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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2018-00174-01

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 70001-23-33-000-2018-00174-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

22 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 70001-23-33-000-2018-00174-01 (3284-2025)
Demandante: Shirley Patricia Zabala Rodríguez
Demandada: Municipio de Sincelejo

Tema: nivelación salarial. Subtema 1: competencia y determinación del régimen
salarial y de las escalas de remuneración de los empleados públicos del nivel
territorial. Subtema 2: homologación del personal administrativo y proceso de
descentralización del servicio educativo.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la demandante, contra la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión Oral, el 24 de septiembre
de 2025, que negó las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

La señora Shirley Patricia Zabaleta Rodríguez solicitó la nulidad del acto
administrativo mediante el cual el municipio de Sincelejo negó la homologación del
cargo de auxiliar administrativo, código 407, grado 33, que desempeñaba, al de
profesional universitario, código 219, grado 20, al considerar que ejercía funciones
similares a las de otros servidores cuyos cargos fueron homologados mediante el
Decreto 569 de 2015 y que, además, cumplía los requisitos académicos exigidos para
acceder a dicho cargo.

El Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión Oral, negó las
pretensiones de la demanda al concluir que la actora no acreditó la equivalencia
funcional entre ambos cargos ni el cumplimiento de los requisitos exigidos para
acceder a la homologación pretendida.

Radicación: 70001-23-33-000-2018-00174-01 (3284-2025)
Demandante: Shirley Patricia Zabala Rodríguez
Demandada: Municipio de Sincelejo

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmará la decisión
de primera instancia.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. Shirley Patricia Zabaleta Rodríguez, mediante apoderado, presentó demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el 29 de
junio de 20181, contra el municipio de Sincelejo con las siguientes pretensiones2:

2. Se declare la nulidad del oficio 800-896 del 7 de noviembre de 2017, mediante
el cual la entidad demandada negó la solicitud presentada por la señora Shirley
Patricia Zabaleta Rodríguez el 20 de septiembre de 2017, tendiente a obtener la
homologación del cargo que desempeñaba.

3. A título de restablecimiento del derecho, la parte demandante solicitó ordenar
la homologación del cargo que desempeñaba al de profesional universitario, código
219, grado 20, en los términos de la modificación de la planta de personal del sector
educativo del municipio de Sincelejo dispuesta mediante el Decreto 569 del 1.º de
diciembre de 2015.

4. En esa línea, solicitó que se ordene a la entidad demandada: i) reconocer y
pagar las diferencias salariales y prestacionales causadas con ocasión de dicha
homologación; ii) indexar las sumas reconocidas y pagadas en cumplimiento de esta
sentencia; iii) dar cumplimiento a lo ordenado en los términos de los artículos 192 y
siguientes del CPACA; iv) inaplicar, por vía de excepción de inconstitucionalidad, la
cláusula 28 del acuerdo de reestructuración de pasivos celebrado por el municipio de
Sincelejo el 4 de abril de 2013, en lo relacionado con la improcedencia del
reconocimiento de intereses moratorios, indexación, agencias en derecho y costas
procesales; y v) condenar en costas a la entidad demandada.

2.1.1. Hechos

5. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

6. La señora Shirley Patricia Zabala Rodríguez se vinculó al municipio de
Sincelejo mediante Resolución 509 del 4 de marzo de 2003, a través de la cual se le
asignaron funciones de «pagadora» de la Institución Educativa La Unión.
Posteriormente, mediante Resolución 0840 de 2004, fue incorporada a la planta de
cargos docentes, directivos docentes y administrativos de la Secretaría de Educación
Departamental financiados con recursos del Sistema General de Participaciones, en
el cargo de secretaria.

1 Samai, índice 1, expediente 70001-23-33-000-2018-00174-00 (de primera instancia) – Acta de reparto.
2 Samai, índice 2, expediente 70001-23-33-000-2018-00174-00 (de primera instancia) – subsanación de la
demanda- pp. 5 a 45. Pretensiones pp. 6 a 9.

2

Radicación: 70001-23-33-000-2018-00174-01 (3284-2025)
Demandante: Shirley Patricia Zabala Rodríguez
Demandada: Municipio de Sincelejo

7. Más adelante, mediante Decreto 0412 del 26 de septiembre de 2008, el
municipio de Sincelejo adelantó un proceso de homologación de cargos del personal
administrativo del sector educativo, como resultado del cual la demandante pasó a
ocupar el cargo de auxiliar administrativo, código 407, grado 32.

8. Seguidamente, a través del Decreto 239 de 2013, el municipio incorporó a la
planta de cargos homologada del sector educativo financiado con recursos del
Sistema General de Participaciones al personal administrativo, de conformidad con la
denominación, código y grado correspondientes. En esa oportunidad, el cargo
ocupado por la demandante fue homologado al de auxiliar administrativo, código 407,
grado 33.

9. Posteriormente, mediante Decreto 569 del 1º de diciembre de 2015, el
municipio adelantó un nuevo proceso de homologación y reclasificación de cargos del
personal administrativo del sector educativo. En desarrollo de dicha medida, varios
servidores que ocupaban el cargo de auxiliar administrativo, código 407, grado 33,
fueron homologados al cargo de profesional universitario, código 219, grado 20, sin
que la demandante fuera incluida en dicho proceso.

10. Por tal razón, el 20 de septiembre de 2017 presentó petición ante el municipio
de Sincelejo con el fin de obtener la homologación de su cargo y el reconocimiento de
las diferencias salariales y prestacionales derivadas de dicha medida.

11. Con oficio 800-896 del 7 de noviembre de 2017, la entidad demandada negó la
solicitud presentada por la actora, decisión frente a la cual se promovió el presente
medio de control.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

12. En la demanda se citaron las siguientes normas vulneradas:

La Constitución Política, artículos 1, 2, 25, 29, 53, 58, 83, 125 y 209.
La Ley 734 de 2002, artículos 27, 28 y 33.
La Ley 909 de 2004.
El Decreto 785 de 2005.

13. Al explicar el concepto de violación, la parte demandante sostuvo que el acto
acusado vulneró los derechos a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y al acceso
a la función pública, así como los principios de mérito, confianza legítima y carrera
administrativa. Lo anterior, por cuanto consideró que el municipio de Sincelejo la
excluyó injustificadamente de los procesos de homologación y reclasificación de
cargos adelantados en los años 2008, 2013 y 2015, pese a encontrarse, en su criterio,
en condiciones similares a las de otros servidores que sí fueron beneficiados con
dichas medidas.

3

Radicación: 70001-23-33-000-2018-00174-01 (3284-2025)
Demandante: Shirley Patricia Zabala Rodríguez
Demandada: Municipio de Sincelejo

14. Indicó que las homologaciones efectuadas por la entidad demandada
desconocieron las reglas constitucionales y legales que rigen el acceso y permanencia
en la función pública, particularmente los principios de igualdad, mérito y
profesionalización del empleo público previstos en la Constitución Política y en la Ley
909 de 2004.

15. Asimismo, afirmó que la actuación administrativa desconoció el principio de
confianza legítima, en tanto la entidad demandada habría otorgado beneficios de
homologación y nivelación salarial a otros funcionarios que desempeñaban funciones
similares a las suyas, sin incluirla dentro de tales medidas.

2.2. Contestación de la demanda

16. El municipio de Sincelejo, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones
de la demanda y solicitó que se nieguen3.

17. Sostuvo que, si bien el municipio adelantó distintos procesos de homologación
y nivelación salarial del personal administrativo del sector educativo en los años 2008,
2013 y 2015, la demandante no acreditaba los requisitos exigidos para acceder al
cargo de profesional universitario, código 219, grado 20, particularmente la
experiencia profesional requerida para dicho empleo.

18. Indicó que la homologación de cargos debía efectuarse conforme a los
estudios técnicos y a los requisitos previstos en la normativa aplicable, en especial la
Ley 909 de 2004, el Decreto 785 de 2005 y la Directiva Ministerial 10 de 2005 del
Ministerio de Educación Nacional. En ese sentido, afirmó que la experiencia adquirida
en el ejercicio del cargo de auxiliar administrativo no podía computarse como
experiencia profesional para acceder al empleo pretendido por la actora.

19. Añadió que la demandante continuó vinculada al cargo de auxiliar
administrativo, código 407, grado 33, debido a que no cumplía las exigencias
académicas y de experiencia previstas para la homologación al cargo de profesional
universitario, razón por la cual el acto administrativo demandado fue expedido con
fundamento en las disposiciones legales aplicables.

20. Finalmente, propuso las excepciones de legalidad del acto administrativo
demandado y falta de requisitos para acceder al derecho reclamado.

2.3. Sentencia de primera instancia

21. El Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión Oral, mediante
sentencia del 24 de septiembre de 2025, negó las pretensiones de la demanda, sin
condena en costas4, en los siguientes términos:

3 Samai, índice 4, expediente 70001-23-33-000-2018-00174-00 (de primera instancia) – contestación de la
demanda.
4 Samai, índice 30, expediente 70001-23-33-000-2018-00174-00 (de primera instancia) – sentencia de primera

instancia.

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Radicación: 70001-23-33-000-2018-00174-01 (3284-2025)
Demandante: Shirley Patricia Zabala Rodríguez
Demandada: Municipio de Sincelejo

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, según se expuso.

SEGUNDO: Sin condena en costas por lo expuesto.

TERCERO: En firme este fallo, DEVOLVER al demandante el excedente, si lo hubiere,
de las sumas consignadas para gastos del proceso, CANCELAR su radicación.
ARCHIVAR el expediente, previa anotación en SAMAI.

22. Como fundamento de su decisión, señaló que la demandante estuvo vinculada
a la planta administrativa del sector educativo del municipio de Sincelejo y que la
controversia se originó con ocasión de los procesos de homologación de cargos
adelantados por la entidad territorial, particularmente el efectuado mediante Decreto
569 de 2015, a través del cual varios servidores fueron homologados al cargo de
profesional universitario, código 219, grado 20, sin que la actora fuera incluida en dicha
medida.

23. Precisó que el referido decreto fundamentó las homologaciones en el
cumplimiento de los requisitos de estudio y experiencia exigidos para el cargo, así
como en las funciones desempeñadas por los servidores beneficiados y en la
validación efectuada por el Ministerio de Educación Nacional respecto de su situación
administrativa.

24. En ese contexto, consideró que la demandante no acreditó que las funciones
desempeñadas en el cargo que ocupaba correspondieran a las propias del nivel
profesional ni que cumpliera con la experiencia requerida para acceder al empleo de
profesional universitario, código 219, grado 20. Agregó que en el expediente no
obraban el estudio técnico ni el manual específico de funciones que permitieran
efectuar un análisis comparativo entre el empleo desempeñado por la actora y aquel
cuya homologación pretendía.

25. Con fundamento en lo previsto en el Decreto 785 de 2005, explicó que los
empleos del nivel profesional exigen la ejecución y aplicación de conocimientos
propios de una carrera profesional, mientras que los del nivel asistencial corresponden
a actividades de apoyo y complementarias. En ese sentido, concluyó que no se
encontraba demostrado que las funciones ejercidas por la demandante
correspondieran a las propias del nivel profesional.

26. Finalmente, indicó que no se configuró vulneración del derecho a la igualdad,
por cuanto la actora no demostró encontrarse en la misma situación de los servidores
homologados al cargo de profesional universitario y, en todo caso, un eventual error
de la administración respecto de terceros no generaba un derecho a favor de la
demandante. En consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.

2.4. Recurso de apelación

27. La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia. Solicitó que se

5

Radicación: 70001-23-33-000-2018-00174-01 (3284-2025)
Demandante: Shirley Patricia Zabala Rodríguez
Demandada: Municipio de Sincelejo

revoque la decisión bajo los siguientes argumentos5:

28. Sostuvo que el Tribunal incurrió en una deficiente valoración probatoria al
analizar de manera fragmentada e incompleta el material obrante en el expediente,
pues, en su criterio, de haberse efectuado una valoración integral conforme a los
principios de unidad de la prueba y sana crítica, se habría concluido que cumplía los
requisitos de formación y desempeñaba funciones equiparables a las de los servidores
homologados mediante el Decreto 569 de 2015.

29. Afirmó que las hojas de vida de algunos funcionarios beneficiados con la
homologación al cargo de profesional universitario, código 219, grado 20, dispuesta
mediante el Decreto 569 del 1.º de diciembre de 2015, no acreditaban de manera
suficiente la experiencia profesional exigida para dicho empleo, pese a lo cual fueron
incluidos en el proceso de reclasificación adelantado por el municipio. En contraste,
señaló que ostentaba el título de contadora pública desde el año 2004 y desempeñaba
funciones que, en su criterio, correspondían materialmente al nivel profesional.

30. Indicó que la decisión de primera instancia desconoció la vulneración del
derecho a la igualdad y configuró un trato discriminatorio, en tanto otros servidores
que desempeñaban funciones equivalentes o incluso de menor responsabilidad fueron
homologados al cargo de profesional universitario, mientras que ella fue excluida de
dicho proceso. Destacó particularmente los casos de Emigdio de Jesús Hernández
Suárez y Ramiro Enrique Vergara Vargas, quienes, según afirmó, continuaron
ejerciendo funciones propias de auxiliar administrativo pese a haber sido beneficiados
con la reclasificación.

31. Asimismo, argumentó que el fallo recurrido desconoció los principios de mérito
y profesionalización del empleo público previstos en la Ley 909 de 2004, pues la
administración efectuó homologaciones selectivas sin observar parámetros objetivos
ni una justificación técnica verificable. Agregó que cumplía los requisitos académicos
y funcionales exigidos para el cargo pretendido.

32. Finalmente, manifestó que su exclusión del proceso de homologación vulneró
el derecho de acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad, así como los
principios de legalidad y confianza legítima, dado que la administración no expuso
razones suficientes que justificaran la diferencia de trato respecto de los demás
servidores homologados.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

33. Mediante auto del 3 de febrero de 20266, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante conforme a lo previsto en
el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080

5 Samai, índice 33, expediente 70001-23-33-000-2018-00174-00 (de primera instancia) – memorial de recurso de

apelación presentado por la parte demandante.
6 Samai, índice 4.

6

Radicación: 70001-23-33-000-2018-00174-01 (3284-2025)
Demandante: Shirley Patricia Zabala Rodríguez
Demandada: Municipio de Sincelejo

de 2021, habida cuenta de que el recurso fue interpuesto con posterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021.

34. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio frente al recurso
de apelación.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

35. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

36. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y en razón a la
competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo 328 7 del
Código General del Proceso (CGP), corresponde a la Sala definir si:

37. ¿El municipio de Sincelejo vulneró los derechos a la igualdad, al mérito y al
acceso a la función pública de la demandante, al excluirla de los procesos de
homologación y reclasificación de cargos adelantados mediante los Decretos 238 y
239 de 2013 y 569 de 2015, pese a que, según afirma, se encontraba en condiciones
equivalentes a las de los servidores que fueron homologados al cargo de profesional
universitario, código 219, grado 20?

38. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes
aspectos: (i) competencia y determinación del régimen salarial y de las escalas de
remuneración de los empleados públicos del nivel territorial; (ii) homologación del
personal administrativo y proceso de descentralización del servicio educativo; (iii)
hechos probados; y (iv) en el acápite de análisis del caso concreto se resolverán los
problemas jurídicos formulados.

7 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente

sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer
más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se podrán promover
incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».

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Radicación: 70001-23-33-000-2018-00174-01 (3284-2025)
Demandante: Shirley Patricia Zabala Rodríguez
Demandada: Municipio de Sincelejo

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. Competencia y determinación del régimen salarial y de las escalas de
remuneración de los empleados públicos del nivel territorial

39. En lo que respecta al ámbito territorial, los artículos 300, numeral 7, y 313,
numeral 6, de la Constitución Política asignan a las asambleas departamentales y a
los concejos municipales la competencia para determinar las escalas de remuneración
de las distintas categorías de empleo de sus dependencias:

«Artículo 300. Corresponde a las Asambleas Departamentales […] determinar […] las
escalas de remuneración correspondientes a sus distintas categorías de empleo […]».

«Artículo 313. Corresponde a los concejos […] determinar […] las escalas de
remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos […]».

40. En concordancia con lo anterior, los artículos 305, numeral 7, y 315, numeral 7,
de la Constitución Política disponen que los gobernadores y los alcaldes deben crear,
suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalar sus funciones y fijar sus
emolumentos, con sujeción a la ley y a las ordenanzas o acuerdos respectivos.

«Artículo 305. Son atribuciones del gobernador […] Crear, suprimir y fusionar los
empleos de sus dependencias, señalar sus funciones especiales y fijar sus
emolumentos con sujeción a la ley y a las ordenanzas respectivas. Con cargo al tesoro
departamental no podrá crear obligaciones que excedan al monto global fijado para el
respectivo servicio en el presupuesto inicialmente aprobado […]».

«Artículo 315. Son atribuciones del alcalde […] Crear, suprimir o fusionar los empleos
de sus dependencias, señalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos con
arreglo a los acuerdos correspondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el
monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado
[…]».

41. De este modo, mientras las corporaciones públicas territoriales establecen, de
manera general, las escalas de remuneración de los empleos, los gobernadores y
alcaldes fijan los emolumentos concretos de los cargos de sus dependencias, dentro
de dichas escalas y respetando los límites máximos definidos por el Gobierno
nacional.

42. Esta distribución funcional ha sido reconocida por la Corte Constitucional, que
ha señalado la existencia de una competencia concurrente en la materia, en virtud de
la cual: (i) el Congreso fija los parámetros generales; (ii) el Gobierno nacional
establece los límites máximos salariales; (iii) las asambleas y concejos determinan las
escalas de remuneración; y (iv) los gobernadores y alcaldes fijan los emolumentos de
los empleos de sus dependencias, sin desconocer los límites fijados por el Gobierno
nacional8.

8 Corte Constitucional, sentencia C-510 del 14 de julio de 1999.

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Radicación: 70001-23-33-000-2018-00174-01 (3284-2025)
Demandante: Shirley Patricia Zabala Rodríguez
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43. Ahora bien, la determinación de las escalas de remuneración de los empleos
de las entidades territoriales constituye una facultad que debe ejercerse en armonía
con el principio del mérito (arts. 1259 y 12610 superiores) y con el mandato según el
cual la remuneración debe ser proporcional a la cantidad y calidad del trabajo (art. 53
ibidem), de modo que las escalas salariales respondan a las responsabilidades,
funciones y calidades exigidas para cada empleo.

44. Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que dicha
competencia comprende la facultad de establecer tablas salariales organizadas de
manera sucesiva, numérica y progresiva, en las que se fija la asignación básica
mensual correspondiente a cada categoría de empleo, conforme a su clasificación por
niveles, sin que ello implique la posibilidad de crear factores salariales distintos de los
previstos en la ley11.

45. Asimismo, la fijación de las escalas salariales debe atender la clasificación de
los empleos prevista en el Decreto Ley 785 de 200512, conforme al cual los empleos
de las entidades territoriales se clasifican en los niveles directivo, asesor, profesional,
técnico y asistencial, de acuerdo con la naturaleza de sus funciones, competencias y
requisitos, según lo dispuesto en su artículo 3.

«Artículo 3. Niveles jerárquicos de los empleos. Según la naturaleza general de sus
funciones, las competencias y los requisitos exigidos para su desempeño, los empleos
de las entidades territoriales se clasifican en los siguientes niveles jerárquicos: Nivel
Directivo, Nivel Asesor, Nivel Profesional, Nivel Técnico y Nivel Asistencial».

46. A cada uno de estos niveles corresponden funciones, responsabilidades y
exigencias diferenciadas, así como requisitos mínimos y máximos de formación y
experiencia, lo cual incide directamente en la asignación salarial.

47. De igual manera, el sistema de nomenclatura y clasificación prevé que cada
empleo se identifica mediante un código y un grado de los cuales dependen la

9 Artículo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección

popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Los
funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán
nombrados por concurso público. El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los
aspirantes. El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen
disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley. En ningún caso la filiación política de
los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción.
PARÁGRAFO . Los periodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de elección tienen el
carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos, en reemplazo por falta
absoluta de su titular, lo harán por el resto del periodo para el cual este fue elegido.
10 Artículo 126. Los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni contratar

con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad,
primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente. Tampoco podrán nombrar ni postular
como servidores públicos, ni celebrar contratos estatales, con quienes hubieren intervenido en su postulación o
designación, ni con personas que tengan con estas los mismos vínculos señalados en el inciso anterior. […]
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 30 de abril de 2009, radicado 68001-23-15-000-2003-

02652-01 (2615-2007).
12 «Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los

empleados de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004».

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Demandante: Shirley Patricia Zabala Rodríguez
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asignación básica mensual fijada en las respectivas escalas. Lo que evidencia la
relación directa entre el empleo y su remuneración. Al respecto, el artículo 15 del
citado Decreto prevé:

«Artículo 15. Nomenclatura de empleos. A cada uno de los niveles señalados en el
artículo 3 del presente decreto, le corresponde una nomenclatura y clasificación
específica de empleo. Para el manejo del sistema de nomenclatura y clasificación,
cada empleo se identifica con un código de tres dígitos. El primero señala el nivel al
cual pertenece el empleo y los dos restantes indican la denominación del cargo. Este
código deberá ser adicionado hasta con dos dígitos más que corresponderán a los
grados de asignación básica que las Asambleas y los Concejos les fijen a las diferentes
denominaciones de empleos.»

48. En este contexto, las escalas salariales deben guardar correspondencia con la
jerarquía, funciones, competencias y requisitos de los cargos, en concordancia con
los criterios establecidos en la Ley 4ª de 1992 y las disposiciones que regulan la
organización del empleo público en el nivel territorial13.

49. Bajo este marco, corresponde a los gobernadores y alcaldes fijar los
emolumentos de los empleos de sus dependencias, en los términos de los artículos
305, numeral 7, y 315, numeral 7, de la Constitución Política.

50. Esta facultad se concreta en la determinación de la asignación básica mensual
y sus incrementos para cada empleo, con sujeción a las escalas de remuneración
previamente definidas por las asambleas y concejos, así como a los límites máximos
fijados por el Gobierno nacional.

51. En este orden, la competencia de estas autoridades es de carácter aplicativo y
concreto, pues consiste en asignar el salario específico de cada cargo dentro del
marco previamente definido, sin que puedan crear factores salariales o desconocer
los parámetros establecidos por las instancias superiores.

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 30 de abril de 2009, radicado 68001-23-15-

000-2003-02652-01 (2615-07). «[e]l Constituyente de 1991, retomó el concepto de escalas de remuneración del
Acto Legislativo N° 1 de 1968 y atribuyó a las autoridades seccionales y locales funciones afines en esta materia
a las que se venían ejerciendo en vigencia de la Constitución anterior, es decir, conservó el concepto que venía
desde la reforma constitucional de 1968, en relación con la necesidad de la existencia de una competencia
compartida entre el legislador y el ejecutivo en la regulación de determinadas materias, una de ellas la fijación del
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, entre otros servidores del Estado. En donde la función
del primero se debe limitar a establecer unos marcos generales, unos lineamientos que le circunscriban al segundo
la forma como este ha de desarrollar su actividad reguladora para los asuntos señalados por la propia Constitución.
En este orden de ideas, para la Sala es claro que la atribución conferida a las Corporaciones Administrativas
Territoriales en los artículos 300-7 y 313-6 de la Constitución Política para determinar las escalas de remuneración
correspondientes a las distintas categorías de empleos de los órdenes seccional y local, comprende únicamente
la facultad de establecer en forma sucesiva, numérica y progresiva y sistemática tablas salariales por grados,
donde se consignan la asignación o remuneración básica mensual para el año respectivo, teniendo en cuenta la
clasificación por niveles de los diferentes empleos –sobre la base además de que cada nivel tiene una
nomenclatura específica de empleos y una escala de remuneración independiente–, no involucrándose dentro de
tal concepto la potestad de crear factores salariales diferentes. Las Asambleas Departamentales y los Concejos
Municipales, entonces, dentro del sistema de remuneración de cargos territoriales tienen autonomía para
establecer y definir las distintas escalas salariales, esto es, para fijar los sueldos correspondientes a cada una de
las diferentes categorías ocupacionales, pero dentro del límite máximo, fijado por el Gobierno Nacional, el cual
busca establecer el equilibrio y unificación del sistema».

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52. De este modo, la fijación del régimen salarial en el nivel territorial responde a
un esquema de competencias concurrentes, en el que el Congreso define los
parámetros generales, el Gobierno nacional establece los límites y criterios, las
corporaciones públicas territoriales determinan las escalas de remuneración y los
gobernadores y alcaldes fijan los emolumentos concretos, dentro de dicho marco
normativo. Este entramado resulta determinante para establecer si, en cada caso
particular, la remuneración asignada a un empleo se ajusta a las reglas
constitucionales y legales que rigen la materia14.

3.3.2. Homologación del personal administrativo y proceso de descentralización
del servicio educativo

53. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado explicó que la Ley
43 de 197515 nacionalizó la educación primaria que antes era prestada por los
departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los municipios, las intendencias y
comisarías, en consecuencia, los gastos de la prestación del servicio educativo
estaban a cargo de la nación16. En virtud del proceso de descentralización del sector
educativo, dispuesto en las Leyes 60 de 199317 y 715 de 200118, los departamentos y
municipios debieron recibir el personal administrativo vinculado previamente con la
nación, mediante un trámite de homologación de los cargos, funciones y salarios, que
sirvió de base para su incorporación a las plantas territoriales de personal19.

54. La referida Ley 60 de 1993 implementó la descentralización del servicio
educativo y, por ende, desmontó la nacionalización ordenada por la Ley 43 de 1975;
en consecuencia, la nación debió entregar a los departamentos y municipios los
bienes, el personal y los establecimientos educativos. También dispuso que
correspondería a los departamentos administrar los recursos cedidos por la nación
para la prestación del servicio de educación, y las plantas de personal pasaron a ser
departamentales en virtud de la incorporación, así:

ARTÍCULO 6o. Administración del personal. Corresponde a la ley y a sus reglamentos,
señalar los criterios, régimen y reglas para la organización de plantas de personal
docente y administrativo de los servicios educativos estatales.

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de octubre de 2024, radicado 25000-23-

42-000-2017-00873-01; Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 5 de febrero de 2026, radicado 05001-23-
33-000-2019-02201-01 (1148-2024).
15 «Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los

departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una
participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2025, radicado 17001-23-

33-000-2018-00533-01 (0050-2021); sentencia del 6 de febrero de 2025, radicado 17001-23-33-000-2018-00573-
01 (1880-2023).
17 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos

151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones».
18 «Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos

151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para
organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros».
19 Así lo expuso la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, concepto 1607 del 9 de diciembre de

2004, proceso CE-SC-RAD2005-N1607.

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Ningún departamento, distrito o municipio podrá vincular docentes y administrativos
sin el lleno de los requisitos del estatuto docente y la carrera administrativa,
respectivamente, ni por fuera de las plantas de personal que cada entidad territorial
adopte.

Todo nombramiento o vinculación que no llene los requisitos a que se refiere este
artículo, serán ilegales y constituyen causal de mala conducta, sin perjuicio de la
responsabilidad civil y penal para quien lo ejecute.

El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados
que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de
continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las
prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualesquiera
otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental,
distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio
y se les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial.

Las sumas por concepto de provisiones y aportes para la atención del pago de las
prestaciones del personal docente del orden territorial, a cargo del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, serán giradas al mismo por las entidades
territoriales, de conformidad con las disposiciones de la presente ley. El valor actuarial
del pasivo prestacional de las entidades territoriales, que deberán trasladar al Fondo
Nacional de Prestaciones del Magisterio, se determinará, para estos efectos, con base
en la liquidación que se realice con cada una de ellas, y será financiado con sus propios
recursos.

El régimen de remuneración y las escalas salariales de todos los docentes de los
servicios educativos estatales, que en adelante tendrán carácter de servidores
públicos de régimen especial, de los órdenes departamental, distrital o municipal, se
regirá por el Decreto-ley 2277 de 1979 y demás normas que lo modifiquen y adicionen.
Igualmente, sus reajustes salariales serán definidos de conformidad con la Ley 4a. de
1992.

[…].

55. El personal administrativo del sector educativo que laboraba para la nación
también debió ser entregado a los entes territoriales, mediante un proceso de
incorporación que exigía «la homologación de cargos (comparación de los requisitos,
funciones, clasificación, etc. previstos en la planta de la nación con los exigidos para
desempeñar los de la planta de personal de los departamentos), procedimiento que
en el caso del personal administrativo revestía características particulares, pues era
el producto de la descentralización del servicio educativo hacia un ente territorial.
Cabe recordar que según el decreto 2400 de 1968 - art. 48 -20, la incorporación
operaba por reorganización de dependencias o el traslado de funciones de una entidad
a otra o por la supresión de cargos de carrera y, conforme a la Ley 443 de 1998 21,
también por la supresión del empleo de carrera o por fusión o supresión de entidades

20 Modificado y derogado en lo pertinente, art. 87 Ley 443 de 1998.
21 Derogada por la Ley 909 de 2004.

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o traslado de una entidad a otra o modificación de planta»22.

56. Es importante destacar que la homologación e incorporación de los cargos de
los empleados administrativos provenientes del orden nacional requirió, en los casos
donde no existían cargos equivalentes, una nivelación salarial. Además, implicó el
reajuste de la estructura de las entidades territoriales encargadas de prestar el servicio
educativo. Para ello, fue necesario considerar la clasificación, funciones, grado de
responsabilidad y requisitos asociados a cada empleo, con el fin de determinar
adecuadamente la remuneración.

57. Ahora bien, una vez se implementó el proceso de descentralización en la
educación, se expidió la Ley 715 de 2001 que reguló la incorporación de los
empleados administrativos docentes a las plantas de personal, quienes mantendrían
su vinculación sin solución de continuidad. Los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 2001
desarrollaron el procedimiento para incorporar las plantas financiadas con recursos
del sistema general de participaciones «antes situado fiscal». Con este fin, se requería
realizar un estudio técnico para fijar las plantas de personal docente, directivo docente
y administrativos de los planteles educativos y luego proceder a la provisión de dichos
cargos en la planta de personal adoptadas por las entidades territoriales para la
prestación del servicio educativo. Los citados artículos señalan:

Artículo 34. Incorporación a las plantas. Durante el último año de que trata el
artículo 37 de esta ley, se establecerán las plantas de cargos docentes, directivos
y administrativos de los planteles educativos, de los departamentos, distritos y
municipios.

Establecidas las plantas, los docentes, directivos docentes y administrativos de
los planteles educativos, que fueron nombrados con el lleno de los requisitos,
mantendrán su vinculación sin solución de continuidad.

Los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles
educativos que a 1° de noviembre de 2000 se encontraban contratados por
órdenes de prestación de servicios, que sean vinculados de manera provisional,
deberán cumplir los requisitos de la carrera docente y administrativa para su
incorporación definitiva a las plantas que se establezcan.

[…]
Artículo 38. Incorporación de docentes, directivos docentes y administrativos a los
cargos de las plantas. La provisión de cargos en las plantas financiadas con
recursos del Sistema General de Participaciones, se realizará por parte de la
respectiva entidad territorial, dando prioridad al personal actualmente vinculado y
que cumpla los requisitos para el ejercicio del cargo.

Los docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles educativos
vinculados a la carrera docente a la expedición de la presente ley, no requieren

22 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 1607 del 9 de diciembre de 2004, CE-SC-

RAD2005-N1607.

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nueva vinculación o nuevo concurso para continuar en el ejercicio del cargo, sin
perjuicio del derecho de la administración al traslado del mismo.

A los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles
educativos que se financien con recursos del Sistema General de Participaciones,
sólo se les podrá reconocer el régimen salarial y prestacional establecido por ley o
de acuerdo con esta. […]

58. En el marco de estos trámites administrativos, el Ministerio de Educación
Nacional en la Directiva 10 del 30 de junio de 2005, reguló los parámetros que debían
seguir las secretarías de educación para realizar la homologación de cargos y la
nivelación salarial del personal administrativo.

59. En síntesis, la prestación del servicio educativo pasó de la nacionalización a la
descentralización. Este proceso implicó la transferencia de responsabilidades, bienes,
personal y recursos desde la nación hacia los entes territoriales, con el fin de fortalecer
la gestión educativa. A su vez, la homologación e incorporación del personal
administrativo a las plantas de personal territoriales garantizó la continuidad laboral y
el respeto a los derechos salariales y prestacionales de los empleados.

3.4. Hechos probados relevantes

60. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede
establecer lo siguiente:

61. La Alcaldía Municipal de Sincelejo, mediante Resolución 0509 del 4 de marzo
de 2003, asignó a la señora Shirley Patricia Zabala Rodríguez, las funciones de
«pagadora» de la Institución Educativa La Unión23.

62. La Alcaldía Municipal de Sincelejo, a través de Resolución 0840 del 5 de abril
de 2004, formalizó la vinculación en propiedad de personal administrativo adscrito al
sector educativo financiado con recursos del Sistema General de Participaciones y,
en virtud de ello, asignó a la señora Shirley Patricia Zabaleta Rodríguez el cargo de
secretaria de la Institución Educativa La Unión24.

63. La señora Shirley Patricia Zabala Rodríguez obtuvo el título de contadora
pública otorgado por la Corporación Universitaria del Caribe el 1.º de diciembre de
200425.

64. La Alcaldía Municipal de Sincelejo, con Resolución 2397 del 12 de mayo de
2005, legalizó la vinculación en propiedad de la señora Shirley Patricia Zabaleta

23 Samai, índice 2, expediente 70001-23-33-000-2018-00174-00 (de primera instancia) – subsanación de la
demanda- pp. 57 a 59.
24 Samai, índice 2, expediente 70001-23-33-000-2018-00174-00 (de primera instancia) – subsanación de la

demanda- pp. 60 a 61.
25 Samai, índice 2, expediente 70001-23-33-000-2018-00174-00 (de primera instancia) – subsanación de la

demanda- pp. 67.

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Rodríguez dispuesta mediante Resolución 0840 del 5 de abril de 200426.

65. De conformidad con la «Guía para la homologación de cargos administrativos
en las entidades territoriales», expedida por el Ministerio de Educación Nacional en
abril de 2006, en la que se establecen los lineamientos generales para adelantar los
procesos de homologación y nivelación salarial del personal administrativo del sector
educativo, a partir de estudios técnicos orientados a verificar la equivalencia de
funciones, denominación, código, grado y requisitos de los empleos27.

66. Con Acta 580 del 17 de mayo de 2005, la señora Shirley Patricia Zabaleta
Rodríguez tomó posesión del cargo de «administrativo» de la Institución Educativa La
Unión28.

67. La Alcaldía Municipal de Sincelejo, mediante Decreto 0412 del 26 de
septiembre de 2008, asignó la respectiva denominación, código y grado al personal
administrativo de la Secretaría de Educación y de los establecimientos educativos del
municipio financiados con recursos del Sistema General de Participaciones, de
conformidad con la homologación prevista en el Decreto 0411 de la misma fecha. En
virtud de dicha medida, a la señora Shirley Patricia Zabaleta Rodríguez se le asignó
el cargo de auxiliar administrativo, código 407, grado 3229.

68. El Ministerio de Educación Nacional, mediante oficio 2013EE16477 del 21 de
marzo de 2013, dirigido al Secretario de Educación Municipal de Sincelejo, indicó que
aprobó la modificación solicitada por la entidad territorial al estudio técnico de
homologación y nivelación salarial de la planta administrativa del sector educativo. En
dicha comunicación precisó que la ubicación de los funcionarios beneficiarios debía
realizarse con fundamento en las funciones efectivamente desempeñadas y
respetando las denominaciones, códigos y grados salariales aprobados en el estudio
técnico; asimismo, señaló que el municipio únicamente podía efectuar ajustes
respecto de las personas relacionadas y certificadas por la Secretaría de Educación
Municipal, sin modificar los grados salariales aprobados por el Ministerio30.

69. El Ministerio de Educación Nacional, mediante oficio 2013EE27739 del 21 de
marzo de 2013, aprobó una nueva modificación al estudio técnico de homologación y
nivelación salarial de la planta administrativa del sector educativo del municipio de
Sincelejo, financiada con recursos del Sistema General de Participaciones. En dicha
comunicación indicó que la entidad territorial allegó 136 certificaciones de
nombramiento y funciones individualizadas para solicitar la modificación del grado
salarial inicialmente aprobado, y autorizó la homologación de los funcionarios en los

26 Samai, índice 2, expediente 70001-23-33-000-2018-00174-00 (de primera instancia) – subsanación de la
demanda- pp. 64.
27 Samai, índice 2, expediente 70001-23-33-000-2018-00174-00 (de primera instancia) – subsanación de la

demanda- pp. 125 a 140.
28 Samai, índice 2, expediente 70001-23-33-000-2018-00174-00 (de primera instancia) – subsanación de la

demanda- pp. 66.
29 Samai, índice 2, expediente 70001-23-33-000-2018-00174-00 (de primera instancia) – subsanación de la

demanda- pp. 79 a 87.
30 Samai, índice 2, expediente 70001-23-33-000-2018-00174-00 (de primera instancia) – subsanación de la

demanda- pp. 141 a 142.

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niveles asistencial, técnico y profesional, precisando que el municipio debía expedir
los actos administrativos correspondientes y remitir la liquidación de los costos
retroactivos derivados del proceso para revisión y aprobación del Ministerio31.

70. La Alcaldía Municipal de Sincelejo, a través del Decreto 238 del 26 de abril de
2013, modificó la planta de cargos administrativos de la Secretaría de Educación y
Cultura Municipal y de los establecimientos educativos financiados con recursos del
Sistema General de Participaciones, homologándola con la planta de cargos del nivel
central. En dicha disposición se estableció que el cargo de auxiliar administrativo,
código 407, grado 32, sería homologado al cargo de auxiliar administrativo, código
407, grado 3332.

71. La Alcaldía Municipal de Sincelejo, mediante Decreto 239 del 29 de abril de
2013, incorporó y asignó la respectiva denominación, código, grado y asignación
salarial mensual al personal administrativo del sector educativo financiado con
recursos del Sistema General de Participaciones, de conformidad con lo dispuesto en
el Decreto 238 del 26 de abril de 2013. En virtud de dicha medida, a la señora Shirley
Patricia Zabaleta Rodríguez se le asignó el cargo de auxiliar administrativo, código
407, grado 33, perteneciente al nivel asistencial33.

72. El Ministerio de Educación Nacional, mediante oficio del 8 de agosto de 2013,
aprobó la modificación al estudio técnico de homologación y nivelación salarial de la
planta administrativa del sector educativo del municipio de Sincelejo financiada con
recursos del Sistema General de Participaciones. En dicha comunicación precisó que
la entidad territorial propuso la homologación de los cargos de auxiliar administrativo,
código 407, grado 33, al nivel técnico y profesional, y señaló que correspondía al
municipio adelantar los trámites administrativos necesarios para hacer efectiva dicha
homologación, así como efectuar la liquidación de los costos retroactivos derivados
del proceso. Asimismo, indicó que realizaría seguimiento a la correspondencia entre
los cargos homologados y el estudio técnico aprobado34.

73. El Ministerio de Educación Nacional, mediante oficio del 15 de agosto de 2013,
indicó que la modificación al estudio técnico de homologación de la planta
administrativa del sector educativo del municipio de Sincelejo solo podía efectuarse
respecto de los cargos que hicieron parte del estudio técnico aprobado y conforme a
los parámetros allí definidos. Asimismo, precisó que cualquier ajuste debía
corresponder de manera estricta con las hojas de vida, las funciones certificadas y la
ubicación del personal beneficiario, por lo que la modificación de grado procedía
exclusivamente frente a las personas relacionadas en el oficio cuya situación fue

31 Samai, índice 2, expediente 70001-23-33-000-2018-00174-00 (de primera instancia) – subsanación de la
demanda- pp. 144 a 146.
32 Samai, índice 2, expediente 70001-23-33-000-2018-00174-00 (de primera instancia) – subsanación de la

demanda- pp. 89 a 90.
33 Samai, índice 2, expediente 70001-23-33-000-2018-00174-00 (de primera instancia) – subsanación de la

demanda- pp. 91 a 97.
34 Samai, índice 2, expediente 70001-23-33-000-2018-00174-00 (de primera instancia) – subsanación de la

demanda- pp. 102 a 104.

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certificada por la Secretaría de Educación Municipal35.

74. La Alcaldía Municipal de Sincelejo, mediante Decreto 569 del 1º de diciembre
de 2015, incorporó y asignó la respectiva denominación, código, grado y asignación
salarial al personal administrativo del sector educativo financiado con recursos del
Sistema General de Participaciones. En virtud de dicha medida, se asignó el cargo de
profesional universitario, código 219, grado 20, a los señores Lucía del Carmen Pérez
Martínez, Emigdio de Jesús Hernández Suárez, Ruby Esther Buelvas Parra, Irmina
del Rosario Soto Romero, Sara Eugenia Mendoza Tuirán, Ramiro Enrique Vergara
Vargas, Guillermo de Jesús Mendoza Macareno y Erlly Socorro Andrade Garavito36.

75. Según el certificado de salarios administrativos expedido por la Alcaldía
Municipal de Sincelejo el 1º de agosto de 2017, la señora Shirley Patricia Zabaleta
Rodríguez estuvo vinculada en un cargo administrativo denominado «auxiliar
administrativo», con la siguiente asignación básica mensual: i) para el año 2003,
$892.113; ii) para el 2004, $954.560; iii) para el 2005, $1.288.625; iv) para el 2006,
$1.353.056; y v) para el 2007, $1.413.94437.

76. De conformidad con el certificado expedido por el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio el 31 de julio de 2017, la señora Shirley Patricia
Zabaleta Rodríguez se encuentra vinculada, en propiedad, en el cargo de auxiliar
administrativo de la Institución Educativa La Unión. Asimismo, el documento da cuenta
de que recibió por concepto de salarios devengados, incluidos todos los factores
salariales —asignación básica, bonificación por servicios, pago de antigüedad, prima
de navidad, prima de servicios y prima de vacaciones— las siguientes sumas: i) para
el año 2008, $3.898.319; ii) para el 2009, $5.536.749; iii) para el 2010, $5.774.057; iv)
para el 2011, $5.909.430; v) para el 2012, $6.178.235; vi) para el 2013, $7.019.505;
vii) para el 2014, $7.438.882; viii) para el 2015, $8.819.127; ix) para el 2016,
$9.499.062; y x) para el 2017, $6.011.48838.

77. La señora Shirley Patricia Zabala Rodríguez presentó petición, el 20 de
septiembre de 2017, ante la Alcaldía Municipal del Sincelejo, solicitando la
homologación de su cargo al de profesional universitario, código 219, grado 20, con
ocasión de la modificación de la planta de personal del sector educativo efectuada
mediante el Decreto 569 del 1.º de diciembre de 2015. Como fundamento de su
solicitud, sostuvo que desempeñaba funciones similares a las de otros servidores que
fueron homologados a dicho empleo y que cumplía los requisitos de formación
académica y experiencia exigidos para acceder al referido cargo39.

35 Samai, índice 2, expediente 70001-23-33-000-2018-00174-00 (de primera instancia) – subsanación de la
demanda- pp. 100 a 101.
36 Samai, índice 2, expediente 70001-23-33-000-2018-00174-00 (de primera instancia) – subsanación de la

demanda- pp. 98 a 99.
37 Samai, índice 2, expediente 70001-23-33-000-2018-00174-00 (de primera instancia) – subsanación de la

demanda- pp. 69 a 70.
38 Samai, índice 2, expediente 70001-23-33-000-2018-00174-00 (de primera instancia) – subsanación de la

demanda- pp. 71 a 73.
39 Samai, índice 2, expediente 70001-23-33-000-2018-00174-00 (de primera instancia) – subsanación de la

demanda- pp. 47 a 54.

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78. La Secretaría de Educación del municipio de Sincelejo, mediante oficio 800-
896 del 7 de noviembre de 2017 respondió la petición presentada por la señora Shirley
Patricia Zabala Rodríguez, indicando que el proceso de homologación de cargos
administrativos del sector educativo se inició en el año 2005, en cumplimiento de las
directrices emitidas por el Ministerio de Educación Nacional y del concepto 1607 de
2004 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Asimismo, indicó
que los estudios técnicos elaborados por el municipio y aprobados por el Ministerio de
Educación Nacional dieron lugar a la expedición de los decretos de homologación e
incorporación de los funcionarios administrativos40.

79. Adicionalmente, precisó que el Ministerio de Educación Nacional había
establecido que cualquier modificación de grado o nivelación salarial debía ajustarse
estrictamente a los parámetros fijados en el estudio técnico aprobado y únicamente
respecto de las personas autorizadas por dicha entidad. Finalmente, sostuvo que la
demandante ocupaba el cargo de auxiliar administrativo homologado en la vigencia
2008 y desempeñaba funciones propias del nivel asistencial, mas no del nivel
profesional, razón por la cual concluyó que no era posible acceder a la homologación
solicitada.

3.5. Caso concreto

80. En el asunto bajo análisis, la inconformidad de la parte demandante con la
sentencia de primera instancia radica en que, a su juicio, el Tribunal incurrió en una
indebida valoración probatoria al concluir que no acreditó los presupuestos para
acceder a la homologación del cargo de auxiliar administrativo, código 407, grado 33,
al de profesional universitario, código 219, grado 20.

81. En particular, estimó que el material probatorio obrante en el expediente era
posible concluir que cumplía los requisitos académicos exigidos para acceder al cargo
de profesional universitario, código 219, grado 20, y que las funciones que
desempeñaba eran equiparables a las ejercidas por otros servidores beneficiados con
la homologación dispuesta mediante el Decreto 569 del 1° de diciembre de 2015. En
ese sentido, afirmó que su exclusión del referido proceso vulneró los derechos a la
igualdad, al mérito y al acceso a la función pública.

82. Asimismo, afirmó que algunos de los funcionarios beneficiados con la
homologación ordenada mediante el Decreto 569 del 1° de diciembre de 2015, no
acreditaban la experiencia profesional exigida para el cargo, pese a lo cual fueron
incluidos en el proceso de reclasificación adelantado por el municipio.

83. Por su parte, el Tribunal negó las pretensiones de la demanda al considerar
que la actora no demostró que las funciones desempeñadas en el cargo de auxiliar
administrativo correspondieran a las propias del nivel profesional ni que se encontrara
en condiciones equivalentes a las de los servidores cuyos cargos fueron homologados

40Samai, índice 2, expediente 70001-23-33-000-2018-00174-00 (de primera instancia) – subsanación de la
demanda- pp. 56.

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Demandante: Shirley Patricia Zabala Rodríguez
Demandada: Municipio de Sincelejo

al de profesional universitario, código 219, grado 20.

84. Bajo ese marco, se procederá a resolver el problema jurídico propuesto.

85. Sobre las plantas de personal de las entidades públicas, la jurisprudencia de
esta Corporación41 ha señalado que estas corresponden al conjunto de empleos
creados por las entidades estatales para el cumplimiento de sus funciones
constitucionales y legales, cuya definición responde a las necesidades del servicio y
comprende la determinación de la naturaleza, clasificación y contenido funcional de
los cargos requeridos.

86. Al respecto, los artículos 122 y 125 de la Constitución Política disponen que los
empleos públicos deben tener funciones previamente definidas en la ley o el
reglamento interno de la entidad, estar previstos en la respectiva planta de personal y
contar con apropiación presupuestal para su remuneración. Asimismo, establecen
que, por regla general, los empleos en los órganos y entidades del Estado son de
carrera administrativa.

87. En concordancia con lo anterior, el artículo 13 del Decreto 1042 de 1978 42 y el
artículo 3 de la Ley 4ª de 199243 prevén que la asignación salarial de los empleados
públicos se determina conforme a la estructura del empleo, su denominación y grado,
las funciones y responsabilidades asignadas, así como los requisitos de formación y
experiencia exigidos para su desempeño.

88. Bajo ese entendido, quien pretenda la nivelación salarial por considerar que las
funciones que desarrolla son equivalentes a las de otro cargo existente en la planta
de personal de la misma entidad o de una diferente, cuya remuneración es superior,
deberá acreditar, entre otros aspectos, que ejecuta funciones equivalentes, ostenta la
misma categoría, cuenta con similar preparación, asume iguales responsabilidades y
cumple condiciones laborales equiparables44.

89. En ese sentido, la Corte Constitucional ha precisado que el principio de «a
trabajo igual, salario igual» responde a un criterio relacional propio del juicio de
igualdad, razón por la cual resulta necesario verificar la equivalencia entre las
funciones desempeñadas y las condiciones de cualificación exigidas para cada
empleo, con el fin de establecer si existe una diferencia injustificada en la

41 Consejo de Estado, Sección Segunda; Subsección A, sentencia del 11 de agosto de 2022, radicado: 76001-23-

33-000-2017-00898-01 (2464-2021); Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de octubre de 2018,
radicado: 73001-23-33-000-2014-00383-02 (2239-2016).
42 «Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios,

departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas
especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan
otras disposiciones».
43 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la

fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y
de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras
disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución
Política».
44 Corte Constitucional: sentencias T- 027 de 1997, SU-111 de 1997 y T-272 de 1997.

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Demandante: Shirley Patricia Zabala Rodríguez
Demandada: Municipio de Sincelejo

remuneración percibida por los servidores comparados45.

90. En consecuencia, no toda diferencia salarial entre servidores públicos implica
una vulneración del principio de igualdad, pues esta puede encontrarse justificada en
criterios objetivos y razonables, como las funciones asignadas, el nivel de
responsabilidad, los requisitos de formación y experiencia exigidos para el empleo o
la clasificación y grado del cargo correspondiente46.

91. Con fundamento en lo anterior, corresponde a la parte que pretende el
reconocimiento de una nivelación salarial acreditar los supuestos de hecho en que
sustenta sus pretensiones, conforme a la carga de la prueba prevista en el artículo
167 del CGP47.

92. En el caso concreto, la señora Shirley Patricia Zabaleta Rodríguez solicitó la
homologación del cargo de auxiliar administrativo, código 407, grado 33, al de
profesional universitario, código 219, grado 20, tras considerar que cumplía los
requisitos exigidos y se encontraba en condiciones equivalentes a las de otros
servidores beneficiados con la homologación dispuesta mediante el Decreto 569 del
1º de diciembre de 2015.

93. En efecto, se encuentra acreditado que la Alcaldía Municipal de Sincelejo,
mediante Resolución 0509 del 4 de marzo de 2003, asignó a la demandante las
funciones de pagadora de la Institución Educativa La Unión. Posteriormente, mediante
Resolución 0840 del 5 de abril de 2004, formalizó su vinculación en propiedad en el
cargo de secretaria de dicha institución educativa, situación que fue legalizada
mediante Resolución 2397 del 12 de mayo de 2005.

94. Más adelante, mediante Decreto 0412 del 26 de septiembre de 2008, el
municipio asignó la respectiva denominación, código y grado al personal
administrativo del sector educativo financiado con recursos del Sistema General de
Participaciones y, en virtud de ello, la señora Shirley Patricia Zabaleta Rodríguez pasó
a ocupar el cargo de auxiliar administrativo, código 407, grado 32.

95. Años después, el Ministerio de Educación Nacional aprobó, mediante oficios
2013EE16477 y 2013EE27739 del 21 de marzo de 2013, una modificación al estudio
técnico de homologación y nivelación salarial de la planta administrativa del sector
educativo del municipio de Sincelejo, para lo cual la entidad territorial allegó
certificaciones individualizadas de nombramiento y funciones. Asimismo, autorizó la
homologación de funcionarios en los niveles asistencial, técnico y profesional.

96. Con fundamento en dicha aprobación, la Alcaldía Municipal de Sincelejo expidió

45 Corte Constitucional, sentencia T-833 del 23 de octubre de 2012.
46 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de junio de 2023, radicado 76001-23-33-

000-2016-00580-01 (1394-2021); Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de diciembre de 2023,
radicado 76001-23-33-000-2016-01081-01 (2460-2021).
47 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de mayo de 2026, radicado: 76001-23-

33-000-2017-01253-01 (3293-2023).

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Demandante: Shirley Patricia Zabala Rodríguez
Demandada: Municipio de Sincelejo

los Decretos 238 y 239 de 2013, mediante los cuales modificó la planta de cargos
administrativos del sector educativo e incorporó al personal correspondiente. En
desarrollo de dichas medidas, el cargo ocupado por la demandante fue homologado
al de auxiliar administrativo, código 407, grado 33, perteneciente al nivel asistencial.

97. Posteriormente, el Ministerio de Educación Nacional, mediante oficio del 8 de
agosto de 2013, aprobó una nueva modificación al estudio técnico de homologación y
nivelación salarial de la planta administrativa del sector educativo del municipio de
Sincelejo. En dicha comunicación indicó que la entidad territorial propuso la
homologación de cargos de auxiliar administrativo, código 407, grado 33, a los niveles
técnico y profesional, y precisó que correspondía al municipio adelantar los trámites
administrativos necesarios para materializar dichas homologaciones.

98. En ese contexto, la Alcaldía Municipal de Sincelejo expidió el Decreto 569 del
1.º de diciembre de 2015, mediante el cual se dispuso la homologación de varios
cargos del personal administrativo del sector educativo al de profesional universitario,
código 219, grado 20, sin incluir a la demandante dentro de dicha medida.

99. En la alzada se sostiene que las pruebas obrantes en el expediente permiten
inferir que la demandante cumple los requisitos de formación exigidos para el cargo
de profesional universitario, código 219, grado 20, y que desempeña funciones
equiparables a las de los servidores homologados mediante el Decreto 569 del 1º de
diciembre de 2015. Incluso, afirmó que algunos de los funcionarios beneficiados
continúan ejerciendo funciones propias del cargo de auxiliar administrativo, pese a
haber sido homologados al nivel profesional.

100. En particular, destacó que las hojas de vida de algunos de los funcionarios
beneficiados con la homologación no acreditaban de manera suficiente la experiencia
profesional exigida para el cargo, pese a lo cual fueron incluidos en el proceso de
reclasificación adelantado por el municipio. En contraste, afirmó que ella sí cumplía
los requisitos exigidos, pues ostenta el título de contadora pública desde el año 2004
y, aun así, no fue incluida en dicho proceso.

101. Ahora bien, con la demanda se solicitó, entre otras pruebas, oficiar al municipio
de Sincelejo para que allegara las hojas de vida de los señores Ramiro Enrique
Vergara Vargas, Emigdio de Jesús Hernández Suárez, Lucía del Carmen Pérez
Martínez, Ruby Esther Buelvas Parra, Irmina del Rosario Soto Romero, Sara Eugenia
Mendoza Tuirán, Guillermo de Jesús Mendoza Macareno y Erlly Socorro Andrade
Garavito, argumentando que dichos documentos gozaban de reserva y, por tanto,
debían ser solicitados por la autoridad judicial.

102. Asimismo, solicitó oficiar al municipio de Sincelejo para que remitiera los
estudios técnicos de homologación de los cargos del personal administrativo del
sector educativo, con fundamento en los cuales se adelantaron los procesos de

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homologación de los años 2008, 2013 y 201548.

103. Adicionalmente, en el escrito mediante el cual la parte demandante se
pronunció sobre las excepciones propuestas por el municipio de Sincelejo 49, solicitó,
entre otras pruebas, oficiar a la rectora de la Institución Educativa La Unión para que
certificara las funciones desempeñadas por la señora Shirley Patricia Zabaleta
Rodríguez en dicha institución.

104. De igual manera, solicitó oficiar a la Secretaría de Educación del municipio de
Sincelejo para que remitiera el manual de funciones de la planta de cargos
administrativos de la Secretaría de Educación y de los establecimientos educativos
del municipio, particularmente las funciones asignadas al cargo de profesional
universitario, código 219, grado 20.

105. Al respecto, el Tribunal Administrativo de Sucre, en el curso de la audiencia
inicial celebrada el 30 de agosto de 202250, negó las pruebas solicitadas por la parte
demandante, al considerar que no se acreditó haber requerido previamente dichos
documentos ante la administración, conforme a lo previsto en el artículo 173 del CGP.

106. En esa misma línea, precisó que la reserva alegada respecto de las hojas de
vida no impedía solicitar a la entidad la documentación relacionada con los soportes
de educación, formación, experiencia y mérito de los servidores homologados, pues
consideró que dicha información no comprometía la intimidad de sus titulares, quienes
además ostentaban la calidad de servidores públicos.

107. En consonancia con lo anterior, en el curso de la misma audiencia, dictó auto
mediante el cual negó las pruebas documentales solicitadas por la parte demandante.

108. Inconforme con dicha decisión, el apoderado de la parte actora interpuso
recurso de reposición al estimar que, tratándose de asuntos laborales, el juez contaba
con facultades para decretar pruebas de oficio, de conformidad con la jurisprudencia
de la Corte Constitucional. Asimismo, solicitó que se resolviera la petición probatoria
formulada en el escrito de pronunciamiento sobre las excepciones.

109. No obstante, el Tribunal Administrativo de Sucre confirmó la decisión recurrida
al considerar que la oportunidad procesal para solicitar pruebas relacionadas con los
hechos de la demanda ya había precluido y que las pruebas requeridas en el escrito
de pronunciamiento sobre las excepciones no guardaban relación directa con las
excepciones propuestas. Asimismo, precisó que la parte demandante no acreditó
haber adelantado previamente las gestiones necesarias para obtener dicha
documentación ante la administración, pese a que podía hacerlo directamente o
mediante el ejercicio del derecho de petición. Finalmente, indicó que el decreto de

48 Samai, índice 2, expediente 70001-23-33-000-2018-00174-00 (de primera instancia) – pruebas de oficio, pp. 39

a 43.
49 Samai, índice 7, expediente 70001-23-33-000-2018-00174-00 (de primera instancia) – contestación de

excepciones.
50 Samai, índice 16, expediente 70001-23-33-000-2018-00174-00 (de primera instancia) – acta de audiencia inicial.

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pruebas de oficio constituye una facultad del juez y no una obligación.

110. Esta decisión no fue objeto de recurso de apelación por las partes.

111. En este punto, conviene reiterar que quien pretenda la nivelación salarial con
el argumento de que las funciones que desarrolla son equivalentes a las de otro cargo
existente en la planta de personal de la misma entidad o de una diferente, cuya
remuneración es superior, deberá acreditar, entre otros aspectos, que ejecuta
funciones equivalentes, ostenta la misma categoría, cuenta con similar preparación,
asume iguales responsabilidades y cumple condiciones laborales equiparables51.

112. Sin embargo, de las pruebas allegadas al plenario no es posible efectuar un
cotejo material entre las funciones correspondientes al cargo de auxiliar
administrativo, código 407, grado 33, desempeñado por la demandante, y aquellas
asignadas al cargo de profesional universitario, código 219, grado 20, pues no se
acreditaron de manera suficiente las funciones propias de cada uno de dichos
empleos.

113. Asimismo, tampoco es de recibo su afirmación según la cual las hojas de vida
de algunos de los servidores beneficiados con la homologación dispuesta mediante el
Decreto 569 del 1º de diciembre de 2015 evidenciaban que estos no cumplían los
requisitos exigidos para acceder al cargo de profesional universitario, pues dichos
documentos no fueron allegados al expediente.

114. Ciertamente, la parte demandante pretendió obtener durante el curso del
presente proceso contencioso los manuales de funciones y demás documentos
necesarios para acreditar dicha equivalencia funcional. Sin embargo, tales solicitudes
fueron negadas, en primer lugar, porque no se acreditó haber adelantado previamente
las gestiones necesarias para obtener dicha documentación ante la administración,
conforme a lo previsto en el artículo 173 del CGP; y, en segundo lugar, porque algunas
de esas pruebas fueron solicitadas en el escrito de pronunciamiento sobre las
excepciones, pese a que no se encontraban circunscritas a los hechos que
sustentaban dichas excepciones, en los términos del artículo 212 del CPACA.
Decisión que quedó en firme, pues, como se expuso previamente, no fue objeto de
recurso de apelación por las partes.

115. Así las cosas, contrario a lo afirmado por la recurrente, el Tribunal no incurrió
en una deficiente valoración probatoria en razón a que no se encontraban acreditados
los presupuestos para acceder a la homologación pretendida. En efecto, los actos
administrativos mediante los cuales se asignaron los diferentes cargos desempeñados
por la demandante en el sector educativo del municipio de Sincelejo, así como las
certificaciones salariales aportadas al expediente, no son suficientes para acreditar la
equivalencia funcional alegada. Incluso, el hecho de que la señora Shirley Patricia
Zabaleta Rodríguez hubiera obtenido el título de contadora pública desde el año 2004
no resulta suficiente, por sí solo, para demostrar que cumplía los requisitos exigidos
51 Corte Constitucional: sentencias T- 027 de 1997, SU-111 de 1997 y T-272 de 1997.

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para acceder al cargo de profesional universitario, código 219, grado 20, máxime
cuando no se acreditaron las funciones desempeñadas en cada empleo ni los
requisitos exigidos para acceder a dichos cargos.

116. En esas condiciones, correspondía a la demandante demostrar los supuestos
de hecho en los que sustentó la alegada equivalencia funcional entre los cargos de
auxiliar administrativo, código 407, grado 33, y profesional universitario, código 219,
grado 20, de conformidad con el artículo 167 del CGP. Sin embargo, la ausencia de
prueba sobre las funciones desempeñadas impide efectuar el análisis comparativo
requerido para establecer la procedencia de la nivelación salarial reclamada52-53.

117. La búsqueda de la verdad en el proceso no puede emplearse como fundamento
para relevar a las partes del cumplimiento de sus cargas procesales ni para suplir
oficiosamente las deficiencias probatorias advertidas en el expediente.

118. Por tal razón, al no encontrarse acreditada la equivalencia funcional alegada ni
el cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo pretendido, no es posible
concluir que la demandante se encontraba en las mismas condiciones de los
servidores homologados mediante el Decreto 569 del 1º de diciembre de 2015, razón
por la cual no se configura la vulneración de los derechos a la igualdad, al mérito y al
acceso a la función pública alegada en la demanda.

3.4. Conclusión

119. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que en el expediente no
obran elementos de prueba suficientes para establecer que las funciones
desempeñadas por la demandante correspondieran materialmente a las propias del
cargo de profesional universitario, código 219, grado 20, y, por ende, que cumpliera
las condiciones requeridas para acceder a la homologación pretendida. En ese orden,
tampoco se acreditó que se encontrara en una situación equivalente a la de los
servidores incluidos en el proceso de homologación adelantado mediante el Decreto
569 del 1.º de diciembre de 2015, de manera que no se evidencia la vulneración de
los derechos invocados en la demanda.

120. En consecuencia, se confirmará la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión Oral, que negó las pretensiones de
la demanda, por las razones expuestas en esta providencia.

52 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Subsección B, sentencia del 12 de diciembre de 2023, radicado

76001-23-33-000-2016-01081-01 (2460-2021).
53 Esta Subsección se ha pronunciado sobre casos similares en: sentencia del 8 de junio de 2023, radicado 76001-

23-33-000-2016-00580-01 (1394-2021); sentencia del 30 de noviembre de 2023, radicado 76001-23-33-000-2016-
00405-01 (1424-2022).

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3.7. Costas

121. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 54 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso –
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre,
Sala Cuarta de Decisión Oral, el 24 de septiembre de 2025, que negó las pretensiones
de la demanda, por las razones expuestas en este proveído.

Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones
pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

54 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones a saber: (1) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).

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Demandante: Shirley Patricia Zabala Rodríguez
Demandada: Municipio de Sincelejo

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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