Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2018-00204-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2018-00204-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 70001-23-33-000-2018-00204-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
3 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 70001-23-33-000-2018-00204-01 (2252-2021)
Demandante : Lesvia María Montalvo Díaz
Demandada : Nación - Fiscalía General de la Nación
Temas : Comisión de servicios para ejercer empleo de libre
nombramiento y remoción en otro ente estatal y
aceptación de renuncia
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la demandada
contra la sentencia de 13 de octubre de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre, mediante la cual negó las súplicas de la demanda
dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 El medio de control1. La señora Lesvia María Montalvo Díaz, mediante
apoderada, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a incoar
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho conforme al artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), contra la Nación - Fiscalía General de la Nación,
para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad «[…] del oficio radicado
2018300005001 de 27/03/2018, de la Subdirección de Talento Humano de la
Fiscalía General de la Nación, que le dio respuesta negativa a la solicitud de
comisión para desempeñar empleo de libre nombramiento y remoción […] y en
consecuencia, la anulación de la resolución 0000365 de abril 4 de 2018, por
medio del cual el […] Director Ejecutivo de la entidad antes mencionada,
aceptó la renuncia presentada por la misma» (sic).
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la parte accionada (i) «[…] la expedición del acto administrativo
mediante el cual se disponga conceder la comisión solicitada con el objeto de
que la afectada pueda regresar a ocupar el cargo como PROFESIONAL
ESPECIALIZADO II asignada en la Dirección Seccional de Fiscalía de Sucre,
1
«6_700012333000201800204011expedientedigi20210723154318».
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Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Lesvia María Montalvo Díaz contra la Nación - Fiscalía General de la Nación
donde se encontraba ubicada al momento de presentarse la situación, una vez
termine su nombramiento en la Procuraduría Regional de Sucre» (sic); (ii) el
pago de «[…] un perjuicio moral estimado en la suma de setenta millones
($70.000.000) de pesos m/cte.» (sic); (iii) «cancele los sueldos y todas las
prestaciones sociales a que tenga derecho [….] los cuales dejó de devengar en
caso que sea desvinculada de la Procuraduría General de la Nación» (sic); y
(iv) el reconocimiento de los honorarios de abogados y las costas del proceso.
1.3 Fundamentos fácticos. Relata la demandante que «[…] se encontraba
desempeñando el cargo de PROFESIONAL ESPECIALIZADO II en la Fiscalía
General de la Nación, […] en la Dirección Seccional Sucre de la Fiscalía
ubicada en Sincelejo, desde el día 12 de mayo de 2017, cargo al cual accedió
mediante concurso encontrándose en carrera administrativa, después de haber
superado el periodo de prueba de acuerdo a la ley».
Que «[…] El día 14 de marzo de 2018, fue notificada […] de un nombramiento
para el cargo de PROCURADORA REGIONAL DE SUCRE Código OPR
Grado ED de la Procuraduría General de la Nación, razón por la cual solicitó
al Señor Fiscal General de la Nación, le concediera la COMISIÓN PARA
DESEMPEÑAR CARGO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN, por
asistirle el derecho, por ser una servidora pública de carrera administrativa,
[…] La solicitud de la comisión fue negada por la […] Subdirectora de talento
Humano de la Fiscalía General de la Nación, según oficio radicado
20183000005001 de fecha 27/03/2018.».
Dice que «debía aceptar el cargo y posesionarse antes del 10 de abril de 2018,
ya que en la procuraduría las posesiones se surten los primeros diez (10) días
de cada mes, […] se vio obligada a desistir de la Acción de Tutela, para poder
renunciar a su cargo en la Fiscalía, manifestándole este motivo» (sic).
Que «una vez remitido el escrito de renuncia motivada del cargo como
PROFESIONAL ESPECIALIZADO II de la Fiscalía General de la Nación, le
fue comunicado telefónicamente que el escrito no debía ser motivado para
poder ser aceptada la renuncia, […] y procedió a pasar una nueva solicitud
acorde a lo requerido por la Oficina de Talento Humano ya que apremiaba su
posesión como Procuradora Regional de Sucre […]».
Agrega que «su renuncia del cargo que desempeñaba en la Fiscalía General de
la Nación, le permitió posesionarse el día 10 de Abril de 2018, como
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PROCURADORA REGIONAL DE SUCRE según el Decreto No. 1296 de 2018,
Código OPR Grado ED, el cual se encuentra desempeñando en la actualidad;
sin embargo, por ser de libre nombramiento y remoción podría quedar en
cualquier momento desvinculada de la procuraduría y sin la posibilidad de
retornar a su cargo de carrera administrativa como Profesional Especializado
11 de la Fiscalía Seccional Sucre, razón por la cual se le han vulnerado sus
derechos».
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por los actos administrativos demandados el artículo 26 de la Ley 909
de 2004; y los Decretos 1227 de 2004 y 1567 de 1998.
Arguye que, conforme al artículo citado, «podrá otorgarse comisión para
desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de periodo a los
empleados de carrera que obtengan evaluación del desempeño satisfactoria».
Que «se encontraba calificada en el nivel sobresaliente, al momento de
presentar la solicitud de comisión, por lo que no se le podía negar ese derecho.
// De lo anteriormente expuesto cabe resaltar que el acto administrativo no fue
motivado como lo cita la norma, por tanto, así las cosas, al no expresar los
motivos ya indicados en el acto acusado, éste es expedido de una forma
irregular».
Añade que invoca «toda la normatividad inherente y concordante a la que
consagra los derechos de los empleados de carrera administrativa.».
1.5 Contestación de la demanda (ff. 423 a 442 vuelto). La Fiscalía General de
la Nación, a través de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones;
y respecto de los hechos afirma que algunos son ciertos parcialmente y otros
no; y, en general, lo que observa son las apreciaciones subjetivas de la
accionante.
Asevera que «[…] no resulta válido desconocer posteriormente el contenido de
su voluntad expresada sin coacción, para deshacer una situación jurídica que
con la aceptación se hizo irrevocable, pues si hubiese sido cierto que la
administración le llevó a su renuncia, bien pudo el demandante optar de forma
diferente y no lo hizo, máxime si se tiene en cuenta que es una persona
profesional y por tanto de un nivel cultural óptimo que le permitían tomar la
mejor decisión».
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Que «[…] la normatividad en cita nos permite concluir que, es necesario la
EVALUACIÓN ORDINARIA ANUAL DEL DESEMPEÑO LABORAL CON
RESULTAOO SOBRESALIENTE para el otorgamiento de comisión para
desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción, evaluación que, de
acuerdo a las pruebas aportadas por la parte actora, no le había sido realizada
en tanto allegó una evaluación parcial y una semestral».
Concluye que «es evidente la legalidad de la actuación de la FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN, debido a que: (i) existe manifestación de la
voluntad […] de renunciar al cargo que ostentaba; (ii) No era conducente
otorgarle la comisión solicitada; y (ii) localidad de empleado del nivel que
ostentaba […] presupone su experiencia y preparación para discernir acerca
de la conveniencia de su renuncia al cargo y los recursos con los que ostentaba
si consideraba tener derecho a la comisión».
1.6 La providencia apelada2. El Tribunal Administrativo de Sucre, en
sentencia de 13 de octubre de 2020, negó las súplicas de la demanda (con
condena en costas), al considerar que se demostró «[…] las metas estratégicas
de una entidad pública como la Fiscalía General de la Nación son del resorte
del Fiscal General de la Nación y responden a criterios de rendimiento y
eficacia que, para el caso del ente en comento, no son más que aquellas
relacionadas con el combate al crimen, conforme lo dispone la propia
Constitución Política (art. 250), lo que, a su vez, conlleva la necesidad de
mantener una planta de personal adecuada a las necesidades. De ahí que, las
expresiones analizadas, para el caso en concreto, puedan constituir sustento
necesario y suficiente para los efectos del acto administrativo en estudio».
Que «[d]ebe tenerse en cuenta que la motivación en comento, a su vez, responde
al criterio de la buena fe, definido por la jurisprudencia constitucional “como
aquel que exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus
comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones
que podrían esperarse de una “persona correcta (vir bonus)”. Así la buena fe
presupone la existencia de relaciones reciprocas con trascendencia jurídica, y
se refiere a la “confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra
dada”, por ende, si la parte demandante consideraba que el mismo no se
ajustaba a la realidad, debía probar que tal cosa no era cierta, al no haberlo
hecho, la presunción opera en su contra».
2
«7_700012333000201800204012expedientedigi20210723154319».
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Sostiene que «De las anteriores probanzas podría, eventualmente, considerarse
que a la demandante no le quedó otra opción que renunciar ante la negativa de
la comisión, tal como se expresa en el primer escrito, que por demás no fue
tachado de falso; sin embargo, ya quedó visto, que la decisión de negar la
comisión no fue arbitraria y que la decisión de renunciar quedaba así a la
liberalidad de la accionante, tal como finalmente lo hizo, por ende, al
suscribirlo, ejerció su libertad de decisión sin presión que implique
anulamiento de su voluntad» (sic).
Que «ha de anotarse, que lo dicho por la accionante en el hecho cuarto de la
demanda (el mismo dice: “que una vez remitido el escrito de renuncia motivada
del cargo como PROFESIONAL ESPECIALIZADO II de la Fiscalía General
de la Nación, le fue comunicado telefónicamente que el escrito no debía ser
motivado para poder ser aceptada la renuncia, por lo que fue rechazado el
escrito enviado, vía telefónica, ya que explica en el que se sentía obligada a
renunciar”), no pasa de ser una simple afirmación, pues, al no ser probada, no
se le puede dar crédito al hecho de una renuncia obligada de su cargo en la
Fiscalía. // En este punto es bueno detenerse en que, la entidad demandada
negó tal circunstancia y la demandante, quien tenía la carga probatoria, no
aportó prueba alguna que demuestre su aserto, aunado a lo que ya se dijo
anteriormente».
1.7 El recurso de apelación. Inconforme con la anterior sentencia, la
demandante interpuso recurso de apelación, en el que insiste en que «[…] lo
facultativo que puede ser para el nominador en este caso el Director de la
Fiscalía General de la Nación, decidir autorizar o no la comisión, sin embargo,
es evidente que por un lado, omitió el derecho que tenía […] de obtener la
comisión para ocupar el cargo de libre nombramiento y remoción como
Procuradora Regional del Departamento de Sucre, ya que […] poseía derechos
de carrera administrativa por su gran desempeño laboral sobresaliente, y
también, porque tiene derecho a ser tratada con igualdad como los demás
funcionarios de carrera administrativa ya que […] se le cercenó este derecho
a la igualdad, a tener acceso temporalmente a un cargo de mejores
condiciones, que representaba un logro dentro de su carrera profesional,
omitió el nominador revisar su hoja de vida de más de 24 años de servicio
continuos al Estado para analizar si merecía o no conceder la comisión».
Que «[…] no fue aprobada por las necesidades del servicio y las metas
estratégicas que han sido trazadas por esta administración el no conceder la
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comisión que por la necesidad del servicio, con ello ya es suficiente, considero
con todo respeto, que no se tuvo en cuenta el cargo que desempeñaba la misma
para determinar de qué manera podría afectar o no las metas trazadas en la
Fiscalía Seccional Sucre que redundara en un menoscabo de las metas a nivel
nacional, no hay prueba de la entidad demandada que así lo demuestre ni de la
escueta motivación del acto administrativo que la niega se pueden desprender,
por lo que no le es dado al Tribunal inferirla, ya que […] NO ES FISCAL, NI
ESTABA ADSCRITA A NINGUN DESPACHO DE LOS SEÑORES FISCALES,
SU CARGO ERA ADMINISTRATIVO, […] además cuando se trata de apoyo
de tipo administrativo en todas las instituciones incluyendo a la Fiscalía se
suplen con suma rapidez, de hecho así sucedió, por lo que ningún obstáculo
hubo para la consecución de las metas, de hecho fueron las mejores estadísticas
de la seccional Sucre en esa época como se puede corroborar en la institución»
(sic para todo el texto).
Arguye que «[…] Su renuncia no fue voluntaria y libre sino que la misma acató
el resultado negativo de conceder la Comisión para desempeñar empleo de
libre nombramiento y remoción como Procuradora Regional de Sucre […] Por
no haber en ese momento otra opción ya que la orden fue: presenta la renuncia
no motivada para poder aceptar la renuncia, o sea que la administración […]
Para la época de los hechos, presionó para que la renuncia no fuera motivada
y prueba de ello es el primer documento radicado en la fiscalía seccional Sucre
anexado al proceso donde quedó la evidencia, y los demás correos electrónicos
cruzados con las funcionarias del nivel central de la Fiscalía los cuales no
fueron valorados a pesar de formar parte del acervo probatorio […]» (sic).
Aduce que la renuncia «[…] fue provocada y por tanto no podía tenerse por
válida, por lo que no puede desplegar efecto, es decir fue una desvinculación
del empleo que ella ejercía por tanto […] El acto administrativo que aceptó la
renuncia, está viciado y debe declararse nulo».
II. TRÁMITE PROCESAL.
El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 18 de marzo de
2021 y admitido por esta Corporación a través de auto de 28 de abril de 20223,
en cumplimiento del artículo 2474 del CPACA, y durante la oportunidad
establecida en el numeral 4 ibidem, las partes insistieron en sus argumentos de
3
Anotación del Samai 4.
4
Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.
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demanda y de defensa5.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta
Corporación le corresponde conocer del presente litigio, en segunda instancia.
3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde
en esta oportunidad a la Sala (i) determinar si la demandante, por ser una
empleada de carrera de la Fiscalía General de la Nación, tenía derecho a que se
le concediera una comisión de servicios para ocupar el cargo de libre
nombramiento y remoción de procurador regional de Sucre en la Procuraduría
General de la Nación; y (ii) revisar si el acto administrativo que aceptó la
dimisión del empleo de profesional especializado II, que ocupaba en carrera en
el ente demandado, se encuentra ajustado a derecho o, por el contrario, se
expidió en forma irregular, con desviación de poder, falsa motivación y/o
violación de las normas en que debía fundarse.
3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso
concreto.
3.3.1 De la comisión de servicios. El artículo 125 de la Constitución Política
prevé que «[l]os empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera.
Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción,
los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley». En desarrollo
de esta disposición el artículo 23 de la Ley 909 de 20046, norma que regula el
empleo público, preceptúa: «[l]os nombramientos serán ordinarios, en período
de prueba o en ascenso, sin perjuicio de lo que dispongan las normas sobre las
carreras especiales. Los empleos de libre nombramiento y remoción serán
provistos por nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos
exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento establecido en esta
ley. Los empleos de carrera administrativa se proveerán en período de prueba
o en ascenso con las personas que hayan sido seleccionadas mediante el
sistema de mérito, según lo establecido en el Título V de esta ley».
5
Cfr. Registros del Samai 9 y 10.
6
«Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y otras
disposiciones».
7
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Los empleos de carrera administrativa se caracterizan por ofrecer al trabajador
mayor seguridad y estabilidad al limitar la posibilidad para que el empleador
defina sobre su vinculación y retiro7, por lo que el empleado ingresa a la carrera
siempre que satisfaga los requisitos determinados por la Constitución y por el
reglamento o estatuto del respectivo ente estatal y solo puede ser desvinculado
cuando no cumpla sus funciones de manera eficiente y eficaz o incurra en
algunas de las causales señaladas en la Constitución y en la ley8.
Como ya lo ha señalado esta subsección9, la carrera administrativa es el
mecanismo preferente previsto por la Constitución para proveer los cargos de
los organismos y entidades del Estado de acuerdo con el criterio objetivo del
mérito, privilegia la igualdad en el acceso a la función pública, así como su
eficacia, eficiencia, moralidad, imparcialidad y transparencia. Por lo anterior, la
jurisprudencia ha expresado que la carrera administrativa comporta un eje axial
de la Constitución, por medio del cual el Estado puede: «[…] contar con
servidores cuya experiencia, conocimiento y dedicación garanticen, cada vez
con mejores índices de resultados, su verdadera aptitud para atender las altas
responsabilidades confiadas a los entes públicos, a partir del concepto según
el cual el Estado Social de Derecho exige la aplicación de criterios de
excelencia en la administración pública»10.
Asimismo, se ha destacado que en el ordenamiento jurídico colombiano la
carrera administrativa se organiza en tres grandes categorías o modalidades:
(i) El sistema general de carrera, al que hace referencia el artículo 125 de la
Constitución Política (CP), regulado en la Ley 909 de 2004, «por la cual se
expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa y se
dictan otras disposiciones». Su campo de aplicación está definido en el artículo
3º de dicha normativa y comprende una gran parte de los empleos en la
administración pública en los niveles nacional y territorial, central y
descentralizado11.
7
Corte Constitucional, fallo C-540 de 1998.
8
Corte Constitucional, sentencias C-284 de 2011, C-161 de 2003, C-475 de 1999, C-479 de 1992, entre otras.
9
Cfr. sentencia de 29 de mayo de 2020, expediente 11001-03-25-000-2018-00605-00 (2577-18), actor:
Superintendencia de Notariado y Registro.
10
Corte Constitucional, fallo C-514 de 1994.
11
«ARTÍCULO 3º. CAMPO DE APLICACIÓN DE LA PRESENTE LEY:
1. Las disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables en su integridad a los siguientes servidores
públicos:
a) A quienes desempeñan empleos pertenecientes a la carrera administrativa en las entidades de la Rama Ejecutiva
del nivel Nacional y de sus entes descentralizados; al personal administrativo del Ministerio de Relaciones
Exteriores, salvo cuando en el servicio exterior los empleos correspondientes sean ocupados por personas que no
tengan la nacionalidad colombiana; al personal administrativo de las instituciones de educación superior que no
estén organizadas como entes universitarios autónomos [Cfr. Sentencia C-566 de 2000]; al personal administrativo
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Expediente 70001-23-33-000-2018-00204-01 (2252-2021)
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(ii) Los sistemas especiales de origen constitucional, que por su naturaleza se
encuentran sujetos a una regulación diferente por parte del legislador, siempre
con observancia de los principios constitucionales, entre los que se destacan los
de igualdad, mérito y estabilidad12.
Al respecto, la jurisprudencia ha identificado los regímenes de las universidades
estatales (artículo 69 CP), de las fuerzas militares (artículo 217 CP), de la
Policía Nacional (artículo 218 CP), de la Fiscalía General de la Nación (artículo
253 CP), de la Rama Judicial (artículo 256-1 CP), de la Registraduría Nacional
del Estado Civil (artículo 266 CP), de la Contraloría General de la República
(artículo 268-10 CP) y de la Procuraduría General de la Nación (artículo 279
CP)13.
(iii) Los sistemas especiales de carrera de origen legal. Son aquellos que, a pesar
de no tener referente normativo directo en la Carta Política, se conciben como
una manifestación de la potestad del legislador de someter el ejercicio de ciertas
funciones institucionales a un régimen propio, cuando las particularidades de
un ente estatal justifican la adopción de un estatuto singular, por supuesto dentro
de los mandatos generales que la Constitución traza en el ámbito de la función
pública.
A partir de la anterior clasificación tenemos que la Fiscalía General de la Nación
de las instituciones de educación formal de los niveles preescolar, básica y media; a los empleados públicos de las
entidades descentralizadas adscritas o vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares y a la
Policía Nacional; a los empleados públicos civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional, de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional [Derogado por el art. 14, Ley 1033 de 2006]; a los comisarios de
Familia, de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 30 de la Ley 575 de 2000 [Derogado por
el art. 14, Ley 1033 de 2006];
b) A quienes prestan sus servicios en empleos de carrera en las siguientes entidades: en las corporaciones
autónomas regionales; en las personerías; en la Comisión Nacional del Servicio Civil; en la Comisión Nacional de
Televisión [Cfr. Sentencia C-532 de 2006]; en la Auditoría General de la República [Cfr. Sentencia C-315 de
2007]; en la Contaduría General de la Nación;
c) A los empleados públicos de carrera de las entidades del nivel territorial: departamentos, Distrito Capital,
distritos y municipios y sus entes descentralizados;
d) La presente ley será igualmente aplicable a los empleados de las Asambleas Departamentales, de los Concejos
Distritales y Municipales y de las Juntas Administradoras Locales. Se exceptúan de esta aplicación quienes ejerzan
empleos en las unidades de apoyo normativo que requieran los Diputados y Concejales.
2. Las disposiciones contenidas en esta ley se aplicarán, igualmente, con carácter supletorio, en caso de presentarse
vacíos en la normatividad que los rige, a los servidores públicos de las carreras especiales tales como: Rama
Judicial del Poder Público; Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo; Contraloría General de
la República y Contralorías Territoriales [Cfr. Sentencia C-319 de 2007]; Fiscalía General de la Nación; Entes
Universitarios autónomos; Personal regido por la carrera diplomática y consular; El que regula el personal
docente [Cfr. Sentencia C-175 de 2006]; El que regula el personal de carrera del Congreso de la República.
Parágrafo 2º. Mientras se expida las normas de carrera para el personal de las Contralorías Territoriales y para
los empleados de carrera del Congreso de la República les serán aplicables las disposiciones contenidas en la
presente ley [Cfr. Sentencia C-073 de 2006]».
12
Corte Constitucional, sentencias C-532 de 2006 y C-553 de 2010, entre otras.
13
Corte Constitucional, sentencias C-391 de 1993, C-356 de 1994, C-746 de 1999, C-1230 de 2005, C-315 de 2007
y C-553 de 2010, entre muchas otras.
9
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Lesvia María Montalvo Díaz contra la Nación - Fiscalía General de la Nación
goza de un sistema especial de carrera, en virtud del artículo 253 de la Carta
Política, dada la singularidad y especificidad de las funciones que ejerce como
parte de la Rama Judicial, pero esta circunstancia no es óbice para que se
respeten los principios constitucionales de igualdad, mérito y estabilidad y se
mantengan, también, los que orientan la carrera administrativa contenidos en la
ley general que rige la materia.
En lo atañedero al régimen especial de carrera de la Fiscalía General de la
Nación, el presidente de la República, en ejercicio de las facultades
extraordinarias que le confirió el artículo 1º (letra e) de la Ley 1654 de 15 de
julio de 201314, expidió el Decreto 21 de 2014, «Por el cual se expide el régimen
de las situaciones administrativas en las que se pueden encontrar los servidores
públicos de la Fiscalía General de la Nación y de sus entidades adscritas», y
reguló la comisión de servicios en los siguientes términos:
ARTÍCULO 2. Competencia. El Fiscal General de la Nación y los
representantes legales de las entidades adscritas a la Fiscalía General de la
Nación tienen la facultad para decidir los diferentes movimientos de
personal y las situaciones administrativas de los servidores de la entidad
que representan. Esta facultad podrá ser delegada, de acuerdo con las
reglas generales de la delegación administrativa. […]
ARTÍCULO 3. Definición de Situaciones Administrativas. Las
situaciones administrativas son las diferentes circunstancias en las que
pueden encontrarse los servidores de la Fiscalía General de la Nación y de
sus entidades adscritas, en virtud de su relación legal y reglamentaria.
ARTÍCULO 4º. Situaciones administrativas. Los servidores públicos de la
Fiscalía General de la Nación y de sus entidades adscritas pueden
encontrarse en cualquiera de las siguientes situaciones administrativas:
[…]
2.1. En comisión para desempeñar empleo de libre nombramiento y
remoción. […]
ARTÍCULO 33. Comisión para desempeñar un cargo de libre
nombramiento y remoción. Cuando un servidor de carrera de la Fiscalía o
de las entidades adscritas, con evaluación del desempeño sobresaliente,
sea nombrado en un cargo de libre nombramiento y remoción o de período
en la misma entidad en la cual se encuentra vinculado o en otra de la Rama
Judicial o de la Administración Pública, podrá solicitar que le otorguen,
mediante acto administrativo motivado, la respectiva comisión para el
ejercicio del empleo, con el único fin de preservarle los derechos
14
«Por la cual se otorgan facultades extraordinarias pro tempore al Presidente de la República para modificar la
estructura y la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y expedir su régimen de carrera y situaciones
administrativas».
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Expediente 70001-23-33-000-2018-00204-01 (2252-2021)
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inherentes a la carrera.
En el acto administrativo mediante el cual se confiera la comisión, deberá
señalarse el término de la misma a cuyo vencimiento el servidor debe
reincorporarse al cargo de carrera o presentar renuncia a éste. De no
cumplirse lo anterior, el jefe de la entidad declarará la vacancia del empleo
y procederá a proveerlo en forma definitiva, siguiendo el procedimiento
señalado en la normativa vigente.
Es facultativo del jefe de la entidad otorgar comisión para
desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción [negrilla de la
subsección].
Es decir, la concesión de la comisión de servicios para desempeñar un cargo de
libre nombramiento y remoción, en este caso, en otra entidad de la
administración pública como lo es la Procuraduría General de la Nación, está
sometida a la potestad discrecional del fiscal general o a quien delegue para ello,
al margen de que deba cumplir los requisitos para su otorgamiento como lo son
la petición, esté en carrera y su evaluación del desempeño sea sobresaliente. Sin
embargo, el hecho de que sea discrecional no implica que sea arbitraria o ajeno
a los fines y necesidades del servicio, sino que también debe atender los
aludidos principios y los que gobiernan el régimen general de la carrera
administrativa.
Conviene indicar que esta comisión, se otorga con el fin de proteger los
derechos inherentes a la carrera y por un término que podrá ser hasta por tres
(3) años, en períodos continuos o discontinuos, con la posibilidad de ser
prorrogado por un término igual o por el correspondiente, cuando se trate de
empleos de período15.
3.3.2 De la renuncia. En primer lugar, resulta pertinente precisar que el acto de
renuncia del servidor público debe ser resultado de la voluntad libre y
espontánea, pues conforme a lo establecido en el artículo 26 de la Carta Política,
«[t]oda persona es libre de escoger profesión u oficio […]».
15
«ARTÍCULO 35. Término. El término de la comisión podrá ser hasta por tres (3) años, en períodos continuos o
discontinuos, pudiendo ser prorrogado por un término igual, para desempeñar empleos de libre nombramiento y
remoción o por el término correspondiente cuando se trate de empleos de período.
Superado el término señalado en el inciso anterior, al servidor público de carrera administrativa se le podrán
conceder nuevas comisiones para desempeñar otros cargos de libre nombramiento y remoción o de período, a
juicio del jefe del organismo”.
Una vez vencido el término de la comisión, el servidor debe reincorporarse al cargo de carrera o presentar
renuncia a éste, so pena de que el jefe de la entidad declare la vacancia del empleo y proceda a proveerlo en forma
definitiva».
11
Expediente 70001-23-33-000-2018-00204-01 (2252-2021)
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En relación con la libre disposición para renunciar a un empleo público, el
artículo 27 del Decreto 2400 de 196816, compatible con el mandato del artículo
26 superior, dispone:
Todo el que sirva un empleo de voluntaria aceptación puede renunciarlo
libremente.
La renuncia se produce cuando el empleado manifiesta en forma escrita e
inequívoca su voluntad de separarse definitivamente del servicio.
La providencia por medio de la cual se acepte la renuncia deberá determinar
la fecha de retiro y el empleado no podrá dejar de ejercer sus funciones antes
del plazo señalado, so pena de incurrir en las sanciones a que haya lugar por
abandono del cargo. La fecha que se determine para el retiro no podrá ser
posterior a treinta (30) días después de presentada la renuncia; al cumplirse
este plazo el empleado podrá separarse de su cargo sin incurrir en el
abandono del empleo.
Quedan terminantemente prohibidas y carecerán en absoluto de valor, las
renuncias en blanco o sin fecha determinada o que mediante cualquier [sic]
otras circunstancias pongan con anticipación en manos del Jefe del
organismo la suerte del empleado.
De igual modo, el Decreto 1950 de 1973, «Por el cual se reglamentan los
decretos-leyes 2400 y 3074 de 1968 […]», preceptúa:
Artículo 111. La renuncia se produce cuando el empleado manifiesta por
escrito, en forma espontánea e inequívoca, su decisión de separarse del
servicio.
Artículo 112. Si la autoridad competente creyere que hay motivos notorios
de conveniencia pública para no aceptar la renuncia, deberá solicitar el
retiro de ella, pero si el renunciante insiste, deberá aceptarla.
La renuncia regularmente aceptada la hace irrevocable.
Artículo 113. Presentada la renuncia, su aceptación por la autoridad
competente se producirá por escrito y en la providencia correspondiente
deberá determinarse la fecha en que se hará efectiva, que no podrá ser
posterior a treinta (30) días de su presentación.
Vencido el término señalado en el presente artículo sin que se haya
decidido sobre la renuncia, el funcionario dimitente podrá separarse del
cargo sin incurrir en abandono del empleo, o continuar en el desempeño
del mismo, caso en el cual la renuncia no producirá efecto alguno.
16
Por el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil y se dictan otras disposiciones.
12
Expediente 70001-23-33-000-2018-00204-01 (2252-2021)
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De la precitada normativa se colige que el acto de renuncia a un cargo público
debe ser resultado de una manifestación escrita e inequívoca del funcionario de
cesar en el ejercicio del empleo que desempeña, de tal suerte que dicho acto
debe reflejar su voluntad indiscutible de retirarse del empleo, esto es, una
expresión de la voluntad consciente y ajena a todo vicio de fuerza o engaño.
Ahora bien, cabe advertir que el hecho de que el dimitente motive su renuncia
sea cualquiera su razón, no invalida el acto administrativo que la acepta, así lo
ha considerado el Consejo de Estado:
No existe en el ordenamiento jurídico una disposición que impida al
dimitente exponer las razones o motivos que lo indujeron a tomar la
determinación de desvincularse del servicio público, cualquiera que éstos
sean, y no es admisible acoger la tesis de que cuando aquellos se explicitan
el acto administrativo por el cual se acepta la renuncia, contraría la
preceptiva jurídica aplicable a la materia, pues en ausencia de norma
determinante de su ilegalidad por esa causa, resulta arbitrario acoger tales
planteamientos.
[…]
En esta comunicación el actor explicita los móviles que lo indujeron a
renunciar nuevamente, de una parte, salvar inconvenientes de tipo jurídico
y, de otra, los inesperados cambios en las decisiones del Director Regional,
dimisión que esta vez presenta en forma irrevocable y con efectos a partir
de una fecha anterior a la señalada en la primera renuncia que presentó.
Empero, ni tal escrito ni ninguna otra prueba allegada al expediente,
evidencian que la administración haya ejercido presión sobre él para que
hiciera esta manifestación de voluntad, de hacer dejación de su empleo17.
Por tanto, si bien es cierto que la renuncia está precedida de un motivo, sea
expreso o no, también lo es que en caso de que sea explícito no invalida por sí
solo el acto administrativo de su aceptación, por lo que se deberá demostrar que
en efecto ese móvil sea producto de una coacción invencible que excluya el acto
voluntario de dimisión.
Así las cosas, se tiene que el acto administrativo que acepta la renuncia reconoce
efectos jurídicos irrevocables y, además, goza de presunción de legalidad,
cuanto más si el servidor, de manera escrita y espontánea, manifiesta
inequívocamente su deseo de desvincularse de la Administración.
3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
17
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, consejero ponente Joaquín
Barreto Ruiz, sentencia de 18 de julio de 1995, expediente 7700. Ver también fallo de 23 de febrero de 2017,
sección segunda, subsección B, consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter, expediente 08001-23-33-000-
2012-00098-01 (1496-14).
13
Expediente 70001-23-33-000-2018-00204-01 (2252-2021)
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peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario, y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:
a) Por Resolución 631 de 22 de febrero de 2017, el Fiscal General de la Nación
nombró en período de prueba por el término de tres (3) meses a la demandante,
en el empleo de profesional especializado II de la subdirección seccional de
fiscalías y de seguridad ciudadana - Cundinamarca, en la planta global de la
Fiscalía General de la Nación; y, con Resolución 10302 de 5 de mayo de 2017,
la vicefiscal general de la Nación la reubica en la subdirección seccional de
fiscalías y seguridad ciudadana - Sucre 18.
b) A través de Decreto 1296 de 1º de marzo de 2018, el Procurador General de
la Nación nombró a la actora en el cargo de procuradora regional de Sucre,
código 0PR, grado ED19.
c) Mediante escrito de 20 de marzo de 2018, dirigida al Fiscal General de la
Nación, la actora pide comisión de servicios para desempeñar el empleo de libre
nombramiento y remoción según nombramiento reseñado; y, por medio de
oficio 2018000005001 de 27 de marzo de 2018, la subdirectora de talento
humano de la Fiscalía General de la Nación, le indicó que su solicitud «no fue
aprobada por las necesidades del servicio y las metas estratégicas que han sido
trazadas por esta administración»20.
d) La demandante presentó renuncia al cargo de profesional especializado II
asignada a la seccional Sucre el 3 de abril de 2018, dirigida al Fiscal General de
la Nación, la que le fue aceptada por el acto acusado, a partir del día 4
siguiente21.
De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que (i) la demandante
fue designada, en período de prueba, como profesional especializado II en la
Fiscalía General de la Nación, por haber superado el respectivo concurso; (ii)
obtuvo calificaciones satisfactorias durante este lapso en el que fue designada,
es decir, dentro de los tres meses siguientes a la posesión; (iii) la demandante
solicitó comisión de servicios para ocupar un cargo de libre nombramiento y
18
«6_700012333000201800204011expedientedigi20210723154318» (ff. 9 a 12).
19
Ibidem, (f. 14).
20
Edjusdem, (ff. 19 y 20).
21
Mismo archivo digital (ff. 27 y 28).
14
Expediente 70001-23-33-000-2018-00204-01 (2252-2021)
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remoción en la Procuraduría, denegada el 27 de marzo de 2018; (iv) que el 3 de
abril del mismo año presentó renuncia dirigida al Fiscal General de la Nación;
y (v) la aceptación de la renuncia de la demandante fue definida el 4 siguiente,
es decir, un día después de ser radicada, decisión signada por el director
ejecutivo del ente demandado.
En criterio de la Sala las pretensiones de la demanda no están llamadas a
prosperar por los siguientes razonamientos.
3.4.1 De negativa a otorgar la comisión de servicios. Respecto del
otorgamiento de la comisión de servicios, la subsección encuentra demostrado
que la demandante ingresó en período de prueba por un término de tres (3)
meses, según lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley 938 de 2003, norma que
resultaba aplicable, con base en el régimen de transición previsto en el artículo
120 del Decreto ley 21 de 2014, precepto que regla:
Artículo 69. Con base en el puesto que se ocupe en el registro de elegibles,
quien obtenga el derecho a ser nombrado, ingresará en período de prueba
por tres (3) meses; transcurrido este período, se procederá a su
calificación.
Obtenida calificación satisfactoria, será nombrado en propiedad y
escalafonado en la carrera.
A partir del nombramiento en propiedad y el escalafonamiento queda
inscrito en la carrera y se generan los derechos correspondientes.
En el evento en que la calificación sea insatisfactoria, se retirará del
servicio, sin que ello cause indemnización alguna [negrilla de la Sala].
La demandante, como consta en las calificaciones aportadas22, fue evaluada de
manera satisfactoria y, por ende, le asistía derecho a ser nombrada en propiedad
y escalafonada en carrera.
Sin embargo, dentro del proceso no se acreditó su nombramiento en propiedad
ni la inscripción en el registro de carrera, como lo certificó la Fiscalía en oficio
20197010006261 de 2 de octubre de 2019, en el que precisó que la demandante
«para el 20 de marzo de 2019, fecha en la cual solicitó la Comisión señalada
en el oficio, NO se encontraba en la base de datos que contiene el señalado
registro de carrera»23.
22
Idéntico Pdf (ff. 62 a 64).
23
Equivalente vínculo digital
15
Expediente 70001-23-33-000-2018-00204-01 (2252-2021)
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En otras palabras, si se tiene en cuenta un criterio formal, la actora no gozaba
de derechos de carrera porque no tenía su nombramiento en propiedad, pese a
que había trascurrido el período de prueba de tres (3) meses y tenía
calificaciones satisfactorias.
Empero, el anterior criterio fue sustituido por uno material o sustancial, como
lo es el contenido en el artículo 41 del Decreto ley 20 de 2014, que simplemente
estableció que: «Vencido este término, dentro de los diez (10) días siguientes,
el servidor será evaluado en su desempeño laboral con base en los instrumentos
y condiciones que defina la respectiva entidad. // Aprobado el período de
prueba por obtener evaluación satisfactoria, el servidor adquiere los derechos
de carrera, los cuales deberán ser declarados mediante la inscripción en el
Registro Público de Inscripción de Carrera Especial […]».
En efecto, se aclara que por la anterior circunstancia el oficio demandado no le
negó la concesión de la comisión de servicios, sustentada en su no inscripción
en el escalafón de carrera en la Fiscalía, sino «por las necesidades del servicio
y las metas estratégicas que han sido trazadas por esta administración».
Sobre este aspecto, la parte demandante no comprobó cargo alguno de
anulación en relación con la motivación contenida en ese oficio, solo se
contentó con decir que ella tenía derecho a que se le concediera la comisión de
servicios por tener derechos de carrera con olvido del artículo 33, inciso final,
del Decreto ley 21 de 2014, que prevé «Es facultativo del jefe de la entidad
otorgar comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y
remoción».
La norma antes mencionada debe armonizarse con los principios arriba
reseñados y el artículo 44 del CPACA, cuando de decisiones discrecionales se
trata, en el sentido de que deben ser adecuadas a los fines de la norma que las
autoriza y proporcionales a los hechos que les sirven de causa, para evitar
arbitrariedad o capricho, en virtud de que no hay potestades omnímodas en el
Estado social de derecho.
Acerca del tema, esta Corporación24 ha sostenido que «la facultad discrecional
conforme a nuestro ordenamiento, es parte del ejercicio de la función
administrativa en tanto se encuentra al servicio del interés público o general
24
Consejo de Estado, subsección B, sentencia de 20 de agosto de 2015, radicado 25000232500020100025401
(1847-2012).
16
Expediente 70001-23-33-000-2018-00204-01 (2252-2021)
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conforme lo dispone el artículo 209 de la Constitución Política, operando como
límite negativo del ejercicio de la facultad discrecional para excluir de
cualquier decisión lo arbitrario, ilógico o irrazonable25. Esta facultad prevista
en el anterior Código Contencioso Administrativo en el artículo 36 y hoy en el
artículo 44 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, prevé la regla general de la discrecionalidad y plantea la
proporcionalidad entre los hechos que le sirven de causa y los fines de la
norma que lo autoriza, que no es otra cosa que la acción del hecho causal
sobre el efecto jurídico, la medida o razón que objetivamente debe existir entre
la realidad de hecho y el derecho que supone la verdad fáctica y su conexidad
con la decisión26».
Según el régimen jurídico vigente, es la persona que se crea lesionada en un
derecho subjetivo la que debe solicitar la nulidad del acto y el restablecimiento
del derecho, como lo determina el respectivo medio de control, previsto en el
artículo 138 del CPACA; en esa dirección, le corresponde el deber de acometer
ante el juez la carga argumentativa y probatoria con el peso jurídico suficiente
encaminada a quebrantar la presunción legal de que el acto demandado se
expidió en aras del buen servicio.
La anterior afirmación también halla fundamento en los requisitos que, según
el artículo 162 (numerales 4 y 5) de la misma codificación, debe cumplir la
demanda, esto es, que cuando se trate de impugnar actos administrativos, la
parte actora debe indicar «las normas violadas y explicarse el concepto de su
violación» y «La petición de las pruebas que el demandante pretenda hacer
valer. En todo caso, este deberá aportar todas las pruebas documentales que
se encuentren en su poder» [se destaca].
En el presente proceso, se insiste, la demandante no demostró que lo
argumentado por la Fiscalía General de la Nación fuera falso o que, en general,
hubo intereses ajenos a las razones del servicio explicitadas para denegarle la
comisión de servicios peticionada.
Su controversia principal la sustentó con el recurso de apelación, en el que se
limitó a indicar que, por tratarse de un cargo administrativo, su provisión no
afectada las metas de la entidad, pero no acreditó este aserto, tesis que, además,
resulta deleznable por cuanto, en principio, si existe un empleo es porque lo
25
Sección segunda, radicado interno 1866-2010, actor: Diego León Villamarín, M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
26
Radicación número: 25000-23-25-000-2000-04935-01 (1132-08) Actor: Elizabeth Herrera Neira, M.P. Gerardo
Arenas Monsalve.
17
Expediente 70001-23-33-000-2018-00204-01 (2252-2021)
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requiere y cada uno sirve para lograr los resultados de servicio que se propone;
máxime cuando los cargos administrativos son de vital importancia pues le
quitan esa carga a los misionales para el cumplimiento de sus fines. Por las
razones expuestas, se denegará la anulación del oficio censurado.
3.4.2 De la renuncia aceptada para que se posesionara en un cargo de libre
nombramiento y remoción. Sobre el particular, se tiene que en el escrito de
renuncia presentado por la demandante, ante el Fiscal General de la Nación, de
28 de mayo de 2012 (ff. 42 y 43), consignó:
[…] Por medio de la presente. manifiesto a usted mi renuncia del cargo
que desempeño como profesional especializado 11 asignada a la
dirección seccional sucre, a partir del día 4 de abril de 2018.
Le agradezco su atención, deseándole los mejores éxitos en su gestión.
[sic].
En primer lugar, cabe destacar la clase de vinculación que tenía la demandante,
pues se trataba de una empleada pública, quien desempeñaba un cargo de
profesional especializado, al que accedió por haber superado el correspondiente
concurso de méritos.
Dentro del proceso no aparece prueba respecto de la cual se deduzca que el
Fiscal General o cualquier otra autoridad ejerciera presión sobre la demandante
para que dimitiera. Lo que sí es cierto es que la actora tenía premura, según su
interés, en posesionarse en el puesto de libre nombramiento y remoción para el
que fue designada.
Por su lado, según se deduce del escrito de dimisión previamente presentado,
que ante la negativa en darle la comisión de servicios arriba analizada, llegó al
convencimiento de que debía renunciar al cargo en el que se había posesionado,
porque dentro de su trayectoria como servidora pública le interesaba más
acceder al empleo de libre nombramiento y remoción de procuradora regional
de Sucre, por designación que hiciera el entonces Procurador General de la
Nación, el 1º de marzo de 2018.
A partir de las anteriores premisas, se tiene que el control de legalidad se hace
en relación con el contenido del acto administrativo, desde el momento de su
existencia, que surge cuando se expide, en este caso la aceptación de la
18
Expediente 70001-23-33-000-2018-00204-01 (2252-2021)
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renuncia27 que, dicho sea de paso, se hizo dentro de los treinta días con que
contaba la Administración para pronunciarse.
En estas condiciones, al haber sido expedida la aceptación de renuncia, con los
atributos de existencia y validez del acto administrativo, en el presente caso, se
mantiene incólume su presunción de legalidad pues fue emitida por la autoridad
competente y con fundamento en la normativa que la habilitaba para aceptarle
la dimisión.
Sin más consideraciones y bajo una sana hermenéutica jurídica, la Sala arriba a
la convicción de que los actos administrativos demandados conservan su
validez y eficacia al no haber sido desvirtuada la presunción de legalidad que
los ampara, por tanto, se confirmará la sentencia apelada, en cuanto negó las
súplicas de la demanda.
Por otra parte, frente a la condena en costas, la Sala estima que según lo
dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso (CGP), por
remisión expresa del artículo 188 del CPACA, se deben estudiar para tal fin
aspectos como la temeridad o mala fe en la que la parte vencida pudo incurrir.
En este sentido, se pronunció esta Corporación, en sentencia de 1º de diciembre
de 201628, así:
En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas en
la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil.
La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción es
entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar,
determinar, mandar lo que ha de hacerse».
27
Sentencia C-069 de 23 de febrero de 1995, M.P. Hernando Herrera Vergara; «La existencia del acto
administrativo está ligada al momento en que la voluntad de la Administración se manifiesta a través de una
decisión. El acto administrativo existe, tal como lo señala la doctrina, desde el momento en que es producido por
la Administración, y en sí mismo lleva envuelta la prerrogativa de producir efectos jurídicos, es decir, de ser eficaz.
De igual manera, la existencia del acto administrativo está ligada a su vigencia, la cual se da por regla general
desde el momento mismo de su expedición, condicionada, claro está, a la publicación o notificación del acto, según
sea de carácter general o individual».
28
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-
2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada: Administradora
Colombiana de Pensiones (Colpensiones).
19
Expediente 70001-23-33-000-2018-00204-01 (2252-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Lesvia María Montalvo Díaz contra la Nación - Fiscalía General de la Nación
Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no
presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo, en
caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del CGP).
En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil,
comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de
costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de lo
contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición
de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar
paso a una aplicación razonable de la norma.
Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté
revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal
de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea
manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción,
recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios
a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso,
incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos
o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se
entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan
transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).
Por consiguiente, se considera que la referida normativa deja a disposición del
juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que para ello debe
examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación y
no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a sus
intereses, pues dicha imposición surge después de tener certeza de que la
conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe; por ende, al no
observarse tal proceder de la parte accionante, se revocará la condena en costas.
Por último, en razón a que quien se halla habilitada legalmente para ello confirió
poder en nombre de la Nación – Fiscalía General de la Nación29, se reconocerá
personería a la profesional del derecho destinataria de aquel.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º. Confírmase parcialmente la sentencia de 13 de octubre de 2020 proferida
29
Samai, índice 10.
20
Expediente 70001-23-33-000-2018-00204-01 (2252-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Lesvia María Montalvo Díaz contra la Nación - Fiscalía General de la Nación
por el Tribunal Administrativo de Sucre, mediante la cual negó las súplicas de
la demanda en el proceso instaurado por la señora Lesvia María Montalvo Díaz
contra la Nación – Fiscalía General de la Nación, conforme a lo indicado en la
parte motiva.
2º. Revócase el ordinal segundo de la parte decisoria de la providencia de
primera instancia, en cuanto condenó en costas a la demandante, según los
motivos expuestos.
3º. Reconócese personería a la abogada Diana María Barrios Sabogal, con
cédula de ciudadanía 52.907.178 y tarjeta profesional 178.868 del Consejo
Superior de la Judicatura, para representar a la Nación – Fiscalía General de la
Nación, en los términos del poder conferido, obrante en el sistema de gestión
judicial Samai.
4º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Ausente con excusa Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS
21
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