Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 70001-23-33-000-2014-00059-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 70001-23-33-000-2014-00059-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 70001-23-33-000-2014-00059-02
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
24 de abril de 2024
Radicado: 70001-23-33-000-2014-00059-02 (57943)
Demandante: Sociedad INMAQ Ltda.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado número: 70001-23-33-000-2014-00059-02 (57943)
Demandante: Sociedad INMAQ Ltda.
Demandado: Instituto Nacional de Vías – INVIAS
Referencia: Medio de control de reparación directa.
Tema: Responsabilidad por obras públicas. Subtema 1.1. Ocupación de inmueble por
construcción de obra pública. Subtema 1.2. Daño antijurídico – no acreditado.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre el 24 de junio de
2016, que negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS
La Sociedad INMAQ Ltda., en su calidad de titular de derechos reales sobre el bien
inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria 346-210, ubicado en el
municipio de San Marcos – Sucre, pretende que esta jurisdicción declare
administrativamente responsable al Instituto Nacional de Vías - INVIAS, por la
ocupación derivada de la construcción del puente San Jorge, obra pública que, en su
sentir, se edificó sin que se hubiese finiquitado la gestión de adquisición de la franja
de su predio en la que se situó una porción del puente.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda1
La Sociedad INMAQ Ltda., identificada con NIT 800216251-2 ─a través de su
representante legal─ presentó demanda, en ejercicio de la acción de reparación
directa el 14 de marzo de 20142 contra el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, con la
que pretende que se lo declare administrativamente responsable por el “hecho dañoso
ocasionado a la Sociedad […] por la construcción ilegal de la obra CONSTRUCCIÓN
PUENTE SAN JORGE (GUAYEPO) CARRETERA ACHI – GUAYEPO – SAN
MARCOS – EL VIAJANO RUTA 7403 Y 7404, sin contar con la sentencia judicial que
declare la expropiación”, y en tal sentido, solicitó el reconocimiento y pago de los
perjuicios materiales causados.
1 Escrito inicial de folios 1 a 7 C.1.
2 Según sello de radicación y acta individual de reparto proferida por la oficina de reparto del Tribunal Administrativo
de Sucre, a folios 7 y 82 C.1.
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Demandante: Sociedad INMAQ Ltda.
Como sustento de sus pretensiones -causa petendi-, alegó que se construyó la obra
pública sin el previo agotamiento de la gestión de adquisición parcial del predio de su
propiedad sobre el que se edificó una parte del puente.
2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia
La demanda fue admitida el 11 de agosto de 20143. Una vez notificada4, INVIAS
presentó oportunamente escrito de contestación5, y a su vez, llamó en garantía a
las sociedades HB Estructuras Metálicas S.A.6, Constructora Colpatria S.A.7 y
Latinoamericana de Construcciones S.A.8 ─en su calidad de miembros de la Unión
Temporal San Marcos, y a la Aseguradora Mapfre Colombia9; llamamientos admitidos
el 11 de mayo de 201510. Las llamadas en garantía fueron notificadas de esa
providencia debidamente11 y presentaron contestación dentro del término legal12,
asimismo, llamaron en garantía a la Compañía Aseguradora de Finanzas S.A. -
Confianza13, llamamiento este último que también fue admitido por el Tribunal 14 y que
fue oportunamente contestado15.
En su orden, la Sala resume el contenido de cada contestación presentada, iniciando
por el demandado, y siguiendo con los llamados en garantía, así:
• El Instituto Nacional de Vías - INVIAS16. Se opuso a las pretensiones
formuladas por la parte actora; reprochó la falta de técnica al momento de la
estructuración de los hechos de la demanda, pues, en su sentir, limita el
fundamento fáctico a la narración de unos presupuestos subjetivados, sin
referencia que denote la falla del servicio invocada, falla que tampoco se esfuerza
por acreditar. Propuso la excepción intitulada “inexistencia del daño antijurídico,
con fundamento en la inexistencia de los elementos”.
• Las Sociedades HB Estructuras Metálicas S.A., Constructora Colpatria S.A.
y Latinoamericana de Construcciones S.A. ─en su calidad de miembros de la
Unión Temporal San Marcos17─. A través de un mismo escrito, se opusieron a
las pretensiones de la demanda, aceptaron que a su cargo estuvo la construcción
de la obra, pero adujeron que la gestión predial del proyecto le correspondió
exclusivamente al INVIAS, por lo que, a su juicio, a ellos no les concierne asunto
alguno asociado a la disposición de las franjas requeridas; seguidamente,
arguyeron que no se demostró la existencia del daño invocado en el escrito inicial,
comoquiera que la construcción del puente se hizo sobre la faja de exclusión de
la vía que pertenece a la Nación, y que el predio, inclusive, les fue entregado para
su intervención por el Municipio de San Marcos; aclararon que la única intromisión
en el inmueble del demandante fue conciliada ante la Fiscalía, y que no se
aprecian otros motivos adicionales por los cuales se deba responder. Pidieron
3 Folios 124 a 127 C.2.
4 Folios 137 y 42 C.2.
5 Folios 138 a 174 C.2.
6 Folios 187 a 188 C.2.
7 Folios 183 a 184 C.2.
8 Folios 185 a 186 C.2.
9 Folios 181 a 182 C.2.
10 Folios 244 a 253 C.2.
11 Folios 256 a 260 C.2. y Folios 260 a 263 C.3.
12 Folios 265 a 273 y 307 a 327 C.3.
13 Folios 451 a 453 C.4.
14 Folios 472 a 479 C.4.
15 Folios 491 a 496 C.4.
16 Folios 138 a 174 C.2.
17 Folios 307 a 327 C.3.
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Demandante: Sociedad INMAQ Ltda.
que no se tenga en cuenta el dictamen pericial allegado como prueba anticipada
por la accionante, toda vez que dicho trabajo desconoce categóricamente
aspectos técnicos y normativos, como, por ejemplo, el previsto en la Ley 1228 de
2008, pues el perito excluyó la denominada ronda del río cuya ocupación no
puede ser causa de indemnización por cuanto se trata de una franja de dominio
público, y además, porque el perito cometió crasos errores para estimar la
supuesta compensación económica a la que tendría derecho la actora, amén de
que esa estimación ni siquiera se encuentra debidamente soportada.
• La Aseguradora Mapfre Colombia18. Se opuso a las pretensiones por cuanto, a
su juicio, en el expediente no obran elementos de convicción de los que se pueda
concluir la existencia de responsabilidad administrativa, pues no se probó el daño,
su nexo y los perjuicios; en consecuencia, formuló las excepciones intituladas
“inexistencia del daño emergente o daño material” y la “genérica”.
• La Compañía Aseguradora de Finanzas S.A. Confianza19. Se opuso a la
prosperidad de la condena a través del llamamiento en garantía, comoquiera que
a la Unión Temporal no le correspondió la gestión predial del proyecto y, por lo
tanto, luce improcedente que se le endilgue el daño derivado de la ejecución de
una obligación que nunca se pactó ni se asumió por el contratista; adicionalmente,
expuso que la póliza contratada no incluyó cobertura por lucro cesante; sin
embargo, solicitó que en el evento que procediera alguna declaración de
responsabilidad, se tuviera en cuenta el deducible a cargo de los asegurados.
El Tribunal evacuó la audiencia inicial en sesiones celebradas el 11 de mayo de
2015, y el 10 de febrero y 1 de marzo de 201620, y en ese orden, fijó el litigio en los
siguientes términos (Núm. Art. 180 íd.): “[…] ¿Es administrativa y patrimonialmente
responsable el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS- por los perjuicios
derivados de la ocupación de una porción de terreno del predio denominado Santa
Úrsula, ubicado en el Municipio de San Marcos, para desarrollar las labores de
construcción del contrato de obra No. 1430, cuyo objeto fue la “CONSTRUCCIÓN DEL
PUENTE SAN JORGE (GUAYEPO) CARRETERA ACHI-GUAYEPO-SAN MARCOS-
EL VIAJANO RUTA 7403 Y 7404?”, decisión que contó con el beneplácito de las
partes.
En el curso de la citada audiencia, el Tribunal, al momento del decreto de pruebas,
incorporó el acervo documental aportado por los sujetos procesales, asimismo
accedió a la testimonial solicitada por las sociedades que conformaron la Unión
Temporal, y, de oficio, decretó la comparecencia del perito que elaboró la experticia
presentada como prueba anticipada con el cometido que sustentara el informe. Auto
de pruebas que no fue objeto de reproche por las partes21.
La audiencia de pruebas se evacuó en sesión celebrada el 4 de abril de 201622,
subetapa en la que se tomó la atestación de los ingenieros CARLOS ENRIQUE ARBOLEDA,
ERNESTO VÁSQUEZ Y JOAQUÍN OVIDIO VALENCIA, sujetos que hicieron parte del equipo
técnico encargado de la construcción del puente; asimismo, compareció el Ingeniero
Agrícola RAÚL ANTONIO MARTÍNEZ BERRÍO, profesional que elaboró el dictamen pericial
presentado como prueba anticipada, a quien se le concedió la oportunidad de sustentar
18 Folios 265 a 273 C.3.
19 Folios 491 a 496 C.4.
20 Actas de folios 244 a 253 C.2, 540 a 544 y 571 a 571 C.4.
21 Folios 245 a 248 C.1.
22 Acta de folios 599 a 605 C.1.
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Demandante: Sociedad INMAQ Ltda.
su trabajo, y, posteriormente, fue inquirido por los sujetos procesales con el fin de que
aclarara y complementara aspectos técnicos de su trabajo. Cumplidas las demás sub
etapas previstas en los artículos 180 a 182 de la Ley 1437 de 2011, el Juez Colegiado
dictó sentencia de primera instancia.
2.3. La sentencia recurrida
El Tribunal Administrativo de Sucre, mediante sentencia de primera instancia proferida
el 24 de junio de 201623: (i) denegó las súplicas de la demanda; y, (ii) condenó en
costas a la parte actora. Para sustentar la mentada decisión, analizó el asunto bajo
la égida del título de imputación de daño especial, toda vez que el hecho dañoso
invocado provino de una actividad lícita y regular de la administración (construcción
de infraestructura pública de interés social) que, a juicio del accionante, lo perjudicó,
porque se ocupó indebidamente una franja de su predio.
Al descender al fondo del asunto, el Tribunal, con base en el análisis de la prueba
documental y testimonial recaudada, concluyó que la parte actora no acreditó el daño
invocado en la demanda, ya que si bien se demostró que en algún momento se
perturbó temporalmente el inmueble del demandante con la instalación de un apique,
el cable de viento y la zapata que serviría para conectar el teleférico con el que se
realizó el montaje de la estructura del puente, coligió que aquella situación fue objeto
de conciliación ante la Fiscalía General de la Nación. Ahora bien, más allá de tal
situación ─ya zanjada─, el a quo concluyó que no existió ningún tipo de ocupación
distinta a la que fue objeto de conciliación, puesto que no se comprobó que el
costado izquierdo del puente haya quedado edificado en el predio del demandante.
Frente a la prueba anticipada allegada con la demanda [dictamen pericial] precisó
que aquella carecía de validez al no satisfacer los requisitos previstos en la norma
adjetiva vigente al momento de su recaudo, pues dicho medio de convicción se
practicó ante el Juez Promiscuo Municipal de San Marcos, cuando, por el contrario,
el último inciso del artículo 18 del CPC disponía que sobre las peticiones de pruebas
anticipadas conocería el respectivo juez contencioso administrativo. Sin desmedro
de lo anterior, el Tribunal consideró que, aún si se tuviera por válida, en gracia de
discusión, esta prueba no resultaba eficaz para acreditar el daño al apreciarse serias
inconsistencias en el trabajo presentado, pues cuando se hizo la visita al predio, sus
conclusiones las basó en eventos futuros e hipotéticos, aunado a que lo que expuso
el perito sirvió para verificar que la ocupación fue temporal y se produjo solamente
en lo relacionado con la zapata y los estribos, situación ya conciliada ante Fiscalía;
no tuvo en cuenta la reglamentación de la ronda hídrica (Ley 2811 de 1974) para
calcular la extensión de la franja pública; quien rindió el informe no contaba con la
experticia como perito avaluador y dejó todo su análisis a merced del arbitrio del aquí
demandante, por lo que sus resultados no generaban certeza, ni lucían fiables como
me dios de acreditación de la ocupación invocada. Con todo lo anterior, el a quo
coligió que la parte actora no honró la carga de demostrar la existencia del daño
objeto de sus pretensiones de condena
2.4. El recurso de apelación
La parte actora, inconforme con la sentencia de primer grado, interpuso recurso de
apelación en su contra, y, en consecuencia, solicitó su revocación y el reconocimiento
de las pretensiones24. Los motivos de disenso fueron los siguientes:
23 Folios 630 a 646 C. Apelación.
24 Folios 653 a 657 C. Apelación.
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Demandante: Sociedad INMAQ Ltda.
(i) Reprochó que el Tribunal no haya tenido en cuenta para el fundamento de su
decisión el dictamen pericial allegado como prueba anticipada, toda vez que,
en su sentir, a pesar de que dicho medio de convicción fue recaudado bajo la
égida de la normativa adjetiva anterior, merece ser valorado en los términos
del Código General del Proceso.
(ii) En consonancia con lo anterior, arguyó que, de acuerdo con la experticia, se
acreditó la existencia del daño alegado en la demanda, a saber: la ocupación
del predio para la construcción de la obra pública. Por tal razón, con base en
varias citas jurisprudenciales y normativas concluyó que en el presente asunto
se demostró la toma arbitraria del inmueble.
2.5. Trámite relevante en segunda instancia
Admitida la apelación el 24 de octubre de 201625, esta Corporación, con auto del 2 de
mayo de 201826 corrió traslado a los extremos procesales y al representante del
Ministerio Público para alegaciones de conclusión en segunda instancia y emición de
concepto, respectivamente; oportunidad en la que intervinieron el Instituto Nacional
de Vías - INVIAS, sus llamados en garantía (integrantes de la Unión Temporal San
Marcos) y la Compañía Aseguradora de Finanzas S.A. Confianza, con reiteración
de los argumentos esgrimidos a lo largo de la actuación, razón por la cual,
solicitaron la confirmación del fallo apelado 27; también actuó el Delegado del
Ministerio Público, quien a través de Concepto No. 024-201728, propuso la
confirmación de la sentencia impugnada, toda vez que la parte actora no demostró la
causación de la ocupación alegada, tal como así concluyó “la obra pública se efectuó
ocupando parte de la zona de la ronda del río, que no resulta ser de propiedad de la
sociedad demandante, sino que es un bien estatal, y solo se afectó área menor del
bien en lo que concierne al punto de amarre de la guaya, hecho que fue objeto de
conciliación en el proceso penal conforme a la copia del acta allegada a la actuación,
sin que se haya establecido otra área diferente del inmueble de propiedad de la
sociedad INMAQ Ltda., haya sido afectada con la ejecución de la mencionada obra
pública, y por ello emerge clara la conclusión que del acervo probatorio mencionado
no se puede sostener que se probó ocupación del inmueble menos aun que se
presentó variación o cambio de las condiciones de su propiedad”
El doctor Nicolás Yepes Corrales fungió como Procurador Judicial Delegado ante esta
Corporación, y presentó el concepto de fondo en el sub examine, motivo por el cual,
mediante escrito del 22 de abril de 2019 formuló su respectiva manifestación de
impedimento para conocer el asunto29 de conformidad con lo previsto en el inciso 1°
del artículo 140 y en el numeral 12 del artículo 141 del Código General del Proceso,
manifestación que fue declarada fundada por los demás miembros de la Subsección
mediante proveído del 29 de julio de 201930, de ahí que el proyecto respectivo fuera
discutido y aprobado en Sala dual.
III. PROBLEMAS JURÍDICOS
25 Auto de folio 667 C. Apelación.
26 Auto de folio 684 C. Apelación.
27 Escritos de folios 686 a 690, 691 a 694 y 696 a 703 C. Apelación.
28 Folios 726 a 731 C. Apelación.
29 Folio 736 C. Apelación.
30 Folios 738 y 739 C. Apelación.
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Demandante: Sociedad INMAQ Ltda.
Conforme a los cargos planteados en el recurso de apelación, los problemas que ha
de resolver esta Sala se contraen a los siguientes interrogantes:
3.1. ¿La prueba anticipada allegada por la Sociedad INMAQ Ltda., puede ser valorada
en el presente asunto, a pesar de que, para el momento de su recaudo, se practicó
ante el Juzgado Promiscuo Municipal de San Marcos, y no, ante un Juzgado
Administrativo del Circuito, tal como lo ordenaba el último inciso del artículo 18 del
CPC?
3.2. En el evento de que la respuesta al anterior problema jurídico sea afirmativa, la
Subsección analizará este interrogante: ¿El dictamen pericial elaborado por el
Ingeniero Agrícola RAÚL ANTONIO MARTÍNEZ BERRÍO constituye medio de convicción
eficaz para acreditar la ocupación del inmueble identificado con FMI 346-210?
3.3. De ser afirmativa la respuesta al anterior cuestionamiento, la Sala responderá si:
¿la ocupación del inmueble identificado con FMI 346-210 resulta atribuible al Instituto
Nacional de Vías – INVIAS y a los integrantes de la Unión Temporal San Marcos,
en calidad de ejecutores del proyecto de infraestructura?
3.4. En caso de que se declare la responsabilidad del Instituto Nacional de Vías –
INVIAS y los integrantes de la Unión Temporal San Marcos: ¿la Aseguradora Mapfre
Colombia y la Compañía Aseguradora de Finanzas S.A. Confianza, deben cubrir el
pago de la indemnización a su cargo, como sus garantes respectivos?
3.5. Si se encuentran satisfechos los presupuestos para declarar la responsabilidad
del Estado, corresponderá analizar los perjuicios deprecados en la demanda, con
fundamento en las reglas que la jurisprudencia de la Corporación tenga establecidas
en esa materia.
IV. HECHOS PROBADOS RELEVANTES PARA EL CASO
La Sala apreciará los documentos aportados por las partes, bajo la consideración de
que las copias simples estuvieron a disposición de la parte contra la que se aducen y
no fueron tachadas de falsas31.
4.1. La Sociedad IMAQ Ltda., identificada con NIT 800216251-232, adquirió, a través
de compraventa, el predio rural identificado con el FMI 346-210 ubicado en el
municipio de San Marcos – Sucre, negocio jurídico protocolizado en escrituras
públicas Nos. 771 del 25 de agosto de 1994 y 33 del 1 de febrero de 1995, e inscrito
en el certificado de tradición el 13 de octubre de 1994 y 7 de febrero de 1995, tal como
consta en anotaciones Nos. 14 y 15, respectivamente33.
4.2. La Unión Temporal San Marcos, identificada con NIT 900.303.889-634
(Integrada por HB ESTRUCTURAS METÁLICAS S.A. NIT 860.006.282-835, CONSTRUCTORA
COLPATRIA S.A. NIT 860.058.070-636 y LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. NIT
800.233.881-437) suscribió con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS el contrato
31 Arts. 243, 245, 246 y 260 del CGP.
32 Certificado de Existencia y Representación de la cámara de comercio, folios 12 a 14 C.1.
33 Certificado de tradición y libertad de folios 20 a 22 C.1.
34 Carta de conformación de la Unión Temporal de folios 328 a 332 C.3.
35 Certificado de Existencia y Representación de la cámara de comercio, folios 228 a 230 C.2.
36 Certificado de Existencia y Representación de la cámara de comercio, folios 204 a 208 C.2.
37 Certificado de Existencia y Representación de la cámara de comercio, folios 221 a 227 C.2.
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Demandante: Sociedad INMAQ Ltda.
de obra No. 1430 del 7 de septiembre de 2009, cuyo cometido era “la
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE SAN JORGE (GUAYEPO) EN LA
CARRETERA ACHÍ ─ GUAYEPO ─ SAN MARCOS ─ EL VIAJANO RUTA 7403 Y
7404”38. De acuerdo con la matriz de riesgos del proyecto39, en lo concerniente a la
gestión predial, el riesgo descrito como: “no aceptación de la negociación por parte
del propietario del predio. Demora en establecer la titularidad. Problemas jurídicos en
el proceso de negociación”, fue asumido por el INVIAS.
4.3. La Unión Temporal San Marcos, mediante Oficio UTSM-INT 058 del 19 de mayo
de 201040, informó al director de la Interventoría del proyecto [TECNOCONSULTA]
que las áreas requeridas para la construcción del puente no presentaban
problemas “por encontrarse desde la ronda del rio San Jorge”.
4.4. La Unión Temporal San Marcos, por medio de Oficio UTSM-INT 061 del 20 de
mayo de 201041, informó al director de la Interventoría que daría inicio a la
construcción de las obras civiles asociadas a la ejecución del proyecto, y por tal
motivo, solicitó el acompañamiento para el ingreso a los predios.
4.5. El señor Octavio Uribe Carriazo, quien actuó en nombre y representación de la
Sociedad IMAQ Ltda.42, a través de oficio del 4 de junio de 201043, le expuso a la
Unión Temporal San Marcos que “el terreno donde sus equipos y personal
operario quieren ocupar para iniciar labores, es de mi propiedad […] por tanto el
Instituto Nacional de Vías no debió autorizar su ocupación, hasta tanto se inicie
previamente procesos (sic) de negociación con respecto a los terrenos que ocupe su
compañía”.
4.6. El Municipio de San Carlos, por medio de Oficio DAM 108 del 16 de junio de
201044, expuso que: “el contratista encargado de la obra ha iniciado los trabajos
preliminares en la zona de 30 metros pertenecientes a la Nación, tal como lo
establece la Certificación expedida por la Corporación para el Desarrollo Sostenible
de la Mojana y El San Jorge CORPOMOJANA”, y, en consecuencia, le concedió
autorización a la Unión Temporal San Marcos para que usara dicha franja “para
el parqueo de la maquinaria y el desplazamiento de los equipos requeridos para
la construcción del Nuevo Puente”.
4.7. La Unión Temporal San Marcos, por medio de Oficio UTSM-INT 084 del 25 de
junio de 201045, le puso de presente al director de la Interventoría, que la
Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social del INVIAS le informó que el área
sobre la que se edificarían los estribos del puente era de dominio público comoquiera
que le pertenecía a la Nación, y por tal razón: “es viable intervenirla para la ejecución
de la obra”, sin embargo, expuso que una vez se encontraban en el sitio, un particular
adujo que la zona del estribo izquierdo era de dominio privado, motivo por el cual,
solicitó que se pronunciara sobre el particular para no entorpecer el cumplimiento del
cronograma de construcción.
38 Contrato inicial y otrosíes de folios 191 a 203 C.2.
39 Folios 360 a 362 C.3.
40 Folio 361 C.3.
41 Folio 362 y 363 C.3.
42 Suplente del representante legal, tal como consta en el certificado de existencia y representación de folios 12 a
14 C.1.
43 Folio 364 C.3.
44 Folio 414 a 415 C.3.
45 Folio 366 y 367 C.3.
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4.8. La Unión Temporal San Marcos, mediante Oficio UTSM-INT 088 del 2 de
agosto de 201046, le solicitó al INVIAS instrucciones, solventara la imposibilidad
de disponer de la franja en la que se edificaría el estribo izquierdo del puente.
4.9. La anterior vicisitud implicó que las partes del contrato de obra No. 1430
modificaran el programa de trabajo inicialmente pactado, y, en consecuencia,
prorrogaran en varias oportunidades el plazo de ejecución47.
4.10. La Unión Temporal San Marcos, mediante Oficio UTSM-INT 162 del 12 de
enero de 201148, le expuso al INVIAS lo siguiente: “en el presente mes se están
ejecutando las actividades previas al inicio del montaje de la estructura metálica, tales
como la instalación de las torres del teleférico, hincado de apoyos provisionales, el
transporte, descargue y preparación para montaje de las vigas principales del puente.
Para ejecutar las actividades mencionadas anteriormente […] requiere intervenir el
área aledaña al estribo ubicado en el predio correspondiente a la margen izquierda
del puente, por lo que requerimos de su colaboración para que se nos haga entrega
por parte del Instituto Nacional de Vías del citado predio propiedad de IMAQ Ltda.,
para proceder con el ingreso de la maquinaria, equipos y estructura metálica, así como
la construcción de algunas obras provisionales de infraestructura necesarias para la
estabilización de las torres del teleférico. A la fecha venimos trabajando en aquellas
zonas del puente que no tienen limitación alguna, pero desafortunadamente
disponemos de áreas muy limitadas que imposibilitan la ejecución del montaje,
por lo que solicitamos muy respetuosamente de su colaboración para que se dé pronta
respuesta a nuestra solicitud”.
4.11. La Fiscalía Quinta delegada ante los Juzgados Penales Municipales de San
Marcos presidió el 24 de noviembre de 2011 audiencia de conciliación49, con
ocasión a la denuncia penal presentada por el representante legal de la Sociedad
INMAQ Ltda. contra los representantes de la Unión Temporal San Marcos por el
punible de Invasión de Tierras, lo anterior, con base en los siguientes hechos: “El
citante manifiesta que el motivo de su presencia a este estrado judicial obedece a
solicitarle a los citados se indemnice […] por concepto de daño emergente y lucro
cesante, por la afectación que se incurrió con la instalación de guayas del
teleférico, con un área aproximada de cuatrocientos metros cuadrados (400
m2)”.
En la citada diligencia, el representante de la Unión Temporal San Marcos se
comprometió para con la Sociedad INMAR Ltda., a “cancelar por concepto de los
perjuicios causados, desde el momento de la invasión (enero del 2011, hasta
febrero 28 de 2012, fecha en la que se comprometen a retirar los elementos
perturbadores del predio) la suma de diecinueve millones de pesos ($19.000.000)”.
4.12. El 7 de marzo de 2012 finalizó la construcción del puente, tal y como así lo
comprueba la suscripción del acta de entrega y recibido definitivo de la obra50
4.13. El Tribunal decretó varios medios de convicción de tipo documental a solicitud
de la parte actora, dentro de los cuales, se destaca la prueba anticipada allegada junto
con la demanda, consistente en la peritación presentada ante el Juzgado Primero
46 Folio 368 y 369 C.3.
47 Otrosíes de folios 198 a 203 C.2.
48 Folio 390 C.3.
49 Folios 435 a 438 C.3.
50 Folios 15 a 19 C.1. // Consultar también acta de liquidación del contrato de obra No. 059 del 4 de septiembre de
2014, a folio 449 C.3.
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Promiscuo Municipal de San Marcos – Sucre, por el Ingeniero Agrícola RAÚL ANTONIO
MARTÍNEZ BERRÍO51, cuyo cometido era determinar la existencia de la obra pública, la
ocupación que aquella pudo haber causado al predio de la sociedad accionante y los
perjuicios ocasionados. El auxiliar de la justicia fue llamado en el presente asunto a
sustentar su pericia en audiencia de pruebas, diligencia en la que indicó que a pesar
de que, cuando visitó el inmueble no apreció aún la intervención física y la
construcción de la obra, en el predio “estaba anclada la zapata y el estribo del puente”,
razón por la cual, a partir de aquello estimó la posible ocupación que llegase a
causarse en 7.891,3 metros, sin embargo, concluyó: “no sé si la afectación la hubo o
no la hubo, eso hay que mirarlo allá en el terreno para saber si la hubo o no la hubo”52.
Comoquiera que sobre dicha prueba radica la controversia que delimita la
competencia funcional en segunda instancia, la Sala abordará su análisis de validez
y eficacia en el siguiente acápite.
4.14. En audiencia de pruebas se practicaron los testimonios solicitados por las
sociedades demandadas (HB Estructuras Metálicas S.A., Constructora Colpatria S.A.
y Latinoamericana de Construcciones S.A.), y, en tal sentido, se tomó la atestación de
tres ingenieros que hicieron parte del equipo técnico que realizó la construcción, a
saber: CARLOS ENRIQUE ARBOLEDA, ERNESTO VÁSQUEZ Y JOAQUÍN OVIDIO VALENCIA53,
quienes afirmaron que la edificación de la zapata izquierda del puente se realizó
exclusivamente sobre la faja de inundación del río San Jorge cuya cabida superficiaria
era de 30 metros de ancho, y que, a su vez, dicha franja corresponde a un área de
dominio público perteneciente a la Nación por servir de límite natural con la fuente
hídrica, tal y como así se lo certificó la autoridad ambiental al INVIAS antes de dar
inicio al cronograma de obras; precisaron que al interior del predio de la Sociedad
INMAQ Ltda., no se ubicó maquinaria o materiales, ni se instalaran barreras u
obstáculos, y que siempre se respetó la cerca ubicada como límite del inmueble;
agregaron que solamente en la etapa de construcción se utilizó temporalmente (año
2011 a 2012) una mínima porción del predio para un apique y la instalación de un
cable aéreo que serviría para garantizar el montaje de la estructura del puente, hecho
sobre el que inclusive se llegó a un acuerdo ante la Fiscalía con el propietario del
inmueble, y, en consecuencia, se compensó económicamente por la utilización
transitoria del predio, pues esto ocurrió hasta que se culminó la obra, no en vano fue
que dicha situación cesó a inicios del año 2012; finalmente, manifestaron que no se
apreció la ejecución de actividad económica sobre el lote de la accionante. Ahora bien,
en lo que respecta a la pertinencia, conducencia y utilidad de dicha prueba, se advierte
que la Sala realizará la valoración respectiva, según sea ello necesario de acuerdo
con el análisis de responsabilidad que se siga, caso en el cual, procederá en
acatamiento de las reglas previstas en el Capítulo V del Título Único del CGP.
V. CONSIDERACIONES
5.1. Sobre los presupuestos procesales
5.1.1. La competencia
51 Folios 28 a 70 C.1.
52 Registro de audio y video de la audiencia de folios 599 a 606 C.4.
53 Grabación de la audiencia y acta de folios 599 a 606 C.4.
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La Sala es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, por involucrar un proceso
con vocación de doble instancia (art.150 Ley 1437 de 2011)54.
5.1.2. El oportuno ejercicio de la acción
El daño objeto de la pretensión de reparación ocurrió el 7 de marzo de 201255, data
en la que finalizó la construcción del puente. Revisado el expediente, se encuentra
que la parte actora suspendió durante un (1) mes y veintiocho (28) días el término
bienal para demandar previsto en el artículo 164, numeral 2 literal i) del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según así lo acredita
el acta y la constancia de conciliación extrajudicial56, por tal motivo, como la demanda
se presentó el 14 de marzo de 201457, se hace evidente el ejercicio oportuno de la
acción.
5.1.3. La legitimación en la causa
Demostró estar legitimada en la causa por activa la Sociedad IMAQ Ltda., con NIT
800216251-258, quien figura como propietaria del bien inmueble identificado con el
FMI 346-210; por su parte, de conformidad con los hechos y pretensiones de la
demanda, el daño invocado se le atribuyó al Instituto Nacional de Vías – INVIAS,
quien a su vez llamó en garantía a los integrantes de la Unión Temporal San Marcos
identificada con NIT 900.303.889-659 (HB ESTRUCTURAS METÁLICAS S.A. CON NIT
860.006.282-860, CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. CON NIT 860.058.070-661 y
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. CON NIT 800.233.881-462), sociedades
aunadas jurídicamente que celebraron y ejecutaron los actos jurídicos tendientes a la
realización del proyecto de infraestructura de transporte, cuyo cometido era “la
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE SAN JORGE (GUAYEPO) EN LA
CARRETERA ACHÍ ─ GUAYEPO ─ SAN MARCOS ─ EL VIAJANO RUTA 7403 Y
7404”63, obra pública esta de la que se predicó la edificación del puente que
supuestamente afectó el predio de la actora. Por ende, están llamadas a
comparecer por pasiva al proceso64, así como la Aseguradora Mapfre Colombia
NIT 891700037-965 y la Compañía Aseguradora de Finanzas S.A. Confianza NIT
860070374-9-966, en su calidad de llamadas en garantía del INVIAS y la Unión
Temporal, respectivamente.
5.2. Consideraciones sobre el primer problema planteado
54 La cuantía estimada en la demanda, correspondiente a perjuicios materiales equivalentes a 1.535,73 SMLMV,
estimativo que supera el monto establecido en el artículo 152.6 del C.P.A.C.A. para que un proceso adelantado en
acción de reparación directa sea considerado como de doble instancia ante esta Corporación, 500 SMLMV
considerados al momento de presentación de la demanda (cuantía estimada en $946.015.580 año 2014). Folio 6.
C.1.
55 Hecho probado 4.12.
56 Obra a folios 9 a 11 C.1., acta de conciliación extrajudicial y constancia libradas por la Procuraduría 44 Judicial
II para asuntos administrativos de Sincelejo, en la que se consta la suspensión del término de caducidad entre el
9 de julio al 7 de septiembre de 2012.
57 Según sello de radicación y acta individual de reparto proferida por la oficina de reparto del Tribunal
Administrativo de Sucre, a folios 7 y 82 C.1.
58 Certificado de Existencia y Representación de la cámara de comercio, folios 12 a 14 C.1.
59 Carta de conformación de la Unión Temporal de folios 328 a 332 C.3.
60 Certificado de Existencia y Representación de la cámara de comercio, folios 228 a 230 C.2.
61 Certificado de Existencia y Representación de la cámara de comercio, folios 204 a 208 C.2.
62 Certificado de Existencia y Representación de la cámara de comercio, folios 221 a 227 C.2.
63 Contrato inicial y otrosíes de folios 191 a 203 C.2.
64 Artículos 159 y 160 CPACA.
65 Certificado de Existencia y Representación de la cámara de comercio, folios 275 a 288 C.3.
66 Certificado de la Superintendencia Financiera de Colombia, folios 497 a 498 C.4.
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5.2.1. Validez de la prueba pericial anticipada allegada por la Sociedad INMAQ
Ltda.
Sobre las pruebas cuyo modo de producción es anticipado, que son aquellas cuya
práctica ocurre antes de la oportunidad procesal prevista ordinariamente por el
legislador para tal fin en atención a su carácter conservatorio, esta Corporación ha
sostenido que “la función principal de la prueba anticipada es la de procurar que las
partes puedan obtener la conservación de elementos probatorios respecto de los
cuales, si se espera el momento de su producción legal, se corre el riesgo de que se
pierdan por el transcurso del tiempo o por la alteración artificiosa de la situación de
hecho o de las cosas”67.
Guardando consonancia con lo anterior, la Corte Constitucional señaló en Sentencia
C-830 de 2002:
“Desde el punto de vista práctico las pruebas anticipadas con fines judiciales se explican
por la necesidad de asegurar una prueba que después, al adelantarse el proceso
correspondiente y por el transcurso del tiempo y el cambio de los hechos y situaciones,
no podría practicarse, o su práctica no arrojaría los mismos resultados, como ocurre por
ejemplo cuando una persona que debe rendir testimonio se encuentra gravemente
enferma. Desde el punto de vista constitucional dichas pruebas tienen su fundamento
en la garantía de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, el debido proceso
y el derecho de defensa o contradicción, contemplados en los Arts. 229 y 29 de la
Constitución, en cuanto ellos implican, para las partes e intervinientes del proceso, no
solamente la facultad de acudir a la jurisdicción y lograr que se cumpla la plenitud de
las formas propias del mismo, sino también la de aducir y pedir la práctica de las
pruebas necesarias con el fin de controvertir las de la contraparte y alcanzar la
prosperidad de sus pretensiones o defensas, de conformidad con las normas
sustanciales”.
Y agregó, en la Sentencia C-798 de 2003, que decidió la exequibilidad de varios
preceptos de la Ley 794 de 2003 ─modificatoria del Código de Procedimiento Civil─,
que es procedente la práctica de dictámenes en calidad de prueba anticipada, con o
sin inspección judicial y, con o sin citación de la contraparte, pero que, para dotarlos
de validez y hacerlos pasibles de valoración, siempre se debe garantizar a la parte
contraria la oportunidad para controvertirlos, lo que podría suceder, o bien al momento
de su práctica, o al interior del proceso en el cual se los pretenda hacer valer. En ese
orden, la garantía de contradicción de la prueba permanece respecto de la práctica
de medios de convicción de tipo anticipado, dado que la determinación de la validez
y eficacia no corresponde al operador judicial que los practicó sino al juez que conoce
de la controversia, tratamiento que no se opone al derecho de defensa ni al debido
proceso que consagra el artículo 29 Superior.
Delimitadas las generalidades conceptuales sobre la prueba anticipada, y, sin ser
necesario adentrarse en la explicación de las diferentes tipologías concebidas por el
legislador asociadas a dicho medio de convicción, la Sala precisa que como el
dictamen referido en la apelación ─allegado con la demanda como prueba
anticipada─ se recaudó bajo la égida de la normativa adjetiva anterior a la Ley 1564
de 2012 ─pues su obtención se llevó a cabo durante el primer semestre del año 2011,
67 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 20 de octubre de 2014, expediente No. 30789;
criterio retirado por esta Subsección en la sentencia del 21 de junio de 2018, expediente No. 40.353.
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cuando todavía estaba rigiendo el Código de Procedimiento Civil 68─, es esta la
codificación que ha de tomar la Sala como referente normativo para efectos de
determinar su validez69.
Tal como se advirtió anteriormente, a voces de la Corte Constitucional “[…] la
determinación de la validez y la eficacia de la prueba anticipada no asisten al juez que
la practica sino al juez que conoce de la controversia o ante quien se pretenda hacerla
valer.” 70, en ese sentido, de acuerdo con los cargos del recurso, procede en esta
instancia verificar si la experticia allegada como prueba anticipada por el demandante
es un medio de convicción válido para demostrar que con ocasión a la construcción
del puente, el INVIAS ocupó el inmueble identificado con FMI 346-210. Para esto,
bastará con cotejar las normas adjetivas que regulaban el recaudo de la prueba con
el trámite impartido para determinar si fueron satisfechas las formalidades previstas
por el legislador para su debida producción, y de contera, comprobar si el a quo obró
acertadamente al no tenerla en cuenta para la resolución del fondo del asunto, o si
por el contrario, procede analizarla con el cometido de evidenciar la producción del
daño.
Al respecto, obra en el expediente prueba anticipada de tipo pericial elaborada por el
Ingeniero Agrícola RAÚL ANTONIO MARTÍNEZ BERRÍO71, medio de convicción que, para
su recaudo, solicitó la Sociedad INMAQ Ltda. contra el Instituto Nacional de Vías –
INVIAS a instancias del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Marcos –
Sucre. De acuerdo con las piezas documentales que soportan la probanza en
comento, el dictamen se decretó mediante auto del 8 de febrero de 2011, el auxiliar
de la justicia tomó posesión en audiencia celebrada el día 25 siguiente, presentó el
informe respectivo el 29 de marzo del mismo año, al cual, se le corrió traslado a los
interesados con proveído del 25 de abril subsiguiente, sin embargo, como guardaron
silencio, lo actuado cobró firmeza mediante proveído del 13 de mayo de 2011 72.
Reseñado lo anterior, se advierte que la norma procesal vigente ─Código de
Procedimiento Civil─ en su artículo 18, estableció de manera privativa la competencia
judicial que había de tenerse en cuenta al momento de solicitar pruebas anticipadas,
en tal sentido, el inciso final de aquella disposición ─modificado por el artículo 7 de la
Ley 794 de 2003─ prescribió que “De las solicitudes a que se refieren los numerales
anteriores [prueba anticipada] con destino a procesos o asuntos de competencia de
cualquiera otra autoridad judicial, conocerá el respectivo juez laboral, de familia o
contencioso administrativo. Mientras entren en funcionamiento estos últimos,
conocerán los tribunales administrativos”.
68 “ARTÍCULO 300. Artículo 300. Inspecciones judiciales y peritaciones. Con citación de la presunta contraparte o
sin ella, podrá pedirse como prueba anticipada la práctica de inspección judicial sobre personas, lugares, cosas o
documentos que hayan de ser materia de un proceso.
Podrá pedirse dictamen de peritos, con o sin inspección judicial y con o sin citación de la parte contraria. No
obstante, cuando una u otra verse sobre libros y papeles de comercio, se requerirá previa notificación de la
presunta contraparte.
La petición se formulará ante el juez del lugar donde debe practicarse”.
69 Lo expuesto, de conformidad con la Ley 153 de 1887, artículo 40: “Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las
diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las
pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes
o comenzaron a surtirse las notificaciones.
La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la
demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad”
70 Corte Constitucional, sentencia C-798 de 2003 del 16 de septiembre de 2003.
71 Folios 23 a 70 C.1.
72 Actuaciones de folios 28, 29, 61, 67, 68 y 69 C.1.
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Así las cosas, el cargo del recurrente se reduce a la interpretación de una norma
procesal, cuya redacción no mueve a duda alguna, pues el legislador fue
especialmente claro al atribuirle la competencia de las solicitudes de pruebas
anticipadas a cada juez especializado en su materia, que por demás, haría parte de
la jurisdicción a la que eventualmente se le exhibiría el medio de convicción ya
constituido en el futuro proceso, de modo tal que, en tratándose de elementos
suasorios a presentar en asuntos contencioso administrativos, tal como ocurrió en el
sub examine, la competencia le correspondería a los Juzgados Administrativos del
Circuito, máxime que con la expedición del Acuerdo PSAA06-3409 de 2006, el
Consejo Superior de la Judicatura estableció como fecha de entrada en operación de
los juzgados administrativos el primero (1) de agosto de dos mil seis (2006)73, y, como
el trámite de la prueba anticipada iniciado a petición de la Sociedad INMAQ Ltda. se
surtió durante el primer semestre del año 2011, de modo que, tal como se advirtió
anteriormente, la solicitud de prueba anticipada debió haber sido presentada y
tramitada ante un operador jurídico de esta especialidad.
En concordancia con lo expuesto, atinó el Tribunal, al momento de estudiar en la
sentencia apelada la validez del multicitado medio suasorio, en cuanto consideró que
este era inválido por falta de jurisdicción en razón a la especialidad del asunto, pues
lo cierto es que su práctica se surtió ante un operador jurídico que no estaba investido
por el legislador de competencia para su debido recaudo.
Por tales motivos, la Sala dará respuesta negativa al primer problema jurídico
planteado, y con ello encuentra, inocuo proseguir con el examen de responsabilidad,
pues el cargo de la apelación se centró en que se tuviera en cuenta el dictamen
allegado como prueba anticipada para el estudio de los presupuestos de
responsabilidad estatal como colofón de la ocupación permanente del predio sub
examine.
La Sala, aunque coincida con el análisis que en gracia de discusión hizo el Tribunal
en la sentencia de primera instancia, sobre la eficacia de la prueba pericial, se
abstiene de ahondar en ello habida consideración de su invalidez.
Debe señalar, sí, que , ninguno de los demás medios de convicción referidos en el
acápite IV de esta providencia prestan mérito para acreditar la causación del daño
invocado en la demanda, máxime que los testigos presentados por los miembros de
la Unión Temporal demandada fueron coincidentes al manifestar que la edificación se
construyó sobre una franja de la Nación, que sobre el predio de la actora no se
ubicaron materiales ni maquinaria, y que siempre se respetó la cerca que delimitaba
el lindero del inmueble; sin embargo, adujeron que la única perturbación ─que por
demás fue temporal─ se concilió ante la Fiscalía [hechos probados 4.11 y 4.14],
aserciones que gozan de plena credibilidad al estar ratificadas en el acta de
conciliación en la que medió la intervención del Fiscal Quinto delegado ante los
Juzgados Penales Municipales de San Marcos.
Por lo expuesto, al no observar otro medio de prueba que resulte eficaz para acreditar
la existencia del daño invocado en la demanda, carece de objeto el juicio de
imputación. Por tanto, la Sala confirmará la sentencia proferida el 24 de junio de 2016
por el Tribunal Administrativo de Sucre, que negó las súplicas de la sociedad
73 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, auto del veintidós (22) de agosto
de dos mil siete (2007), expediente 31450.
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demandante, máxime que el recurrente no censuró la indebida valoración de los
demás medios de convicción arribados al plenario.
VI. COSTAS
El artículo 361 del CGP prevé que “las costas están integradas por la totalidad de las
expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en
derecho”. A su vez, los artículos 365.174 y 36675 ejusdem, aplicables a los procesos
contencioso-administrativos por remisión expresa del artículo 188 del CPACA76,
establecen que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se
le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. Su liquidación se realiza, de
manera concentrada, por la secretaría del juzgador que haya conocido el proceso en
primera instancia, correspondiéndole al juzgador la fijación de las agencias en
derecho, de acuerdo con las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura.
5.2. Bajo tales previsiones, la Sala condenará en costas a la parte demandante dado
que el recurso propuesto fue resuelto de manera desfavorable. Para tal efecto, el
Tribunal de origen deberá efectuar la correspondiente liquidación y tasación, debiendo
considerar que en esta instancia se fijan agencias en derecho por cuatro millones
setecientos treinta mil setenta y siete pesos ($4.730.077)77, correspondientes al cero
punto cinco por ciento (0.5%) del monto de las pretensiones denegadas, de acuerdo
con las tarifas establecidas en el Acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo
Superior de la Judicatura78.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFÍRMESE la sentencia dictada el 24 de junio de 2016 por el Tribunal
Administrativo de Sucre.
74 CGP. “Artículo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la
condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso,
o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, suplica, anulación o revisión
que haya propuesto […]”.
75 CGP. ““Artículo 366. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado
que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia
que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las
siguientes reglas: […] 3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás
gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan
sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado
sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado. […] 6. Para la fijación de agencias en derecho deberán
aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un
mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión
realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias
especiales, sin que pueda excederse el máximo de dichas tarifas” (subrayado añadido).
76 CPACA. “Artículo 188. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.
77 Equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) de las pretensiones que fueron negadas en esta instancia.
Valor total estimado en la demanda $946.015.580. Folio 6. C.1.
78 Acuerdo 1887 de 2003. El artículo sexto establece que las agencias en derecho en segunda instancia causadas
en procesos declarativos serán “Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones confirmadas o revocadas
total o parcialmente en la sentencia.”.
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Radicado: 70001-23-33-000-2014-00059-02 (57943)
Demandante: Sociedad INMAQ Ltda.
SEGUNDO: CONDÉNESE en cotas a la parte actora, incluyendo las agencias en
derecho correspondientes al cero punto cinco por ciento (0.5%) del monto de las
pretensiones denegadas, que equivale A CUATRO MILLONES SETECIENTOS
TREINTA MIL SETENTA Y SIETE PESOS ($4.730.077).
TERCERO: En firme esta providencia, enviar el expediente al Tribunal de origen para
lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
VF
OJMZ
15
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