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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 70001-23-33-000-2018-00206-01

Fecha
17 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 70001-23-33-000-2018-00206-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 7 de febrero de 2023, proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandada, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de primera instancia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso. TERCERO: Por intermedio de la Secretaría de la Sección Tercera de esta Corporación, en firme la presente providencia, DEVOLVER el expediente de este 34 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto […] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación. 35 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Radicado 17001233300020120017601 (51034). 27 Radicación: 70001233300020180020600 (71570) Demandante: Instituto Nacional de Vías proceso al Tribunal de origen para lo de su cargo y, acto seguido, FINALIZAR y ARCHIVAR esta actuación en la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 70001-23-33-000-2018-00206-01

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

17 de septiembre de 2025

Radicación: 70001233300020180020600 (71570)
Demandante: Instituto Nacional de Vías

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Radicación: 70001-23-33-000-2018-00206-01 (71570)
Demandante: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
Demandado: MUNICIPIO DE SAN PEDRO

TEMAS: LA COMPETENCIA DEL JUEZ EN SEGUNDA INSTANCIA. Se limita, por regla general, a
los aspectos que fueron apelados. LA CARGA DE SUSTENTAR DEBIDAMENTE EL RECURSO DE
APELACIÓN. Al extremo recurrente le corresponde sustentar en debida forma el recurso de
apelación - no se satisface con la mera manifestación de inconformidad con el proveído impugnado,
ni tampoco con la petición de que se revoque - lo que la legislación procesal exige es que se ataquen
los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la providencia que se recurre.
LA CONSECUENCIA PROCESAL QUE SE DERIVA DE LA INDEBIDA SUSTENTACIÓN DEL
RECURSO DE APELACIÓN. Se debe confirmar la sentencia apelada, porque no se cuenta con
ningún parámetro de disenso que permita realizar un juicio de corrección y acierto del fallo
“cuestionado”.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia del 7 de febrero de 2023, proferida por la Sala Segunda de Decisión
del Tribunal Administrativo de Sucre, mediante la cual se accedieron parcialmente
a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 10 de octubre de 2013, el Instituto Nacional de Vías –en lo sucesivo Invías– y el
Municipio de San Pedro –en adelante el Municipio o el ente territorial– celebraron el
convenio interadministrativo No. 2112, cuyo objeto consistió en el mejoramiento,
mantenimiento y conservación de la vía San Pedro – San José de las Palmas, en el
Municipio de San Pedro - Departamento de Sucre. En el convenio se estableció que
el Municipio debía contratar directamente las obras objeto del acuerdo
convencional, utilizando los recursos que desembolsara el Invías para el efecto.

1

Radicación: 70001233300020180020600 (71570)
Demandante: Instituto Nacional de Vías

En su demanda, la parte demandante solicita: (i) que se declare la existencia del
convenio interadministrativo No. 2112 de 2013 celebrado entre ella y el Municipio;
(ii) que se declare que el ente territorial incumplió el aludido convenio; (iii) que se
liquide judicialmente el acuerdo convencional; (iv) que se condene al municipio al
pago del valor total del convenio -debido a que ese dinero no se ejecutó- así como
a la devolución de los rendimientos financieros causados respecto de la cuenta
bancaria destinada al convenio, ente otras pretensiones.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. El 21 de agosto de 20181, el Invías, mediante apoderado judicial y en ejercicio
del medio de control de controversias contractuales, presentó demanda en contra
del Municipio de San Pedro.

1.2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones (se transcriben de
forma literal, incluso con posibles errores):

“3.1 Que se declare que entre el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS y el
Municipio de San Pedro - Sucre, se celebró el Convenio Interadministrativo No. 2112
de 2013.

3.2 Que se declare que el Municipio de San Pedro - Sucre, incumplió definitivamente
sus obligaciones contractuales, contenidas en el Convenio Interadministrativo No.
2112 de 2013 y sus adicionales, al violar las cláusulas Quinta - Parágrafo segundo y
octava.

3.3 Que como consecuencia de las anteriores declaraciones de incumplimiento, se
ordene la liquidación del Convenio Interadministrativo No. 2112 del 2013, por vía
judicial.

3.4 Que se declare que el Municipio de San Pedro - Sucre, no ejecuto la suma de
TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/cte ($
3.375.000.000,00).

3.5 Que se condene al Municipio de San Pedro - Sucre, al pago de la suma de TRES
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/cte ($
3.375.000.000,00), debidamente actualizada desde la fecha que debió reintegrarse
hasta la fecha efectiva de reembolso, teniendo en cuenta el poder adquisitivo de
compra del peso colombiano, índice de precios al consumidor IPC, al momento de
expedición de la sentencia, más los intereses moratorios, conforme la ley 80 de 1993
y articulo 2.2.1.1.2.4.2 del decreto 1082 de 2015, desde la misma fecha hasta cuando
se haga efectivo el pago a la entidad pública demandante.

1 Folios 1 a 121 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo de Sucre.

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Radicación: 70001233300020180020600 (71570)
Demandante: Instituto Nacional de Vías

3.6 Que se condene al Municipio de San Pedro - Sucre, a la devolución de los
rendimientos financieros de la cuenta conjunta del convenio y los rendimientos
financieros de la fiducia los cuales se desconocen por que el Municipio no ha aportado
información sobre estos.

3.7 Que se declare que el Municipio de San Pedro, incumplió las obligaciones
derivadas del convenio No. 2112 de 2013 y adicionales, y que dicho incumplimiento
lo obliga como garante a responder contractualmente por lo establecido en la
"CLÁUSULA DECIMA QUINTA (15): GARANTÍA ÚNICA DEL CONTRATISTA
DERIVADO, objeto de la presente controversia, la cual dispone que en cuanto al
termino por concepto de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones
del personal que utilice en la ejecución del respectivo contrato y estabilidad de la
obra......

Es del caso indicar que mientras no se realice la entrega y recibo definitivo del
convenio y se informe al INVIAS el valor total de los rendimientos financieros se
exigen el cumplimiento de los valores de las póliza N° 3001553, certificado 6 adquirida
con la aseguradora PREVISORA SEGURO, correspondientes a los amparos de
"cumplimiento del contrato" por un valor $ 337.490.140,0o y estabilidad de la obra por
un valor de $ 1.102.470.421,00.

3.8 Que se declare que el INSTITUTO, no suscribirá en un futuro contratos con el
MUNICIPIO de San Pedro, por incumplimiento de sus obligaciones contractuales en
virtud de lo estipulado en la cláusula OCTAVA PARAGRAFO PRIMERO.

3.9 Que se sancione al municipio de San Pedro, de conformidad con las normas que
así lo prevén.

3.10 Que se condene en costas y gastos procesales y agencias en derecho al
municipio de San Pedro, a que haya lugar.

3.11 Para el pago de la condena contenida en la sentencia, se dará aplicación al
artículo 192 del C.P.A.C.A. y normas concordantes”. (mayúsculas sostenidas propias
del texto transcrito).

1.3. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, la parte demandante narró los
siguientes hechos que, a continuación, la Sala sintetiza:

1.3.1. Afirmó que, el 10 de octubre de 2013, el municipio de San Pedro y el Invías
celebraron el convenio interadministrativo No. 2112, cuyo objeto consistió en el
mejoramiento, mantenimiento y conservación de la vía San Pedro – San José de
las Palmas, en el Municipio de San Pedro, Departamento de Sucre.

1.3.2. Indicó que el valor del convenio se estableció en $3’375.000.000 y que el
plazo de ejecución se fijó desde la suscripción del acta de inicio -que ocurrió el 11
de diciembre de 2013- hasta el 31 de diciembre de 2014. Sin embargo, puntualizó
que dicho plazo fue objeto de cuatro (4) prórrogas, por lo que se extendió hasta el
15 de diciembre de 2015.

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Radicación: 70001233300020180020600 (71570)
Demandante: Instituto Nacional de Vías

1.3.3. Sostuvo que la interventoría del convenio estuvo a cargo de la empresa
Ingeniería Integral de Obras Ingeobras S.A.S.

1.3.4. Señaló que, en cumplimiento de lo estipulado en el convenio, efectuó dos (2)
desembolsos en favor del Municipio: un primer giro el 24 de octubre de 2013 por
valor de $2’396.250.000 y un segundo giro el 19 de junio de 2014 por valor de
$978’750.000, para un total de $3’375.000.000.

1.3.5. Expuso que el convenio no se pudo liquidar bilateral ni unilateralmente, toda
vez que el Municipio no allegó la documentación necesaria para tal efecto, pese a
que tanto el Invías como la interventoría le realizaron múltiples requerimientos en
ese sentido.

1.4. Como fundamento jurídico de la demanda, el extremo activo expuso lo
siguiente:

Adujo que el Municipio incumplió el convenio interadministrativo No. 2112 de 2013,
toda vez que no cumplió con sus obligaciones previstas en los literales h) e i) de la
cláusula octava del convenio -que establecía las obligaciones a cargo del ente
territorial-, consistentes en: (i) supervisar la ejecución del contrato de obra y velar
por el debido cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el contratista; y (ii)
coordinar y gestionar los procesos de ejecución de los proyectos, en las diferentes
etapas precontractual, contractual y liquidación. Lo anterior, dado que el Municipio
desatendió los requerimientos relacionados con el avance de las obras objeto del
convenio, lo que impidió constatar sus labores de supervisión, coordinación y
gestión sobre el proyecto. Agregó que el ente territorial tampoco allegó la
documentación necesaria para la liquidación del convenio, haciendo imposible
efectuar el cruce final de cuentas.

2. La admisión de la demanda, su contestación y el trámite para dictar
sentencia anticipada

2.1. Mediante auto del 31 de octubre de 20192, el Tribunal Administrativo de Sucre
admitió la demanda. Esa decisión se notificó en debida forma a las partes y al
Ministerio Público.

2 Folios 126 a 127 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo de Sucre.

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Demandante: Instituto Nacional de Vías

2.2. El municipio de San Pedro no contestó la demanda.

2.3. A través de proveído del 22 de febrero de 20233, el Tribunal Administrativo de
Sucre resolvió prescindir de la audiencia inicial, por encontrarse configurados los
elementos para dictar sentencia anticipada. En consecuencia, fijó el litigio, en el
sentido de establecer: (i) si había lugar a declarar el incumplimiento del Municipio
frente a las obligaciones derivadas del convenio interadministrativo No. 2112 de
2013; (ii) si es procedente la liquidación judicial del convenio; y (iii) si había lugar a
condenar al ente territorial por las sumas pretendidas en la demanda.

De igual manera, se decretaron como pruebas las documentales aportadas por la
parte demandante y se corrió traslado a las partes para que presentaran sus
alegatos de conclusión, y al Ministerio Público para que rindiera su concepto.

3. Los alegatos de conclusión en primera instancia

3.1. El Invías4 presentó sus alegatos, en los que reiteró los argumentos expuestos
en su demanda.

3.2. El municipio de San Pedro5 presentó sus alegatos, en los que indicó que lo
pretendido por el Invías constituía un enriquecimiento sin justa causa, ya que aquel
tuvo conocimiento de la obra contratada en virtud del convenio y, además, de todos
los trámites realizados por el ente territorial para garantizar su ejecución. En tal
sentido, afirmó que del acervo probatorio obrante en el expediente se evidenciaba
tanto la ejecución de la obra como los pagos correspondientes efectuados al
contratista.

3.3. El Ministerio Público6 rindió concepto, en el que solicitó ordenar al Municipio
allegar la documentación necesaria para liquidar judicialmente el convenio
interadministrativo No. 2112 de 2013. En tal sentido, expuso que no se acreditó que
el ente territorial hubiera cumplido con la obligación de supervisar la ejecución del

3 Índice No. 9 Samai del Tribunal Administrativo de Sucre.
4 Índice No. 14 Samai del Tribunal Administrativo de Sucre.
5 Índice No. 16 Samai del Tribunal Administrativo de Sucre.
6 Índice No. 15 Samai del Tribunal Administrativo de Sucre.

5

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Demandante: Instituto Nacional de Vías

contrato de obra, así como de coordinar y gestionar los procesos de ejecución del
proyecto, en sus diferentes etapas.

En todo caso, señaló que el Acta de Comité Técnico No. 18 del 11 de diciembre de
2015 daba cuenta de que el Municipio destinó la totalidad de los recursos del
convenio a las obras objeto del mismo, respecto de las cuales la interventoría
reportó un avance del 88%. Por esa razón, consideró que no era procedente ordenar
la devolución de la totalidad de los recursos invertidos en favor del Invías.

4. La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 7 de febrero de 20237, la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo de Sucre declaró que el municipio de San Pedro incumplió
el convenio interadministrativo No. 2112 de 2013 y, en consecuencia, lo condenó a
pagar al Invías la suma de $405´000.000, junto con los rendimientos financieros
causados en la cuenta bancaria del convenio, pero solo respecto de los dineros no
ejecutados.

El Tribunal a quo advirtió que no se acreditó que el Municipio hubiera atendido los
requerimientos efectuados por la interventoría y el Invías en relación con la
documentación sobre el avance de las obras objeto del convenio, con lo cual
incumplió sus obligaciones de supervisar la ejecución del contrato de obra y velar
por el debido cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el contratista de obra,
así como de coordinar y gestionar los procesos de ejecución del proyecto.

De otra parte, aseguró que si bien el ente territorial no allegó los documentos
necesarios para efectuar la liquidación del convenio, ni siquiera al proceso judicial,
ello no constituía justificación válida para impedir su liquidación, pues, de lo
contrario, se estaría premiando la omisión y negligencia del Municipio al obstaculizar
la realización del cruce final de cuentas.

En ese sentido, sostuvo que en el Acta de Comité No. 18 del 11 de diciembre de
2015, la interventoría certificó un avance del 88% en la ejecución de las obras objeto
del convenio, por lo que se podía inferir que solo se invirtió ese porcentaje de los
recursos, dado que, conforme al acuerdo de voluntades, todos los fondos girados

7 Índice No. 20 Samai del Tribunal Administrativo de Sucre.

6

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Demandante: Instituto Nacional de Vías

por el Invías debían destinarse a la ejecución de las obras. En este contexto, el
Tribunal concluyó que se invirtieron únicamente $2.970.000.000, por lo que el monto
restante de $405.000.000 -considerando que el valor total del convenio era de
$3.375.000.000- no fue ejecutado y, por ende, era procedente ordenar su
devolución en favor del Invías, junto con los rendimientos financieros causados
respecto de esa suma de dinero.

5. Recurso de apelación

El 15 de marzo de 2024, el municipio de San Pedro8 interpuso recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia, el cual fue concedido por el Tribunal a quo
a través de auto del 11 de junio de 20249. Al efecto, solicitó que se revocara la
sentencia de primer grado y, en su lugar, se negaran las pretensiones de la
demanda.

En su escrito, tras citar jurisprudencia del Consejo de Estado relacionada con el
enriquecimiento sin justa causa, reiteró lo manifestado en los alegatos de conclusión
de primera instancia, en cuanto a que lo pretendido por el Invías constituía un
enriquecimiento sin justa causa, porque aquel tuvo conocimiento de la obra
contratada en virtud del convenio, así como de todos los trámites administrativos
realizados por el ente territorial para garantizar su ejecución. Añadió que el a quo
no tuvo en cuenta su defensa y que, en consecuencia, le impuso una carga injusta.

6. Actuación en segunda instancia

Mediante proveído del 2 de agosto de 202410 se admitió el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia. Una vez admitido el recurso, el
expediente ingresó para fallo, debido a que no se solicitaron ni se decretaron
pruebas en el trámite de la segunda instancia.

III. CONSIDERACIONES

Para resolver el recurso de apelación, la Sala estudiará los siguientes aspectos: (1)
jurisdicción y competencia del Consejo de Estado para conocer del presente asunto;

8 Índice No. 24 de Samai del Tribunal Administrativo de Sucre.
9 Índice No. 27 de Samai del Tribunal Administrativo de Sucre.
10 Índice No. 4 Samai del Consejo de Estado.

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Demandante: Instituto Nacional de Vías

(2) procedencia del medio de control; (3) legitimación en la causa; (4) oportunidad
del medio de control; (5) la indebida sustentación del recurso de apelación
interpuesto y su impacto correlativo en la resolución del caso concreto; y (6) la
condena en costas en segunda instancia.

1. Jurisdicción y competencia del Consejo de Estado para conocer del presente
asunto

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del
asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA11, pues el convenio
interadministrativo No. 2112 de 2013 fue suscrito por el Invías y por el Municipio de
San Pedro -entidad territorial12-, cuyo objeto consistió en el mejoramiento,
mantenimiento y conservación de la vía San Pedro – San José de las Palmas, en el
Municipio de San Pedro - Departamento de Sucre.

Igualmente, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia proferida por la Sala Segunda de Decisión
del Tribunal Administrativo de Sucre, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
15013 y el numeral 5 del artículo 15214 del CPACA, dada la vocación de doble
instancia del proceso, en razón a que la cuantía de la demanda excedió los 500

11 “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución
Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las
entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. // Igualmente, conocerá
de los siguientes procesos: […] 2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en
los que sea parte una entidad pública […]”.
12 Constitución Política de 1991. “Artículo 286. Son entidades territoriales los departamentos, los

distritos, los municipios y los territorios indígenas. La ley podrá darles el carácter de entidades
territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y de la
ley”.
13 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.

[modificado por el artículo 615 del CGP]. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación
por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto al que corresponda, o no se concedan
los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia […]”.
14 Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes

asuntos: […] 5. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en que sea parte una
entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado,
y de los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en
los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios
mínimos legales mensuales vigentes […]”.

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salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de interposición del libelo
introductorio15.

2. Procedencia del medio de control

En virtud de lo previsto en el artículo 141 del CPACA16, cualquiera de las partes de
los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su
nulidad, se ordene su revisión, se declare el incumplimiento, se anulen los actos
administrativos contractuales, se condene a quien se considere responsable a
indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y
condenas. El legislador también previó que el Ministerio Público o un tercero que
acredite un interés directo podrían solicitar la nulidad absoluta del contrato, la que
también puede ser declarada de oficio por el juez.

Comoquiera que la contienda formulada en el asunto sub judice se refiere al
incumplimiento del convenio interadministrativo No. 2112 de 2013 y a la liquidación
judicial del mismo, el medio de control procedente es el de controversias
contractuales.

3. Legitimación en la causa

En el presente caso, el Invías y el municipio de San Pedro se encuentran legitimados
en la causa por activa y por pasiva, respectivamente, comoquiera que ostentan la
calidad de partes del convenio interadministrativo objeto de la litis.

15 El valor del salario mínimo legal mensual vigente en el 2018 -año de interposición de la demanda-

ascendía a $781.242. Información obtenida de la página oficial del Banco de la República de
Colombia https://www.banrep.gov.co/es/salarios. Para dicha anualidad, el tope correspondiente a los
500 SMLMV equivalía a $390’621.000. En este caso, la cuantía de la demanda se estimó en un
monto de $ 3.375’000.000.
16 “Artículo 141. Controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato del Estado

podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su
incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene
al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas. Así
mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado
de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2)
meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su
defecto, del término establecido por la ley. // Los actos proferidos antes de la celebración del contrato,
con ocasión de la actividad contractual, podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y
138 de este Código, según el caso. // El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo
podrán pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla
de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan
intervenido las partes contratantes o sus causahabientes”.

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Demandante: Instituto Nacional de Vías

4. Oportunidad del medio de control

El artículo 164 numeral 2 literal j) del CPACA establece varios supuestos para la
determinación del momento a partir del cual debe computarse el término de
caducidad de dos años del medio de control de controversias contractuales. De
forma general, dispone que dicho término empezará a correr a “partir del día
siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de
fundamento” y enseguida establece una serie de supuestos aplicables a los
contratos según estos sean de ejecución instantánea o requieran o no liquidación.

Respecto de los contratos que por su naturaleza o por disposición legal o contractual
requieran liquidación, el término de caducidad se computa a partir del vencimiento
del plazo que tenían las partes para liquidarlo, toda vez que la liquidación del
contrato se erige como la etapa en la cual se realiza el balance final de la ejecución
del contrato y se determina quién le debe a quien y cuánto, existiendo la posibilidad
de que se transen o se reconozcan reclamaciones económicas que pudieren
presentarse en sede judicial.

En tal sentido, en el asunto sub judice se encuentra acreditado que, si bien en la
cláusula cuarta17 del convenio se estipuló inicialmente que su plazo de ejecución se
extendería hasta el 31 de diciembre de 2014, lo cierto es que, como consecuencia
de las cuatro (4) prórrogas18 acordadas por las partes, dicho término se prolongó
hasta el 15 de diciembre de 2015. En consecuencia, el plazo para proceder a la
liquidación del convenio -tanto bilateral como unilateral- se extendió hasta el 17 de
junio de 201619.

Así las cosas, la Sala estima que el derecho de accionar -que transcurrió entre el 17
de junio de 2016 y el 17 de junio de 2018- se ejerció en tiempo, esto es, dentro del
plazo de dos (2) años contados a partir del vencimiento del plazo estipulado para
liquidar el acuerdo de voluntades, comoquiera: (i) que el 5 de junio de 2018 -faltando
doce (12) días para que se configurara la caducidad- se radicó la solicitud de
conciliación extrajudicial, la cual suspendió el término de caducidad del medio de

17 Folio 24 a 25 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo de Sucre.
18 Folios 28 a 33 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo de Sucre.
19 El término para efectuar la liquidación bilateral transcurrió entre el 16 de diciembre de 2015 y el 16

de abril de 2016, mientras que el término para efectuar la liquidación unilateral transcurrió entre el
17 de abril y el 17 de junio de 2016.

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control20, trámite que se declaró fallido el 16 de agosto de 201821, y (ii) que la
demanda se presentó el 21 de agosto de 2018.

5. La indebida sustentación del recurso de apelación interpuesto y su impacto
correlativo en la resolución del caso concreto

La Sala, de entrada, estima necesario precisar que el marco fundamental para la
competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados en
contra de la providencia recurrida.

En ese orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del
CGP22, el recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión
decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el
impugnante, para que el ad quem revoque o reforme la determinación cuestionada.

De igual modo, ha de señalarse que, según lo prescrito en el artículo 328 del CGP23,
el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio,
en los casos previstos por la ley.

Tampoco es viable ignorar que, en los términos del artículo previamente referido, el
juzgador de segundo grado no puede hacer más desfavorable la situación del
apelante único, salvo que, en razón de la modificación, resultare indispensable para
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En línea con lo anterior, esta Sección ha considerado que la carga de sustentación
que le corresponde cumplir al extremo recurrente no se satisface con la mera

20 El artículo 21 de la Ley 640 de 2001 -vigente para la época de los hechos- señalaba lo siguiente:

“ARTICULO 21. SUSPENSION DE LA PRESCRIPCION O DE LA CADUCIDAD. La presentación de
la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de
prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que
el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o
hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que
se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta
suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”.
21 Folios 20 a 24 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo de Sucre.
22 “Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior

examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados
por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión (...)” (énfasis añadido).
23 “Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que
deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley (...). El juez no podrá hacer más
desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella (...)” (énfasis añadido).

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manifestación de inconformidad con el proveído impugnado, ni tampoco con la
petición de que se revoque, pues lo que la legislación procesal exige es que se
ataquen los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la
providencia en el punto que se considere desfavorable a sus intereses, no solo
porque la decisión sea contraria a la parte que interpone el recurso, sino porque en
realidad existen razones o motivos (y así se indiquen en el respectivo escrito) que
conduzcan a considerar que lo decidido en primera instancia no fue acertado.

Bajo esta óptica, resulta claro que en el recurso de apelación deben exponerse las
razones o los fundamentos de disenso por los cuales no se comparten las
consideraciones de la sentencia cuestionada, en orden a que el superior funcional
confronte el sustento de la decisión apelada con los argumentos de inconformidad
planteados por la parte recurrente, toda vez que, se insiste, los reproches frente a
la providencia impugnada son los que fijan la competencia del juez de segunda
instancia, “(...) cuya función no puede ir al extremo de suponer las razones de
inconformidad de la parte apelante frente a la sentencia y, por esa vía, de suplir las
cargas que legalmente le han sido impuestas a ella (...)”24.

Al efecto, esta Subsección25, al referirse a la carga de sustentación que deben
cumplir los recurrentes al impugnar una providencia judicial, ha sido enfática en
señalar lo siguiente (transcripción literal):

“[L]a carga de sustentación que les corresponde asumir a los recurrentes no se
satisface con la simple manifestación de disenso frente a la providencia recurrida, ni
con la simple solicitud de que se revoque para que, en su lugar, se acceda a los
intereses de la parte inconforme; ni, menos aún, con la mera reiteración26 de las
razones expuestas en el curso de la primera instancia, bien sea en la demanda,
en la contestación o en los alegatos de conclusión […].

En razón a ello, la ley impone que se ataquen los fundamentos de hecho o de derecho
que sirvieron de sustento a la providencia en aquello que se considere desfavorable,
no solo porque la decisión sea contraria a los intereses de quien la impugna, sino
porque exista en realidad una razón por la que considere que lo fallado en primera
instancia no corresponde, en derecho, a la decisión acertada.

24 Consultar, entre otras, las siguientes providencias judiciales: (i) Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de abril de 2022,
expediente No. 66.550 y (ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de septiembre de 2020, expediente No. 44.707.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,

sentencia del 22 de mayo de 2024, expediente No. 56.879.
26 Sobre el particular, también se puede consultar, entre otras, la siguiente providencia judicial:

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 4 de marzo de 2022, expediente No. 53.376.

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Es, de esta forma, la argumentación del impugnante, que la ley procesal le impone a
las personas interesadas en recurrir una providencia, la que faculta al juez de segundo
grado para pronunciarse sobre los reproches formulados, pues “(e)l recurso de
apelación tiene por objeto que el superior estudie la cuestión decidida en la
providencia de primer grado y la revoque o reforme”, como lo prevé el artículo 350 del
CPC [lógica perfectamente extensible a un proceso regido por el CGP]. Así, en el
evento en que el superior advierta una sustentación insuficiente, cuyos
fundamentos sean simples afirmaciones genéricas o reproducciones de lo
afirmado en la demanda, sin un cuestionamiento, siquiera implícito, de la
providencia impugnada, no tendrá opción diferente que confirmar el proveído
apelado […]” (énfasis y aclaración añadida).

Además, en la providencia citada anteriormente, la Subsección también se
pronunció sobre la insuficiencia de presentar transcripciones de argumentos
puestos de presente al juez de primera instancia en etapas procesales anteriores,
sin que exista una confrontación con los fundamentos de la decisión apelada, en el
sentido de indicar que:

"En particular, se aprecia, en primer lugar, que reprodujo íntegra y literalmente los
supuestos fácticos y los cargos formulados en la demanda sobre la mayor
permanencia en obra, la actualización de precios, y los costos financieros, sin
detenerse a confrontarlos con aquellos considerandos emitidos por el a quo para
sustentar su decisión denegatoria"27.

En idéntico sentido, esta misma Subsección28 ha considerado que no habrá
sustentación del recurso de apelación o se habrá hecho en forma indebida
(transcripción literal):

“[C]uando se realice una réplica auténtica de las razones expuestas en el curso
de la primera instancia, pues ello dejaría sin contradicción la providencia
dictada y reabriría sin justificación el debate suscitado en dicha oportunidad,
de manera que la repetición única de lo ocurrido en el trámite de la primera
instancia -bien en la demanda o en su contestación-, no constituye una garantía
del “principio de la doble instancia que, como regla general, está disponible para
controvertir las decisiones judiciales que se reputan contrarias al ordenamiento
jurídico”. La consecuencia de que el juzgador de la segunda instancia constate una
falta de sustentación del recurso de apelación -de carácter material suficiente o
adecuada-, será entonces la confirmación de la providencia impugnada como lo ha
expuesto la jurisprudencia de esta Corporación, ya que el ad quem quedaría
desprovisto de elementos para la revisión de la sentencia.

De ahí que, en aras de salvaguardar el principio de congruencia, los límites y las
finalidades por las que se instituyó el recurso de apelación, la Sala deba aplicar cierta
exigencia de rogatividad y objetividad en la interpretación del recurso -sin que ello
equivalga a un excesivo ritualismo- y, por los motivos previamente expuestos,
procederá a resolver en forma negativa el problema jurídico propuesto y a confirmar
íntegramente la sentencia recurrida […]” (énfasis añadido).

27 Ibidem.
28Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 4 de octubre de 2023, expediente No. 68.162.

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Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional29 también se ha encargado de delimitar
con precisión cuál debe ser el uso adecuado, correcto y eficiente del recurso de
apelación. En concreto, el razonamiento propuesto es el siguiente (transcripción
literal):

“(...) [L]a apelación no debe convertirse en el instrumento a través del cual se
pretenda probar suerte ante el juez superior, sino que solo debería acudirse a
ella en aquellos supuestos en los que existan elementos sólidos que den cuenta
de que el juzgador de primera instancia incurrió en una equivocación. Eso
explica por qué se exige que la apelación deba ser sustentada. Porque para
controvertir una decisión judicial y provocar la intervención del superior, con lo que
eso implica en términos de desgaste del aparato judicial, y en merma de la seguridad
jurídica, es preciso mostrar razones serias que generen en el fallador una cierta
duda sobre el asunto recurrido, o, al menos, que se planteen de manera clara y
argumentada las razones de la discrepancia (...)” (énfasis añadido).

Todo lo expuesto para señalar que, al advertirse la ausencia de sustentación
suficiente, adecuada o material del recurso de apelación, por consistir solamente
en afirmaciones genéricas y vagas, sin traer a colación argumentos para cuestionar
los planteamientos de la providencia impugnada, al superior funcional no le queda
una opción diferente que la de confirmar el proveído apelado.

Bajo las anteriores consideraciones, y de cara al caso concreto, la Sala advierte,
en principio, que si bien la parte demandada recurrió formalmente la sentencia
dictada por el Tribunal a quo, lo cierto es que su escrito de impugnación, tal y como
quedará expuesto más adelante, por una parte, constituye una réplica de lo
consignado en los alegatos de conclusión presentados en el trámite de primera
instancia y, por otra, de las manifestaciones efectuadas no se evidencia un ataque
directo y concreto contra las conclusiones del fallo dictado por el Tribunal, que
permita considerar que sí hubo una sustentación material del recurso de apelación.

En este sentido, en lo que atañe a la réplica literal, a continuación, quedarán en un
cuadro comparativo los planteamientos expuestos en los alegatos de conclusión
presentados en primera instancia y aquellos que fueron formulados en el recurso
de apelación.

Alegatos de conclusión presentados en Recurso de apelación contra el fallo de
primera instancia primera instancia

29 Corte Constitucional, sentencia SU-418 del 11 de septiembre de 2019, expedientes T-6.695.535,

T-6.779.435, T-6.916.634, T-7.028.230 y T-7.035.566 (acumulados).

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V. FUNDAMENTOS JURÍDICOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

4. El enriquecimiento sin causa como fuente 4. El enriquecimiento sin causa como fuente
autónoma de las obligaciones autónoma de las obligaciones

Las obligaciones pueden tener origen en Las obligaciones pueden tener origen en
diversas situaciones consagradas en la ley, la diversas situaciones consagradas en la ley, la
cual podríamos denominar fuente genérica de cual podríamos denominar fuente genérica de
las mismas. En esa medida, la ley en sentido las mismas. En esa medida, la ley en sentido
material consagra aquellos actos, hechos, o material consagra aquellos actos, hechos, o
situaciones vinculantes que se concretan en la situaciones vinculantes que se concretan en la
asignación de una prestación en cabeza de asignación de una prestación en cabeza de
una persona o sujeto de derechos, lo que es una persona o sujeto de derechos, lo que es
amparado por el ordenamiento jurídico. amparado por el ordenamiento jurídico.

Así las cosas, las obligaciones pueden tener Así las cosas, las obligaciones pueden tener
nacimiento directamente de actos jurídicos – nacimiento directamente de actos jurídicos –
v.gr. el contrato o actos unilaterales-, en v.gr. el contrato o actos unilaterales-, en
hechos jurídicos con virtualidad para obligar – hechos jurídicos con virtualidad para obligar –
v.gr. el ilícito civil-, o en la teoría del v.gr. el ilícito civil-, o en la teoría del
enriquecimiento sin causa. enriquecimiento sin causa.

En ese contexto, para la materialización, En ese contexto, para la materialización,
cumplimiento y exigibilidad de las prestaciones cumplimiento y exigibilidad de las prestaciones
contenidas en el vínculo obligacional, se torna contenidas en el vínculo obligacional, se torna
en necesario determinar cuál es el fundamento en necesario determinar cuál es el fundamento
que las estructura, con la finalidad de que las estructura, con la finalidad de
establecer el contenido y alcance de cada una establecer el contenido y alcance de cada una
de ellas y, así mismo, identificar la vía idónea de ellas y, así mismo, identificar la vía idónea
mediante la cual se debe deprecar el mediante la cual se debe deprecar el
cumplimiento judicial de aquéllas. cumplimiento judicial de aquéllas.

En esa perspectiva, no es lo mismo pretender En esa perspectiva, no es lo mismo pretender
el cumplimiento e indemnización derivados de el cumplimiento e indemnización derivados de
un contrato estatal, que solicitar la un contrato estatal, que solicitar la
indemnización de perjuicios originada en la indemnización de perjuicios originada en la
actividad extracontractual de la administración actividad extracontractual de la administración
pública, por cuanto si bien, ambos eventos pública, por cuanto si bien, ambos eventos
jurídicos tienen su razón de ser en la cláusula jurídicos tienen su razón de ser en la cláusula
general de responsabilidad contenida en el general de responsabilidad contenida en el
artículo 90 de la Constitución Política, lo cierto artículo 90 de la Constitución Política, lo cierto
es que en tratándose de la Jurisdicción de lo es que en tratándose de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, el origen o Contencioso Administrativo, el origen o
fundamento de la obligación cuyo cumplimiento fundamento de la obligación cuyo cumplimiento
se pretende obtener vía judicial, determina la se pretende obtener vía judicial, determina la
acción a ejercer para obtener la declaración acción a ejercer para obtener la declaración
correspondiente. correspondiente.

Ahora bien, es posible que existan ciertos Ahora bien, es posible que existan ciertos
eventos o situaciones que, aunque en principio eventos o situaciones que, aunque en principio
pueden nacer de un acuerdo de voluntades, lo pueden nacer de un acuerdo de voluntades, lo
cierto es que ante el incumplimiento de ciertas cierto es que ante el incumplimiento de ciertas
formalidades ad substantiam actus (art. 40 ley formalidades ad substantiam actus (art. 40 ley
80 de 1993), extraigan dicho consentimiento de 80 de 1993), extraigan dicho consentimiento de
las partes del mundo contractual, para las partes del mundo contractual, para
trasladar el fundamento de los mismos a otros trasladar el fundamento de los mismos a otros

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ámbitos, como por ejemplo el del ámbitos, como por ejemplo el del
enriquecimiento injustificado. enriquecimiento injustificado.

En relación con la fuente de las obligaciones En relación con la fuente de las obligaciones
relativa al enriquecimiento sin justa causa, la relativa al enriquecimiento sin justa causa, la
doctrina nacional ha puntualizado: doctrina nacional ha puntualizado:

“Se presenta en todas aquellas hipótesis de “Se presenta en todas aquellas hipótesis de
acrecentamiento del patrimonio de una acrecentamiento del patrimonio de una
persona a expensas del patrimonio de otra, sin persona a expensas del patrimonio de otra, sin
que este desplazamiento de valores obedezca que este desplazamiento de valores obedezca
a una causa jurídica justificativa. Claro es que a una causa jurídica justificativa. Claro es que
tal situación está condenada por el derecho y tal situación está condenada por el derecho y
la equidad; pero esta circunstancia no autoriza, la equidad; pero esta circunstancia no autoriza,
en manera alguna, la confusión del en manera alguna, la confusión del
enriquecimiento sin justa causa con el delito o enriquecimiento sin justa causa con el delito o
cuasidelito. Baste tener en cuenta que el cuasidelito. Baste tener en cuenta que el
enriquecimiento sin causa puede provenir de enriquecimiento sin causa puede provenir de
un hecho lícito para comprender que esta un hecho lícito para comprender que esta
figura o situación es diferente de las que se figura o situación es diferente de las que se
origina en un hecho delictuoso o culposo que origina en un hecho delictuoso o culposo que
causa perjuicio a otra persona. Por ejemplo, en causa perjuicio a otra persona. Por ejemplo, en
la accesión de una cosa mueble a otra por la accesión de una cosa mueble a otra por
adjunción o por mezcla del dueño de la cosa adjunción o por mezcla del dueño de la cosa
principal se hace dueño de la accesoria, con la principal se hace dueño de la accesoria, con la
obligación de pagar el valor de esta a su obligación de pagar el valor de esta a su
antiguo propietario, y es posible que la antiguo propietario, y es posible que la
accesión se haya verificado a consecuencia de accesión se haya verificado a consecuencia de
un hecho físico o de un hecho voluntario un hecho físico o de un hecho voluntario
ejecutado sin culpa ni dolo algunos. Tampoco ejecutado sin culpa ni dolo algunos. Tampoco
hay hecho ilícito en la agencia oficiosa, ni de hay hecho ilícito en la agencia oficiosa, ni de
parte del gestor ni de parte del dueño del parte del gestor ni de parte del dueño del
negocio, y, sin embargo, este puede resultar negocio, y, sin embargo, este puede resultar
obligado a indemnizar a aquel por la aplicación obligado a indemnizar a aquel por la aplicación
del principio del enriquecimiento sin justa del principio del enriquecimiento sin justa
causa. causa.

“Lo que sí se puede afirmar es que el “Lo que sí se puede afirmar es que el
enriquecimiento sin causa entra en la categoría enriquecimiento sin causa entra en la categoría
del hecho jurídico, por cuanto la obligación a del hecho jurídico, por cuanto la obligación a
cargo del que se ha enriquecido proviene de cargo del que se ha enriquecido proviene de
acto ejecutado por este con la intención directa acto ejecutado por este con la intención directa
y reflexiva de obligarse, pues, aun en el caso y reflexiva de obligarse, pues, aun en el caso
de que el enriquecimiento provenga de un de que el enriquecimiento provenga de un
hecho voluntario suyo, como el de recibir el hecho voluntario suyo, como el de recibir el
pago de lo no debido, mal puede decirse que al pago de lo no debido, mal puede decirse que al
hacerlo haya tenido la intención de obligarse a hacerlo haya tenido la intención de obligarse a
restituir. De suerte que el acto en cuestión es restituir. De suerte que el acto en cuestión es
un hecho jurídico respecto de la obligación que un hecho jurídico respecto de la obligación que
genera.”8 (subrayado adicional de la Sala). genera.”8 (subrayado adicional de la Sala).

En esa perspectiva, el enriquecimiento sin justa En esa perspectiva, el enriquecimiento sin justa
causa es fuente directa de las obligaciones, en causa es fuente directa de las obligaciones, en
aquellos eventos en que sin existir un acto aquellos eventos en que sin existir un acto
jurídico, ni un hecho ilícito como tal, existe un jurídico, ni un hecho ilícito como tal, existe un
patrimonio que se enriquece a causa de otro patrimonio que se enriquece a causa de otro
que en la misma proporción se empobrece de que en la misma proporción se empobrece de

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manera injustificada, razón por la que se debe manera injustificada, razón por la que se debe
compensar dicho detrimento para el segundo. compensar dicho detrimento para el segundo.

De otro lado, sobre el enriquecimiento sin De otro lado, sobre el enriquecimiento sin
causa, la jurisprudencia de la Sala en causa, la jurisprudencia de la Sala en
importante pronunciamiento señaló que: importante pronunciamiento señaló que:

“… para que se estructure…, tanto la doctrina, “… para que se estructure…, tanto la doctrina,
como la jurisprudencia, han exigido la como la jurisprudencia, han exigido la
presencia de los requisitos que muy presencia de los requisitos que muy
brevemente se relacionan brevemente se relacionan

“a) Un enriquecimiento que conlleva un “a) Un enriquecimiento que conlleva un
aumento económico patrimonial en la parte aumento económico patrimonial en la parte
enriquecida, bien porque recibe nuevos bienes enriquecida, bien porque recibe nuevos bienes
o porque no tiene que gastar los que poseía. o porque no tiene que gastar los que poseía.

“b) Por empobrecimiento, que se traduce en la “b) Por empobrecimiento, que se traduce en la
disminución patrimonial del actor en cualquier disminución patrimonial del actor en cualquier
forma que negativamente afecte su patrimonio forma que negativamente afecte su patrimonio
económico. económico.

“Precisamente por ese empobrecimiento es “Precisamente por ese empobrecimiento es
que puede ejercer la acción que se comenta. que puede ejercer la acción que se comenta.

“c) Una relación de causalidad, es decir, que el “c) Una relación de causalidad, es decir, que el
enriquecimiento de una de las partes sea enriquecimiento de una de las partes sea
consecuencia del empobrecimiento de la otra; consecuencia del empobrecimiento de la otra;

“d) Ausencia de causa, es decir, que ese “d) Ausencia de causa, es decir, que ese
enriquecimiento no tenga justificación de enriquecimiento no tenga justificación de
ninguna naturaleza, porque si la tiene, no se ninguna naturaleza, porque si la tiene, no se
podría estructurar la figura; podría estructurar la figura;

“e) Que el demandante no pueda ejercer otra “e) Que el demandante no pueda ejercer otra
acción diferente.” acción diferente.”

De lo anterior, se colige que según la doctrina De lo anterior, se colige que según la doctrina
y la jurisprudencia (tanto civil como y la jurisprudencia (tanto civil como
contencioso administrativa), son varios los contencioso administrativa), son varios los
requisitos para que se pueda aplicar la teoría requisitos para que se pueda aplicar la teoría
del enriquecimiento sin causa como fuente de del enriquecimiento sin causa como fuente de
las obligaciones: i) el enriquecimiento de un las obligaciones: i) el enriquecimiento de un
patrimonio, ii) un empobrecimiento correlativo patrimonio, ii) un empobrecimiento correlativo
de otro patrimonio, iii) que tal situación de de otro patrimonio, iii) que tal situación de
desequilibrio adolezca de causa jurídica, esto desequilibrio adolezca de causa jurídica, esto
es que no se origine en ninguno de los eventos es que no se origine en ninguno de los eventos
establecidos en el artículo 1494, y iv) como establecidos en el artículo 1494, y iv) como
consecuencia de lo anterior, se debe carecer consecuencia de lo anterior, se debe carecer
de cualquier acción para reclamar dicha de cualquier acción para reclamar dicha
reparación patrimonial (motivo por el cual se reparación patrimonial (motivo por el cual se
abre paso la actio de in rem verso). abre paso la actio de in rem verso).

En el caso de los contratos estatales regulados En el caso de los contratos estatales regulados
por la ley 80 de 1993, es claro que para por la ley 80 de 1993, es claro que para
determinar su existencia debe acreditarse el determinar su existencia debe acreditarse el
cumplimiento de una serie de requisitos cumplimiento de una serie de requisitos

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establecidos en el inciso primero del artículo 41 establecidos en el inciso primero del artículo 41
de dicho estatuto contractual; ante la ausencia de dicho estatuto contractual; ante la ausencia
de alguno de ellos, la consecuencia lógica y de alguno de ellos, la consecuencia lógica y
jurídica es la inexistencia del negocio jurídico, jurídica es la inexistencia del negocio jurídico,
como quiera que son elementos sustanciales como quiera que son elementos sustanciales
para su perfeccionamiento. para su perfeccionamiento.

De otro lado, y sobre el particular, el artículo De otro lado, y sobre el particular, el artículo
1500 del Código Civil, preceptúa: 1500 del Código Civil, preceptúa:

“El contrato es real cuando, para que sea “El contrato es real cuando, para que sea
perfecto, es necesaria la tradición de la cosa a perfecto, es necesaria la tradición de la cosa a
que se refiere; es solemne cuando está sujeto que se refiere; es solemne cuando está sujeto
a la observancia de ciertas formalidades a la observancia de ciertas formalidades
especiales, de manera que sin ellas no produce especiales, de manera que sin ellas no produce
ningún efecto civil; y es consensual cuando se ningún efecto civil; y es consensual cuando se
perfecciona con el solo consentimiento.” perfecciona con el solo consentimiento.”

En ese orden, en aquellos supuestos en que se En ese orden, en aquellos supuestos en que se
despliega una actividad a favor de una entidad despliega una actividad a favor de una entidad
pública, sin que medie la existencia de contrato pública, sin que medie la existencia de contrato
estatal no es posible enmarcar la reclamación estatal no es posible enmarcar la reclamación
derivada de la ejecución de las actividades derivada de la ejecución de las actividades
adelantadas por el particular en la órbita adelantadas por el particular en la órbita
contractual, puesto que, precisamente, hay una contractual, puesto que, precisamente, hay una
ausencia absoluta de negocio jurídico. Así ausencia absoluta de negocio jurídico. Así
mismo, no resulta viable encuadrar la eventual mismo, no resulta viable encuadrar la eventual
reclamación en la esfera de la responsabilidad reclamación en la esfera de la responsabilidad
extracontractual del Estado, en tanto que la extracontractual del Estado, en tanto que la
administración pública en estos supuestos no administración pública en estos supuestos no
genera como tal un perjuicio o lesión al genera como tal un perjuicio o lesión al
particular, sino que, por el contrario, sin que particular, sino que, por el contrario, sin que
exista causa jurídica de por medio, genera una exista causa jurídica de por medio, genera una
expectativa en el sujeto particular que expectativa en el sujeto particular que
desencadena el desplazamiento patrimonial desencadena el desplazamiento patrimonial
injustificado. injustificado.

Esta circunstancia fue puesta de presente en Esta circunstancia fue puesta de presente en
reciente pronunciamiento de la Sala, reciente pronunciamiento de la Sala,
oportunidad en la que, con especial sindéresis, oportunidad en la que, con especial sindéresis,
se puntualizó: se puntualizó:

“El conjunto de estas circunstancias evidencia “El conjunto de estas circunstancias evidencia
que la acción que fue incoada, así se hubiere que la acción que fue incoada, así se hubiere
denominado de controversias contractuales, denominado de controversias contractuales,
por la parte actora, realmente no corresponde por la parte actora, realmente no corresponde
a las características que identifican a dicha a las características que identifican a dicha
acción, ni las pretensiones tienen como acción, ni las pretensiones tienen como
finalidad la solución de controversias finalidad la solución de controversias
suscitadas en relación con un contrato estatal suscitadas en relación con un contrato estatal
concebido en los términos establecidos por el concebido en los términos establecidos por el
Estatuto Contractual, sino que realmente se Estatuto Contractual, sino que realmente se
trata de una acción muy diferente, denominada trata de una acción muy diferente, denominada
acción de enriquecimiento sin causa. acción de enriquecimiento sin causa.

“En este orden de ideas, debe entenderse que “En este orden de ideas, debe entenderse que
la acción ejercitada por el actor es la de in rem la acción ejercitada por el actor es la de in rem

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verso, en tanto que no es posible discutir, por verso, en tanto que no es posible discutir, por
vía de la acción contractual, el reconocimiento vía de la acción contractual, el reconocimiento
económico causado por la ejecución de una económico causado por la ejecución de una
prestación, cuando no existiere de por medio prestación, cuando no existiere de por medio
un contrato en los términos previstos por la ley un contrato en los términos previstos por la ley
contractual, es decir, cuando su fuente no es contractual, es decir, cuando su fuente no es
contractual.” contractual.”

De otro lado, vale la pena señalar que la De otro lado, vale la pena señalar que la
Sección Tercera se ocupó de determinar cómo Sección Tercera se ocupó de determinar cómo
la aplicación de la teoría del enriquecimiento la aplicación de la teoría del enriquecimiento
sin causa admite, prima facie, un sin causa admite, prima facie, un
desconocimiento de la ley de contratación, desconocimiento de la ley de contratación,
máxime si fue una manifestación de la voluntad máxime si fue una manifestación de la voluntad
de la administración la que originó la actividad de la administración la que originó la actividad
desplegada por el particular, y señaló que de desplegada por el particular, y señaló que de
no indemnizarse a este último se enriquecería no indemnizarse a este último se enriquecería
injustamente el Estado; en efecto, la injustamente el Estado; en efecto, la
jurisprudencia sostuvo en esa oportunidad que: jurisprudencia sostuvo en esa oportunidad que:

“Se anota, en primer término, que desde el “Se anota, en primer término, que desde el
punto de vista del régimen de la contratación punto de vista del régimen de la contratación
administrativa, se puso en evidencia que la administrativa, se puso en evidencia que la
entidad pública se lo llevó de calle. Muestran entidad pública se lo llevó de calle. Muestran
los hechos un fraccionamiento artificial del los hechos un fraccionamiento artificial del
contrato de obra pública, presumiblemente contrato de obra pública, presumiblemente
para eludir las normas sobre licitación, so para eludir las normas sobre licitación, so
pretexto de urgencia. Dada la fecha de pretexto de urgencia. Dada la fecha de
ocurrencia de los hechos, las violaciones se ocurrencia de los hechos, las violaciones se
dieron en relación con el decreto 150 de 1.976. dieron en relación con el decreto 150 de 1.976.

“Con todo, la aplicación estricta de este “Con todo, la aplicación estricta de este
régimen legal propiciaría en este evento un régimen legal propiciaría en este evento un
enriquecimiento sin causa a la entidad pública enriquecimiento sin causa a la entidad pública
y un empobrecimiento consecuencial al Doctor y un empobrecimiento consecuencial al Doctor
José Antonio Velasco Pardo, quien le José Antonio Velasco Pardo, quien le
construyó al Instituto una serie de obras en la construyó al Instituto una serie de obras en la
unidad Bellavista de la seccional del Valle del unidad Bellavista de la seccional del Valle del
Cauca. Cauca.

“Fuera de estos enriquecimiento y “Fuera de estos enriquecimiento y
empobrecimiento correlativos, en el presente empobrecimiento correlativos, en el presente
asunto también se cumple el otro presupuesto asunto también se cumple el otro presupuesto
de la actio in rem verso (el de la subsidiaridad de la actio in rem verso (el de la subsidiaridad
de la acción), porque el Doctor Velasco no de la acción), porque el Doctor Velasco no
tenía la acción contractual propiamente dicha tenía la acción contractual propiamente dicha
que le hubiera permitido obtener el que le hubiera permitido obtener el
restablecimiento de un derecho, porque el restablecimiento de un derecho, porque el
contrato de obra pública no se celebró como lo contrato de obra pública no se celebró como lo
mandaba el ordenamiento y ni siquiera aparece mandaba el ordenamiento y ni siquiera aparece
por escrito. por escrito.

“Para la Sala, entonces, se dio un “Para la Sala, entonces, se dio un
enriquecimiento sin causa en el presente enriquecimiento sin causa en el presente
asunto y la administración deberá indemnizar asunto y la administración deberá indemnizar
al demandante…” Como se aprecia, según la al demandante…” Como se aprecia, según la
perspectiva jurisprudencial trazada, el control perspectiva jurisprudencial trazada, el control

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Radicación: 70001233300020180020600 (71570)
Demandante: Instituto Nacional de Vías

de legalidad de la actuación administrativa de legalidad de la actuación administrativa
corresponde única y exclusivamente a la corresponde única y exclusivamente a la
entidad contratante, razón por la que en una entidad contratante, razón por la que en una
clara ponderación entre el principio clara ponderación entre el principio
constitucional de buena fe (art. 83 C.P.) y los constitucional de buena fe (art. 83 C.P.) y los
postulados de legalidad contenidos en los postulados de legalidad contenidos en los
estatutos de contratación pública, se prefirió estatutos de contratación pública, se prefirió
proteger el primero y ordenar el proteger el primero y ordenar el
restablecimiento patrimonial desencadenado restablecimiento patrimonial desencadenado
con el enriquecimiento injustificado de la con el enriquecimiento injustificado de la
administración estatal. administración estatal.

Se reconoce sin ambages, entonces, que la Se reconoce sin ambages, entonces, que la
administración es la garante de la legalidad del administración es la garante de la legalidad del
contrato, de su perfeccionamiento y ejecución, contrato, de su perfeccionamiento y ejecución,
puesto que es ella la que lidera el proceso de puesto que es ella la que lidera el proceso de
selección del contratista, es decir, la etapa selección del contratista, es decir, la etapa
precontractual. precontractual.

La misma orientación se expresó en 1991, La misma orientación se expresó en 1991,
cuando se puntualizó: “Para la Sala, la cuando se puntualizó: “Para la Sala, la
sentencia deberá confirmarse, por cuanto ella sentencia deberá confirmarse, por cuanto ella
se ajusta no sólo a la realidad procesal sino a se ajusta no sólo a la realidad procesal sino a
la orientación de la jurisprudencia. la orientación de la jurisprudencia.
Jurisprudencia que ha venido manejando Jurisprudencia que ha venido manejando
situaciones como la aquí tratada con apoyo en situaciones como la aquí tratada con apoyo en
la “actio in rem verso”. la “actio in rem verso”.

(…) “Para la Sala el Fondo adeuda la suma (…) “Para la Sala el Fondo adeuda la suma
indicada, tal como lo sostiene el a - quo. Es un indicada, tal como lo sostiene el a - quo. Es un
hecho plenamente establecido que la hecho plenamente establecido que la
contratista ejecutó un trabajo y que éste fue contratista ejecutó un trabajo y que éste fue
recibido a satisfacción por la entidad. Trabajo recibido a satisfacción por la entidad. Trabajo
que debió respaldarse en el contrato adicional que debió respaldarse en el contrato adicional
378 que no logró perfeccionarse pese a las 378 que no logró perfeccionarse pese a las
gestiones de la contratista y por la conducta gestiones de la contratista y por la conducta
asumida por el Fondo.” asumida por el Fondo.”

No obstante, los anteriores planteamientos, a No obstante, los anteriores planteamientos, a
partir del año 2006, tal y como lo reconoce partir del año 2006, tal y como lo reconoce
expresamente el a quo, se surtieron ciertas expresamente el a quo, se surtieron ciertas
modificaciones al criterio jurisprudencial modificaciones al criterio jurisprudencial
aceptado, para sostener, entre otros aspectos, aceptado, para sostener, entre otros aspectos,
lo siguiente: lo siguiente:

“Jurisprudencial y doctrinalmente, la teoría del “Jurisprudencial y doctrinalmente, la teoría del
“enriquecimiento sin causa” parte de la “enriquecimiento sin causa” parte de la
concepción de justicia como el fundamento de concepción de justicia como el fundamento de
las relaciones reguladas por el Derecho, noción las relaciones reguladas por el Derecho, noción
bajo la cual no se concibe un traslado bajo la cual no se concibe un traslado
patrimonial entre dos o más personas, sin que patrimonial entre dos o más personas, sin que
exista una causa eficiente y justa para ello. Por exista una causa eficiente y justa para ello. Por
lo tanto, el equilibrio patrimonial existente en lo tanto, el equilibrio patrimonial existente en
una determinada relación jurídica, debe una determinada relación jurídica, debe
afectarse - para que una persona se afectarse - para que una persona se
enriquezca, y otra se empobrezca - mediante enriquezca, y otra se empobrezca - mediante

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una causa que se considere ajustada a una causa que se considere ajustada a
derecho. derecho.

Con base en lo anterior se advierte que para la Con base en lo anterior se advierte que para la
configuración del “enriquecimiento sin causa”, configuración del “enriquecimiento sin causa”,
resulta esencial no advertir una razón que resulta esencial no advertir una razón que
justifique un traslado patrimonial, es decir, se justifique un traslado patrimonial, es decir, se
debe percibir un enriquecimiento correlativo a debe percibir un enriquecimiento correlativo a
un empobrecimiento, sin que dicha situación un empobrecimiento, sin que dicha situación
tenga un sustento fáctico o jurídico que permita tenga un sustento fáctico o jurídico que permita
considerarla ajustada a derecho. De lo hasta considerarla ajustada a derecho. De lo hasta
aquí explicado se advierten los elementos aquí explicado se advierten los elementos
esenciales que configuran el enriquecimiento esenciales que configuran el enriquecimiento
sin causa, los cuales hacen referencia a: i) un sin causa, los cuales hacen referencia a: i) un
aumento patrimonial a favor de una persona; ii) aumento patrimonial a favor de una persona; ii)
una disminución patrimonial en contra de otra una disminución patrimonial en contra de otra
persona, la cual es inversamente proporcional persona, la cual es inversamente proporcional
al incremento patrimonial del primero; y iii) la al incremento patrimonial del primero; y iii) la
ausencia de una causa que justifique las dos ausencia de una causa que justifique las dos
primeras situaciones. primeras situaciones.

“(…) Sin embargo, aunque en la actualidad los “(…) Sin embargo, aunque en la actualidad los
injustos desplazamientos patrimoniales injustos desplazamientos patrimoniales
subsisten, y con ello, la necesidad de subsisten, y con ello, la necesidad de
enmendar situaciones abiertamente injustas; lo enmendar situaciones abiertamente injustas; lo
cierto del caso es que los actuales niveles de cierto del caso es que los actuales niveles de
desarrollo y evolución difieren del grado desarrollo y evolución difieren del grado
evolutivo que rodeó el origen del evolutivo que rodeó el origen del
“enriquecimiento sin causa”, puesto que las “enriquecimiento sin causa”, puesto que las
relaciones jurídicas han llegado a un grado de relaciones jurídicas han llegado a un grado de
regulación y perfeccionamiento, en el que el regulación y perfeccionamiento, en el que el
“enriquecimiento injustificado” ha pasado a ser “enriquecimiento injustificado” ha pasado a ser
una situación de rara utilización como medio de una situación de rara utilización como medio de
administrar justicia. Tan cierto es lo anterior, administrar justicia. Tan cierto es lo anterior,
que la “actio in rem verso” tiene un carácter que la “actio in rem verso” tiene un carácter
subsidiario, tal como lo ha previsto la Corte subsidiario, tal como lo ha previsto la Corte
Suprema de Justicia, al anotar que no se debe Suprema de Justicia, al anotar que no se debe
estar frente a una situación nacida de las tantas estar frente a una situación nacida de las tantas
relaciones jurídicas previstas en el relaciones jurídicas previstas en el
ordenamiento jurídico, que tienen formas ordenamiento jurídico, que tienen formas
específicas de resolver sus desequilibrios… específicas de resolver sus desequilibrios…

“(…) Y tanto así ha evolucionado nuestra “(…) Y tanto así ha evolucionado nuestra
sociedad, que en los casos de contratos sociedad, que en los casos de contratos
celebrados con la administración pública, el celebrados con la administración pública, el
ordenamiento jurídico ha previsto la misma ordenamiento jurídico ha previsto la misma
protección que tiene cualquier negocio jurídico protección que tiene cualquier negocio jurídico
particular, más las normas específicas que particular, más las normas específicas que
buscan la satisfacción y protección del servicio buscan la satisfacción y protección del servicio
y patrimonio públicos. y patrimonio públicos.

“(…) Tomando en cuenta que las solemnidades “(…) Tomando en cuenta que las solemnidades
requeridas para la existencia del contrato requeridas para la existencia del contrato
administrativo, son una garantía que cubre administrativo, son una garantía que cubre
intereses públicos y particulares, pues con intereses públicos y particulares, pues con
ellas se garantizan la transparencia en el ellas se garantizan la transparencia en el
manejo de los recursos públicos, se definen manejo de los recursos públicos, se definen

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Radicación: 70001233300020180020600 (71570)
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claramente las necesidades públicas por claramente las necesidades públicas por
satisfacer, y, entre otras más, se garantiza a los satisfacer, y, entre otras más, se garantiza a los
prestadores de bienes y servicios de la prestadores de bienes y servicios de la
administración, los deberes y derechos que administración, los deberes y derechos que
nacen de dicha prestación; la Sala advierte, al nacen de dicha prestación; la Sala advierte, al
comparar lo anterior con el fundamento del comparar lo anterior con el fundamento del
“enriquecimiento sin causa”, que el estado “enriquecimiento sin causa”, que el estado
evolutivo de las relaciones “jurídicamente evolutivo de las relaciones “jurídicamente
relevantes” entabladas con la administración relevantes” entabladas con la administración
pública, si bien prevé posibles injustos pública, si bien prevé posibles injustos
desequilibrios patrimoniales, ofrece diversas desequilibrios patrimoniales, ofrece diversas
formas de evitar y remediar estas situaciones, formas de evitar y remediar estas situaciones,
sin acudir a la teoría del “enriquecimiento sin sin acudir a la teoría del “enriquecimiento sin
causa”. causa”.

“En este punto cabe aclarar entonces, que “En este punto cabe aclarar entonces, que
la figura del “enriquecimiento sin causa” es la figura del “enriquecimiento sin causa” es
un elemento corrector de posibles un elemento corrector de posibles
situaciones injustas, cuya prevención y situaciones injustas, cuya prevención y
remedio han escapado de las previsiones remedio han escapado de las previsiones
jurídicas. jurídicas.

En virtud del amplio desarrollo que el Consejo En virtud del amplio desarrollo que el Consejo
de Estado le ha dado a la figura del de Estado le ha dado a la figura del
enriquecimiento sin justa causa, esta defensa enriquecimiento sin justa causa, esta defensa
se permite manifestar al Honorable Magistrado se permite manifestar a la segunda instancia
del Tribunal Administrativo de Sucre que en lo que en lo pretendido por la parte demandante
pretendido por la parte demandante se se configura un enriquecimiento sin justa
configura un enriquecimiento sin justa causa, causa, teniendo de presente todos los
teniendo de presente todos los requisitos que requisitos que se requieren para que se logre
se requieren para que se logre la configuración. la configuración.

INVÍAS tuvo conocimiento del desarrollo de la Así las cosas, INVÍAS tuvo conocimiento del
obra contratada en virtud del Convenio desarrollo de la obra contratada en virtud del
relacionado y de todos los trámites Convenio relacionado y de todos los trámites
administrativos realizados por este ente administrativos realizados por este ente
territorial para darle ejecución a la obra territorial para darle ejecución a la obra
contratada, lo que pretende como contratada, lo que pretende como
indemnización no tiene sustento fáctico, ni indemnización no tiene sustento fáctico, ni
jurídico, ni normativo al querer que el municipio jurídico, ni normativo al querer que el municipio
de San Pedro Sucre sufra un empobrecimiento de San Pedro Sucre sufra un empobrecimiento
sin justa causa por unos dineros que fueron sin justa causa por unos dineros que fueron
invertidos en una obra en favor de todos lo invertidos en una obra en favor de todos los
habitantes, no resulta lógico que pretenda habitantes, no resulta lógico que pretenda
INVÍAS que por incumplimiento que no INVÍAS que por incumplimiento que no
desconocemos a la solemnidad de la desconocemos a la solemnidad de la
suscripción de la liquidación del respectivo suscripción de la liquidación del respectivo
convenio pretenda empobrecer a este ente sin convenio pretenda empobrecer a este ente sin
una justa causa y que adicionalmente a ello no una justa causa y que adicionalmente a ello no
tiene los recursos económicos para solventar tiene los recursos económicos para solventar
tal indemnización pretendida. tal indemnización pretendida.

Así las cosas, le solicitamos a este despacho Teniendo en cuanto lo anterior, esta defensa
revisar con detenimiento las pruebas aportadas considera que el fallador de primera instancia,
que consagran la ejecución de la obra con los no aprecia la defensa presentada por el
respectivos pagos realizados al contratista en Municipio de San Pedro Sucre, no tiene en
aras de que se logre balancear la sanción cuenta los argumentos presentados y de tal

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pretendida y por último se logre realizar todos manera está imponiendo una carga injusta que
los procesos administrativos tendientes a la deberá pagar de sus recursos; así las cosas,
respectiva liquidación del convenio. solicitamos al fallador de segunda instancia
revocar la providencia de fecha 07 de febrero
de 2024 emanada del Tribunal Administrativo
de Sucre.

De acuerdo con lo expuesto, la Sala advierte, sin lugar a duda, que el recurso de
apelación examinado, además de limitarse a reiterar lo señalado en los alegatos de
conclusión presentados durante el trámite de primera instancia, carece en estricto
sentido de una exposición argumentativa o manifestación concreta de la cual pueda
desprenderse un disenso real o un cuestionamiento específico frente a lo
considerado y resuelto en la providencia proferida por el Tribunal a quo.

En este punto, resulta pertinente destacar las razones que llevaron al Tribunal de
primera instancia a declarar el incumplimiento del convenio interadministrativo No.
2112 de 2013 por parte del Municipio y, en consecuencia, a condenarlo a restituir la
suma de $405’000.000 en favor del Invías.

Al efecto, el Tribunal puntualizó que dicho incumplimiento obedeció a la actuación
negligente y omisiva del Municipio frente al suministro de información sobre la
ejecución del convenio, pues no se acreditó que el ente territorial hubiera atendido
los requerimientos formulados por la interventoría y por el Invías en relación con el
avance de las obras, lo que impidió que aquellas conocieran el estado real de la
ejecución y, por tanto, del cumplimiento del objeto del convenio.

Aunado a ello, advirtió que el Municipio tampoco aportó la documentación necesaria
para efectuar la liquidación del convenio, lo que imposibilitó su realización. Sobre
ese aspecto, el a quo enfatizó que la falta de entrega de dichos documentos, incluso
en sede judicial -dado que el municipio no contestó la demanda-, no constituía una
justificación válida para impedir su liquidación, pues aceptar lo contrario equivaldría
a premiar la conducta negligente del ente territorial, así como a avalar su propósito
de evitar el cruce final de cuentas.

En ese sentido, puso de presente que en el Acta de Comité No. 18 del 11 de
diciembre de 2015 se certificó un avance del 88% en la ejecución de las obras objeto
del convenio, por lo que era dable inferir que solo ese porcentaje de los recursos
fue efectivamente invertido en las obras, mientras que el 12% restante -equivalente

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a $405’000.000- no fue invertido, de ahí que fuera procedente ordenar su devolución
en favor del Invías.

Así las cosas, se evidencia con mayor claridad que el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada no confrontó los argumentos o motivaciones
expuestas por el tribunal en el fallo de primera instancia; por el contrario, se limitó
en gran medida a citar jurisprudencia sobre el enriquecimiento sin justa causa,
alegando que el Invías tuvo conocimiento del desarrollo de la obra contratada en
virtud del convenio, así como de las gestiones administrativas adelantadas por el
Municipio, sin siquiera analizar que el Tribunal no condenó al ente territorial a la
devolución del valor total del convenio -$3.375’000.000-, sino que únicamente
dispuso ordenar la devolución del dinero no ejecutado en la obra -12%-. A juicio de
la Sala, en el presente caso no es dable que el juez del contrato, en sede de
apelación, suponga las razones de inconformidad que el recurrente pretendió
manifestar en su recurso y supla la carga de la parte recurrente, pues su
competencia se limita única y exclusivamente a los aspectos objeto de
inconformidad.

Ahora bien, no se pasa por alto que, en su recurso, el Municipio manifestó que la
decisión de primera instancia no apreció su defensa y, en consecuencia, le impuso
una carga injusta que debía ser asumida con sus propios recursos. A juicio de la
Sala, dicha aseveración constituye una manifestación genérica y carente de
desarrollo argumentativo, de la cual no se desprende una confrontación puntual
frente a los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos por el Tribunal en la
sentencia apelada, por lo que no puede ser entendida como un reparo concreto y
específico contra la decisión de primera instancia, de ahí que carezca de la entidad
necesaria para sustentar de manera adecuada el recurso de apelación, pues
ciertamente a través de la misma no se exponen razones o fundamentos de disenso
por los cuales no se comparte lo considerado por el Tribunal.

En otras palabras, de lo afirmado de forma vaga y general por la parte recurrente,
no se cuestionan las razones puntuales que tuvo en cuenta el Tribunal a quo para
acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda, es decir, no se
controvirtieron los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento
a la providencia censurada y por los cuales el Tribunal a quo consideró que había

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lugar a declarar el incumplimiento por parte del municipio y a condenarlo al reintegro
de la suma no ejecutada, correspondiente al 12% del valor total del convenio.

Visto lo anterior, es dable concluir que en el presente caso las manifestaciones
reiterativas efectuadas por el Municipio no resultan suficientes para considerar que
el recurso de apelación se encuentre debidamente sustentado, pues aquellas no
atacan o controvierten los fundamentos del fallo de primera instancia. Valga aclarar
que no se trata de reprochar por sí solo el hecho de que se transcriban los
razonamientos consignados en etapas anteriores de la presente litis, sino de resaltar
que no existe una confrontación real entre las transcripciones realizadas y las
consideraciones del Tribunal para acceder a las pretensiones de la demanda.

Entrar a emitir un pronunciamiento sobre este particular, implicaría suponer y crear
argumentos que lleven a ilustrar cuál es esa “realidad probada y no analizada en la
sentencia” a la que hace alusión el Municipio, ejercicio analítico que, de conformidad
con lo regulado en los artículos 320 y 328 del CGP, no le está permitido emprender,
pues ello equivaldría a suplir las cargas legales y procesales impuestas al apelante.

En efecto, en casos similares al que ocupan la atención de la Sala, esta Sección ha
indicado que30 (transcripción literal):

“(...) Es cierto que la parte recurrente deja ver su discrepancia con la decisión
en el sentido de haberse declarado probada la excepción de indebida escogencia de
la acción, al afirmar que la acción de reparación directa instaurada era la correcta y
no la de nulidad y restablecimiento del derecho; sin embargo, se advierte que tal
planteamiento no resulta suficiente para considerar que su impugnación fue
sustentada adecuadamente, pues constituye un argumento vago y poco
concreto, en la medida en que no se atacaron los verdaderos fundamentos de
hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la providencia impugnada, de
manera que la Sala no puede efectuar ningún juicio de valor sobre la decisión
objeto de apelación, ni suponer las razones de inconformidad de quien apela
(...)” (énfasis añadido).

Así las cosas, no existe duda de que las afirmaciones referidas constituyen
planteamientos abstractos que no puede ser catalogados como motivo de disenso
concreto en contra del fallo impugnado, lo que le impide a esta Corporación orientar
su análisis en segunda instancia y, en ese mismo sentido, superar el plano

30Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 16 de diciembre de 2020, expediente No. 46.542.

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hipotético en el que se movería para descifrar cualquier punto de disenso con la
decisión apelada.

En suma, es dable concluir que el extremo apelante no propuso ningún argumento
encaminado a desvirtuar la sentencia apelada, de suerte que la misma deba
mantenerse incólume, puesto que la única forma que podría dar lugar a su examen
en esta instancia sería la reapertura completa e integral del debate fáctico y jurídico
surtido ante el Tribunal a quo, hipótesis que, sin lugar a duda, riñe ostensiblemente
con los fines del recurso de apelación y la competencia que le asiste al superior
para examinarlo, en los términos del artículo 320 y 328 del CGP.

Así las cosas, por cuenta de la indebida sustentación del recurso de apelación
interpuesto por el municipio, la Sala confirmará la providencia impugnada, dado que
no se cuenta con ningún parámetro de disenso que permita realizar un juicio de
corrección y acierto frente al fallo recurrido31.

Finalmente, conviene advertir que, si bien la apelación interpuesta por el Municipio
fue concedida por el Tribunal a quo y posteriormente admitida por esta Corporación,
ello no impide que al momento de dictar sentencia se evalúen los argumentos del
respectivo recurso para señalar si en realidad hubo o no una debida sustentación,
tal como lo ha determinado esta Corporación en diferentes oportunidades32.

6. La condena en costas en segunda instancia

De conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA33 -adicionado por el
artículo 47 de la Ley 2080 de 2021- y en los numerales 1 y 8 del artículo 365 del

31 En otras oportunidades, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado que al superior

funcional no le queda una opción diferente que la de confirmar el proveído apelado, al advertir la
ausencia de sustentación suficiente, adecuada o material del recurso de apelación, cuyo fundamento
sea simplemente afirmaciones genéricas y vagas, sin traer a colación argumentos para cuestionar
la providencia impugnada (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección A, sentencia de 19 de junio de 2020, expediente No. 49.572).
32 Ver, entre otras, las siguientes providencias dictadas por la Sección Tercera del Consejo de

Estado: (i) sentencia del 19 de junio de 2020. Rad.: 49572; (ii) sentencia del 12 de diciembre de
2019. Rad.: 53901 y (iii) sentencia del 1º de febrero de 2018. Rad.: 49741.
33 “Artículo 188. Condena en costas [adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021]. Salvo en

los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas,
cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. En todo
caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”.

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CGP34, procede la condena en costas a cargo de la parte a la que se le resuelve
desfavorablemente el recurso de apelación, siempre y cuando “en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.

Bajo este entendido, se condenará en costas en segunda instancia a la parte
demandada, pues interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de
primera instancia y aquel no prosperó, y su liquidación la hará de manera
concentrada el a quo, en los términos de los artículos 365.8 y 366 del Código
General del Proceso. Para tal efecto, el Tribunal a quo deberá tener en cuenta que
en esta instancia no se fijarán agencias en derecho, dado que la parte demandante
no intervino en segunda instancia35, de tal manera que aquellas no se entienden
causadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 7 de febrero de 2023, proferida por la
Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre, por las razones
expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandada,
las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de primera
instancia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y
tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código
General del Proceso.

TERCERO: Por intermedio de la Secretaría de la Sección Tercera de esta
Corporación, en firme la presente providencia, DEVOLVER el expediente de este

34 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en

que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en
costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto […] 8. Solo habrá lugar
a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.
35 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Radicado

17001233300020120017601 (51034).

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Demandante: Instituto Nacional de Vías

proceso al Tribunal de origen para lo de su cargo y, acto seguido, FINALIZAR y
ARCHIVAR esta actuación en la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de
Estado.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejero de Estado
VF

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