Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2011-02192-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Auxilio de cesantía: finalidad
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2011-02192-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 70001-23-33-000-2011-02192-01
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez
26 de abril de 2018
AUXILIO DE CESANTÍA – Finalidad
El auxilio de cesantía es una prestación social de creación legal que debe pagar el empleador al trabajador por los servicios prestados en el evento en que llegare a quedar cesante, con la finalidad de que atienda sus necesidades básicas (cesantías definitivas); o durante la vigencia del vínculo laboral (cesantías parciales), siempre que se cumplan determinados requisitos para su reconocimiento relacionados con educación, mejoramiento o compra de vivienda
RÉGIMEN DE RETROACTIVO DE CESANTÍAS - Características
El régimen retroactivo tiene las siguientes características: i) Destinatarios: servidores públicos vinculados con anterioridad al 31 de diciembre de 1996 y que no manifiesten su renuncia expresa al régimen para trasladarse al anualizado; ii) Liquidación: Con base en el último sueldo devengado por el servidor público para la liquidación, reconocimiento y pago del auxilio de cesantía; iii) Intereses: No los contempló.
RÉGIMEN ANUALIZADO DE CESANTÍAS – Características:
régimen anualizado tiene las siguientes características: i) Destinatarios: Servidores públicos del nivel territorial vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados administradores de cesantías; ii) Liquidación: Cada 31 de diciembre, por la anualidad o por la fracción correspondiente, diferente a la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo; iii) Intereses: Legales del 12% anual o proporcionales por fracción;iv) Sanción moratoria: Un día de salario por cada día de retardo cuando el empleador no consigne el valor liquidado antes del 15 de febrero de cada año.
CESANTÍAS DOCENTES - Regulación / RÉGIMEN RETROACTIVO DE CESANTÍAS –Aplicación / RÉGIMEN ANUALIZADO DE CESANTÍAS – Aplicación / PRINCIPIO DE IGUALDAD – No vulneración
Docentes nacionalizados, antes territoriales, vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, quienes mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.(...)2) Docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1º de enero de 1990, sin hacer distinción entre nacionales o nacionalizados, se les aplicará las disposiciones vigentes para los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, esto es, la Ley 344 de 1996 que sin perjuicio de lo previsto en la Ley 91 de 1989 consagró un sistema anualizado. (…) la sola existencia de diversos regímenes laborales y prestacionales no viola per se el derecho a la igualdad, ello en atención a las características peculiares de cada uno de ellos, por lo que la comparación entre estos regímenes distintos no resulta conducente porque se partiría de supuestos de hecho que no son idénticos, lo que imposibilita el juicio o test de igualdad NOTA DE RELATORÍA: Corte en la sentencia C-313 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis
CESANTÍAS DOCENTES / INTERESES A LAS CESANTÍAS – Improcedencia
No hay lugar al reconocimiento de los intereses de las cesantías del 12% anual solicitado por el actor, tal como se consideró en precedencia, pues ello está contemplado para el sistema de liquidación de cesantías de los servidores públicos del nivel territorial vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías creados por la Ley 50 de 1990; a contrario sensu del actor, quien de acuerdo al régimen previsto en el artículo 13 de Ley 344 de 1996 en concordancia con la Ley 91 de 1989, tiene derecho al pago de un interés anual sobre el saldo de sus cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, equivalente a la suma que resulte de aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Financiera haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período.
SANCIÓN MORATORIA DOCENTE - Improcedencia para los vinculados a partir del 1 de enero de 1990
Para el caso de la sanción moratoria que está regulada en el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, esta se causa por el incumplimiento en la consignación antes del 15 de febrero de cada año, en la cuenta individual a nombre del trabajador y en el fondo de cesantía que el mismo elija, la cual como se expuso no fue contemplada para los empleados públicos del orden nacional, cuyas normas regulan a los docentes vinculados a partir del 1 enero de 1990
FUENTE FORMAL: LEY 6 DE 1945 / DECRETO 2567 DE 1946 / DECRETO 1160 DE 1947 / LEY 344 DE 1996 / DECRETO 1582 DE 1998 / LEY 43 DE 1975 / LEY 91 DE 1989 / LEY 115 DE 1994 / LEY 60 DE 1993 / LEY 50 DE 1990
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá D.C., veintiséis (26) de abril de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 70001-23-33-000-2011-02192-01(2847-14)
Actor: RAFAEL DE LOS REYES TUIRAN OVIEDO
Demandado: MUNICIPIO DE SINCELEJO
Asunto: Confirma sentencia que negó las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA – DECRETO 01 DE 1984
_____________________________________________________________
ASUNTO
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 10 de abril de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre – Sala Cuarta de Descongestión que negó las pretensiones de reconocimiento y pago de cesantías e intereses y sanción moratoria del régimen anualizado.
ANTECEDENTES
2.1. La demanda
2. El señor Rafael de los Reyes Tuiran Oviedo, a través apoderado judicial legalmente constituido, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho demandó al municipio de Sincelejo.
2.1.1 Pretensiones
a. Declarar la nulidad del Oficio 1.8.0002.01.2011 del 6 de enero de 2011 expedido por la secretaria de educación municipal de Sincelejo, que negó el reconocimiento de las cesantías e intereses del 12% anual, desde el momento de su vinculación hasta la fecha en que se empezó a efectuar los aportes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la sanción moratoria equivalente a un día de salario por cada día de retardo en la consignación a los fondos administradores de la prestación social.
b. Declarar la nulidad del Oficio 1.8.0167.02.2011 del 21 de febrero de 2011 y Resolución 1045 del 6 de abril de 2011, por las cuales la secretaria de educación y el alcalde municipal de Sincelejo (E), respectivamente, al resolver los recursos de reposición y apelación confirmaron en todas sus partes la decisión.
c. En consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, condenar a la entidad demandada al reconocimiento de las cesantías causadas desde que ingresó a laborar con el municipio de Sincelejo, es decir, el 2 de mayo de 1995 hasta el 2005 cuando se efectuó la afiliación al FOMAG, e igualmente, de los intereses y la sanción moratoria por no consignar de manera oportuna la prestación social a los fondos administradores.
Las anteriores pretensiones se sustentan en los siguientes hechos relevantes que se extraen de la demanda y de los documentos aportados con esta:
2.2. Fundamentos fácticos
a. El demandante manifestó que fue vinculado al servicio docente del municipio de Sincelejo mediante Decreto 133 del 2 de mayo de 1995, del cual tomó posesión el 4 de mayo de la misma anualidad, y desde ésa fecha hasta el 2005, el nominador no efectuó las consignaciones correspondientes a cesantías e intereses de las mismas a ningún fondo administrador, pues solo hasta la mencionada anualidad, cuando la entidad territorial celebró un convenio con el FOMAG, empezó a realizar los aportes legales, sin que el período comprendido entre su ingresó al municipio demandado hasta el 2005 haya sido consignado o cancelado directamente al actor.
b. Adujo que en el 2008 se suscribió el acuerdo de pago 0005 entre el municipio de Sincelejo y la Fiduprevisora S.A., en el que la entidad territorial se comprometió a efectuar el pago de las cesantías e intereses adeudados a los docentes territoriales en el plazo de 10 años.
c. Señaló que por el período adeudado, la entidad territorial demandada está obligada a aplicarle el sistema retroactivo, esto es, liquidar la prestación social con base en los últimos factores salariales percibidos, o aplicar lo establecido en la Ley 50 de 1990, y en tal virtud, cancelar un día de salario por cada día de retardo en el incumplimiento de la consignación de los emolumentos debidos.
2.3. Normas violadas y concepto de violación.
3. Invocó como normas desconocidas las siguientes disposiciones: artículos 2, 6, 25, 29, 53, inciso 2° del 123 y 125 de la Constitución Política; artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; Ley 50 de 1990; Decretos 1042 de 1978, 1045 de 1978 y 3752 de 2003.
4. Señaló que los actos administrativos acusados desconocieron la normatividad citada, por cuanto la Ley 91 de 1989 previó que los docentes nacionalizados nombrados antes del 31 de diciembre de 1989 tienen derecho a que les reconozcan las cesantías bajo el sistema retroactivo; a diferencia de los que se vincularon a partir del 1º de enero de 1990 y los nacionales que ingresaron con anterioridad a dicha fecha pero solo con respecto a los emolumentos causados a partir de tal fecha, son beneficiarios del régimen anualizado.
5. Así, dado que la citada ley no hizo alusión alguna a los docentes territoriales, se establece que de ninguna manera modificó el sistema de liquidación de cesantías establecidos en las entidades departamentales, distritales y municipales, razón por la cual, se encuentran excluidos de la aplicación de la Ley 91 de 1989, y en tal virtud, se equiparan a los empleados públicos del nivel territorial, respecto de los cuales el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 creó el régimen anualizado.
6. Por ende, a los maestros del nivel territorial vinculados con anterioridad al 31 de diciembre de 1996 y que no se hayan trasladado al nuevo sistema anualizado extensivo a los servidores públicos afiliados a los fondos privados administradores de cesantías creados por la Ley 50 de 1990, tienen derecho al reconocimiento de sus cesantías con retroactividad.
2.4. Parte demandada.
7. El municipio de Sincelejo no contestó la demanda.
2.5. Sentencia de primera instancia
8. El Tribunal Administrativo de Sucre a través de sentencia de 10 de abril de 2014, expuso el sistema de liquidación creado con la Ley 91 de 1989, en virtud de la cual se creó el FOMAG con el fin de atender el pago de las prestaciones sociales de los docentes nacionales o nacionalizados que se encontraran afiliados a la fecha de su promulgación y con posterioridad a ella, cuyo reconocimiento es competencia de la Nación a través del Ministerio de Educación Nacional, competencia que a su vez fue delegada a las entidades territoriales.
9. El a quo argumentó que en virtud de lo dispuesto por el Decreto reglamentario 3752 de 2003, solo a partir de la vinculación al FOMAG es que el mismo se encuentra llamado a responder por el valor de los emolumentos que se causen, y en todo caso respetando el régimen prestacional aplicable al docente del orden territorial, por cuanto el régimen de liquidación previsto en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 solo cobija a los docentes que se vinculen al fondo a partir de 1990, y teniendo en cuenta que si bien los entes territoriales asumen la obligación de cubrir el valor por concepto de las prestaciones sociales causadas con anterioridad a la incorporación, la responsabilidad en el reconocimiento y pago recae sobre el FOMAG.
10. Por lo anterior, el tribunal consideró que para el caso concreto, en virtud de la fecha de vinculación del actor al municipio de Sincelejo (2 de mayo de 1995), el régimen de liquidación aplicable era el tradicional o retroactivo, en el que las cesantías se reconocen a la finalización de la relación laboral entre la administración y el funcionario, caso en el cual es definitiva, o en el evento en que se configuren los supuestos para su otorgamiento parcial, que obedece a razones distintas a las alegadas por el actor, razón suficiente para negar la pretensión referida al pago directo de las mismas.
11. Señaló que si bien se demanda al municipio de Sincelejo a fin de obtener el reconocimiento y pago de las cesantías, debido a que desde el 2004 se encuentra afiliado al FOMAG se configuró una falta de legitimación en la causa por pasiva, por ser la entidad que administra sus prestaciones sociales, toda vez que el convenio celebrado entre el ente territorial y la Fiduprevisora S.A. en representación del fondo, en nada modifica las obligaciones laborales adquiridas, pues dicho acuerdo no constituye reconocimiento de deudas y su incumplimiento no genera responsabilidad alguna del municipio respecto de los afiliados al administrador de cesantías, pues este último tiene los medios idóneos para el recaudo de los dineros pertenecientes al pasivo prestacional de los docentes.
12. Frente al reconocimiento de los intereses a las cesantías, manifestó que no hay lugar al pago toda vez que al docente se le aplica el régimen de liquidación tradicional o retroactivo, el cual no contempla lo pretendido por el actor, así como tampoco lo previsto en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, en atención al régimen prestacional que lo cobija por tratarse de un empleado del sector territorial, y en razón a ello, negó igualmente el reconocimiento de la sanción moratoria.
13. Por lo expuesto, el tribunal negó las pretensiones de la demanda, bajo el argumento de que encontró acreditada su condición de docente del orden territorial, por lo que es beneficiario del sistema retroactivo de cesantías, por ende, no le asiste el derecho al pago de las cesantías por el período comprendido desde 1995 a 2005 y tampoco el reconocimiento de intereses del 12% anual, así como la sanción moratoria, por cuanto ello fue contemplado para el sistema anualizado de liquidación.
2.6. El recurso de apelación
14. El apoderado judicial del demandante interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, con el propósito de que sea revocado y en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda, bajo el argumento que se encuentra acreditada la vinculación en propiedad en el cargo de docente municipal desde el 4 de mayo de 1995, y que a partir de allí hasta la fecha de afiliación al FOMAG, el municipio de Sincelejo no efectuó ninguna consignación o pago correspondiente a las cesantías y sus intereses, situación que demuestra la mala fe por parte del empleador, máxime cuando en el evento en que solicitara el retiro parcial de dicha prestación social, se encontraría con la sorpresa de que únicamente se han efectuado los aportes correspondientes desde el 2005.
15. Manifestó que en virtud de lo anterior, se suscribió el Convenio 005 de 2008, cuyo incumplimiento por parte de la entidad territorial se demostró igualmente dentro del proceso, y con ello, el retardo en que ha incurrido la administración municipal. Por consiguiente, el actor tiene derecho al reconocimiento de las cesantías y los intereses adeudados por el período en que laboró como docente municipal, situación que generó de manera correlativa intereses moratorios desde el incumplimiento del deber legal del empleador y la sanción moratoria solicitada inicialmente en la demanda.
16. Alegó su desacuerdo frente a la existencia de la falta de legitimación en la causa por pasiva señalada por el a quo en el fallo controvertido, toda vez que pese a la incorporación al FOMAG, el período respecto del cual no se ha realizado la consignación es el causado desde la fecha de vinculación al municipio hasta el 2005, razón por la cual, el municipio de Sincelejo es la entidad que debe comparecer al litigio, dado que su obligación laboral respecto del demandante, aun se encuentra en mora.
III.- CONSIDERACIONES
17. Agotado el trámite legal del proceso ordinario dentro del presente asunto, encontrándose en la oportunidad para decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida en primera instancia y sin que se evidencien vicios que acarreen nulidades y requieran el ejercicio de control de legalidad por parte del órgano judicial, se procederá a plantear el siguiente:
3.1 Problema jurídico.-
De acuerdo con los cargos formulados en el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, le corresponde a la Sala:
18. Establecer si el demandante en su calidad de docente vinculado al sector oficial a partir de 1995, es beneficiario del sistema anualizado de cesantías que regula a los servidores públicos del nivel territorial, y en tal virtud le asiste el derecho al reconocimiento y pago de las cesantías, los intereses, a la sanción moratoria y los intereses moratorios por el incumplimiento frente a la consignación de la aludida prestación social desde la vinculación a la afiliación al FOMAG.
19. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala abordará el siguiente estudio: (i) Marco legal del auxilio de cesantías en el sector público; (ii) Del régimen de cesantías de los docentes y el proceso de descentralización de la educación; (iii) Antecedentes jurisprudenciales frente a improcedencia de aplicar un test de igualdad respecto de regímenes de cesantías diversos y el principio de favorabilidad; y (iv) Solución del caso.
3.2 Marco legal del auxilio de cesantías en el sector público.
20. El auxilio de cesantía es una prestación social de creación legal que debe pagar el empleador al trabajador por los servicios prestados en el evento en que llegare a quedar cesante, con la finalidad de que atienda sus necesidades básicas (cesantías definitivas); o durante la vigencia del vínculo laboral (cesantías parciales), siempre que se cumplan determinados requisitos para su reconocimiento relacionados con educación, mejoramiento o compra de vivienda.
21. En lo concerniente a la liquidación de esta prestación social, el legislador previó diversos sistemas cuyas disposiciones y características se describen a continuación:
i) Régimen retroactivo.
22. Se encuentra previsto en la Ley 6 de 1945 «Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo», la cual en su artículo 17 creó el auxilio de cesantías como una prestación social de los empleados y obreros del orden nacional de carácter permanente quienes gozarían de esta prestación social en los siguientes términos:
«a) Auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio. Para la liquidación de este auxilio solamente se tendrá en cuenta el tiempo de servicios prestados con posterioridad al 1 de enero de 1942.»
23. La Ley 65 del 20 de diciembre de 1946 «Por la cual se modifican las disposiciones sobre cesantía y jubilación y se dictan otras», extendió dicho beneficio a los trabajadores del orden territorial y a los particulares, cuando previó en el parágrafo del artículo 1º, la siguiente disposición:
«Artículo 1º.- Los asalariados de carácter permanente, al servicio de la Nación en cualquiera de las ramas del Poder Público, hállense o no escalafonados en la carrera administrativa, tendrán derecho al auxilio de cesantía por todo el tiempo trabajado continua o discontinuamente, a partir del 1º de enero de 1942 en adelante, cualquiera que sea la causa del retiro.
Parágrafo.- Extiéndese este beneficio a los trabajadores de los departamentos, intendencias y comisarías y municipios en los términos del artículo 22 de la Ley 6 de 1945, y a los trabajadores particulares”. (Se resalta).
24. En el artículo 2º ibidem se consagró la forma de liquidación de cesantías de los asalariados nacionales, departamentales, intendenciales, comisariales, municipales y particulares. Así, para su cómputo se tiene en cuenta no solo el salario fijo sino lo que se perciba a cualquier otro título y que implique directa o indirectamente retribución ordinaria y permanente de servicios, tales como la prima móvil, las bonificaciones y se aplican las reglas del Decreto 2567 de 1946 que en su parte pertinente estableció:
“Artículo 1º.- El auxilio de cesantía a que tengan derecho los empleados y obreros al servicio de la Nación, los Departamentos y los Municipios, se liquidará de conformidad con el último sueldo o jornal devengado, a menos que el sueldo o jornal haya tenido modificaciones en los tres últimos meses, en cuyo caso la liquidación se hará por el promedio de lo devengado en los últimos doce meses, o en todo el tiempo de servicio, si este fuere menor de doce meses.
Parágrafo. Las liquidaciones de cesantía efectuadas con anterioridad a la vigencia del presente Decreto, cuando se hayan hecho con sujeción a disposiciones legales o reglamentarias, entonces vigentes, no darán lugar a reclamación alguna contra tales entidades, instituciones o empresas oficiales.” (Se destaca)
25. El Decreto 1160 de 28 de marzo de 1947 «Sobre auxilio de cesantía» , en su artículo 1º reiteró el precepto normativo consagrado en la Ley 65 de 1945 relativo a hacer extensivo este derecho a empleados del orden territorial y en el artículo 6º señaló que la base para su liquidación lo constituye el último sueldo o el promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo de servicios (si fuere menor de 12 meses), en caso de que la remuneración haya variado en los 3 últimos meses, así:
«Artículo 1º.- Los empleados y obreros al servicio de la Nación en cualquiera de las ramas del Poder Público, hállense o no escalafonados en la carrera administrativa, tienen derecho a un mes de sueldo por cada año de servicios continuos o discontinuos, y proporcionalmente por las fracciones de año, cualquiera que sea la causa de su retiro y a partir del 1 de enero de 1942.
[…]
Artículo 6º.- De conformidad con lo dispuesto por el Decreto 2567 de 31 de agosto de 1946, para liquidar el auxilio de cesantía a que tengan derecho los asalariados nacionales, departamentales, intendenciales, comisariales, municipales y particulares, se tomará como base el último sueldo o jornal devengado, a menos que el sueldo o jornal haya tenido modificaciones en los tres últimos meses, en cuyo caso la liquidación se hará por el promedio de lo devengado en los últimos doce (12) meses o en todo el tiempo de servicio, si éste fuere menor de doce (12) meses.
Parágrafo 1º.- Además, el cómputo se hará teniendo en cuenta no solo el salario fijo, sino todo lo que reciba el trabajador a cualquier otro título y que implique directa o indirectamente retribución ordinaria y permanente de servicios, tales como las primas, sobresueldos y bonificaciones; pero no las sumas que ocasionalmente se den por mera liberalidad del patrono.
Es entendido que en el caso de que el trabajador haya recibido primas o bonificaciones que no tengan el carácter de mensuales, el promedio de la remuneración se obtendrá dividiendo el monto de dichas primas percibidas en el último año de servicio, por doce (12), y sumando tal promedio a la última remuneración fija mensual. […]»
26. Así las cosas, se concluye que el régimen retroactivo tiene las siguientes características:
i) Destinatarios: servidores públicos vinculados con anterioridad al 31 de diciembre de 1996 y que no manifiesten su renuncia expresa al régimen para trasladarse al anualizado;
ii) Liquidación: Con base en el último sueldo devengado por el servidor público para la liquidación, reconocimiento y pago del auxilio de cesantía;
iii) Intereses: No los contempló.
ii) Sistema anualizado de cesantías.
27. La Ley 344 de 1996 «Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones» en el artículo 13 estableció la liquidación anual del auxilio de cesantías a todas las personas que se vinculen a los órganos y entidades del Estado (Ramas Legislativa y Ejecutiva), a partir de su entrada en rigor, esto es, el 31 de diciembre de 1996. Dice la norma:
«[…] Artículo 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo.»
28. El Decreto 1582 de 1998 por medio del cual el Presidente de la República reglamentó parcialmente el artículo 13 de la Ley 344 de 1996, extendió el régimen de liquidación de cesantías anualizado a los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, en los siguientes términos:
«Artículo 1º.- El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.
Parágrafo.- Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de retroactividad se afilien al Fondo Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo 6 de la Ley 432 de 1998.» (Negrillas y subrayas fuera del texto original).
29. El nuevo sistema contemplado en los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990, señalados expresamente por el Decreto reglamentario 1582 de 1998, previó la liquidación del auxilio anual (31 de diciembre) definitiva de cesantía por la anualidad o fracción correspondiente al año anterior, la consignación del valor correspondiente antes del 15 de febrero de cada año en el fondo privado seleccionado por el empleado y la sanción por mora a razón de un día de salario por cada día de retardo a cargo del empleador en el evento en que incumpla la obligación. Dice la norma:
«Artículo 99º.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características:
1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.”
3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que él mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada día de retardo.
[…]
Artículo 102º.- El trabajador afiliado a un Fondo de Cesantía sólo podrá retirar las sumas abonadas en su cuenta en los siguientes casos:
Cuando termine el contrato de trabajo. En este evento la Sociedad Administradora entregará al trabajador las sumas a su favor dentro de los cinco (5) días siguientes a la presentación de la solicitud.
En los eventos en que la legislación vigente autoriza la liquidación y pago de cesantía durante la vigencia del contrato de trabajo. El valor de la liquidación respectiva se descontará del saldo del trabajador desde la fecha de la entrega efectiva.
Para financiar los pagos por concepto de matrículas del trabajador, su cónyuge, compañera o compañero permanente y sus hijos, en entidades de educación superior reconocidas por el Estado. En tal caso el Fondo girará directamente a la entidad educativa y descontará el anticipo del saldo del trabajador, desde la fecha de la entrega efectiva.
[…]
Artículo 104º.- De las liquidaciones de cesantía que se efectúen el 31 de diciembre de cada año el empleador deberá entregar al trabajador un certificado sobre su cuantía.
La Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía podrá presentar al trabajador en las acciones que se adelanten con motivo del incumplimiento del empleador en la liquidación o pago del auxilio de cesantía.
En los eventos en que el empleador esté autorizado para retener o abonar a préstamos o pignoraciones el pago de auxilio de cesantía, podrá solicitar a la Sociedad Administradora la retención correspondiente y la realización del procedimiento que señalen las disposiciones laborales sobre el particular.
Los préstamos de vivienda que el empleador otorgue al trabajador podrán ser garantizados con la pignoración del saldo que este último tuviere en el respectivo fondo de cesantía, sin que el valor de la garantía exceda al del préstamo. […]».
30. De la norma transcrita, se establece que el régimen anualizado tiene las siguientes características:
i) Destinatarios: Servidores públicos del nivel territorial vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados administradores de cesantías;
ii) Liquidación: Cada 31 de diciembre, por la anualidad o por la fracción correspondiente, diferente a la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo;
iii) Intereses: Legales del 12% anual o proporcionales por fracción;
iv) Sanción moratoria: Un día de salario por cada día de retardo cuando el empleador no consigne el valor liquidado antes del 15 de febrero de cada año.
3.3 Del régimen de cesantías de los docentes y el proceso de descentralización de la educación.
37. La Ley 43 de 1975 «por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones», implementó un proceso de nacionalización de la educación estatal, el cual tenía como propósito trasladar gradualmente a la Nación la totalidad de los costos de la prestación de dicho servicio, entre los que estaban comprendidos los salarios y las prestaciones sociales de los docentes
38. Posteriormente, la Ley 91 de 1989 «por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio», diferenció las categorías en que se agruparían los docentes afiliados al fondo, con el fin de establecer los trámites y las disposiciones que les serán aplicables de conformidad a su fecha de vinculación. Al efecto, consagró que los docentes oficiales se agruparían así:
(i) en el personal nacional, el cual reúne a los docentes nombrados por el Gobierno Nacional;
(ii) el nacionalizado, cuyo ingreso se efectúa mediante nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esa fecha de conformidad con lo previsto en la Ley 43 de 1975; y
(iii) el personal territorial, en el cual se encuentran los docentes por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la mencionada ley, relativo a la creación de nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria.
39. Así mismo, en el parágrafo del artículo 2.º ibidem previó cómo se reconocerían y pagarían las prestaciones sociales causadas hasta la fecha de promulgación de la citada ley, así:
«[…] Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha de promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de conformidad con las normas prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho personal.
Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y pagando de conformidad con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento de entrar en vigencia la Ley 43 de 1975 […]»
40. Como se expuso, creó el FOMAG como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, para atender el pago de las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se encontraran vinculados a la fecha de la promulgación de la ley, con observancia del régimen ya señalado y de los que ingresaran con posterioridad a ella. Dice la disposición:
«[…] A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.
Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley […]».
41. La citada ley determinó las fuentes de donde provendrán los recursos para que el fondo desarrolle sus funciones; la prohibición de destinarlos para asuntos diferentes al pago de las prestaciones del Magisterio y lo que tiene que ver con los procedimientos para la realización de convenios con las entidades territoriales para el cumplimiento de sus funciones y objetivos, en los artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14.
42. En lo relativo a las cesantías del personal docente, el numeral 3 del artículo señalado, previó la siguiente disposición:
«3.- Cesantías:
Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.
Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional».
43. De la norma transcrita, se concluye que respecto de los docentes oficiales, la ley regula 2 situaciones en el tiempo atendiendo la naturaleza de su vinculación:
1) Docentes nacionalizados, antes territoriales, vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, quienes mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.
44. Lo anterior, debido a que los entes territoriales con anterioridad al proceso de nacionalización de la educación ordenado por la Ley 43 de 1975, regularon de distinta manera el asunto atinente a los salarios y prestaciones sociales de los docentes oficiales, por lo que en varios departamentos y municipios, antes de la expedición de dicha norma, los maestros oficiales devengaban emolumentos adicionales a los mínimos legales, lo cual responde a la voluntad o intención del legislador de garantizar el respeto por los derechos adquiridos de los docentes nacionalizados que venían devengando emolumentos salariales y prestacionales adicionales a los mínimos legales, reconocidos por normas territoriales.
2) Docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1º de enero de 1990, sin hacer distinción entre nacionales o nacionalizados, se les aplicará las disposiciones vigentes para los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, esto es, la Ley 344 de 1996 que sin perjuicio de lo previsto en la Ley 91 de 1989 consagró un sistema anualizado, así:
«Artículo 13º.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo;»
45. Así, en virtud de lo dispuesto por la citada Ley 344 de 1996 y la Ley 91 de 1989, aquellos docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1990, se regularán por las normas de los empleados públicos del orden nacional, cuyo sistema de liquidación reviste las siguientes características:
i) Destinatarios: Docentes (nacionales o nacionalizados) vinculados desde el 1º de enero de 1990);
ii) Liquidación: El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación, equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año;
iii) Intereses: Anual sobre el valor acumulado de la cesantía al 31 de diciembre de cada año, más la tasa de interés que de acuerdo con la certificación de la Superintendencia Financiera, haya sido la comercial promedio efectiva de captación del sistema financiero durante el mismo período.
46. Con posterioridad, en armonía con el desarrollo del concepto de educación como función pública y como elemento determinante en el cumplimiento de los fines del Estado establecidos en la Constitución Política de 1991, se expidió la Ley 60 de 1993 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones», se creó el situado fiscal que sería destinado a la educación y se definieron los porcentajes de participación cedidos por la Nación a los entes territoriales, el cual sería administrado bajo la responsabilidad de los departamentos y distritos.
47. En tal sentido, el Estado en ejercicio de la división y organización administrativa descentralizó la educación primaria y secundaria que se había nacionalizado a través de la Ley 43 de 1975, y distribuyó de manera diferente las competencias de los servicios educativos entre la Nación y los entes territoriales y se otorgaron los recursos necesarios –bienes y personal-, a los departamentos, distritos y municipios certificados para el ejercicio de la actividad docente.
48. El artículo 6 de la Ley 60 de 1993, señaló que el régimen prestacional aplicable a los docentes nacionales o nacionalizados que se incorporaran a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y los de las nuevas vinculaciones, sería el reconocido por la Ley 91 de 1989, en los siguientes términos:
«El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualesquiera otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial. Las sumas por concepto de provisiones y aportes para la atención del pago de las prestaciones del personal docente del orden territorial, a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, serán giradas al mismo por las entidades territoriales, de conformidad con las disposiciones de la presente ley. El valor actuarial del pasivo prestacional de las entidades territoriales, que deberán trasladar al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, se determinará, para estos efectos, con base en la liquidación que se realice con cada una de ellas, y será financiado con sus propios recursos.» (Se resalta)
49. En desarrollo de los principios constitucionales sobre el derecho a la educación, fue proferida la Ley 115 de 1994 «Por la cual se expide la ley general de educación», a través de la cual se definió el término educación como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, e igualmente, en cuanto al régimen especial de los educadores estatales indicó en el artículo 115 que era el que allí se señalaba y el previsto en las Leyes 91 de 1989 y 60 de 1993.
50. La obligación de incorporar a los docentes departamentales, distritales y municipales financiados con recursos propios de las entidades territoriales al FOMAG surgió con el Decreto 196 de 1995 «por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo 176 de la Ley 115 de 1994», el cual, en los artículos 5 y 7 estableció que se debía respetar el régimen prestacional que tuvieran los docentes al momento de su vinculación y respecto de los emolumentos causados con anterioridad a la incorporación al señalado fondo, determinó la responsabilidad directa de la respectiva entidad territorial o de la caja de previsión o entidad ante la cual se efectuaron los aportes, tal como se transcribe a continuación:
«Artículo 5º.- Los docentes departamentales distritales y municipales financiados con recursos propios de las entidades territoriales que estén vinculados a la fecha de vigencia del presente Decreto, serán incorporados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, […]. A estos docentes se les respetará el régimen prestacional que tengan al momento de la incorporación y no se les podrá imponer renuncias o exclusiones a riesgos asumidos por la ley y las entidades antecesoras, las cuales reconocerán su respectivo valor en los convenios interadministrativos a que se refiere el artículo 9 del presente Decreto.
Artículo 7º.- Prestaciones causadas. El pago de las prestaciones sociales de los docentes departamentales, distritales y municipales vinculados con recursos propios de las entidades territoriales que, en los términos de definición contenida en el artículo 2 del presente Decreto se hayan causado antes de su incorporación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, así como sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones, son de responsabilidad directa de las entidades territoriales o de las cajas de previsión o entidades que hagan sus veces, en donde se hayan efectuado los correspondientes aportes.»
51. Ahora bien, mediante el Acto Legislativo 01 de 2001, se creó el Sistema General de Participaciones de los entes territoriales y en desarrollo del mismo, se expidió la Ley 715 de 2001 «Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.» que entró en vigor el 21 de diciembre de la misma anualidad, en virtud de la cual, se derogó en su integridad la Ley 60 de 1993, y a diferencia de la anterior disposición que fijó un porcentaje de recursos que luego se prorrateaba entre los departamentos y distritos para después ser distribuido en los diferentes sectores -educación y salud-, con la nueva norma, primero se estableció un porcentaje de recursos para cada uno de los sectores que posteriormente se repartiría entre los municipios, distritos y departamentos.
52. Así, se continuó con el proceso de descentralización territorial de la educación, pues adicional a ello, se distribuyeron nuevamente las competencias entre la Nación y las entidades territoriales para ejercer la prestación del servicio en sus niveles preescolar, básico y medio, en el área urbana y rural, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6 y 7 de la Ley 715 de 2001, mediante los cuales se entregó a los departamentos, a los distritos y a los municipios certificados, la planeación, dirección y prestación directa del servicio educativo en condiciones de equidad, eficiencia y calidad.
3.4 Antecedentes jurisprudenciales frente a improcedencia de aplicar un test de igualdad respecto de regímenes de cesantías diversos y el principio de favorabilidad.
53. La Corte Constitucional en diferentes oportunidades ha sostenido la improcedencia general del juicio o test de igualdad entre los diferentes regímenes salariales y prestacionales de los servidores públicos, esto en consideración a que no son equiparables y que responden a los requerimientos específicos del orden o entidad de que se traten, el grado de responsabilidad y calificación profesional requerida o, de las condiciones en que prestan sus servicios.
54. Este fue el asunto resuelto por la Corte en la sentencia C-313 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis, la cual desestimó el cargo por violación del derecho a la igualdad respecto a la aplicación del Decreto 1278 de 2002, «por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente», para el caso de determinados maestros oficiales, con exclusión de aquellos vinculados al amparo de un régimen anterior. En esa oportunidad, la Corte recopiló el precedente aplicable al asunto objeto de estudio y planteó los siguientes argumentos que, por su importancia en el asunto de la referencia, la Sala considera pertinente transcribir in extenso:
«En este orden de ideas la Corte ha aceptado que en materia laboral puedan existir regímenes jurídicos diferentes que regulen diversos aspectos de la relación de trabajo entre los trabajadores y los empleadores, sean estos oficiales o privados, sin que por ello, pueda considerarse que por esa sola circunstancia se viole el principio de igualdad.
Así, como lo ha señalado igualmente la Corporación, desde antiguo existen en el sector público, distintos estatutos especiales que establecen diversos regímenes salariales y prestacionales, que presentan en cada caso características peculiares y un sistema de auxilios y reconocimientos particulares.
Frente a esta situación la Corte ha precisado que la comparación entre diferentes regímenes respecto de prestaciones concretas, con el fin de establecer violaciones al principio de igualdad, no resulta conducente por partirse de supuestos de hecho que no son idénticos.
[…]
Así, dado que el juicio de igualdad debe partir del supuesto de una misma situación, y que éste supuesto no se presenta cuando diversos grupos especiales de servidores son regidos por sistemas de beneficios diferentes, la Corte ha concluido que no resulta posible establecer en esas circunstancias una vulneración del artículo 13 superior.
Ha de tenerse en cuenta además, como también ya lo ha señalado la Corte, que si cada régimen especial es mirado como un sistema particular de reconocimientos salariales y prestacionales, los beneficios particulares contemplados en él, no pueden ser examinados aisladamente, para enfrentarlos con otros sistemas también especiales.»
55. Resumiendo lo dicho por la jurisprudencia constitucional, la sola existencia de diversos regímenes laborales y prestacionales no viola per se el derecho a la igualdad, ello en atención a las características peculiares de cada uno de ellos, por lo que la comparación entre estos regímenes distintos no resulta conducente porque se partiría de supuestos de hecho que no son idénticos, lo que imposibilita el juicio o test de igualdad
56. En lo concerniente al principio denominado situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, la Corte Constitucional resumió su doctrina en la sentencia T-981 de 2012, en la que dijo:
«El principio de favorabilidad en materia laboral consagrado en los artículos 53 de la Constitución Política y 21 del Código Sustantivo del Trabajo, consiste en la obligación de todo operador jurídico, judicial o administrativo, de optar por la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes de derecho.
El principio opera (i) cuando existe controversia respecto de la aplicación de dos normas; y también, (ii) cuando existen escenarios en los cuales una norma admite diversas interpretaciones. A juicio de la Corte, “la favorabilidad opera, entonces, no sólo cuando existe conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, o entre dos normas de idéntica fuente, sino también cuando existe una sola norma que admite varias interpretaciones…”.
Profundizando en el último escenario propuesto, cuando una norma admite varias interpretaciones, ha dicho esta corporación que para la aplicación de la favorabilidad, deben presentarse, además, dos elementos a saber: (i) la duda seria y objetiva ante la necesidad de elegir entre dos o más interpretaciones, ello, en función de la razonalibidad argumentativa y solidez jurídica que una u otra interpretación tengan; y, (ii) la efectiva concurrencia de las interpretaciones en juego para el caso concreto, es decir, deben ser aplicables a los supuestos fácticos concretos de las disposiciones normativas en conflicto».
57. Descendiendo a la materia objeto de estudio, reitera la Sala que la interpretación del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 no ofrece duda seria y objetiva, pues, como se ha visto, los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional que establece un sistema anualizado, sin retroactividad y pago de intereses a sus beneficiarios.
3.5 Análisis del caso concreto.
58. En el sub judice, el a quo negó las pretensiones de la demanda al considerar que en virtud de la condición del demandante de docente del orden territorial, no le asiste el derecho al pago de sus cesantías por el período comprendido entre el 4 de mayo de 1995 al 2005, debido al régimen retroactivo del cual es beneficiario, cuya cancelación por la prestación social solo se efectúa a la terminación del vínculo laboral que para el caso del actor no ha acaecido, así como tampoco tiene derecho a los intereses del 12% anual y la sanción moratoria contemplada únicamente para el sistema anualizado de liquidación.
59. El apoderado judicial del demandante manifestó su desacuerdo frente a la decisión de primera instancia, al encontrarse acreditado el incumplimiento del municipio de Sincelejo del Convenio de pago 005 de 2008 celebrado con la Fiduprevisora con el fin de atender el pago de, entre otras obligaciones laborales, las cesantías que se le adeudan al demandante desde su vinculación como docente territorial hasta el 2005, situación que demuestra la mala fe por parte del empleador, máxime cuando en el evento en que solicitara el retiro parcial de dicha prestación social, se encontraría con la sorpresa de que únicamente se han efectuado los aportes correspondientes desde el 2005.
60. En tal sentido, la Sala analizará los elementos de prueba aportados al expediente en primera instancia, a efectos de determinar si se acreditaron los supuestos fácticos alegados por la parte apelante, así:
1) Con la demanda se aportó copia del Decreto 133 del 2 de mayo de 1995, por el cual el alcalde mayor y el secretario de educación municipal de Sincelejo, nombraron al demandante como maestro seccional de la Escuela La Pastora del municipio, cuya fecha de posesión fue el 4 de mayo de 1995, según lo manifestado por las partes.
2) En virtud de la prueba decretada por la Magistrada Ponente, a solicitud de la parte demandante, mediante auto del 11 de octubre de 2012, el secretario de educación y cultura municipal de Sincelejo allegó copia del Acuerdo de Pagos 005 del 2008, suscrito por el alcalde municipal de Sincelejo y la Fiduciaria La Previsora S.A., actuando en representación del FOMAG, con el fin de «viabilizar el pago de la deuda de los docentes afiliados al FOMAG.» cuyo plazo sería de 10 años, y corresponde a los siguientes conceptos:
« […] (i) la deuda del PASIVO PRESTACIONAL PRELIMINAR DE LOS DOCENTES NOMBRADOS Y A CARGO DEL ENTE TERRITORIAL, (ii) el valor correspondiente al valor del PASIVO PRESTACIONAL ESTIMADO por concepto de los 344 docentes afiliados al Fondo del Magisterio en los años 2005 y 2006, así como (iii) el pago de la deuda a cargo del MUNICIPIO DE SINCELEJO de las cuotas de inscripción e incrementos salariales a 31 de octubre de 2008, de conformidad con los siguientes aspectos y obligaciones:
a) MONTO DEL ACUERDO DE PAGOS: […] $45.007.375.478,49) discriminado de la siguiente manera:
[…]
Por concepto de PASIVO PRESTACIONAL ESTIMADO DE 344 educadores afiliados por el Decreto 3752 de 2003, la suma de […] ($39.088.129.902,14) […]»
En el mencionado acuerdo igualmente se pactó la tasa de interés de mora, así:
« TASA DE INTERÉS DE MORA: La tasa a cobrar por el municipio de Sincelejo, por concepto de intereses de mora, en el evento en que ésta incumpla con los compromisos aquí adquiridos, será el correspondiente a la tasa máxima certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para el efecto. Estos intereses moratorios se empezarán a causar al día siguiente a la fecha en que debió tener lugar cada uno de los pagos acordados.
Pero adicional a lo anterior, se señaló una cláusula aceleratoria y que dicho acuerdo presta mérito ejecutivo, en los siguientes términos:
« CLÁUSULA CUARTA: ACELERATORIA: La mora en el pago de una cualquiera de las cuotas pagadas a cargo del municipio de Sincelejo en el presente acuerdo de pago, bien por concepto de pasivo prestacional y sus correspondientes intereses corrientes y/o moratorios, y/o por sus intereses corrientes, o bien por ambos, dará derecho al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FIDUPREVISORA S.A. a declarar extinguido el plazo y hacer efectiva la totalidad de la obligación, […].
[…]
« CLÁUSULA SEXTA: MÉRITO EJECUTIVO: El presente Acuerdo de Pago presta mérito ejecutivo a favor del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio quien actúa a través de la Fiduprevisora S.A. por cualquier concepto que EL MUNICIPIO de SINCELEJO deje de cancelar y sólo bastará la mera afirmación del incumplimiento para iniciar el respectivo proceso ejecutivo.»
3) Frente al cumplimiento del anterior acuerdo, la Magistrada Ponente del Tribunal Administrativo del Sucre, decretó una prueba de oficio con el fin de que se informara si el municipio demandado había incumplido las obligaciones pactadas. Al respecto, la directora de Afiliaciones y Recaudos de la Fiduprevisora mediante Oficio 1717 del 5 de marzo de 2013, manifestó lo siguiente:
« - Cuota inicial que se cubriría con los recursos del FONPET, por la suma de $7.419.780.558,31.
• Quedando como saldo un valor de $37.587.594.920,18 (el cual se cancelaría en cuotas bimensuales a un plazo máximo de diez años), […]
En conclusión, el Acuerdo de Pago 005 de 2008 suscrito por el municipio de Sincelejo y la Fiduprevisora […] no se ha cumplido a cabalidad con lo estipulado en el mismo. De igual manera, […] es importante destacar que las cuotas que fueron pactadas no se han cumplido, teniendo a la fecha 24 cuotas no pagadas. […]»
4) En la lista del cálculo de pasivos prestacionales del municipio de Sincelejo, dentro del cual se encuentra acreditada la del actor, por concepto de cesantías la suma de $20.970.382.
5) Copia de la petición elevada ante el municipio de Sincelejo por el demandante, entre otros docentes, con fundamento en que no se le había consignado a ningún fondo administrador las cesantías causadas desde el 4 de mayo de 1995 hasta la fecha de afiliación al FOMAG, así como los intereses del 12% anual y la sanción moratoria.
6) La entidad demandada negó el reconocimiento y pago de lo solicitado, mediante el Oficio 1.8.0002.01.2011 del 6 de enero de 2011, expedido por la secretaria de educación municipal de Sincelejo, con base en los siguientes argumentos:
« […] El municipio del Sincelejo firmó el Acuerdo de Pago 005 celebrado entre el municipio de Sincelejo y La Fiduciaria La Previsora S.A. con el fin de cancelar las cesantías desde el momento de su vinculación.
[…] Los señores antes mencionados ya tramitaron el pago de sus cesantías parciales, donde algunas ya fueron canceladas y otras se encuentran en el respectivo trámite para su pago.
[…]Los señores […] RAFAEL DE LOS REYES TUIRAN OVIEDO a la fecha no han realizado trámite alguno para proceder al pago de las cesantías parciales a que tienen derecho desde el momento de su vinculación.
Cabe manifestarle que para proceder al pago de las cesantías parciales a los señores antes mencionados deben diligenciar un formulario que es entregado en la oficina de prestaciones sociales de la SEM, quien una vez diligenciado por parte del interesado el formulario ya referenciado, se encargará de realizar el proyecto de acto administrativo que reconoce y ordena el pago de las cesantías parciales, el cual será enviado a la Fiduprevisora para su respectivo estudio y en caso de aprobarse se expido el acto administrativo que será notificado al interesado.» (Negrillas del texto original)
En lo que respecta al pago de los intereses de cesantías, le informamos que el municipio de Sincelejo se encuentra realizando las liquidaciones respectivas para enviarlas a La Fiduciaria La Previsora S.A para que sea estudiada por dicha entidad y así proceder al pago. » (Se resalta)
7) El anterior acto fue confirmado por el Oficio 1.8.0167.02.2011 del 21 de febrero de 2011 y la Resolución 1045 del 6 de abril de 2011, por las cuales la secretaria de educación y el alcalde municipal de Sincelejo (E), respectivamente, con fundamento en los mismos razonamientos expuestos inicialmente.
61. De los elementos de prueba aportados en el expediente, se evidenció que el demandante fue vinculado como docente al servicio del municipio de Sincelejo mediante Decreto 133 del 2 de mayo de 1995, el cual pese a ser expedido por el alcalde mayor y el secretario de educación municipal, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, debido a su vinculación con posterioridad al 1 de enero de 1990, su nombramiento no se asimila al de un docente territorial, puesto que solo tenían dicha condición aquellos vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, quienes por mandato legal mantendrían el régimen prestacional que habían adquirido en cada entidad territorial, con anterioridad al proceso de nacionalización de la educación ordenado por la Ley 43 de 1975.
62. Así, respecto de los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1990, el numeral 1º del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, no estableció la distinción entre docentes territoriales o nacionalizados, sino que previó la aplicación de las disposiciones vigentes para los empleados públicos del orden nacional, por lo que contrario a lo señalado por el Tribunal de Sucre, el demandante no es beneficiario del régimen retroactivo de cesantías, sino que se encuentra regulado por mandato de la ley citada en antelación, por los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, y las normas que se expidieron posteriormente, esto es, la Ley 344 de 1996 que sin perjuicio de lo previsto en la Ley 91 de 1989 consagró un sistema anualizado de cesantías, sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de intereses.
63. Por lo anterior, no es posible equiparar el régimen de cesantías de estos docentes, entre los cuales se encuentra el demandante, a la de los demás empleados del régimen general territorial o a aquellos que conservaron esta condición con anterioridad a la Ley 91 de 1989, en tanto son beneficiarios de un sistema especial y en esa medida gozan de unas previsiones especiales en cuanto a ingreso, ascenso y prestaciones, en atención a la fecha de vinculación.
64. En un caso similar, la Sala homóloga de esta subsección en sentencia del 19 de octubre de 2017, manifestó que al personal docente incorporado o vinculado a las plantas de personal del servicio educativo departamental o municipal, se les aplica el régimen prestacional y salarial de los empleados públicos del orden nacional, es decir, un sistema anualizado de cesantías, sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de intereses, que no puede equipararse al general de aquellos del orden territorial o a aquellos que conservaron esta condición con anterioridad a la Ley 91 de 1989. Al respecto, señaló lo siguiente:
« […] El demandante formuló recurso de apelación, por considerar que por ser un docente vinculado con anterioridad a la expedición de la Ley 344 de 1996, tiene derecho a que las cesantías le sean liquidadas retroactivamente, el cual, fue resuelto de manera negativa a través del Oficio SAC 4608 de 27 de marzo de 2014, expedido por el secretario de Educación Municipal.
De lo anterior se colige, que a pesar de que el demandante fue nombrado por el gobernador del Departamento del Cesar como docente del municipio de Valledupar en el año de 1994, este nombramiento se realizó: i) con posterioridad al proceso de nacionalización desarrollado por la Ley 43 de 1975 «inició el 1.º de enero de 1976 y finalizó el 31 de diciembre de 1980»; ii) con las facultades legales otorgadas por el artículo 9.º de la Ley 29 de 1989 a los alcaldes y gobernadores para nombrar, trasladar, remover, controlar y, en general administrar el personal docente y administrativo de los establecimientos educativos nacionales o nacionalizados.
Ahora bien, una vez que finalizó el proceso de nacionalización de la educación, al personal docente incorporado o vinculado a las plantas de personal del servicio educativo departamental o municipal, se les aplica el régimen prestacional y salarial de los docentes del orden nacional señalado en la Ley 91 de 1989, toda vez que las Leyes 60 de 1993 y 115 de 1994 mantuvieron las previsiones contempladas en la Ley 91 de 1989 para todos los docentes que se incorporen sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones a las plantas departamentales y distritales.
De igual manera, no es posible equiparar las condiciones salariales y prestacionales de docentes a la de los demás empleados del régimen general territorial o a aquellos que conservaron esta condición con anterioridad a la Ley 91 de 1989, en tanto que los docentes ostentan un régimen especial y en esa medida gozan de unas previsiones especiales en cuanto a ingreso, ascenso y prestaciones, independientemente de su carácter.
Finalmente, no le asiste razón a la parte demandante al señalar que por ser un docente vinculado con anterioridad a la expedición de la Ley 344 de 1996, tiene derecho a que las cesantías le sean liquidadas retroactivamente, ello, toda vez porque el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 excluyó de su aplicación a los docentes vinculados con posterioridad a la Ley 91 de 1989, es decir, a partir del 1.º de enero de 1990.
En el presente asunto, toda vez que el demandante se vinculó como docente con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, se le aplica para el reconocimiento de cesantías las normas vigentes para los empleados públicos del orden nacional, es decir, un sistema anualizado de cesantías, sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de intereses. (Se resalta)
65. De acuerdo con lo expuesto, se concluye que el demandante no es beneficiario del sistema retroactivo de cesantías como se estableció en la sentencia impugnada, sino que por el contrario su sistema de liquidación está regulado por las normas aplicables a los empleados públicos del orden nacional, de que trata la Ley 344 de 1996 y el ordinal b), numeral 3, artículo 15 de la citada Ley 91 de 1989, el cual se caracteriza por una liquidación definitiva por la anualidad o por la fracción correspondiente a 31 de enero de cada año, sin retroactividad y el reconocimiento y pago de un interés anual por parte del FOMAG sobre el saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Financiera, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período.
66. Así las cosas, no hay lugar al reconocimiento de los intereses de las cesantías del 12% anual solicitado por el actor, tal como se consideró en precedencia, pues ello está contemplado para el sistema de liquidación de cesantías de los servidores públicos del nivel territorial vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías creados por la Ley 50 de 1990; a contrario sensu del actor, quien de acuerdo al régimen previsto en el artículo 13 de Ley 344 de 1996 en concordancia con la Ley 91 de 1989, tiene derecho al pago de un interés anual sobre el saldo de sus cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, equivalente a la suma que resulte de aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Financiera haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período.
67. Para el caso de la sanción moratoria que está regulada en el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, esta se causa por el incumplimiento en la consignación antes del 15 de febrero de cada año, en la cuenta individual a nombre del trabajador y en el fondo de cesantía que el mismo elija, la cual como se expuso no fue contemplada para los empleados públicos del orden nacional, cuyas normas regulan a los docentes vinculados a partir del 1 enero de 1990.
68. No obstante lo anterior, la Sala precisa que existe una sanción de un día de salario por cada día de retardo que se causa en el evento de que el empleador incurra en el incumplimiento del plazo para el reconocimiento y pago de las cesantías parciales y definitivas de todos los servidores públicos, independientemente del sistema de liquidación de la prestación social, prevista en la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006.
69. Ahora bien, en el caso concreto no se acreditó dentro del proceso que la parte actora haya agotado el trámite para el reconocimiento de las cesantías parciales, lo que descarta la configuración de la penalidad aludida y de otra parte, al encontrase vigente la relación laboral del demandante con el municipio de Sincelejo continúa vigente, no se cumplen las condiciones de ley para la configuración de la sanción derivada del incumplimiento en el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas.
70. Así, en el evento en que requiera un retiro parcial en los casos previstos en la ley o finalice la relación laboral, la entidad dispone de 15 días hábiles a partir de la presentación de la solicitud para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L. 1071/2006), y una vez quede en firme la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 2011), contará con el plazo de 45 días hábiles para el pago de la suma reconocida, al vencimiento del cual, en caso de incumplimiento, se causará la sanción moratoria de que trata el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006.
71. Ahora bien, la Sala observa que el demandante muestra su preocupación porque en el caso de acudir a la entidad a solicitar la liquidación parcial de sus cesantías no se efectuará la cancelación de las mismas, al encontrarse evidenciado que el municipio de Sincelejo incumplió lo acordado en el Convenio 005 de 2008, esto es, el pago del pasivo prestacional de los docentes afiliados al FOMAG, y por tal circunstancia solicita que se le paguen las sumas adeudadas por concepto de cesantías, intereses y sanción moratoria correspondiente al período comprendido entre el 4 de mayo de 1995 al 2005.
72. Frente a ello, se precisa que en el caso de la sanción moratoria pretendida por el actor, como se expuso, esta fue provista para aquellos eventos en los cuales el empleado acuda ante el empleador para solicitar el reconocimiento y pago de la prestación social dentro del plazo legal y la entidad no cumpla la obligación dentro del mismo, circunstancia que nada tiene que ver con la supuesta falta de recursos en el evento de presentarse una petición de pago parcial, puesto que, se repite, la penalidad que le es aplicable, se causa cuando no se cancela oportunamente y no frente al supuesto fáctico de que no se haya efectuado la consignación en el fondo de cesantías.
73. Finalmente, en lo concerniente al reconocimiento de intereses moratorios, la Sala señala que no pueden ser reconocidos, toda vez que si el demandante no ha formulado la petición relativa a la liquidación y pago de la prestación social, no se han generado los intereses que pretende se le reconozcan, pues estos corresponden como su nombre lo indica, al vencimiento del plazo sin que se hubiere cumplido con la obligación de pago del valor reconocido, por lo que este argumento planteado por el apelante tampoco puede prosperar.
74. Por lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia proferida el 10 de abril de 2014 por el Tribunal Administrativo de Sucre, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda presentada por el señor Rafael de los Reyes Tuiran Oviedo, pero por las razones expuestas en esta providencia.
75. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 10 de abril de 2014 por el Tribunal Administrativo de Sucre, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda presentada por el señor Rafael de los Reyes Tuiran Oviedo, pero por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: Por Secretaría de la Sección Segunda, devuélvase el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.
PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
CARMELO PERDOMO CUÉTER
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Consagrada en el artículo 85 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo. El 31 de octubre de 2011. Folios 1 al 12 del expediente. Folios 23 a 24 del expediente. En adelante FOMAG. Folios 32 a 35 del expediente. Folios 36 a 39 del expediente. Folios 2 a 6.
«Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones»
Folios 7 a 10 del expediente.
«por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio»
Ibidem 11.
«por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
[…]
Artículo 13º.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías: a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo;[…]»
Folios 104 a 116 del expediente.
« Por el cual se reglamentan los artículos 81 parcial de la Ley 812 de 2003, 18 parcial de la Ley 715 de 2001 y la Ley 91 de 1989 en relación con el proceso de afiliación de los docentes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones»
FF. 118 a 121 del expediente. El Presidente de la República en ejercicio de sus atribuciones legales y la establecida en el artículo 22 de la Ley 6 de 1945 “Por el cual se dictan algunas disposiciones sobre prestaciones a favor de los trabajadores oficiales”
Expedido por el Presidente de la República en ejercicio de sus atribuciones legales y teniendo en cuenta lo dispuesto por los artículos 1 y 2 de la Ley 65 de 1946; artículos 12, 13 y 17 de la Ley 6 de 1945; artículo 7 de la Ley 64 de 1946; y las disposiciones pertinentes del Decreto 2350 de 1944. Publicada en el Diario Oficial No. 42.951 de 31 de diciembre de 1996. Excepto el personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
“Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia.”
“Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”
Ibídem.
«Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones.»
Ley 45 de 1975, Artículo 10.- En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional.
Destacado por la Sala.
«Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones.»
«Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado, y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.»
«Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968»
«Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional.»
«Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.»
«Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política.»
« Artículo 11. Distribución del situado fiscal. El situado fiscal consagrado en el artículo 356 de la Constitución Política, se distribuirá en la siguiente forma: 1. El 15% por partes iguales entre los Departamentos, el Distrito Capital y los Distritos de Cartagena y Santa Marta. 2. El 85% restante, de conformidad con la aplicación de las siguientes reglas: a) Un porcentaje variable equivalente a la suma de los gastos de atención de los usuarios actuales de los servicios de salud y educación de todos los departamentos y distritos del país, hasta el punto que sumado con el porcentaje del numeral lo permita la prestación de los servicios en condiciones de eficiencia administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1 del presente artículo. Este porcentaje se considerará para efectos de cálculo como el situado fiscal mínimo. b) El porcentaje restante, una vez efectuada la distribución por Situado Fiscal Mínimo para salud y educación, se asignará en proporción a la población potencial por atender, en los sectores de salud y educación, y al esfuerzo fiscal ponderado, de conformidad con los criterios establecidos en el parágrafo 2 del presente artículo. La metodología para establecer la población usuaria actual, para aplicar las reglas de distribución de los recursos del situado fiscal y para diseñar los indicadores pertinentes, será adoptada por el CONPES para la Política Social de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo. En todo caso se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: i) Los usuarios actuales en educación, son la población matriculada en cada año en el sector oficial, más la becada que atiende el sector privado. La población becada se contabilizará con una ponderación especial para efectos de la estadística de usuarios. ii) La población potencial, en educación, es la población en edad escolar comprendida entre los 3 y los 15 años de edad, menos la atendida por el sector privado. iii) Los usuarios actuales en salud, son la población atendida en cada año por las instituciones oficiales y privadas que presten servicios por contratos con el sector oficial, medida a través del registro de las consultas de medicina, enfermería y odontología y de los egresos hospitalarios. iv) La población potencial en el sector salud se mide como la población total del departamento, no cubierta plenamente por el sistema contributivo de la seguridad social, ponderada por el índice de necesidades básicas suministrado por el DANE.»
La Ley 43 de 1975 «por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones.» nacionalizó los servicios educativos públicos hasta el bachillerato y reguló la forma de prestarlos y de administrarlos por la Nación, que asumió la competencia directa de la prestación de este servicio.»
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones»
«Por medio del cual se modifican algunos artículos de la Constitución Política.
[…]
ARTÍCULO 2. El artículo 356 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 356. Salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley, a iniciativa del Gobierno, fijará los servicios a cargo de la Nación y de los Departamentos, Distritos, y Municipios. Para efecto de atender los servicios a cargo de éstos y a proveer los recursos para financiar adecuadamente su prestación, se crea el Sistema General de Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios. […]»
«Artículo 4. Distribución Sectorial de los Recursos. Modificado por el art. 2, Ley 1176 de 2007, Modificado transitoriamente por el art. 4, Decreto Nacional 017 de 2011. El monto total del Sistema General de Participaciones, una vez descontados los recursos a que se refiere el parágrafo 2° del artículo 2°, se distribuirá las participaciones mencionadas en el artículo anterior así: la participación para el sector educativo corresponderá al 58.5%, la participación para el sector salud corresponderá al 24.5 la participación de propósito general corresponderá al 17.0. »
Artículo 5. Competencias de la Nación en materia de educación.
Artículo 6. Competencias de los departamentos.
Artículo 7. Competencias de los distritos y los municipios certificados.
«Artículo 20. Entidades territoriales certificadas. Son entidades territoriales certificadas en virtud de la presente ley, los departamentos y los distritos. La Nación certificará a los municipios con más de cien mil habitantes antes de finalizar el año 2002. Para efectos del cálculo poblacional se tomarán las proyecciones del DANE basadas en el último censo.
Todos aquellos municipios con menos de 100 mil habitantes que cumplan los requisitos que señale el reglamento en materia de capacidad técnica, administrativa y financiera podrán certificarse. Le corresponde a los departamentos decidir sobre la certificación de los municipios menores de cien mil habitantes, que llenen los requisitos. Si contados seis meses desde la presentación de la solicitud no ha sido resuelta o ha sido rechazada, el municipio podrá acudir a la Nación para que ésta decida sobre la respectiva certificación.
Los municipios certificados deberán demostrar, cuando lo requiera el Gobierno Nacional, que mantienen la capacidad necesaria para administrar el servicio público de educación. Aquellos municipios que no logren acreditar su capacidad, perderán la certificación.»
Sentencia C-65 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell
Sentencia C-995 de 2000 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
Con ponencia del magistrado Nilson Pinilla Pinilla, en la que se estudió una acción de tutela interpuesta por una ciudadana a quien, encontrándose en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, le negaron una pensión de jubilación. El problema jurídico planteado por la Corte fue el siguiente: “Debe esta Sala de Revisión determinar si los derechos al debido proceso y a la seguridad social de la señora Leonor Murcia Figueroa, fueron vulnerados por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, al revocar el fallo del Juzgado 9 Laboral del Circuito de esa ciudad, y no otorgarle la pensión de vejez de acuerdo el régimen de transición, anotando que tiene “un tiempo superior a los 20 años de servicio” y en la actualidad cuenta con más de 55 años de edad. Para ello, serán analizados los siguientes temas: i) la improcedencia general de la acción de tutela para controvertir providencias judiciales; ii) el derecho fundamental a la seguridad social, su protección por medio de la acción de tutela, y procedencia de ésta en la reclamación de una pensión de vejez; iii) los requisitos del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, tomando como régimen anterior aplicable la Ley 71 de 1988; iv) el principio de favorabilidad; y v) finalmente, será decidido el caso concreto”.
T-290 de marzo 31 de 2005, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
T-545 de mayo 28 de 2004, M. P. Eduardo Montealegre Lynett, T-248 de marzo 6 de 2008, M. P. Rodrigo Escobar Gil, T-090 de febrero 17 de 2009, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, entre otras.
Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
FF. 21-24.
FF 50.
FF. 62 - 68.
FF. 71 y 72.
F. 79.
FF. 14 - 21
FF. 25 – 26.
Folios 32 a 35 del expediente.
Folios 36 a 39 del expediente.
«Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones.»
«Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado, y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.»
«Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968»
«Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional.»
«Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.»
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia del 19 de octubre de 2017. Rad. 20001-23-39-000-2014-00289-01(5010-15). C.P. William Hernández Gómez.
Por disposición expresa del Decreto 1582 de 1998 «por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia.», que estableció:
«Artículo 1º.- El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.»
« Artículo 99º.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características:
1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.
3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo.»
«Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones.»
«Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.».
«Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.
[…]
Artículo 4. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.»
«ARTÍCULO 76. oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez.
[…]
ARTÍCULO 87. FIRMEZA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Los actos administrativos quedarán en firme:
1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o publicación según el caso.
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos.
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos.
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos.
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo.»
«Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.»
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