Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 70001-23-33-000-2018-00225-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 70001-23-33-000-2018-00225-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 70001-23-33-000-2018-00225-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 70001-23-33-000-2018-00225-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
18 de julio de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, dieciocho (18) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 70001-23-33-000-2018-00225-01(71.270)
Demandante: CARLOS JAVIER MEJÍA MONTOYA Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA
NACIONAL Y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA - CPACA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – MUERTE DE CIUDADANO
POR OMISIÓN DE PROTECCIÓN
Síntesis del caso: los demandantes pretenden la reparación patrimonial por la muerte del señor
Édgar Enrique Mejía Montoya quien fue víctima de homicidio en hechos ocurridos el 6 de junio
de 2016 en la ciudad de Sincelejo (Sucre); atribuyen el daño a la Fiscalía General de la Nación
y la Policía Nacional debido a que, a pesar de haber sido informadas estas de las amenazas
que venía recibiendo dicha persona por su labor como líder gremial, dichas entidades no
ejercieron medidas tendientes a su protección; en el caso particular Policía Nacional se señala,
además, la eventual participación de miembros del Gaula de esta institución.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante1 en contra
de la sentencia de primera instancia proferida el 9 de noviembre de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Sucre – Sala Primera de Decisión Oral, mediante la cual se dispuso:
“PRIMERO: NEGAR la demás (sic) pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: EJECUTORIADA la presente providencia, ARCHÍVESE el
expediente, previa anotación en el L.R. respectivo, DEVOLVIÉNDOSE, sí
hubiere lugar, los gastos del proceso.”2 (mayúsculas sostenidas y negrillas del
original).
1
Trámite de la primera instancia, expediente 70001-23-33-000-2018-00225-00, índice 59 Samai.
2
Trámite de la primera instancia, expediente 70001-23-33-000-2018-00225-00, índice 56 Samai.
2
Expediente 70001-23-33-000-2018-00225-01(71.270)
Actores: Carlos Javier Mejía Montoya y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
El 23 de agosto de 2018 (fls. 17 y 241 cdno. ppal.), los señores Édgar Enrique Mejía
Puentes, Maribel Petrona Montoya Ortega, Carlos Javier Mejía Montoya, Isabel Sofía
Mejía Castillo, Laura María Mejía Montoya y Gabriela Sierra Betín3 presentaron
demanda a través del medio de control judicial de reparación directa consagrado en el
artículo 140 del CPAC (fls. 1 a 17 cdno. ppal.) con las siguientes súplicas:
“1.1 Declarar administrativamente responsable a la NACIÓN COLOMBIANA
– FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL – POLICÍA NACIONAL por la muerte del señor Édgar Enrique
Mejía Montoya el 6 de julio de 2016, por la omisión en el cumplimiento de sus
deberes legales.
1.2 Como consecuencia de la declaración anterior, se condene a las
convocadas reconozcan a cada uno de mis mandantes los perjuicios morales,
materiales y a la salud que sufrieron con ocasión de la muerte del señor
Édgar Enrique Mejía Montoya.
1.2.1 POR PERJUICIOS MORALES (…) tenemos que, el reconocimiento de
perjuicios morales en el sub iudice deberá ser como se solicita a continuación:
NOMBRE CALIDAD SMLMV
Édgar Enrique Mejía Puentes Padre 100
Maribel Petrona Montoya Ortega Madre 100
Gabriela Sierra Betín Hija 100
Carlos Javier Mejía Montoya Hermano 50
Laura María Mejía Montoya Hermana 50
Isabel Sofía Mejía Castillo Sobrina 35
1.2.2 POR PERJUICIO MATERIALES
1.2.2.1 EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE:
Solicito se reconozcan las sumas que se señalan a continuación, por
concepto de pago de honorarios profesionales para la defensa en distintos
procesos penales que se siguen con ocasión de la muerte del señor Édgar
Enrique Mejía Montoya (…).
CONTRATO OBJETO PROCESO VALOR
PENAL
De 12 de julio de Asesoría jurídica 70001-6001034- $30.000.000
2016, con el Dr. Jairo dentro del proceso 2016-01705
Restom Guzmán penal
De 31 de agosto de Asesoría jurídica 70001-6001034- $100.000.000
2016, con la Dra. dentro del proceso 2016-01705
Alexandra Bolívar penal
López
Del 15 de junio de Asesoría jurídica 70001-6001037- $150.000.000
2018, con la Dra. dentro de los 2016-01411 y
Alexandra Bolívar procesos penales 70001-6000000-
2018-00060
3
Menor de edad representada por su señora madre, la señora Paula Andrea Sierra Betín.
3
Expediente 70001-23-33-000-2018-00225-01(71.270)
Actores: Carlos Javier Mejía Montoya y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
Gastos procesales $36.869.645
Gastos fúnebres Funeral No aplica $8.353.000
Tiquetes aéreos Comparecencia al $7.549.800
funeral de su
hermana Laura
María Mejía
Montoya, quien se
encontraba
estudiando en Chile
a causa de la
situación de
amenaza.
TOTAL $332.772.445
1.2.2.2 EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE (…).
(…) en favor de la menor Gabriela Sierra Betín, el valor promedio mensual
que obtenía el hoy occiso (…) el periodo se indemnizará a partir de la
ocurrencia del daño, esto es, el día 6 de julio de 2016, teniendo como límite
temporal la fecha en que la menor Gabriela Sierra Betín cumpla la edad de 25
años, teniendo en cuenta que nació el 18 de noviembre de 2016, sobre lo que
se descontará el 25% que se presume, gastaba en su propia subsistencia,
Siendo ello así, el cálculo de indemnización se hará con fundamento en el
salario promedio mensual así:
Salario promedio año 2016……………………………………………$66.079.583
Menos 25% para su subsistencia…………………………………….$16.519.895
TOTAL……………………………………………………………….….$49.559.687
Multiplicado por el periodo a indemnizar de 25 años de la menos (300
meses).
GRAN TOTAL…………………………………………………$14.867.906.100 ML
(…).
1.2.3 POR DAÑO A LA SALUD
Solicito que se reconozca en favor de los señores Édgar Enrique Mejía
Puente y Maribel Petrona Montoya Ortega la suma de 100 SMLMV para cada
uno, comoquiera que, a partir de la muerte del señor Édgar Enrique Mejía
Montoya se produjo una afectación psicofísica demostrada con la historia
clínica de cada uno”. (fls. 1 y 6 cdno. ppal.– mayúsculas fijas y negrillas del
original).
2. Hechos
Como fundamento fáctico la parte actora invocó, en síntesis, lo siguiente:
1) El 16 de febrero de 2013, la Asamblea General de Socios de la Cooperativa
Especializada de Transportes Torcoroma designó al señor Édgar Enrique Mejía
Montoya como asesor de esta empresa y, a su padre, Édgar Enrique Mejía Puentes,
como gerente; antes de dicha fecha, algunos medios de comunicación regionales
reportaron las amenazas que venía recibiendo el primero de los mencionados como
4
Expediente 70001-23-33-000-2018-00225-01(71.270)
Actores: Carlos Javier Mejía Montoya y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
consecuencia de su labor en contra de la ilegalidad y la corrupción en el servicio de
transporte público terrestre en los departamentos de Sucre y Córdoba.
2) Dicha designación habría generado inconformidad en el candidato derrotado, el
señor Edelberto Cabrales Otero, así como también en dos socios disidentes, respecto
de quienes se tuvo conocimiento que habrían manifestado su intención de atentar
contra la vida y la integridad de la familia del asesor; estos hechos fueron denunciados
por el señor Édgar Enrique Mejía Montoya el 22 de abril de 2013 ante la sede de la
Fiscalía General de la Nación en Chinú (Córdoba), instancia ante la cual también
solicitó medidas de protección en condición de representante gremial.
3) Como consecuencia de lo anterior, la Fiscalía General de la Nación le solicitó al
comandante de la Estación de Policía de Sincelejo (Sucre) que le diera trámite a la
medida de protección requerida; no obstante, dicha institución no adelantó ninguna
acción al respecto; en ese contexto ocurrieron los hechos que se relatan a continuación:
a) El 6 de mayo de 2013, el señor Enrique Mejía Puentes – padre de la víctima-
presentó una nueva denuncia ante la Fiscalía 11 Local - SAU de Sincelejo, con ocasión
de las reiteradas amenazas que venían recibiendo tanto él como su hijo.
b) Aunque las amenazas cesaron por un tiempo, el 16 de febrero de 2015 el señor
Édgar Enrique Mejía Puentes acudió al Gaula de Sucre para denunciar una llamada
extorsiva recibida por su hijo Édgar Enrique Mejía Montoya; en ese mismo momento, el
denunciante recibió una llamada de una persona que se identificó como “Miguel”,
comandante de las denominadas Autodefensas Gaitanistas, quien le exigió que se
reuniera personalmente con él.
c) El 17 de febrero de 2015, el señor Édgar Enrique Mejía Puentes recibió una nueva
llamada de “Miguel”, en la cual este reiteró la exigencia de llegar a un acuerdo y obtener
la colaboración por parte de la empresa de transporte mencionada; según lo
manifestado, dicha empresa solo debía realizar un despacho diario de buses, para lo
cual debía entregarse la suma de $5.000.000.
d) El 18 de febrero de 2015, el señor Édgar Mejía Puentes recibió un mensaje a su
teléfono móvil con el siguiente texto: “señor Édgar Mejía buenas tardes, ya sabemos
que le pasó el número al Gaula y así mismo nos tocará proceder nosotros con los
buses” (fl. 7 cdno. ppal.), lo cual pone en evidencia la existencia de una falla
institucional porque solamente el Gaula conocía de la denuncia.
5
Expediente 70001-23-33-000-2018-00225-01(71.270)
Actores: Carlos Javier Mejía Montoya y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
e) Como consecuencia de los hechos anteriores, el 24 de febrero de 2015 el señor
Édgar Mejía Puentes presentó una nueva denuncia ante la Fiscalía – SAU de Sincelejo,
en la cual manifestó que su hijo había sido objeto de amenazas y exigencias extorsivas;
indicó además que estos hechos ya habían sido reportados ante el Gaula el 16 de
febrero del mismo año, pero, que al parecer, la información suministrada en esa
ocasión se filtró a los extorsionistas.
4) A pesar de las denuncias formuladas, las autoridades accionadas no adoptaron las
medidas necesarias para garantizar la seguridad del señor Édgar Mejía Puentes ni de
su hijo Édgar Enrique Mejía Montoya; como consecuencia de esta omisión, el 16 de
julio de 2016 Édgar Enrique Mejía Montoya fue asesinado por sicarios, en un hecho
que, pudo haberse evitado si las entidades responsables hubieran cumplido con su
deber de protección.
3. Contestación de la demanda
El 27 de noviembre de 2018, el Tribunal Administrativo de Sucre – Sala Primera de
Decisión Oral admitió la demanda4 y ordenó la notificación de la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación (fl. 243 cdno. ppal.).
3.1 Nación – Fiscalía General de la Nación
Contestó la demanda el 26 de marzo de 2019 (fls. 283 a 298 cdno. ppal.) con oposición
a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos:
1) La cuantía de la demanda se fijó con sustento en perjuicios que no están
debidamente soportados, máxime cuando no se configuran los elementos requeridos
para que se estructure una responsabilidad patrimonial extracontractual en cabeza del
ente investigador.
2) Las amenazas dirigidas en contra de Édgar Enrique Mejía Montoya y que fueron
divulgadas en el periódico “El Propio” son meras conjeturas sin respaldo probatorio,
además, los hechos que provocaron la muerte de Édgar Enrique Montoya Mejía el 6 de
julio de 2016 son atribuibles al “hecho un tercero” y no al ente público estatal.
4
A pesar de que el 17 de mayo de 2019 parte actora presentó reforma de la demanda (fls. 637 a 638 cdno. ppal.),
esta fue rechazada por extemporánea mediante auto del 23 de enero de 2010 (fls. 648 cdno. ppal.).
6
Expediente 70001-23-33-000-2018-00225-01(71.270)
Actores: Carlos Javier Mejía Montoya y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
3) Si bien Édgar Enrique Mejía Montoya informó a las autoridades sobre su situación de
riesgo, señaló que las amenazas provenían específicamente del señor Edelberto
Cabrales Otero y no de grupos armados ilegales; en ese contexto, no se evidencia con
claridad la existencia de un nexo causal entre el daño sufrido y la conducta atribuida a
la entidad demandada, pues, esta actuó conforme a sus competencias al tramitar la
denuncia presentada por el occiso, lo que dio lugar a la apertura del proceso no.
7000116010332013011248 en el cual las partes en conflicto lograron un acuerdo
conciliatorio.
4) La responsabilidad de garantizar la seguridad y la integridad personal recae
principalmente en la Fuerza Pública, si bien la Fiscalía General de la Nación cuenta con
competencias para brindar medidas de protección a víctimas, testigos e intervinientes
en procesos penales, en el presente caso no se cumplieron los requisitos establecidos
en la Ley 418 de 1997 ni en la Resolución 0-2700 de 1996 expedida por el Fiscal
General de la Nación para activar tales medidas dentro de la investigación
correspondiente.
3.2 Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Presentó contestación a la demanda el 26 de marzo de 2010 (fls. 312 a 324 cdno.
ppal.), controvirtió las súplicas con sustento en los argumentos que a continuación se
relacionan:
1) Se configuran las excepciones de (i) “hecho determinante de un tercero”, porque el
daño es atribuible a personas que no tienen relación alguna con la entidad demandada
y, (ii) “falta de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño”, debido a
que no existe responsabilidad alguna en cabeza de la autoridad demandada.
2) A pesar de que la víctima fue objeto de amenazas, esta no adoptó las medidas
mínimas de seguridad requeridas, adicionalmente, no cumplía con los requisitos del
programa de prevención y protección previstos para las personas en situación de riesgo
extraordinario o extremo contenidos en el Decreto 1740 de 2010, vigente para las
época de los hechos, normativa que fue modificada por el Decreto-ley 4912 de 2011 y
que exigía la existencia de una conexidad directa entre la situación de riesgo y el
ejercicio de actividades políticas, públicas, sociales o humanitarias.
7
Expediente 70001-23-33-000-2018-00225-01(71.270)
Actores: Carlos Javier Mejía Montoya y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
3) Adicionalmente, no es razonable que se le exija a la Fuerza Pública que le
proporcione seguridad especial a todos los ciudadanos para prevenir todos los actos de
violencia que se dirigen en contra de la población civil que, por su magnitud, desborda
la capacidad de reacción de los organismos de seguridad estatal.
4. Audiencia inicial
Fue celebrada el 29 de junio de 2021, en la cual se fijó el litigio en el siguiente sentido:
¿Las entidades demandadas – Nación Ministerio de Defensa – Policía
Nacional – Fiscalía General de la Nación – son administrativa y
patrimonialmente responsables de los daños ocasionados a los demandantes
por la muerte violenta del señor Édgar Enrique Mejía Montoya, ocurrida,
aparentemente, por falta de protección y seguridad y vigilancia frente a las
amenazas sufridas y por la aparente complicidad de miembros activos del
Estado, especialmente el Gaula de la Policía?”5.
5. La sentencia de primera instancia
El 9 de noviembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Sucre – Sala Primera de
Decisión Oral negó las pretensiones de la demanda6 con apoyo en los argumentos que
se resumen a continuación:
1) En cuanto a la legitimación en la causa por activa de Paula Andrea Sierra Betín, se
resalta que, cuando se presentó la demanda se informó que se encontraba en curso un
proceso de filiación en calidad de hija póstuma de Édgar Enrique Mejía Montoya, pero,
posteriormente, se aportó el correspondiente registro civil de nacimiento que acredita
dicha filiación con base en una decisión judicial; esta circunstancia sobreviniente no
altera la condición con la cual comparece al proceso ni incide en la verificación del
término de caducidad del medio de control judicial ejercido.
2) Está demostrado el hecho de la muerte de Édgar Enrique Mejía Montoya ocurrido el
6 de julio de 2016 por causa de un acto violento perpetrado por terceros en la
modalidad de sicariato, hecho que no es atribuible a los entes demandados por las
siguientes razones:
a) Las denuncias por amenazas presentadas por el occiso datan del año 2013 y del 24
de febrero de 2015, pero, su muerte sucedió el 6 de julio de 2016, sin que en ese
5
Trámite de la primera instancia, expediente 70001-23-33-000-2018-00225-00, índice 21 Samai.
6
Trámite de la primera instancia, expediente 70001-23-33-000-2018-00225-00, índice 56 Samai.
8
Expediente 70001-23-33-000-2018-00225-01(71.270)
Actores: Carlos Javier Mejía Montoya y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
interregno haya mediado solicitud de protección o queja que dieran cuenta de riesgo
alguno contra su vida o de su familia.
b) Aunque la Fiscalía General de la Nación se pronunció expresamente sobre las
amenazas en una única ocasión, no puede calificarse la actuación de las entidades
demandadas como omisiva, toda vez que, no existía un sustento fáctico que permitiera
establecer que el fallecido enfrentaba un riesgo extraordinario que justificara la
adopción de medidas especiales de protección, más allá de los riesgos inherentes a la
vida en sociedad.
c) No es de recibo que se afirme que las amenazas denunciadas hasta el 24 de febrero
de 2015 fueran indicativas del deber de protección dado que, aparte del transcurso del
tiempo, las denuncias se dirigieron en contra de una persona diferente a quienes
finalmente fueron procesadas por el deceso de Édgar Enrique Mejía Montoya,
circunstancia que era imprevisible para los entes públicos accionados.
d) No es de atendible el argumento según el cual la persona amenazada ostentaba la
condición de líder gremial o integrante de la Asociación de Transportadores (Asotrans)
que enfrentaba irregularidades en el sistema de transporte público, porque las
amenazas relacionadas con dicho rol únicamente se evidenciaron a partir del año 2015;
en consecuencia, el hecho materia de análisis no puede catalogarse como un crimen de
lesa humanidad ya que, no se acreditó que el homicidio hiciera parte de un patrón
sistemático y generalizado de ataques contra dirigentes gremiales en la región, sino
que, se trató de un evento aislado, vinculado a disputas internas dentro de la empresa
de transporte público terrestre.
e) En esa línea argumentativa, la ausencia de nuevas denuncias o solicitudes de
protección entre la última actuación registrada y la fecha del fallecimiento impide
establecer un nexo causal entre el daño y la supuesta omisión atribuida a las entidades
demandadas. Esta conclusión se refuerza si se tiene en cuenta que, según las
declaraciones de los implicados en el homicidio, el atentado fue planeado con escasos
días de antelación.
6. El recurso de apelación
En 13 de febrero de 2024, la apoderada de la parte demandante solicitó que se revoque
la sentencia apelada y se acceda a las pretensiones de la demanda (índice 59 Samai,
primera instancia), con fundamento en lo siguiente:
9
Expediente 70001-23-33-000-2018-00225-01(71.270)
Actores: Carlos Javier Mejía Montoya y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
1) Contrario a lo afirmado por el tribunal, resulta procedente la declaración de
responsabilidad patrimonial deprecada porque la víctima sí solicitó medidas de
protección ante la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional; también puso en
conocimiento, en diferentes ocasiones, las amenazas de muerte recibidas en su contra
por su labor como líder gremial, empero, no se ejercieron medidas tendientes a su
protección.
2) Prueba de lo anterior es el hecho de que la Fiscalía General de la Nación procediera
al archivo de las investigaciones adelantadas por el delito de extorsión mediante una
decisión que no fue notificada a las víctimas y sin adelantar ninguna actuación dirigida a
individualizar a los responsables y entrevistar a los denunciados, especialmente al
señor Rafael Bustamante Pérez, quien fue condenado por la muerte de Édgar Enrique
Mejía Montoya por su papel como determinador.
3) Los eventos que dieron lugar al homicidio de Édgar Enrique Mejía Montoya se
desarrollaron con la complicidad de integrantes del Gaula de la Policía Nacional ya que,
la denuncia que en su momento presentó Édgar Enrique Mejía Puentes ante ese
organismo el 17 de febrero de 2015 fue filtrada a las Autodefensas Gaitanistas, pues, al
día siguiente, esta última persona recibió un mensaje en su teléfono celular en el cual
se afirmaba que “ya sabemos que le pasó el número al Gaula”7, lo cual demuestra su
complicidad.
4) Según consta en el expediente penal no. 2019-003, en entrevistas realizadas los días
9 y 13 de septiembre de 2019, César Augusto Hernández Restrepo señaló que tanto él
como su compañero Wílder Emilio Valdez Rúa (condenado como coautor) prestaron
servicios al grupo Jungla de la Policía Nacional y al Gaula; según Hernández Restrepo,
el señor Valdez Rúa era parte del esquema de seguridad del expresidente Álvaro Uribe
Vélez y, tras un viaje al exterior, este último regresó para integrarse al esquema de
seguridad de la senadora Paola Holguín; también dijo el entrevistado que durante este
periodo utilizaron los teléfonos celulares asignados a la Unidad Nacional de Protección
(UNP) para planificar el homicidio de Édgar Enrique Mejía Montoya, acciones que se
llevaron a cabo en el lapso en el cual no se registraron denuncias.
5) Las pruebas aportadas al proceso son consistentes en demostrar la responsabilidad
de las entidades demandadas, pues, a partir de las pesquisas realizadas en los
procesos penales número 2016-1705, 2018-0060 y 2018-00046, es claro que el autor
material del hecho fue el señor Éduard Stiven Padilla Álvarez en complicidad con
7
Pág. 2, archivo pdf, índice 59 Samai de primera instancia.
10
Expediente 70001-23-33-000-2018-00225-01(71.270)
Actores: Carlos Javier Mejía Montoya y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
Jhónatan Vásquez, quienes fueron contactados en su momento por Jaime Alfonso Villa,
persona que para el momento de los hechos fungía como subdirector de la Cárcel de
Palmira (Valle del Cauca).
6) También debe tenerse en cuenta que en el proceso con radicación no. 2016-01411,
miembros de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional manipularon los
elementos probatorios del proceso que dieron como resultado la pérdida de una sim-
card del teléfono móvil del autor material del hecho, con la finalidad de desligar del
proceso a otras personas que también fueron cómplices del asesinato.
7) La muerte de Édgar Enrique Mejía Montoya era un hecho previsible para las
entidades demandadas, debido a las constantes denuncias y las reiteradas amenazas
recibidas como líder gremial, hecho que indicaba que él y su familia se encontraban en
alto riesgo de muerte.
8) No hubo una adecuada y completa apreciación probatoria por parte de la primera
instancia, la víctima si tenía la condición de líder gremial y sindical, para probar esa
circunstancia basta con observar los cambios de radicación solicitados ante la Corte
Suprema de Justicia para que el asunto fuera estudiado por jueces especializados,
como lo fue el caso del Juzgado Décimo Penal Especializado del Circuito de Bogotá -
Proyecto OIT, hechos que adicionalmente motivaron que la Unidad Nacional de
Protección accediera a implementar medidas de seguridad en favor de los
demandantes por riesgo extraordinario y extremo.
A esos hechos se suma que Édgar Enrique Mejía Montoya fue asesinado frente a la
cooperativa de transporte a la cual pertenecía, pues, de conformidad con lo afirmado
por el sicario “Padilla”, el mensaje debía ser contundente y que en el entierro del hijo
también debía ser ultimado el padre de aquel.
Además, del contenido de las denuncias se conoce que existían muchos miembros del
gremio transportador, transportadores y funcionarios estatales encargados del control
del servicio de transporte público quienes estaban molestos por el actuar del fallecido
en contra de las actividades ilegales de ese sector en la región.
9) Por último, es necesario tener en cuenta que las entidades demandadas no solo
tuvieron conocimiento de las denuncias y amenazas dirigidas contra la víctima, sino
que, algunos de sus integrantes, particularmente de la Policía Nacional, estuvieron
11
Expediente 70001-23-33-000-2018-00225-01(71.270)
Actores: Carlos Javier Mejía Montoya y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
directamente involucrados en los hechos que condujeron al fallecimiento de Édgar
Enrique Mejía Montoya.
7. Actuación surtida en segunda instancia
Por auto del 30 de septiembre de 2024 fue admitido el recurso de apelación formulado
por la parte demandante (Samai, índice 14) y, en el término establecido en el numeral 4
del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 66 de la Ley 2080 de 2021, las
partes y el Ministerio Público guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con
el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2) análisis
de la impugnación, 3) conclusión y, 4) condena en costas.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
Presentada la demanda de manera oportuna8, corresponde a la Sala determinar si se
reúnen los elementos requeridos para declarar extracontractual y patrimonialmente
responsables a la Nación – Fiscalía General de la Nación y a la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional de la muerte del señor Édgar Enrique Mejía Montoya, por el
supuesto incumplimiento del deber de protección de dichas entidades frente a quienes
fueron radicadas varias denuncias de amenazas de muerte y solicitudes de protección;
en el caso de la Policía Nacional, además, por la posible participación directa de
algunos de sus funcionarios en los hechos.
El tribunal de primera instancia negó las pretensiones de la demanda, básicamente,
porque no encontró nexo causal entre el comportamiento de los entes públicos
accionados y el deceso de la mencionada víctima; en la apelación, la parte demandante
manifiesta que hubo una indebida valoración probatoria por parte de la primera
8
El daño alegado es la muerte de del ciudadano Édgar Enrique Mejía Montoya, la cual ocurrió el 6 de julio de 2016
(fl. 41 cdno. ppal.), en este orden de ideas el término inicial para demandar expiraba el 7 de julio de 2018; no
obstante, el término se suspendió desde el 28 de junio hasta el 21 de agosto de 2018 con ocasión de la presentación
de la solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 44 Judicial II para Asuntos Administrativos (fls. 236 a
238 cdno. ppal.) a falta de diez (10) días para que el correspondiente plazo expirara, pero, como la demanda se
radicó el 23 de agosto de 2018, lo fue dentro del término dispuesto para la acción de reparación directa según lo
preceptuado en el artículo 164 del CPACA.
12
Expediente 70001-23-33-000-2018-00225-01(71.270)
Actores: Carlos Javier Mejía Montoya y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
instancia y, que de los elementos de convicción aportados al proceso no solamente se
evidencia una falla del servicio consistente en una omisión frente al deber de protección
por parte de los entes demandados, sino también la participación en el referido
homicidio de miembros de la Policía Nacional.
La sentencia impugnada será confirmada, la Sala comparte el criterio del tribunal de
primera instancia en cuanto a que la muerte de Édgar Enrique Mejía Montoya no puede
ser atribuida al supuesto comportamiento omisivo de las entidades públicas
demandadas; además, en lo que respecta a la Policía Nacional, no se halló prueba
concluyente y precisa que permita establecer la participación activa de alguno de sus
integrantes en el atentado que ocasionó el deceso del mencionado ciudadano.
2. Análisis de la impugnación
2.1 El daño
En el presente caso está probado el fallecimiento del señor Édgar Enrique Mejía
Montoya, con sustento en el respectivo registro civil de defunción que anuncia que su
muerte tuvo lugar el 6 de julio de 2016 (fl. 41 cdno. ppal.).
2.2 La imputación
1) La parte demandante solicitó que se declare la responsabilidad patrimonial
extracontractual de la Nación – Fiscalía General de la Nación y de la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional por el hecho del fallecimiento del ciudadano
Édgar Enrique Mejía Montoya, pues, a pesar de que realizó las respectivas denuncias y
solicitó protección para su integridad personal por razón de las amenazas que recibió
por causa de la labor de asesor que desempeñada en la Cooperativa Especializada de
Transportes Torcoroma y en el gremio ASONTRANS, aquellas entidades no
desplegaron los mecanismos necesarios para garantizar su vida e integridad personal.
2) En primera instancia, el juez negó las pretensiones de la demanda por considerar
que no existen pruebas suficientes en el expediente que permitan establecer un vínculo
entre la conducta omisiva atribuida a las entidades demandadas y la muerte de Édgar
Enrique Mejía Montoya; en contraste, la parte actora sostiene que sí se cumplen los
requisitos para declarar la responsabilidad patrimonial extracontractual de las entidades
públicas involucradas.
13
Expediente 70001-23-33-000-2018-00225-01(71.270)
Actores: Carlos Javier Mejía Montoya y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
3) Con el fin de resolver la controversia planteada, la Sala considera necesario
profundizar en los siguientes aspectos de orden probatorio y valoración jurídica: (i) el
contenido y trámite de las denuncias presentadas por las víctimas ante la Policía
Nacional y la Fiscalía General de la Nación, (ii) las circunstancias en las cuales se
produjo el deceso de Édgar Enrique Mejía Montoya, (iii) análisis de la responsabilidad
patrimonial extracontractual de la Nación – Fiscalía General de la Nación, y (iv) análisis
de la responsabilidad patrimonial extracontractual de la Nación – Ministerio de Defensa
– Policía Nacional.
2.2.1 Las denuncias presentadas por las víctimas
En lo que concierne a las denuncias presentadas por el ciudadano fallecido y su padre,
al proceso se aportaron los siguientes elementos de prueba:
1) Presentación y trámite de la denuncia del del 22 de abril de 2013 radicada por Édgar
Enrique Mejía Montoya ante la Fiscalía 22 Seccional de Chinú (Córdoba).
a) El 22 de abril de 2013, el señor Édgar Enrique Mejía Montoya instauró una denuncia
en la cual expresó que el 18 de abril de ese año había sido víctima de amenazas por
parte del señor Edelberto Cabrales Otero quien fue gerente de la Cooperativa
Especializada de Transportes Torcoroma por espacio de 15 años y que,
posteriormente, dicha persona fue retirada de su cargo por decisión de los socios por
causa de cuestionables manejos gerenciales y, en su lugar, fue nombrado su padre, el
señor Édgar Enrique Mejía Puentes; agregó que el denunciado junto a dos asociados
disidentes, los señores Rafael Bustamante Pérez y Carlos Guerrero Ramírez, habían
ejercido acciones tales como:
“(…) torpedear la gestión administrativa de Torcoroma mediante derechos de
peticiones y acciones de tutela, con el fin de evitar la inscripción del acta de
asamblea en la Cámara de Comercio de Sincelejo, por tal motivo el señor
Edelberto Cabrales en reuniones que ha sostenido en Chinú ha
manifestado que la única forma de sacar al gerente y a su familia de
Torcoroma es haciéndoles un atentado en contra de su vida, aprovechando
la actual polémica que existe entre el ex gerente de Torcoroma y mi
persona con los taxistas de la empresa SOTRASAB y COTRASUCRE (…) (fl.
51 cdno. ppal. – negrillas adicionales).
b) Por razón de lo anterior, en esa misma fecha, la Fiscalía 22 Seccional de Chinú
elaboró una comunicación al comandante de la Estación de Policía de Sincelejo (Sucre)
para que desplegara actividades encaminadas a proveer protección a la vida e
14
Expediente 70001-23-33-000-2018-00225-01(71.270)
Actores: Carlos Javier Mejía Montoya y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
integridad del señor Édgar Enrique Mejía Montoya (fl. 57 cdno. ppal.), el
correspondiente oficio aparece con fecha de radicación el 23 de abril de 20139.
c) A esa denuncia se le asignó la radicación no. 23-182-80-01012-2013-00111, en cuyo
trámite se practicó un interrogatorio al denunciado Edelberto Enrique Cabrales Otero,
quien, el 16 de agosto de 2013, expresó que las relaciones con el denunciante eran de
trabajo porque tenía seis (6) vehículos afiliados a la Cooperativa Especializada de
Transportes Torcoroma de la cual fue gerente por espacio de quince (15) años, agregó
que, en un inicio, tenía buenas relaciones con Édgar Enrique Mejía Puentes y su hijo,
pero, que con este último habían tenido un discusión el 12 de febrero de 2013, antes la
celebración de una asamblea general de esa empresa; igualmente, que habían tenido
desavenencias relacionadas con la forma de administración de dicha cooperativa que,
según él, se estaba usando para el beneficio económico del denunciante y su familia;
dijo conocer a Rafael Bustamante Pérez, por cuanto eran socios comerciales, pero
negó que se hubiera concertado un plan para atentar en contra de Édgar Enrique Mejía
Montoya y su familia10 (fls. 29 a 32, archivo, 113Anexos.pdf.).
d) En ese trámite investigativo se elaboró un informe fechado el 17 de noviembre de
2015 por parte de un funcionario de la Policía Judicial dirigido a la Fiscalía 22 Seccional
de Chinú, en el cual se consignó lo siguiente:
“Con el fin de tener una mayor claridad del caso se comunicó al abonado
telefónico 3157183118, en donde fue posible contactarse con el señor
ÉDGAR ENRIQUE MEJÍA MONTOYA, quien manifestó que él hace mucho
tiempo instaló esa denuncia contra el señor EDELBERTO MORALES, quien
era en ese tiempo el gerente de trasporte de Torcoroma, pero desde que él
tomó la decisión de denunciarlo ante la fiscalía el cual les pusieron una
fianza, quien ha respetado hasta este momento y que más nunca este
señor se ha metido con él, por tal motivo se le manifestó que era necesario
9
El contenido de dicho oficio es exactamente el siguiente: “De conformidad con lo señalado en el preámbulo artículos
1, 2, 22, 42 y 218 entre otros de la Constitución Política en concordancia con lo destacado en los artículos 11, 132 y
133 de la Ley 906 de 2004 (…) me permito solicitarle se realicen las actividades pertinentes para proveer protección
policiva y evitar afectaciones futuras en la vida e integridad del señor ÉDGAR ENRIQUE MEJÍA MONTOYA (…) la
víctima ha recibido amenazas por parte del indicado EDELBERTO CABRALES OTERO, quien ha manifestado en
varias reuniones la supuesta comisión de un atentado en contra de él y de su padre, lo que le ha causado temor,
creando con esto la zozobra y el miedo en su núcleo familiar y en él, por lo que teme por su vida, su integridad física
y la de su familia (…)”. (fl. 57 cdno. ppal.).
10
Sobre el particular manifestó: “(…) las reuniones siempre las hemos hecho en Sincelejo con el señor Roberto
Guerrero, con el señor Clay Bustamante, Rafael Bustamante (…) jamás de los que nombré han tenido que atentar
contra estos señores, yo menos, nosotros vivimos preocupados por nuestra problemática, yo no quiero tener
problemas personales con él, le he mandado a decir tres veces con el señor Alfaro Álvarez Lozano que trabaja con
ellos y es mi compadre, que yo le vendo los seis buses que se los fío que se haga cargo de las obligaciones
bancarias, y que el resto lo hacemos un acuerdo de pago, que también me liquida los aportes de la Cooperativa para
evitar que nos lleve a la quiebra. PREGUNTADO: Diga si conoce a los señores Rafael Bustamante Pérez y Carlos
Guerrero Porras, en caso cierto por qué, y que estos mismos señores habían concertado de hacer el atentado con
usted. CONTESTÓ: Sí conozco a los señores mencionados son amigos míos, son socios de Torcoroma y jamás
hemos hablado contra atentado contra ese señor, hasta hace ocho meses estos señores eran sus mejores amigos y
el señor Bustamante es hasta compadre de él y socios por otros negocios, pero cuando se dan cuenta de que él y su
familia se apoderan de la empresa, ellos se oponen y se inician las acciones que relaté, hemos actuado ante la
justicia”. (fls. 31 y 32, Archivo 113Anexos.pdf).
15
Expediente 70001-23-33-000-2018-00225-01(71.270)
Actores: Carlos Javier Mejía Montoya y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
tomarle la entrevista quien manifestó que no era necesario ya que él hace
mucho tiempo no ha recibido más amenazas.
Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente me permito solicitar al señor
fiscal que toma decisiones que estime pertinentes en la investigación ya que el
denunciante mostró desinterés y no quiso colaborar para que esta investigación
avanzara. Es de anotar señor fiscal que no fue posible la identificación e
individualización de los autores del hecho, por lo antes expuesto.” (fl. 1, archivo
105Anexos.pdf., mayúsculas fijas del original - negrillas adicionales).
2) Presentación y trámite de la denuncia del 6 de mayo de 2013, radicada por Édgar
Enrique Mejía Puentes ante la Fiscalía Local SAU de Sincelejo (Sucre).
a) En esa denuncia, el señor Édgar Enrique Mejía Puentes expresó que el 8 de abril de
ese año había recibido amenazas por parte de Edelberto Cabrales Otero debido a las
acciones que él y su hijo estaban implementando contra el servicio público de
transporte ilegal en las regiones de Sucre y Córdoba, persona que en conjunto con
Rafael Bustamante Pérez y Carlos Guerrero Porras estarían planeando un encargo
criminal para atentar en su contra11.
b) Esos hechos dieron lugar al adelantamiento de otra investigación por parte de la
Fiscalía Local SAU de Sincelejo con número de radicación 70001-60-01033-2013-
01192, en la cual el 20 de mayo de 2013 se intentó un acuerdo conciliatorio entre el
señor Édgar Enrique Mejía Puentes y los querellados Roberto José Guerrero Montes de
Occa, Carlos Arturo Guerrero, Edelberto Enrique Cabrales Otero y Rafael Enrique
Bustamante Pérez; no se llegó a ningún acuerdo, pero el señor Edelberto Cabrales
manifestó que cuando se refería a tomar vías de hecho “era hacer un paro en la
empresa y no atentar contra la vida del querellante y su familia” (fl. 63 a 66 cdno. ppal.).
No se conoce el resultado final de este proceso.
3) Presentación y trámite de la denuncia radicada el 24 de febrero de 2015 ante la
Fiscalía General de la Nación en la sede de Sincelejo.
11
El contenido de la denuncia fue el siguiente: “era organizando un atentado contra mi vida y la de mi familia, ya que
por las vías judiciales no lo había podido lograr. Utilizando como coartada la lucha que yo como gerente y mi hijo
como asesor estaban dando en contra de la informalidad en el transporte generado por las empresas de transporte
SOTRASAB y COOTRASUCRE. Para llevar a cabo el atentado criminal había acordado con los señores y sus
respectivos RAFAEL BUSTAMANTE PÉREZ y CARLOS GUERRO PORRAS núcleos familiares también asociados
a la Cooperativa Torcoroma Ltda., la recolección de un fondo para sobornar funcionarios de la
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE, que eventualmente iniciarían una investigación y para
contratar los sicarios que ejecutaría el encargo criminal. A raíz de estas amenazas yo y mi cónyuge nos vimos en la
penosa necesidad de salir del país con el fin de salvaguardar nuestras vidas. Al llegar nuevamente a Colombia y
debido a los diversos mensajes intimidatorios que ha tenido mi familia decidió interponer la presente denuncia penal.
A su vez mi hijo ÉDGAR MEJÍA MONTOYA, teniendo en cuenta las amenazas que recibió de igual forma del señor
EDELBERTO CABRALES OTERO y su grupo de colaboradores, interpuso una denuncia penal en el municipio de
Chinú (…)”. (fl. 59 cdno. ppal.).
16
Expediente 70001-23-33-000-2018-00225-01(71.270)
Actores: Carlos Javier Mejía Montoya y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
a) En esa fecha, el señor Édgar Enrique Mejía Puentes, para ese entonces gerente
general de la Cooperativa Especializada de Transportes Torcoroma, radicó ante la
Fiscalía General de la Nación de la ciudad de Sincelejo una denuncia por extorsión y
amenazas (fls. 71 a 74 cdno. ppal.).
Manifestó que el 16 de febrero de ese año había acudido a las instalaciones del Gaula
de la Policía Nacional de Sucre en compañía de su esposa para alertar sobre una
llamada extorsiva a su hijo Édgar Enrique Mejía Montoya y, que ese día, en presencia
de dos patrulleros y del capitán Carlos Andrés González, recibió una llamada de alias
“Miguel” quien manifestó ser comandante de las Autodefensas Gaitanistas, quien le
propuso que se reuniera con él.
Asimismo, expuso que, al día siguiente, el 17 de febrero de 2015, a las 15:30 horas,
nuevamente recibo una llamada en la que alias “Miguel” le dijo “señor Édgar, me quedé
esperando su llamada, yo necesito hacer un arreglo con usted, si su empresa no
colabora, va a tener problemas. Torcoroma solo debe hacer un solo despacho y tiene
que darnos 5 millones de pesos mensualmente, sino quiere tener problemas usted y
sus buses.” (fl. 72 cdno. ppal.).
En el escrito de denuncia, el señor Mejía Puentes también dijo que el 18 de febrero de
2015, a las 14:19 horas, recibió el siguiente mensaje a su teléfono móvil: “señor Édgar
Mejía buenas tardes ya sabemos que le pasó el número al Gaula y así mismo nos
tocará proceder con sus buses.” (fl. 73 cdno ppal.).
b) Lo anterior dio origen a la investigación no. 70001-6001037-2015-00356, en cuyo
respectivo programa metodológico se expresó que el propósito era verificar si la
extorsión y las llamadas provenían de bandas criminales o de centros carcelarios (fls.
31 y 32, archivo 103Anexos.pdf).
c) El 18 de mayo de 2015, la Fiscal de la Unidad Especializada – Gaula decidió archivar
el proceso12 por cuanto el denunciante había afirmado que no volvió a recibir mensajes
12
A continuación se transcribe el contenido de esa decisión: “En el caso en estudio se comisionó al Gaula de la
Policía Nacional con el objeto de que adelantaran labores investigativas tendientes a dar con elementos materiales
probatorios que permitieran dar con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que tuvieron ocurrencia los
hechos materia de investigación. En desarrollo de la investigación se ordenó tomar entrevista a la víctima, el señor
Édgar Enrique Mejía Puentes que manifestó que no volvió a recibir llamadas telefónicas y a su vez también se
determinó que por parte de esta no hubo pago. Teniendo en cuentas estas situaciones y verificando que no se
realizaron en las llamadas exigencias económicas ni se logró que la víctima consignara ninguna suma de dinero, por
lo cual no se logra la materialización del delito de extorsión, el Despacho, con base en la información aportada por la
Policía Judicial, basada en informes rendidos bajo la gravedad de juramento, se tienen resultados negativos
teniendo en cuenta la imposibilidad en la identificación por parte de la víctima a los posibles actores, no le queda a
este despacho otra alternativa más que la de proferir orden de archivo en el presente asunto” (fl. 42 y
103Anexos.pdf).
17
Expediente 70001-23-33-000-2018-00225-01(71.270)
Actores: Carlos Javier Mejía Montoya y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
ni llamadas telefónicas y que, en todo caso, el delito no se había materializado ni
tampoco identificado a sus posibles autores.
2.2.2 Circunstancias en las cuales se produjo el deceso de Édgar Enrique Mejía
Montoya
1) Sobre las circunstancias de la muerte del señor Édgar Enrique Mejía Montoya se
decretaron y aportaron al proceso las copias de las correspondientes actuaciones
surtidas en varios expedientes penales que dieron lugar a sendas condenas en contra
de los autores materiales, partícipes y determinadores del homicidio.
El trámite procesal penal tuvo como radicación original el no. 70001-6001037-2016-
01411, pero, debido al número de personas involucradas, rupturas procesales y
solicitudes de cambio de radicación, del referido expediente se derivaron cinco (5)
procesos distintos, a saber: (i) radicación no. 70001-6001034-2018-00048 en contra de
Éduard Stiven Padilla Álvarez (autor material), (ii) radicación no. 70001-6001037-2018-
00060 donde figura como sindicado Jhónatan Vásquez (partícipe), (iii) radicación no.
11001-3107010-2019-00014 seguido en contra de Rafael Enrique Bustamante Pérez
(determinador), (iv) radicación no. 70001-6001037-2018-00046 en contra de Jaime
Alfonso Villa Cardona (determinador) y, (v) radicación no. 11001-3107010-2019-00003
en contra de César Augusto Hernández Restrepo (determinador)13.
2) A partir de la información recaudada en esos expedientes y las decisiones que allí se
tomaron, se destacan los siguientes hechos relevantes para el proceso de reparación
directa de la referencia:
a) El atentado en contra del señor Édgar Enrique Mejía Montoya tuvo lugar el 6 de julio
de 2016 en la calle 38 no. 6-77, en la Estación de Servicio COPVESA de la ciudad de
Sincelejo (Sucre); en ese momento, la víctima se encontraba dentro de un vehículo
automotor estacionado en el lugar y, tras la agresión fue trasladado a la Fundación
María Reina de Sincelejo donde ingresó sin signos vitales14.
13
El traslado de dichos procesos y las pruebas allí existentes fue decretado en la audiencia inicial del 29 de junio de
2021 (índice 21 Samai – primera instancia) y fueron debidamente incorporados en la audiencia de pruebas del 3 de
agosto de 2021 (fls. 1 a 7, archivo 087 AudienciaDePruebas.pdf), medios de convicción que serán tenidos en cuenta
en los términos del artículo 174 del Código General del Proceso, en la medida que en esos procesos penales no solo
hizo parte la Fiscalía General de la Nación, quien aquí obra como demandada, sino también los demandantes en
condición de víctimas; adicionalmente, fueron su incorporación fue decretada por solicitud de la Nación – Ministerio
de Defensa – Policía Nacional. También se tendrán en cuenta las pruebas de carácter testimonial, dado que de
acuerdo con el artículo 222 del Código General del Proceso, ninguna de las partes solicitó su ratificación.
14
Según la correspondiente epicrisis de la de la historia clínica de la víctima (fls. 359 y 360 cdno. ppal.).
18
Expediente 70001-23-33-000-2018-00225-01(71.270)
Actores: Carlos Javier Mejía Montoya y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
El fallecimiento se produjo como consecuencia de las heridas producidas con arma de
fuego15.
b) El autor material de los hechos fue el señor Éduard Stiven Padilla Álvarez, quien fue
capturado momentos después de cometer el homicidio16, esta persona fue condenada
mediante sentencia del 29 de marzo de 2019 proferida por el Juzgado Décimo Penal
del Circuito Especializado de Bogotá DC – Proyecto OIT, a la pena principal de nueve
(9) años y seis (6) meses de prisión por los delitos de homicidio agravado en concurso
heterogéneo y sucesivo con fabricación, tráfico y porte armas de fuego o municiones17
como consecuencia de la aceptación de los cargos imputados a dicha persona y un
preacuerdo18 previamente firmado con la Fiscalía General de la Nación.
El señor Éduard Stiven Padilla ejerció actos de colaboración con la investigación, razón
por la cual rindió interrogatorio el 4 de agosto de 2017 (fls. 377 a 381 cdno. ppal.) y
posteriormente declaración jurada ante la Fiscalía Primera Seccional de Sincelejo, (fls.
533 a 541 cdno. ppal.), diligencias en las cuales expresó que fue contactado en la
ciudad de Pereira (Risaralda) por el señor Jaime Alfonso Villa Cardona con quien se
encontró en la población de Coveñas (Sucre), quien le ofreció dinero por el homicidio de
Édgar Enrique Mejía Puentes -padre de la víctima fallecida-, propuesta frente a la cual
en un inicio se negó, pero, le informó quién podía hacerlo, razón por la cual
posteriormente, contactaron a Jhónatan Vásquez con quien también se reunieron en
Coveñas, persona frente a quien empezaron a realizar los respectivos seguimientos al
señor Mejía Puentes19.
15
En el informe pericial de necropsia del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del 6 de julio de 2016, se
consignó: “herida por proyectil de arma de fuego de entrada en cuello lateral izquierdo y herida de salida en pómulo
derecho, quemadura tangencial en dorso de mano izquierda, producida por proyectil de arma de fuego (…) según la
necropsia médico legal, fallece debido a anemia aguda que produce laceración de la vena yugular izquierda, la
contusión de vasos carotideos izquierdos, producida por trauma penetrante en cuello lateral izquierdo, inducida por
proyectil de arma de fuego”. (fl. 47 cdno. ppal.).
Se complementa con el acta de Inspección de Cadáver -FPJ-10 de la misma fecha emitida por funcionarios de la
SIJIN (fls. 347 a 353 cdno. ppal.).
16
Según el Informe Ejecutivo -FPJ-3- del 6 de julio de 2016 de la Seccional de Investigación Criminal – DIJIN
Armados Ilegales (fls. 1 a 6 - archivo: 049CarpetaUno, disponible en 70001233300020180022500.
17
Folios 208 a 225, archivo 053CarpetaCuatro.pdf. disponible en 70001233300020180022500.
18
Folios 201 a 207, archivo 052CarpetaCuatro.pdf, disponible en 70001233300020180022500.
19
Exactamente refirió: “en la ciudad de Pereira, allí conocía al señor JAIME VILLA, nos hicimos amistades, resulta
que él me comentó si íbamos a viajar al mar, y yo le dije que sí, ya que no lo conocía, cuando él me propuso
invitarme, yo le acepté la invitación, pero yo no sabía el sentido que él tenía de invitarme, cuando ya estábamos en
las playas de Coveñas – Sucre, andábamos paseando y todo, fue cuando el señor Villa me comenta la situación (de
eso tengo fotos), la situación era que estaban dando una plata por DON ÉDGAR por quitarle la vida, yo le dije que
yo no lo hacía, porque yo ya estaba retirado del mundo de la delincuencia (…) pero le dije al señor JAIME VILLA,
quien podría realizar el trabajo (de matar), ese mismo día contactamos al señor JHONATAN VÁSQUEZ, él llegó a
Coveñas, nos reunimos y de ahí el señor Jaime Villa comenzó a comentarnos sobre el negocio de quitarle la vida al
señor DON ÉDGAR, el cual todo se arregló en el momento, y regresamos a Sincelejo, el señor JAIME VILLA
comenzó a mostrarnos los lugares donde permanecía el señor DON ÉDGAR, nos mostró la bomba donde sucedió el
hecho, y nos mostró la residencia de nombre LAURA, que era donde vive el señor DON ÉDGAR (…).” (fl. 383 cdno.
ppal.).
19
Expediente 70001-23-33-000-2018-00225-01(71.270)
Actores: Carlos Javier Mejía Montoya y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
En relación con los móviles del homicidio, dicha persona dijo que, en principio, el
ataque se iba a dirigir en contra del señor Édgar Enrique Mejía Puentes quien,
aparentemente, le debía un dinero a Jaime Alfonso Villa Cardona, pero, que en los
últimos momentos los planes cambiaron y se tomó la determinación de cometer el
atentado en contra Édgar Enrique Mejía Montoya20
c) Por su parte, el señor Jhónatan Vásquez fue penalmente condenado a la pena
principal de doce (12) años de prisión por los delitos de homicidio simple en concurso
heterogéneo y sucesivo con los de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego a
través de sentencia del 12 de agosto de 2019 dictada por el Juzgado Décimo Penal del
Circuito Especializado de Bogotá DC – Proyecto OIT21.
Dicha decisión fue tomada sobre la base de un preacuerdo suscrito entre dicha persona
con la Fiscalía Especializada de Sincelejo, por cuanto quedó claro que Jhónatan
Vásquez “ofreció respaldo y aseguramiento del propósito criminal trazado por otras
personas, tanto así que quien había adquirido tal compromiso fue Éduard Padilla quien
al notar la reacción de JHONATAN cuando arribaron al lugar de los hechos, se
apersonó de la situación y cumplió con el encargo que le habían hecho”.22
d) Respecto del señor Jaime Alfonso Villa Cardona, está probado que fue beneficiario
del principio de oportunidad concedido por la Fiscalía General de la Nación mediante la
Resolución No. 00138 del 3 de febrero de 202023, en la modalidad de inmunidad parcial
por el delito de homicidio agravado en calidad de coautor; esta medida fue otorgada a
cambio de su compromiso de colaborar como testigo en el proceso penal con el fin de
demostrar la responsabilidad de las demás personas involucradas en los hechos que
20
Al respecto, manifestó lo siguiente: “el señor JAIME VILLA, era el que sabía todo respecto de los movimientos del
señor ÉDGAR y realizaba los seguimientos, cuando nosotros veíamos al señor DON ÉDGAR enseguida le
avisábamos al señor JAIME VILLA, para que nos diera luz verde (si podíamos matar al señor), pero el señor JAIME
VILLA nos decía que todavía no, porque DON ÉDGAR tenía que pagar una plata (…) lo único que nos decía era que
el señor don ÉDGAR tenía que pagar una plata y no la quería pagar (…) de la ciudad de Bogotá nos venimos
nuevamente para Sincelejo, cuando llegamos acá el señor VILLA nos dice que hay un cambio de plane, y ahí fue que
nos mostró la foto era el hijo de DON ÉDGAR, y la orden era que teníamos que asesinar al hijo, y el señor JAIME
VILLA nos pasó una foto del hijo de DON ÉDGAR, el señor JAIME VILLA nos manifestaba que la plata que nos iban
a pagar por el asesinato de DON ÉDGAR eran 100.000.000 cien millones de pesos, y por el hijo de DON ÉDGAR 50
cincuenta millones de pesos, el señor JAIME VILLA nos dijo que primero matáramos al hijo (…) cuando el hijo de
DON ÉDGAR parquea el carro, JHONATAN VÁSQUEZ me dice que no lo va a matar, porque hay mucha policía y
cámara de video entonces ahí fue que a mí me dio mucha rabia, porque ya había mucha plata consumida y el señor
JAIME VILLA estaba acosando, presionando, y el quité el arma de fuego a JHONATAN VÁSQUEZ, y le dije que
pusiera la moto frente a la bomba, yo de ahí me entré hacia la bombe y me fui hacia el baño esperando que se bajara
del carro el hijo de DON ÉDGAR, en ese momento empieza a acosarme JAIME VILLA, que haga eso rápido, porque
al parecer el hijo de DON ÉDGAR ya había dicho que por la troncal lo iban a atracar dos muchachos, JAIME VILL ya
al presionarme es cuando yo me le arrimo al carro donde estaba el señor manipulando el celular, que fue lo que me
dijo JAIME VILLA, y saco el arma de fuego y es donde lo impacto.” (fl. 584 cdno. ppal.).
21
Folios 1 a 22, archivo 063AgregarMemorial.pdf, disponible en: 70001233300020180022500.
22
Folio 14, archivo 63AgregarMemorial.pdf, disponible en: 70001233300020180022500.
23
Folios. 16 a 24, archivo 057CarpetaNueve.pdf, disponible en: 70001233300020180022500.
20
Expediente 70001-23-33-000-2018-00225-01(71.270)
Actores: Carlos Javier Mejía Montoya y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
culminaron con el homicidio de Édgar Enrique Mejía Montoya, razón por la cual se
suspendió el ejercicio de la acción penal en su contra por el término de un (1) año24.
Lo anterior, por cuanto sus declaraciones sirvieron de fundamento para procesar a las
demás personas involucradas en el homicidio de Édgar Enrique Mejía Montoya; en
efecto, en declaración jurada rendida el 11 de abril de 2018 ante la Fiscalía 23
Seccional de Sincelejo manifestó que, para el momento de su captura se desempeñaba
como director del INPEC en la ciudad de Palmira (Valle del Cauca) —cargo que ejercía
desde el 3 de noviembre de 2017— y que conocía desde tiempo atrás al señor César
Augusto Hernández ya que, habían sido compañeros en el grupo Jungla de la Policía
Nacional; agregó que dicho individuo había sido retirado de la institución “por un
problema, ya que él era del Armerillo y sacaba las armas del almacén de la Policía y se
las facilitaba a los sicarios”25.
El señor Jaime Alfonso Villa Cardona precisó que en el mes de junio de 2016 fue
contactado por César Augusto Hernández para que viajara a Sincelejo donde le mostró
tres ubicaciones de importancia - una estación de servicio, una casa y el edificio “Laura;
dijo que fue quien le “comentó que unas personas lo habían contratado para hacer una
vuelta aquí en Sincelejo, la de matar a un señor”26, esto por cuanto tenía contacto con
Éduard Stiven Padilla Álvarez quien vivía en Pereira (Risaralda), se dedicaba al
sicariato y conformaba un grupo de jóvenes a quienes adiestraba para dicho oficio.
En ese sentido, se esclareció que Jaime Alfonso Villa fue quien, por solicitud de César
Augusto Hernández, contactó al autor material de los hechos, Éduard Stiven Padilla
Álvarez; procesado que se constituyó en una pieza clave dentro de la investigación
penal, por cuanto fue a través de sus declaraciones que se logró establecer que el
determinador inicial del homicidio de Édgar Enrique Mejía Montoya fue el señor Rafael
Enrique Bustamante Pérez; así lo manifestó en declaración jurada rendida en el marco
del proceso penal, en los siguientes términos:
“(…) me pasó dos fotos27, me dijo que el señor se llamaba Don Édgar, que lo
habían mandado a matar “por voltión”, quien lo había mandado a matar era
un socio de Don Édgar de nombre RAFAEL BUSTAMANTE, porque no
quería pagar unas platas, que ese señor DON ÉDGAR que las mejores
rutas de transporte las había dejado para él y con los mejores horarios,
llevando al socio a la quiebra. Que ese señor RAFAEL BUSTAMANTE
24
Dicho principio de oportunidad fue legalizado ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Sincelejo en audiencia del
11 de marzo de 2020 (fl. 36, archivo 057CarpetaNueve.pdf, disponible en: 70001233300020180022500.
25
Folio 32, archivo 55 CarpetaSeis.pdf, disponible en: 70001233300020180022500.
26
Folio 32, archivo 55CarpetaSeis.pdf., disponible en 70001233300020180022500.
27
Se refiere a César Augusto Hernández.
21
Expediente 70001-23-33-000-2018-00225-01(71.270)
Actores: Carlos Javier Mejía Montoya y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
estaba muy dolido y rabioso y por eso lo había mandado a matar. Quiero
aclarar aquí que la orden siempre fue matar a don ÉDGAR, nuca fue la de
matar al hijo (…). Ese día me dio la suma de $15.000.000 quince millones de
pesos envueltos en un sobre de manila y que el resto, es decir, los otros
quince millones me los daba al regresar”.28 (mayúsculas fijas del original .
resalta la Sala).
Adicionalmente, acerca de las razones por las cuales el ataque armado finalmente se
dirigió en contra del señor Édgar Enrique Mejía Montoya y no en contra de su padre, el
señor Jaime Alfonso Villa rindió una versión diferente a la expresada por Éduard Stiven
Padilla Álvarez, dijo que se trató de una confusión, exactamente expresó:
“Yo ya me había comunicado con CÉSAR AUGUSTO HERNÁNDEZ, ya que
yo su número me lo sabía (…) yo le noté el tono todo raro y me dijo que llegar
a Itagüí que allá habláramos, Yo sabía que él estaba todo piedro porque
resulta que ÉDUARD STIVEN PADILLA no mató al señor ÉDGAR sino que
mató al hijo, y no sé, a ÉDUARD qué le pasó, la orden siempre fue matar a
don ÉDGAR nunca al hijo y no sé por qué dice eso en su declaración, para mí
fue que se confundió, las camionetas eran prácticamente iguales (…).”29.
A ese relató agregó que, posteriormente, se reunió con César Augusto Hernández en la
ciudad de Itagüí (Antioquia), quien intentó asesinarlo detrás de las bodegas de la
mayorista pero que se salvó de dicho atentado30.
e) En relación con el señor Rafael Enrique Bustamante Pérez, está probado que el 27
de abril de 2021 el Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá –
Proyecto OIT, aprobó el acuerdo celebrado entre dicho procesado y la Fiscalía
Segunda Especializada de Sincelejo como responsable de los delitos de homicidio
agravado en concurso heterogéneo y sucesivo con el de fabricación, tráfico, porte o
tenencia de armas de fuego, partes o municiones en calidad de coautor, a la pena
principal de 17.6 años por el deceso de Édgar Enrique Mejía Montoya31.
Acerca de los motivos del homicidio y la responsabilidad del señor Rafael Enrique
Bustamante Pérez, la autoridad judicial consideró lo siguiente:
“De los anteriores medios de conocimiento se infiere con meridiana
claridad que el deceso de ÉDGAR ENRIQUE MEJÍA MONTOYA tuvo su
28
Folio 29, archivo 055CarpetaSiete.pdf., 70001233300020180022500.
29
Folios 27 a 32, archivo 055CarperaSiete.pdf., 70001233300020180022500.
30
Específicamente señaló: “me llevó a las bodegas de la mayorista, eso estaba solo, si no estoy mal era domingo,
me pasó el brazo por atrás y me decía que allí quedaron de entregar los otros $15.000.000 que me debía por el
trabajo, eso estaba sumamente solo (…) yo sentí un escalofrío y me di cuenta que CÉSAR HERNÁNDEZ lo que me
iba era a matar miraba para todas partes y me llevaba para la parte de atrás de las bodegas, a mí me salvó un
borrachito que llegó en ese momento y se la montó a él, le decía que nosotros éramos novios (…) en eso CÉSAR
saca un arma, la P99, y amenaza al borrachito que se largara de allí y allí yo aproveché y salí corriendo.” (fl. 31,
archivo 55 CarpetaSiete.pdf., disponible en: 70001233300020180022500).
31
Folios 1 a 33, archivo 58CarpetaDiez.pdf., disponible en: 70001233300020180022500.
22
Expediente 70001-23-33-000-2018-00225-01(71.270)
Actores: Carlos Javier Mejía Montoya y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
origen en problemas societarios, o de manejo o incumplimiento de las
labores o correcto funcionamiento de la empresa Torcoroma Ltda,
relacionados con la lucha de sus socios en obtener o acaparar la
gerencia dentro de los que estaba, entre otros, el socio RAFAEL
BUSTAMANTE, lo cual se corrobora con el contenido de la denuncia
penal instaurada por el primero de los prenombrados y la posterior
entrevista que brindó a miembros de la Policía Judicial luego de
acaecidos estos hechos.
Es más, el delegado fiscal al sustentar el móvil de este acontecimiento
expuso que fue por las diferencias que existían entre el acusado, señor
RAFAEL BUSTAMENTE PÉREZ y dos de sus socios, esto es, los señores
ÉDGAR MEJÍA PUENTES y ÉDGAR ENRIQUE MEJÍA MONTOYA, la
víctima, sin considerar el ejercicio de aquella al interior de la citada Asociación
de Transportes ASOTRANS (…).
Pues bien, teniendo en cuenta como base de los anteriores lineamientos
legales y jurisprudenciales, arroba el despacho a la conclusión que, en el
asunto de la especie, de la atestación rendida por Jaime Alfonso Villa queda
claro que el crimen de ÉDGAR ENRIQUE MEJÍA MONTOYA, a no dudarlos,
tuvo participación determinante el acusado que fue quien encargó a César
Hernández la planificación y ejecución del vil asesinato contra la vida e
integridad personas de la víctima, traducido ello en la calidad de inductor y su
actuación determinadora.
Además, en este asunto, la consumación del hecho indefectiblemente se
produjo con la acción enlazada de la persona a quien el procesado atribuyó el
encargo criminal, Hernández Restrepo, quien a su vez, designó a Villa
Cardona, con quien ultimó y planeó la ejecución del atentado criminal, por
ello, Villa tuvo a su cargo la contratación y consecución de los sicarios y el
arma homicida, articulado plan desarrollado por los actores que culminó con
el cumplimiento de su protervo fin, comprobándose además que,
efectivamente no tuvo el dominio del hecho sino que fue por su acción
inductiva que se produjo el desenlace final por él ideado, ordenado y
contratado.”32 (mayúsculas sostenidas del original - negrillas adicionales).
f) Finalmente, en relación con la participación del señor César Augusto Hernández
Restrepo en la muerte de la víctima se destaca lo siguiente:
(i) Fue capturado el 21 de noviembre de 2018 en la ciudad de Itagüí (Antioquia)33 y, en
la audiencia preliminar llevada a cabo al día siguiente por el Juzgado Segundo Penal
del Circuito de Sincelejo, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por el
homicidio de Édgar Enrique Mejía Montoya, los cuales no aceptó34.
(ii) En esa misma audiencia se decidió que el señor César Augusto Hernández
Restrepo cumpliría la medida de aseguramiento de detención preventiva en un
establecimiento carcelario dispuesto para servidores públicos, decisión que se tomó a
petición de la defensa quien refirió que dicha persona reunía la calidad de “pensionado”
32
Folio 8 y 12, archivo 058CarpetaDiez.pdf., disponible en: 70001233300020180022500.
33
Folio 293, archivo 055CarpetaSiete, disponible en: 70001233300020180022500.
34
Folio 338, archivo 055 CarpetaSiete, disponible en: 70001233300020180022500.
23
Expediente 70001-23-33-000-2018-00225-01(71.270)
Actores: Carlos Javier Mejía Montoya y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
de la Policía Nacional, con sustento en el correspondiente formulario de arraigo
diligenciado por la Policía Judicial35 donde se aludió a dicha circunstancia36.
(iii) En el proceso no se conoce el resultado final del correspondiente proceso penal
seguido en contra de César Augusto Hernández Restrepo, pero, como última actuación
aparece que el 15 de septiembre de 2020, entre dicha persona y la Fiscalía General de
la Nación, se suscribió un acta con la finalidad de aplicar el principio de oportunidad,
sujeto a los siguientes compromisos:
“El aspirante al principio de oportunidad declarará en contra de JAIME
ALFONSO VILLA CARDONA, señalando que este ciudadano fue quien
contrató los hombres que cometieron el homicidio del señor Édgar Mejía
Montoya, también llevó a los autores materiales hasta la ciudad de Sincelejo
(Sucre), además se encargó de la consecución del arma de fuego y de la
motocicleta en la que se movilizaron los homicidas, el aspirante al principio de
oportunidad también señalará que el señor JAIME ALFONSO VILLA
CARDONA fue quien tomó la determinación de asesinar al joven ÉDGAR
ENRIQUE MEJÍA MONTOYA, pese a que le habían encomendado
asesinar al señor ÉDGAR ENRIQUE MEJÍA PUENTES y no obstante,
pese a la solicitud hecha por el aspirante, para que desistieran del acto
delictivo, el señor VILLA CARDONA decidió seguir por su propia cuenta
(…).
“El aspirante al municipio de oportunidad declarará en contra del señor
WÍLDER EMILIO VALDÉZ RÚA quien es un miembro activo de la Policía
Nacional, adscrito al primer esquema de seguridad de la Presidencia de
la República, este conoce de vieja data al aspirante al principio de
oportunidad por haber sido compañeros y amigos desde el momento en
que integraron el grupo JUNGLA de la misma institución, por esta razón
de manera insistente, aprovechando los lazos de hermandad entre este
y el aspirante le pidió recomendarle una persona, para que cometieran el
homicidio que el señor RAFAEL ENRIQUE BUSTAMENTE necesitaba
llevar a cabo en la ciudad de Sincelejo, en contra del señor ÉDGAR
ENRIQUE MEJÍA PUENTES.”37 (mayúsculas fijas del original - negrillas
adicionales).
35
En el formulario de arraigo FPJ-XX se consignó que el procesado se señaló como “profesión” la de “pensionado
PONAL” de 44 años (fl. 34, expediente no. 2010-0001-1).
36
Acerca de ese hecho, específicamente se manifestó: “esta defensa de manera respetuosa le solicita a usted su
señoría (…) que primero no hay oposición a la solicitud de la medida de detención preventiva y, segundo,
atendiendo las condiciones de mi defendido que es un agente pensionado de la Policía le ruego que esa sea
ordenada para el Centro Carcelario de Corozal que tiene un lugar allí para los funcionarios públicos (…).
La representante de víctimas: “Su señoría frente a la solicitud hecha totalmente de acuerdo con respecto a la
petición que se está haciendo en relación con poder que la medida de aseguramiento se haga efectiva en Corozal
(…) como garantía para las personas que son activos, o son funcionarios públicos, o como el señor que tiene la
calidad de pensionado (…).
Decisión: “nos vamos a basar en el arraigo porque lo realizó la Policía Judicial y goza de presunción de veracidad y
con base en ese arraigo modificaremos la decisión ordenando la reclusión en la cárcel de Sabanalarga en el
Atlántico, con relación al sitio de internación.” (audiencia, minutos 2:43:18, expediente no. 2019-00003-01, disponible
en: 70001233300020180022500).
37
Folio 279, archivo 2010-00003-1.pdf., disponible en: 70001233300020180022500.
24
Expediente 70001-23-33-000-2018-00225-01(71.270)
Actores: Carlos Javier Mejía Montoya y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
2.2.3 Análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual de la Nación –
Fiscalía General de la Nación
1) En cuanto a la Fiscalía General de la Nación, la atribución de responsabilidad debe
estudiarse desde la perspectiva de la supuesta omisión en la cual incurrió por no
adelantar las correspondientes investigaciones derivadas de las denuncias realizadas
por Édgar Enrique Mejía Montoya y su padre Édgar Enrique Mejía Puentes, con
ocasión de las amenazas recibidas por causa de las labores desempeñadas por estos
como asesor y gerente, respectivamente, en la Cooperativa Especializada de
Transportes Torcoroma.
2) Lo anterior obedece a que la Fiscalía General de la Nación no tiene como función
principal la de brindar protección directa a los ciudadanos, toda vez que, su labor
misional se concentra en la investigación y acusación penal de los presuntos
responsables de conductas delictivas, conforme a lo establecido en el artículo 250 de la
Constitución Política, el artículo 23 de la Ley 270 de 1996 y las disposiciones del
Código de Procedimiento Penal..
Aunque el numeral 7 del artículo 250 de la Constitución Política preceptúa que debe
velar por la protección de las víctimas, jurados, testigos y demás intervinientes en un
proceso penal, no hay que olvidar que la protección física y operativa referente a la
adopción de medidas tales como revistas, escoltas, seguridad, traslados, etc., se
encuentra a cargo de entidades como la Unidad Nacional de Protección (UNP), la
Policía Nacional y demás miembros de la Fuerza Pública.
Igualmente, es preciso señalar que, si bien la Fiscalía General de la Nación cuenta con
un Programa de Protección a Víctimas y Testigos, regulado por la Ley 418 de 1997 y
reglamentado en el Decreto 1066 de 2015, no obra en el expediente prueba alguna que
demuestre que la víctima directa o su padre hubiesen solicitado formalmente ser
acogidos a dicho programa.
3) Sin perjuicio de lo anterior, debe precisarse que, tras la denuncia interpuesta por el
señor Édgar Enrique Mejía Montoya el 22 de abril de 2013 ante la Fiscalía 22 Seccional
de Chinú (Córdoba) (fl. 51, cdno. ppal.), dicha autoridad judicial, al día siguiente, remitió
un oficio a la Estación de Policía de Sincelejo (Sucre) con el fin de que la Fuerza
Pública —como entidad que dispone de los medios idóneos para ello— adoptara las
medidas necesarias para garantizar la protección de la vida e integridad personal del
denunciante y de su núcleo familiar (fl. 57, cdno. ppal.).
25
Expediente 70001-23-33-000-2018-00225-01(71.270)
Actores: Carlos Javier Mejía Montoya y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
4) En lo que respecta a los deberes de investigación, cuyo cumplimiento podría haber
tenido un efecto disuasivo frente a la comisión del ilícito penal, la Sala advierte que las
pruebas allegadas al expediente dan cuenta de al menos tres (3) denuncias formuladas
tanto por el señor Édgar Enrique Mejía Montoya como también por su padre, Édgar
Enrique Mejía Puentes, ante distintas dependencias de la Fiscalía General de la
Nación.
5) De las denuncias presentadas, adquieren particular relevancia las radicadas el 22 de
abril y el 6 de mayo de 2013, en las cuales las víctimas formularon imputaciones
concretas contra el señor Edelberto Morales, socio de la Cooperativa Especializada de
Transportes Torcoroma, quien, presuntamente, se habría reunido con otros miembros
de dicha cooperativa —entre ellos Rafael Enrique Bustamante Ramírez y Carlos
Guerrero Ramírez— con el propósito de planear un atentado contra la vida del gerente
de la empresa, el señor Édgar Enrique Mejía Puentes.
6) De otro lado, en los distintos procesos penales adelantados se logró establecer que
el homicidio del señor Édgar Enrique Mejía Montoya fue el resultado del actuar de una
estructura criminal organizada en la que participaron varias personas con distintos
niveles de intervención; dentro de este entramado delictivo se identificó al autor
material del hecho, Éduard Stiven Padilla Álvarez; a su acompañante, Jhónatan
Vásquez; a la persona que los contactó en la ciudad de Pereira, Jaime Alfonso Villa; al
intermediario que recibió el encargo de coordinar la ejecución del homicidio, César
Augusto Hernández Restrepo y, finalmente, a quien fue señalado como autor
intelectual y determinador principal del crimen, el señor Rafael Enrique Bustamante
Pérez..
7) Lo anterior permite a la Sala destacar que las denuncias presentadas por las
víctimas se dirigieron principalmente contra uno de los socios de la Cooperativa
Especializada de Transportes Torcoroma, el señor Edelberto Cabrales Otero; de igual
forma, en dichas denuncias se hizo referencia expresa al señor Rafael Enrique
Bustamante Ramírez, quien —según se acreditó en el proceso penal— fue la persona
que impartió la orden de ejecutar el homicidio, inicialmente dirigido contra el señor
Édgar Enrique Mejía Puentes, pero, que en un giro de los acontecimientos, terminó
materializándose en la persona de su hijo, Édgar Enrique Mejía Montoya.
8) Ahora bien, la Sala considera que, si bien los hechos denunciados guardan una
relación directa con las motivaciones del homicidio —esto es, las desavenencias entre
26
Expediente 70001-23-33-000-2018-00225-01(71.270)
Actores: Carlos Javier Mejía Montoya y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
algunos socios de la mencionada empresa de transporte y la gestión gerencial de
Édgar Enrique Mejía Puentes, así como también la labor de asesoría desarrollada por
su hijo, Édgar Enrique Mejía Montoya—, este solo hecho no permite, por sí mismo,
imputar, válida y fundadamente, responsabilidad a la Fiscalía General de la Nación,
por las razones que se exponen a continuación:
a) Las pruebas allegadas al proceso permiten establecer que las distintas denuncias
presentadas por las víctimas fueron objeto del trámite investigativo correspondiente; en
efecto, frente a la denuncia radicada el 22 de abril de 2013, la Fiscalía 22 Seccional de
Chinú no solo cumplió con el deber de requerir a la Policía Nacional para que brindara
protección al señor Édgar Enrique Mejía Montoya, sino que, también adelantó
actuaciones dirigidas al esclarecimiento de los hechos; entre estas se destaca la
práctica de interrogatorio al entonces denunciado Edelberto Enrique Cabrales Otero,
quien negó cualquier participación, suya o de sus socios, en la planeación de un
atentado contra la víctima.
Si bien no aparece que se hubiera realizado entrevista a Rafael Enrique Bustamante
Pérez, lo cierto es que el denunciado principal era el señor Edelberto Enrique Cabrales
Otero.
b) Adicionalmente, se advierte que la investigación iniciada con ocasión de la denuncia
presentada el 22 de abril de 2013 no continuó su curso debido a que, según informe de
la Policía Judicial del 17 de noviembre de 201538, la víctima manifestó no tener interés
en proseguir con la actuación penal, toda vez que no había vuelto a recibir amenazas;
a ello se suma que, según lo indicado por la Fiscalía, no fue posible identificar a los
autores de dichas amenazas.
De este modo, resulta palmario que para el ente investigador no era previsible, con
base en los elementos probatorios disponibles en ese momento, anticiparse al hecho
de que, ocho (8) meses después de que el señor Édgar Enrique Mejía Montoya
manifestara no tener interés en que se continuara con el correspondiente proceso
penal se atentaría contra su vida; con mayor razón si se tiene en cuenta que fue él
mismo quien consideró que el trámite de la denuncia y la imposición de una fianza
habían logrado que el supuesto autor de las amenazas desistiera de llevar a cabo el
hecho criminal.
38
Folio 1, archivo 105Anexos.pdf., disponible en: 70001233300020180022500.
27
Expediente 70001-23-33-000-2018-00225-01(71.270)
Actores: Carlos Javier Mejía Montoya y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
c) Lo anteriormente expresado también se aplica a la denuncia radicada el 6 de mayo
de 2013 por parte del señor Édgar Enrique Mejía Puentes ante la Fiscalía Local SAU
de Sincelejo (Sucre), pues, no es más que una reiteración de la interpuesta el 22 de
abril de ese año por parte de su hijo.
d) En cuanto a la denuncia presentada el 24 de febrero de 2015 ante la Fiscalía
Seccional de Sincelejo, se advierte que esta fue diferente a las anteriores, por cuanto
en ella no se hizo referencia específica a las actuaciones de los socios de la
mencionada empresa de transportes —esto es, Edelberto Cabrales Otero y Rafael
Bustamante Ramírez—, sino a alias “Miguel”, quien, al parecer, pertenecía a una banda
criminal que pretendía extorsionar a Édgar Enrique Mejía Puentes; no obstante, dentro
de los procesos penales no se evidenció una conexión entre esta circunstancia
particular y el deceso de Édgar Enrique Mejía Montoya.
9) En estos términos, no es posible atribuir responsabilidad patrimonial extracontractual
a la Fiscalía General de la Nación por la muerte de Édgar Enrique Mejía Montoya,
debido a que no se acreditó que su actuación hubiera permitido o facilitado el deceso
como consecuencia del incumplimiento del deber de adelantar las respectivas
investigaciones penales; contrario sensu, está demostrado que dicha entidad
emprendió acciones, idóneas y pertinentes, orientadas a identificar y judicializar a los
responsables de las amenazas; cuestión distinta es que los elementos probatorios
disponibles para el momento de las denuncias, junto con las manifestaciones de la
propia víctima, condujeron a la conclusión de que no existía mérito suficiente para
continuar con las diligencias investigativas; en consecuencia, se confirmará en esta
instancia la decisión absolutoria frente a esa entidad.
2.2.4 Análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual de la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional
1) Acerca de la responsabilidad de la Policía Nacional, el recurso de apelación se
enfoca en sostener que a dicha institución le asiste responsabilidad por dos
circunstancias principales, (i) porque no ejerció medidas de protección a pesar del
conocimiento de las amenazas y, (ii) porque el homicidio se habría cometido con la
complicidad de miembros del Gaula, especialmente por la filtración de una denuncia
presentada el 17 de febrero de 2015 ante esta dependencia.
2) Según las pruebas recaudadas, la Policía Nacional sí tuvo oportunidad de conocer
de las amenazas emitidas en contra de las víctimas, en dos ocasiones diferentes: (i) a
28
Expediente 70001-23-33-000-2018-00225-01(71.270)
Actores: Carlos Javier Mejía Montoya y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
través del oficio remitido por la Fiscalía 22 Seccional de Chinú (Córdoba) a la Estación
de Policía de Sincelejo el 23 de abril de 2013, en el cual se solicitó que se ejerciera
todas las actividades tendientes a brindarle protección a Édgar Enrique Mejía Montoya
(fl. 57. cdno. ppal.) y (ii) el 16 de febrero de 2015, fecha en la cual había acudido al
Gaula de la Policía Nacional de Sucre para denunciar una llamada extorsiva en contra
de su hijo Édgar Enrique Mejía Montoya39 (fl. 71 cdno. ppal.).
3) En relación con la petición realizada mediante el oficio fechado el 23 de abril de
2013, la Policía Nacional aseguró que sí adoptó medidas efectivas para brindar
protección a la víctima; sobre ese hecho, se destaca el testimonio del Capitán Jónathan
Cáceres Aguilera rendido en este proceso, quien manifestó desempeñarse, para la
fecha de las primeras denuncias, como comandante de la Estación de Policía de
Sincelejo; indicó que, luego de revisar los archivos y documentos existentes en dichas
instalaciones, constató que durante el mes de abril de 2013 se realizaron revisiones
periódicas a la residencia de la víctima, al respecto expresó lo siguiente:
“PREGUNTADO: Indíquele al despacho si para el mes de abril de 2013 emitió
una orden de implementación de medidas policivas y protección al señor
Édgar Mejía en la ciudad de Sincelejo. CONTESTÓ: Sí efectivamente se
implementó medidas de revistas en su residencia del señor Édgar, fue
ordenado por parte de la Fiscalía, este comando de estación en su
momento dio trazabilidad al comandante del CAI, el comandante de CAI
hizo lo respectivo sobre las actividades de vigilancia en cuanto al
control y la revista de la misma. PREGUNTADO: Recuerda usted el
nombre o el apellido del CAI al cual se le ordenó implementar las medidas de
protección. CONTESTÓ: Se le ordenó al Subintendente Juan Enrique Pájaro
Crismat, quien en su momento atendía como comandante del CAI Florencia.
PREGUNTADO: Recuerda por cuanto tiempo fueron implementadas esas
medidas de protección. CONTESTÓ: Específicamente no recuerdo el tiempo,
pero, generalmente se cumplen por tres meses, no lo tengo claro.
PREGUNTADO: En qué lugar y dirección se hicieron dichas revistas y por
cuánto tiempo. CONTESTÓ: Específicamente no, pero ya le confirmo la
dirección, dice que el señor Édgar Mejía está ubicado en la transversal 33 No.
35 – 55 apartamento 101 del barrio Boston y al abonado telefónico el
3157183118, en ese lugar era que se hacía por parte del cuadrante.
PREGUNTADO: Usted supervisó por cuánto tiempo se hicieron esas
revistas y cuántas se alcanzaron a hacer. CONTESTÓ: Específicamente
claro no tengo, pero generalmente si reviso que las revistes se estén
dando como se ordene (…) las revistas son más o menos en el año 2013
(…) pero eso se hace dos o tres veces a la semana y cuando no hay
revistas físicas se toma contacto con las personas para ver el estado
seguridad. PREGUNTADO: Qué otras medidas adoptaron por parte de
las revistas. CONTESTÓ: no las revistas es lo único que se toma porque
es lo que ordena cuando se presentan este tipo de situaciones.
PREGUNTADO: Usted hizo algún tipo de informe o verificación, por
cuanto en el expediente solo aparece un oficio donde piden las revistas,
pero no hay documento que constate las mismas. CONTESTÓ: La
verdad no recuerdo. PREGUNTADO: Quien determina qué medidas de
39
Esto, según el contenido de pues la denuncia presentada el 24 de ese mes y año ante la Fiscalía Seccional de
Sincelejo.
29
Expediente 70001-23-33-000-2018-00225-01(71.270)
Actores: Carlos Javier Mejía Montoya y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
protección se deben practicar en cada caso. CONTESTÓ: Nosotros no
determinados estas revistas, en este caso fue Fiscalía (…) la verdad es
que no lo recuerdo, no recuerdo quien ordenó las medidas, pero son
medidas cautelares, lo que uno hace son revistas, no recuerdo
específicamente si ordenaron esas medidas. PREGUNTADO: Y la
periodicidad de esas revistas. CONTESTÓ: No dice periodicidad, pero eso
generalmente se hacen tres veces a la semana, de eso en su momento
se envía un acta de revistas, en ese momento, no sé si la persona a la
que se le dio la orden de hacer las revistas se la envió, pero sí se hacían
las revistas en ese momento. PREGUNTADO: Usted dijo que esas medidas
de protección se decretaron en el 2013, usted sabe si posteriormente se
decretaron otras medidas de protección. CONTESTÓ: No, no tengo
conocimiento.”40 (mayúsculas sostenidas del original - negrillas adicionales).
4) Según el testigo, sí se practicaron revistas periódicas a la residencia de la víctima
ubicada en la transversal 33 no. 35-55, apartamento 101, en el barrio Boston de la
ciudad de Sincelejo y, adicionalmente, hubo contacto permanente vía telefónica, visitas
que se habrían realizado de dos (2) a tres (3) veces por semana y, aproximadamente,
por un tiempo de tres (3) meses.
5) Debe resaltarse que el testigo no fue preciso en su relato y que incurrió en ciertas
contradicciones porque, al principio de su declaración expresó que a la víctima sí se le
prestaron medidas de protección consistentes en la realización de revistas ordenadas
por la Fiscalía General de la Nación, pero, después dijo no recordar exactamente quien
ordenó aquellas medidas; tampoco se aportó al proceso registro documental de la
realización de esas actividades.
6) No obstante, debe considerarse que, desde la emisión de la orden de protección por
parte de la Fiscalía 22 Seccional de Chinú, el 23 de abril de 2013, hasta el trágico
fallecimiento ocurrido el 6 de julio de 2016, transcurrieron más de tres (3) años; en
consecuencia, es palmario que, independientemente de si se implementaron o no
medidas de protección o de la idoneidad de estas, no es posible atribuir a la Fuerza
Pública la previsión de que el atentado se perpetraría después de un lapso tan
prolongado.
Tampoco es factible afirmar que se hubiera podido evitar o reducir de manera
significativa la probabilidad de que el hecho ocurriera, circunstancia que es más clara si
se tiene en cuenta que los planes criminales inicialmente estaban dirigidos a atentar
contra la vida del señor Édgar Enrique Mejía Puentes y no contra su hijo, el señor
Édgar Enrique Mejía Montoya, decisión que los autores del delito tomaron en el último
momento.
40
Archivo de audio: 70001-23-33-000-20180-022500 R700012300002CSJVirtual_01_ 20210803_094500_V, en
carpeta 70001-23-33-000-2018-022500, disponible en: 70001233300020180022500.
30
Expediente 70001-23-33-000-2018-00225-01(71.270)
Actores: Carlos Javier Mejía Montoya y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
7) Además, debe insistirse en que, en fecha posterior, la víctima no volvió a solicitar
protección, lo cual evidentemente no constituye motivo de reproche a la conducta de
Édgar Enrique Mejía Montoya, sino un hecho indicativo de que él mismo consideró a
finales del año 2015 que las amenazas habían sido superadas y que su seguridad ya
no estaba en riesgo.
Prueba de ello es lo consignado en el informe elaborado por la Policía Judicial el 17 de
noviembre de 2015, presentado ante la Fiscalía 22 Seccional de Chinú en el marco de
la investigación por dichos hechos; en dicho informe se dejó constancia de que,
durante una entrevista realizada al señor Édgar Enrique Mejía Montoya, este manifestó
que, desde que decidió denunciar a Edelberto Morales —socio de Rafael Bustamante
Pérez— y a quien se le impuso una fianza, “nunca más este señor se ha metido con él;
por tal motivo se consideró innecesario tomarle una nueva entrevista, ya que él hace
mucho tiempo no ha recibido amenazas” (fl. 1, archivo 105Anexos.pdf.).
8) Lo anteriormente expuesto implica que, para el momento de los hechos, ante la
ausencia de nuevas amenazas provenientes de los socios o miembros de la
Cooperativa Especializada de Transportes Torcoroma, el atentado ocurrido tres (3)
años después no podía considerarse, al menos para finales del año 2015, como una
amenaza cierta, inminente o actual; por lo tanto, no resulta jurídicamente posible
establecer, fundadamente, una relación de causalidad entre la presunta omisión
atribuida a la Policía Nacional y el fallecimiento de Édgar Enrique Mejía Montoya.
9) Sobre este aspecto, debe anotarse que la Corte Constitucional41 ha manifestado que
en el campo de aplicación de la seguridad personal es necesario verificar a qué nivel
de riesgo se encuentra sometida la víctima y, que el deber de protección se torna
obligatorio siempre que las personas se encuentren en situaciones que se ubican en el
nivel de riesgo extraordinario.
También ha señalado los criterios que deben considerase para establecer la
procedencia de la protección especial del Estado, específicamente en la sentencia T-
728 de 2010 expresó lo siguiente:
41
Sobre este punto, es preciso resaltar que la Corte Constitucional en la sentencia T-719 de 2003 estableció una
escala de riesgos, para lo cual tuvo en cuenta factores tales como los niveles de tolerabilidad jurídica del riesgo por
los ciudadanos en virtud del principio de igualdad ante las cargas públicas y los títulos jurídicos con base en los
cuales se puede invocar la intervención de las autoridades.
De esta forma, estableció cinco niveles de riesgo: (i) un nivel de riesgo mínimo en el cual la persona sólo se ve
amenazada en su existencia e integridad por factores individuales y biológicos; (ii) un nivel de riesgo ordinario, que
se genera simplemente por el hecho de vivir en sociedad; (iii) un nivel de riesgo extraordinario que debido a su
intensidad amerita la protección e intervención para garantizar la vida e integridad personal, el cual las personas no
están obligadas a soportar; (iv) un nivel de riesgo extremo; y (v) un nivel de riesgo consumado.
31
Expediente 70001-23-33-000-2018-00225-01(71.270)
Actores: Carlos Javier Mejía Montoya y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
“El derecho fundamental a la seguridad personal opera para proteger a las
personas en aquellas situaciones que se ubican en el nivel de los riesgos
extraordinarios, que el individuo no tiene el deber jurídico de soportar. A fin
de establecer si un riesgo puesto en conocimiento de las autoridades
tiene una intensidad suficiente como para ser extraordinario, el
funcionario competente debe analizar si confluyen en él algunas
características como que el riego sea “cierto, inminente y excepcional,
como consecuencia directa y en razón del ejercicio de sus actividades o
funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias”.
Cuando el riesgo se concreta en amenazas, la jurisprudencia ha establecido
una serie de criterios para la apreciación de los hechos constitutivos, a fin de
establecer la procedencia de la protección estatal (…).
La amenaza constituye, en palabras de la Corte, una violación potencial que
se presenta como inminente y próxima. En este sentido, el criterio para
valorar la existencia de la amenaza a los derechos fundamentales es racional.
Así, para que se configure la hipótesis constitucional de la amenaza se
requiere “la confluencia de elementos subjetivos y objetivos o externos:
el temor del sujeto que ve peligrar sus derechos fundamentales y la
convalidación de dicha percepción mediante elementos objetivos
externos, cuya significación es la que ofrecen las circunstancias
temporales e históricas en que se desarrollan los hechos.” (negrillas de la
Sala).
10) Con esta claridad, es preciso resaltar que la valoración de un hecho de amenaza
requiere la confluencia de elementos subjetivos y objetivos; es decir, tanto el temor del
sujeto amenazado como hechos que lo respalden, sobre la base de ser ciertos, serios y
fundados.
En el presente caso es posible evidenciar que, si bien la víctima expresó en el mes de
abril del año 2013 un temor indudable por el riesgo a su vida, esto obedeció a un
momento y circunstancias específicas que, con el paso del tiempo, cambiaron, pues,
para finales de 2015 el señor Mejía Montoya consideró que dicha situación de riesgo
había disminuido o superado, tal como lo manifestó ante la Policía Judicial en esa
misma época.
Esto permite colegir que, para la Policía Nacional, tampoco era posible percibir la
inminencia del riesgo al que la víctima estaba sometida, pues, en ese momento no se
contaba con elementos que permitieran advertir un plan inminente y cierto para cometer
el homicidio, el cual, según las declaraciones de quienes participaron en él, comenzó a
fraguarse en junio de 2016 y estaba inicialmente dirigido contra su padre42.
42
Según declaración de Jaime Alfonso Villa Cardona, rendida ante la Fiscalía 23 Seccional de Sincelejo, quien
expresó que en el mes de junio de 2016 lo llamó César Augusto Hernández para que viajara hasta Itagüí (Antioquia)
y desde allí a Sincelejo para conocer los lugares que frecuentaba el señor Édgar Enrique Mejía Puentes (fl. 32,
archivo 55CarpetaSeis.pdf).
32
Expediente 70001-23-33-000-2018-00225-01(71.270)
Actores: Carlos Javier Mejía Montoya y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
11) En relación con la denuncia presentada ante el Gaula de la Policía Nacional el 16
de febrero de 2015, referida en el documento remitido a la Fiscalía General de la
Nación el 24 de febrero de ese mismo año, se observa que dicha amenaza
aparentemente provenía de personas diferentes, específicamente de alias “Miguel”
quien afirmó ser miembro de las Autodefensas Gaitanistas.
De lo anterior se deriva que este hecho no tuvo relación alguna con el deceso de la
víctima dado que, hasta donde se conoce, el homicidio fue planeado por uno de los
socios de la empresa de transporte y no por un grupo paramilitar; tampoco se ha
probado que Rafael Enrique Bustamante Pérez tuviera vínculos con las referidas
autodefensas, adicionalmente, no existe evidencia de que ante esta nueva
circunstancia la víctima haya solicitado expresamente protección.
12) Por otra parte, sobre la posible participación de miembros de la Policía Nacional en
el homicidio de Édgar Enrique Mejía Montoya, la Sala procede a analizar las siguientes
circunstancias, algunas de las cuales fueron mencionadas en el recurso de apelación:
a) En la denuncia presentada el 24 de febrero de 2015 por Édgar Enrique Mejía
Puentes ante la Fiscalía Seccional de Sincelejo, este relató que su hijo había recibido
llamadas extorsivas el 17 de febrero de 2015 por parte de alias “Miguel”; de igual
manera, manifestó que a pesar de haber acudido al Gaula de la Policía Nacional de
Sucre para denunciar dicho hecho, la información fue filtrada desde esa entidad, pues,
posteriormente, el 18 de febrero del mismo año, recibió un mensaje de texto con el
siguiente contenido: “señor Édgar Mejía, buenas tardes. Ya sabemos que le pasó el
número al Gaula y así mismo nos tocará proceder con sus buses.” (fl. 72, cdno. ppal.).
Al respecto, no obra en el expediente prueba que demuestre que la información
hubiese sido filtrada por miembros del Gaula de la Policía Nacional ya que, también
cabría la posibilidad de que esa filtración se haya dado a través de la empresa de
transporte; en todo caso, no se ha establecido que dicho hecho de extorsión realizado
por un grupo de autodefensas guarde una relación directa con el homicidio de Édgar
Enrique Mejía Montoya, pues, como ya se ha explicado, se tiene conocimiento de que
este fue planeado y ejecutado por un socio de la Cooperativa Especializada de
Transportes Torcoroma, sin que exista evidencia que permita concluir la participación
de un miembro activo de la Fuerza Pública en su ejecución.
33
Expediente 70001-23-33-000-2018-00225-01(71.270)
Actores: Carlos Javier Mejía Montoya y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
b) Por otro lado, se destaca que en el curso de las investigaciones adelantadas dentro
de los procesos penales se estableció que la persona que contactó a Jaime Alfonso
Villa con el propósito de que este contratara a un sicario para atentar contra la vida de
Édgar Enrique Mejía Montoya fue el señor César Augusto Hernández, quien, para la
fecha de su captura, ostentaba la condición de pensionado de la Policía Nacional y
había pertenecido al grupo Jungla de dicha institución.
Sin embargo, también se ha determinado que César Augusto Hernández Restrepo,
para el momento de los acontecimientos ocurridos en el año 2016, ya no era miembro
activo de la Policía Nacional y, por lo tanto, no desempeñaba funciones dentro de esa
institución.
Lo anterior se sustenta en lo dicho por el testigo Paulo Andrés Arango Caro, quien el 30
de septiembre de 2019 rindió declaración en el proceso penal seguido en contra de
Rafael Enrique Bustamante Pérez ante el Fiscal Segundo Especializado de Sincelejo;
dijo que Hernández Pérez dejó de laborar para la Policía Nacional en el año 2012 por
motivo de que retiraba material del Armerillo para entregárselo a sicarios, empero, para
el momento del homicidio ya no pertenecía a la Fuerza Pública43, sin que por otra parte
se comprobara o precisara que el arma con la cual se cometió el homicidio
perteneciera a la Policía Nacional.
c) Otro de los medios de prueba relevantes para analizar una eventual participación de
miembros de la Policía Nacional en el homicidio de Édgar Enrique Mejía Montoya se
deriva de los documentos obrantes en la investigación adelantada contra César
Augusto Hernández Restrepo; de dicha actuación se extrae que el 15 de septiembre de
2020 la Fiscalía General de la Nación y el mencionado Hernández Restrepo
suscribieron un acta de compromiso con miras a la aplicación del principio de
oportunidad (fl. 270, exp. 2010-00003-1), en la cual este se comprometió a colaborar
con el procesamiento judicial del señor Wílder Emilio Valdés Rúa, quien, al parecer, sí
era miembro activo de la Policía Nacional para la época de los hechos y a quien
Hernández Restrepo habría solicitado recomendaciones para la ejecución del delito44.
43
Específicamente el testigo expresó: “A JAIME VILLA lo conozco desde el año 2013, pero me voy a remontar al año
2012, habiendo yo sido destituido de la Policía yo resulto implicado en un porte ilegal de armas y me capturan en la
ciudad de Pereira, concretamente en el peaje cerritos 2, así se llama, eso fue en septiembre 26 del año 2012, ya
CÉSAR estaba fuera de la Policía, ya él no era activo, concretamente lo retiran por facultad discrecional, yo
acudo a CÉSARA para que funja como investigador de mi caso a lo cual él aceptó (…)”. (fls. 52 a 54, archivo
054CarpetaSeis.pdf., disponible en: 70001233300020180022500.
44
Exactamente en dicha acta se expresó: “El aspirante al municipio de oportunidad declarará en contra del señor
WÍLDER EMILIO VALDÉZ RÚA quien es un miembro activo de la Policía Nacional, adscrito al primer esquema de
seguridad de la Presidencia de la República, este conoce de vieja data al aspirante al principio de oportunidad por
haber sido compañeros y amigos desde el momento en que integraron el grupo JUNGLA de la misma institución, por
esta razón de manera insistente, aprovechando los lazos de hermandad entre este y el aspirante le pidió
34
Expediente 70001-23-33-000-2018-00225-01(71.270)
Actores: Carlos Javier Mejía Montoya y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
No obstante, dicho documento presenta la dificultad de que no corresponde
propiamente a una declaración jurada del señor César Augusto Hernández Restrepo, ni
tampoco ofrece detalles específicos sobre las circunstancias en las cuales Wílder
Emilio Valdés Rúa habría participado en el homicidio de Édgar Enrique Mejía Montoya;
en particular, no se precisa si este último se valió de su condición de miembro activo de
la Fuerza Pública para la comisión del delito, tampoco se tiene conocimiento en este
proceso de que haya sido condenado por el referido homicidio.
13) Sobre esto último, en la apelación se afirmó lo siguiente:
“(…) tal como reposa en el expediente No. 2019-003, del hoy condenado
CÉSAR AUGUSTO HERNÁNDEZ RESTREPO, ex miembro del grupo
JUNGLA y GAULA DE LA PONAL, quien en su entrevista del 9 y 13 de
septiembre de 2019, obrantes en las pruebas aportadas por la Fiscalía
Especializada de Sincelejo y el Juzgado Décimo Penal del Circuito de
Bogotá DC – PROYECTO OIT, entre otras manifestaciones afirma que
tanto él como su compañero WÍLDER EMILIO VALDÉZ RÚA
(CONDENADO COMO AUTOR DEL HOMICIDIO) fueron miembros del
grupo JUNGLA DE LA PONAL y el prestó sus servicios igualmente al
GAULA y su amigo WÍLDER EMILIO VALDÉZ RUA era parte del esquema
de seguridad de los dos periodos del presidente ALVARO URIBE VÉLEZ,
después de un viaje al exterior, regresó para formar parte del esquema de
protección de la senadora PAOLA HOLGUÍN y que estando en ese
esquema, utilizaron para organizar el asesinato del líder gremial ÉDGAR
ENRIQUE MEJÍA MONTOYA los celulares asignados a la UNP”. (fl. 3,
índice 59, Samai de la primera instancia – mayúsculas fijas del original).
14) En ese contexto, una vez revisados los archivos documentales, los mismo que los
registros de audio y video aportados al proceso, correspondientes al expediente penal
con radicación no. 11001-31-07-010-2019-00003, se advierte que las actuaciones allí
contenidas se extienden hasta el 2 de marzo de 2021; sin embargo, no se evidencia
que en dicho expediente se encuentren las entrevistas de los días 9 y 13 de septiembre
de 2019 a las que hace referencia la parte apelante; en todo caso, se trataría de
entrevistas que aludirían al uso de elementos pertenecientes a la Unidad Nacional de
Protección (UNP), entidad que no fue vinculada como demandada en el presente
proceso.
Adicionalmente, después de verificar el sistema de consulta de procesos de la Rama
Judicial —Siglo XXI45—, se constató que contra el señor Wílder Emilio Valdés Rúa
efectivamente cursa un proceso penal que se tramita ante el Juzgado 11 Penal del
Circuito Especializado de Bogotá por el delito de homicidio, identificado con radicación
recomendarle una persona, para que cometieran el homicidio que el señor RAFAEL ENRIQUE BUSTAMENTE
necesitaba llevar a cabo en la ciudad de Sincelejo, en contra del señor ÉDGAR ENRIQUE MEJÍA PUENTES.” (fl.
279, archivo 2019-0003-1).
45
Disponible en: https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/procesos/bienvenida
35
Expediente 70001-23-33-000-2018-00225-01(71.270)
Actores: Carlos Javier Mejía Montoya y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
no. 11001-31-01-011-2022-00019-00; la última actuación registrada en dicho
expediente corresponde al 3 de noviembre de 2022 y hace referencia a la continuación
de la audiencia preparatoria; cabe señalar que el traslado de ese proceso no ha sido
ordenado dentro del presente trámite ni se tiene conocimiento, hasta la fecha, de la
existencia de una sentencia condenatoria ejecutoriada en contra del mencionado
procesado.
15) De otra parte, es cierto que Jaime Alfonso Villa para el momento en el cual fue
capturado fungía como director del INPEC en la ciudad de Palmira (Valle del Cauca),
así lo expresó en declaración jurada del 11 de abril de 2018 rendida ante la Fiscalía 23
Seccional de Sincelejo; no obstante, dijo que ese cargo lo desempeñaba desde el 3 de
noviembre de 2017, fecha posterior al deceso de la víctima, a lo cual debe adicionarse
que el INPEC es una organismo que no hace parte de la Policía Nacional y que
tampoco fue demandando en el presente proceso.
16) En el recurso de apelación también se señala que la víctima ostentaba la condición
de líder gremial y sindical, circunstancia que motivó las solicitudes de cambio de
radicación ante la Corte Suprema de Justicia, a raíz de lo cual los procesos penales
fueron asignados al Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá –
Proyecto OIT.
Al respecto, si bien es cierto que dichos procesos se tramitaron ante ese despacho
judicial por razón de que el señor Édgar Enrique Mejía Montoya también era director
ejecutivo de la sede regional Córdoba-Sucre de la Asociación Nacional de
Transportadores (ASONTRANS), no lo es menos que su fallecimiento no obedeció a
dicha calidad, sino a conflictos internos relacionados con el manejo societario de la
Cooperativa Especializada de Transportes Torcoroma, según fue establecido en las
respectivas decisiones adoptadas por la jurisdicción penal46.
46
Por ejemplo, en la sentencia del 27 de abril de 2021 del Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado
de Bogotá – Proyecto OIT que condenó a Rafael Enrique Bustamante Pérez, se expresó: “De los anteriores
medios de conocimiento se infiere con meridiana claridad que el deceso de ÉDGAR ENRIQUE MEJÍA
MONTOYA tuvo su origen en problemas societarios, o de manejo o incumplimiento de las labores o correcto
funcionamiento de la empresa Torcoroma Ltda, relacionados con la lucha de sus socios en obtener o
acaparar la gerencia dentro de los que estaba, entre otros, el socio RAFAEL BUSTAMANTE, lo cual se
corrobora con el contenido de la denuncia penal instaurada por el primero de los prenombrados y la posterior
entrevista que brindó a miembros de la Policía Judicial luego de acaecidos estos hechos.
Es más, el delegado fiscal al sustentar el móvil de este acontecimiento expuso, fue por las diferencias que
existían entre el acusado, señor RAFAEL BUSTAMENTE PÉREZ y dos de sus socios, esto es, los señores
ÉDGAR MEJÍA PUENTES y ÉDGAR ENRIQUE MEJÍA MONTOYA, la víctima, sin considerar el ejercicio
de aquella al interior de la citada Asociación de Transportes ASOTRANS (…)” (fl. 8, archivo
058CarpetaDiez.pdf.).
36
Expediente 70001-23-33-000-2018-00225-01(71.270)
Actores: Carlos Javier Mejía Montoya y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
17) Finalmente, la parte actora asegura que en el proceso con radicación no. 2016-
01411, miembros de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional
manipularon los elementos probatorios del proceso que dieron como resultado la
pérdida de una sim-card del teléfono móvil del autor material del hecho, con la finalidad
de desligar del proceso a otras personas que también fueron cómplices del asesinato.
Acerca de ese hecho la Sala observa que si bien es cierto que el 26 de septiembre de
2016, la apoderada de las víctimas en ese proceso presentó una queja por el extravío
de la sim-card del celular que portaba Éduard Stiven Padilla en el momento de su
captura (fl. 41, Archivo 113 Anexos.pdf.), no lo es menos que no existen pruebas que
demuestren que la pérdida de esa pieza probatoria hubiera sido producto de un actuar
deliberado de algún funcionario perteneciente a los entes demandados y menos aún
con la finalidad de ocultar a otro posible autor o partícipe en el homicidio del señor
Édgar Enrique Mejía Montoya.
18) En esos términos, debido a que no existe mérito probatorio respecto de una
necesaria e inequívoca relación causal entre las omisiones y actuaciones imputadas a
la Policía Nacional y el deceso de Édgar Enrique Mejía Montoya, también serán
negadas las pretensiones de la demanda respecto de dicha entidad.
3. Conclusión
No prospera el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en la medida
en que no se acreditó que la conducta de las entidades demandadas —a quienes se
atribuye el incumplimiento de su deber de protección y, específicamente en el caso de
la Policía Nacional, una participación directa a través de sus funcionarios— haya tenido
incidencia en el deceso del señor Édgar Enrique Mejía Montoya; por el contrario, las
circunstancias particulares de los hechos evidencian que se trató de un acontecimiento
imprevisible perpetrado por terceros.
En consecuencia, será confirmada la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo
de Sucre – Sala Primera de Decisión Oral que negó las pretensiones de la demanda.
4. Condena en costas
Según lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437, salvo en los procesos en se
ventile un interés público se condenará en costas, cuya liquidación y ejecución se regirá
37
Expediente 70001-23-33-000-2018-00225-01(71.270)
Actores: Carlos Javier Mejía Montoya y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
por las normas del Código de Procedimiento Civil. En esta línea el artículo 365 del
Código General del Proceso consagra que se condenará en costas “a la parte vencida
en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación,
casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto (…).”.
En atención a la precitada regla del artículo 365 del Código General del Proceso y en
vista de que la parte demandante es la vencida por el hecho de no haber prosperado el
recurso de apelación, es preciso condenar a los accionantes a pagar las costas en
segunda instancia, las cuales deberán ser liquidadas en forma concentrada por el
tribunal de primera instancia en los precisos términos de los artículos 365 y 366 del
CGP, incluidas las agencias en derecho, en favor de la Nación – Fiscalía General de la
Nación y de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Confírmase la sentencia del 9 de noviembre de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre – Sala Primera de Decisión Oral que negó las pretensiones de
la demanda.
2º) Condénase en costas en segunda instancia a los demandantes en favor de la
Nación – Fiscalía General de la Nación y la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional, tásense de manera concentrada por el tribunal de primera instancia, incluidas
las agencias en derecho.
3º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al Tribunal
de origen con las correspondientes constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Subsección Magistrado ponente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con los artículos 1 y 2 de la
Ley 2213 de 2022.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.