Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2016-00212-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2016-00212-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 70001-23-33-000-2016-00212-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
9 de abril de 2026
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Número interno: 3295-2025
Demandante: UGPP
Demandado: Luis Eduardo Mulett Tovar
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D. C., Nueve (9) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 70001233300020160021202 (3295-2025)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Parafiscales de la Protección Social -UGPP-
Demandado: Luis Eduardo Mulett Tovar
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Caducidad -Ley 2381 de 2024- y requisitos pensión
gracia
Decisión: Sentencia de segunda instancia
Decide la Sala el recurso de apelación formulado por la parte demandada, al cual
se adhirió la entidad demandante, contra la sentencia proferida el Tres (3) de
Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025), por el Tribunal Administrativo de Sucre,
mediante la cual se concedieron parcialmente las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1) La demanda.
1.1. Pretensiones.
1. La entidad demandante acudió a esta jurisdicción en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho -lesividad- consagrado en el artículo 138
del CPACA, con el fin de solicitar la declaratoria de nulidad de la resolución No.
006125 del 6 de julio de 1995 proferida por la extinta Caja Nacional de Previsión
Social -Cajanal ElCE-, hoy Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
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Número interno: 3295-2025
Demandante: UGPP
Demandado: Luis Eduardo Mulett Tovar
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, por medio de la cual
se reconoció pensión gracia al señor Luis Eduardo Mulett Tovar.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del
derecho, solicitó que se ordene al señor Luis Eduardo Mulett Tovar a reintegrar a
favor de la UGPP los dineros indexados que le han sido pagados por concepto de
la pensión gracia y se condene en costas y agencias en derecho.
1.2. Los hechos
3. En la demanda se adujo que por medio de la resolución demandada la extinta
Caja Nacional de Previsión Social -CAJANAL- reconoció pensión gracia al
demandado en cuantía de $182.766, a partir del 27 de abril de 1994, teniendo en
cuenta los tiempos de servicios certificados por la Secretaría de Educación del
Departamento de Sucre, así:
3.1. Maestro seccional de la escuela Construcción del Zumbado, Municipio
de Sincelejo, nombrado por decreto 087 del 14 de febrero de 1969, cargo que
desempeñó desde el 19 de febrero de 1969 hasta el 26 de mayo de 1975.
3.2. Ministerio de Educación Nacional, maestro consejero práctica docente
anexa a la Normal Municipio de Corozal, nombrado por resolución 2701 del
22 de mayo de 1975, cargo que desempeñó desde el día 27 de mayo de 1975
hasta el 12 de agosto de 2003.
4. Posteriormente, el demandado solicitó reliquidación de la prestación por nuevos
tiempos de servicio, la cual le fue negada a través de la Resolución 007883 del 22
de febrero de 2006. En agosto de 2015 reiteró la petición, pero esta vez con
inclusión de nuevos factores salariales, negada por la resolución RDP 051524 del 3
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Número interno: 3295-2025
Demandante: UGPP
Demandado: Luis Eduardo Mulett Tovar
de diciembre de 2015, en la que la UGPP adujo que ni siquiera tenía derecho a la
pensión gracia por cuanto completó el tiempo de servicios como docente nacional.
5. Narró que al demandado no le asiste el derecho a la pensión gracia por cuanto
solo laboró 6 años, 3 meses y 24 días como docente territorial y el resto del tiempo
como nacional.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
6. Consignó en su demanda como quebrantadas la Ley 114 de 1973 (debe
entenderse que es de 1913), Ley 116 de 1928, Ley 91 de 1989, Decreto 2277 de
1979 y Ley 37 de 1993 (el año correcto de su expedición es 1933).
7. En su sentir, el acto administrativo enjuiciado viola las mencionadas normas en
que debía fundarse, en la medida que al demandado se le reconoció una pensión
gracia teniendo en cuenta tiempos de servicios no computables para dicho derecho,
esto es, aquellos prestados bajo nombramiento del orden nacional efectuados a
través del Ministerio de Educación Nacional, por lo que se encuentra demostrada la
infracción a las disposiciones legales citadas1
1.4. Contestación de la demanda
8. Luego de efectuar citas jurisprudenciales de la Sección Segunda de esta
corporación, su tema de defensa se basó exclusivamente en la caducidad de la
pretensión de nulidad del acto demandado, en cuanto reconoció la pensión gracia
al demandado desde hace más de 30 años, por lo que en aplicación del artículo 86
de la Ley 2381 de 2024, los cinco años a que hace alusión fenecieron y por tanto
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Actuación 2 samai, expediente digital del tribunal de origen, archivo de demanda
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así debe declararse, máxime que, para su reconocimiento, el docente no se valió
de medios fraudulentos2.
1.5. Sentencia de primera instancia
9. Por medio de sentencia proferida el 3 de septiembre de 2025, el Tribunal
Administrativo de Sucre concedió parcialmente las pretensiones de la demanda,
esto es, accedió a la nulidad deprecada, pero negó lo relacionado con la devolución
de dineros pagados de buena fe y las costas del proceso.
10. Para arribar a esta determinación, el A-quo, luego de analizar la caducidad
alegada por el demandado y concluir que no había lugar a su aplicación por cuanto
la Corte Constitucional, mediante auto 841 del 17 de junio de 2025, suspendió
provisionalmente la entrada en vigor de la Ley 2381 de 2024, salvo lo previsto en el
parágrafo del artículo 12 y el artículo 76, adujo que de la prueba documental
adosada se acreditó que, pese a que el docente pensionado fue vinculado con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980, el tiempo de servicios para el
reconocimiento de la pensión gracia fue laborado como de carácter nacional y no
nacionalizado por lo que no se logró concretar en su totalidad los requisitos para su
concesión y reiteró los argumentos esbozados para las suspensión de los efectos
del acto acusado, tal como lo había decretado con anterioridad.
11. En efecto, la sentencia apelada adujo que la mayoría del tiempo tenido en
cuenta para el reconocimiento de la pensión gracia fue ejercido por el pensionado
como maestro consejero de práctica docente en una escuela normal nacional y,
apoyándose en la definición que trae dicho cargo en el Decreto 2277 de 1979 y que
los dineros para el pago de su salario provenían del Ministerio de Educación,
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Expediente digital del tribunal de origen, actuación 2 samai
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consideró que debe entenderse que se trata de un docente del orden nacional y por
tanto sin derecho a esa prestación3.
1.6. El recurso de apelación
12. La parte demandada, en su impugnación, le endilgó a la sentencia dos cargos,
a saber: desconocimiento de la aplicación de la Ley en el tiempo, esto es, el artículo
86 de la Ley 2381 de 2024 en cuanto a la caducidad de la pretensión de nulidad del
acto que reconoció la pensión gracia y defecto fáctico y sustancial por
desconocimiento de la extensión del beneficio de dicha prestación a los docentes y
empleados de las escuelas normales.
13. En cuanto al primero, expresó su inconformidad aduciendo que la demanda fue
admitida el 2 de septiembre de 2016 y el traslado al demandado se surtió solo hasta
el 4 de marzo de 2025. Oportunamente la contestó y formuló la excepción de
caducidad consagrada en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, la cual fue negada
por el Tribunal amparado en el auto 841 de la Corte Constitucional del 17 de junio
de 2025 que suspendió su vigencia, argumento que no es válido por cuanto ni la
suspensión ni la declaratoria de exequibilidad de las normas tienen efectos
retroactivos y en este caso concreto ya se habían dado dos situaciones jurídicas
consolidadas que eran la presentación de la demanda y la formulación de la
mentada excepción que fueron antes de la providencia de la Corte Constitucional,
por lo que, en su sentir, se encontraba vigente. En otras palabras, planteó la
discusión de la aplicación de la ley en el tiempo.
14. Por otro lado y en lo que tiene que ver con el segundo cargo, adujo que el a quo
acudió a presunciones completamente inadmisibles desprovistas de pruebas, pues
se apoyó en meras suposiciones porque desconoció que el artículo 6 de la Ley 116
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Actuación 2 samai, expediente digital tribunal de origen, archivo sentencia.
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de 1928 extendió el beneficio de la pensión gracia a los empleados de las escuelas
normales sin hacer distinción entre nacionales o territoriales.
15. También, cuestionó que el tiempo de servicios no debe estar plasmado en un
certificado y quien lo signó no tiene competencia para declarar la naturaleza jurídica
de o pertenencia orgánica o presupuestal de la entidad emisora.
16. En consecuencia, solicitó la revocatoria de la sentencia recurrida y se nieguen
las pretensiones o, en su defecto, se declare la caducidad alegada.
17. La UGPP se adhirió a la apelación de la sentencia conforme al parágrafo del
artículo 322 del CGP en lo que le fuere desfavorable, valga decir, en la negativa de
ordenar la devolución o reintegro de los dineros pagados al demandado por
concepto de pensión gracia y la no condena en costas.
18. Para dicha solicitud se apoyó en que el docente pensionado actuó de mala fe
ya que en dos ocasiones solicitó reajuste de la pensión a sabiendas que ni siquiera
le asistía el derecho.
1.7. Trámite del recurso de apelación y de la segunda instancia
19. Concedido el recurso y la adhesión por el Tribunal, por medio del auto del 16 de
enero del año en curso (2026) el Magistrado sustanciador, atendiendo a lo dispuesto
en el artículo 247 del CPACA, lo admitió y, al no haber pruebas por practicar, el
proceso ingresó al despacho para fallo con concepto del agente del Ministerio
Público, en el cual solicitó la confirmación de la providencia recurrida 4.
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Actuaciones 4 y 10 samai de esta corporación
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II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
20. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 1437 de
2011. De igual forma, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso (CGP) 5 , el juez de segunda instancia debe pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2.2. Problema jurídico
21. De acuerdo con los reparos esgrimidos en el recurso de apelación y en su
adhesión, le corresponde a esta subsección dilucidar si hay lugar a la declaratoria
de caducidad de la pretensión de nulidad del acto administrativo de reconocimiento
pensional conforme al artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, pese a que en la
actualidad se encuentra suspendida por la Corte Constitucional. Por otro lado,
también se debe estudiar lo relacionado con el reconocimiento de la pensión gracia
que, en sentir del apelante, se hace extensiva a los empleados de las escuelas
normales.
22. Así mismo, en el caso de no aplicarse la caducidad alegada, se deben analizar
los reproches de la apelación adhesiva de la sentencia de primera instancia, en el
sentido de si es procedente ordenar la devolución de los dineros pagados al
5
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia.”
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demandado por concepto de pensión gracia porque, en su criterio, fueron recibidos
de mala fe, al igual que pronunciamiento sobre la condena en costas.
23. Con el propósito de desatar los problemas jurídicos planteados, se abordarán
los siguientes ítems: 2.3) el marco normativo y jurisprudencial de la pensión gracia;
2.4) los hechos probados; y el 2.5) caso concreto.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial de la pensión gracia
24. La pensión gracia se considera una prestación especial otorgada a los docentes
oficiales territoriales como reconocimiento a su esfuerzo, capacidad, dedicación y
conocimientos al servicio de la actividad educativa cumplida durante un lapso no
inferior a veinte (20) años, entre otras exigencias. Su regulación normativa se
condensa en los siguientes párrafos.
25. El artículo 1º de la Ley 114 de 19136 consagró por primera vez la pensión gracia
a favor de los maestros de escuelas primarias oficiales que hubieran servido en el
magisterio por un término no menor de veinte (20) años. El numeral 3° del artículo 4°
determinó que, para gozar de la gracia de la pensión, es preciso que el interesado
compruebe «que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de
carácter nacional (…)».
26. Posteriormente, la Ley 116 de 19287 amplió el beneficio de la pensión gracia a los
maestros de las escuelas normales e inspectores de instrucción, así: «artículo 6º. Los
empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción
Pública tienen derecho a la jubilación en los términos que contempla la Ley 114 de
1913 y demás que a ésta complementan. Para el cómputo de los años de servicio se
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«[Q]ue crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
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«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
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sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza
primaria como en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la
inspección.»
27. Al remitirse la norma transcrita a la Ley 114 de 1913, dejó incólume la exigencia
de no recibir otra pensión de carácter nacional para poder acceder a la pensión gracia
de jubilación, es decir, se mantuvo la prohibición establecida en la Constitución
Nacional de 1886, de recibir doble asignación del erario, limitación que también
consagra el artículo 128 de la Carta Política actual8.
28. La Corte Constitucional, en la sentencia C-479 del 9 de septiembre de 19989,
con ocasión de la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º (parcial)
y 4°(numeral 3°) de la Ley 114 de 1913, expresó que el aparte acusado del numeral
3º del artículo 4º de la ley 114 de 1913, que consagra como requisito para gozar de
la pensión de gracia el no haber recibido -ni recibir- actualmente otra pensión o
recompensa de carácter nacional, no vulnera la Constitución Política por las
facultades que la misma Carta le confirió al legislador para regularla. Dijo, además,
que los recursos del Estado para el pago de las prestaciones sociales son limitados,
por ello, es legítimo establecer condiciones para acceder a esta pensión.
29. A raíz del proceso de nacionalización de la educación ordenado por la Ley 43
de 197510, los profesores de primaria y secundaria quedaron vinculados a la Nación,
porque, como lo dispuso esta normativa, «la educación primaria y secundaria oficial
será un servicio público a cargo de la Nación». Como consecuencia de esta
8
«ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación
que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los
casos expresamente determinados por la ley. Entiéndase por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y
el de las descentralizadas».
9
M. P. Carlos Gaviria Díaz.
10
«[P]or la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el
Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras
en materia educativa y se dictan otras disposiciones».
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transformación, ya no existirían diferencias salariales entre los distintos docentes
del sector educativo oficial.
30. Luego se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 15° (ordinal 2º), respecto
de las pensiones, dispuso que los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de
1980 que por disposición de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y
demás normas que las hubiesen desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a
tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con
la totalidad de los requisitos.
31. Asimismo, precisó que para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de
1981, nacionales y nacionalizados y para aquellos que se nombren a partir del 1º de
enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una
pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último
año.
32. Las normas trascritas permiten concluir que el legislador acabó con el
reconocimiento de la pensión gracia, seguramente por la razón antes enunciada,
esto es, por quedar todos los docentes vinculados con la Nación. Por ello se acata
el criterio expuesto por la Sala Plena de esta Corporación en el fallo del 26 de agosto
de 199711, en el sentido que el artículo 15 (numeral 2°) de la Ley 91 de 1989 es de
carácter transitorio, para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la
pensión gracia, en tratándose de los docentes nacionalizados.
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En la aludida providencia el Consejo de Estado sostuvo: i) esta disposición se refiere de manera exclusiva a aquellos
docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el proceso de nacionalización; ii) la
norma reguló una situación transitoria porque su propósito fue colmar las expectativas de los docentes vínculados hasta el 31
de diciembre de 1980 e involucrados en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria; iii) para los
docentes nacionalizados que se hayan vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no existe la
posibilidad del reconocimiento de tal pensión. Expediente S-699 del 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón,
magistrado ponente Nicolás Pájaro Peñaranda.
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33. Recientemente, la Sección Segunda de esta corporación se ocupó de dilucidar
la interpretación aplicable del literal a) del numeral 2° del artículo 15 de la Ley 91 de
1989, mediante la sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2021 del 11 de agosto
de 2022, expediente 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), en la que
precisó que se puede acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre que se acredite una vinculación anterior al 31 de
diciembre de 198012.
34. De acuerdo con la normativa expuesta y la jurisprudencia antes relacionada, en
criterio de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, es dable conceder la
pensión gracia al docente que, pese a colmar los requisitos con posterioridad al 29
de diciembre de 1989 (entrada en vigor de la Ley 91 de ese año), fue designado en
el sector educativo oficial territorial antes 31 de diciembre de 1980, umbral que
precisamente previó el legislador como plazo máximo para iniciar tales labores y,
por ende, ser acreedor de esa prestación.
35. De manera que para el reconocimiento y pago de la pensión gracia, es
indispensable acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos
en la normativa que la regula, entre los que se encuentran haber prestado los
servicios como docente en planteles departamentales, distritales o municipales por
un término no menor de veinte (20) años; haber estado vinculado antes del 31 de
diciembre de 1980; cumplir cincuenta (50) años de edad y desempeñarse con
honradez, consagración y buena conducta.
12
Lo anotado, al considerar que, como lo coligió la Corte Constitucional en fallo SU-14 de 2020 , esa disposición «(…) «solo
tiene una lectura posible, esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria,
los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de
secundaria aún podrían acceder a la prestación [después del 29 de diciembre de 1989,] siempre que se hubiesen vinculado
hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la
pensión gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la
promulgación de la Ley 91 de 1989».
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2.4. Hechos probados
36. Para resolver la controversia, la Sala tendrá en cuenta el acervo probatorio
allegado al proceso, el cual le permite tener por acreditados los siguientes hechos:
a) Por medio de la resolución 006125 del 6 de julio de 1995, la extinta CAJANAL
reconoció una pensión gracia al demandado quien para esa época contaba con más
de 50 años de edad, pues nació el 27 de abril de 194413
b) Según certificado de tiempo de servicios expedido por la Secretaría de Educación
de la gobernación del Departamento de Sucre, el demandado laboró en diferentes
escuelas de ese ente territorial desde el 19 de febrero de 1969 hasta el 26 de mayo
de 1975 y como docente en propiedad en la escuela Normal Superior de Corozal
desde el 27 de mayo de 1975 hasta el 12 de agosto de 200314.
c) Dichos tiempos de servicios fueron tenidos en cuenta por la extinta CAJANAL
para el reconocimiento pensional.
2.5. Caso concreto
37. Con el propósito de resolver el primer problema planteado cabe precisar que los
términos para presentar oportunamente las demandas ante esta jurisdicción se
encuentran consagrados en el artículo 164 del CPACA. Sin embargo, frente al tema
concreto de reconocimiento pensional, con posterioridad se expidió la Ley 2381 de
2024 -suspendida su aplicación, según lo dispuesto por la Corte Constitucional en el Auto
841 de 202515-, que estableció un término de caducidad distinto, así:
13
Expediente administrativo, archivos 3 y 12
14
Expediente administrativo, archivo 17
15 En el referido auto 841 de 2025 la Corte Constitucional decidió suspender la entrada en vigencia de la Ley 2381 de 2024
y devolverla a la Cámara de Representantes para que subsane un vicio de procedimiento en el que se incurrió en el proceso
de discusión y votación, por ende, una vez la Cámara cumpla con lo ordenado por la Corte, esta se pronunciará definitivamente
de fondo sobre la constitucionalidad de dicha ley.
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«Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones administrativas y
contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a partir del
reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades facultadas para ello a excepción
y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones administrativas y/o
contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber sido reconocidas, y que estén
en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o
contenciosas y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser susceptibles del recurso
Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5) años a partir de la
vigencia de esta ley.»
38. Dicha norma comporta una modificación respecto de la oportunidad para acudir
a esta jurisdicción en materia pensional contemplado por el artículo 164 del CPACA,
con vocación de aplicación inmediata, incluso para los procesos en los que se
debatía la legalidad de actos administrativos que reconocieron una pensión y se
encontraban en trámite al 16 de julio de 2024, fecha de promulgación de la
comentada ley.
39. Sin embargo, esta Subsección, durante el tiempo en que dicha ley estuvo
vigente, de manera categórica dilucidó que el artículo referenciado no podía ser
aplicado de manera contraria a los postulados esenciales que rigen la
implementación de reglas concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios
consagradas en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, pues si bien es cierto las
normas de derecho procesal son de orden público, y «[…] prevalecen sobre las
anteriores desde el momento en que deben empezar a regir», también lo es que «[…] los
recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las
diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso
y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se
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interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o
diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron
a surtirse las notificaciones».
40. Por tanto, la Subsección en diversos asuntos 16 concluyó que el término de
caducidad establecido por el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 solo resulta
oponible respecto de las demandas formuladas después de su promulgación
conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887, no siendo posible aplicar a los
procesos judiciales en trámite un término que no existía en el momento en que
fueron iniciados, pues de esta forma se garantizan los principios de confianza
legítima y legalidad así como los derechos al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y tutela judicial efectiva consagrados en el artículo 29 de
la Constitución Política, por lo que se inaplicaba la norma en cita.
41. En el presente asunto, la demanda fue presentada el 4 de agosto de 201617,
razón por la cual, tal como quedó dilucidado en precedencia, de conformidad con el
inciso segundo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887 le resulta aplicable el numeral
1, literal c), del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, comoquiera que, al momento
de la formulación del libelo genitor, esa era la norma que regía la oportunidad para
el ejercicio del medio de control.
42. De esta forma queda dilucidado el primer problema jurídico que plantea el
recurso de apelación en lo relacionado con la aplicación de la ley en el tiempo y por
tanto no hay lugar a la caducidad del medio de control instaurado por la UGPP, en
la forma prevista por el suspendido artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, por lo que,
por este aspecto, se confirmará la sentencia apelada.
16
Entre otras, se puede consultar la sentencia del 19 de junio de 2025, radicado 25000-23-42-000-2017-06078-01 (0187-
2025), C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
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Samai, expediente digital tribunal de origen, archivo 003.
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Número interno: 3295-2025
Demandante: UGPP
Demandado: Luis Eduardo Mulett Tovar
43. La parte demandada también le endilgó un segundo cargo a la sentencia de
primera instancia aduciendo que el docente si reunía los requisitos para acceder a
la pensión gracia, esto es, que el tiempo de servicios laborado en la Normal Superior
de Corozal desde el 1 de marzo de 1975 hasta la fecha del reconocimiento debe
computarse como válido para el beneficio, toda vez que así lo consagra la Ley 116
de 1928 que lo extendió a esta clase de maestros.
44. La Sala considera desacertada la posición del recurrente toda vez que si bien
es cierto que la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensión gracia a los
empleados de las escuelas normales, no menos veraz es que en este caso concreto
el docente fue designado por el Ministerio de Educación Nacional 18 y no existe
probanza alguna que certifique que su salario era pagado con recursos del
Municipio de Corozal o del Departamento de Sucre o, al menos, con dineros del
antiguo situado fiscal o sistema general de participaciones, por lo que se desdibuja
el carácter de territorial y tampoco puede considerarse nacionalizado por cuanto no
cumple el requisito consagrado en el artículo 1° de la Ley 91 de 1989 y Ley 43 de
1975, esto es, que hubiese sido nombrado por entidad territorial durante el tiempo
cuestionado y que la extinta CAJANAL erradamente sumó para completar los 20
años de servicio que exige la ley para ser acreedor al derecho a esta clase de
prestación.
45. Bajo este hilo conductor, tampoco prospera este segundo cargo enrostrado a la
sentencia apelada, por lo que, por este aspecto deberá ser confirmada.
46. Trasegamos ahora por la inconformidad planteada por la UGPP en la adhesión
de la apelación consistente en la devolución de los dineros pagados al demandado
18
Samai, expediente digital tribunal de origen. Archivo 128, acta posesión como maestro consejero práctica docente anexa a
la Normal de Corozal, nombrado por resolución No, 2701 del 22 de mayo de 1975 del Ministerio de Educación Nacional.
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Demandante: UGPP
Demandado: Luis Eduardo Mulett Tovar
por concepto de pensión gracia, por cuanto, según su parecer, actuó de mala fe por
solicitar en dos ocasiones el reajuste pensional.
47. La parte final del artículo 164 del CPACA en su literal c) aduce que no habrá
lugar recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe. En el evento
que ahora nos ocupa, conforme al artículo 167 del CGP, la carga de demostrar que
el señor Mulett Tovar actuó con intenciones perversas, valido de medios
fraudulentos o con la comisión de un delito para predicar una mala fe, le
correspondía a la UGPP como entidad que se adhirió a la apelación y que la alegó
en su escrito, pero no lo hizo. La circunstancia de haber solicitado reajuste pensional
no lo sitúa en este campo porque creyó que le asistía el derecho.
48. Igual suerte corre lo relacionado con la condena en costas por cuanto el
demandado solo actuó en defensa de sus intereses, dándose de esta forma
aplicación de la adición introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 al
artículo 188 del CPACA.
2.6 Condena en costas
49. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, razón
por la cual no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011 y, por lo tanto, no se impondrá condena en costas en ninguna de las
instancias.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Número interno: 3295-2025
Demandante: UGPP
Demandado: Luis Eduardo Mulett Tovar
FALLA:
PRIMERO: Confirmar en su integridad la sentencia del Tres (3) de Septiembre de
Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por Tribunal Administrativo de Sucre, conforme
a lo explicado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin costas en ambas instancias.
TERCERO: Por Secretaría, devuélvase el expediente digitalizado al tribunal de
origen, previas las anotaciones y constancias de rigor.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Ausente con excusa Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada
Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
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