Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2018-00296-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2018-00296-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 70001-23-33-000-2018-00296-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 70001-23-33-000-2018-00296-01 (5497-2024)
Demandante: Habíd José Oviedo Díaz
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales1
Tema: Nivelación salarial y prestacional
Sentencia de segunda instancia
Asunto
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el 19 de junio de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Sucre, Sala Segunda de Decisión, mediante la cual accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Habíd José Oviedo Díaz presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en
orden a que se declarara la nulidad del Oficio 100000202-00235 del 16 de marzo
de 2018, por medio del cual la DIAN le negó el reconocimiento de las diferencias
salariales y prestacionales existentes entre los cargos de técnico en ingresos
públicos III, nivel 27, grados 14 y 15 (equivalente al de analista III, nivel 203,
grado 03, después de la expedición del Decreto 4049 de 2008), al que se
encontraba vinculado, y los jerárquicamente superiores a los que fue asignado y
cuyas funciones desempeñó. Asimismo, de la Resolución 004241 del 28 de mayo
de 2018 que confirmó la anterior decisión al resolver el recurso de reposición.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho solicitó (i) el reconocimiento de las diferencias salariales y prestacionales
entre los cargos en los que fue vinculado y los empleos jerárquicamente
superiores cuyas funciones desempeñó; (ii) la indexación de las sumas que
resultaran de lo que se resolviera; (iii) el cumplimiento de la sentencia en los
términos previstos en los artículos 192 y 195 del CPACA; y (iv) la condena en
costas a la entidad demandada.
1
En lo sucesivo DIAN.
2
En adelante CPACA.
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2
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. La Sala sintetiza como hechos relevantes los siguientes:
3.1. Habíd José Oviedo Díaz obtuvo el título de abogado el 22 de diciembre de
1995, otorgado por la Universidad Libre de Colombia, seccional «Barranquilla»
(sic). Posteriormente, el 22 de agosto de 2008 obtuvo el título de especialista en
derecho administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional
Montería.
3.2. Prestó sus servicios en la DIAN de Sincelejo. Durante su vinculación fue
nombrado en el cargo de técnico en ingresos públicos III, nivel 27, grado 15;
luego en el de técnico en ingresos públicos III, nivel 25, grado 15 y, más adelante,
como analista III, código 203, grado 03. Asimismo, fue ubicado en distintas
dependencias de la entidad, se le asignaron funciones relacionadas con las áreas
jurídicas y de orientación al contribuyente, y fue encargado en varias
oportunidades del empleo de gestor II, código 302, grado 02.
3.3. Las funciones que desempeñó durante su vinculación no se correspondían
con las previstas para los cargos en los que fue nombrado, sino a las asignadas
a empleos del nivel profesional.
3.4. El 31 de enero de 2018 solicitó a la DIAN el reconocimiento y pago
indexado de las diferencias salariales y prestacionales derivadas del desempeño
de funciones correspondientes a cargos jerárquicamente superiores. La petición
fue negada mediante el Oficio 100000202-00235 del 16 de marzo de 2018.
Decisión que fue confirmada a través de la Resolución 004241 de 28 de mayo de
2018, al resolverse el recurso de reposición interpuesto.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 13, 25, 122, 125 y 228 de la
Constitución Política; las leyes 4ª de 1992, 443 de 1998 y 909 de 2004; y el
Decreto 4049 de 2008.
5. En cuanto al concepto de violación, se expuso lo siguiente3:
5.1. Aunque se encontraba vinculado a la DIAN en cargos del nivel técnico y
posteriormente como como analista III, durante varios años desempeñó
funciones propias de empleos del nivel profesional, especialmente en el área
jurídica, relacionadas con la resolución de recursos, representación judicial y
extrajudicial de la entidad y apoyo jurídico especializado. Esta situación
desconoció los principios de igualdad, trabajo en condiciones dignas y justas y de
primacía de la realidad sobre las formas, toda vez que ejerció funciones de mayor
responsabilidad sin recibir la remuneración correspondiente.
3
Samai Tribunal Administrativo de Sucre, proceso con radicado 70001-23-33-000-2018-00296-00,
índice 4, actuación «Incorpora expediente digitalizado», documento
«10_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_CUADERNOPRINCIPAL1(.pdf) NroActua 4»,
archivo «10_700012333000201800296001INCORPORAEXPED20220920101710», folios 1 a 31.
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3
5.2. Las pruebas aportadas al expediente demostraban que desempeñó
labores asignadas a empleos «como Profesional en Ingresos Públicos o Profesional
en Ingresos Públicos II 31-21, Gestor II o Gestor III del Área Jurídica y Gestor II o Gestor
III de Asistencia al Cliente y Gestión Masiva», por lo que le asistía el derecho al
reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales derivadas de
dichas funciones.
5.3. Los actos administrativos demandados se encontraban afectados por las
causales de infracción de las normas en que debían fundarse y falta de
motivación, en la medida en que la entidad demandada entendió de forma
equivocada que solicitaba una homologación o nivelación de cargos, cuando en
realidad pretendía el reconocimiento de las diferencias salariales y prestacionales
derivadas del desempeño de funciones correspondientes a empleos de superior
jerarquía, sin que ello implicara un ascenso dentro de la carrera administrativa.
1.2. Contestación de la demanda
6. La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda en los siguientes
términos4:
6.1. El régimen de empleo público y de carrera administrativa impedía
reconocer remuneraciones distintas de las legalmente previstas para cada cargo.
Las actividades desempeñadas por el actor se habían desarrollado en el marco
de situaciones administrativas autorizadas por la normativa aplicable, como lo
eran asignaciones de funciones, comisiones de servicio, traslados y encargos, las
cuales no modificaban la titularidad del empleo ni generaban el derecho a percibir
una asignación salarial correspondiente a cargos del nivel superior.
6.2. De conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado5, el
reconocimiento de las diferencias salariales por aplicación de los principios de
primacía de la realidad sobre las formas y de «a trabajo igual, salario igual», exigía
acreditar que el servidor hubiera asumido material e íntegramente las funciones
de un empleo distinto y de superior categoría, y no únicamente de algunas de
ellas, circunstancia que no se encontraba demostrada en el caso concreto.
6.3. Las funciones desarrolladas por el demandante obedecieron a las
necesidades del servicio y a las distintas situaciones administrativas formalmente
dispuestas por la DIAN, las cuales se ajustaron al régimen especial de carrera de
la entidad y las normas generales de la función pública.
6.4. Así las cosas, no existía fundamento jurídico para reconocer diferencias
salariales o prestacionales entre el empleo del que era titular el actor y los cargos
del nivel profesional con los que pretendía efectuar la comparación, por lo que se
4
Samai Tribunal Administrativo de Sucre, proceso con radicado 70001-23-33-000-2018-00296-00,
índice 4, actuación «Incorpora expediente digitalizado», documento
«6_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_CUADERNOPRINCIPAL3(.pdf) NroActua 4»,
archivo «6_700012333000201800296001INCORPORAEXPED20220920100936», folios 182 a
198.
5
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de octubre de 2006,
radicado 25000-23-25-000-2001-06786-01 (6786-05). Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 21 de octubre de 2010, radicado 25000-23-25-000-2002-09601-01
(0266-08). Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de septiembre
de 2012, radicado 15001-23-31-000-2006-02818-01 (1200-2012).
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4
debían negar las pretensiones de la demanda.
6.5. Propuso las siguientes excepciones: (i) «prescripción extintiva»; y (ii)
«ausencia de causa para pretender».
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión, en
sentencia del 19 de junio de 20246 accedió de manera parcial a las pretensiones
de la demanda. Para el efecto resolvió:
«[…] PRIMERO: DECLARAR la nulidad del Oficio No.100000202-00235 de 16 de
marzo de 2018, a través del cual, la DIAN negó a favor del señor Habid José Oviedo
Díaz, el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales
existentes entre los cargos de Técnico en Ingresos Públicos III Nivel 27 Grado 14,
Técnico en Ingresos Públicos III Nivel 27 Grado 15, y Analista III Nivel 203 Grado 03,
a los que legalmente se encontraba vinculado - cargos jerárquicamente superiores; y
la Resolución No.004241 de 28 de mayo de 2018, que confirmó la decisión anterior,
según lo expuesto.
SEGUNDO: DECLÁRESE probada parcialmente la excepción de prescripción, según
lo expuesto
TERCERO: En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, CONDÉNESE
a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN a reconocer y
pagar al señor HABID JOSÉ OVIEDO DÍAZ, la diferencia salarial entre el cargo de
Analista III Código 203 Grado 03 y Gestor II Código 302 Grado 02, durante el período
comprendido desde el 31 de enero de 2015, hasta el 28 de agosto de 2016, por
prescripción parcial del derecho reclamado.
[…]
SEXTO: NO CONDENAR EN COSTAS, […]». (sic)
8. Para tal efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial
aplicable al asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente:
8.1. Se encontró acreditado que el demandante se había vinculado a la DIAN
en cargos del nivel técnico (técnico en ingresos públicos III, grados 14 y 15 y,
posteriormente, analista III, código 203, grado 03); sin embargo, desempeñó
durante varios periodos funciones propias de empleos del nivel profesional,
especialmente en el área jurídica. Lo anterior, conforme con la valoración de las
certificaciones expedidas por la DIAN sobre las funciones desempeñadas por el
actor, los actos administrativos de nombramiento, ubicación, comisión y encargo,
las constancias de representación judicial de la entidad en procesos
contencioso-administrativos, constitucionales y penales, así como la
documentación relacionada con su formación profesional como abogado y
especialista en Derecho Administrativo.
8.2. Las funciones efectivamente desarrolladas por el demandante
comprendían actividades de representación judicial de la entidad, actuación en
procesos penales y contencioso-administrativos, formulación de denuncias,
atención de asuntos de vía gubernativa, elaboración de proyectos de actos
6
Samai Tribunal Administrativo de Sucre, proceso con radicado 70001-23-33-000-2018-00296-00,
índice 18, actuación «Sentencia anticipada», documento «39Sentencia
antic_SNYR20180029600DIFER(.pdf) NroActua 18», archivo
«39_Sentenciaantic_SNYR20180029600DIFER_0_20240703091841188».
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administrativos y coordinación de asuntos jurídicos, labores que correspondían a
cargos del nivel profesional de la planta de personal de la DIAN y exigían
conocimientos propios de la profesión de abogado. Además, actuó como
apoderado judicial de la entidad en numerosos procesos, circunstancia que
evidenciaba el ejercicio de funciones ajenas al nivel técnico de los cargos de los
cuales era titular.
8.3. A partir del análisis de la nomenclatura y clasificación de empleos de la
DIAN, particularmente de los decretos 968 de 1993 y 4049 de 2008, existía una
diferencia entre los cargos del nivel técnico ocupados por el actor y aquellos del
nivel profesional respecto de los cuales reclamaba las diferencias salariales. No
obstante, en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas
previsto en el artículo 53 de la Constitución Política, lo relevante era establecer
las funciones efectivamente ejercidas y no únicamente la denominación formal
del empleo.
8.4. Así las cosas, el demandante tenía derecho al reconocimiento de las
diferencias salariales derivadas del desempeño de funciones correspondientes a
cargos del nivel profesional, al encontrarse demostrado que ejecutó actividades
propias de dichos empleos sin recibir la remuneración correspondiente. Sin
embargo, ello no implicaba el reconocimiento de un ascenso o nombramiento en
tales cargos, por cuanto el ingreso y promoción en la carrera administrativa
estaban sujetos al cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales
aplicables.
8.5. Las diferencias salariales reclamadas constituían derechos de naturaleza
laboral sometidos al término prescriptivo de 3 años previsto en el artículo 41 del
Decreto 3135 de 1968. Como la reclamación administrativa fue presentada el 31
de enero de 2018, se encontraban prescritas las acreencias causadas con
anterioridad al 31 de enero de 2015.
8.6. En consecuencia, procedía la nulidad de los actos administrativos
demandados, el reconocimiento de las diferencias salariales correspondientes al
período no afectado por la prescripción y la reliquidación de las prestaciones
sociales causadas durante dicho lapso con fundamento en los valores que
debieron ser efectivamente percibidos.
8.6. La condena en costas era improcedente, toda vez que no existió
«infundabilidad manifiesta de la demanda» (sic) ni se advirtió su causación. Lo
anterior, conforme con lo previsto en los artículos 188 del CPACA (adicionado por
el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021), 365 y 366 del Código General del
Proceso7.
1.4. Los recursos de apelación
9. El demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia al considerar lo siguiente8:
7
En lo que sigue CGP.
8
Samai Tribunal Administrativo de Sucre, proceso con radicado 70001-23-33-000-2018-00296-00,
índice 22, actuación «Memorial recibido», documento «48RecursoApelacion(.pdf) NroActua 22»,
archivo «48_Memorialrecibi_53RecursoApelacionpd_1_20240722080331414».
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6
9.1. No operó la prescripción en el caso concreto, pues el término trienal
previsto en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 148 de
1969 solo operaba respecto de derechos laborales previamente exigibles,
circunstancia que no se configuraba en el caso concreto.
9.2. La pretensión no recaía sobre una prestación expresamente reconocida
por el ordenamiento, sino sobre el reajuste salarial derivado de la aplicación de
principios constitucionales a una situación fáctica en la que desempeñó funciones
correspondientes a cargos de superior jerarquía. Por ello, la exigibilidad del
derecho únicamente podría predicarse a partir de la ejecutoria de la providencia
que lo reconoció.
9.3. En consecuencia, se debía dejar sin efectos la declaratoria de prescripción
y acceder a la totalidad de las súplicas de la demanda.
10. La DIAN apeló la decisión del a quo con fundamento en los siguientes
argumentos9:
10.1. No acreditó que el demandante hubiera desempeñado durante el período
no afectado por la prescripción (31 de enero de 2015 a 28 de agosto de 2016) las
funciones correspondientes a cargos del nivel profesional que justificaran el
reconocimiento de diferencias salariales. El tribunal realizó un análisis general de
la trayectoria laboral del actor, sin verificar de manera específica las funciones
efectivamente desarrolladas durante dicho lapso.
10.2. Las pruebas documentales demostraban que para los años 2015 y 2016 el
actor no se encontraba adscrito al área jurídica de la entidad y que únicamente
participó en una audiencia penal en virtud de una comisión de servicios puntual,
circunstancia insuficiente para concluir que ejerció de manera permanente
funciones propias de abogado o de cargos del nivel profesional.
10.3.Las funciones desempeñadas por el actor en el cargo de analista III,
código 203, grado 03, correspondían a las previstas para dicho empleo y la
asignación ocasional de alguna actividad propia de un cargo profesional no
generaba, por sí sola, el derecho a una nivelación salarial.
10.4. Conforme con la jurisprudencia del Consejo de Estado10, el reconocimiento
de diferencias salariales exigía acreditar que el servidor desempeñara la totalidad
de las funciones, responsabilidades y requisitos propios del empleo con el que se
pretendía la equiparación, lo cual no se encontraba demostrado en el caso
concreto.
10.5. En consecuencia, se debía revocar la sentencia de primera instancia y
negar las pretensiones de la demanda.
9
Samai Tribunal Administrativo de Sucre, proceso con radicado 70001-23-33-000-2018-00296-00,
índice 23, actuación «Memorial recibido», documento «50RecursoApelacionDIAN(.pdf) NroActua
23», archivo «50_Memorialrecibi_55RecursoApelacionDI_1_20240722083924757».
10
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 24 de mayo de 2024,
radicado 25000234200020140381601 (5531-2019).
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7
1.5. Pronunciamientos en segunda instancia
11. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar11.
1.6. Concepto del Ministerio Público
12. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
13. La Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación es
competente para conocer del recurso de apelación, de conformidad con los
artículos 125 y 150 del CPACA, según los cuales «(l)as salas, secciones y
subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos (...)».
2.2. Los problemas jurídicos
14. De acuerdo con el artículo 328 del Código General del Proceso12, la
competencia del juez de segunda instancia está enmarcada por los argumentos
expuestos en los recursos de apelación, en esas condiciones, el problema
jurídico que se debe resolver en esta instancia se contrae a determinar:
14.1. ¿si Habíd José Oviedo Díaz tenía derecho al reconocimiento y pago de las
diferencias salariales y prestacionales reclamadas, con fundamento en el
desempeño de funciones propias de los cargos de «Profesional en Ingresos
Públicos o Profesional en Ingresos Públicos II 31-21, Gestor II o Gestor III del Área
Jurídica y Gestor II o Gestor III de Asistencia al Cliente y Gestión Masiva» respecto de
los empleos en los que fue nombrado?
14.2. En caso afirmativo, ¿si frente a dichas acreencias operó el fenómeno de la
prescripción respecto de alguno de los periodos reclamados?
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Del empleo público y su remuneración
15. Al referirse a la función pública, el artículo 122 de la Constitución Política
prescribe «(n)o habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o
reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén
contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto
correspondiente». A su vez el artículo 123 ibidem prevé que «(s)on servidores
11
Así se dispuso en el auto admisorio de la demanda proferido el 29 de noviembre de 2024.
Samai, índice 4, actuación «Auto que admite recurso de apelación», documento
«5Autoqueadmite_54972024Admiterecurs(.pdf) NroActua 4», archivo
«5_Autoqueadmite_54972024Admiterecurs_0_20241219120504707».
12
En lo que sigue CGP.
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8
públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del
Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios», quienes
«(…) ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el
reglamento».
16. En esencia, desde el Decreto 2400 de 1968 la noción de «empleo» se
determina a partir de varios elementos13 que se mantienen en la Ley 909 de
2004. El primero es el aspecto objetivo, delimitado por el conjunto de funciones,
tareas y responsabilidades. El segundo se trata de un aspecto subjetivo referido
a la asignación que se le hace a una persona con las competencias necesarias
para llevar a cabo ese conjunto de funciones. Un tercero es el teleológico, que se
deriva del artículo 2 de la Carta Política que orienta la actividad de las
autoridades a la consecución de los fines del Estado.
17. En efecto, el artículo 19 de la Ley 909 del 23 de septiembre de 2004
delimita el concepto y la estructura del empleo público en los siguientes términos:
Artículo 19. El empleo público.
1. El empleo público es el núcleo básico de la estructura de la función pública objeto
de esta ley. Por empleo se entiende el conjunto de funciones, tareas y
responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas para
llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de
desarrollo y los fines del Estado.
2. El diseño de cada empleo debe contener:
a) La descripción del contenido funcional del empleo, de tal manera que permita
identificar con claridad las responsabilidades exigibles a quien sea su titular;
b) El perfil de competencias que se requieren para ocupar el empleo, incluyendo los
requisitos de estudio y experiencia, así como también las demás condiciones para el
acceso al servicio. En todo caso, los elementos del perfil han de ser coherentes con
las exigencias funcionales del contenido del empleo; […].
18. A su vez, el artículo 20 de la Ley 909 de 2004, al reglar los «cuadros
funcionales», permite la agrupación de empleos semejantes. Estas similitudes se
predican de «la naturaleza general de sus funciones, sus responsabilidades» y de que
requieran de «conocimientos y/o competencias comunes». Ello con la finalidad de
regular, entre otros aspectos, el «acceso, el ascenso, el sistema retributivo y la
capacitación de los empleados públicos de carrera»14.
19. Ahora, en cuanto a la remuneración de este personal, el artículo 2 de la
Ley 4ª de 1992 señala los criterios y objetivos que debe tener en cuenta el
gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los
servidores públicos, dentro de los cuales se encuentran:
[…] i) La racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es, las
limitaciones presupuestales para cada organismo o entidad;
j) El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus responsabilidades
y las calidades exigidas para su desempeño;
13
El artículo 2 del Decreto 2400 de 1968 señaló: Se entiende por empleo el conjunto de funciones
señaladas por la Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad competente que
deben ser atendidas por una persona natural […]».
14
Artículo 20.2 de la Ley 909 de 2004.
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9
k) El establecimiento de rangos de remuneración para los cargos de los niveles
profesional, asesor, ejecutivo y directivo de los organismos y entidades de la Rama
Ejecutiva y de la Organización Electoral; […].
20. En línea con lo anterior, el artículo 3 de la misma Ley 4ª de 1992 determina
que el sistema salarial de los servidores públicos está integrado por i) la
estructura de los empleos, que se define de acuerdo con las funciones que se
deban desarrollar; y ii) la escala y tipo de remuneración para cada cargo o
categoría de cargos.
21. Conforme con lo expuesto en precedencia, la definición de las funciones
que desarrollan los empleados públicos tiene trascendencia constitucional, no
solo porque el artículo 122 de la Carta Política proscribe la existencia de un
empleo público que no tenga funciones detalladas en un instrumento jurídico,
sino porque es determinante para la garantía del derecho a la igualdad en
materia salarial15 y la proporcionalidad de la remuneración respecto de la calidad
y cantidad de trabajo16. Es alrededor de estas funciones que se establecen la
forma de provisión de los empleos17, así como los requisitos y calidades para su
desempeño18.
22. Precisamente, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos
depende de factores variables, entre ellos la naturaleza de las funciones, las
calidades exigidas para su desempeño, la estructura de los empleos y la escala y
el tipo de remuneración para cada cargo. Estos elementos se reflejan en el
sistema de nomenclatura, clasificación y remuneración diseñado para ordenar los
diferentes empleos de la administración pública.
23. Este sistema comprende: i) el nivel, que agrupa los cargos por su jerarquía
con base en la naturaleza de las funciones, responsabilidades y complejidad; ii)
la denominación, entendida como el nombre o identificación del conjunto de
deberes, atribuciones y responsabilidades que constituyen un empleo; iii) la
clase, referida al grado de importancia dentro del nivel; iv) el código, que
corresponde al número utilizado para el manejo sistematizado del régimen de
clasificación y remuneración de cada cargo; v) el grado, que indica la asignación
mensual del empleo dentro de una escala progresiva, según la complejidad y
responsabilidad de las funciones; y vi) la remuneración asignada a cada grado.
24. Asimismo, la configuración de la nomenclatura constituye un elemento de
especial relevancia en la organización de los empleos, pues, además de definir
las funciones y responsabilidades de cada servidor, determina la escala salarial
que le corresponde, en atención a su nivel, denominación, código y grado dentro
de la función pública.
2.4.2. Sobre el deber de acreditar el cumplimiento de iguales funciones del
cargo del cual se pretende la nivelación salarial
15
Artículo 13 ibidem.
16
Artículo 153 ibidem.
17
Artículo 5 de la Ley 909 de 2004.
18
Artículo 19 de la Ley 909 de 2004.
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25. En materia de equivalencia de esquemas remunerativos cuando se alega
por la parte demandante el desempeño de un empleo igual al comparado, pero
con mejor condición salarial de la propia entidad, la sentencia del 9 de diciembre
de 201919 precisó las condiciones para la procedencia de tal clase de
pretensiones, al indicar que:
«[…] Quien pretenda la nivelación salarial porque considera que la función que cumple
resulta equiparable a la de otro funcionario que se remunera con mayor salario, debe
acreditar que: a) Cumplía las mismas funciones que este, b) contaba con la misma
preparación y c) debe acreditar los requisitos que exige el empleo. El incumplimiento
de esta carga procesal trae consecuencias desfavorables para la parte por cuanto al
no probar los supuestos de hecho que alega se somete a que la decisión se profiera
en su contra, ya sea con fundamento en lo probado por la otra parte o por la ausencia
de pruebas que avalen sus alegatos […]». (se subraya).
26. Respecto de este planteamiento, la Corte Constitucional20 también se
pronunció del siguiente modo:
«[…] En estas condiciones, “el patrono no puede fijar de manera arbitraria los
salarios de sus empleados, preferir o discriminar a algunos de ellos, hallándose todos
en igualdad de condiciones”. Sin embargo, es preciso advertir que la igualdad
predicada obedece a criterios objetivos y no meramente formales, aceptando
entonces homogeneidad entre los iguales, pero admitiendo también diferenciación
ante situaciones desiguales...”
[…]
7.- Respecto del tema específico de la igualdad en materia salarial, ya la Corte se
pronunció para determinar los eventos en los cuales ella debe ser igual entre dos
trabajadores. Esto ocurre cuando se reúnen los siguientes presupuestos fácticos: i)
ejecutan la misma labor, ii) tienen la misma categoría, iii) cuentan con la misma
preparación, iv) coinciden en el horario y, finalmente, cuando (v) las
responsabilidades son iguales […]».
27. Lo anterior se sustenta en la medida en que el juicio de igualdad en el
ámbito de las controversias derivadas del trabajo no puede ser formal sino
objetivo y material, tal como lo ha reiterado la Corte21, así:
«[…] De ahí pues que la igualdad de trato en la relación laboral no sólo deriva de una
regla elemental de justicia en los estados democráticos sino de la esencia de la
garantía superior al trabajo, ya sea que éste se preste ante entidades públicas o
privadas. (…) Por lo tanto no toda desigualdad o diferencia de trato en materia salarial
constituye una vulneración de la Constitución, pues se sigue aquí la regla general la
19
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.
Sentencia del 9 de diciembre de 2019. Radicado: 76001-23-31-000-2011-00572-01 (4858-18).
20
Sentencias T- 027 de 1997, SU-111 de 1997 y T-272 de 1997 Corte Constitucional. Esta
corporación también señaló al respecto en la sentencia del 19 de julio de 2007 Radicado 454
A-2007 lo siguiente: «(…) Al respecto, se ha afirmado que ''en materia salarial, si dos o más
trabajadores ejecutan la misma labor, tienen la misma categoría, igual preparación, los mismos
horarios e idénticas responsabilidades, deben ser remunerados en la misma forma y cuantía, sin
que la predilección o animadversión del patrono hacia uno o varios de ellos pueda interferir el
ejercicio del derecho al equilibrio en el salario, garantizado por la Carta Política en relación con la
cantidad y calidad de trabajo'' Sentencia SU-519 de 1997 (…)» (se subraya).
21
Corte Constitucional. Sala novena de revisión. Sentencia T-833 del 23 de octubre de 2012.
Expediente: T-3.561.818 y sentencia C-071 del 25 de febrero de 1993 de la Sala Plena de dicha
corporación en el expediente: D-113. Se aclara en este punto que a pesar de que la primera de
las providencias referidas es de revisión de tutela con efectos inter partes, lo cierto es que dentro
de su parte considerativa se desarrolló una regla jurisprudencial de aplicación homogénea en
clave de precedente relacionada con lo casos en los que se invoca la igualdad para efectos de
nivelación salarial.
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cual señala que un trato diferente sólo se convierte en discriminatorio (y en esa
medida en constitucionalmente prohibido) cuando no obedece a causas objetivas y
razonables, mientras que el trato desigual es conforme a la Carta cuando la razón de
la diferencia se fundamenta en criterios válidos constitucionalmente. En consecuencia
no toda diferencia salarial entre trabajadores que desempeñan el mismo cargo vulnera
el principio “a trabajo igual salario igual”, como quiera que es posible encontrar
razones objetivas que autorizan el trato diferente.”22
6. El principio a trabajo igual, salario igual, responde entonces a un criterio relacional,
propio del juicio de igualdad. Por ende, para acreditar su vulneración debe estarse
ante dos sujetos que al desempeñar las mismas funciones y estar sometidos al mismo
régimen jurídico de exigencias de cualificación para el empleo, son comparables y, no
obstante ello, reciben una remuneración diferente. Se insiste entonces en que la
discriminación salarial injustificada debe basarse en la inexistencia de un parámetro
objetivo, discernible y razonable, que justifique la diferenciación.
Así, la jurisprudencia constitucional ha catalogado como razones admisibles de
diferenciación salarial, entre otras (i) la aplicación de criterios objetivos de evaluación
y desempeño23; (ii) las diferencias de la estructura institucional de las dependencias
públicas en que se desempeñan cargos que se muestran prima facie análogos24; y
(iii) la distinta clasificación de los empleos públicos, a partir de la cual se generan
diferentes escalas salariales, que responden a cualificaciones igualmente disímiles
para el acceso a dichos empleos25[…]». (cursiva del texto original)
28. Estas consideraciones implican que en los asuntos en los que existe una
aparente igualdad basada exclusivamente en el ejercicio homogéneo de algunas
funciones que le corresponden a un empleo con mejor remuneración, o en la sola
nomenclatura semejante de la plaza ocupada, dichos supuestos no pueden ser
suficientes para fijar un criterio de equiparación viable en lo relativo a la
nivelación salarial, pues deberán valorarse todas las condiciones particulares de
cada empleo en contraste desde diferentes aristas objetivas, de suerte que un
examen adecuado para hallar un trato discriminatorio únicamente puede ser
predicado entre pares y no entre similares con ciertas diferencias.
29. Conforme con lo esbozado, se precisa que quien pretenda el pago de una
diferencia en su remuneración porque considera que las funciones que cumple
resultan asimilables a las de otro servidor cuya asignación es mayor, debe
acreditar que existe un criterio de igualdad entre los dos para poder evidenciar si
se presenta un trato disímil injustificado, aspecto que solo se logra si se
comprueba fehacientemente que quien está en la supuesta situación
desfavorable: (a) desarrollaba las mismas funciones y tenía iguales
responsabilidades que las de la plaza comparada; (b) contaba con idéntica
preparación o perfil al de un funcionario que ocupaba el cargo contrastado; (c)
acreditaba la totalidad de requisitos exigidos para desempeñar el empleo
cotejado; y (d) detentaba un vínculo laboral con el Estado homogéneo al del
extremo comparado.
30. En conclusión, en los eventos en los cuales se deba aplicar la igualdad
salarial entre dos trabajadores que desempeñen cargos distintos dentro de la
planta de personal de una entidad es necesario que se acrediten 3 presupuestos
fácticos: (i) que ambos trabajadores ejecuten igual labor o función; (ii) que
cuenten con idéntica preparación; y (iii) que el trabajador que solicita la igualdad
22
«Corte Constitucional, sentencia T-545A/07».
23
«Corte Constitucional, sentencia T-1075/00»
24
«Corte Constitucional, sentencias T-1098/00 y T-545A/07»
25
«Corte Constitucional, sentencia T-105/02».
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cumpla con los requisitos exigidos por el empleo del cual pide su nivelación
salarial.
2.5. Caso concreto
2.5.1. Lo probado dentro del proceso
31. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente26:
31.1. De conformidad con el diploma universitario, Habíd José Oviedo Díaz
obtuvo el título de abogado el 22 de diciembre de 1995 otorgado por Universidad
Libre de Colombia, seccional Atlántico.
31.2. Por medio de la Resolución 1302 del 11 de marzo de 1996, suscrita por el
director y el subdirector de la DIAN, fue nombrado en el cargo de técnico en
ingresos públicos III, nivel 27, grado 14, de la División Delegada de Fiscalización
de la Administración Local de Impuestos y Aduanas de Sincelejo, del cual tomó
posesión el 15 de marzo a través del Acta 2 de esa fecha.
31.3. Con el Acta de Posesión y Ubicación 0039 del 31 de julio de 1997, tomó
posesión del cargo de técnico en ingresos públicos III, nivel 27, grado 14, ubicado
en la División de Control y Penalización Tributaria de la Administración de
Impuestos Nacionales de Sincelejo, de conformidad con «la resolución No. 0004 de
30 de julio de 1997».
31.4. La Resolución 0193 del 13 de agosto de 1997, expedida por la
Administración Local de Impuestos Nacionales de Sincelejo, lo ubicó en la
División Despacho del Administrador, a partir del 1 de septiembre de 1997, para
desempeñar labores de asesor.
31.5. Con la Resolución 0211 del 26 de septiembre de 1997, el administrador
local de Impuestos Nacionales de Sincelejo le asignó «funciones de Coordinador
del Area Jurídica, Orientación al Contribuyente, Relatoría y del Comité de Quejas,
Reclamos y Sugerencias de esta Administración Local, a partir del día 26 de
septiembre/97 y en forma definitiva, al Doctor HABID OVIEDO DIAZ (…), Técnico en
Ingresos Públicos III Nivel 27 Grado 14» (sic).
31.6. Por medio de las resoluciones 044 del 11 de marzo de 1998 y 134 del 18
de agosto de 1998, la Administración Local de Impuestos Nacionales de
Sincelejo, encontrándose en su cargo de Técnico en Ingresos Públicos III, nivel
27 grado 14, lo comisionó para prestar servicios en la División de Control y
Penalización Tributaria y participar en programas especiales desarrollados por
dicha dependencia.
26
Los siguientes documentos se encuentra en la plataforma Samai del Tribunal Administrativo de
Sucre, proceso con radicado 70001-23-33-000-2018-00296-00, índice 4, actuación «Incorpora
expediente digitalizado», documentos
«10_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_CUADERNOPRINCIPAL1(.pdf) NroActua 4»,
«5_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_CUADERNOPRINCIPAL2(.pdf) NroActua 4»,
«6_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_CUADERNOPRINCIPAL3(.pdf) NroActua 4»,
«7_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_CUADERNOPRINCIPAL4(.pdf) NroActua 4»,
«8_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_CUADERNOPRINCIPAL5(.pdf) NroActua 4»,
«9_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_CUADERNOPRINCIPAL6(.pdf) NroActua 4» y
«10_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_CUADERNOPRINCIPAL7(.pdf) NroActua 4».
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31.7. Mediante la Resolución 046 del 13 de marzo de 1998, el Administrador
Local de Impuestos Nacionales de Sincelejo lo delegó para la representación de
la entidad en la diligencia de entrega de mercancías donadas a la Red de
Solidaridad Social de la Presidencia de la República, actuación que debía
adelantarse en reemplazo del Administrador Local.
31.8.A través de la Resolución 087 de 2 de junio de 1998, fue ubicado de
manera definitiva en la División del Despacho para desempeñar labores de
coordinador del Área Jurídica, Relatoría y Comité de Quejas, Reclamos y
Sugerencias, con el propósito de garantizar la continuidad de dichas funciones y
apoyar la gestión jurídica de la Administración Local.
31.9. Asimismo, mediante la Resolución 184 de 18 de noviembre de 1998, se le
designó como responsable de la entrega de publicaciones institucionales de la
DIAN y de la recepción y control de los recibos de consignación
correspondientes, función que comprendía además la elaboración de informes
mensuales dirigidos al Administrador Local y a la Subsecretaría Financiera del
Nivel Central.
31.10.Por medio de la Resolución 0031 del 11 de marzo de 1999, suscrita por el
administrador local de Impuestos Nacionales de Sincelejo, se comisionó al actor,
quien ocupaba el cargo de técnico en ingresos públicos III, nivel 27, grado 14,
adscrito a la División del Despacho, para realizar labores de facturación en la
División para el Control y Penalización Tributaria los días 12 y 13 de marzo de
1999, en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 m.
El 2 de agosto de 1999, el administrador local de Impuestos Nacionales de
31.11.
Sincelejo le comunicó que mediante la Resolución 001 de igual fecha había sido
incorporado como técnico en ingresos públicos III, nivel 27, grado 15, en el
Despacho de la Administración de Impuestos de dicho municipio. De este cargo
tomó posesión mediante Acta de Incorporación y Ubicación 005 del 2 de agosto
de 1999.
31.12. Con la Resolución 0057 del 27 de octubre de 1999, fue comisionado para
apoyar a la División de Fiscalización en la realización de brigadas de facturación
y verificación de obligaciones formales, actividad relacionada con las labores de
control y fiscalización tributaria que venía desempeñando en la entidad.
31.13.A través de la Resolución 0053 del 13 de abril de 2000, el demandante, en
su condición de técnico en ingresos públicos III, grado 27-15, fue comisionado
para prestar servicios en la División de Fiscalización Tributaria y participar en
brigadas de verificación adelantadas en establecimientos de comercio de la
ciudad de Sincelejo, actividad orientada al control y seguimiento del cumplimiento
de las obligaciones tributarias.
31.14.Por medio de la Resolución 0012 del 15 de febrero de 2001, suscrita por el
administrador local de Impuestos Nacionales de Sincelejo, encontrándose como
técnico en ingresos públicos III, nivel 27, grado 15, de la División del Despacho,
se le asignaron funciones de coordinador del Comité de Quejas, Reclamos y
Sugerencias a partir del 16 de febrero de 2001.
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31.15.Con la Resolución 0004 del 15 de enero de 2003, suscrita por el
administrador local de Impuestos Nacionales de Sincelejo, se le asignaron las
funciones de orientador al contribuyente entre el 16 de enero y el 5 de febrero de
2003, en reemplazo temporal de un servidor del nivel profesional que se
encontraba en disfrute de vacaciones.
31.16. Por medio de las resoluciones 0057 del 6 de mayo y 0138 del 17 de
septiembre de 2003, la Administración Local de Impuestos Nacionales de
Sincelejo comisionó al actor, quien se desempeñaba como técnico en ingresos
públicos III, nivel 27, grado 15, adscrito a la División del Despacho, para cumplir
distintas funciones institucionales. En la primera de ellas, para trasladarse al
municipio de San Marcos el 7 de mayo de 2003, con el fin de notificarse de una
providencia judicial y asistir a una audiencia preparatoria dentro de un proceso
penal por el delito de omisión del agente retenedor o recaudador. En la segunda,
para prestar sus servicios en la División de Fiscalización Tributaria durante los
días 18 y 19 de septiembre de 2003, con el propósito de desarrollar las labores
que le fueran asignadas por el jefe de dicha dependencia.
31.17. Mediante la Resolución 025 del 28 de febrero de 2006, la Administración
Local de Impuestos Nacionales de Sincelejo comisionó al demandante, en ese
entonces técnico en ingresos públicos III, nivel 26, grado 13, para desplazarse al
municipio de San Marcos el 1 de marzo de 2006 con el fin de realizar
verificaciones relacionadas con obligaciones tributarias penalizables.
31.18.Con las resoluciones 198 del 15 de septiembre de 2006, 209 del 29 de
septiembre de 2006, 225 del 6 de octubre de 2006, 293 del 24 de noviembre de
2006 y 317 del 1 de diciembre de 2006, lo comisionaron nuevamente para prestar
servicios en la División de Fiscalización Tributaria de la Administración Local de
Impuestos Nacionales de Sincelejo y participó en visitas masivas de control
destinadas a verificar el cumplimiento de obligaciones formales de los
contribuyentes, de conformidad con las disposiciones previstas en el Estatuto
Tributario y demás normas reglamentarias aplicables.
A través de la Resolución 019 del 6 de febrero de 2007, expedida por el
31.19.
administrador local de Impuestos Nacionales de Sincelejo, pese a identificarse
como técnico en ingresos públicos III, nivel 27, grado 15, le asignaron funciones
de abogado de la Unidad Penal de la Oficina Jurídica de la División del
Despacho, a partir del 15 de febrero de 2007.
31.20.Con las resoluciones 108 del 2 de mayo, 126 del 18 de mayo, 134 del 25
de mayo, 160 del 15 de junio, 403 del 22 de noviembre y 406 del 23 de
noviembre de 2007, el administrador local de Impuestos Nacionales de Sincelejo
le confirió comisión de servicios para prestar apoyo a la División de Fiscalización
Tributaria en actividades relacionadas con el control para el mejoramiento del
recaudo, la verificación de obligaciones tributarias, el control de eventos públicos
y el cumplimiento de labores de fiscalización en horario o jornada no laboral.
Mediante las resoluciones 147 del 6 de junio, dejada sin efectos por la
31.21.
Resolución 154 del 8 de junio de 2007, 189 del 3 de julio, 211 del 11 de julio, 265
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del 30 de agosto27 y 279 del 4 de septiembre de 2007, se le comisionó para
desplazarse a los municipios de Corozal, San Luis de Sincé y San Onofre, con el
fin de realizar visitas institucionales, diligencias ante despachos judiciales y otras
actuaciones propias del servicio, reconociéndole en algunos casos los
respectivos viáticos y gastos de viaje.
31.22.A través de las resoluciones 016 del 22 de enero, 029 del 1 de febrero y
163 del 11 de abril de 2008, esta última posteriormente dejada sin efectos por la
Resolución 179 del 16 de abril de 2008, se le confirió comisión de servicios para
desplazarse a los municipios de San Marcos y Sucre (Sucre), con el fin de
practicar diligencias dentro de procesos relacionados con contribuyentes de la
entidad y asistir a audiencias públicas ante autoridades judiciales, autorizándose
el reconocimiento de los correspondientes viáticos y gastos de viaje.
31.23. Por medio de la Resolución 209 del 9 de mayo de 2008, el administrador
local de Impuestos Nacionales de Sincelejo le confirió comisión de servicios para
prestar apoyo a la División de Fiscalización Tributaria en jornada no laboral, en
desarrollo de acciones masivas de control previstas en las políticas de
fiscalización de la entidad.
El 22 de agosto de 2008, obtuvo el título de especialista en Derecho
31.24.
Administrativo, conferido por la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional
Montería, según consta en el diploma expedido por la institución educativa.
31.25.Mediante la Resolución 0006 del 4 de noviembre de 2008, suscrita por el
director general de la DIAN, fue incorporado como analista III, código 203 grado
03, y ubicado en la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional
de Impuestos y Aduanas de Sincelejo, cargo del cual tomó posesión a través de
Acta de Incorporación y Ubicación 0031 del 4 de noviembre de 2008.
Posteriormente, con la Resolución 021 del 18 de noviembre de 2008, expedida
por el administrador local de Impuestos Nacionales de Sincelejo, se le confirió
comisión para prestar sus servicios en la División del Despacho, Oficina Jurídica,
con el fin de desempeñar funciones de abogado de vía gubernativa y
representación externa, hasta el 31 de diciembre de 2008.
31.26. A través de la Resolución 005 del 2 de enero de 2009, el director seccional
de Impuestos y Aduanas Nacionales de Sincelejo ubicó al demandante,
identificado como analista III, código 203, grado 03, en la División del Despacho
de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales de Sincelejo, a
partir de esa fecha.
31.27.En virtud de las resoluciones 028 del 9 de febrero, 033 del 12 de febrero y
042 del 16 de febrero de 2009, se le confirió comisión de servicios para
desplazarse al municipio de San Marcos (Sucre), con el fin de realizar visitas al
Juzgado Promiscuo del Circuito y a la Fiscalía de dicho municipio, así como
efectuar seguimiento a denuncias penales relacionadas con contribuyentes; en la
última de estas comisiones se autorizó además el reconocimiento de viáticos y
gastos de viaje para los días 16 y 17 de febrero de 2009.
27
Dejada sin efectos por la Resolución 278 del 4 de septiembre de 2007.
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31.28.Con la Resolución 259 del 30 de junio de 2009, el director seccional de
Impuestos y Aduanas de Sincelejo confirió comisión de servicios en la División de
Gestión de Fiscalización, con el fin de realizar visitas masivas de control dentro
del programa de mejoramiento del IVA denominado «La factura está viva».
31.29.A través de la Resolución 284 del 6 de julio de 2009, el director seccional
Impuestos y Aduanas Nacionales de Sincelejo le confirió comisión de servicios,
analista III, código 203, grado 03, para trasladarse al municipio de San Marcos
(Sucre) y realizar diligencia ante la Fiscalía relacionadas con la notificación de
expedientes. Asimismo, se le autorizó el reconocimiento de los respectivos
viáticos y gastos de viaje.
31.30.Según el Formato 1268 de Comunicación de Funciones del 1 de agosto de
2009, se le comunicaron al demandante las funciones correspondientes al cargo
de gestor II, código 302, grado 02, adscrito al Despacho de la Dirección
Seccional de Impuestos y Aduanas de Sincelejo. En dicho documento se le
asignaron los roles de gestor jurídico, abogado de representación externa en
materia penal, abogado de vía gubernativa dirección seccional y asistente
técnico, dentro de los cuales se incluían las siguientes:
«[…] 1. Verificar los presupuestos procesales para la admisión, inadmisión o rechazo
del recurso. 2. nalizar (sic) las pretenciones (sic) del contribuyente o usuario y decretar
las pruebas a que haya lugar. 3. Proyectar los fallos y dar el trámite establecido. 4.
Resolver las solicitudes de resolución sanción presentadas contra las resoluciones
proferidas por la división de liquidación en materia tributaria. 5. Resolver los derechos
de petición. 6. Recibir, radicar y repartir las consultas. 7. Proyectar respuesta
remitiendo la doctrina vigente o remitir al competente. 8. Resolver los recursos en
forma oportuna y debidamente fundamentada. 9. Coordinar las realizaciones de
labores de apoyo administrativo con el fin de Hoy facilitar y agilizar el fallo de los
recursos jurídicos. 10. Elaborar estadísticas y alimentar bases de datos. 11. Orientar y
capacitar en materia tributaria, aduanera y cambiaria al cliente externo e interno. 12.
Recibir notificación demanda y hacer reparto. 13. Adelantar las actuaciones que se
requieran para la correcta representación de los intereses de la Nación. 14. Apelar los
fallos adversos a la entidad, si es del caso 15. Remitir el fallo a las áreas competentes.
16. Recepcionar, radicar, recolectar y verificar los documentos relacionados con la
formulación de la Denuncia. 17. Analizar la procedencia de la denuncia y solicitar la
información requerida. 18. Presentar la denuncia en forma oportuna. 19. Constituirse
en Parte Civil y/o presentar el Incidente de Reparación. 20. Adelantar las actuaciones
judiciales que se requieran para representar debidamente a la Nación desde la
presentación de la denuncia. 21. Remitir para cobro las sentencias condenatorias
debidamente ejecutoriadas. 22. Efectuar seguimiento al cumplimiento de las
sentencias condenatorias ejecutoriadas con pago de perjuicios a favor de la Entidad
Solicitar al juez de ejecución de penas el levantamiento del subrogado penal […]».
31.31.Con las resoluciones 343, 380, 381, 385 y 388, expedidas el 3, 20, 26 y 27
de agosto de 2009 por el director Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales
de Sincelejo, respectivamente, se le confirieron comisiones de servicio, quien
para la época se desempeñaba como gestor II, código 302, grado 02, para el
cumplimiento de diversas actividades institucionales, entre ellas, realizar visitas a
la alcaldía y al Banco Agrario del municipio de Buenavista (Sucre) para atender
una acción popular y efectuar notificaciones de expedientes; prestar apoyo en la
División de Gestión de Fiscalización en diligencias de visita y toma de
declaraciones a contribuyentes; desplazarse al municipio de Corozal (Sucre) para
adelantar visitas y recepcionar declaraciones de contribuyentes; trasladarse al
municipio de Tolú (Sucre) para realizar visitas a un juzgado y una notaría; y
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participar en visitas masivas de control dentro del programa nacional «La Factura
Está Viva».
31.32.Por medio de la Resolución 09200 del 28 de agosto de 2009, expedida por
el director general de la DIAN, se encargó al actor en el empleo de gestor Il,
código 302, grado 02, por el término de 6 meses, contados a partir del 1 de
septiembre de 2009, cargo del cual tomó posesión en encargo según Acta 0065
del 1 de septiembre de 2009.
31.33.A través de la Resolución 422 del 14 de septiembre de 2009, el director
seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales de Sincelejo confirió comisión de
servicios a varios funcionarios de la entidad, entre ellos al demandante, quien
para la época se desempeñaba como analista III, código 203, grado 02, adscrito
a Despacho, para prestar apoyo a la División de Gestión de Recaudo y
Cobranzas en la realización de visitas masivas dentro de la jornada nacional de
cobro programada para el 16 de septiembre de 2009.
31.34. Según el Formato 1317 de Valoración Individual del Desempeño, entre el 1
de septiembre de 2009 y el 31 de enero de 2010, el actor se desempeñó
como gestor II, grado 02 y coordinador jurídico de la Dirección Seccional de
Impuestos y Aduanas de Sincelejo. Durante este período, sus compromisos
laborales incluían: (i) garantizar el cumplimiento de las metas de gestión
tributaria, disminución de la evasión y proyección de fallos de vía gubernativa,
revocatorias directas, respuestas a derechos de petición, manteniendo la unidad
de criterios jurídico; (ii) brindar apoyo y soporte jurídico a las Divisiones de
Gestión de Fiscalización y Liquidación, Recaudo y Cobranzas, y Gestión de
Asistencia al Cliente; (iii) garantizar la caracterización, actualización y
formalización de procesos y procedimientos; (iv) cumplimiento oportuno del
suministro de información de sistemas informáticos del área con calidad y
confiabilidad; y (v) participación en gestión ética, cultura de contribución, salud
ocupacional y bienestar
31.35.Por medio de las resoluciones 023, 041, 046, 057 y 078 del 4 y 12 de
febrero, 17, 19 y 25 de febrero y 12 de marzo de 2010, respectivamente,
suscritas por el director seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales de
Sincelejo, se confirió comisión de servicios al demandante para participar en
actividades institucionales relacionadas con la gestión de recaudo, fiscalización y
asistencia al contribuyente. En particular, fue comisionado para participar en la
Primera Jornada Nacional de Cobro de 2010, así como para desplazarse a los
municipios de San Onofre y Corozal (Sucre) con el fin de realizar visitas a
contribuyentes dentro del programa de control a omisos en retención y efectuar
labores de acompañamiento a funcionarios de las áreas de Gestión de
Fiscalización y Gestión y Asistencia al Cliente. En las resoluciones 041, 046 y
057 se identificó al actor como gestor II, código 301, grado 01. Asimismo, se
autorizó el reconocimiento de los viáticos y gastos de viaje correspondientes.
31.36.Según certificación del 1 de marzo de 2010, expedida por la Subdirección
de Personal de la DIAN, se informó que el actor había ingresado a la entidad el
15 de marzo de 1996, se encontraba adscrito al Despacho de la Dirección
Seccional de Impuestos y Aduanas de Sincelejo y cumplía con una jornada
laboral de 44 horas semanales. Asimismo, se certificó que desde el 2 de enero
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de 2009 desempeñaba funciones como abogado de la administración, abogado
de gestión jurídica, abogado de representación externa en materia penal,
abogado de vía gubernativa y asistente técnico, relacionadas con la
representación judicial y administrativa de la entidad; la proyección y revisión de
actos administrativos, recursos y revocatorias directas; la formulación y
seguimiento de denuncias penales; la participación en procesos judiciales y
actuaciones de policía judicial; la atención de consultas y derechos de petición; el
apoyo jurídico a las dependencias de la DIAN; y la coordinación de actividades
orientadas a la defensa de los intereses de la Nación.
31.37. La certificación indicó que entre el 2 de agosto de 1999 y el 1 de enero de
2009 ejerció funciones de coordinación jurídica, orientadas a la unificación
doctrinal en materia tributaria, aduanera y cambiaria, la asesoría jurídica a la
administración, el estudio de jurisprudencia y la elaboración de conceptos y
criterios jurídicos. Finalmente, respecto del cargo de técnico en ingresos públicos
III, nivel 27, grado 14, desempeñado entre el 15 de marzo de 1996 y el 1 de
agosto de 1999, se precisó que sus funciones correspondían al apoyo técnico de
las actividades profesionales, especializadas y de inspección general de la
entidad.
Mediante la Resolución 04063 del 3 de mayo de 2010, el director general
31.38.
de la DIAN lo encargó como gestor II, nivel 302, grado 02, desde el 5 de mayo
hasta el 4 de noviembre de 2010. De ese empleo se posesionó en encargo según
Acta 0065 del 5 de mayo de 2010.
31.39.Según el Formato 1268 de Comunicación de Funciones del 5 de mayo de
2010, se le pusieron de presente las funciones correspondientes al cargo de
gestor II, código 302, grado 02, adscrito al Despacho de la Dirección Seccional
de Impuestos y Aduanas de Sincelejo. En dicho documento se le asignaron los
roles de abogado vía gubernativa y abogado de representación externa en
materia penal y procesos judiciales y administrativos, dentro de los cuales se
incluían las siguientes:
«[…] 1. Proyectar los fallos de los recursos de reconsideración interpuestos contra
los actos de determinación de impuestos y que imponen sanciones proferidos por la
dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sincelejo, cuya cuantía sea inferior a
setecientas cincuenta (750) UVT y proyectar los recursos de reconsideración
interpuestos contra los actos de determinación de impuestos y que imponen
sanciones cuya cuantía sea menor a cin (sic) mil (5,000)UVT con el fin de garantizar
el derecho de defensa y la correcta aplicación de la normatividad, doctrina y
jurisprudencia en materia (sic) Tributaria y Aduanera. 2. Proyectar los fallos de los
recursos interpuestos contra los actos expedidos por las diferentes dependencias de
la dirección Seccional, cuya competencia no se encuentre asignada a otra División,
incluyendo la practica de pruebas cuando hubiere lugar a ello, teniendo en cuenta la
normatividad, la doctrina y la jurisprudencia, con el fin de garantizar el derecho de
defensa y la correcta aplicación de la Ley en materia Tributaria y Aduanera, cuya
competencia no este asignada a la Dirección de Gestión Jurídica. 3. Proyectar los
fallos de los recursos en materia tributaria y aduanera, en los de competencia de la
entidad, interpuestos contra todos los actos pro por la Dirección Seccional, cuya
competencia no se encuentre expresamente asignada a otra dependencia, con el fin
de garantizar el derecho de defensa y la correcta aplicación de la normatividad y
jurisprudencia en materia Tributaria y Aduanera. 4. Proyectar para la firma del
Director Seccional los actos administrativos cuya competencia se le haya asignado
por ley, teniendo en cuenta la normatividad, la doctrina y la jurisprudencia, con el fin
de garantizar el derecho de defensa y la correcta aplicación de la ley en materia
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Tributaria y Aduanera, cuya competencia no este asignada a la Dirección de Gestión
Jurídica o a otra división. 5. Proyectar los fallos de revocatoria directa contra los
actos de determinación de impuestos y que imponen sanción con el fin de garantizar
el derecho de defensa y la correcta aplicación de la normativa, doctrina y
jurisprudencia en materia Tributaria y Aduanera. 6. Proyectar el acto administrativo
que resuelve las solicitudes de reducción de sanción presentadas en materia
tributaria contra las resoluciones proferidas por la División de Liquidación, con el fin
de establecer su procedencia conforme a la Ley. 7. Proyectar el acto administrativo
que resuelve las peticiones en materia (sic) aduanera sobre silencio administrativo
positivo interpuestas por incumplimiento al termino para decidir de fondo, para
resolver el recurso de reconsideración así como ordenar la entrega de las
mercancías con ocasión de la configuración del silencio administrativo. 8 Participar
en los mecanismos de unificación de criterios jurídicos, con el objeto de mantener la
unidad doctrinal y garantizar el derecho de defensa y la correcta aplicación d ela (sic)
normativa, doctrina y jurisprudencia en amteria (sic) Tributaria y Aduanera. 9. Prestar
apoyo jurídico en materia tributaria y aduanera a las diferentes áreas de la Dirección
Seccional, con el fin de unificar criterios en la aplicación de las normas Tributarias,
Aduaneras y Cambiarias» (sic), «1. Incluir los actos proferidos en el aplicativo
GESTOR o en los sistemas de información que se adopten para tal efecto, con el fin
de mantenerla actualizada. 2. Desempeñar las demás funciones que le sean
asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con la naturaleza del empleo. 3.
Verificar los presupuestos procesales para la admisión, inadmisión o rechazo del
recurso. 4. Analizar las pretencones (sic) del contribuyente o usuario DIAN y decretar
las pruebas a que haya lugar. 5. Proyectar los fallos y dar el tramite establecido. 6.
Resolver las solicitudes de resolución sanción presentadas contra las resoluciones
proferidas por la división de liquidación en materia tributaria. 7. Resolver los derechos
de petición 8. Recibir, radicar y repartir las consultas 9 Proyectar respuesta
remitiendo la doctrina vigente o remitir al competente […]». (sic)
31.40. Mediante las resoluciones 173, 225, 260, 274, 291, 305 y 309 del 21 de
mayo, 12 de julio, 10 y 18 de agosto, 31 de agosto, y 9 y 14 de septiembre de
2010, respectivamente, el director seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales
de Sincelejo confirió comisión de servicios al demandante, identificado en
algunos de dichos actos como gestor II, código 301, grado 01, para desarrollar
actividades relacionadas con la gestión de recaudo, fiscalización y control
tributario. En desarrollo de tales comisiones participó en jornadas nacionales de
cobro adelantadas por la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas, prestó
apoyo a la División de Gestión de Fiscalización en jornadas de facturación y se
desplazó a los municipios de Caimito, San Marcos y Tolú (Sucre) para realizar
visitas institucionales y verificar información relacionada con nóminas de
entidades territoriales. Asimismo, se autorizó el reconocimiento de los viáticos y
gastos de viaje correspondientes.
31.41. En particular, mediante los anteriores actos fue comisionado para
participar en jornadas nacionales de cobro adelantadas por la División de Gestión
de Recaudo y Cobranzas; para prestar apoyo a la División de Gestión de
Fiscalización en el desarrollo de las denominadas «Jornadas de Facturación»; para
prestar sus servicios en la División de Gestión de Fiscalización Tributaria de la
Dirección Seccional de Sincelejo; y para desplazarse a los municipios de Caimito,
San Marcos y Tolú (Sucre) con el propósito de realizar visitas a las tesorerías
municipales y verificar información relacionada con las nóminas de dichas
entidades territoriales. Asimismo, se autorizó el reconocimiento de los viáticos y
gastos de viaje correspondientes a las comisiones que implicaron
desplazamiento fuera de la sede laboral.
31.42. En el Formato 1317 de Valoración Individual del Desempeño
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correspondiente al período comprendido entre el 5 de mayo y el 4 de noviembre
de 2010, se registró que el demandante se desempeñaba en la Dirección
Seccional de Impuestos y Aduanas de Sincelejo, adscrito al Despacho Jurídico,
en el cargo de gestor I, código 302, grado 2, con funciones asociadas al rol de
abogado de vía gubernativa. Asimismo, se le fijaron compromisos laborales
relacionados con el apoyo jurídico a las áreas de Fiscalización, Liquidación,
Recaudo y Cobranzas y Gestión de Asistencia al Cliente, así como con el
cumplimiento de metas de gestión y actividades de fortalecimiento institucional.
31.43.De igual forma, en otro Formato 1317 de Valoración Individual del
Desempeño correspondiente al período comprendido entre el 1 de febrero de
2010 y el 31 de enero de 2011, se indicó que el demandante estaba adscrito a la
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sincelejo, Despacho Jurídico, en
el cargo de analista III, código 203, grado 3, en el desempeño del rol de
coordinador jurídico. En dicho instrumento se establecieron compromisos
orientados a apoyar al coordinador jurídico en el cumplimiento de las metas de
gestión, garantizar la caracterización de procesos, brindar soporte jurídico a las
divisiones de Fiscalización, Liquidación, Recaudo y Cobranzas y Gestión de
Asistencia al Cliente, así como cumplir actividades de reporte de información,
capacitación, gestión ética y bienestar organizacional.
31.44.A través de la Resolución 422 del 16 de diciembre de 2010, suscrita por el
director seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales de Sincelejo, se confirió
comisión de servicios al demandante, en su condición de Analista III, código 203,
grado 03, para desplazarse al municipio de San Luis Sincé (Sucre) con el
propósito de realizar visitas a contribuyentes. Asimismo, se autorizó el
reconocimiento de los viáticos y gastos de viaje correspondientes
31.45. Mediante las resoluciones 78, 82, 103, 105, 116, 130, 256, 322, 361 y 409
de 17 y 22 de marzo; 12 de abril; 2, 10 y 23 de mayo; 22 de agosto; 11 de
octubre; 9 de noviembre; y 16 de diciembre de 2011, respectivamente, suscritas
por el director seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales de Sincelejo, se
confirieron diversas comisiones de servicio al demandante. En unas
oportunidades fue comisionado, junto con otros servidores, para participar en
jornadas nacionales de cobro adelantadas por la División de Gestión de Recaudo
y Cobranzas de la Dirección Seccional de Sincelejo; y, en otras, en calidad de
analista III, código 203, grado 03, para desplazarse a los municipios de Corozal,
Tolú y San Marcos (Sucre), con el fin de efectuar notificaciones de actos
administrativos, realizar visitas a contribuyentes, practicar actividades probatorias
dentro de recursos de reconsideración y adelantar visitas a despachos judiciales.
Asimismo, en las comisiones que implicaron desplazamiento fuera de la sede
laboral se autorizó el reconocimiento de viáticos y gastos de viaje
correspondientes.
31.46. Con las resoluciones 38 del 13 de febrero; 55 y 56 del 27 de febrero; 75
del 5 de marzo; 155 del 11 de mayo; 173 del 23 de mayo; 203 del 13 de junio;
211 del 19 de junio; 220 y 222 del 27 de junio; 229 del 5 de julio; 254 del 26 de
julio; 314 del 17 de septiembre y 375 del 24 de octubre, todas de 2012, se
acreditó que Habid Oviedo Díaz fue comisionado en diversas oportunidades por
la DIAN para desarrollar actividades propias de su empleo, tales como asistir a
audiencias ante la Fiscalía, atender procesos en vía gubernativa, efectuar
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notificaciones de actos administrativos y participar en jornadas nacionales de
cobro y fiscalización, percibiendo en varias de ellas viáticos y gastos de viaje.
31.47. Conforme con el Formato 1317 de Valoración Individual del Desempeño,
entre el 1 de febrero y el 6 de julio de 2012, el actor, como analista III, grado 03,
rol, abogado jurídico, tuvo como compromisos laborales (i) servir de apoyo en
actividades del plan operativo anual para metas de gestión, con proyección de
actos que definen vía gubernativa, revocatorias y derechos de petición; (ii)
participación en actividades educativas, capacitación y bienestar; (iii) garantizar
calidad, consistencia y oportunidad en información solicitada y reportada en
aplicativos institucionales; y (iv) inclusión mensualizada de información del área
al SIE y apoyo a la abogada de la Unidad Penal. Posteriormente, del 7 de julio de
2012 al 31 de enero de 2013, la proyección de actos vía gubernativa, el apoyo a
Divisiones de Fiscalización y Liquidación, la inclusión en SIE e información
sistemática.
31.48.A través de las resoluciones 047 de febrero; 272 de julio; 307 y 311 de
agosto; y 0453 de noviembre de 2013, se acreditó que el actor, en su condición
de analista III, fue comisionado en diversas oportunidades para desplazarse a los
municipios de San Marcos y Tolú (Sucre), con el fin de realizar visitas a
despachos judiciales, adelantar inspecciones tributarias y contestar acciones de
tutela, así como para participar en una jornada nacional de facturación
organizada por la entidad. Percibió en algunos casos viáticos y gastos de viaje.
31.49.La Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales de Sincelejo
promovió acción de tutela contra la Sala Tercera de Decisión Oral del Tribunal
Administrativo de Sucre dentro del expediente 11001-03-15-000-2013-01579-00,
al considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, debido a que
mediante auto del 19 de junio de 2013 no se reconoció personería para actuar a
Habid José Oviedo Díaz como apoderado judicial de la entidad dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 2012-00015 y, en
consecuencia, se tuvo por no contestada la demanda. En dicha acción, se indicó
que el actor había sido apoderado mediante poder especial otorgado por la
directora seccional de Impuestos y Aduanas de Sincelejo y que, en tal condición,
contestó oportunamente la demanda.
31.50. Mediante certificación del 12 de julio de 2013, la Subdirección de Personal
de la DIAN informó que el demandante se encontraba vinculado a la entidad
desde el 15 de marzo de 1996 y que para esa fecha ocupaba el cargo de analista
III, código 203, grado 03, adscrito a la División de Despacho de la Dirección
Seccional de Impuestos y Aduanas de Sincelejo. Igualmente, certificó que
durante su trayectoria desempeñó funciones como coordinador jurídico, abogado
de vía gubernativa, abogado de representación externa en materia penal y
procesos judiciales y administrativos, gestor jurídico, asistente técnico y abogado
de la administración.
31.51.Según la misma certificación, dentro de las actividades desarrolladas por
el actor se encontraban, entre otras, la proyección de fallos de recursos de
reconsideración y revocatorias directas; la elaboración de actos administrativos
para la firma del director seccional; la resolución de derechos de petición y
consultas; el apoyo jurídico a las divisiones de fiscalización, liquidación, recaudo
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y cobranzas; la representación judicial y extrajudicial de la DIAN; la formulación y
seguimiento de denuncias penales tributarias; la participación en procesos
judiciales y administrativos; la coordinación jurídica de la dependencia; y la
orientación y capacitación en materia tributaria y aduanera.
31.52.La certificación también da cuenta de que dichas actividades fueron
ejercidas en distintos periodos comprendidos entre el 2 de agosto de 1999 y el 12
de julio de 2013, principalmente en la División de Despacho de la Dirección
Seccional de Impuestos y Aduanas de Sincelejo.
31.53.Según el Formato 1317 de Valoración Individual del Desempeño, del 1 de
febrero al 10 de mayo de 2015, mientras conservaba la plaza de Analista III,
Grado 03, sus compromisos evaluados fueron: (i) servir de apoyo en actividades
del plan operativo anual para cumplimiento de metas de gestión; (ii) apoyar al
área jurídica en la sustanciación de acciones constitucionales, tutelas, acciones
populares, acciones de cumplimiento y demás; (iii) participar en comités jurídicos
donde se toman decisiones respecto de temas jurídicos de la Seccional y en
reuniones de retroalimentación, capacitación y bienestar; y (iv) consolidar, revisar
e incluir mensualmente información del área jurídica en el SIE, contabilidad y
sistema gestor.
31.54.Posteriormente, del 11 de mayo de 2015 al 31 de enero de 2016, fue
trasladado a la División de Asistencia al Cliente. En esta oportunidad, sus
compromisos se enfocaron en gestión administrativa, como lo eran la inscripción
y actualización del RUT con firma digital, la asistencia a usuarios en campañas
de gestión masiva y asistencia al cliente, y participación en bienestar y salud
ocupacional.
31.55. A través de la Resolución 0065 del 13 de febrero de 2015, suscrita por el
director seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales de Sincelejo, se le
confirió, en su condición de analista III, grado 03, una comisión de servicios para
desplazarse al municipio de San Marcos (Sucre) el 16 de febrero de 2015, con el
fin de asistir a una audiencia dentro del proceso penal 2009-00222-00 adelantado
en el Juzgado Promiscuo de dicho municipio. Asimismo, se autorizó el
reconocimiento de viáticos y gastos de viaje por dicha comisión.
31.56.Con la Resolución 0187 del 11 de mayo de 2015, la directora seccional de
Impuestos y Aduanas Nacionales de Sincelejo ordenó, por necesidades del
servicio, el traslado del demandante, quien desempeñaba el cargo de Analista III,
código 203, grado 03, del Despacho de la Dirección Seccional a la División de
Gestión de Asistencia al Cliente.
31.57.El 14 de mayo de 2015 se suscribió el Acta de Ubicación 004, mediante la
cual tomó posesión de su ubicación por traslado en la División de Gestión de
Asistencia al Cliente de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas
Nacionales de Sincelejo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 0187
del 11 de mayo de 2015.
A través de la Resolución 005848 del 11 de agosto de 2016, el director
31.58.
general de la DIAN lo encargó en el empleo de gestor II, código 302, grado 02, rol
SC3029, con ubicación en el Despacho de la Dirección Seccional de Impuestos y
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Aduanas de Sincelejo, para ocupar una vacante temporal. Mediante Acta de
Posesión y Ubicación 27 del 29 de agosto de 2016 tomó posesión del encargo.
31.59.Del 30 de agosto de 2016 al 31 de enero de 2017, según Formato 1317 de
Valoración Individual del Desempeño, el actor como gestor II, grado 02, gestor II
de Gestión Jurídica – Seccionales, registró lo siguientes: (i) servir de apoyo y
coordinar actividades del plan operativo para el cumplimiento de metas de
gestión asignadas; (ii) apoyar al Despacho en temas relacionados con acciones
constitucionales, tutelas, acciones populares y de cumplimiento, requerimientos
de asuntos disciplinarios de la DIAN, ITRC y demás; (iii) coordinar y participar en
comités jurídicos, reuniones de retroalimentación, capacitación, SGA, clima
laboral y bienestar; (iv) coordinar y controlar el suministro periódico de
información del área jurídica para incluir en SIE, gestor y demás aplicativos.
31.60.Por medio de la Resolución 001884 del 21 de marzo de 2017, el director
general de la DIAN dispuso dar por terminado el encargo que venía
desempeñando como gestor II, código 302, grado 02, rol SC3029, en el
Despacho de la Dirección Seccional de Impuestos de Sincelejo, y, una vez en
firme dicha decisión, lo encargó en el empleo de gestor II, código 302, grado 02,
rol FL3007, en la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional
de Impuestos y Aduanas de Sincelejo, mientras la vacante permaneciera
disponible.
31.61. De igual forma, en otro Formato 1317 de Valoración Individual del
Desempeño correspondiente al período comprendido entre el 1 de febrero y el 18
de abril de 2017, en el rol de gestor II de Gestión Jurídica, tuvo como
compromisos la coordinación de metas de gestión, el apoyo en acciones
constitucionales, tutelas y asuntos disciplinarios, la participación en comités
jurídicos y el suministro de información del área jurídica.
El 31 de enero de 2018, solicitó a la DIAN el reconocimiento y pago
31.62.
indexado de las diferencias salariales y prestacionales derivadas del desempeño
de funciones correspondientes a cargos jerárquicamente superiores. La petición
fue negada mediante el Oficio 100000202-00235 del 16 de marzo de 2018, toda
vez que «la Entidad no está facultada para pagar salarios o emolumentos distintos a los
legalmente establecidos por el Gobierno Nacional para el cargo en el que se nombró y
que ocupa en la planta de personal el señor HABÍD JOSÉ OVIEDO DÍAZ, por lo tanto, no
es viable que se le reconozca y pague el salario básico, prestaciones sociales y demás
emolumentos correspondientes a cargos de categoría superior a aquel en el cual se
encuentra vinculado».
31.63.A través de la Resolución 004241 del 28 de mayo de 2018, la anterior
decisión fue confirmada al resolverse el recurso de reposición interpuesto por el
interesado.
31.64.El 3 de abril de 2018, a través del Oficio 123000201-00081, en atención a
la petición del actor para que se certificara la existencia de los procesos en los
cuales ejerció representación judicial de la DIAN entre los años 2000 a 2015, la
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sincelejo informó que el actor
ejerció la representación judicial de la entidad en 52 procesos contenciosos y
constitucionales, así como en 137 penales en los que la entidad se constituyó
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como parte civil por el delito de omisión de agente retenedor. Con el oficio se
allegaron 2 anexos con la información de cada uno de los procesos y los
respectivos poderes otorgados al actor por la entidad entre dichos años.
Asimismo, la evaluación de desempeño laboral durante su trayectoria en la
entidad.
31.65. Manual de funciones de los siguientes empleos de la DIAN de la línea
jurídica:
«Línea: Jurídica
Nombre del puesto: Coordinador Jurídico Cargo: Profesional
Superior inmediato: Administrador Local
DESCRIPCION GENÉRICA
Apoyar el mejoramiento jurídico de las áreas jurídicas a mediante: análisis de
jurisprudencia con el correspondiente envío de circulares; elaboración de
conceptos marco o unificados con base en la doctrina existente; orientación a las
dependencias de la administración.
FUNCIONES
1. Propender porque las administraciones apliquen la unidad doctrinal en materia
tributaria, aduanera y cambiaria determinada por la Oficina Jurídica. 2. Orientar y
asesorar a la administración, en las labores que desarrollen en materia jurídica
tributaria, aduanera y cambiaria, en lo de competencia de la entidad. 3. Proponer
a las Divisiones de Normativa y Doctrina Tributaria y Aduanera, los cambios de
doctrina que sean solicitados y sustentados por los Jefes de Area y por los
Administradores. 4. Elaborar y proponer a las Divisiones de Normativa y Doctrina
Tributaria y Aduanera, con base en la doctrina existente, conceptos marco о
conceptos unificados sobre interpretación y aplicación de las normas tributarias,
aduanera y cambiarias. 5. Estudiar y analizar la jurisprudencia de las altas cortes
y proyectar la circular correspondiente. 6. Estudiar y analizar la jurisprudencia de
nulidad y restablecimiento del derecho, referente a las materias de competencia
de la entidad.
DISCIPLINA
Título en Derecho
EXPERIENCIA 2
RESPONSABILIDADES:
Por información, equipos y documentos.
(…)» (sic).
«Línea: Jurídica
Nombre del puesto: Profesional de Apoyo Cargo: Profesional
Superior inmediato: Jefe División Jurídica
DESCRIPCION GENÉRICA
Planear, orientar, controlar y supervisar las labores que en materia jurídica
tributaria, aduanera y cambiaria, de competencia de la entidad, desarrollen las
diferentes administraciones de Impuestos y Aduanas y el nivel central.
FUNCIONES
1. Apoyar a la Secretaría de Desarrollo institucional en la definición del Plan de
Supervisión y Control del área, a nivel nacional, y prestar el apoyo que se requiera
para su ejecución. 2. Coordinar con la Oficina de Servicios Informáticos, el
suministro de la información interna y externa requerida para la ejecución de sus
planes, la definición de estándares y parámetros para el manejo de la misma, la
alimentación de sus sistemas de información y la automatización de procesos y
procedimientos de su competencia. 3. Definir e implementar los manuales y
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demás herramientas que garanticen el desarrollo adecuado de las actividades del
área a nivel nacional, de acuerdo con las directrices señaladas por la Secretaría
de Desarrollo Institucional y la subsecretaría de Planeación. 4. Proponer
indicadores de Gestión que permitan medir y evaluar la eficiencia y eficacia del
Area 5. Propugnar por la eficiente y correcta definición e implantación del Sistema
de control Interno del Area 6. Elaborar y ejecutar el Plan Operativo del Area, de
acuerdo con el sistema de Planeación de la entidad. 7. Desempeñar las demás
funciones asignadas por el superior inmediato.
DISCIPLINA
Título en Administración, Derecho,
Economía,
EXPERIENCIA 2
RESPONSABILIDADES:
Por información, equipos y documentos.
(…)» (sic).
«Línea: Jurídica
Nombre del puesto: Abogado Vía Gubernativa Cargo: Profesional
Superior inmediato: Jefe División Jurídica
DESCRIPCION GENÉRICA
Resolver los expedientes en el proceso de discusión en la vía gubernativa.
FUNCIONES
1. Proyectar y firmar según delegación los actos admisorios e inadmisorios de los
recursos de reconsideración presentados, así como los demás actos que se
requieran para el cumplimiento de las actuaciones a cargo de la división. 2.
Proyectar y firmar de acuerdo con las delegaciones los proyectos de los fallos de
los recursos interpuestos contra los actos administrativos expedidos por las
diferentes dependencias de la administración previo análisis de las normas y
jurisprudencia vigente y aplicable sobre cada tema. 3. Resolver las solicitudes de
reducción sanción. 4. Proyectar los fallos de revocatoria directa para la firma del
administrador. 5. Prestar asesoría jurídica tributaria a las diferentes áreas de la
administración.
DISCIPLINA
Título en Derecho
EXPERIENCIA 2
RESPONSABILIDADES:
Por información, equipos y documentos.
(…)» (sic).
«Línea: Jurídica
Nombre del puesto: Abogado de Representación Externa Administración
Cargo: Profesional
Superior inmediato: Jefe División Jurídica
DESCRIPCION GENÉRICA
Representar a la Nación en materia TAC ante la jurisdicción contencioso
administrativa y la justicia ordinaria.
FUNCIONES
1. Representar a la DIAN en los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo y justicia ordinaria. 2. Ejecutar el plan de acción. 3.
Prestar asesoría a las diferentes áreas de la administración. 4. Participar en los
comités técnicos. 5. Compilar y analizar la jurisprudencia del Tribunal d y del
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Consejo de Estado y enviar al relator para su divulgación 6. Incluir información en
el sistema Gestor. 7. Desempeñar las demás funciones asignadas por el superior
inmediato.
DISCIPLINA
Título en Derecho
EXPERIENCIA 2
RESPONSABILIDADES:
Por información, equipos y documentos.
(…)» (sic).
«Línea: Jurídica
Nombre del puesto: Orientador Jurídico Cargo: Profesional
Superior inmediato: Jefe División Jurídica
DESCRIPCION GENÉRICA
Apoyar y orientar a los usuarios internos y externos sobre normas tributarias,
aduaneras y cambiarias jurisprudencia y doctrina.
FUNCIONES
1. Atender personal y telefónicamente las consultas de los contribuyentes. 2.
Suministrar y divulgar información requerida. 3. Organizar charlas de actualización
sobre temas tributarios, aduanera y cambiarios. 4. Llevar estadísticas y elaborar
bancos de preguntas y respuestas para unificar criterios.
DISCIPLINA
Título en Derecho, Contaduría
2
EXPERIENCIA
RESPONSABILIDADES:
Por información, equipos y documentos.
(…)» (sic).
«Línea: Jurídica
Nombre del puesto: Abogado Unidad Penal Cargo: Profesional
Superior inmediato: Jefe División Jurídica
DESCRIPCION GENÉRICA
Llevar a cabo el desarrollo de procesos jurídicos. Denuncias penales y demandas
por constitución en parte civil. Denunciar y representar los intereses de la DIAN
dentro de os procesos penales por delitos fiscales.
FUNCIONES
1. Formular las denuncias a que hubiere lugar por la comisión de hechos punibles
en materia TAC y las demás que disponga la dirección general. 2. Informar al
Ministerio Público que formulen las respectivas querellas a que hubiere lugar en
materia ТАС. 3. Recolectar, perfeccionar y asegurar las pruebas que han de servir
de soporte a las denuncias y querellas respectivas 4. Constituirse en parte civil en
los procesos penales por los delitos fiscales y otros hechos punibles en los que
deba intervenir de conformidad con las competencias asignadas. 5. Asesorar,
coordinar, vigilar y controlar a las unidades penales de las administraciones de la
Dian, en relación con el trámite y actuaciones que deban surtirse dentro de las
investigaciones penales por delitos fiscales, así como el seguimiento de las
mismas, de conformidad con la competencia asignada (exclusiva para N.C). 7.
Asesorar y orientar consultas en materia de delitos fiscales a todas las divisiones.
DISCIPLINA
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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27
Título en Derecho
EXPERIENCIA 3
ESPECIALIZACION
Tributario, Aduanero, Cambiario, Publico, Penal
RESPONSABILIDADES:
Por información, equipos y documentos.
(…)» (sic).
«Línea: Jurídica
Cod: 196 Nombre del puesto: Coordinador Jurídico
Administración
Cargo: Profesional Experiencia (Años): 1
Superior inmediato: Administrador Local
DESCRIPCION GENÉRICA
Coordinar las actividades relacionadas con la Unidad Penal, Representación
Externa, Resolución de Recursos, Vía Gubernativa y Doctrina.
FUNCIONES
1. Defender los intereses de la Nación en materia tributaria ante la jurisdicción
contencioso administrativa y ante la justicia ordinaria: 2. Llevar a cabo el desarrollo
de procesos jurídicos; 3. Efectuar las denuncias penales y demandas por
constitución en parte civil; 4. Denunciar y representar los intereses de la DIAN
dentro de los procesos penales por delitos fiscales; 5. Resolver los recursos en el
proceso de discusión en la Vía Gubernativa: 6. Prestar asesoría a las diferentes
áreas de la Administración; 7. Difundir la jurisprudencia del Tribunal de los
Contenciosos Administrativo y del Consejo de Estado; 8. Atender personal y
telefónicamente las consultas de los contribuyentes; 9. Mantener actualizado el
archivo de la legislación, doctrina y jurisprudencia; 10. Participar en los comités
técnicos; 11. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior
inmediato.
DISCIPLINA
Título en Derecho
ESPECIALIZACION
OBSERVACIONES
Para desempeñar este puesto de trabajo se requiere experiencia especifica en las
áreas técnicas.
(…)» (sic).
«Línea: Jurídica
Cod: 199 Nombre del puesto: Abogado representación Externa
Administración
Cargo: Profesional Experiencia (Años): 2
Superior inmediato: Jefe División Jurídica
DESCRIPCION GENÉRICA
Representar a la Nación en materia tributaria, aduanera y cambiaria ante la
jurisdicción contencioso administrativa y la justicia ordinaria.
FUNCIONES
1. Representar a la DIAN en los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo y justicia ordinaria. 2. Ejecutar el plan de acción. 3.
Prestar asesoría a las diferentes áreas de la administración. 4. Participar en los
comités técnicos. 5. Compilar y analizar la jurisprudencia del Tribunal y del
Consejo de Estado y enviar al relator para su divulgación 6. Incluir información en
el sistema Gestor. 7. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por
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28
el superior inmediato, de acuerdo con la naturaleza del puesto de trabajo.
DISCIPLINA
Título en Derecho
ESPECIALIZACION
OBSERVACIONES
(…)» (sic).
«Línea: Jurídica
Cod: 198 Nombre del puesto: Abogado Vía Gubernativa
Cargo: Profesional Experiencia (Años): 2
Superior inmediato: Jefe División Jurídica
DESCRIPCION GENÉRICA
Resolver recursos en la vía gubernativa así como derechos de petición y
reducción sanción.
FUNCIONES
1. Proyectar y firmar según delegación los actos admisorios e inadmisorios de los
recursos de reconsideración presentados, así como los demás actos que se
requieran para el cumplimiento de las actuaciones a cargo de la división. 2.
Proyectar y firmar de acuerdo con las delegaciones los proyectos de los fallos de
los recursos interpuestos y las decisiones de los derechos de petición contra los
actos administrativos, expedidos por las diferentes dependencias de la
administración previo análisis de las normas y jurisprudencia vigente y aplicable
sobre cada tema. 3. Resolver las solicitudes de reducción sanción. 4. Proyectar
los fallos de revocatoria directa para la firma del administrador o su delegado. 5.
Prestar apoyo jurídico en materia tributaria, aduanera y cambiaria a las diferentes
áreas de la administración. 6. Participar en los comités técnicos 7. Incluir
información en el sistema Gestor 8. Desempeñar las demás funciones que le sean
asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con la naturaleza del puesto de
trabajo.
DISCIPLINA
Título en Derecho
ESPECIALIZACION
OBSERVACIONES
(…)» (sic).
«Línea: Jurídica
Cod: 197 Nombre del puesto: Abogado Unidad Penal
Cargo: Profesional Experiencia (Años): 3
Superior inmediato: Jefe División Unidad Penal (NC) o Jefe División Jurídica
(Administraciones Especiales de Impuestos, Especiales de
Aduanas, Locales 1 y 2, Mixta 1)
DESCRIPCION GENÉRICA
Formular las denuncias por delitos fiscales a que hubiere lugar y representar los
intereses de la DIAN dentro de las investigaciones penales que se adelanten.
FUNCIONES
1. Formular las denuncias a que hubiere lugar por la comisión de hechos punibles
en materia tributaria y aduanera y las demás que se les asigne 2. Recolectar,
perfeccionar y asegurar las pruebas que han de servir de soporte a las denuncias.
3. Constituirse en parte civil en los procesos penales por los delitos fiscales y otros
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hechos punibles en los que deba intervenir de conformidad con las competencias
asignadas. 4. Asesorar, coordinar, vigilar y controlar a las unidades penales de las
administraciones de la DIAN, en cuanto a la formulación de las denuncias a que
hubiera lugar y en relación con el trámite y actuaciones que deban surtirse dentro
de las investigaciones penales por delitos fiscales, así como el seguimiento de las
mismas, de conformidad con las competencias asignadas (exclusiva para NC). 5.
Proponer las providencias judiciales penales de importancia para su divulgación
(exclusivo del Nivel Central) 6. Propender por la actualización de los datos e
información que deba suministrar las Unidades Penales a nivel nacional (exclusivo
del Nivel Central). 7. Mantener actualizada la aplicación CARRARA y suministrar
los respectivos informes requeridos al Nivel Central. 8. Realizar las visitas a las
diferentes dependencias de la Administración a efectos de verificar el
cumplimiento de las disposiciones en materia de delitos fiscales. 9. Suministrar los
informes y los actos requeridos por el Nivel Central 10. Desempeñar las demás
funciones que le sean asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con la
naturaleza del puesto de trabajo.
DISCIPLINA
Título en Derecho
ESPECIALIZACION
Tributario, Aduanero, Cambiario, Público, Penal
OBSERVACIONES
(…)» (sic).
«Línea: Jurídica
Cod: 203 Nombre del puesto: Orientador Jurídico
Cargo: Profesional Experiencia (Años): 2
Superior inmediato: Jefe División Jurídica
DESCRIPCION GENÉRICA
Apoyar y orientar a los usuarios internos y externos sobre normas tributarias,
aduaneras y cambiarias jurisprudencia y doctrina.
FUNCIONES
1. Atender las consultas de los contribuyentes y en caso de consulta escrita remitir
el concepto pertinente al contribuyente. 2. Suministrar y divulgar información
requerida. 3, Organizar charlas de actualización sobre temas tributarios, aduanera
y cambiarios. 4. Llevar estadísticas y elaborar bancos de preguntas y respuestas
para unificar criterios. 5. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas
por el superior inmediato, de acuerdo con la naturaleza del puesto de trabajo.
DISCIPLINA
Título en Derecho, Contaduría
ESPECIALIZACION
OBSERVACIONES
(…)» (sic).
«Código: Nivel del Empleo Nombre del Empleo
176 Profesional Abogado Administración con Funciones
Jurídicas
Área Funcional Proceso Subproceso
Misional Gestión Jurídica Gestión Jurídica
Ubicación:
Superior Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Dependencia: Donde se ubique el cargo
Misión: para qué existe el empleo.
Ejercer las funciones del área jurídica en la Administración, con el fin de garantizar
el derecho de defensa de los contribuyentes y /o usuarios aduaneros o cambiarios
y en materia de Comercio Exterior, defender los intereses de la Nación DIAN y en
general propender por la aplicación de la unidad de criterio y la seguridad jurídica
de los actos administrativos proferidos por la administración.
Descripción de funciones esenciales:
1. Representar a la DIAN en los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción
Contencioso Administrativa con el fin de defender los intereses de la Nación. 2.
Proyectar los fallos de los recursos interpuestos contra los actos proferidos por las
diferentes dependencias de la Administración, verificando los requisitos para su
procedencia, con el fin de garantizar el derecho de defensa y la correcta aplicación
de la normatividad en materia Tributaria, Aduanera, Cambiaria y de Comercio
Exterior. 3. Proyectar para la firma del Administrador o su delegado los fallos de
revocatoria directa con el fin de estudiar la procedencia o no de las causales de
revocatoria directa señaladas en el Art. 69 del Código Contencioso Administrativo
en materia Tributaria, Aduanera, Cambiaria y de Comercio Exterior. 4. Participar
en los Comités Jurídicos con el objeto de mantener la Unidad Doctrinal; 5. Incluir
los actos proferidos en desarrollo de las funciones del área Jurídica en el sistema
Gestor, con el fin de suministrar una información confiable. 6. Formular denuncias
cuando tenga conocimiento de la comisión de conductas punibles, detectadas pon
funcionarios de las dependencias de la entidad en cumplimiento de sus funciones
en materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria y constituirse en parte civil conforme
a las delegaciones del Director General para garantizar la defensa de los intereses
de la Nación-DIAN. 7. Intervenir en las actuaciones penales que se adelanten con
el procedimiento del Sistema acusatorio, para obtener el reconocimiento de la
calidad de víctima y realizar todas las actuaciones tendientes a la defensa de los
intereses de la Nación DIAN. 8. Orientar al contribuyente o usuario aduanero o
cambiario, con el fin de divulgar la normatividad, la doctrina y la jurisprudencia. 9.
Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior
inmediato, de acuerdo con la naturaleza.
Educación Formal: Experiencia:
Título:
Profesional 2 años de experiencia
Disciplinas:
Otras:
Derecho
Especializaciones
(…)» (sic).
«Código: Nivel del Empleo Nombre del Empleo
178 Profesional Abogado Representación Externa
Administración
Área Funcional Proceso Subproceso
Misional Gestión Jurídica Gestión Jurídica
Ubicación:
Superior Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Misión: para qué existe el empleo.
Representar a la Entidad en materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria ante la
jurisdicción Contencioso Administrativa con el fin de defender los intereses de la
Nación-DIAN.
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Descripción de funciones esenciales:
1. Representar a la Entidad en los procesos que se adelanten ante la jurisdicción
Contencioso Administrativa con el fin de defender los intereses de la Nación-DIAN.
2. Representar a la Entidad en las acciones de tutela que se adelanten en su
contra con el fin de defender los intereses de la Nación-DIAN. 3. Prestar apoyo
jurídico a las diferentes áreas de la Administración con el fin de mantener la
unidad de criterio en materia doctrinal y jurisprudencial. los Comités Jurídicos en
aras de mantener la unidad de criterio en materia doctrinal y 4. Participar en
jurisprudencial 5. Incluir la información de los actos administrativos en el sistema
gestor con el fin de mantener la información actualizada. 6. Desempeñar las
demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con
la naturaleza del empleo.
Educación Formal: Experiencia:
Título:
Profesional 2 años de experiencia
Disciplinas:
Otras:
Derecho
Especializaciones
(…)» (sic).
«Código: Nivel del Empleo Nombre del Empleo
179 Profesional Abogado Unidad Penal Administración
Área Funcional Proceso Subproceso
Misional Gestión Jurídica Gestión Jurídica
Ubicación:
Superior Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Misión: para qué existe el empleo.
Formular denuncias penales y constituirse en parte civil en los procesos penales,
intervenir en las actuaciones penales que se realicen con el sistema acusatorio
para obtener el reconocimiento de la calidad de victima con el fin de defender los
intereses de la Nación-Dian
Descripción de funciones esenciales:
1. Formular denuncias, cuando se tenga conocimiento de la comisión de
conductas punibles, detectadas por funcionarios de las dependencias de la
Dirección General de Impuestos y Aduanas Nacionales, en cumplimiento de sus
funciones en materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria y constituirse en parte civil
conforme a las delegaciones del Director General para defender los intereses de
la Nación-Dian. 2. Intervenir en las actuaciones penales que se adelanten con el
procedimiento del sistema acusatorio, para obtener el reconocimiento de la calidad
de víctima y realizar todas las actuaciones tendientes a la defensa de los intereses
de la Nación-Dian. B. Recolectar, perfeccionar y asegurar las pruebas que han de
servir de soporte a las denuncias para garantizar una correcta defensa de los
intereses de la Entidad. 4. Estudiar, analizar y remitir a la División de Unidad Penal
de la Oficina Jurídica, las decisiones judiciales con el fin de divulgarlas. 5. Ejercer
funciones de policía judicial, cuando la Dirección General de la entidad lo disponga
en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. 6. Alimentar oportunamente,
con eficiencia y calidad, los aplicativos diseñados e instalados para el suministro
de la información, sobre las denuncias instauradas, tramitadas y sentencias
proferidas en materia de delitos fiscales y otras conductas punibles con el fin de
mantener la información actualizada. 7. Asesorar a la Administración en materia
penal para mantener a los funcionarios informados actualizados sobre el tema. 8.
Coordinar, vigilar y controlar que la Administración cumpla con los procedimientos
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internos para el suministro de la información, indispensable para la formulación de
las denuncias penales para poder adelantar las funciones de la Unidad Penal. 9.
Remitir a la División de Cobranzas las sentencias ejecutoriadas para el cobro y
efectuar el seguimiento con el fin de efectuar las solicitudes que correspondan a
los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad. 10, Remitir
oportunamente, con eficiencia y calidad la información solicitada por la División de
Unidad Penal en la Oficina Jurídica. 11. Efectuar visitas a las Divisiones de
Cobranzas y/o Fiscalización y otras dependencias de la Administración, con el fin
de coordinar y controlar el cumplimiento de los procedimientos internos para el
suministro de la información, indispensable para la formulación de las denuncias
penales. 12. Coordinar la capacitación en materia penal y de procedimiento, de los
funcionarios del grupo de Unidad Penal y de otras dependencias de la
Administración. 13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por
el superior inmediato, de acuerdo con la naturaleza del empleo.
Educación Formal: Experiencia:
Título:
Profesional 2 años de experiencia
Disciplinas:
Otras:
Derecho
Especializaciones
(…)» (sic).
«Código: Nivel del Empleo Nombre del Empleo
181 Profesional Abogado Vía Gubernativa
Área Funcional Proceso Subproceso
Misional Gestión Jurídica Gestión Jurídica
Ubicación:
Superior Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Misión: para qué existe el empleo.
Garantizar que los actos y las actuaciones administrativas de competencia del
área Jurídica se profieran con fundamento en la legislación, doctrina y
jurisprudencia expedida en materia tributaria, aduanera y cambiaria para dar
cumplimiento a las directrices existentes en materia de seguridad jurídica.
Descripción de funciones esenciales:
1. Proyectar los fallos de los recursos interpuestos contra los actos expedidos por
las diferentes dependencias de la entidad verificando los requisitos para su
procedencia y teniendo en cuenta la normatividad, la doctrina y la jurisprudencia
con el fin de garantizar el derecho de defensa y la correcta aplicación de la
normatividad en materia tributaria, aduanera y cambiaria. 2. Proyectar para la
firma del Administrador los actos administrativos cuya competencia se le haya
asignado por ley con el fin de fallar los recursos interpuestos dentro de los
términos de Ley. 3. Dar respuesta a los derechos de petición presentados por los
contribuyentes, usuarios aduaneros y cambiarios con el fin de resolver las
inquietudes presentadas por los mismos. 4. Proyectar para la firma del
Administrador o su delegado los fallos de la revocatoria directa con el fin de
estudiar la procedencia o no de las causales de revocatoria directa señaladas en
el articulo 69 del Código Contencioso Administrativo en materia tributaria,
aduanera y cambiaria. 5. Prestar apoyo jurídico en materia tributaria, aduanera y
cambiaria a las diferentes áreas de la Administración con el fin de unificar criterios
en la aplicación de las normas tributarias, aduaneras y cambiarias. 6. Participar en
los comités jurídicos con el objeto de mantener la unidad doctrinal y
jurisprudencial. unificar criterios en la aplicación de las normas tributarias,
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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aduaneras y cambiarias. 7. Incluir los actos proferidos por la División Jurídica
Tributaria en el aplicative Gestor con el fin de mantener actualizada la información.
8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior
inmediato, de acuerdo con la naturaleza del empleo
Educación Formal: Experiencia:
Título:
Profesional 1 años de experiencia
Disciplinas:
Otras:
Derecho
Especializaciones
(…)» (sic).
«Código: Nivel del Empleo Nombre del Empleo
186 Profesional Orientador Jurídico Administración
Área Funcional Proceso Subproceso
Misional Gestión Jurídica Gestión Jurídica
Ubicación:
Superior Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Misión: para qué existe el empleo.
Orientar a los contribuyentes y usuarios aduaneros o cambiarios sobre la
normatividad, la doctrina y la jurisprudencia en materias Tributaria, Aduanera,
Cambiaria y de Comercio Exterior, así como, apoyar a los funcionarios de la
diferentes dependencias de la Administración, con el fin de propender por la
seguridad jurídica.
Descripción de funciones esenciales:
1. Atender la consultas formuladas verbal o telefónicamente por los contribuyentes
o usuarios aduaneros o cambiarios en materias Tributaria, Aduanera, Cambiaria o
de Comercio Exterior y las formuladas por escrito cuando exista pronunciamiento
de la Oficina Jurídica al respecto o en caso contrario remitirlas a esa dependencia,
con el fin de mantener la unidad doctrinal. 2. Apoyar a la División, Grupo Jurídico o
a quien ejerza las funciones jurídicas en la Administración en la organización de
jornadas de capacitación, actualización y divulgación sobre temas Tributarios,
Aduaneros y Cambiarios, con el fin de proveer herramientas para garantizar la
seguridad jurídica. 3. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por
el superior inmediato, de acuerdo eon la naturaleza del empleo.
Educación Formal: Experiencia:
Título:
Profesional 3 años de experiencia
Disciplinas:
Otras:
Derecho
Especializaciones
(…)» (sic).
2.6. Análisis sustancial del caso concreto
32. El demandante pretendió que se declarara la nulidad del Oficio
100000202-00235 del 16 de marzo de 2018 y de la Resolución 004241 del 28 de
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34
mayo de 2018, mediante los cuales la DIAN negó el reconocimiento de las
diferencias salariales y prestacionales derivadas del desempeño de funciones
correspondientes a cargos como «Profesional en Ingresos Públicos o Profesional en
Ingresos Públicos II 31-21, Gestor II o Gestor III del Área Jurídica y Gestor II o Gestor III
de Asistencia al Cliente y Gestión Masiva». Como consecuencia de lo anterior, pidió
el reconocimiento y pago de dichas diferencias, junto con la reliquidación de las
prestaciones sociales causadas sobre los valores que, en su criterio, debió
percibir.
33. El Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión, en
sentencia proferida el 19 de junio de 2024 accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. En consecuencia, declaró la nulidad de los actos
administrativos demandados y condenó a la DIAN a reconocer y pagar las
diferencias salariales existentes entre los cargos de analista III, código 203, grado
03, y gestor II, código 302, grado 02, causadas entre el 31 de enero de 2015 y el
28 de agosto de 2016, así como a reliquidar las prestaciones sociales
correspondientes.
34. Para tal efecto, consideró acreditado que el actor había desempeñado
funciones propias de cargos del nivel profesional, especialmente en el área
jurídica, y que, en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las
formas, tenía derecho al reconocimiento de las diferencias salariales reclamadas.
No obstante, declaró prescritas las acreencias causadas con anterioridad al 31
de enero de 2015.
35. El demandante presentó recurso de apelación con fundamento en que no
había operado la prescripción declarada por el tribunal, toda vez que el término
previsto en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de
1969 únicamente resultaba aplicable a derechos previamente exigibles. La
controversia versaba sobre el reconocimiento judicial de diferencias salariales
derivadas del desempeño de funciones de superior jerarquía, de manera que la
exigibilidad del derecho solo podía predicarse a partir de la providencia que lo
reconociera. En consecuencia, se debía revocar parcialmente la sentencia y
acceder a la totalidad de las pretensiones de la demanda.
36. La DIAN también apeló la decisión de instancia al considerar que no se
encontraba demostrado que el demandante hubiera desempeñado, durante el
período comprendido entre el 31 de enero de 2015 y el 28 de agosto de 2016, las
funciones correspondientes a cargos del nivel profesional que justificaran el
reconocimiento de diferencias salariales. A su juicio, el tribunal efectuó un
análisis general de la trayectoria laboral del actor, sin verificar las funciones
efectivamente desarrolladas durante dicho lapso. Además, sostuvo que,
particularmente desde el traslado dispuesto en mayo de 2015, el actor no estaba
adscrito al área jurídica y que la realización ocasional de actividades propias de
cargos profesionales no generaba el derecho a una equiparación salarial.
Asimismo, indicó que no se había acreditado el desempeño integral de las
funciones, responsabilidades y requisitos del empleo respecto del cual se
pretendía la homologación, por lo que pidió revocar la sentencia y negar las
pretensiones de la demanda.
37. Para resolver el problema jurídico planteado, se verificará si se acreditaron
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35
los presupuestos fácticos para la aplicación del principio de igualdad salarial
entre servidores que ocupan cargos distintos en la planta de personal, a saber: (i)
que cuenten con igual preparación académica y profesional; (ii) que desarrollen
funciones equivalentes; y (iii) que el trabajador solicitante reúna los requisitos
exigidos para el empleo respecto del cual pretende la nivelación salarial.
38. Valga recordar que, como se expuso en el marco normativo y
jurisprudencial de esta providencia, quien pretenda el reconocimiento de
diferencias salariales con fundamento en el principio de «a trabajo igual, salario
igual» tiene la carga de acreditar que desempeñaba las mismas funciones y
asumía iguales responsabilidades que las correspondientes al empleo tomado
como referente de comparación, que contaba con la misma preparación
académica y profesional y que cumplía con la totalidad de los requisitos exigidos
para el desempeño de dicho cargo. Asimismo, la jurisprudencia ha precisado que
no basta con demostrar la ejecución de algunas actividades similares o afines,
sino que debía acreditarse una identidad funcional efectiva que permitiera
establecer la existencia de un trato salarial desigual injustificado.
39. En este sentido, el análisis no podría fundarse exclusivamente en la
denominación de los cargos ni en la ejecución aislada de determinadas tareas,
sino en la comprobación objetiva de una equivalencia sustancial entre el empleo
efectivamente desempeñado y aquel cuya remuneración se reclama.
40. Preparación académica y profesional. Se encuentra acreditado que el
demandante obtuvo el título de abogado el 22 de diciembre de 1995, expedido
por la Universidad Libre de Colombia, seccional Atlántico, y posteriormente el de
especialista en Derecho Administrativo el 22 de agosto de 2008, conferido por la
Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Montería. Asimismo, obra prueba de
su vinculación a la DIAN desde el 15 de marzo de 1996 y de la experiencia
laboral adquirida en la entidad durante más de 20 años.
41. De igual forma, los manuales de funciones allegados al expediente
permiten advertir que varios de los empleos respecto de los cuales el actor
pretende la homologación salarial, entre ellos, profesional en ingresos públicos,
profesional en ingresos públicos II, gestor II, gestor III y otros cargos del área
jurídica, exigían formación profesional en Derecho y experiencia relacionada en
materias tributarias, aduaneras, cambiarias o de gestión jurídica.
42. En consecuencia, la Sala encuentra satisfecho el primer presupuesto
jurisprudencial, relativo a la preparación académica y profesional, pues el
demandante acreditó la formación y experiencia requeridas para desempeñar
diversos cargos del nivel profesional dentro de la planta de personal de la DIAN.
43. Cumplimiento de funciones equivalentes. No obstante, la controversia no
se agota con la acreditación de los requisitos académicos exigidos para
determinados empleos, sino que demanda verificar si el actor demostró haber
desempeñado de manera efectiva, permanente e integral las funciones propias
del cargo respecto del cual pretende la nivelación salarial.
44. Sobre este aspecto, el expediente permite establecer que a lo largo de su
trayectoria laboral desarrolló múltiples actividades relacionadas con asuntos
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36
jurídicos de la entidad. En efecto, desde el año 1997 fue ubicado para
desempeñar labores de asesoría jurídica y coordinación del área jurídica de la
Administración Local de Impuestos Nacionales de Sincelejo. Posteriormente, se
le asignaron funciones de coordinador del área jurídica, orientación al
contribuyente, relatoría y coordinación del comité de quejas, reclamos y
sugerencias.
45. Asimismo, mediante la Resolución 019 del 6 de febrero de 2007 se le
asignaron funciones de abogado de la Unidad Penal de la Oficina Jurídica. De
igual forma, a través de la Resolución 021 del 18 de noviembre de 2008 fue
comisionado para desempeñar funciones de abogado de vía gubernativa y
representación externa en la Oficina Jurídica de la Dirección Seccional de
Impuestos y Aduanas de Sincelejo.
46. En igual sentido, el Formato 1268 del 1 de agosto de 2009 da cuenta de
que se le asignaron funciones correspondientes a los roles de gestor jurídico,
abogado de representación externa en materia penal, abogado de vía
gubernativa y asistente técnico. Entre ellas se encontraban la proyección de
fallos de recursos, la resolución de derechos de petición, la formulación de
denuncias penales, la constitución de parte civil, la representación judicial de la
entidad y la atención de asuntos relacionados con la defensa de los intereses de
la Nación.
47. A su turno, las certificaciones expedidas por la DIAN el 1 de marzo de
2010 y el 12 de julio de 2013 informaron que el actor había desempeñado
funciones de abogado de la administración, abogado de gestión jurídica, abogado
de representación externa en materia penal, abogado de vía gubernativa, gestor
jurídico, coordinador jurídico y asistente técnico. Tales certificaciones describen
actividades relacionadas con la representación judicial y administrativa de la
entidad, la elaboración de actos administrativos, la resolución de recursos, la
formulación de denuncias penales y el apoyo jurídico a distintas dependencias de
la entidad.
48. Incluso, mediante Oficio 123000201-00081 del 3 de abril de 2018, la
propia DIAN certificó que el actor había ejercido la representación judicial de la
entidad en 52 procesos contenciosos y constitucionales, así como en 137
procesos penales en los cuales la entidad se constituyó como parte civil.
49. Lo anterior permite concluir que el demandante sí desarrolló, durante
distintos periodos de su vinculación, actividades de naturaleza jurídica que
excedían las funciones ordinariamente asociadas a cargos de carácter técnico.
50. Sin embargo, la circunstancia descrita en precedencia no resulta suficiente
para acceder a la pretensión de nivelación salarial formulada en la demanda. La
Sala no desconoce que el demandante desarrolló, a lo largo de su trayectoria
laboral, actividades jurídicas relevantes para la entidad e incluso ejerció
funciones que ordinariamente eran asignadas a servidores del nivel profesional.
No obstante, ello no conduce automáticamente al reconocimiento de diferencias
salariales, pues la jurisprudencia exige acreditar la identidad funcional respecto
de un empleo determinado y la existencia de un parámetro cierto de
comparación, extremos que no fueron demostrados en el presente asunto.
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51. En efecto, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado de manera
reiterada que la aplicación del principio de igualdad salarial exige acreditar la
equivalencia real y efectiva entre el empleo desempeñado por el servidor y aquel
respecto del cual se reclama la homologación. Para ello no basta demostrar la
ejecución de algunas funciones similares o la asignación ocasional de tareas
propias de un empleo distinto, sino que es necesario establecer la identidad
funcional sustancial entre ambos cargos.
52. En igual sentido, esta Subsección, al resolver asuntos de contornos
semejantes, reiteró que quien pretende la nivelación salarial tiene la carga de
acreditar, de manera suficiente, el cumplimiento de las funciones,
responsabilidades y requisitos propios del empleo respecto del cual se reclama la
homologación. Así, en la sentencia dictada el 2 de octubre de 202528 se precisó
que la similitud parcial entre funciones de cargos de la DIAN no basta para
reconocer diferencias salariales cuando no se acredita el desempeño pleno y
continuo de las funciones diferenciadoras y sustanciales del empleo reclamado.
De igual forma, en el fallo proferido el 30 de abril de 202629 se recordó que la
parte demandante debe identificar el cargo respecto del cual pretende la
nivelación y demostrar que ejerció funciones propias de ese empleo en
condiciones equivalentes, sin que resulte suficiente la asignación de actividades
afines o la participación en comisiones propias de la dinámica del servicio.
53. En el caso concreto, la demanda no se estructuró respecto de un cargo
específico de comparación. Por el contrario, el actor reclamó diferencias
salariales respecto de diversos empleos de la planta de personal de la DIAN,
entre ellos, «Profesional en Ingresos Públicos o Profesional en Ingresos Públicos II
31-21, Gestor II o Gestor III del Área Jurídica y Gestor II o Gestor III de Asistencia al
Cliente y Gestión Masiva», así como otros cargos del nivel profesional o superior
categoría.
54. Tal circunstancia impide efectuar el ejercicio de comparación exigido por la
jurisprudencia para la procedencia de la nivelación salarial, pues no es posible
determinar con certeza cuál era el empleo cuya remuneración debía servir de
parámetro para establecer la supuesta desigualdad alegada. Incluso, la
certificación expedida por la DIAN el 11 de noviembre de 2016 evidencia que
dentro del área jurídica coexistían diversos empleos del nivel profesional y
especializado, tales como profesional en ingresos públicos, profesional en
ingresos públicos II, gestor I, gestor II, gestor III e inspector I, cada uno con
grados y asignaciones salariales diferentes.
55. Aun cuando las certificaciones expedidas por la entidad describen
funciones jurídicas desarrolladas por el actor, lo cierto es que estas corresponden
a distintos roles funcionales desempeñados a lo largo de varios años de servicio
y no permiten identificar, con el grado de certeza requerido, un cargo específico
cuya totalidad de funciones, responsabilidades, nivel jerárquico y ámbito
competencial hubiera sido asumida de manera permanente e integral por el
28
Consejo de Estado, Subsección B, sentencia del 2 de octubre de 2025, radicado
13001-23-33-2016-00769-01 (3265-2024).
29
Consejo de Estado, Subsección B, sentencia del 30 de abril de 2026, radicado
68001-23-33-000-2019-00078-01 (5789-2024).
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demandante.
56. En particular, las certificaciones expedidas el 1 de marzo de 2010 y el 12
de julio de 2013 dan cuenta de que el demandante desempeñó funciones como
coordinador jurídico, abogado de vía gubernativa, abogado de representación
externa en materia penal y procesos judiciales y administrativos, gestor jurídico,
asistente técnico y abogado de la administración.
57. La primera de ellas precisó que entre el 2 de agosto de 1999 y el 1 de
enero de 2009 ejerció funciones de coordinación jurídica y que, desde el 2 de
enero de 2009, desarrolló actividades relacionadas con la representación judicial
y administrativa de la entidad, la proyección y revisión de actos administrativos,
recursos y revocatorias directas, la formulación y seguimiento de denuncias
penales, la atención de consultas y derechos de petición y el apoyo jurídico a
distintas dependencias de la DIAN. Por su parte, la segunda refirió el ejercicio de
esas actividades en distintos períodos comprendidos entre el 2 de agosto de
1999 y el 12 de julio de 2013. Sin embargo, dichos documentos no individualizan
con precisión el lapso durante el cual ejerció cada uno de esos roles, ni permiten
establecer que alguno de ellos hubiera sido desempeñado de manera continua,
permanente e integral como empleo específico de comparación salarial.
58. De igual forma, la certificación relativa a los procesos contenciosos,
constitucionales y penales en los cuales el actor ejerció representación judicial de
la entidad acredita el desarrollo de actividades jurídicas relevantes, pero no
sustituye la carga de demostrar la equivalencia funcional plena con un cargo
concreto de la planta de personal. La representación judicial constituye un
elemento probatorio importante, pero no permite establecer, por sí sola, que el
demandante hubiera asumido todas las funciones, responsabilidades, nivel
jerárquico y competencias del empleo respecto del cual reclama la homologación
salarial.
59. De hecho, las pruebas evidencian que el actor desarrolló actividades
diversas y variables en diferentes dependencias de la entidad. Así, en
determinados periodos ejerció labores de coordinación jurídica, representación
judicial, vía gubernativa y unidad penal; en otros fue comisionado para
actividades de fiscalización tributaria, jornadas masivas de control, visitas
institucionales, programas de recaudo y, posteriormente, actividades relacionadas
con asistencia al cliente.
60. Esta diversidad funcional impide concluir que el demandante hubiese
desempeñado de manera permanente e integral las funciones propias de un
único empleo del nivel profesional respecto del cual pudiera efectuarse una
comparación salarial objetiva.
61. Al contrastar las certificaciones laborales y los formatos de valoración del
desempeño con los manuales de funciones allegados al expediente, se advierte
que varias de las actividades ejecutadas por el demandante guardaban relación
con funciones propias de empleos del área jurídica, tales como la representación
judicial, la proyección de actos administrativos, el apoyo en vía gubernativa, la
participación en comités jurídicos y la inclusión de información en aplicativos
institucionales. No obstante, esa coincidencia fue parcial y variable, pues las
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actividades acreditadas se distribuyeron entre distintos roles funcionales y no se
concentraron, de manera permanente, en el conjunto de funciones esenciales de
un solo empleo.
62. En efecto, los manuales transcritos describen empleos diferenciados
(coordinador jurídico, abogado de representación externa, abogado de vía
gubernativa, abogado de unidad penal y orientador jurídico, entre otros), cada
uno con funciones, responsabilidades, experiencia y ámbito competencial
propios. Las pruebas allegadas demuestran que el actor realizó tareas asociadas
a varios de esos empleos en diferentes momentos, pero no acreditan que hubiera
asumido, en un período determinado y de forma integral, el núcleo esencial de
funciones, responsabilidades y competencias de uno de ellos como referente
específico de homologación salarial.
63. A ello se suma que, aunque los manuales allegados fueron aportados
como referentes de comparación de distintos empleos de la línea jurídica de la
DIAN, de su sola transcripción no se advierte con precisión la vigencia temporal
de cada una de las descripciones funcionales allí contenidas, lo cual impide
establecer, con el grado de certeza requerido, que las funciones certificadas al
demandante en determinados periodos correspondían al manual vigente del
empleo específico cuya remuneración se reclama.
64. Particular relevancia adquiere el período reconocido por el tribunal,
comprendido entre el 31 de enero de 2015 y el 28 de agosto de 2016. En efecto,
las evaluaciones de desempeño demuestran que entre el 1 de febrero y el 10 de
mayo de 2015 el actor desarrolló actividades de apoyo jurídico relacionadas con
la sustanciación de acciones constitucionales, tutelas, populares y de
cumplimiento; la participación en comités jurídicos; y la consolidación, revisión e
inclusión de información del área jurídica en los aplicativos institucionales. En
dicho período obtuvo una calificación de 4.76 sobre 5.0, lo que acredita un
desempeño favorable en las labores asignadas.
65. No obstante, tales actividades aparecen descritas en términos de apoyo,
participación y consolidación de información, lo cual evidencia colaboración
funcional con el área jurídica, mas no el ejercicio pleno de un empleo específico
de gestor II, gestor III, profesional en ingresos públicos u otro cargo determinado
del nivel profesional. La calificación obtenida demuestra la calidad del
desempeño frente a los compromisos asignados, pero no acredita, por sí sola,
que el actor hubiera asumido el núcleo esencial de funciones, responsabilidades,
competencias y nivel funcional propios del empleo respecto del cual pretende la
homologación salarial.
66. La anterior conclusión se refuerza si se tiene en cuenta que la nivelación
salarial pretendida supone la carga de demostrar que el servicio prestado era
equivalente en sus aspectos sustanciales al correspondiente empleo respecto del
cual se reclama la homologación, esto es, que el servidor cumplía efectivamente
con las funciones principales, responsabilidades fundamentales y competencias
medulares asignadas a dicho cargo durante la jornada laboral.
67. Además, mediante Resolución 0187 del 11 de mayo de 2015, el
demandante fue trasladado a la División de Gestión de Asistencia al Cliente por
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necesidades del servicio. A partir de dicho traslado, los compromisos laborales
registrados en las evaluaciones de desempeño estuvieron relacionados
principalmente con actividades de inscripción y actualización del RUT, asistencia
a usuarios, campañas de gestión masiva y atención al cliente, funciones que
difieren sustancialmente de aquellas propias de los cargos jurídicos respecto de
los cuales el actor pretende la homologación.
68. Así las cosas, tampoco se encuentra demostrado que durante el período
concreto reconocido por el tribunal el actor hubiese desempeñado de manera
integral y permanente las funciones correspondientes al empleo de gestor II,
código 302, grado 02, ni las de algún otro cargo específico del nivel profesional
respecto del cual pudiera realizarse una comparación funcional objetiva.
69. Requisitos del empleo reclamado. Aunque el demandante acreditó
formación académica y experiencia profesional suficientes para ocupar distintos
empleos del nivel profesional, ello no releva la necesidad de demostrar la
equivalencia funcional respecto de un cargo determinado.
70. Adicionalmente, obra prueba de que cuando la entidad requirió que el
actor ejerciera temporalmente funciones correspondientes a empleos de superior
jerarquía, expidió los respectivos actos de encargo y le reconoció la
remuneración correspondiente durante tales períodos, particularmente mediante
las resoluciones 09200 del 28 de agosto de 2009, 04063 del 3 de mayo de 2010,
005848 del 11 de agosto de 2016 y 001884 del 21 de marzo de 2017.
71. Esta circunstancia evidencia que la administración distinguió entre el
empleo del cual era titular y aquellos que ejerció transitoriamente. Además, los
actos de encargo no permiten extender retroactivamente la remuneración de
dichos empleos a períodos anteriores o distintos, ni acreditan por sí solos que en
los lapsos en los cuales permaneció vinculado como analista III hubiera ejercido
de manera integral las funciones del cargo de gestor II o de otro empleo
específico del nivel profesional.
72. En esa misma línea, no bastaba acreditar la ejecución de actividades de
naturaleza jurídica o administrativa afines a cargos del nivel profesional, sino que
era necesario demostrar que dichas actividades correspondían al núcleo esencial
de funciones, responsabilidades y competencias del empleo específico cuya
remuneración se reclama.
73. Ciertamente, al tenor de lo dispuesto en el artículo 167 del CGP, según el
cual «incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el
efecto jurídico que ellas persiguen», correspondía al demandante acreditar que
desempeñó de manera efectiva e integral las funciones principales,
responsabilidades fundamentales y competencias medulares del cargo cuya
remuneración reclama. Sin embargo, las pruebas obrantes en el expediente
únicamente permiten establecer que desarrolló diversas actividades de
naturaleza jurídica y administrativa, pero no que estas correspondieran al núcleo
esencial de un empleo específico del nivel profesional respecto del cual pudiera
efectuarse una comparación objetiva.
74. Adicionalmente, aunque obra una certificación expedida por la DIAN en la
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que se relacionan diversos servidores ubicados en el área jurídica y los salarios
percibidos por estos entre los años 1997 y 2016, dicho documento no permite
establecer la procedencia de la nivelación salarial pretendida. En efecto, si bien
acredita diferencias remunerativas objetivas entre distintos empleos de la planta
de personal, estas, por sí solas, no prueban igualdad de funciones,
responsabilidades o condiciones laborales entre aquellos servidores y el
demandante. En consecuencia, la sola diferencia salarial allí reflejada no resulta
suficiente para demostrar la vulneración del principio de igualdad salarial.
75. En este orden de ideas, no es posible acceder a la petición de nivelación
salarial y prestacional formulada con fundamento en el principio de «a trabajo
igual, salario igual», pues no se acreditaron los presupuestos necesarios para
establecer la existencia de un trato salarial desigual respecto de un empleo
concreto de comparación.
76. La Constitución Política garantiza a los trabajadores el derecho a percibir
una remuneración acorde con las funciones efectivamente desempeñadas, en
aplicación de principios como la primacía de la realidad sobre las formas, la
igualdad, la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos laborales y la
proporcionalidad entre trabajo y remuneración. No obstante, en el presente
asunto no se acreditó que el demandante hubiera desempeñado de manera
permanente, integral y equivalente las funciones propias de un cargo específico
del nivel profesional respecto del cual procediera el reconocimiento de diferencias
salariales, prestacionales o de seguridad social.
77. En consecuencia, la Sala concluye que, si bien el demandante acreditó la
preparación académica y experiencia necesarias para desempeñar empleos del
nivel profesional y demostró haber desarrollado diversas actividades jurídicas a lo
largo de su trayectoria laboral, no probó que hubiera ejercido de manera
permanente, integral y equivalente las funciones propias de un cargo
determinado respecto del cual pudiera aplicarse el principio de igualdad salarial.
78. En consideración a que no se acreditó el derecho material reclamado,
resulta innecesario abordar el estudio del fenómeno prescriptivo planteado en el
recurso de apelación del demandante, pues aún en el evento de acogerse su
postura, las pretensiones no estarían llamadas a prosperar.
79. Por lo anteriormente analizado, la Sala revocará la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo de Sucre el 19 de junio de 2024, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, se negarán.
2.7. Costas
80. En el caso concreto, como no se evidenció en esta instancia actuación
temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
81. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no procede la
solicitud de nivelación salarial y prestacional pretendida, porque, aunque el
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demandante acreditó la preparación académica y la experiencia requeridas para
desempeñar diversos empleos del nivel profesional dentro de la planta de
personal de la DIAN, no demostró haber ejercido de manera permanente, integral
y equivalente las funciones propias de un cargo específico respecto del cual
pudiera efectuarse la comparación necesaria para la aplicación del principio de «a
trabajo igual, salario igual».
82. Asimismo, las pruebas obrantes en el expediente no permiten establecer
la identidad funcional entre el empleo del cual era titular y alguno de los cargos
respecto de los cuales reclama la homologación salarial. Si bien obra una
certificación que da cuenta de los salarios percibidos por distintos servidores
ubicados en el área jurídica de la entidad, esta no acredita que aquellos
desempeñaran las mismas funciones, asumieran iguales responsabilidades o se
encontraran en condiciones equivalentes a las del actor, razón por la cual no
resulta suficiente para demostrar la existencia de una vulneración al principio de
igualdad salarial.
83. En esas condiciones, se revocará la sentencia proferida el 19 de junio de
2024 por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, se
negarán.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia proferida el 19 de junio de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión, que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda y, en su lugar, se dispone:
Negar las pretensiones de la demanda presentada por Habíd José Oviedo
Díaz contra la DIAN, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en
el aplicativo Samai.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Aclara voto
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43
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
LAVM
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