Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 70001-23-33-000-2013-00249-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 70001-23-33-000-2013-00249-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 70001-23-33-000-2013-00249-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
18 de noviembre de 2024
Radicado: 70001-23-33-000-2013-00249-01 (62608)
Demandante: Santiago Salvador Álvarez Marrugo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Reparación directa
Radicación: 70001-23-33-000-2013-00249 01 (62608)
Demandante: Santiago Salvador Álvarez Marrugo
Demandado: Nación - Rama Judicial
Tema: Error judicial. Daños causados por una sentencia de tutela de la
Corte Constitucional que dejó sin efectos un fallo de un juez
promiscuo municipal que adelantó un proceso reivindicatorio contra
el Invías. Se confirma la decisión de negar las pretensiones porque
la mera discrepancia interpretativa con el criterio del fallador no
constituye un error judicial que estructure un daño antijurídico.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la sala
resuelve el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia proferida el 22 de junio de 2018 por la Sala Primera de Decisión Oral
del Tribunal Administrativo de Sucre, que negó las pretensiones de la demanda.
La sala es competente para proferir esta providencia porque resuelve un recurso
de apelación interpuesto contra una sentencia dictada por un tribunal
administrativo que conoció el proceso en primera instancia en razón de la cuantía
estimada en la demanda1, según el numeral 6 del artículo 152 del CPACA2.
El recurso de apelación se presentó el 25 de julio de 20183 y fue admitido el 7 de
noviembre de 20184. El 5 de diciembre de 2018 se corrió traslado para alegar de
conclusión5. La parte demandante presentó alegatos. La Nación — Rama Judicial
— Consejo Superior de la Judicatura — Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial (en adelante, la “Rama Judicial”) y el Ministerio Público guardaron
silencio.
1 La cuantía de los perjuicios materiales se estimó en seiscientos ochenta y ocho millones quinientos mil
pesos ($688.500.000), que para la fecha de presentación de la demanda correspondía a 1.167 SMLMV. Fl.
98, c.1.
2 <<6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes
judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes>>.
3 Fl. 268, cuaderno principal.
4 Fl. 278, cuaderno principal.
5 Fl. 281, cuaderno principal.
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Demandante: Santiago Salvador Álvarez Marrugo
El 12 de abril de 2024 se aceptó el impedimento manifestado por el magistrado
Alberto Montaña Plata y se ordenó remitir el proceso de la referencia al presente
despacho6.
I. ANTECEDENTES
A.- Posición de la parte demandante
1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 8 de octubre de
20137 por Santiago Salvador Álvarez Marrugo (en adelante, <<el demandante>>)
contra la Nación — Rama Judicial8, para obtener la reparación de los perjuicios
ocasionados con la sentencia T-696 de 2010. En esta providencia se dejó sin
efectos la sentencia del 5 de marzo de 2009 proferida por el Juzgado Promiscuo
del Circuito de Sucre, que ordenó al Invías pagar al demandante los perjuicios
derivados de la ocupación permanente de una parte de su predio por una obra
pública. La Corte Constitucional consideró que la decisión del juzgado adolecía
de defecto orgánico, pues la jurisdicción de lo contencioso administrativo era la
competente para conocer el proceso por ocupación.
2.- El demandante formuló las siguientes pretensiones9:
<<PRIMERA: Declarar que la Rama Judicial es responsable de todos los perjuicios
materiales ocasionados al señor Santiago Álvarez Marrugo generados por el daño
especial ocasionados por los efectos de la promulgación de la sentencia T-696 de
2010, de fecha 6 de septiembre de 2010 proferida por la Corte Constitucional, que
anuló los efectos de la sentencia de fecha 5 de marzo de 2009, proferida por el
Juzgado Promiscuo del Circuito de Sucre (Sucre), dentro del proceso radicado
N°2006-00094-00. Fallo de tutela acogido mediante auto de fecha 13 de julio de
2011.
SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene a la
entidad demandada, a cancelar a favor del señor Santiago Álvarez Marrugo, los
siguientes perjuicios del orden material:
A TITULO DE DAÑO EMERGENTE: A favor de SANTIAGO ALVAREZ MARRUGO,
las siguientes sumas de dinero: seiscientos ochenta y ocho millones quinientos mil
pesos M/CTE ($688.500.000.00), por concepto de la condena consignada en el
numeral segundo de la sentencia de fecha marzo 5 de 2009, proferida por el
Juzgado Promiscuo del Circuito de Sucre (Sucre), dentro del proceso radicado N°
2006-0094-00. Ciento tres millones doscientos setenta y cinco mil pesos
($103.275.000.00), por concepto de costas contenida en el numeral tercero de la
sentencia de fecha marzo 5 de 2009, proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito
de Sucre (Sucre), dentro del proceso radicado N° 2006-00094-00.
6 Fl. 287, cuaderno principal.
7 Fl 11, cuaderno 1. La demanda fue corregida en escrito del 1° de noviembre de 2013, para esclarecer las
pretensiones, la cuantía y las notificaciones (fls. 91 y 92, cuaderno 1). El 28 de enero de 2014 se reformó
de la demanda para aclarar los hechos alegados (fls.144 y 155, cuaderno 1).
8 Si bien el demandante también demandó al Ministerio de Interior y de Justicia, en la subsanación de la
demanda aclara que <<se excluye al Ministerio de Justicia>>; por esta razón, mediante auto del 7 de
noviembre de 2013 el tribunal admitió la demanda únicamente contra la Rama Judicial.
9 Entre la demanda y la reforma solo hubo un cambio de redacción de las pretensiones, pero no de la causa.
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Demandante: Santiago Salvador Álvarez Marrugo
A TITULO DE LUCRO CESANTE: El pago del interés legal que dejó de percibir el
demandante desde la fecha de la ejecutoria de la sentencia, a una tasa del 6 %
anual. A favor de SANTIAGO ALVAREZ MARRUGO, las siguientes sumas de
dinero:
Ciento sesenta y un millones setecientos noventa y siete mil quinientos pesos
($161.797.500.00), por concepto de los intereses legales de la condena consignada
en el numeral segundo de la sentencia de fecha marzo 5 de 2009, proferida por el
Juzgado Promiscuo del Circuito de Sucre (Sucre), dentro del proceso radicado N°
2006-0094-00.
Veinticuatro millones doscientos sesenta y nueve mil seiscientos veinticinco pesos
($ 24.269.625.00), por concepto de los intereses legales de las costas contenida en
el numeral tercero de la sentencia de fecha marzo 5 de 2009, proferida por el
Juzgado Promiscuo del Circuito de Sucre (Sucre), dentro del proceso radicado N°
2006-00094-00>>.
3.- Las pretensiones se fundaron en las siguientes afirmaciones:
3.1.- Desde el 30 de diciembre de 1985, el demandante es propietario del predio
denominado <<El Coliseo>>, ubicado en el municipio de Majagual, Sucre (en
adelante, <<el inmueble>>).
3.2.- En 199210 el extinto Fondo Nacional Caminos Vecinales ocupó veinticinco
mil metros cuadrados (25.000 m2) del inmueble para la construcción de la
carretera que conduce de San Marcos a Majagual, sin que hubiese existido
negociación alguna o proceso de expropiación.
3.3.- El 29 de marzo de 2006 el demandante presentó una demanda
reivindicatoria contra el Invías para que se ordenara la restitución de la franja de
terreno que había sido ocupada o se pagara su equivalente en dinero. Esa
demanda fue conocida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sucre, el cual la
admitió el 26 de abril de 2006.
3.4.- El 5 de marzo de 2009 el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sucre profirió
sentencia en la que condenó al Invías a pagar a favor del demandante la suma
de seiscientos ochenta y ocho millones quinientos mil pesos ($688.500.000),
equivalente al valor del terreno ocupado. Igualmente, condenó al Invías a pagar
ciento tres millones doscientos setenta y cinco mil pesos ($103.275.000) por
concepto de costas.
3.5.- El Invías no interpuso recurso contra la sentencia antes aludida. Sin
embargo, el 12 de enero de 2010 presentó una acción tutela, pues consideró que
la decisión del juez civil tenía un defecto orgánico por la falta absoluta de
10 En los hechos de la demanda no se señaló la fecha exacta de la ocupación, pero sí el año.
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Demandante: Santiago Salvador Álvarez Marrugo
jurisdicción y competencia11. Sostuvo que la competente para conocer el proceso
era la jurisdicción contenciosa administrativa, y no la jurisdicción civil.
3.6.- El 17 de febrero de 2010 la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia negó la tutela en primera instancia porque no cumplió con el requisito de
subsidiariedad e inmediatez de la acción. Esa decisión fue confirmada por la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia mediante fallo del 16 de
marzo de 2010.
3.7.- La tutela fue remitida a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Mediante sentencia T-696 del 6 de septiembre de 2010, la Corte tuteló el
derecho al debido proceso del Invías, y dejó sin efectos la sentencia del 5 de
marzo de 2009 proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sucre. La
Corte Constitucional consideró que <<al acceder a la jurisdicción civil por vía de
acción reivindicatoria en los años 2005, 2006 y 2007, para lograr el
reconocimiento del precio de los bienes ocupados de hecho por Caminos
Vecinales -en liquidación- (…) se configuró un defecto orgánico>>.
4.- En la demanda, el actor imputó responsabilidad a la Rama Judicial por dos
motivos:
a.- Alegó que hubo un error judicial, pues la Corte Constitucional no tuvo en
cuenta que el Invías incumplió los requisitos de inmediatez y subsidiariedad: el
primero, porque la acción de tutela se presentó diez meses después de la fecha
de ejecutoria de la sentencia del juez civil; y el segundo, porque el Invias no apeló
la decisión del Juez Promiscuo del Circuito de Sucre. Además, sostuvo que era
la Sala Plena de la Corte Constitucional, y no una sala especial, la competente
para cambiar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, según la cual los
procesos reivindicatorios fictos correspondían a la jurisdicción ordinaria12.
b.- Indicó que hubo una ruptura del principio de igualdad frente a las cargas
públicas, pues la Corte Constitucional <<desechó la doctrina probable de la Sala
Civil sobre procesos reivindicatorios fictos>>. Esto implicó, además, la
vulneración de los derechos de igualdad, seguridad jurídica y presunción de
buena fe del demandante.
11 El Invías presentó sobre el mismo punto cinco acciones de tutela que fueron acumuladas y que hacían
referencia a treinta y siete procesos ordinarios reivindicatorios agrarios tramitados por la jurisdicción civil, en
los que el Invías fue condenado a pagar una suma total de $30.633.789.329,63 por la ocupación de predios
de propiedad privada que hizo el Fondo Nacional de Caminos Vecinales para la construcción o habilitación
de vías de la red nacional.
12 Para ello, sostuvo que se desconoció el artículo 34 del Decreto Ley 2591 de 1991 que establece lo
siguiente: <<Decisión en Sala. La Corte Constitucional designará los tres magistrados de su seno que
conformarán la Sala que habrá de revisar los fallos de tutela de conformidad con el procedimiento vigente
para los tribunales del Distrito Judicial. Los cambios de jurisprudencia deberán ser decididos por la Sala
Plena de la Corte, previo registro del proyecto de fallo correspondiente>>.
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Demandante: Santiago Salvador Álvarez Marrugo
5.- El demandante reclamó por perjuicios el pago de la condena a su favor y los
intereses legales que esa suma generó desde que se expidió la sentencia del
juez civil hasta la fecha de presentación de la demanda.
B.- Posición de la entidad demandada
6.- La Rama Judicial se opuso a las pretensiones y propuso las siguientes
excepciones: (i) inexistencia de error jurisdiccional porque la demanda no
cumplió con los presupuestos legales del artículo 67 de la Ley 270 de 1996; y (ii)
inexistencia de nexo causal porque la sentencia acusada no podía catalogarse
como una actuación arbitraria, ya que se ajustó a las normas de derecho
administrativo.
C.- Sentencia recurrida
7.- En la sentencia del 22 de junio de 201813, la Sala Primera de Decisión Oral
Tribunal Administrativo de Sucre negó las pretensiones por las siguientes
razones:
7.1.- Consideró que no hubo error judicial porque:
a.- La decisión acusada no desconoció el precedente propio ni el de las otras
cortes; simplemente aplicó en su literalidad el artículo 82 del CCA, que disponía
el criterio orgánico de competencia sobre los asuntos de ocupación de predios
para la realización de obras por parte de una entidad pública, y concluyó que la
jurisdicción contenciosa era la competente en esos casos.
b.- No hubo daño antijurídico porque la condena contra el Invías fue proferida por
un juez civil que carecía de competencia y jurisdicción.
c.- No existió vulneración alguna a los principios de legítima confianza y buena fe
derivada de un cambio jurisprudencial porque no hubo ninguna alteración a las
reglas de competencia. La Corte Constitucional solo aplicó el precedente
horizontal y la literalidad del artículo 82 del CCA.
7.2.- El daño especial no puede ser un fundamento para declarar la
responsabilidad del Estado por la administración de justicia, porque no está
previsto en la Ley 270 de 1996. Y aunque doctrinariamente podría aceptarse
cuando hay cambios imprevisibles de la jurisprudencia, en el caso no hubo una
falta de proporcionalidad o razonabilidad de la sentencia de tutela.
13 Fls.211-219, cuaderno principal.
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D.- Recurso de apelación
8.- El demandante apela la decisión de primera instancia y solicita que se acceda
a las pretensiones de la demanda. Sus reparos son los siguientes:
8.1.- Reitera que hubo un error judicial, pues el tribunal desconoció que la
sentencia de tutela acusada vulneró el derecho de propiedad del demandante
porque no sancionó al Invías por la ocupación que realizó sin tramitar un proceso
de expropiación.
8.2.- Sostiene también se configuró un <<daño especial>> por el cambio
jurisprudencial que hizo la Corte Constitucional. Señaló que la sentencia de tutela
acusada realizó un cambio jurisprudencial imprevisto sobre la competencia de la
acción reivindicatoria ficta, a sabiendas de que imposibilitaba el acceso a la
administración de justicia del demandante, pues la reparación directa ya estaría
caducada. Lo anterior constituye una vulneración al principio de confianza
legítima y buena fe porque hubo << sin número de procesos judiciales en contra
del Invías por los mismos hechos, incluso acciones de tutela que fueron de
resorte de revisión de la Corte Constitucional>>, en los que la entidad fue
condenada por haberse apropiado de bienes de particulares.
II. CONSIDERACIONES
E.- Asuntos procesales
9.- La sala se pronunciará de fondo porque la reparación directa fue presentada
dentro del término de dos años previsto en el artículo 164 del CPACA, contados
a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación
administrativa. En efecto:
9.1.- Según lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, las
sentencias en las que se revise una decisión de tutela deberán ser comunicadas
inmediatamente al juez o tribunal competente de primera instancia, quien será el
encargado de notificar la sentencia de la Corte Constitucional a las partes14. En
este caso, la sentencia fue comunicada al juez de tutela de primera instancia el
5 de noviembre de 2010. Y el demandante fue notificado de la decisión el 13 de
julio de 2011, cuando el Juzgado Promiscuo Civil del Circuito profirió un auto de
14 ARTICULO 36.- Efectos de la revisión. Las sentencias en que se revise una decisión de tutela sólo surtirán
efectos en el caso concreto y deberán ser comunicadas inmediatamente al juez o tribunal competente de
primera instancia, el cual notificará la sentencia de la Corte a las partes y adoptará las decisiones necesarias
para adecuar su fallo a lo dispuesto por ésta
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Demandante: Santiago Salvador Álvarez Marrugo
cumplimiento de la tutela15. Así las cosas, la sentencia acusada de error judicial
quedó ejecutoriada el 18 de julio de 201116.
9.2.- Por consiguiente, la demanda se presentó dentro del término de caducidad,
teniendo en cuenta que: (i) la sentencia T-696 del 6 de septiembre de 2010 quedó
ejecutoriada el 18 de julio de 2011; (ii) el 15 de julio de 2013, cuando restaban
cuatro días para que operara el término de caducidad, el demandante presentó
la solicitud de conciliación; y (iii) el término de caducidad estuvo suspendido
hasta el 2 de octubre de 2013, cuando se declaró fallida la conciliación y la
demanda se presentó el 8 de octubre de 2013, el mismo día en que fenecía dicho
término.
10.- De conformidad con el artículo 320 del Código General del Proceso, la
competencia de la sala se circunscribe únicamente a los reparos concretos
contenidos en el recurso de apelación. En ese sentido, se destaca que no hubo
un reparo relativo a que en la sentencia de la Corte Constitucional se hubiera
estructurado un error judicial por no haber analizado adecuadamente los
requisitos de inmediatez y subsidiariedad en la acción de tutela.
F.- Decisiones a adoptar
11.- La sala confirmará la decisión de primera instancia porque no se demostró
un error judicial, en los términos del artículo 66 de la Ley 270 de 1996. No hubo
vulneración alguna a los derechos de propiedad, igualdad y confianza legítima
porque el fallo de tutela se basó en una aplicación razonable de las normas. Por
lo tanto, no se demostró que la providencia acusada de incurrir en error le haya
causado al demandante un daño indemnizable en los términos del artículo 90 de
la CP.
12.- No hay duda de que el artículo 90 de la CP fundamenta la responsabilidad
del Estado en la antijuridicidad del daño y el artículo 66 de la Ley 270 de 1996
dispone que tal responsabilidad se estructura en el caso del error jurisdiccional,
el cual está definido como aquel que se genera por una <<providencia contraria
a la ley>>. Ello no significa, sin embargo, que los ciudadanos puedan reclamar
perjuicios cada vez que consideren que una providencia desconoce o contraría
una disposición legal. Y, sobre todo, no significa que para estructurar esta
15 El artículo 302 del Código General del Proceso, norma aplicable en este caso concreto, dispone que las
providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de
recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando
queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. En el caso de las sentencias dictadas por
la Corte Constitucional en sede de revisión, la ejecutoria solo se da luego de los tres (3) días siguientes a la
notificación. Al respecto se puede consultar el auto 013 de 2014 de la Corte Constitucional, M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio, dictado en el trámite de la decisión T-890 de 2011.
16 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 24 de octubre de 2023, expediente
60856, C.P. Fredy Ibarra Martínez. En todo caso, se advierte que no hay una actuación previa con base en
la cual la sala pueda deducir que el actor conoció la decisión de tutela con anterioridad.
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responsabilidad sea suficiente plantear una controversia en la misma forma que
se hace dentro del proceso judicial en el que se profiere la decisión17.
13.- La estructuración del error judicial requiere, entonces, de una carga
argumentativa distinta a la que se exige para controvertir una decisión judicial en
el proceso judicial en el que tal decisión se pronuncia. La demostración de un
daño antijurídico con fundamento en este título de imputación impone demostrar
que la decisión adoptada resultaba inadmisible y no podía fundamentarse en las
normas constitucionales y legales aplicadas por el juzgador.
14.- En este caso, en la sentencia acusada de error judicial, la Corte
Constitucional señaló que la demanda reivindicatoria fue presentada en 2006
cuando ya no era aplicable la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que
establecía que los casos de ocupación permanente debían ser competencia de
la jurisdicción ordinaria mediante el proceso reivindicatorio18. Lo anterior, porque
el CCA dirimió la controversia sobre la jurisdicción competente: estableció que a
la jurisdicción contenciosa administrativa le corresponde conocer las demandas
por ocupación temporal o permanente de inmuebles por causa de trabajos
públicos19. En ese sentido, la Corte Constitucional indicó lo siguiente:
<<(…) el nuevo ordenamiento contencioso administrativo - Decreto 01 de 1984,
que entró a regir el 1° de marzo, superó cualquier discusión sobre la materia al
regular, dentro de las acciones, la de reparación directa, y entre esta todas las que
se derivan, por la ocupación temporal o permanente de inmuebles por causa de
trabajos públicos (artículo 86). Es decir, la inexequibilidad declarada por la Corte
Suprema de Justicia de los artículos 261 a 268 de la Ley 167 de 1941 y que, por
consiguiente, le entregaría a la jurisdicción ordinaria la competencia para conocer
de la ocupación de inmuebles con motivo de trabajos públicos, ya no es punto de
conflicto, ni doctrinario, ni de competencia, puesto que la norma citada, le devolvió
a esta jurisdicción el conocimiento pleno de los asuntos que se controviertan sobre
el particular. Preceptúa el artículo 86: "Acción de reparación directa y
cumplimiento. La persona que acredite interés podrá pedir directamente el
restablecimiento del derecho, la reparación del daño, el cumplimiento de un deber
que la administración elude, o la devolución de lo indebidamente pagado, cuando
la causa de la petición sea un hecho, o un acto administrativo para cuya prueba
haya grave dificultad. La misma acción tendrá todo aquel que pretenda se le
17 Esta Subsección B ya se ha pronunciado respecto a la no configuración del error judicial en los casos
donde la parte demandante alega una mera divergencia interpretativa con el criterio del fallador. Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 8 de julio de 2024, expediente 55522, con ponencia
de este despacho.
18 Corte Suprema de Justicia, sentencia del 20 de junio de 1955 en la que, en ejercicio de funciones de
tribunal de control de constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia declaró la inexequibilidad parcial de
los artículos 261 a 269 de la ley 167 de 1941 y señaló que era competencia de la jurisdicción ordinaria los
casos sobre la ocupación permanente de un bien a causa de trabajos públicos.
19 La Corte Constitucional tuvo en cuenta las siguientes providencias que afirman la competencia de la
jurisdicción contenciosa administrativa: Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
Sección Tercera, Sentencia del 9 de agosto de 1984. Expediente 2724. M.P. José Alejandro Bonivento
Fernández. y Auto 25619 de 26 de marzo de 2007 del Consejo de Estado, según el cual la competencia del
juez administrativo se atribuye en virtud de la naturaleza pública de la entidad.
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repare el daño por la ocupación temporal o permanente de inmuebles por causa
de trabajos públicos.
Con la vigencia, pues, del Decreto 01 de 1984, la controversia que se suscitó en
este proceso, precisamente, sobre la competencia para el conocimiento de los
asuntos de la ocupación permanente o temporal ha quedado en un plano
simplemente teórico sin incidencia alguna en el caso sub – judice”.
Además de la competencia material radicada en la Jurisdicción Contenciosa antes
citada para el caso en estudio, también la Ley 446 de 1998 al modificar el artículo
82 del decreto 01 de 1984, trató de conjurar cualquier controversia suscitada con
ocasión de la jurisdicción competente para conocer la de la ocupación de bienes
por parte de entidades públicas al consagrar con criterio orgánico que: “La
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para juzgar las
controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas
incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50 % y
de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos
órganos del Estado”. Aspecto que posteriormente fue confirmado de manera
incontrovertible y puesto en términos aún más claros, mediante la Ley 1107 de
2006, según la cual la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de las
controversias originadas en litigios donde sean parte las “entidades públicas”. Al
respecto, conviene citar el Auto 25619 de 26 de marzo de 2007 del Consejo de
Estado, según el cual la competencia del juez administrativo se atribuye en virtud
de la naturaleza pública de la entidad y no de la clase o acto enjuiciado.
(…) Colorario de lo anterior debe concluirse que por encima del precedente
jurisprudencial se impone el principio de legalidad, esto es, la aplicación de las
normas legales que asignaron primero con criterio material y, luego, con criterio
orgánico, a partir de 1984, a la Jurisdicción Contencioso Administrativa la
competencia de indemnizar por vía de la acción de reparación directa los daños
causados a causa de la ocupación permanente de bienes de dominio privado para
el desarrollo de trabajos públicos. Aspecto por demás práctico, en razón a que la
afectación definitiva del bien al uso público o al interés general impiden la
restitución de la posesión material del bien a su original propietario, aspecto que si
desnaturaliza y desdibuja la utilidad de la acción reivindicatoria haciéndola inane
en el caso concreto (…)>>.
15.- Con la transcripción anterior se evidencia que la Corte Constitucional no
realizó un cambio jurisprudencial, sino que simplemente interpretó los artículos
82 y 86 del CCA. Estas normas estaban vigentes cuando se ocupó el predio del
demandante y, por eso, la Corte concluyó que <<al acceder [el hoy demandante]
a la jurisdicción civil por vía de la acción reivindicatoria en los años 2005, 2006 y
2007, para lograr el reconocimiento del precio de los bienes ocupados de hecho
por Caminos Vecinales –hoy en liquidación- para el trazado de vías en el
Departamento de Sucre, se configuró, sin lugar a dudas, un defecto orgánico>>.
En ese sentido, que el demandante alegue que hubo vulneración del derecho de
propiedad porque la Corte Constitucional no sancionó al Invías por la ocupación
que realizó sin tramitar un proceso de expropiación o, porque existió un cambio
jurisprudencial imprevisto, no son argumentos suficientes para estructurar un
error judicial: esto simplemente se trataría de una discrepancia de criterio con la
decisión de la Corte Constitucional.
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Demandante: Santiago Salvador Álvarez Marrugo
16.- A partir de lo anterior, la sala estima que el demandante no cumplió la carga
de demostrar un error judicial susceptible de estructurar la responsabilidad del
Estado por causarle un daño particular e injustificado, en los términos del artículo
90 de la CP.
17.- Finalmente, se advierte que la modificación de una posición jurisprudencial
no es constitutiva por sí misma de daño antijurídico. Si bien es cierto que los
cambios drásticos en las reglas jurisprudenciales deben modularse con el objeto
de no perjudicar a quienes legítimamente obraron teniendo en cuenta la regla
que se modifica, esta previsión resulta excepcional y solo se contempla para
aquellos eventos en que se reúnan los presupuestos precisos que permitan inferir
que, efectivamente, la parte obró considerando una regla reiterada que, por
ejemplo, llenaba un vacío legislativo, superaba una contradicción normativa o
interpretaba una disposición legal confusa. La regla general, por el contrario, es
que, lo que resulta imperativo para los jueces –conforme con el artículo 230 de
la CP- es la aplicación de las disposiciones legales; las reglas jurisprudenciales
son solo vinculantes y estas dos circunstancias son conocidas por los justiciables.
G.- Costas
18.- Como el recurso de apelación no prosperó, el apelante debe ser condenado
en costas de segunda instancia, las cuales incluyen las agencias en derecho, de
conformidad con lo ordenado en el artículo 188 del CPACA, Estas serán tasadas
y liquidadas por el tribunal de primera instancia, de acuerdo con los artículos 365
y 366 del CGP.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el 22 de junio de 2018 por la
Sala Primera de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Sucre.
SEGUNDO: CONDÉNASE en costas de segunda instancia a Santiago Salvador
Álvarez Marrugo a favor de la Nación — Rama Judicial — Consejo Superior de
la Judicatura — Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, las cuales se
fijarán y liquidarán por el tribunal de primera instancia de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
10
Radicado: 70001-23-33-000-2013-00249-01 (62608)
Demandante: Santiago Salvador Álvarez Marrugo
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente a su tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Con impedimento
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
11
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