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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2017-00270-01

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2017-00270-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 24 de septiembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. En su lugar, declarar la nulidad de las Resoluciones 023186 de 02 de junio de 2017 y RDP 031784 de 09 de agosto de 2017, mediante las cuales la UGPP negó el reconocimiento de la pensión gracia del actor. TERCERO. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP reconocer y pagar la pensión gracia del señor Efraín José Bravo Ávila, identificado con cédula de ciudadanía 92.095.768, en cuantía del 75% del promedio de todos los factores devengados en el año anterior a la consolidación de su estatus pensional, comprendido entre el 28 de septiembre de 2011 y el 27 de septiembre de 2012. La prestación tendrá efectos fiscales a partir del 20 de febrero de 2014, por haber operado el fenómeno de la prescripción trienal. CUARTO. CONDENAR en costas en ambas instancias a la entidad demandada, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Para tal efecto, las agencias Radicado: 70001 23 33 000 2017 00270 01 (0301-2026) Demandante: Efraín José Bravo Ávila en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Sucre. QUINTO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 70001-23-33-000-2017-00270-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 70001 23 33 000 2017 00270 01 (0301-2026)
Demandante: Efraín José Bravo Ávila
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Naturaleza de la
vinculación docente. Ley 1437 de 2011
Decisión: Revocar la sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección A procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto por el demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre el 24 de septiembre de 2025, que negó a las pretensiones
de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Hechos y pretensiones
2. El señor Efraín José Bravo Ávila, por intermedio de apoderado judicial solicitó
declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 023186 de 02 de junio de 2017 y
RDP 031784 de 09 de agosto de 2017, con las que la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
– UGPP –, negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento de la
pensión gracia; condenar a la entidad al pago de los reajustes contemplados en la

1
Visible en el archivo 037ExpedienteEscaneado.pdf del expediente digital que reposa en el aplicativo SAMAI

Radicado: 70001 23 33 000 2017 00270 01 (0301-2026)
Demandante: Efraín José Bravo Ávila

Ley 71 de 1988; el pago de intereses moratorios; el cumplimiento a la sentencia de
conformidad con el CPACA; y se condene en costas.

4. Argumentó que nació el 28 de agosto de 1960, que fue nombrado como
docente del departamento de Sucre mediante Decreto 234 de 7 de marzo de 1979,
vínculo que se extendió hasta el 16 de enero de 1980; y que, posteriormente, fue
nombrado mediante Decreto 092 de 18 de noviembre de 1993.

1. En razón de lo anterior elevó solicitud de reconocimiento y pago de la pensión
gracia ante la UGPP, la cual fue resuelta de manera negativa con los actos hoy
demandados.

1.3 Fundamentos de derecho y concepto de violación
2. Indicó que la entidad demandada desconoció los artículos 1 y 15 de la Ley
91 de 1989; 115 de la Ley 115 de 1994; 81 de la Ley 812 de 2003; las Leyes 114
de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933; y el artículo 2 del Decreto 196 de 1995. Alegó
la nulidad de los actos acusados por cuanto la UGPP calificó como nacional el
tiempo laborado con posterioridad a 1993, pese a que en el Decreto 092 de 18 de
noviembre de 1993 se indicó expresamente que el nombramiento era de carácter
nacionalizado.

3. Asimismo, sostuvo que la naturaleza de la vinculación docente depende de
la autoridad que expide el acto de designación y no de la fuente de financiación de
los recursos, por lo que consideró acreditado el cumplimiento de los requisitos para
acceder a la pensión gracia.

1.4 Contestación de la demanda2
4. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, se opuso a las pretensiones de la
demanda, al considerar que los actos acusados fueron expedidos con fundamento
en las normas que regulan la pensión gracia. Sostuvo que el demandante no
acreditó el cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a dicha prestación,
en particular, los 20 años de servicio como docente municipal, departamental o
nacionalizado, ni la vinculación docente con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

2
Visible en el archivo 037ExpedienteEscaneado.pdf del expediente digital que reposa en la aplicativo SAMAI. La demanda
se presentó el 05 de octubre de 2017, y fue admitida el 22 de enero de 2018.

Radicado: 70001 23 33 000 2017 00270 01 (0301-2026)
Demandante: Efraín José Bravo Ávila

5. Explicó que, de acuerdo con la certificación laboral expedida por la Secretaría
de Educación de Sucre el 6 de diciembre de 2016, el tiempo laborado por el actor
desde 1993 correspondió a una vinculación nacional, razón por la cual no podía ser
computado para efectos de la pensión gracia. Finalmente, propuso como
excepciones i) legalidad de los actos administrativos demandados, ii) buena fe y iii)
prescripción trienal.

1.5 Sentencia de primera instancia3
6. El Tribunal Administrativo de Sucre, mediante sentencia del 24 de septiembre
de 2025, negó las pretensiones de la demanda, y se abstuvo de condenar en costas.

7. Señaló que, si bien el demandante acreditó el cumplimiento de la edad
exigida y una vinculación docente anterior al 31 de diciembre de 1980, únicamente
demostró 1 año y 5 días de servicios como docente nacionalizado, correspondientes
a los nombramientos efectuados en 1979 y 1980.

8. Explicó que el tiempo laborado con posterioridad al Decreto 092 de 1993 no
podía ser computado para efectos de la pensión gracia, por cuanto las
certificaciones expedidas por la Secretaría de Educación Departamental de Sucre
daban cuenta de una vinculación de carácter nacional desde 1993 hasta 2021.

9. Precisó que las certificaciones de tiempo de servicio constituyen prueba
idónea para acreditar la naturaleza de la vinculación docente, razón por la cual
concluyó que el actor no acreditó 20 años de servicios como docente territorial o
nacionalizado, requisito indispensable para acceder a la prestación reclamada.

1.6 Recurso de apelación4
10. La parte demandante interpuso recurso de apelación con el fin de que se
revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se acceda a las
pretensiones de la demanda.

11. Sostuvo que el Tribunal desconoció el valor probatorio del Decreto 092 de
1993, pues, a su juicio, de dicho acto se desprende que el nombramiento del actor
fue de carácter nacionalizado y no nacional. Indicó que la intervención del delegado
del Ministerio de Educación Nacional no modificaba la naturaleza de la vinculación,

3
Visible en el archivo 027Sentencia.pdf que reposa en el expediente digital
4
Visible en el archivo 029_MemorialWeb_Recurso-RECURSOEFRAINBRAVO.pdf que reposa en el expediente digital

Radicado: 70001 23 33 000 2017 00270 01 (0301-2026)
Demandante: Efraín José Bravo Ávila

sino que obedecía al procedimiento previsto para los nombramientos docentes
después del proceso de nacionalización de la educación.

12. Agregó que el a quo otorgó prevalencia indebida a las certificaciones
expedidas por las entidades territoriales, pese a que, según afirmó, estas se
fundaron en información del FOMAG y calificaron arbitrariamente como nacionales
los nombramientos efectuados después del 1.º de enero de 1990.

13. Por último, alegó que la sentencia desconoció la regla de unificación del
Consejo de Estado conforme a la cual la calidad de docente territorial o
nacionalizado no se pierde por la intervención del delegado del Ministerio de
Educación Nacional ni por el origen de los recursos, y que lo relevante es acreditar
la naturaleza de la plaza a partir del acto administrativo de vinculación.

1.7 Trámite correspondiente a segunda instancia
14. Mediante auto de 13 de febrero de 2026, se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandante.

15. En esta oportunidad, el Ministerio Público conceptuó que debía revocarse
la sentencia de primera instancia, al considerar que el demandante acreditó los
requisitos para acceder a la pensión gracia. Señaló que lo relevante para determinar
la naturaleza de la vinculación docente es establecer quién expidió el acto
administrativo de nombramiento y bajo qué competencia, y no el origen de los
recursos con los que se sufragó la prestación. Indicó que, conforme a la sentencia
de unificación CE-SUJ2-011-18, la calidad de docente territorial o nacionalizado no
se pierde por la intervención del delegado del Ministerio de Educación Nacional ni
por la financiación con recursos del situado fiscal o del sistema general de
participaciones.

16. Por su lado, la parte actora y la entidad demandada guardaron silencio.

17. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

I. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

Radicado: 70001 23 33 000 2017 00270 01 (0301-2026)
Demandante: Efraín José Bravo Ávila

18. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo5. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso6, la competencia del
juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y,
comoquiera que, en el caso de la referencia, únicamente la parte demandante
presentó recurso de alzada, el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.

2.2. Problema jurídico
19. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el señor Efraín José
Bravo Ávila, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia por
haber cumplido los requisitos para ello, en especial lo relativo a los 20 años de
servicio como docente territorial o nacionalizado; o si, por el contrario, no acredita
las exigencias para dicho reconocimiento.

2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
2.3.1 La pensión gracia
20. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de
1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido
en el magisterio por un término no menor de 20 años. En ese sentido, respecto de
los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los
docentes que aspiran a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo
siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración y
buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de
carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91
de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad
al 31 de diciembre de 1980.

21. A su vez, con las leyes 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989 se regularon
distintos aspectos, a saber, se extendió el beneficio de dicha prestación a los
empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de
instrucción pública; así como a los maestros de escuela que hubieren completado
el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza
secundaria. Y además con la mentada Ley 91, se distinguió entre los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales; y en el numeral 2 del artículo 15 de esta

5 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
6 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»

Radicado: 70001 23 33 000 2017 00270 01 (0301-2026)
Demandante: Efraín José Bravo Ávila

última se limitó el reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al
establecer:

«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el
evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»

22. De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la
pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los
de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales7.

23. Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente
(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio
de 20188 previó unas pautas jurisprudenciales relacionadas con el entendimiento
que había que darse en los casos en que los pagos a docentes provienen del situado
fiscal, lo que no implica que se traten de docentes nacionales; y tampoco tienen está
naturaleza por el hechos que en el acto de vinculación intervenga además del
representante legal de la entidad territorial, el delegado de la junta administradora
del fondo educativo regional, así este último certifique la vacancia del cargo y la
disponibilidad presupuestal; y tampoco porque se aluda que los recursos destinados
para el sostenimiento tiene origen o fuente en la Nación.

24. Además, se establecieron pautas jurisprudenciales en torno a la prueba de la
calidad docente y origen de los recursos de la entidad nominadora que se
destacan:

7
Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997.
8
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

Radicado: 70001 23 33 000 2017 00270 01 (0301-2026)
Demandante: Efraín José Bravo Ávila

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar,
esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos
fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales,
el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la
respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los
gastos a través de los fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los
educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los
recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)

25. Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del
11 de agosto de 20229 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla
jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley
91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que «Los docentes
pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su
reconocimiento».

26. Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las
mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial. Por lo que se puede concluir entonces que, para
obtener la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20 años en
establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o en
secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de
docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro
cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y el cumplimiento de los demás requisitos
exigidos por la Ley 114 de 1913.

9
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

Radicado: 70001 23 33 000 2017 00270 01 (0301-2026)
Demandante: Efraín José Bravo Ávila

2.4 Actuación administrativa
27. El demandante, actuando por intermedio de apoderado, presentó el 20 de
febrero de 2017, ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, solicitud de
reconocimiento y pago de una pensión gracia, la cual fue negada mediante la
Resolución RDP 023186 del 02 de junio de 201710, por considerar que no se
aportó prueba del vínculo docente con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, y
que además el certificado de información laboral expedido por la Secretaria de
Educación de Sucre señaló que a partir de 1993 se trató de un vínculo de carácter
nacional.

28. Inconforme con dicha respuesta el señor Bravo Ávila interpuso recurso de
apelación, el cual fue desatado a través de la Resolución RDP 031784 de 09 de
agosto de 2017 confirmando la negativa.

2.5 Caso concreto
29. Así entonces, pasa la Sala a resolver el problema jurídico planteado, en orden
a determinar si el demandante cumple con las exigencias contenidas en la Ley 114
de 1913, demás normas complementarias y la jurisprudencia del Consejo de
Estado, para el reconocimiento de la pensión gracia.

2.5.1 Del cumplimiento de los requisitos
30. Edad. Se encuentra acreditado que el señor Efraín José Bravo Ávila nació el
28 de agosto de 1960, razón por la que, el 28 de agosto de 2010, cumplió 50 años;
requisito este frente al cual no existe discusión.

31. Buena conducta. En cuanto al desempeño del ejercicio docente, no se
observan reproches que pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad
educativa, por lo que también se entiende cumplido dicho requisito.

32. Vinculación del demandante y tiempo de servicios. Ahora bien, se
observan las siguientes novedades laborales del actor como docente oficial,
aspecto sobre el que se centra el recurso de apelación de la parte demandada.

• Con antelación al 31 de diciembre de 1980. Desde el 7 de marzo de
1979 hasta el 15 de enero de 1980 (10 meses y 8 días)

10Visible en la página 25 del escrito de la demanda que reposa en el expediente digital

Radicado: 70001 23 33 000 2017 00270 01 (0301-2026)
Demandante: Efraín José Bravo Ávila

33. Revisado el expediente, se observa que a través del Decreto 234 del 7 de
marzo de 1979, el gobernador del departamento de Sucre en uso de sus facultades
legales nombró al señor Efraín José Bravo Ávila como maestro seccional de la
Escuela Urbana Co-Instrucción Pablo Sexto de Sincelejo; cargo del que tomó
posesión en la misma fecha.

34. Por su parte, la Secretaría de Educación del departamento de Sucre en
certificado de tiempo de servicio de 3 de octubre de 2016, indicó que el señor Bravo
Ávila ocupó el cargo de docente en propiedad, del orden nacionalizado, en la
Escuela Urbana Pablo VI, en el periodo comprendido desde el 7 de marzo de 1979
hasta el 15 de enero de 1980.

35. A partir del contenido del acto de nombramiento, del acta de posesión y del
certificado de tiempo de servicios, se advierte que la vinculación del demandante
tuvo carácter nacionalizado. En efecto, aunque el Decreto 234 de 7 de marzo de
1979 fue expedido por el gobernador del departamento de Sucre en uso de sus
facultades legales, en el acta de posesión se dejó constancia de que la vinculación
correspondía al Fondo Educativo Regional. Esta información, además, se
acompasa con la certificación expedida por la Secretaría de Educación
Departamental de Sucre, en la que se indicó que el actor ocupó el cargo de docente
nacionalizado en la Escuela Urbana Pablo VI, entre el 7 de marzo de 1979 y el 15
de enero de 1980.

36. Sobre este aspecto, conviene recordar que el carácter nacionalizado de
estas designaciones está soportado en el artículo 1º de la Ley 91 de 1989,
disposición que reconoce como tales a los «docentes vinculados por nombramiento
de entidad territorial antes del 1º de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta
fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975».

37. De igual forma, resulta necesario reiterar que la referencia al Fondo
Educativo Regional contenida en el acta de posesión, así como la eventual
intervención del delegado permanente del Ministerio de Educación como miembro
de la junta administradora del FER, junto con el representante legal de la entidad
territorial, no permiten concluir que se trate de un docente nacional. Así lo precisó
esta Sección en sentencia de unificación de 21 de junio de 201811, al señalar que
la calidad de docente territorial o nacionalizado no se pierde por la intervención de

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de
unificación CE-SUJ2-011-18 de 21 de junio de 2018, rad. 25000-23-42-000-2013-04683-01(3805-
14), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

Radicado: 70001 23 33 000 2017 00270 01 (0301-2026)
Demandante: Efraín José Bravo Ávila

dicho delegado ni por la certificación de la vacancia del cargo o de la disponibilidad
presupuestal. Y en virtud de esta misma decisión, tampoco puede interpretarse que
el pago de las acreencias laborales de los educadores territoriales y nacionalizados
con cargo «[…]a las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
-situado fiscal- […] hoy sistema general de participaciones.», genere que los
recursos que enmarcan la prestación del servicio sean de naturaleza nacional y por
consiguiente le otorguen dicha calidad a la plaza que el profesor oficial ostenta.

38. En ese orden de ideas, el tiempo de servicios objeto de estudio, equivalente
a 10 meses y 8 días resulta válido para efectos de la pensión gracia, al tratarse de
una vinculación docente de carácter nacionalizado.

• Desde el 21 de abril hasta el 16 de junio de 1980 (1 mes y 25 días)
39. Con relación a este periodo, la Sala advierte que no obra en el plenario acto
administrativo de nombramiento ni de posesión del actor para ese lapso. No
obstante, sí milita certificado de tiempo de servicios de 3 de octubre de 2016,
anteriormente referenciado, expedido por la Secretaría de Educación del
departamento de Sucre en el que se relaciona que el actor fue nombrado como
docente nacionalizado mediante Resolución 00161 de 24 de abril de 1980, en la
Escuela Urbana Pablo VI de Sincelejo.

40. Observa la Sala que dicho certificado contiene los elementos esenciales para
identificar la vinculación del actor, tales como la autoridad nominadora, el cargo
desempeñado, los actos de vinculación y las fechas de inicio y terminación del
servicio, lo que permite establecer con claridad la naturaleza del vínculo, por lo que

Radicado: 70001 23 33 000 2017 00270 01 (0301-2026)
Demandante: Efraín José Bravo Ávila

resulta útil, conducente y pertinente de cara a la controversia que se analiza, sin
que obre prueba que desvirtúe su contenido.

41. Además, de conformidad con las pautas jurisprudenciales fijadas por la Sala
Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación
CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201812, la certificación expedida por la
autoridad nominadora constituye un medio idóneo para acreditar la calidad de
docente territorial y/o nacionalizado cuando no se allegan los actos administrativos
de vinculación. En consecuencia, se tiene por demostrado que el actor prestó sus
servicios como docente nacionalizado durante el periodo comprendido entre el 21
de abril hasta el 16 de junio de 1980, para un total de 1 mes y 25 días.

42. En ese sentido, tal como se explicó al analizar el periodo anterior, la
naturaleza nacionalizada de la vinculación resulta válida para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia, pues esta prestación ampara tanto a los
docentes territoriales como a los nacionalizados vinculados antes del 31 de
diciembre de 1980, de conformidad con las Leyes 114 de 1913 y 91 de 1989.

• Desde el 1° de octubre de 1993 hasta el 20 de febrero de 2017 – fecha
de reclamación administrativa- (23 años, 4 meses y 19 días)

43. Se itera que el tribunal de instancia consideró que este periodo no podía ser
valorado para efectos de obtener la pensión gracia, en razón a que se ejerció como
docente nacional; valoración que se cuestiona con el recurso de apelación por la
parte actora.

44. Pues bien, reposa en el plenario copia del Decreto 092 de 18 de noviembre
1993, por medio del cual el alcalde municipal de Galeras – Sucre en ejercicio de las
facultades conferidas por el artículo 9º de la Ley 29 de 1989 y de conformidad con
los Decretos 2277 de 1979 y 1706 de 1989, nombró en propiedad al señor Efraín
José Bravo Ávila, como docente de secundaria en el Colegio de Bachillerato del
mismo municipio.

45. Por su parte, la Secretaría de Educación del departamento de Sucre, en
Formato Único para la Expedición de Historia Laboral del 12 de septiembre de 2019,

12 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-

2014).

Radicado: 70001 23 33 000 2017 00270 01 (0301-2026)
Demandante: Efraín José Bravo Ávila

certificó que el aquí demandante en el período de la referencia fue docente en la
Institución Educativa Galeras, con un régimen de pensiones nacional.

46. Advierte a Sala que, si bien en los certificados de historia laboral aportados al
proceso se consigna que se trató de una docente con un régimen de
pensiones nacional, dicha clasificación es ajena a la naturaleza del vínculo, pues
esta se establece a partir del acto de nombramiento y de la entidad territorial que
efectuó la designación, de manera que no tiene incidencia alguna.

47. Aclarado lo anterior, se observa que el decreto de nombramiento en mención
se expidió en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 9° de la Ley 29 de
1989 y los Decretos 2277 de 1979 y 1706 de 1989. Sobre el particular, como ya lo
ha precisado la Sala en asunto similares13, el nombramiento en uso de las
facultades otorgadas en el artículo 9 de la Ley 29 de 1989, no significa per se que
la vinculación sea nacional, puesto que en virtud de esa disposición se asignaron a
los alcaldes municipales las funciones de nombrar, trasladar, remover, controlar y,
en general, administrar el personal docente y administrativo de los establecimientos
educativos nacionales o nacionalizados. Por su parte, el Decreto 2277 de 1979
establece el régimen especial regular las condiciones de ingreso y demás
situaciones administrativas sobre el ejercicio de la profesión docente y el Decreto
1706 de 1989 reglamentó, entre otros, el ya mencionado artículo 9 de la Ley 29 de
1989.

48. Así entonces, de conformidad con el material probatorio aportado, se advierte
que le asiste razón a la parte actora con el recurso, pues, para esta Subsección el
educador durante este interregno tuvo una vinculación de carácter nacionalizado,
esto por cuanto, a partir del acto de designación se evidencia que esta se realizó
por voluntad de la autoridad territorial, dejándose constancia que el alcalde actuaba
en uso de las facultades anteriormente referidas.

49. En cuanto a la participación del delegado del Ministerio de Educación
Nacional, debe la Sala señalar que se encaminó a garantizar la disponibilidad de los
recursos para el pago de los salarios del docente, más ello no implica en modo
alguno, que el demandante tuvo la condición de docente nacional; nótese que en
las consideraciones se indicó que dicho delegado ante el FER certificó la existencia
de disponibilidad presupuestal para el nombramiento del educador. A lo anterior se

13 Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda, Subsección A - expediente 47001 23 33 000 2019
00604 01 (3916-2021), C.P. Luis Mesa Nieves.

Radicado: 70001 23 33 000 2017 00270 01 (0301-2026)
Demandante: Efraín José Bravo Ávila

suma que, no se dejó constancia de que se actuará por instrucciones de dicho
ministerio, o que la plaza fuera de aquéllas del orden nacional.

50. Por lo anterior, la Sala no comparte las conclusiones a las que arribó el
Tribunal de instancia, ya que en atención a lo hasta aquí expuesto, el Decreto 092
de 18 de noviembre 1993, la designación del actor como educador es de naturaleza
nacionalizada. Importante mencionar que, no desconoce la Sala que obra en el
plenario certificación laboral emanada de la secretaría de educación que indica que
el vínculo era nacional, no obstante, se le resta mérito probatorio al contenido de
dicho documento, pues, el análisis del acto de designación permite con certeza
concluir que por el contrario se trató de un docente nacionalizado, en tanto se itera,
el nombramiento lo efectuó una autoridad territorial, en una fecha posterior al 1° de
enero de 1976, es decir, en el marco del proceso de nacionalización contenido en
la Ley 43 de 1975 y contó con el aval de las autoridades pertinentes, lo que
encuentra respaldo en el artículo 1° de la Ley 91 de 1989, dispone que son
nacionalizados aquellos «docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975».

51. En ese orden de ideas, el tiempo de servicios objeto de estudio, en un total
de 23 años, 4 meses y 19 días, es válido para acreditar el requisito exigido para
obtener la pensión gracia, pues, se trata de un vínculo como docente
nacionalizado.

52. Hasta lo aquí expuesto, estima la Sala que el demandante acreditó los
requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión gracia, lo que impone
revocar la sentencia de primera instancia. Esta conclusión se funda en los
siguientes razonamientos:

i) El señor Efraín José Bravo Ávila demostró que laboró en el magisterio oficial
durante más de 20 años como docente, en plazas clasificadas como nacionalizadas.
Igualmente, tuvo una experiencia como educador anterior al 31 de diciembre de
1980, por ende, en lo que respecta al tiempo de servicio, cumple con los
presupuestos previstos por las Leyes 114 de 1913 y 91 de 1989 para ser acreedor
del beneficio pensional pretendido.

ii) El tiempo de servicio computable para obtener la pensión gracia corresponde al
siguiente:

Radicado: 70001 23 33 000 2017 00270 01 (0301-2026)
Demandante: Efraín José Bravo Ávila

Carácter de plaza Desde Hasta Tiempo laborado
ocupada
Nacionalizada 07 de marzo de 1979 15 de enero de 1980 10 meses y 8 días
Nacionalizada 21 de abril de 1980 16 de junio de 1980 1 mes y 25 días
Nacionalizada 1° de octubre de 1993 20 de febrero de 2017 23 años, 4 meses y 19
días
Total: 24 años, 4 meses y
22 días

53. Cabe destacar que, para el momento en que el actor cumplió los 50 años de
edad -el 28 de agosto de 2010-, aún no había alcanzado los 20 años de servicios,
lo cual solo ocurrió hasta el 28 de septiembre de 2012.

54. Así las cosas, se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se declarará
la nulidad de los actos acusados y se ordenará el reconocimiento y pago de la
pensión gracia pretendida, en cuantía del 75% del promedio de la totalidad de los
factores devengados por el demandante en el año anterior a la consolidación de su
estatus pensional, comprendido entre el 28 de septiembre de 2011 y el 27 de
septiembre de 2012.

55. La referida liquidación es consonante con los artículos 4 de la Ley 4 de 1966,
5 del Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales trazados por esta
Corporación frente al monto de la prestación, esto es, que «la pensión gracia debe
liquidarse con base en los emolumentos devengados durante el año anterior a la
adquisición del estatus pensional».

56. En punto a la prescripción, es necesario resaltar que, siendo exigible el
derecho a partir del 28 de septiembre de 2012, cuando adquirió el estatus, el actor
tenía hasta el 28 de septiembre de 2015 para presentar la reclamación
administrativa, no obstante, ello solo ocurrió hasta el 20 de febrero de 2017, y la
demanda la radicó el 05 de octubre de 2017, por lo que se configuró la prescripción
de las mesadas dejadas de percibir con anterioridad al 20 de febrero de 2014.

57. La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor
presente de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el
Consejo de Estado, según la cual:

Radicado: 70001 23 33 000 2017 00270 01 (0301-2026)
Demandante: Efraín José Bravo Ávila

R= RH Índice Final
Índice inicial

58. En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(RH), que es lo dejado de percibir por el demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el
índice vigente a la fecha en que el demandante obtuvo el estatus pensional. Por
tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por
mes.

59. De otro lado, no se reconocerán los intereses moratorios solicitados por el
accionante, ya que esta Corporación ha precisado que no pueden ordenarse cuando
la pensión aún no ha sido reconocida, como ocurre en el sub-lite, pues hasta el
momento de proferirse el fallo el derecho reclamado se encuentra en discusión, por
ende, no existe un acto administrativo que radique la prestación en cabeza del
demandante y le permita exigir su pago oportuno.

2.8. Condena en costas en ambas instancias
60. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.

61. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

Radicado: 70001 23 33 000 2017 00270 01 (0301-2026)
Demandante: Efraín José Bravo Ávila

62. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

63. En consecuencia, se impondrán costas en ambas instancias a la entidad
demandada -parte vencida-, por cuanto la sentencia de primera instancia será
revocada en su totalidad. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del
CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Sucre.

64. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

II. FALLA

PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 24 de septiembre de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Sucre, por medio de la cual se negaron las pretensiones
de la demanda.

SEGUNDO. En su lugar, declarar la nulidad de las Resoluciones 023186 de 02
de junio de 2017 y RDP 031784 de 09 de agosto de 2017, mediante las cuales la
UGPP negó el reconocimiento de la pensión gracia del actor.

TERCERO. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, ordenar a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
reconocer y pagar la pensión gracia del señor Efraín José Bravo Ávila, identificado
con cédula de ciudadanía 92.095.768, en cuantía del 75% del promedio de todos
los factores devengados en el año anterior a la consolidación de su estatus
pensional, comprendido entre el 28 de septiembre de 2011 y el 27 de septiembre
de 2012. La prestación tendrá efectos fiscales a partir del 20 de febrero de 2014,
por haber operado el fenómeno de la prescripción trienal.

CUARTO. CONDENAR en costas en ambas instancias a la entidad demandada,
por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Para tal efecto, las agencias

Radicado: 70001 23 33 000 2017 00270 01 (0301-2026)
Demandante: Efraín José Bravo Ávila

en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Sucre.

QUINTO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA

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