brindar a la comunidad oportunidades de participación en procesos de
formación deportiva y que su patrimonio estará constituido por los recursos que
asigne el Concejo del Municipio de Sincelejo18 y por los recursos que provengan
del recaudo por concepto de la sobretasa a los contratos celebrados por el ente
territorial y sus entes descentralizados con todas las personas naturales o jurídicas
públicas o privadas establecidas19.

27. Indicó que los Acuerdos núm. 39 de 1995 y el 22 de 1999 fueron objeto de
control de legalidad ante el Tribunal Administrativo de Sucre (expediente número
2003-00746-00) que negó las pretensiones de la demanda manifestando que el
pago de la sobretasa era un acto previo al perfeccionamiento del contrato, es decir,
un acto precontractual que cancela el contratista con sus propios recursos y no con
lo que espera recibir por el desarrollo del objeto contractual ni con los que en virtud
de la actividad contratada espera administrar.

28. Afirmó que el Tribunal Administrativo de Sucre profirió fallo el 23 de octubre
de 2008 (expediente número 2005-01359-00), en el que declaró probada la
excepción propuesta por el apoderado del Concejo Municipal de Sincelejo de cosa
juzgada frente al artículo 21 del Acuerdo núm. 39 de 1995 y del artículo 1 del
Acuerdo núm. 22 de 1998, pero declara la nulidad respecto del artículo 1º- del
acuerdo 12EX de 2007, es decir, deja sin efectos el cobro del 1% de la sobretasa
respecto a los contratos de tracto sucesivo celebrados entre el Municipio de
Sincelejo y las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, pero en
ninguno de sus apartes el referido fallo abordó la nulidad de la sobretasa del 2%,
por la sencilla razón de que fue atendida por el Tribunal la excepción de cosa
juzgada, quedando incólumes los Acuerdos núm. 39 de 1995 y 22 de 1999.

18
De acuerdo a los numerales 11.° y 13° del artículo 16 del citado acuerdo
19
En el artículo 21 del acuerdo se estableció inicialmente una sobretasa del 1% para aquellos contratos y que
mediante acuerdo número 22 de 1999 esa sobretasa se estableció en el 2%.

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29. Argumentó que conforme al artículo 338 de la Constitución de 1991 los
concejos municipales pueden establecer contribuciones fiscales y parafiscales y los
acuerdos fijarán directamente los elementos de los impuestos (sujeto activo, sujeto
pasivo, hecho, base gravable y tarifa).

30. Concluyó que dentro de las atribuciones constitucionales de los concejos
municipales señalados en el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia,
reglamentado por el artículo 32 numeral 70 de la Ley 136, se resalta que dichas
corporaciones pueden establecer sobretasas y no se está reclamando nada distinto
que el porcentaje que deben cancelar todas las personas naturales o jurídicas
públicas o privadas que celebren contratos con el Municipio de Sincelejo.

Alegatos de conclusión

31. El Despacho sustanciador20, vencido el término probatorio y mediante auto
proferido el 14 de diciembre de 201521, resolvió correr traslado común a las partes
por el término de diez (10) días para que alegaran de conclusión y le informó al
Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de
conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo.

32. La parte demandante guardó silencio en esta oportunidad procesal.

33. La parte demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de
la demanda.

Concepto del Ministerio Público

34. El Procurador Delegado guardó silencio en esta oportunidad procesal.

Sentencia proferida, en primera instancia

20
El auto fue proferido por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala de Descongestión, doctora Silvia Rosa
Escudero Barboza.
21
Cfr. Folio 295 del cuaderno principal de primera instancia.

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35. La Sala Escritural del Tribunal Administrativo de Sucre, mediante sentencia
proferida el 27 de julio de 201722, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: DECLARASE no probada la excepción de Cosa Juzgada
propuesta por el extremo pasivo, por lo dicho en la presente providencia.

SEGUNDO: DECLARASE probada de oficio la excepción de Inconstitucionalidad del
Acuerdo N° 22 de 1.999, expedido por el Concejo Municipal de Sincelejo, en cuanto
estableció una sobretasa a los contratos y una multa por el no pago de la misma, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLARASE la nulidad de las Resoluciones No. 441 del 17 de
noviembre de 2009 y 477 del 11 de diciembre de la misma anualidad expedidas por
el Instituto Nacional para el Deportes y la Recreación de Sincelejo-IMDER-, por lo
dicho en la parte motiva.

CUARTO: A título de restablecimiento del derecho DECLARASE que la Caja de
Previsión Social de Comunicaciones CAPRECOM no está obligada a pagar la
sobretasa y la multa fijada en las Resoluciones 441 del 17 de noviembre de 2009 y
477 del 11 de diciembre de la misma anualidad, por lo dicho en la parte motiva.

QUINTO: NIEGÁNSE las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: Sin condena en costas.

SEPTIMO: Una vez ejecutoriada esta providencia archívese el expediente.

Se deja constancia que el proyecto de esta providencia fue estudiado, discutido y
aprobado por la Sala en sesión del día de hoy, según Acta No. 014 […]”.

Consideraciones del Tribunal

36. El Tribunal fundamentó su decisión con base en lo siguiente:

37. Adujo que el proceso de simple nulidad radicado 2003-00746-00, se solicitó
la nulidad del artículo 21 del Acuerdo núm. 22 de 199923 disposición en la que se
estableció una sobretasa sobre todos los contratos que celebra el Municipio de
Sincelejo con todas las personas naturales o jurídicas de derecho privado, con
destino al deporte. El trámite del proceso señalado finalizó con sentencia de 11 de

22
Cfr. Folios 332 a 347 del cuaderno principal de primera instancia.
23
"Por medio del cual se modifica el artículo 21 del Acuerdo 39 de 1995 y se dictan otras disposiciones"

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mayo de 2005, en la cual se negaron las pretensiones de la demanda. En
consecuencia, al recaer la pretensión de nulidad sobre actos administrativos
diferentes al demandado en la acción de simple nulidad, no se configura la cosa
juzgada alegada por la parte demandada.

38. Manifestó que el tributo impuesto en contra de la parte demandante tiene su
fundamento en el Acuerdo núm. 22 de 1999, mediante el cual el Concejo del
Municipio de Sincelejo estableció una sobretasa del 2% para todos los contratos
estatales que celebre el Municipio de Sincelejo a favor de la parte demandada.

39. Consideró que si bien es cierto que el Acuerdo núm. 22 de 1999 ya fue
objeto de control de legalidad en el trámite del proceso radicado con el núm. 2003-
00746-0017, dejándose incólume por haberse negado las pretensiones de la
demanda, lo cierto es que sobre un asunto similar al que ahora se debate el
Consejo Estado confirmó la inconstitucionalidad del mencionado acuerdo mediante
sentencia del 25 de agosto de 2011.

40. Indicó que el Congreso de la República es el único ente autorizado para la
creación de leyes, es decir, el poder tributario recae en dicho órgano de elección
popular el cual debe sujetarse a los lineamientos establecidos por la Constitución y
la Ley y que cuando la Carta Política establece la facultad de "establecer los
tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones" se refiere a que los
entes territoriales, a través de sus Asambleas Departamentales y Concejos
Municipales o Distritales tienen la potestad de fijar directamente los elementos
esenciales de los tributos locales, siempre que dichos tributos hayan sido creados
previamente por el legislador o autorizados por él.

41. Adujo que en caso de contradicción entre una ley con la Constitución
corresponde al juez inaplicar aquella de conformidad con el establecido en el
artículo 4 de la Carta Política, que señala la llamada excepción de
inconstitucionalidad.

42. Sostuvo que los concejos municipales tienen la competencia para establecer
directamente los tributos, así como sus elementos, pero no de manera autónoma,

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sino que requieren de ley previa que autorice su creación, es decir, que se trata de
una competencia derivada, subordinada a la ley, dado que las entidades
territoriales solo pueden administrar tributos previstos o creados con la facultad de
regular los elementos fundamentales del tributo.

43. Afirmó que cuando el Legislador establece tributos del orden nacional debe
señalar todos los componentes, de manera clara e inequívoca. No obstante, no
opera la misma exigencia para los del orden territorial, frente a los cuales el
Congreso deberá crearlos o autorizar su creación, pudiendo asumir además esa
Corporación Legislativa una de tres alternativas para la determinación de los
elementos constitutivos del tributo: i) que señale los elementos del tributo; ii) que
fije algunos de los elementos del tributo y permita que asambleas y concejos
señalen los restantes, y iii) que deje a las corporaciones públicas territoriales la
fijación de los elementos del tributo que aquel ha creado. La pauta jurisprudencial
es clara en establecer que la facultad de los entes territoriales para crear tributos
debe estar predeterminada por una ley, pudiendo permitir a las corporaciones
públicas territoriales la fijación de los elementos del tributo.

44. Expuso que verificado el Acuerdo núm. 22 de 1999 se observa que si bien
en el mismo se cita el artículo 313 de la Constitución y la Ley 36 como norma que
los faculta para crear tributos, lo cierto es que no señala la norma legal que sirve
de fundamento para crear la sobretasa a los contratos celebrados por el ente
municipal o por cualquiera de sus entes descentralizadas. La creación de una
sobretasa supone la existencia previa de un impuesto de creación legal y en el
acuerdo sub examine no se indica a cuál impuesto se agrega la sobretasa.

45. Afirmó que si bien el Acuerdo núm. 039 de 1995 que creó el Instituto
Municipal para el Deporte, la Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la
Educación Extraescolar de conformidad con la Ley 181 de 1995, constituye el
origen del Acuerdo núm. 022 de 1999, lo cierto es que es que esta norma no prevé
autorización alguna para que los concejos municipales decreten tributos para el
deporte, dado que en el artículo 75 de la misma solo se prevé una de las posibles
fuentes de financiación de los entes deportivos territoriales.

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46. Aclaró que el Concejo Municipal de Sincelejo no contaba con la facultad de
decretar un tributo como el del mencionado acuerdo sin la autorización previa de
una ley emitida por el Congreso de la República para ese efecto. Por lo anterior la
Sala determinó que ante la inexistencia de una ley que haya creado un impuesto
municipal a los contratos, menos puede existir una sobretasa al mismo impuesto y
por lo que, al establecerla el Concejo Municipal de Sincelejo, vulneró directamente
los artículos 150, 313 y 338 de la Constitución Política, razones suficientes para
declarar con base en el artículo 4° de la Carta, la excepción de inconstitucionalidad
del acuerdo citado.

47. Concluyó que lo actos administrativos acusados serían anulados en la
medida en que lesionan el orden jurídico superior, en tanto, el Concejo Municipal
se arroga una competencia inexistente para crear el tributo, y a su turno, para
otorgarle a la parte demandada la facultad de administrarlo y de recaudarlo;
además, la Ley 181 de 1995 no otorga asidero legal alguno para el concejo
municipal respecto de la creación de la sobretasa y menos aún a la parte
demandada para su manejo y/o recaudación.

Recurso de apelación

48. La parte demandada interpuso, dentro del término legal, recurso de
apelación24 contra la sentencia proferida, en primera instancia, y lo sustentó con
base en los siguientes argumentos:

49. Señaló que la cosa juzgada tiene por objeto que los hechos y conductas que
ya han sido resueltas a través de cualquiera de los medios aceptados por la ley, no
vuelvan a ser debatidos en otro juicio posterior. Tal cualidad de lo resuelto obliga a
las partes, porque lo antes decidido tiene carácter vinculante y obligatorio y, por lo
tanto, es inmutable al tener plena eficacia jurídica.

24
Cfr. Folios 349 a 360 del cuaderno núm. 1.

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50. Manifestó que los acuerdos fundamento de los actos acusados tuvieron un
control de legalidad ante el Tribunal Administrativo de Sucre que los encontró
ajustados a normas superiores a través de sentencia de mayo 11 de 2005
(radicado núm. 2003-00746-00 M.P. Dra. Tulia Isabel Jarava Cárdenas), fallo que
ha hecho tránsito a cosa juzgada en el entendido que los hechos y conductas que
ya han sido resueltas a través de cualquiera de los medios aceptados por la ley no
vuelvan a ser debatidos en otro juicio posterior, por cuanto lo decidido tiene
carácter vinculante, obligatorio y es inmutable al tener plena eficacia jurídica.

51. Adujo que en efecto la sentencia del tribunal que desestimó las suplicas de
la demanda, dejó incólume los aludidos acuerdos, providencia sobre la cual no es
posible volver, dado que es una decisión donde se debatió la misma causa petendi
y se encuentra ejecutoriada.

52. Precisó que el Tribunal Administrativo de Sucre en fallo del 23 de octubre de
2008 (expediente 2005-01359-00 con ponencia del Dr. Jorge Iván Duque
Gutiérrez) declaró la nulidad del cobro del 1% de la sobretasa pero únicamente
frente a los contratos de tracto sucesivo declarándose en ese fallo probada la
excepción propuesta de cosa juzgada frente a los artículos 21 del Acuerdo núm. 39
de 1995, el artículo 1 del Acuerdo núm. 22 de 1999 y por extensión el artículo 4 del
Acuerdo núm. 15 de 1998.

53. Sostuvo que en fallos de 16 de agosto de 2014, proferidos por el Tribunal
Administrativo de Sucre en el medio de control de simple nulidad en un caso similar
al aquí discutido se resolvió denegar las pretensiones, dado que se pretendía
ejercer control de legalidad sobre asuntos que fueron debidamente debatidos
confirmando el principio de la cosa juzgada.

Actuaciones en segunda instancia

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54. El Despacho sustanciador, mediante auto de 7 de febrero de 201825, admitió
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia
proferida el 27 de julio de 2017 por el Tribunal Administrativo de Sucre.

Alegatos de conclusión en segunda instancia

55. Ejecutoriado el auto admisorio del recurso de apelación, el Despacho
sustanciador, mediante auto proferido el 16 de mayo de 201826, corrió traslado a las
partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público
para que emitiera el concepto.

56. La parte demandante guardó silencio en esta oportunidad procesal.

57. La parte demandada guardó silencio en esta oportunidad procesal.

Concepto del Ministerio Público

58. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES

59. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) los
problemas jurídicos; iv) marco jurídico y desarrollos jurisprudenciales de la cosa
juzgada; v) marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre la autonomía fiscal
de los Concejos Municipales; vi) marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la
excepción de inconstitucionalidad; y, vii) el caso concreto.

Competencia de la Sala

25
Cfr. Folio 4 del cuaderno principal de segunda instancia.
26
Cfr. Folio 7 del cuaderno principal de segunda instancia.

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60. Vistos el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo27, sobre la
competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia, aplicable en los
términos del artículo 30828 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201129, sobre el
régimen de transición y vigencia; y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de
marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección
Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto,
en segunda instancia.

61. Visto el artículo 328 del Código General del Proceso30, norma aplicable al
presente caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 el Acuerdo núm. PSAA15-
10392 de 1 de octubre de 201531, expedido por la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, la Sala procederá a examinar los argumentos expuestos
por la parte demandada en el recurso de apelación, interpuesto contra la sentencia
proferida el 27 de julio de 2017 por la Sala Escritural del Tribunal Administrativo de
Sucre y se limitará a conocer de los puntos o cuestiones a los cuales se contrae
dicho recurso, puesto que los mismos, en el caso de apelante único, definen el
marco de la decisión que habrá de adoptarse en la segunda instancia.

62. La Sala no observa en el presente proceso la configuración de causal de
nulidad alguna que invalide lo actuado, por lo que se procede a decidir el caso sub
lite.

27
“[…] Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se
conceda el extraordinario de revisión. […]”.
28
[…] ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el
dos (2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como
a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la
vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior
[…]”
29
“Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
30
“[…] ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar
de oficio, en los casos previstos por la ley. […] El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del
apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella […]”.
31
“[…] ARTÍCULO 1º.- Entrada en vigencia del Código General del Proceso. El Código General del Proceso
entrará en vigencia en todos los distritos judiciales del país el día 1º de enero del año 2016, íntegramente
[…]”.

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Acto administrativo acusado

63. Los actos administrativos acusados32 son los siguientes:

64. La Resolución núm. 441 de 17 de noviembre de 200933, expedida por el
Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Sincelejo – IMDER, en su
parte considerativa y resolutiva señaló:

“[…] POR MEDIO DE LA CUAL SE LIQUIDA UNA SOBRETASA Y SE ORDENA
SU RECAUDO

El suscrito director del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de
Sincelejo - IMDER, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales en
especial las contenidas en la Ley 181 de 1.995, Ley 582 de 2000, Decreto 641 de
2001, acuerdo No.39 de 1995 y Acuerdo No.22 de 1.999 del honorable concejo
Municipal de Sincelejo y

CONSIDERANDO

Que el artículo 52 de la constitución política de Colombia al referirse al derecho a la
recreación y el ejercicio del deporte, precisa que estas manifestaciones tendrán la
especial protección del estado en su fomento, vigilancia y control.

Que dentro de las atribuciones constitucionales de los concejos Municipales
señalados en el artículo 313 de la constitución política de Colombia, reglamentada
esta por la Ley 136 de 1.994, se resaltan que dichas corporaciones pueden
establecer tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas con la sola excepción de
gravar rentas que el sector exportador haga al exterior (Artículo 32 Numeral 7° y
parágrafo 3° Ley 136 de 1.994).

Que el artículo 75 de la Ley 181 de 1.995 al referirse al financiamiento de los entes
deportivos Municipales o distritales señala en su numeral 3° y 6° que estos contaran
para su ejecución con las rentas que creen los concejos Municipales y distritales con
destinos al deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.

Que a través del Acuerdo No. 39 de 1.995, se creó el Instituto Municipal para el
Deporte y la Recreación de Sincelejo - IMDER, como un establecimiento público del
orden municipal, con autonomía administrativa v patrimonio independiente integrante
del sistema nacional del deporte.

Que el artículo 12 del Acuerdo No. 39 del 2 de Diciembre de 1.995, al establecer las
funciones del director del IMDER, precisó en su numeral 10° que este velará por el

32
Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada
uno de los cargos.
33
“[…] Por medio de la cual se liquida una sobretasa y se ordena su recaudo […]”

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cumplimiento de las normas legales que regulan el Instituto, su funcionamiento y
objeto.

Que el artículo 16 del Acuerdo Municipal No. 39 de 1.995, al señalar como está
constituido el patrimonio del IMDER. indica en su numeral 13 que éste contará con
los recursos que provengan del recaudo por concepto de la Sobretasa a los
contratos celebrados por el Municipio de Sincelejo, con todas las personas naturales
o jurídicas públicas o privadas.

Que mediante Acuerdo No. 22 de Noviembre 19 de 1.999, el concejo Municipal de
Sincelejo, estableció una Sobretasa del 2% a favor del IMDER, para todos los
contratos estatales generadores de obligaciones que celebre el Municipio de
Sincelejo, La personería Municipal, la Contraloría y todas la entidades
descentralizadas del orden Municipal derivadas del ejercicio de la autonomía de la
voluntad.

Que el artículo 1º del Acuerdo No., 22 de 1.999, al señalar el sujeto activo de esta
Sobretasa, indica que será el IMDER Municipal de Sincelejo, la entidad en cuyo favor
se establecen las potestades de liquidación, cobro, recaudo, investigación, control y
administración de la Sobretasa.

Que el artículo 1° del Acuerdo No. 22 de 1.999 al precisar los alcances de las
sanciones por el no pago de esta Sobretasa dice que el contratista que infrinja las
normas que establezca el presente Acuerdo, estará sujeto a las multas que
ascenderán al 20% del valor del contrato, ordenes de prestación de servicio, y de
suministro que haya sido suscrito sin la cancelación de la Sobretasa.

Que el Acuerdo N° 22 de noviembre 19 de 1.999, fue acusado y sometido a un
control de legalidad a través de una Acción de Simple Nulidad ante el Tribunal
Administrativo de Sucre, radicación N° 2003-00746-00, Actor Jaime José Benítez,
negándose las súplicas de la demanda a través de la Sentencia ejecutoriada
calendada Mayo 11 del 2005, dejando incólume los efectos de aquel acto.

Que los considerandos de la ponencia precisó con palabras perdurables que: "el
pago de la sobretasa es un acto previo al perfeccionamiento del contrato... El pago
de la sobretasa es un acto para el perfeccionamiento del contrato, es decir, un acto
precontractual que por tanto lo cancela el contratista con sus propios recursos y no
con lo que espera recibir por el desarrollo del objeto contractual ni con los que en
virtud de la actividad contratada espera administrar.." (Sentencia Mayo 11 del 2005,
Rad. N° 2003-00746-00, Tribunal Administrativo de Sucre M.P. Dra. Tulia Isabel
Jarava Cárdenas).

Que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, Sala Civil – Familia
Laboral, en sentencia de julio 14 del 2006, expediente CES-06-04 Radicación 00082,
M.P. Dra. Marirraquel Rodelo Navarro, precisó los alcances respecto al pago de esta
sobretasa dirigida a las empresas que administran el régimen subsidiado de la
Seguridad Social en Salud, que: "ello indudablemente lleva a la conclusión que las
ARS -hoy EPS- adquieren una serie de obligaciones y cargas que deben cumplir
tales como los impuestos requisito precontractuales ampliamente conocidos y que
deben cancelarse por todo contrato celebrado con un municipio, el cual en este caso
según los acuerdos del Concejo Municipal de Sincelejo, es de un 2% sobre cada
contrato...

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Que entre el Municipio de Sincelejo y la Caja de Previsión Social de Comunicaciones
"CAPRECOM EPS" celebraron dentro del plan obligatorio de salud subsidiado
P.O.S.-S, como parte de la seguridad social de salud, a cargo del estado, los
siguientes contratos según relación hecha por la secretaría de salud Municipal de
Sincelejo:

SOBRETASA 2% $198.288.142

SANCION 20% $1,982'881.429
VALOR TOTAL DEL RECAUDO $2.181'169.571

Que el contratista la Caja de Previsión Social de Comunicaciones "CAPRECOM
EPS" no ha cancelado aún el monto de la Sobretasa antes liquidada haciéndose
merecedor de la multa así establecida.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar al contratista Caja de Previsión Social de
Comunicaciones "CAPRECOM EPS", cancelar a favor del Instituto Municipal para el
Deporte y la Recreación de Sincelejo - IMDER, por concepto de Sobretasa del 2% la
suma de:$198'288.142, a que se refieren los considerandos de esta resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al contratista Caja de Previsión Social de
Comunicaciones "CAPRECOM EPS", cancelar a favor del Instituto Municipal para el
Deporte y la Recreación de Sincelejo - IMDER, por concepto de multa del 20% la
suma de $1.982'881.429, a que se refieren los considerandos de esta resolución.

ARTICULO TERCERO: Contra la presente resolución procede el recurso de
reposición dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la notificación de la
presente resolución.

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Dada en Sincelejo, a los diecisiete (17) días del Mes de Noviembre de 2009 […]”.

65. La Resolución núm. 477 de diciembre 11 de 200934, expedida por el Instituto
Municipal para el Deporte y la Recreación de Sincelejo – IMDER, que establece:

“[…] CONSIDERANDO

Que el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Sincelejo – IMDER -
mediante Resolución N° 441 del 17 de Noviembre de 2009, ordenó al contratista del
Municipio de Sincelejo CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES –
CAPRECOM cancelar a favor del IMDER – Sincelejo por concepto de sobretasa del
2% la suma de $198.288.142 y por concepto de la multa del 20% por el no pago de
aquella la suma de $1.982.881.429 en cumplimiento de los Acuerdos N° 39 del 2 de
diciembre de 1995 y N° 22 del 19 de noviembre de 1999 del Honorable Concejo
Municipal de Sincelejo, los cuales fueron sometidos a un control de legalidad ante el
Tribunal Administrativo de Sucre, Corporación ésta que los encontró ajustados a
derecho mediante Sentencia de mayo 11 de 2005.

Que la Resolución N° 441 del 17 de Noviembre de 2009 le fue notificada en debida
forma al contratista CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES -
CAPRECOM, el cual interpuso recurso de reposición dentro del término legal por
intermedio de su representante legal señor ISAAC HERNANDEZ HERNANDEZ a
quien se le reconoce personería para actuar como representante del citado
contratista.
[…] La resolución N° 441 del 17 de Noviembre de 2009, a través de la cual se ordena
al contratista, CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES -
CAPRECOM, el pago de una sobretasa y que sirve como base de recaudo, es un
documento público de presunción autentica que agotó todo el procedimiento en aras
que no se violara el derecho de defensa y del debido proceso pues fue notificada en
legal forma hasta el punto que se interpusieron los recursos que la ley ordena cual es
el de reposición, ante el mismo funcionario que tomó la decisión, para que la aclare,
modifique o revoque y que por cierto fue presentado por el afectado en escrito y
dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, es decir, dentro del término
legal.

Cuando los actos administrativos alcanzan firmeza por el hecho, como en éste caso
que se resuelve la reposición interpuesta son por sí mismos suficientes para que la
administración pueda adelantar de manera inmediata todas las medidas orientadas a
su satisfacción y cumplimiento, quedando desvirtuada la apreciación de la parte
afectada pues como se observa tuvo la oportunidad de interponer recursos que le
garantizan su derecho de defensa.

Que cuando la administración debe proceder al recaudo forzoso de los créditos a su
favor, tal como lo ordena el artículo 1° del Acuerdo No 22 del 19 de noviembre de
1999 del Honorable Concejo Municipal de Sincelejo, que al señalar el sujeto activo
de esta sobretasa indica que será el IMDER la entidad en cuyo favor se establece las

34
“[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso […]"

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potestades de liquidación, cobro, recaudo y administración de la sobretasa, para
cumplir este cometido, el legislador no señaló ningún procedimiento distinto al del
cobro coactivo o al del recaudo a través de procesos ejecutivos ante la jurisdicción
ordinaria.

En efecto, mediante sentencia C-649 de agosto 13 de 2002, la Honorable Corte
Constitucional, con ponencia del magistrado EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT,
al declarar exequible el artículo 843 del Estatuto Tributario, a través del cual se
autorizó contratar apoderados especiales para el recaudo de impuestos, hizo las
siguientes precisiones: "el legislador, con el fin de dinamizar la actividad de la
administración, puede establecer mecanismos al interior de la propia entidad, que
aseguren el efectivo y oportuno ingreso de los recaudos necesarios para cumplir los
fines esenciales del Estado...." y agrega: "solamente cuando ha quedado en firme la
decisión que impone una obligación tributaria la entidad puede adelantar las
gestiones necesarias para el cobro, sobre la base de un título ejecutivo que contiene
una obligación clara, expresa y exigible. Para tal fin (recaudo forzoso), el legislador
ha diseñado dos mecanismos diferentes a cualquiera de los cuales puede apelar la
administración según las consideraciones que estime pertinentes:1- el proceso
administrativo de cobro coactivo (E. T. Art. 823 y Art. 561 del C.P. C.) o 2- El proceso
ejecutivo judicial (E. T. Art. 843) " Y finalmente resalta la Corte: "dentro del proceso
ejecutivo judicial la entidad puede demandar del contribuyente incumplido el pago, no
solo del crédito fiscal, sino también las agencias en derecho y las costas del proceso.
" y agrega: en tales circunstancias, desde la óptica estrictamente económica sería
preferible asegurar el recaudo de algunos recursos que cesar en su cobro definitivo
ante la imposibilidad de hacerlo directamente en sede administrativa

Que en el caso que ocupa la atención de esta dependencia, precisa que existe una
resolución la No 441 del 17 de noviembre de 2009 que liquidó una sobretasa al
amparo de un acuerdo del Honorable Concejo Municipal de Sincelejo que aún está
vigente y que goza del privilegio de presunción de legalidad por no haber sido aún
anulado, suspendido o reformado por autoridad competente. Ahora bien, dentro de
las atribuciones constitucionales de los concejos municipales señalados en el Art.
313 de la C.N. reglamentado éste por el Art. 32 Núm. 7 de la Ley 136 de 1994 se
resaltan que dichas corporaciones pueden establecer tributos, contribuciones,
impuestos y sobretasas, sin que pueda desconocerse ese precepto constitucional. Es
más, el Art. 338 de la C.N. en desarrollo de la intervención del Estado en la
economía precisa los alcances impositivos para la fijación de impuestos,
contribuciones y tributos, estableciendo que en tiempos de paz solamente el
Congreso, las Asambleas y los Concejos Municipales podrán imponer contribuciones
fiscales y parafiscales, y que la ley, la ordenanza y los acuerdos deben fijar
directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y la
tarifa de los impuestos. Este despliegue constitucional es el que ampara al IMDER
para imponer y recaudar aquella sobretasa. Aquí no se está gravando nada distinto
que el porcentaje que deben cancelar todas las personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas que celebran contratos con el municipio de Sincelejo y sus entes
descentralizados para que a favor del IMDER paguen aquella sobretasa del 2% sin
excepción alguna, y quien no la cancela se hace acreedor a la multa allí impuesta.

Cuando la parte impugnante indica que teóricamente tanto los recursos de la UPC
utilizados para la administración y los recursos destinados obligatoriamente a la
prestación de servicios de salud no se pueden deslindar, y que CAPRECOM vería
afectada su estabilidad de la operación como EPS al imponérsele esta sobretasa que

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incluso en el porcentaje que percibe por gastos de administración se afectaría, sobre
éste particular cabe destacar que la renta líquida que produce la EPS destinataria de
ésta resolución con ocasión de la explotación de su objeto social, fue materia de
regulación y de pronunciamiento tanto de las altas Corporaciones administradoras de
justicia como de nuestro Tribunal Administrativo de Sucre y del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Sincelejo, Sala Civil - Familia - Laboral. En efecto la Corte
Constitucional en sentencia SU-480 de 1997, con ponencia del Dr. JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO manifestó: "hay que admitir que al delegarse la administración
del servicio público de salud a una entidad particular, ésta ocupa el lugar del Estado
para algo muy importante cual es la prestación de un servicio público; pero eso no
excluye que la entidad aspire a obtener una legítima ganancia.

"Esa legítima ganancia fue materia de reglamentación por parte del Consejo Nacional
de Seguridad Social en Salud (C.N.S.S.S.) que al fijar los criterios de distribución del
Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA - para la ampliación de cobertura del
régimen subsidiado, precisó en los Acuerdos 114 de 1998 y 000262 de marzo 20 de
2004 que los gastos de administración de las administradoras de régimen subsidiado
• hoy EPS - al cierre de las respectivas vigencias fiscales en ningún caso podrán
exceder en un 15% para 1998 y en un 8% para el 2004, del total de los ingresos
operacionales. Estos porcentajes que hacen de la explotación de aquel servicio de
salud, son objeto de embargo y de imposición de gravámenes en atención a lo
preceptuado en el Art. 684 del C de PC inciso final del Núm. 2° que es del siguiente
alcance:" Cuando el servicio lo presten particulares, podrán embargarse los bienes
destinados a él, así como la renta líquida que produzcan.

Que el recaudo de la sobretasa será requisito indispensable para el
perfeccionamiento de aquellos contratos, lo que hace determinar sin lugar a dudas,
que éste pago es un acto previo al perfeccionamiento del contrato que fue objeto de
control de legalidad cuando a través del proceso N° 2003-00746-00 donde se
demandan los Acuerdos 039 de1995 y 022 de 1999 que son el soporte de la
sobretasa, el Tribunal Administrativo de Sucre, con ponencia de la Dra. TULIA
JARAVA CÁRDENAS indicó: "La sala advierte que tales reparos no son ciertos por
tanto las pretensiones fundamentadas en ellos carecen de vocación de prosperidad
toda vez que el pago de la sobretasa es un acto previo al perfeccionamiento del
contrato..." y agrega: "es un acto precontractual que por tanto lo cancela el contratista
con sus propios recursos y no con los que espera recibir por el desarrollo del objeto
contractual..." (Proceso de simple nulidad de SALUDVIDA EPS VS MUNICIPIO DE
SINCELEJO – IMDER- Control de legalidad de los Acuerdos 039 de 1995 y 022 de
1999 que crea la sobretasa del 2%) este fallo que ha hecho tránsito a cosa juzgada,
es una pieza fundamental que desvirtúa las pretensiones del impugnante, pues
significan nada menos que un control de legalidad que ya aquella Corporación ejerció
sobre los Acuerdos Municipales que soportan la resolución 441 del 17 de noviembre
de 2009, cosa juzgada, conforme a la cual los fallos ejecutoriados están dotados de
un triple carácter: imperatividad, coercibilidad e inmutabilidad, en orden a garantizar
la seguridad jurídica como característica propia de toda decisión judicial que pone fin
al litigio y que impide que la parte vencida en juicio, pueda plantear nuevamente el
asunto a la espera de una nueva decisión.

Que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, Sala Civil – Familia
Laboral, en sentencia de julio 14 del 2006, expediente CES-06-04 Radicación 00082,
M.P. Dra. Marirraquel Rodelo Navarro, precisó los alcances respecto al pago de esta
sobretasa dirigida a las empresas que administran el régimen subsidiado de la

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Seguridad Social en Salud, que: "ello indudablemente lleva a la conclusión que las
ARS -hoy EPS- adquieren una serie de obligaciones y cargas que deben cumplir
tales como los impuestos requisito precontractuales ampliamente conocidos y que
deben cancelarse por todo contrato celebrado con un municipio, el cual en este caso
según los acuerdos del Concejo Municipal de Sincelejo, es de un 2% sobre cada
contrato..."(Hoy EPS es nuestro).

Que el Art. 75 de la Ley 181 de 1985 al referirse al funcionamiento de los entes
deportivos municipales y distritales señala en sus numerales 3º y 6° que estos
contarán para su ejecución con las rentas que creen los concejos municipales y
distritales con destino al deporte, la recreación y al aprovechamiento del tiempo libre,
lo que indica que sí existe la facultad para la creación de la renta que el concejo de
Sincelejo hizo mediante aquellos dos Acuerdos que en ninguno de sus apartes
exceptuó los contratos para la administración del régimen subsidiado en salud, por el
contrario, con todo este discurrir de normatividades lo que queda claro es que los
concejos municipales dentro del ámbito de su competencia y por autorización previa
de la ley impide que aquellos recursos se desvíen a fines distintos a los de la
construcción y atención de los escenarios deportivos en cada municipio.

En lo que respecta a la presunta falta disciplinaria que advierte el impugnante es
necesario enterarlo de los pronunciamientos que los órganos de control han tenido
sobre este cobro de la sobretasa que viene realizándose hace más de 5 años. En
efecto, en el caso muy puntual de una investigación disciplinaria que se surtió por
estos mismos hechos inicialmente ante la Procuraduría Provincial de Sincelejo -
como competente- y en segunda instancia en fallo definitivo por la PROCURADURIA
REGIONAL DE SUCRE que absolvió al entonces director del IMDER DR. JESUS
PATERNINA SAMUR - hoy alcalde de Sincelejo-, resaltó el entonces Procurador DR.
GUILLERMO MERLANO MARTINEZ lo siguiente: "es evidente que tal como lo
argumenta el quejoso la materialidad de la conducta denunciada tiene suficiente
respaldo probatorio en el plenario, como quiera que se acreditó que el Director del
Imder, expidió la resolución N° 203 de fecha 4 de diciembre de 2003, por medio de la
cual liquida la sobretasa estipulada y ordena al contratista COOSALUD LIMITADA
cancelar a favor del Instituto la suma de $ 22.663.195 por concepto del 2% del valor
de los contratos celebrados entre esta y el municipio de Sincelejo, conminándola al
pago de la multa correspondiente del 20%, tal como quedo detallado en la prueba
documental que corre a folio 52-65 del cuaderno original..." y agrega " Pero es
importante enfatizar, que la actuación del Instituto obedeció a las disposiciones
adoptadas por el legislativo local, al expedir los Acuerdos Nos. 39 del 2 de diciembre
de 1995 modificados por los acuerdos N° 15 del 13 de julio de 1998, 22 del 19 de
diciembre de 1999, en relación a la imposición del gravamen.

En ese orden se comprobó que en efecto el Consejo (sic) Municipal de Sincelejo,
mediante Acuerdo N° 39 del 2 de diciembre de 1995 al crear el Instituto Municipal
para el Deporte, La Recreación, El aprovechamiento del tiempo libre y la educación
extraescolar de conformidad con la ley 181 de 1995, estableció el pago de una
sobretasa a todos los contratos celebrados en el municipio con personas naturales o
jurídicas de derecho privado, otorgando a favor del Instituto, las potestades de
liquidación, cobro, recaudo, investigación, control y administración de la misma
manera consagró la sanción que se impondrá al contratista incumplido o que infrinja
la disposición.

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Y sobre la competencia dijo: "Por ello ha de inferirse que la conducta realizada se
evidencia en actos administrativos que constituyen una manifestación expresa de la
voluntad del legislativo local, por lo que su cuestionamiento debe agotarse ante la
Jurisdicción de lo contencioso administrativo para su confrontación con la
normatividad jurídica vigente, ya que la procuraduría no puede invadir la órbita de
esa jurisdicción para determinar la legalidad o ilegalidad del gravamen impuesto a los
contratos del régimen subsidiado, porque hasta allá no llega su competencia.

Y remató diciendo:
"Lo que no se comparte en este caso, y el despacho se siente preocupado es que el
A-quo en la instrucción no haya establecido con que otras fuentes de financiación
cuenta la ARS COOSALUD LTADA, porque si bien es cierto que los recursos
destinados a cubrir la seguridad social tienen destinación específica y no pueden
invertirse en fines diferentes para lo cual fueron creados, también lo es que estas
entidades prestadoras o administradoras del régimen, ganan unos dividendos por
esa administración con la que cubren gastos de nómina del personal a su cargo,
recursos que desde luego no hacen parte de los utilizados para garantizar la
seguridad social, por lo que en el caso sub-litem de haberse comprobado tal
circunstancia, la ARS no podría sustraerse del pago de la sobretasa o gravamen
establecido, por lo menos hasta cuando los actos administrativos que así lo
disponen, fueren retirados del ordenamiento Municipal.

Como quiera que el Estado ha cumplido con el deber de garantizar el libre y pleno
ejercicio de los derechos a las personas sujetas a su jurisdicción, que como en
nuestro caso muy puntual ya hizo un pronunciamiento entorno a una investigación
por los hechos materia de debate, nos acogemos por supuesto al principio del Non
Bis In Idem.

Según el criterio doctrinal imperante, existe la imposibilidad de controvertir las
decisiones judiciales en particular cuando estas han hecho tránsito a cosa juzgada,
por el alcance del principio de seguridad jurídica y autonomía judicial.

Que los mencionados acuerdos municipales -Acuerdo N° 39 de 1995 y N° 22 de
1999- a través de los cuales se ampara la presente resolución, son actos
administrativos que hallan amparados de la presunción de legalidad y hasta tanto no
sean suspendidos, anulados o derogados por las autoridades judiciales y
administrativas correspondientes gozan de plena eficacia.

En virtud de lo anterior

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la resolución N° 441 de
Noviembre 17 de 2009 y en consecuencia no conceder el recurso de reposición
interpuesto, por las consideraciones antes anotadas.

ARTICULO SEGUNDO: Reconocer personería al Señor ISAAC HERNANDEZ
HERNANDEZ identificado con la cédula de ciudadanía N° 19. 269. 225 expedida en
Bogotá en los términos y calidades del memorial presentado.

ARTICULO TERCERO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno
quedando agotada la vía gubernativa […]”

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Problemas jurídicos

66. Corresponde a la Sala, con fundamento en el contenido de la decisión del a
quo y el recurso de apelación, determinar si se configuró la excepción de cosa
juzgada en atención a los fallos proferidos por el Tribunal Administrativo de Sucre.

67. En consecuencia, se determinará si hay lugar a revocar o a confirmar la
sentencia proferida, en primera instancia.

Marco jurídico y desarrollos jurisprudenciales de la cosa juzgada

68. Visto el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo, sobre los
efectos de las sentencias que se profieren en los procesos de nulidad, señala lo
siguiente:

“[…] ARTÍCULO 175. Cosa juzgada. La sentencia que declare la nulidad de un
acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes.

La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero sólo en
relación con la causa petendi juzgada.

La sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de reparación directa y
cumplimiento, producirá cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo
objeto y la misma causa y siempre que entre ambos procesos haya identidad
jurídica de partes; la proferida en procesos de restablecimiento del derecho
aprovechará a quien hubiere intervenido en el proceso y obtenido esta declaración
a su favor.

Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un
acuerdo intendencial, comisarial, distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán
sin efectos en lo pertinente los decretos reglamentarios. […]”. (Negrilla fuera del
texto).

69. Visto el artículo 303 del Código General del Proceso referente a la cosa
juzgada, dispone:

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“[…] ARTÍCULO 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en
proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo proceso
verse sobre el mismo objeto, y se funde en la misma causa que el anterior, y que
entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.

Se entiende que hay identidad jurídica de partes, cuando las del segundo proceso
son sucesores mortis causa de las que figuraron en el primero o causahabientes
suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda, si
se trata de derechos sujetos a registro y al secuestro en los demás casos. […]”.

70. Esta Sala35 se ha pronunciado acerca de la declaratoria de cosa juzgada
señalando que: i) la sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo
produce efectos de cosa juzgada erga omnes para todo el mundo, sin
importar la causa invocada que sustenta la nulidad pretendida, lo cual impide
que se pueda producir un nuevo pronunciamiento en relación con dicho acto
anulado; ii) cuando se trate de una sentencia que deniegue las pretensiones de
nulidad, los efectos de la cosa juzgada erga omnes solo se generan frente a la
causa petendi, entendida como “[…] la razón o los motivos por los cuales se
demanda, está contenida en los cargos esgrimidos o en el concepto de la violación
que se invoca como sustento de la solicitud de nulidad; […]” 36, por lo que respecto
de este acto administrativo es posible cursar nuevas actuaciones judiciales, que
deben tener como fundamento una causa distinta a la decidida en la sentencia que
negó la pretensión de nulidad.

Marco normativo de las atribuciones de los Concejos Municipales para
establecer tributos

71. Visto el artículo 150 de la Constitución Política corresponde al Congreso de
la República establecer las contribuciones fiscales y excepcionalmente las

35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 20 de noviembre
de 2020; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número de radicación 11001-03-24-000-2011-00302-00. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 7 de diciembre de 2017; C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés; número de radicación 05001-23-33-000-2015-02253-01. Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 21 de octubre de 2010; C.P. Rafael E.
Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 110010325 0002006 00388 00.
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 20 de
noviembre de 2020; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número de radicación 11001-03-24-000-2011-
00302-00.

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contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la
ley:

"[…] Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas
ejerce las siguientes funciones:

[…] 12. Establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones
parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley. […]”.

72. Visto el artículo 287 de la Constitución Política las entidades territoriales
gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la
Constitución y la ley y en tal sentido tendrán el derecho de administrar los recursos
y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones:

"[…] Artículo 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de
sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán
los siguientes derechos.

(...) 3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones […]".

73. Visto el artículo 313 de la Constitución Política corresponde a los Concejos
votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales:
“[…] Artículo 313. Corresponde a los Concejos: […] 4°) Votar de conformidad con
la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales […]".

74. Visto el artículo 338 de la Constitución Política, prevé que no pueden
crearse tributos en el orden nacional y territorial, sin que una ley que lo
establezca:

“[…] ARTICULO 338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas
departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer
contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben
fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables,
y las tarifas de los impuestos.

La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la
tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como
recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los
beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales
costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las
ordenanzas o los acuerdos.

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Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base
sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden
aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la
respectiva ley, ordenanza o acuerdo […]”.

75. Visto el artículo 338 de la Constitución Política, sobre tributación, prevé
que: i) son los órganos de elección popular los que de manera directa señalan los
sujetos activo y pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa de la
obligación tributaria, es decir, los elementos esenciales del tributo y ii) autoriza
que se atribuya la competencia de fijarla a las autoridades administrativas,
siempre que en la ley, la ordenanza o el acuerdo respectivo se fije el sistema y el
método para determinarla.

76. Ahora bien, la Sección Cuarta de esta Corporación37, se ha referido a la
autonomía impositiva de las entidades territoriales en los siguientes términos:

“[…] en virtud del denominado principio de “predeterminación”, el señalamiento de
los elementos objetos de la obligación tributaria debe hacerse exclusivamente por
parte de los organismos de representación popular, en la forma consagrada en el
artículo 338 de la Constitución, que asignó de manera excluyente y directa a la ley,
la ordenanza o el acuerdo la definición y regulación de los elementos estructurales
de la obligación impositiva, al conferirles la función indelegable de señalar
“directamente” en sus actos: los sujetos activos y pasivos, los hechos generadores,
las bases gravables y las tarifas de los impuestos[ …]”

[…] creado el tributo o autorizada su implantación por parte de la ley, en el evento
de que ésta no se haya ocupado de definir todos los presupuestos objetivos del
gravamen y por ende del señalamiento de los elementos esenciales de
identificación y cuantificación, corresponde directamente a las respectivas
corporaciones de elección popular, efectuar las previsiones sobre el particular […]”

77. De este modo, existe una autonomía limitada para las entidades territoriales
en materia tributaria, en el sentido de que debe existir un tributo creado o cuya
creación sea autorizada por la ley, para que las entidades territoriales lo adopten y
establezcan los elementos que no fueron definidos por la ley habilitante.

37
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta; sentencia de 15 de octubre
de 1999; C.P. Julio Enrique Correa Restrepo; úmero único de radicación 50422232400094262202[…]”.

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78. La Corte Constitucional38, sobre la autonomía fiscal de las entidades
territoriales, señaló que esta no es ilimitada, para lo cual consideró:

“[…] En conclusión, es claro que la autonomía de las entidades territoriales está
protegida por la Constitución, pero no es absoluta (CP arts. 1º y 287). De ahí que,
aunque en principio está prohibido al legislador establecer exenciones a los tributos
de las entidades territoriales (CP art. 294), ello no significa que el legislador
quede excluido de potestad de configuración normativa con miras a definir y
precisar el alcance de los tributos territoriales y, en especial, para delimitar
sus elementos esenciales, como ocurre con la definición de los hechos y
bases gravables (CP arts. 287.3, 338, 300.4 y 313.4) […]” (Destacado de la Sala).

79. Por su parte, la Sección Cuarta de esta Corporación39 ha definido las
situaciones en las que la norma local modificó alguno de los elementos del hecho
generador de la obligación tributaria40, para lo cual consideró:

“[…] Las normas de los entes territoriales que regulan los elementos de la
obligación tributaria no pueden ser contrarias a la Ley ni a la Constitución. Si
un departamento, municipio o distrito adopta un tributo podrá establecer aquellos
elementos del mismo que no hayan sido fijados por el Congreso de la República;
pero si la Ley determinó los sujetos de la obligación tributaria, el hecho
generador, bases gravables o tarifas, las ordenanzas y acuerdos deberán
estar conformes con la norma superior.

De lo anterior se deduce que si la Ley modifica los elementos de la obligación
tributaria, se derogan también aquellas disposiciones locales que regulen el
impuesto, tasa o contribución […]” (Destacado de la Sala).

80. Lo anterior, permite advertir que la autonomía de los entes territoriales para
modificar los elementos de los tributos tienen limitaciones.

81. Así lo ha señalado esta Sección en varios pronunciamientos de los que
vale la pena traer a colación la Sentencia de 9 de febrero de 2012, Expediente
No. 2008-00277-01, M.P. Dra. María Elizabeth García González que, en similar
asunto, indicó:

38
Corte Constitucional. Sentencia C-187 de 13 de agosto de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 21 de febrero de
2019; C.P. Milton Chaves García; número único de radicación 25000232700020080008601.
40
Sujeto activo, sujeto pasivo, el objeto (prestación pecuniaria) y el presupuesto de hecho (que es el hecho
imponible).

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“[…] Se concluye que en tiempos de paz, el Congreso de la República es el único
ente autorizado para la creación de leyes, es decir que el poder tributario recae en
dicho órgano de elección popular, el cual debe sujetarse a los lineamientos
establecidos por la Constitución y la Ley. Cabe aclarar que cuando la Carta Política
otorgó autonomía a las entidades territoriales para la gestión de sus intereses y
consagró como parte de sus actividades la de administrar los recursos, “establecer los
tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”, entre otras, no las
autorizó para crear dichos tributos, pues como ya se dijo, tal potestad recae
exclusivamente en el Congreso de la República. Significa lo anterior, que cuando la
Carta Política consagra la facultad de “establecer los tributos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones” se refiere a que los entes territoriales, a través de sus
Asambleas Departamentales y Concejos Municipales o Distritales tienen la potestad
de fijar directamente los elementos esenciales de los tributos locales, siempre que
dichos tributos hayan sido creados previamente por el legislador o autorizados por él
[…]. (Subrayado fuera de texto).

82. Así, las Concejos Municipales, en materia de tributos y contribuciones,
tienen una competencia subordinada a las disposiciones de la Constitución y de
la ley. La autonomía administrativa de los entes territoriales se refiere al manejo
de los bienes de su pertenencia; la competencia impositiva es una función cuyo
ejercicio requiere ley que la autorice. No puede hablarse entonces, en sentido
estricto, de autonomía impositiva.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la excepción de
constitucionalidad

83. Visto el artículo 4 de la Constitución Política, establece lo siguiente:

“[…] La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad
entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales […]” (Destacado de la Sala).

84. La Corte Constitucional41, sobre la excepción de inconstitucionalidad
consideró:
“[…] la excepción de inconstitucionalidad es una facultad o posibilidad (o si se
quiere, una herramienta) de los operadores jurídicos, en tanto no tiene que ser
alegada o interpuesta como una acción; pero se configura igualmente como un
deber en tanto las autoridades no pueden dejar de hacer uso de ella en los eventos
en que detecten una clara contradicción entre la disposición aplicable a una caso
concreto y las normas constitucionales […]”.

41
Corte Constitucional. Sentencia T-389 de 28 de mayo de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

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85. La Corte Constitucional42 ha indicado las características de la excepción de
inconstitucionalidad, así:

“[…] 2.1 La excepción de inconstitucionalidad o el control de constitucionalidad por
vía de excepción, se fundamenta en la actualidad en el artículo 4º de la
Constitución, que establece que “La Constitución es norma de normas. En todo
caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se
aplicarán las disposiciones constitucionales…”43. Esta norma hace que nuestro
sistema de control de constitucionalidad sea calificado por la doctrina como un
sistema mixto44 ya que combina un control concentrado en cabeza de la Corte
Constitucional y un control difuso de constitucionalidad en donde cualquier
autoridad puede dejar de aplicar la ley u otra norma jurídica por ser contraria a la
Constitución45.

2.2 De otra parte hay que tener en cuenta que el control por vía de excepción lo
puede realizar cualquier juez, autoridad administrativa e incluso particulares que
tengan que aplicar una norma jurídica en un caso concreto46. Este tipo de control se

42
Corte Constitucional; sentencia C-122 de 1.° de marzo de 2011; M.P. Juan Carlos Henao Pérez
43
“Los antecedentes de la excepción de inconstitucionalidad se remontan al artículo 40 del Acto Legislativo
No 3 de 1910, en donde se disponía que en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley
debían aplicarse preferentemente las disposiciones constitucionales. También debe tenerse en cuenta el
artículo 215 de la Constitución de 1886 en donde se estableció que, “En todo caso de incompatibilidad entre
la Constitución y la ley, se aplicarán de preferencia las disposiciones constitucionales”. Posteriormente en el
artículo 5 de la Ley 57 de 1887 se estableció que, “Cuando haya incompatibilidad entre una disposición
constitucional y una norma legal, preferirá aquella”. Ver sobre el tema el libro de Alexei Julio Estrada, Las
ramas ejecutiva y judicial del poder público en la Constitución colombiana de 1991, Bogotá, Universidad
Externado de Colombia, 1991, pp. 283 - 288. Igualmente el libro de Natalia Bernal Cano titulado, La
excepción de inconstitucionalidad y su aplicación en Colombia, Bogotá, Gustavo Ibáñez, 2002. También el
artículo de Gilberto Augusto Blanco Zuñiga titulado “Comentarios a la excepción de inconstitucionalidad y la
excepción de ilegalidad en Colombia”, en: Revista de Derecho de la Universidad del Norte, No 16, V. 1 2001,
pp. 268 - 279.”
44
“Por ejemplo Allan R. Brewer - Carias, en el “Sistema mixto o integral de control de constitucionalidad en
Colombia y Venezuela”, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, Temas de Derecho Público, No 39,
1995”.
45
“Es decir que combina la idea de Kelsen de control de constitucionalidad concentrado en una instancia
jurídica especializada - Corte Constitucional - y un sistema propio del common law de control difuso en
donde cualquier autoridad judicial puede en un caso concreto dejar de aplicar una norma. Kelsen propuso el
control de constitucionalidad concentrado en su obra ¿Quién debe ser el guardián de la Constitución?
También se debe tener en cuenta el control de los actos normativos no legales que se establece en cabeza
del Consejo de Estado en Colombia de conformidad con el numeral 2 del artículo 237 de la Constitución, que
establece que corresponde a dicha Corporación conocer de las acciones de inconstitucionalidad de los
decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional,
atribuyendo a esta entidad el control de los decretos reglamentarios expedidos por el Gobierno Nacional”.
46
“ Desde las sentencias de los años sesenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se empieza a
tener en cuenta esta tesis. Se dice que los funcionarios competentes para aplicar dicha norma son los que
tienen jurisdicción. Al respecto dijo la Sentencia del 2 de marzo de 1961 (M.P. Julio Roncallo Acosta), que, “El
artículo 215 de la Constitución simplemente autoriza oponer, en un caso concreto, la excepción de
inconstitucionalidad. El fallo que decide sobre la acción de inexequibilidad sólo puede ser pronunciado por la
Corte en pleno y tiene efectos erga omnes; en cambio, para decidir sobre la excepción referida es
competente cualquier funcionario con jurisdicción, que deba aplicar la ley, y solo tiene efectos en relación
con el caso concreto en donde el conflicto surge” (Negrillas fuera del texto). También hay que tener en cuenta
los fallos de la Sala de Casación Penal de 14 de marzo de 1961, en donde se convalida por vez primera la
vía de excepción y se declara inaplicable una ley en un caso concreto, y la sentencia del 26 de abril del
mismo año, en donde se definen los alcances generales de la excepción y se establece que cualquier

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realiza a solicitud de parte en un proceso judicial o ex officio por parte de la
autoridad o el particular al momento de aplicar una norma jurídica que encuentre
contraria a la Constitución. En este caso se debe subrayar que la norma legal o
reglamentaria que haya sido exceptuada por inconstitucional no desaparece del
sistema jurídico y continúa siendo válida ya que los efectos del control por vía de
excepción son inter partes, solo se aplican para el caso concreto y no anulan en
forma definitiva la norma que se considera contraria a la Constitución […]”47.

86. La Sección Primera de esta Corporación48, tuvo la oportunidad de
establecer el alcance de la excepción de inconstitucionalidad, de la siguiente
manera:

“[…] Es así como, entre las numerosos y repetidos pronunciamientos que en ese
sentido ha proferida esta jurisdicción, la Sala49 tiene señalado que “La excepción de
inconstitucionalidad consiste en dejar de aplicar en un caso concreto una norma
jurídica por ser contraria a la Constitución Política,” y que “Ello supone
necesariamente que la norma en cuestión sea la aplicable al caso controvertido y
se busca precisamente a través de tal excepción que la autoridad judicial o
administrativa deje de aplicarla, en aras de salvaguardar la supremacía de la
Constitución y el orden jurídico”. (Subrayado fuera de texto)

[…] “La jurisprudencia constitucional ha reconocido en el sistema jurídico
colombiano la existencia de un sistema mixto de control de constitucionalidad, pues
mientras que a la Corte Constitucional y, de manera residual, al Consejo de Estado
se les confía el control de constitucionalidad en abstracto (artículos 241 y 237,
numeral 2°, de la Constitución Política), el control de constitucionalidad concreto
tiene lugar en desarrollo del artículo 4° de la Carta Política cuando, al momento de
aplicar una norma legal o de inferior jerarquía, el servidor encargado de aplicarla
advierte su ostensible e indudable oposición a mandatos constitucionales.

En efecto, el fundamento de la llamada excepción de inconstitucionalidad, se
encuentra en el artículo 4° de la Carta Política, según el cual "En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la Ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales". Y se le califica como control de constitucionalidad
concreto porque carece de la nota de generalidad que es propia del control en
abstracto, puesto que la definición acerca de si existe o no incompatibilidad entre la
norma inferior y las constitucionales debe producirse en el caso específico, singular,
concreto, y en relación con las personas involucradas en el mismo, sin que pueda
exceder ese marco jurídico preciso. Se habla, por tanto, en este caso de un efecto

funcionario con jurisdicción es competente para inaplicar una ley contraria a la Constitución (Sobre el
particular ver el libro de Julio Estrada, Alexei, Op. cit., p. 284)”.
47
Corte Constitucional. Sentencia C-122 de 1º de marzo de 2011. M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
48
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 1.° de
noviembre de 2007; C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; número único de radicación
11001032600019990000401[…]”.
49
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 19 de noviembre
de 1998, C.P. Ernesto Rafael Ariza; número único de radicación 4860.

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inter partes, o circunscrito a quienes tienen interés en el caso”50 (subrayas no son
del texto).

La Corte Constitucional también lo ha puesto de presente, v. gr. en sentencia C-
600 de 1998 al decir que "El artículo 4º de la Constitución consagra, con mayor
amplitud que el derogado artículo 215 de la codificación anterior, la aplicación
preferente de las reglas constitucionales sobre cualquier otra norma jurídica. Ello
tiene lugar en casos concretos y con efectos únicamente referidos a éstos, cuando
quiera que se establezca la incompatibilidad entre la norma de que se trata y la
preceptiva constitucional. Aquí no está de por medio la definición por vía general
acerca del ajuste de un precepto a la Constitución -lo cual es propio de la
providencia que adopte el tribunal competente al decidir sobre el proceso iniciado
como consecuencia de acción pública- sino la aplicación de una norma legal o de
otro orden a un caso singular […]”51.

87. En ese orden de ideas, la excepción por inconstitucionalidad: i) puede ser
ejercida a solicitud de parte o ex officio por la autoridad judicial; ii) es informal,
dado que no se requieren requisitos para su configuración, en donde basta que
se demuestre que la norma jurídica aplicable al caso sea manifiestamente
contraria a la Constitución Política; y iii) tiene efectos inter partes52.

88. En consecuencia, esta herramienta tiene como propósito, proteger y
garantizar el ejercicio, en un caso concreto y con efecto inter partes, de los
derechos fundamentales que se vean en riesgo por la aplicación de una norma de
inferior jerarquía y que, de forma clara y evidente, contraría las normas
contenidas dentro de la Constitución Política.

Acervo y análisis probatorio

50
Sentencia de 14 de diciembre de 2006, Sección Quinta, expediente núm. 3975-4032, consejero ponente
doctor Darío Quiñónez.
51
Corte Constitucional; sentencia C-600 de 21 de octubre de 1998; M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
52
Excepcionalmente, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la aplicación de la excepción de
inconstitucionalidad al caso concreto, puede tener efectos inter pares. En el auto 071 de 27 de febrero de
2001, la Corte Constitucional consideró que: “[…] Dentro de las diversas alternativas disponibles para
determinar los efectos de las providencias - efectos inter partes, efectos erga omnes, efectos inter pares, etc.-
, la que mejor protege en este caso los derechos constitucionales fundamentales y respeta las atribuciones
del Consejo de Estado como máximo tribunal de la jurisdicción contencioso administrativa, es la de los
efectos inter pares, es decir, entre los casos semejantes. La doctrina convencional según la cual la
excepción de inconstitucionalidad sólo tiene efectos inter partes, es decir, en el proceso concreto
dentro del cual fue inaplicada la norma contraria a la Constitución, es insuficiente tanto para proteger
los derechos constitucionales fundamentales como para asegurar la efectividad de los principios
fundamentales […]”.

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89. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

90. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas solicitadas,
decretadas y recaudadas, en primera instancia, de conformidad con las reglas de
la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la Ley 1564, aplicando para ello
las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere
para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los
problemas jurídicos planteados en el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada.

91. La Sala procede a pronunciarse sobre los argumentos expuestos por la
parte demandada en el recurso de apelación, de acuerdo con el problema jurídico
indicado supra.

Análisis del caso concreto

92. La Sala, por razones de metodología, analizará los argumentos del recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada, como se indica a continuación: i)
configuración de la cosa juzgada en el presente asunto.

De la configuración de la cosa juzgada

93. La parte demandada adujo en el recurso de apelación que el a quo analizó
aspectos que con anterioridad fueron decididos en la sentencia del 11 de mayo de
2005 (exp. 2003-00746), en el proceso de simple nulidad contra los Acuerdos núm.
39 de 1995 y 22 de 1999, mediante los cuales el Concejo Municipal de Sincelejo
creó una sobretasa del 2 % sobre los contratos suscritos con el Municipio de
Sincelejo, tributo que estaría destinado a financiar a la parte demandada, conforme
a la autorización que hizo el artículo 75 de la Ley 181 de 1995. Según el apelante,

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el a quo debió acoger lo decidido en el juicio que negó la nulidad de los
mencionados acuerdos, dado que esa providencia es inmutable en lo que atañe al
juicio de la potestad tributaria que tenía el Concejo Municipal de Sincelejo para
crear la sobretasa del 2 %.

94. El a quo consideró que, en virtud del artículo 4 de la Constitución debía
inaplicarse por inconstitucional el Acuerdo núm. 22 de 1999 que modificó la
sobretasa creada con el Acuerdo núm. 39 de 1995, debido a que ese tributo
quebrantaba el principio de legalidad tributaria prescrito en el artículo 338 de la
Constitución. En consecuencia, anuló los actos particulares acusados, por cuanto
dichas resoluciones estaban fundadas en normas inconstitucionales. El tribunal
invocó como precedente la sentencia del 19 de junio de 201453 proferida por esta
Sección de la Corporación, mediante la cual se resolvió un asunto análogo al
controvertido, en la que se indicó:

[…] La Asociación Mutual Ser ESS, EPS del régimen subsidiado, actuando por medio
de apoderada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, y
en vigencia del anterior C.C.A54., presentó demanda ante el Tribunal Administrativo
de Sucre55, tendiente a que mediante sentencia, se decretara la nulidad de las
siguientes Resoluciones expedidas por el Instituto Municipal para el Deporte y la
Recreación de Sincelejo IMDER: (i) 393 de 22 de noviembre de 2006, por la cual se
liquida una sobretasa y se ordena su recaudo; y (ii) 108 de marzo 27 de 2007, por la
que se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución anterior.

[…] Indica que la Resolución 393 de noviembre 22 de 2006, ordenó al contratista
demandante, cancelar a favor del IMDER, por concepto de sobretasa del 2% la suma
de $196.062.311 y por concepto de multa, la suma del 20% equivalente a
$1.960.623.111. […]

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1.- Del texto del recurso de apelación, es factible sintetizar los cuestionamientos del
recurrente contra el fallo impugnado como a continuación se acotará, no sin antes
advertir que los mismos se han de reordenar por la Sala a fin de proporcionar un
orden temático al estudio de la alzada así:

[…] (ii) El a quo no contaba con fundamento alguno para declarar la excepción de
inconstitucionalidad contra el Acuerdo 022 de 1999 por cuanto los asuntos respecto

53
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 19 de junio
de 2014; C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; número único de radicación 70001233100020070012301 […]”.
54
Decreto 01 de 1984.
55
Folios 1 a 17 del cuaderno principal del expediente.

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de los cuales adujo una ausencia de pronunciamiento en el juicio de legalidad
previamente efectuado por la Jurisdicción contra aquel, carece de veracidad. Esto
por cuanto en dicho proceso, contrario a lo afirmado por el Tribunal, sí se evaluó lo
referente a la potestad tributaria de los concejos municipales.

(iii) En consecuencia, existía una sentencia judicial que hizo tránsito a cosa juzgada
sobre el mencionado Acuerdo, en la que se señala que la sobretasa allí regulada se
ajusta a derecho en tanto es recaudada de manera previa al contrato, y por ende, no
afecta los recursos de la seguridad social, sino los propios del contratista.

3. Definido lo anterior, procede ahora la Sala a evaluar si la excepción de
inconstitucionalidad decretada por el a quo fue desatinada, al haberse fundado en
aspectos que ya habían sido objeto de estudio en el juicio de legalidad surtido sobre
el Acuerdo 022 de 1999, modificatorio del Acuerdo 39 de 1995, en el expediente
2003-00746-00 tramitado en el Tribunal Administrativo de Sucre, con Ponencia de la
doctora Tulia Isabel Jarava Cárdenas.

El fallo apelado alude a la necesidad de abordar el estudio de dicho Acuerdo toda
vez que, por un lado, este es el fundamento legal de los actos acusados; y por el
otro, no fue evaluado en el proceso judicial previo el asunto referente a la capacidad
de los concejos municipales para crear impuestos, tasas y contribuciones, ni para
establecer sanciones como multas56. Al respecto, trae a colación lo dispuesto en el
artículo 175 del C.C.A., por considerar que frente a ese asunto específico no hay
lugar a la existencia de cosa juzgada al no haber conformado la causa petendi del
juicio de legalidad sobre el Acuerdo 022 de 1999 de que trata el expediente 2003-
00746-00. Afirma que en tal sentencia el debate se centró en que los recursos con
los que se cancela la sobretasa no son de la seguridad social, y sobre la violación de
la Ley 136 de 1994, el artículo 9º de la Ley 100 de 1993 y el artículo 48 de la C.P.

Así, la Sala observa que si bien en la sentencia del 11 de mayo de 2005, Expediente
No. 2003-00746-0057, no se realizó un exhaustivo estudio sobre las facultades
tributarias de los concejos municipales, la misma sí se refirió a dicho tema de manera
tangencial, como fundamento para concluir que el Concejo Municipal de Sincelejo
ostentaba la facultad para crear el tributo previsto en el cuestionado Acuerdo. Ello se
deriva de lo expuesto en el mencionado fallo al precisar el problema jurídico a
resolver58, remitiéndose al efecto, a lo previsto en el artículo 32 numeral 7º de la Ley
136 de 1994 e indicar que la competencia que en materia de tributos le asiste a los
concejos municipales está supeditada a la autorización previa de la ley.

Así las cosas, no es del todo acertado el a quo al fundamentar la declaratoria de la
excepción de ilegalidad en una ausencia de pronunciamiento al respecto en el
proceso referenciado, por cuanto como se observa, el Tribunal sí emitió un juicio

56
Léase el folio 304 del expediente.
57
Folios 89 a 96 del cuaderno principal del expediente.
58
En la parte considerativa de la Sentencia referenciada se lee:
“Para la Sala el asunto a analizar en primer lugar es el relativo a la competencia legal del Concejo
Municipal para imponer la sobretasa a favor del Instituto Municipal para el Deporte, la Recreación y el
Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación Extraescolar…(…)
1.- Facultades del Concejo Municipal. El ámbito de las competencias en materia de tributos que le
asiste a los concejos municipales está supeditada a la autorización previa de la Ley… se observa que
el Concejo Municipal de Sincelejo, al expedir el Acuerdo 022 de 1999, en su considerando invoca las
facultades legales contenidas en los artículos 32 numeral 7 Ley 136 de 1994…” (Subrayado fuera de
texto).

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valorativo sobre la competencia tributaria en cabeza de los concejos municipales,
aludiendo a lo previsto en la Ley 136 de 1994, según se señaló. Asunto diferente es
que este fallo no le hubiere concedido un alcance atinado a las normas invocadas,
como luego se indicará.

Ahora, es de advertir que la anterior imprecisión en el fundamento para invocar la
mencionada excepción por parte del Tribunal, no implica que este hubiere efectuado
un análisis sustancial errado con respecto a la inconstitucionalidad del Acuerdo 22 de
1999, por cuanto al efectuar el juicio comparativo entre este y lo previsto por la Carta
Política en materia de la competencia de los concejos municipales para decretar
tributos, advierte acertadamente que esta ha de encontrar sustento en la ley, de
acuerdo con los artículos 338, 287 numeral 3º, 313 numeral 4º, en armonía con el
artículo 150 numeral 12 de la Constitución Política. Así lo ha señalado esta Sección
en varios pronunciamientos de los que vale la pena traer a colación la Sentencia de 9
de febrero de 2012, Expediente No. 2008-00277-01, M.P. Dra. María Elizabeth
García González que, en similar asunto, indicó lo siguiente:

“Se concluye que en tiempos de paz, el Congreso de la República es el único ente
autorizado para la creación de leyes, es decir que el poder tributario recae en dicho
órgano de elección popular, el cual debe sujetarse a los lineamientos establecidos
por la Constitución y la Ley. Cabe aclarar que cuando la Carta Política otorgó
autonomía a las entidades territoriales para la gestión de sus intereses y consagró
como parte de sus actividades la de administrar los recursos, “establecer los tributos
necesarios para el cumplimiento de sus funciones”, entre otras, no las autorizó para
crear dichos tributos, pues como ya se dijo, tal potestad recae exclusivamente en el
Congreso de la República. Significa lo anterior, que cuando la Carta Política
consagra la facultad de “establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de
sus funciones” se refiere a que los entes territoriales, a través de sus Asambleas
Departamentales y Concejos Municipales o Distritales tienen la potestad de fijar
directamente los elementos esenciales de los tributos locales, siempre que dichos
tributos hayan sido creados previamente por el legislador o autorizados por él.
(Subrayado fuera de texto).

La transgresión constitucional anotada es constatable al verificar el contenido del
Acuerdo 022 de 1999, el cual, tuvo su origen en el Acuerdo 39 de 1995, por el que
se creó el Instituto Municipal para el deporte, la recreación, el aprovechamiento del
tiempo libre y la educación extraescolar de conformidad con la Ley 181 de 1995. En
efecto, este Acuerdo, instituyó la sobretasa en cuestión en su artículo 21, y este a su
turno, fue luego modificado por los Acuerdos 15 del 13 de julio de 1998 y 22 de 1999.
El tenor literal de lo dispuesto en el Acuerdo 22, es en lo pertinente, el siguiente:

“Establécese en el municipio de Sincelejo la sobretasa a todos los contratos de
menor y de mayor cuantía, órdenes de prestación de servicios y suministro, que
celebre el municipio de Sincelejo, la Personería, la Contraloría y los entes
descentralizados del orden municipal con todas las personas naturales o jurídicas de
derecho privado así:

HECHO GENERADOR: Lo constituye todos los contratos estatales, es decir todos
los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren el municipio de
Sincelejo (…)

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SUJETO ACTIVO: En (SIC) el Instituto Municipal para el Deporte, la Recreación, el
Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación Extraescolar, la entidad en cuyo
valor se establecen las potestades de liquidación, cobro, recaudo, investigación,
control y administración de la sobretasa.

SOBRETASA: A partir del año 2.000 la sobretasa será del dos por ciento 2% que
resulte de pagar sobre el valor de todos los contratos…

(…) DESTINACIÓN DE LA SOBRETASA: El recaudo por concepto de la sobretasa
se destinará para cubrir los gastos de funcionamiento del Instituto Municipal para el
Deporte, la Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación
Extraescolar, para la construcción y mantenimiento de los escenarios deportivos y de
las demás obras a realizar.

SANCIONES: El contratista que infrinja las normas que establece el presente
Acuerdo estará sujeto a las multas que ascenderán al 20% del valor del contrato…”

Así las cosas, es claro que a la luz de las disposiciones constitucionales invocadas,
el Concejo Municipal de Sincelejo no contaba con la facultad de decretar un tributo
como el del mencionado Acuerdo sin la autorización previa de una Ley emitida por el
Congreso de la República para ese efecto.

Ahora bien, la entidad demandada pretende derivar la fundamentación legal para la
creación del tributo previsto en el Acuerdo 22 de 1999 en el artículo 75 de la Ley 181
de 1995, cuyo tenor establece en lo pertinente:

“Artículo 75. El Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, como organismo del
orden nacional, contará:

(…)
Los entes deportivos departamentales, contarán para su ejecución con:
(…)
2. Las rentas que creen las Asambleas Departamentales con destino al deporte, la
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. (Subrayado fuera de texto).

Al respecto, esta Corporación ha señalado en varios pronunciamientos que dicha
norma no prevé autorización alguna para que los concejos municipales decreten
tributos para el deporte, sino que tan solo indica una de las posibles fuentes de
financiación de los entes deportivos territoriales. Nótese, entonces, que a fin de hallar
el soporte jurídico necesario para el efecto, se requeriría la expedición de una ley del
Congreso de la República que autorizare la creación del tributo respectivo o que
fijare sus bases, sin que resulte suficiente lo dispuesto en la norma transcrita para
que el Concejo Municipal despliegue la potestad tributaria atribuida a los entes
territoriales en los términos de la Constitución y la Ley. En este orden, es del caso
prohijar lo dispuesto en la jurisprudencia de esta sección anteriormente referenciada
así:

“Ahora el Acuerdo acusado se expidió con fundamento en el artículo 75 de la Ley
181 de 1995 (…)Teniendo en cuenta la regulación transcrita, en concordancia con lo
expresado por esta Corporación frente a la misma normativa, es evidente que dicha
ley no creó tributo alguno, ni fijó un esquema por el que los Municipios y/o Distritos
pudieran establecer las bases del mencionado gravamen, pues la norma en mención

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lo que hizo fue señalar los recursos con los que cuentan los entes deportivos para el
cumplimiento de su labor, por ejemplo los provenientes de “Las rentas que creen los
concejos municipales o distritales con destino al deporte, la recreación y el
aprovechamiento del tiempo libre”. En virtud a lo expuesto, se tiene que las entidades
territoriales solo pueden establecer tributos locales cuando han sido creados o
autorizados en forma previa por el legislador, como quiera que en el sub-lite el
artículo 75 de la Ley 181 de 1995 no creó ni autorizó gravamen alguno, se concluye
que el Acuerdo 014 del 26 de agosto de 1998 se expidió en forma ilegal. En este
orden de ideas, encuentra la Sala acertada la decisión del Tribunal Administrativo de
Risaralda, quien estimó que si bien es cierto la Constitución Política le otorgó
autonomía a las entidades territoriales como la de establecer tributos, también lo es
que dichas facultades no se concedieron en forma ilimitada ni en modo absoluto ya
que están sujetas a la Constitución y la Ley, en virtud del principio de la unidad
nacional y el derecho de igualdad de todos los ciudadanos frente a las cargas
fiscales, siendo el Congreso de la República el único ente autorizado para crear Ley”.
(Subrayado fuera de texto).

Asimismo, en Sentencia de la Sección Cuarta de esta Corporación, de 25 de marzo
de 2010, Expediente No. 2001-02173-01, M.P. Dra. Martha Teresa Briceño de
Valencia se señaló:

“…Al respecto, la Sala reitera que “del contenido del artículo 75 de la Ley 181 de
1995, no es posible inferir la creación de un tributo en cabeza de los usuarios de los
servicios de telecomunicaciones, ni parámetros a partir de los cuales el ente territorial
pueda establecerlo en su jurisdicción.” En efecto, el artículo 75 num 2 de la Ley 181
de 1995 no creó ningún tributo y, en concreto, ninguna contribución. Tampoco fijó
pauta alguna a partir de la cual los departamentos pudieran determinar los elementos
esenciales del gravamen. Mucho menos autorizó a los departamentos para crear una
contribución a cargo de los usuarios de la telefonía fija, celular o beeper, ni delimitó el
hecho gravado. El numeral segundo del artículo 75 de la Ley en mención, se limita
solo a enunciar uno de los recursos con que cuentan los entes deportivos
departamentales para su ejecución, como son las rentas creadas por las asambleas,
que constituyen fuente económica para el cumplimiento de las metas relacionadas
con el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. En consecuencia,
con la expedición de la ordenanza acusada, la Asamblea desconoció el principio de
legalidad de los tributos. Sin fundamento legal creó una contribución a cargo de los
usuarios de la telefonía fija, celular y beeper en el departamento del Tolima.”
(Subrayado fuera de texto)

Lo anotado conlleva a concluir que el Acuerdo 022 de 1999, modificatorio del artículo
21 del Acuerdo 039 de 1995, vulnera la Constitución Política y resulta, además, ilegal
al no contar con el soporte jurídico requerido para la creación de la sobretasa en
cuestión.

Ahora, al descender a los actos acusados se observa que la Resolución 393 de
2006, por la cual se liquida una sobretasa y se ordena su recaudo, invoca como
sustento jurídico las Leyes 181 de 1995, 582 de 2000, modificatoria la anterior59,
Decreto 641 de 2001, reglamentario de esta última y los Acuerdos No. 39 de 1995 y
22 de 1999 del Concejo Municipal de Sincelejo. Por su parte, la Resolución

59
Esta Ley tampoco otorga facultad tributaria alguna a los concejos
municipales para crear un tributo como el cuestionado.

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demandada 108 de 2007, por la que se resuelve un recurso, alude a los dos
acuerdos municipales mencionados. De este modo, es clara la ilegalidad de las
Resoluciones demandadas por cuanto, por un lado, estas entrañan la aplicación
directa de unos actos administrativos claramente lesivos del orden jurídico superior,
en tanto, el Concejo Municipal se arroga una competencia inexistente para crear el
tributo, y a su turno, para otorgarle al IMDER la facultad de administrarlo y de
recaudarlo; y, por el otro, la Resolución demandada 393, por la que se liquida la
sobretasa y se ordena su recaudo, invoca como sustento jurídico la Ley 181 de 1995,
la cual, como se anotó, no otorga asidero legal alguno para el Concejo Municipal
respecto de la creación de la sobretasa y menos aún al IMDER para su manejo y/o
recaudación.

De lo anotado, la Sala recalca, a manera de conclusión, que le asiste razón al a quo
al declarar la excepción de inconstitucionalidad por cuanto el análisis llevado a cabo
por aquel se refirió al texto del Acuerdo cuestionado, en confrontación con las
disposiciones de la Carta Política que establecen el que los Concejos Municipales
deben supeditar su facultad tributaria a la Ley60; de forma tal que, al no encontrarse
la existencia de una ley que le concediera al Concejo la autorización o las bases para
la creación del tributo, resulta procedente el reconocimiento de dicha excepción para
inaplicar el Acuerdo, en virtud del artículo 4 de la C.P.; y, en consecuencia, declarar
la nulidad de los actos acusados. No sobra, en este punto, señalar que el fallo
proferido por el Tribunal Administrativo de Sucre antes referenciado, tan sólo aludió a
la Ley 136 de 1994, artículo 32 numeral 7º, para justificar la facultad tributaria del
Concejo Municipal; empero, no se refirió a las disposiciones constitucionales sobre la
materia, otorgándole un alcance equívoco a aquella norma y al artículo 75 de la Ley
181 de 1995, pues como se advirtió, esta disposición no entraña la autorización ni la
determinación de las bases del tributo.

4. En lo que respecta a la existencia de la cosa juzgada alegada por el recurrente, en
atención a que en el fallo del Tribunal Administrativo de Sucre se concluyó que la
sobretasa no afecta los recursos de la seguridad social, por cuanto su recaudo es
anterior al contrato, la Sala considera que en razón de que el tributo en sí mismo se
halla desprovisto de fundamento constitucional y legal, según se anotó en líneas
anteriores, debe, por sustracción de materia, relevarse de ahondar en tales
planteamientos.

Así, es evidente que si el gravamen contenido en el Acuerdo 22 de 1999 se encontró
contario a la Constitución Política, y por tanto inaplicable en virtud de la excepción de
inconstitucionalidad decretada por el a quo, resulta irrelevante adentrarse en
aspectos derivados del mismo, como sería el evaluar si su recaudo atenta o no
contra la destinación específica que se predica de los recursos de la seguridad social
en salud […]”.

95. De este modo, la Corporación consideró que: i) a la luz de las disposiciones
constitucionales, el Concejo Municipal de Sincelejo no contaba con la facultad de

60
Se destaca especialmente el Artículo 313 de la C.P.:
Corresponde a los concejos:
(…)
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los
gastos locales. (Subrayado fuera de texto).

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decretar un tributo mediante acuerdo sin la autorización previa de una Ley emitida
por el Congreso de la República; ii) el Consejo de Estado en varias decisiones
señaló que el artículo 75 de la Ley 181 no prevé autorización alguna para que los
concejos municipales decreten tributos para el deporte, sino que tan solo indica
una de las posibles fuentes de financiación de los entes deportivos territoriales; iii)
las entidades territoriales solo pueden establecer tributos locales cuando han sido
creados o autorizados en forma previa por el legislador y el artículo 75 de la Ley
181 de 1995 no creó ni autorizó gravamen alguno y, iv) es correcto declarar la
excepción de inconstitucionalidad al no encontrarse la existencia de una ley que le
concediera al Concejo la autorización o las bases para la creación del tributo, y en
consecuencia, debe declararse la nulidad de los actos acusados que cobran la
sobretasa. En este orden, es del caso prohijar lo dispuesto en la jurisprudencia de
esta sección anteriormente referenciada.

96. Sobre el particular, lo primero que conviene precisar es que, conforme al
artículo 175 del Código Contencioso Administrativo, la sentencia que declare la
nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada
erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes,
pero solo en relación con la causa petendi.

97. A su turno, el artículo 303 del CGP —aplicable a la presente
controversia61—, en consonancia con sentencia C-774 de 2001, proferida por la
Corte Constitucional, señala que la cosa juzgada surge con el cumplimiento de
ciertos requisitos como: (i) identidad del objeto, es decir, que la demanda debe
versar sobre la misma pretensión material o inmaterial, respecto de la cual pudo
reconocerse un derecho, o haberse declarado, o modificado un aspecto de la
relación jurídica debatida; (ii) identidad sobre los elementos consecuenciales de un
derecho que no fue declarado expresamente; (iii) identidad de causa petendi, como
sucede cuando la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada recaen
sobre los mismos fundamentos de hecho y de derecho y, finalmente, (iv) identidad

61
Sentencia de 6 de agosto de 2014, exp. 50408, sección tercera, subsección C, C.P. Enrique Gil
Botero.

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de partes e intervinientes los cuales están atados a las decisiones que se tornaron
en cosa juzgada, haciendo la advertencia que no necesariamente se exigirá la
identidad de partes en los juicios promovidos en acción de simple nulidad.

98. En el caso sub examine, mediante los actos acusados se determinó a cargo
de la parte demandante la sobretasa del 2 % aplicada sobre los contratos suscritos
con el municipio de Sincelejo; tributo que fue creado en los Acuerdos núm. 39 de
1995 y 22 de 1999, y que equivale a la suma de $198.288.142. Asimismo, los
actos acusados impusieron una multa por valor de $1.982.881.429,
correspondiente al 20 % del monto del contrato.

99. La Sala advierte que en el contenido de los actos particulares acusados se
invocan los mencionados acuerdos y el artículo 75 de la Ley 181 de 1995 que
establecen que los entes deportivos municipales y distritales se financiarían con
rentas creadas con ese propósito.

100. Conforme a lo demandado en este juicio, la Sala advierte que no existe
identidad de objeto entre este proceso y el expediente 2003-00746 de nulidad
simple resuelto por el Tribunal Contencioso Administrativo de Sincelejo, mediante
sentencia del 11 de mayo de 2005, comoquiera que en esa demanda las
pretensiones estaban referidas a la nulidad de los actos de contenido general y
abstracto62, así que no fueron demandadas las mismas resoluciones que se
identifican en las pretensiones del presente asunto.

101. La Sala observa de la sentencia de 11 de mayo de 2005, proferida por el
Tribunal Administrativo de Sucre, que en ese proceso se formuló como pretensión
subsidiaria la anulación parcial de los señalados acuerdos, con el fin de que no se
gravaran los recursos previstos para financiar la prestación del servicio de salud63.
En ese sentido, al igual que en el presente asunto, la causa petendi se contrae a
proponer la vulneración del artículo 48 constitucional y del artículo 9 de Ley 100 de
62
Acuerdo núm. 022 de 19 de noviembre de 1999, “por el cual se modifica el artículo 21 del Acuerdo N° 39 de
1995 y se dictan otras disposiciones”, expedido por el Concejo Municipal de Sincelejo; y el artículo 1 del
Acuerdo núm. 39 de 2 de diciembre de 1995, “por medio del cual se crea el Instituto Municipal para el Deporte,
la Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación Extraescolar de conformidad con la Ley
181 de 1995, y se dictan otras disposiciones”, expedido por la misma autoridad.
63
Folio 259 del cuaderno núm. 1.

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1993, en lo que atañe a la parafiscalidad de los recursos del sistema de seguridad
social en salud.

102. No obstante lo anterior, la coincidencia en ese cargo de violación no es
suficiente para haber impedido el pronunciamiento que hizo el a quo, dado que la
similitud en los planteamientos no logra configurar la cosa juzgada, al no versar
sobre las mismas pretensiones de nulidad.

103. Para la Sala el cargo de apelación no cuestiona la validez del análisis que
hizo el tribunal en el marco del concepto de violación planteado por la parte
demandante, sino que su reproche se limita a la persistencia de que operó la cosa
juzgada frente a la legalidad de los acuerdos, por cuenta de una sentencia
ejecutoriada que era vinculante y obligatoria para la corporación que emitió la
decisión de primer grado.

104. Sobre el particular, la Sala observa que el Tribunal Administrativo de Sucre
en la sentencia del 11 de mayo de 2005, negó la nulidad de los acuerdos ya
mencionados y determinó que la sobretasa del 2 % no se pagaría con recursos del
sector salud, sino con dineros propios del contratista, dado que este pago surgiría
en las etapas precontractuales, es decir, cuando aún no se hubieren trasladado las
UPC, destinadas exclusivamente a la prestación del servicio de salud. Lo anterior,
en atención a que el artículo 21 del Acuerdo núm. 22 de 1999 estableció que el
pago de ese tributo debía acreditarse como requisito para el perfeccionamiento del
contrato, so pena de invalidez, así:

“[…] B. DISPOSICIONES VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN.

[…] El artículo 48 de la C. P. en su inciso 5° dispone" No se podrá destinar ni utilizar
los recursos de las Instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella".

Los recursos de salud tal como lo han precisado la Corte Constitucional y el H.
Consejo de Estado son de naturaleza parafiscal, lo que significan que tienen una
destinación específica que no puede ser cambiada por el Congreso de la Republica y
mucho menos por el Concejo Municipal que si bien está autorizado para votar
contribuciones y gastos locales, tal atribución debe hacerse con subordinación a la
misma constitución y la ley. Por lo tanto no le está permitido al Concejo gravar los
recursos de la salud que deba entregar a un tercero, en virtud de un contrato de
derecho privado o público, para la prestación del servicio de salud. Cuando el

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acuerdo demandado grava con el 2% todos los contratos, sin discriminación alguna,
es indudable que de los recursos de salud que contrate, tanto por capitación como
por evento se distraiga un dos por ciento con el fin de destinarlo a actividades
distintas de la salud como el deporte, el aprovechamiento del tiempo libre y la
educación extraescolar.

El artículo 9° de la Ley 100 de 1993 en igual sentido que la norma anterior dispone: "
No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad
social para fines diferentes a ella", entonces cuando el Concejo de Sincelejo decide
que de los recursos de salud deba destinarse el 2% del valor de un contrato a fines
diferentes a los de la salud, viola la ley 136 de 1994 que invoca, pues de su tenor no
se infiere una autorización para gravar los recursos de la salud y el hacerlo así viola
el articulo 150 de la C. P, pues solo le está permitido al Congreso hacer las leyes y el
artículo 313 ibidem, en la medida (sic) que al expedir el acuerdo para gravar sin
distinción todos los recursos contractuales, sin excluir los de salud, desconoce que la
actividad de votar sus gastos locales debe hacerse con sujeción a la Constitución y la
ley. […]

Así las cosas, encuentra la Sala que el Artículo 75 de la Ley 181 de 1985 prevé la
creación de rentas por parte de los Concejos Municipales, para garantizar la
ejecución de los programas de deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo
libre, en consecuencia legalmente si existía una facultad para la creación de la renta
que el Concejo Municipal de Sincelejo hizo mediante el Acuerdo 022 de 1999 y a
favor del Instituto Municipal para el deporte, la Recreación y el Aprovechamiento del
Tiempo Libre y la Educación Extraescolar.

2. Violación de las disposiciones Constitucionales y Legales.

Para el actor el acto acusado viola el artículo 48 de la Constitución Política y el
artículo 9 de la ley 100 de 1993, en cuanto no exceptuó los contratos para la
administración del régimen subsidiado en salud del pago de la sobretasa
mencionada todas vez que dichas normas prohíben destinar recursos a fines
diferentes.

En efecto, estipula el artículo 48 mencionado:

"ART. 48,--La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la
ley.

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social.

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la
cobertura de la seguridad social que comprenderá la prestación de los servicios en la
forma que determine la ley.

La seguridad social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de
conformidad con la ley.

No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad
social para fines diferentes a ella.

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La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan
su poder adquisitivo constante (0586, 0611, 0706, 0816).

Señala asimismo el artículo 9 de la Ley 100 de 1993:

ART. 9º-Destinación de los recursos. No se podrán destinar ni utilizar los recursos
de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella.

De la clara y diáfana redacción de las normas anteriores se infiere que existe una
prohibición de destinar los recursos de las instituciones de la seguridad social para
fines diferentes a ella.

El cargo de violación de las anteriores normas, el actor lo hace consistir en que al
gravar a todos los contratos que celebre el Municipio de Sincelejo, se desvía un 2%
de los recursos de la salud para fines distintos como el deporte, el aprovechamiento
del tiempo libre y la educación extraescolar, bajo el entendido que el gravamen se
paga con cargo al valor del contrato.

El Acuerdo 022 de 1999 en su artículo 21 al reglamentar el recaudo de la misma
establece:

"RECAUDO DE LA SOBRETASA: La sobretasa la recaudara el Instituto Municipal
para el Deporte la Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación
Extraescolar a través de las entidades bancarias que indiquen este y el recibo de la
consignación o constancia de pago será requisito indispensable pare el
perfeccionamiento del respectivo contrato de menor o mayor cuantía, ordenes
de prestación de servicio y de suministro. Sin este requisito, los contratos; las
ordenes de prestación de servicios y de suministro, carecerán de validez.

La Sala advierte que tales reparos no son ciertos por tanto las pretensiones
fundamentadas en ellos carecen de vocación de prosperidad toda vez que, el
pago de la sobretasa es un acto previo al perfeccionamiento del contrato, tal
como la norma citada lo expresa el pago de la sobretasa es un acto para el
perfeccionamiento del contrato, es decir, un acto precontractual que por tanto
lo cancela el contratista con sus propios recursos y no con los que espera
recibir por el desarrollo del objeto contractual ni con los que en virtud de la
actividad contratada espera administrar. En consecuencia se negaran las
suplicas de la demanda.

Por lo expuesto, EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: Negar las suplicas de la demanda

SEGUNDO: Ejecutoriada esta sentencia, archívese el expediente […]”. (Negrillas
fuera de texto)

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105. De este modo, el análisis del Tribunal Administrativo de Sucre se centró en
el análisis del cargo de nulidad sobre la infracción del artículo 48 de la Constitución
Política y el artículo 9 de la Ley 100 de 1993, en cuanto no exceptuó los contratos
para la administración del régimen subsidiado en salud del pago de la sobretasa
mencionada y que dichas normas prohíben destinar recursos de la salud a fines
diferentes.

106. Al respecto el Tribunal Administrativo de Sucre analizó que los artículos 48
de la Constitución Política y 9 de la Ley 100 de forma clara y expresa prohíben
destinar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines
diferentes a ella.

107. En ese sentido, el Tribunal Administrativo de Sucre precisó que el cargo de
violación de las anteriores normas formulado por la parte demandante consiste en
que al gravar a todos los contratos que celebre el Municipio de Sincelejo, se desvía
un 2% de los recursos de la salud para fines distintos como el deporte, el
aprovechamiento del tiempo libre y la educación extraescolar, bajo el entendido
que el gravamen se paga con cargo al valor del contrato.

108. El Tribunal Administrativo de Sucre negó las pretensiones de la demanda
con fundamento en que el pago de la sobretasa es un acto previo al
perfeccionamiento del contrato, es decir, un acto precontractual que por tanto lo
cancela el contratista con sus propios recursos y no con los que espera recibir por
el desarrollo del objeto contractual ni con los que en virtud de la actividad
contratada espera administrar.

109. Así, para la Sala la verdadera ratio decidendi de esa decisión, «entendida
como la formulación general del principio, regla o razón general que constituyen la
base necesaria de la decisión judicial específica, también tiene fuerza vinculante
general», consiste en que el pago de la sobretasa es un acto previo al
perfeccionamiento del contrato que la cancela el contratista con sus propios
recursos y no con los que espera recibir por el desarrollo del objeto contractual.

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110. En ese orden, la Sala advierte que en la sentencia del 11 de mayo de 2005,
Expediente No. 2003-00746-0064, se refirió a las facultades tributarias de los
concejos municipales de manera tangencial, dado que lo hizo de manera somera a
modo de obiter dicta65.

111. Por su parte, en el caso sub examine, el fallo que es apelado no se contrajo
a la verificación de si dicho tributo quebrantaba las disposiciones legales acerca de
la destinación específica que tienen los recursos del sistema de seguridad social
en salud, sino que, en un control oficioso de constitucionalidad, se estimó que los
actos particulares se fundamentaron en los Acuerdos núm. 39 de 1995 y 22 de
1999 que vulneraban el principio de legalidad tributaria, en tanto que el artículo 75
de la Ley 181 de 1995 no autorizó la creación de tributos a nivel municipal o
distrital para financiar el funcionamiento de la parte demandada, según fue
estudiado en la sentencia del 19 de junio de 2014, emitida por el Consejo de
Estado (exp. 70001-23-31-000-2007-00123-01, CP: Marco Antonio Velilla Moreno).

112. De este modo, la sentencia del 11 de mayo de 2005, mediante la cual se
negó la nulidad de los acuerdos ya mencionados y determinó que la sobretasa del
2 % no se pagaría con recursos del sector salud, sino con dineros propios del
contratista, dado que este pago surgiría en las etapas precontractuales, es decir,
cuando aún no se hubieren trasladado las UPC, destinadas exclusivamente a la
prestación del servicio de salud, sí hace tránsito a cosa juzgada, pero en relación
con la causa petendi juzgada conforme al artículo 175 del Código Contencioso
Administrativo) que prevé que la sentencia que niegue la nulidad producirá cosa
juzgada erga omnes pero sólo en relación con la causa petendi juzgada, es decir,
respecto al cargo relacionado con la destinación de recursos del sistema de
seguridad social en salud que fue analizado en los dos asuntos.

113. De esta forma, el a quo acogió el precedente emitido por la Sección Primera

64
Folios 89 a 96 del cuaderno principal del expediente.
65
Para la Sala el argumento constituye un «obiter dicta» o ‘dichos de paso’, que a diferencia de los primeros,
«no tienen poder vinculante, sino una ‘fuerza persuasiva’ que depende del prestigio y jerarquía del Tribunal, y
constituyen criterio auxiliar de interpretación» “[…] Corte Constitucional; sentencia T- 489 de 25 de julio de
2013; M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo […]”.

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de esta Judicatura, como órgano de cierre, quien avaló la excepción de
inconstitucionalidad que declaró el Tribunal Contencioso Administrativo de Sucre
con ocasión de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que
promovió la parte demandante del presente asunto, en contra de otros actos
administrativos particulares que determinaron la aludida sobretasa del 2 %.

114. En el mismo sentido, la Sección Cuarta, en un caso con presupuestos
fácticos y jurídicos similares (sentencia del 06 de noviembre de 2019, exp. 21955,
CP: Julio Roberto Piza Rodríguez)66, anuló unos acuerdos generales que creaban
la contribución con destino al deporte en el departamento de Boyacá y, al igual que
el Concejo del Municipio de Sincelejo, dicha asamblea departamental había
considerado que el artículo 75 de la Ley 181 de 1995 autorizó a los entes
territoriales para crear tributos que permitieran recaudar recursos para financiar a
las entidades de deportes de las respectivas jurisdicciones, así:

“[…] Como se observa, la disposición transcrita dispone que las rentas que creen las
asambleas departamentales con destino al deporte, la recreación y el
aprovechamiento del tiempo libre deben ser entregadas a las entidades deportivas
departamentales para su ejecución. Dicho supuesto presupone la existencia de unas
rentas que, previamente, han sido destinadas a financiar esas actividades.

Por consiguiente, se reitera, esa norma no autorizó la creación de un tributo, sino que
se limitó a establecer qué recursos debían ser destinados a las entidades deportivas
de los departamentos (sentencia del 07 de febrero de 2013, exp. 18885, CP: William
Giraldo Giraldo). No prospera el cargo de apelación […]”.

115. De este modo, la Sala en la sentencia hizo alusión a que los límites de la
potestad tributaria de los entes territoriales le impiden crear tributos ex novo,
puesto que solo podrán establecerlos en sus respectivas jurisdicciones, a través de
sus órganos de representación popular, cuando una ley los haya creado, conforme
se ha puntualizado en varias sentencias67.

66
En este falló también se reiteró la sentencia del 07 de febrero de 2013, exp. 18885, CP: William
Giraldo Giraldo, en el que se anuló la Ordenanza nro, 0027, del 04 de septiembre de 2001, del
departamento de Boyacá, que creó un tributo que gravaba los servicios de telecomunicaciones,
telefonía fija, celular, beeper, buscapersonas, entre otros. La razón que fundamentó la nulidad fue
que no hubo autorización legal para crear ese tributo.
67
Entre otras, en las sentencias del 25 de marzo de 2010 (exp. 16428, CP: Martha Teresa Briceño de
Valencia), del 07 de febrero de 2013 (exp. 18885, CP: William Giraldo Giraldo), del 05 de junio de 2014 (exp.
19945, CP: Martha Teresa Briceño De Valencia), del 05 de febrero de 2015 (exp. 20654, CP: ibidem), del 14 de
mayo de 2015 (exp. 19548, CP: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas) y del 02 de mayo de 2019 (exp. 23258,
CP: Milton Chaves García).

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116. En el caso en estudio, el Acuerdo que creó y fijó los elementos esenciales
de la contribución pro deporte municipal en el municipio, se expidió con
fundamento en el artículo 75 de la Ley 181 de 1995, que dispone lo siguiente:

“[…] Artículo 75.

Los entes deportivos municipales, contarán para su ejecución con:

1. Los recursos que asignen los concejos municipales o distritales en
cumplimiento de la Ley 19 de 1991 (1) por la cual se crea el fondo municipal de
fomento y desarrollo del deporte.
2. Los recursos que constituyan donaciones para el deporte, las cuales serán
deducibles de la renta líquida en los términos de los artículos 125 y siguientes del
estatuto tributario.
3. Las rentas que creen los concejos municipales o distritales con
destino al deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.
4. Los recursos que, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 60 de 1993,
correspondan al deporte, la recreación y al aprovechamiento del tiempo libre por
asignación de la participación de los municipios en los ingresos corrientes de la
Nación.
5. Los recursos que el Instituto Colombiano del Deporte asigne, de acuerdo
con los planes y programas de estímulo y fomento del sector deportivo y las políticas
del Gobierno Nacional.
6. Las demás que se decreten a su favor.
[…]”(Negrillas fuera de texto) […]”.

117. El artículo 75 de la Ley 181 de 199568, hace parte del Título VIII
”Financiamiento del Sistema Nacional del Deporte”, capítulo I “Recursos
Financieros Estatales” y regula lo concerniente a los recursos del Instituto
Colombiano de Deportes -Coldeportes, los entes deportivos departamentales y los
entes deportivos municipales y distritales69.

68
Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el
aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del
Deporte.
69
En sentencia C- 317 de 1998, la Corte Constitucional declaró inexequible el numeral
primero del artículo 75 de la Ley 181 de 1995, que destinaba a Coldeportes, recursos
provenientes del IVA por algunos servicios. Lo anterior, porque creó una renta con
destinación específica con violación del artículo 359 de la Constitución Política. La Corte
precisó que la financiación de las actividades cobijadas por la renta de destinación
específica prevista en el artículo 75 de la Ley 181 de 1995 debía hacerse a través de los
procedimientos presupuestales ordinarios. Y, añadió que los recursos del IVA, en lugar de
ser afectados como lo dispone el parágrafo primero del artículo 75, recuperarán su condición
de fondos sin destinación específica conforme lo estipula el principio de unidad de caja.

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118. Al referirse a la competencia de una entidad territorial para crear un tributo
en su jurisdicción, con base en el artículo 75 de la Ley 181 de 1995, en sentencia
de 17 de agosto de 2006 la Sala precisó que la referida norma legal no creó tributo
local alguno ni autorizó su creación. Advirtió, igualmente, que dicho precepto legal
se limitó a enunciar los recursos financieros con que cuentan los entes deportivos,
en este caso, los del orden municipal, para el cumplimiento de sus metas
relacionadas con el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. Al
respecto, la Sala sostuvo lo siguiente70:

“[…] del contenido del artículo 75 de la Ley 181 de 1995, no es posible inferir la
creación de un tributo en cabeza de los usuarios de los servicios de
telecomunicaciones, ni parámetros a partir de los cuales el ente territorial pueda
establecerlo en su jurisdicción.

[…] la norma en comento se limita a enunciar uno de los recursos financieros de
carácter estatal con que cuentan los entes deportivos departamentales para su
ejecución, como son las rentas creadas por las Asambleas, que constituyen fuente
económica para el cumplimiento de las metas relacionadas con el deporte, la
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.

De tal forma, que el precepto legal no creó ningún tipo de tributo, ni contempló
referencias, pautas o directrices que permitieran a la Asamblea Departamental del
Valle del Cauca determinar mediante Ordenanza los respectivos elementos.

[…]” (Negrillas fuera de texto)

119. Con base en este criterio jurisprudencial, la Sala ha precisado que las
entidades territoriales no tienen competencia para crear una contribución con
destino al deporte con fundamento en el artículo 75 de la Ley 181 de 1995. Sobre
el particular, ha sostenido que71:

“[…] En el caso en estudio, mediante la Ordenanza 16 de 2001 la Asamblea del
Tolima creó la contribución con destino al deporte, la recreación y el
aprovechamiento del tiempo libre. […]

[…] la Sala reitera que “del contenido del artículo 75 de la Ley 181 de 1995, no es
posible inferir la creación de un tributo en cabeza de los usuarios de los servicios de

70
Sentencia de 17 de agosto de 2006, exp. 15338.
71
Ver sentencias de 25 de marzo de 2010, exp. 16428 y de 5 de junio de 2014, exp 19945,
ambas con ponencia de la Consejera Martha Teresa Briceño de Valencia.

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telecomunicaciones, ni parámetros a partir de los cuales el ente territorial pueda
establecerlo en su jurisdicción.”72

En efecto, el artículo 75 num 2 de la Ley 181 de 1995 no creó ningún tributo y, en
concreto, ninguna contribución. Tampoco fijó pauta alguna a partir de la cual los
departamentos pudieran determinar los elementos esenciales del gravamen. Mucho
menos autorizó a los departamentos para crear una contribución a cargo de los
usuarios de la telefonía fija, celular o beeper, ni delimitó el hecho gravado.

El numeral segundo del artículo 75 de la Ley en mención, se limita solo a enunciar uno
de los recursos con que cuentan los entes deportivos departamentales para su
ejecución, como son las rentas creadas por las asambleas, que constituyen fuente
económica para el cumplimiento de las metas relacionadas con el deporte, la recreación
y el aprovechamiento del tiempo libre73. (…)”

120. Asimismo, frente a la contribución al deporte del orden municipal, en
sentencia de 5 de junio de 2014, la Sala precisó lo siguiente74:

“[…] del contenido del artículo 75 de la Ley 181 de 1995, antes transcrito, se
infiere que esta norma no crea ningún tributo, no autoriza su creación, ni fija
con precisión y claridad los parámetros para establecer los elementos
esenciales de algún gravamen, por lo tanto, no puede sostenerse que a partir de
dicha disposición exista una autorización a los municipios para crear una contribución
especial o ‘sobretasa’ con destino al deporte.”(Negrillas fuera de texto)

121. De este modo el artículo 75 de la Ley 181 de 1995 no creó ningún tributo.
Tampoco autorizó su creación, ni fijó con precisión y claridad los parámetros para
establecer los elementos esenciales de algún gravamen. Por lo tanto, “no puede
sostenerse que a partir de dicha disposición exista una autorización a los
municipios para crear una contribución especial o ‘sobretasa’ con destino al
deporte”.75

122. Así las cosas, con la expedición del acuerdo señalado se desconoció el
principio de legalidad de los tributos76, dado que, sin fundamento legal, se creó la
contribución pro deporte municipal y se fijaron los elementos esenciales de dicho
tributo. Ello, porque, el artículo 75 de la Ley 181 de 1995 no crea ni autoriza la
72
Sección Cuarta, sentencia de 17 de agosto de 2006, exp 15338 C.P. doctora María Inés
Ortiz Barbosa.
73
Ibídem
74
Exp. 19945, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
75
Sentencia de 5 de junio de 2014, Exp 19945
76
Artículos 287 numeral 3, 313 numeral 4 y 338 de la Constitución Política

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creación de tributo local alguno, dado que se limita a establecer los recursos con
los que cuentan los entes deportivos nacionales, departamentales y municipales
para el cumplimiento de sus funciones, dentro de los cuales están las rentas que
creen las asambleas departamentales y los concejos municipales y distritales77.

123. La Sala reitera que la propia Ley 181 de 1995, en los artículos 77 y 78,
autorizó que una parte de los impuestos de espectáculos y de cigarrillos nacionales
y extranjeros se destinara a los propósitos particulares regulados en esa normativa.
Por tanto, el legislador diferenció la creación de rentas para los entes territoriales,
de los tributos para contribuir al financiamiento del deporte78.

124. Lo anterior significa que el Municipio de Sincelejo no tenía competencia para
crear en su jurisdicción la contribución pro deporte.

125. La parte demandante también alegó en el recurso de apelación que en virtud
de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre el 23 de octubre
de 2008 (expediente 2005-01359-00 con ponencia del Dr. Jorge Iván Duque
Gutiérrez) se configuró la cosa juzgada.

126. Al respecto, la Sala hace extensivas las consideraciones anteriores en virtud
de las cuales se precisó que no se configuró la cosa juzgada. Además, la Sala
advierte que el proceso de nulidad simple (2005-01359-00) fue interpuesto por el
señor Fabio Iván Otalvaro Zúñiga contra el Municipio de Sincelejo en el que se
pretendió la declaratoria de nulidad de los siguientes actos administrativos: i) el
artículo 21 del Acuerdo núm. 39 de 2 de diciembre de 1995, por medio del cual se
crea la sobretasa de fomento deportivo a la actividad contractual, expedido por el
Concejo del Municipio de Sincelejo; ii) el artículo 4 del Acuerdo núm. 15 de 13 de
julio de 1998 que modificó el artículo 21 del acto precedente; iii) el artículo 1 del
Acuerdo núm. 022 de 19 de noviembre de 1999, “por el cual se modifica el artículo
21 del Acuerdo N° 39 de 1995 y se dictan otras disposiciones”, expedido por el
Concejo del Municipio de Sincelejo y, iv) el artículo 1 del Acuerdo núm. 13EX de 27

77
Ibídem
78
Ibídem

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de diciembre de 2002, que modificó el artículo 21 del acto inicial, expedido por el
Concejo Municipal de Sincelejo.

127. En la sentencia del proceso 2005-01502-00 proferida el 23 de octubre de
2008 por el Tribunal Administrativo de Sucre se declaró79 probada la excepción de
cosa juzgada propuesta por el apoderado del Concejo del Municipio de Sincelejo
frente al artículo 21 del Acuerdo núm. 39 de 2 de diciembre de 1995 y del artículo 1
del Acuerdo núm. 22 de 19 de noviembre de 1998 al encontrar que hay identidad
pretensiones respecto del proceso 2003-00746.

128. Asimismo, el Tribunal Administrativo de Sucre en la sentencia de 23 de
octubre de 2008 declaró la nulidad del artículo 1 del Acuerdo Ex de 27 de
diciembre de 2002 con fundamento en lo siguiente:

“[…] De la lectura literal del artículo 75 de la Ley 181 de 1995, la Sala considera
que está le otorgó facultades a los Concejos Municipales para crear rentas,
entendidas éstas como todo ingreso que tienen los Municipios, ya sea por
impuestos previamente establecidos, por rentas de capital, por transferencias o por
cualquier fondo que tenga como fin el ingreso de capital al municipio. Lo cual
encuentra respaldo por lo dicho acerca del concepto de renta y sus componentes
así:

[…] Se concluye entonces, que cuando la ley se refirió al término rentas, se refería
a aquellas rentas que puede crear el municipio, pero en ningún momento
impuestos, porque como se ha venido afirmando la autorización para crear éstos no
puede ser genérica e indeterminada.

Como quedó establecido, para la creación de una sobretasa, se requiere la
existencia previa de un impuesto y en este caso, el acuerdo por ninguna parte
menciona cuál es el impuesto al cual se le agrega la sobretasa, pero es que
además, también para la creación de la sobretasa, se requiere autorización legal y
la misma ley debe decir a qué tasa o impuesto se le establecerá la sobretasa. A
manera de ejemplo se transcriben algunas normas legales que establecen
sobretasas, para demostrar que lejos estaba la norma invocada para emitir el
acuerdo de constituir una autorización para la creación de una sobretasa […]”.

129. De este modo, la Sala advierte que no existe identidad de objeto entre este
proceso y el expediente 2005-01502-00 de nulidad simple, comoquiera que en esa
demanda las pretensiones estaban referidas a la nulidad de los actos de contenido
general y abstracto, de modo que no fueron demandados los mismos actos

79
Folio 283 del cuaderno núm. 1

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administrativos que se discuten en el presente asunto. Asimismo, la Sala observa
que la parte demandada en los dos procesos es distinta (Municipio de Sincelejo -
IMRA) y los 3 cargos de nulidad formulados en este asunto no coinciden con los
presentados en el proceso 2005-01502-00.

130. Por último, la parte demandada en el recurso de apelación señaló que en
fallos de 16 de agosto de 2014, proferido por el Tribunal Administrativo de Sucre en
un caso similar al aquí discutido se resolvió denegar las pretensiones, dado que se
pretendía ejercer control de legalidad sobre asuntos que fueron debidamente
debatidos y en las que no prosperaron las pretensiones de la demanda
confirmando el principio de la cosa juzgada.

131. Sobre el particular, la parte demandada afirmó en el recurso de apelación
que anexó las decisiones de 16 de agosto de 2014, sin embargo, verificado el
expediente y el informe secretarial de 15 de septiembre de 201780 no se evidencia
que se hayan allegados tales decisiones judiciales, lo que impide su análisis.

132. Comoquiera que las anteriores son las cuestiones centrales del recurso de
apelación, la Sala encuentra que la decisión acusada se ajusta a la normativa
aquí analizada, luego la sentencia apelada será confirmada por las razones
expuestas, como en efecto se dispone en la parte resolutiva de esta providencia.

Conclusión de la Sala

133. En suma, la Sala considera que los argumentos expuestos por la parte
demandada en el recurso de apelación no están llamados a prosperar, por cuanto
en el caso sub examine se desvirtuó la presunción de legalidad del acto acusado.
Por lo tanto, la Sala confirmará la sentencia proferida, en primera instancia.

Condena en costas

80
Folio 361 del cuaderno núm.1.

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134. La Sala considera que no hay lugar a condenar en costas en segunda
instancia en razón a que el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo
establece que, en los juicios que se adelanten ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo esta condena procederá “[…] teniendo en cuenta la
conducta asumida por las partes […]”, es decir, corresponde al juzgador valorar el
comportamiento de las partes, dentro del marco de su arbitrio juris.

135. Bajo ese panorama, a juicio de la Sala, el comportamiento de la parte
demandada no estuvo precedido de la mala fe ni de la intención de entorpecer el
proceso, en atención a que, aunque resultó vencida en juicio, ello no conlleva
automáticamente la condena en costas, comoquiera que la actuación se enmarcó
en los principios y obligaciones que gobiernan la actividad judicial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley

III RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida, en primera instancia, por el
Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Escritural, de 27 de julio de 2017, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de
origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.

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ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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