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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2018-00340-01

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2018-00340-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia de primera instancia del 5 de junio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión, que negó las pretensiones de la demanda, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. Segundo. No condenar en costas en esta instancia. Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. 40En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001- 23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). 17 Radicado: 70001-23-33-000-2018-00340-01 (6039-2024) Demandante: Milena del Carmen Arrieta Escobar La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclara voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. MLBC 18

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 70001-23-33-000-2018-00340-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

19 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 70001-23-33-000-2018-00340-01 (6039-2024)
Demandante: Milena del Carmen Arrieta Escobar
Demandado: Municipio de Sincelejo

Temas: Homologación de empleo. Personal administrativo del sector
educativo

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 5 de junio de 2024 por el Tribunal Administrativo de Sucre,
Sala Segunda de Decisión, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Milena del Carmen Arrieta Escobar presentó demanda1 en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en
orden a que se declarara la nulidad del Oficio 800.943.07.11.2017, sin fecha, por
medio del cual la Secretaría de Educación Municipal de Sincelejo le negó la
homologación del empleo que desempeñaba como auxiliar administrativo, código

1 La demanda fue presentada el 10 de abril de 2018, según acta de reparto en el documento 2 del

expediente digital de la primera instancia en Samai.
2 En lo siguiente CPACA

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 70001-23-33-000-2018-00340-01 (6039-2024)
Demandante: Milena del Carmen Arrieta Escobar

407, grado 33, a profesional universitario, código 219, grado 20, y la inaplicación por
inconstitucionalidad de la cláusula 28 del acuerdo de reestructuración de pasivos
celebrado por el municipio de Sincelejo el 4 de abril de 2013, relacionada con el
reconocimiento y pago de los intereses moratorios, indexación y «agencias en
derecho».

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) la homologación del empleo de auxiliar administrativo, código 407, grado
[33], que desempeñó, al de profesional universitario, código 219, grado 20, de la
Secretaría de Educación Municipal de Sincelejo; ii) el pago retroactivo de la
diferencia salarial y prestacional entre uno y otro empleo; iii) la indexación del valor
de la condena; iv) el cumplimiento de la sentencia condenatoria en los términos del
artículo 192 del CPACA; y v) la condena en costas a la parte demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes3:

3.1. Milena del Carmen Arrieta Escobar fue nombrada en periodo de prueba en la
Secretaría de Educación Municipal de Sincelejo en el cargo de auxiliar
administrativo, código 407, grado 32, por medio del Decreto 406 del 29 de junio de
2011 y tomó posesión del empleo el 1 de julio de 2011, según acta de esa fecha. A
través del Decreto 090 del 16 de enero de 2012 fue nombrada en propiedad, tomó
posesión del cargo el 23 de enero de 2012.

3.2. Por medio del Decreto 238 del 26 de abril de 2013, el municipio homologó el
empleo que desempeñaban Ramiro Enrique Vergara Vargas, Emigdio de Jesús
Hernández Suárez, Lucía del Carmen Pérez Martínez, Ruby Esther Vuelvas Parra,
Irmina del Rosario Soto Romero, Sara Eugenia Mendoza Tuiran, Guillermo de Jesús
Mendoza Macareno y Erlly Socorro Andrade Garavito a cargos superiores al suyo.

3.3. A través del Decreto 239 del 29 de abril de 2016 la entidad demandada homologó
su empleo de auxiliar administrativo, código 407, grado 32 con una asignación
salarial de $1.777.885 al de auxiliar administrativo, código 407, grado 33 con una
remuneración mensual de $2.069.454.

3.4. El
1 de diciembre de 2015 el municipio expidió el Decreto 569 en el que
homologó nuevamente a Ramiro Enrique Vergara Vargas, Emigdio de Jesús
Hernández Suárez, Lucia del Carmen Pérez Martínez, Ruby Esther Vuelvas Parra,
Irmina del Rosario Soto Romero, Sara Eugenia Mendoza Tuiran, Guillermo de Jesús

3 Folios 6 al 18 de la demanda en el expediente digitalizado de la primera instancia en Samai.

2

Radicado: 70001-23-33-000-2018-00340-01 (6039-2024)
Demandante: Milena del Carmen Arrieta Escobar

Mendoza Macareno y Erlly Socorro Andrade Garavito a empleos de profesional
universitario, código 219, grado 20, pero nada se dijo sobre su cargo.

3.5. El 20 de septiembre de 2017 solicitó a la demandada la homologación de su
empleo al de profesional universitario, código 219, grado 20, y el pago retroactivo
de las diferencias salariales y prestacionales a las que hubiera lugar. Sin embargo,
la anterior solicitud fue negada por medio del Oficio 800.943.07.11.2017.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 6, 25, 29, 53, 58, 83, 125 y 209 de la
Constitución Política; 27, 28 y 33 de la Ley 734 de 2002; las leyes 443 de 1998, 909
de 2004; y los decretos 1569 de 1998 y 785 de 2005.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos:

5.1. Recibió el título profesional de contadora pública el 14 de marzo de 2008 y el 28
de mayo de 2010 se graduó como especialista en docencia, pero dichas calidades
no fueron tenidas en cuenta al momento de expedir el Decreto 569 de 2015, por
medio del cual se homologaron los empleos de Ramiro Enrique Vergara Vargas,
Emigdio de Jesús Hernández Suárez, Lucia del Carmen Pérez Martínez, Ruby
Esther Vuelvas Parra, Irmina del Rosario Soto Romero, Sara Eugenia Mendoza
Tuiran, Guillermo de Jesús Mendoza Macareno y Erlly Socorro Andrade Garavito a
profesional universitario, código 219, grado 20, circunstancia que comportó un trato
desigual respecto de los citados compañeros.

5.2. El municipio de Sincelejo ha realizado homologaciones sistemáticas y « a dedo»
de una serie de empleos sin que haya mediado una convocatoria pública, lo que
afecta la meritocracia y la confianza legítima que debe regir la provisión de empleos,
pues incluso se homologó el empleo de Lucía del Carmen Pérez Martínez quien se
desempeñaba en provisionalidad y no en carrera administrativa. En punto de la
homologación de empleos en el sector educativo debió atenderse lo considerado
por la Sala de Consulta y Servicio Civil4.

5.3. Mientras que el empleo de auxiliar administrativo, código 407, grado 33, que
ejercía tenía una asignación mensual de $2.229.568, sus compañeros devengaban
una suma remuneratoria de $3.940.290

1.2. Contestación de la demanda

4 Concepto 1607 del 9 de diciembre de 2004. No se indicó radicado.

3

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Demandante: Milena del Carmen Arrieta Escobar

6. El municipio de Sincelejo se opuso a las pretensiones de la demanda, por las
razones que se expresan a continuación5:

6.1. No es cierto que se hayan realizado «re-homologaciones» de los empleos
mencionados por la demandante, pues ello correspondió en realidad a un proceso
de adecuación de la planta de personal de la Secretaría de Educación con
fundamento en el estudio técnico aprobado por el Ministerio de Educación Nacional
por medio del Oficio 2013EE19477 del 21 de marzo de 2013, el cual se concretó a
través del Decreto 238 del 26 de abril de 2013.

6.2. Tampoco es correcto afirmar que la citada homologación obedeció a un trato
preferente en favor de algunos servidores o a una situación de desigualdad de la
demandante. La decisión respondió a la aplicación de los parámetros fijados por el
ministerio en el citado estudio técnico, de modo que el empleo ocupado por la actora
no fue homologado porque no cumplía con las condiciones exigidas, en particular
porque las funciones que desempeñaba correspondían al nivel asistencial y no al
profesional.

6.3. Mientras que los empleados cuyos cargos sí fueron homologados acreditaron
desde su vinculación inicial la condición de profesionales y ejercían funciones
propias de ese nivel, la demandante se desempeñaba como auxiliar administrativo,
cargo que tenía asignadas funciones de carácter asistencial. Además, su inscripción
en carrera administrativa solo ocurrió mediante la Resolución 45 de 2016, es decir,
con posterioridad a la expedición del Decreto 238 de 2013 y a la posterior
adecuación de la planta de personal realizada mediante el Decreto 569 de 2015, lo
que confirma que no reunía los requisitos para acceder a un cargo de superior
jerarquía.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión, en sentencia del
5 de junio de 20246 negó las pretensiones de la demanda de acuerdo con las
siguientes razones:

7.1. El sistema de nomenclatura y clasificación de funciones y requisitos de los
empleos públicos de entidades territoriales fue previsto en el Decreto 785 de 2005,
en el que se establecieron como niveles jerárquicos el directivo, asesor, profesional,
técnico y asistencial. Además, también fijó las funciones del nivel profesional como
aquellas dirigidas a la «ejecución y aplicación de los conocimientos propios de cualquier

5 Documento 24 del expediente digitalizado de la primera instancia en Samai.
6 Documento 48 del expediente digitalizado de la primera instancia en Samai.

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Demandante: Milena del Carmen Arrieta Escobar

carrera profesional».

7.2. De acuerdo con el certificado de actividades desarrolladas por la demandante,
las funciones que desempeñó en ejercicio de su cargo de auxiliar administrativo,
código 407, grado [33], no correspondían a las del nivel que pretende que le sea
homologado, sino a las del nivel asistencial.

7.3. Por su parte, los empleados cuyos cargos fueron objeto de homologación por
medio del Decreto 569 de 2015 al nivel profesional sí acreditaron el desarrollo de
las actividades de esa naturaleza. En tal sentido, no puede predicarse un trato
desigual o discriminatorio respecto de sus compañeros, además en caso de que sí
se encontrara en igualdad de condiciones que sus compañeros y ellos hayan sido
homologados y ella no, ello no le daría derecho automáticamente a lo pretendido
porque «el error común no genera derecho».

1.4. El recurso de apelación

8. La demandante solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y que,
en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda. Lo anterior con base
en los siguientes argumentos7:

8.1. El juez de primera instancia no valoró de manera conjunta e integral el material
probatorio allegado al proceso, pues de las hojas de vida de Lucía del Carmen
Martínez, Emigdio de Jesús Hernández Suárez, Ruby Ester Buelvas Parra, Irmina
del Rosario Soto Romero y Sara Eugenia Mendoza no se desprende que hayan
desempeñado funciones propias del nivel profesional, circunstancia que pone en
evidencia que las homologaciones realizadas no obedecieron a criterios objetivos
de mérito8 ni al respeto del debido proceso administrativo.

8.2. En particular, Emigdio de Jesús Hernández Suárez y Ramiro Vergara Vargas
continúan desarrollando actividades propias del nivel asistencial en la Institución
Educativa Madre Amalia, donde el primero se desempeña como encargado del
archivo y el segundo como bibliotecario. Esta situación permitía advertir
inconsistencias entre las funciones realmente ejercidas y las afirmaciones
contenidas en las pruebas allegadas al proceso. Asimismo, se sostuvo que
Hernández Suárez se vinculó inicialmente al servicio público como campanero y no
en un cargo del nivel profesional.

7 Documento 49 del expediente digitalizado de la primera instancia en Samai.
8 En los términos desarrollados por la Corte Constitucional en sentencia C-487 de 1993 sobre el

derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político.

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Demandante: Milena del Carmen Arrieta Escobar

8.3. A diferencia de lo anterior, ella sí ha desempeñado funciones propias del nivel
profesional, pues tiene a su cargo la organización de las ceremonias de graduación
de la institución educativa y la atención a los padres de familia citados para la
solución de situaciones relacionadas con el entorno familiar de los estudiantes, entre
otras actividades que constan en su hoja de vida.

8.4. Finalmente, no es cierto que el título profesional haya sido aportado únicamente
el «28 de abril de 2017» dado que dicho documento fue allegado con posterioridad a
su obtención formal, de modo que no se desvirtuó el derecho que le asiste a que su
empleo sea homologado en las mismas condiciones en que lo fueron los cargos de
Ramiro Vergara Vargas y Lucía del Carmen Pérez Martínez.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

9. De conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto
de pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar9.

1.6. El Ministerio Público

10. El agente del Ministerio Público no rindió concepto en esta oportunidad10.

2. Consideraciones
2.1. Problema jurídico

11. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia11, se circunscribe a establecer

9 Según se indicó en el auto admisorio del 29 de noviembre de 2024 en el índice 4 de Samai.
10 Constancia en el índice 8.
11 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.

El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».

6

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Demandante: Milena del Carmen Arrieta Escobar

¿si Milena del Carmen Arrieta Escobar tiene derecho a la homologación del empleo
que desempeña como auxiliar administrativo, código 407, grado 33, a profesional
universitario, código 219, grado 20, de la planta de personal de la Secretaría de
Educación Municipal de Sincelejo?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. De la nacionalización de la educación y el proceso de homologación del
personal administrativo al servicio de los establecimientos educativos

12. En virtud de la Ley 43 de 197512 ocurrió el proceso de nacionalización de la
educación primaria y secundaria que prestaban los departamentos, el distrito
especial de Bogotá, los municipios, intendencias y comisarias, el cual se desarrolló
entre el 1º de enero de 1976 y el 31 de diciembre de 1980.

13. Con fundamento en la Constitución Política de 1991 y en desarrollo de los
principios constitucionales sobre el servicio público y esencial de la educación, fue
proferida la Ley 115 de 199413 a través de la cual se definió el término educación
como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, e
igualmente, se reguló como una función social acorde con las necesidades de las
personas, la familia y la sociedad14; por consiguiente, previó la obligación en cabeza
del Estado de garantizar su acceso y la responsabilidad de la nación y de las
entidades territoriales de garantizar su cobertura15.

14. En armonía con el desarrollo del concepto de educación como función pública y
como elemento determinante en el cumplimiento de los fines del Estado, se expidió
la Ley 60 de 199316, por la cual se creó el situado fiscal que sería destinado a la
educación y definió los porcentajes de participación cedidos por la nación a los entes
territoriales, el cual sería administrado bajo la responsabilidad de los departamentos
y distritos.

12 «Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando

los Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los Municipios, las Intendencias y Comisarías; se
redistribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras
disposiciones».
13 «Por la cual se expide la ley general de educación».
14 Art. 1 Ley 115 de 1994.
15 Art. 4 ibidem.
16 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con

los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones».

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15. Lacitada ley les confirió a los departamentos competencias en materia de
educación17, en particular, para la organización de plantas de personal docente y
administrativo de los servicios educativos estatales18. Igualmente, dispuso la
entrega de los recursos necesarios [bienes y personal] a los departamentos, distritos
y municipios certificados para el ejercicio de la actividad docente.

16. Más adelante, el Acto Legislativo 01 de 2001 19 modificó los artículos 356 y 357
de la Constitución Política y creó el Sistema General de Participaciones de los entes
territoriales. En desarrollo de lo anterior, se expidió la Ley 715 de 2001 20 que fijó la
proporción de la distribución de los recursos para los sectores de educación, salud
y otra con propósito general «que incluye los recursos para agua potable y saneamiento
básico»; asimismo, definió el porcentaje que posteriormente se repartiría entre los
municipios, distritos y departamentos.

17. Adicional a ello, se distribuyeron nuevamente las competencias entre la nación y
las entidades territoriales para ejercer la prestación del servicio en sus niveles
preescolar, básico y medio, en el área urbana y rural [artículos 5 a 7], mediante los
cuales se entregó a los departamentos, a los distritos y a los municipios certificados
la planeación, dirección y prestación directa del servicio educativo en condiciones
de equidad, eficiencia y calidad, así como la administración del personal.

18. En los artículos 34 y 38 ibidem, se dispuso la incorporación de docentes,
directivos y del personal administrativo a los cargos en las plantas financiadas con
recursos del Sistema General de Participaciones21 [antes situado fiscal], por parte
de la respectiva entidad territorial, con prioridad del personal vinculado que
cumpliera con los requisitos para el ejercicio del cargo.

19. Frente a este proceso de descentralización, la Sala de Consulta y Servicio Civil
emitió el Concepto 1607 del 9 de diciembre de 2004, con el fin de resolver una

17 Artículo 3, literal a), de la Ley 60 de 1993.
18 Artículo 6 de la Ley 60 de 1993.
19 «Por medio del cual se modifican algunos artículos de la Constitución Política.

(…)
Artículo 2. El artículo 356 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 356. Salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley, a iniciativa del Gobierno, fijará los servicios
a cargo de la Nación y de los Departamentos, Distritos, y Municipios. Para efecto de atender los
servicios a cargo de éstos y a proveer los recursos para financiar adecuadamente su prestación, se
crea el Sistema General de Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios […]».
20 «Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad

con los artículos 151, 288, 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para
organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros».
21 En adelante SGP.

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Demandante: Milena del Carmen Arrieta Escobar

consulta planteada por la ministra de educación nacional22, indicó que las entidades
territoriales debían homologar al personal administrativo que recibieron o ingresara
en adelante, con ocasión de la descentralización del servicio educativo, a través del
procedimiento de la incorporación, previa homologación de los cargos.

20. Lo anterior, sin detrimento de la autonomía de las entidades territoriales, dentro
de un límite máximo salarial acorde con su realidad fiscal, siempre en búsqueda de
la eficiencia, en aras de contribuir a la equivalencia de aquellos y al equilibrio de los
salarios entre los servidores nacionales y los territoriales, de conformidad con lo
previsto en el parágrafo del artículo 12 de la Ley 4ª de 199223.

21. Al respecto, el Ministerio de Educación Nacional mediante Directiva Ministerial
10 del 30 de junio de 2005 determinó que el procedimiento de homologación y
nivelación salarial del personal administrativo docente comprendería las siguientes
etapas:

21.1. La elaboración del estudio técnico, cuyo producto es la creación de una tabla
de homologación con la clasificación del empleo [código y grado], las funciones, los
requisitos y la asignación salarial de la planta de personal administrativo de la
entidad territorial receptora; y

21.2. La homologación de cargos y nivelación salarial con efectos a partir de la fecha,
por medio de un acto administrativo general y luego individualizado por cada
funcionario, con el cargo a homologar y la nivelación salarial respectiva, previo
certificado de disponibilidad presupuestal.

22 «1.- ¿Deben las entidades territoriales, en virtud del principio de igualdad, proceder a homologar

al personal administrativo que recibieron o reciban en virtud de la descentralización del servicio
educativo?
2.- Debe la Nación asumir con cargo al Sistema General de Participaciones los costos de la
homologación del personal administrativo realizado por las entidades territoriales durante la vigencia
de la ley 60 de 1993?
3.- Debe la Nación asumir con cargo al Sistema General de Participaciones el costo de la
homologación del personal administrativo que realicen las entidades territoriales certificadas en
virtud de lo establecido en la ley 715 de 2001?»
23 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno

Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales
de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en
el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.
[…]
Artículo 12.- El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será
fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la
presente Ley. En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta
facultad.
Parágrafo. - El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores guardando
equivalencias con cargos similares en el orden nacional».

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Demandante: Milena del Carmen Arrieta Escobar

2.3. Caso concreto

22. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

22.1. Milena del Carmen Arrieta Escobar recibió el título de contadora pública el 14
de marzo de 2008, otorgado por la Fundación Universitaria Los Libertadores24 y de
especialista en docencia el 28 de mayo de 2010, programa de posgrado cursado en
la Corporación Universitaria del Caribe25.

22.2. Por medio del Decreto 406 del 29 de junio de 2011 Milena del Carmen Arrieta
Escobar fue nombrada en periodo de prueba por el término de 6 meses en el cargo
de auxiliar administrativo, código 407, grado 32, de la Secretaría de Educación y
Cultura Municipal de Sincelejo26, empleo del que tomó posesión el 1 de julio de ese
año27.

22.3. A través del Decreto 90 del 16 de enero de 2012, luego de haber superado el
periodo de prueba, fue nombrada en propiedad en el empleo de auxiliar
administrativo, código 407, grado 32, de la Secretaría de Educación y Cultura
Municipal de Sincelejo28, del que tomó posesión el 23 de enero de 201229. Sin
embargo, fue inscrita en carrera administrativa por medio de la Resolución 45 del
14 de enero de 201630.

22.4. El 26 de abril de 2013 el municipio de Sincelejo profirió el Decreto 238 31 por
medio del cual, en cumplimiento del estudio técnico 2008EE49530 del 25 de
septiembre de 200832 realizado por el Ministerio de Educación Nacional, homologó
entre otros, el empleo de auxiliar administrativo, código 407, grado 32, a auxiliar
administrativo, código 407, grado 3333.

22.5. Por conducto del Decreto 239 del 29 de abril de 2013, el municipio de Sincelejo

24 Folio 70 del Documento 1 del expediente digitalizado de la primera instancia en Samai.
25 Folio 71 del Documento 1 del expediente digitalizado de la primera instancia en Samai.
26 Folios 61 y 62 del Documento 1 del expediente digitalizado de la primera instancia en Samai.
27 Acta de posesión en el folio 63 del Documento 1 del expediente digitalizado de la primera instancia

en Samai.
28 Folios 65 y 66 del Documento 1 del expediente digitalizado de la primera instancia en Samai.
29 Acta de posesión en el folio 67 del Documento 1 del expediente digitalizado de la primera instancia

en Samai.
30 Según certificado expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Folio 69 del Documento 1

del expediente digitalizado de la primera instancia en Samai.
31 «Por medio del cual se modifica y establece la planta de cargos de la Secretaría de Educación,

financiada con recursos del Sistema General de Participaciones, por la homologación autorizada por
el Ministerio de Educación Nacional».
32 Según se extrae del acto administrativo.
33 Folios 93 al 94 Documento 1 del expediente digitalizado de la primera instancia en Samai.

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Demandante: Milena del Carmen Arrieta Escobar

la incorporó a la planta de cargos homologada del sector educativo financiado con
recursos del SGP34.

22.6. El 2 de mayo de 2013, tomó posesión del empleo de auxiliar administrativo,
código 407, grado 33, de la planta de personal de la Secretaría de Educación
Municipal de Sincelejo35, al que fue incorporada por medio del Decreto 239 del 29
de abril de 201336.

22.7. El 20 de septiembre de 2017, solicitó a la Secretaría de Educación Municipal de
Sincelejo la homologación del empleo que desempeñaba como auxiliar
administrativo, código 407, grado 33, al de profesional universitario, código 219,
grado 20, en cumplimiento del Oficio 2013EE16477 del 21 de marzo de 2013 y en
las mismas condiciones de la homologación de los cargos desempeñados por
Ramiro Enrique Vergara Vargas, Emigdio de Jesús Hernández Suárez, Lucia del
Carmen Pérez Martínez, Ruby Esther Vuelvas Parra, Irmina del Rosario Soto
Romero, Sara Eugenia Mendoza Tuiran, [Guillermo] de Jesús Mendoza Macareno
y Erlly Socorro Andrade Garavito37.

22.8. La Secretaría de Educación Municipal de Sincelejo profirió el Oficio
8003943.07.11.201738, en el que le explicó que no era posible acceder a lo pedido
porque en ese momento ejercía el cargo de auxiliar administrativo, al que fue
homologada en el año 2008, y en el que no desempeñaba actividades del nivel
profesional, sino asistencial39.

22.9. Según certificado del 2 de agosto de 2016 proferido por la Institución Educativa
San José, desempeñó las siguientes funciones:

«1. Manejar las cuentas corrientes del plantel y llevar los libros de contabilidad
reglamentarios de acuerdo con las normas vigentes.

2. Clasificar y registrar la información financiera de conformidad con el plan de cuentas
establecido para los Fondos de Servicios Educativos (FSE).

3. Elaborar las conciliaciones bancarias mensualmente.

4. Llevar los libros mayores de acuerdo con la técnica contable y los auxiliares

34 Folios 95 al 101 del Documento 1 del expediente digitalizado de la primera instancia en Samai.
35 Acta de posesión 3048 del 2 de mayo de 2013 en el folio 68 del Documento 1 del expediente.

digitalizado de la primera instancia en Samai.
36 Según se extrajo del acta de posesión 3048 del 2 de mayo de 2013 en el folio 68 auxiliar

administrativo código 407 grado 32.
37 Folios 51 al 58 del Documento 1 del expediente digitalizado de la primera instancia en Samai.
38 Sin fecha.
39 Folio 60 del Documento 1 del expediente digitalizado de la primera instancia en Samai.

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necesarios.

5. Elaborar las notas de contabilidad que se requieran para la presentación de los
informes.

6. Coordinar las acciones de contabilidad, presupuesto y demás acciones a su cargo.

7. Efectuar las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos dentro de cada vigencia
en la institución.

8. Preparar, presentar y enviar informes de rendición de cuentas y estados de ejecución
presupuestal, financieras y contable a la Contraloría Departamental de Sucre, Secretaría
de Educación Municipal, Ministerio de Educación Nacional y demás entes de control que
así lo exijan.

9. Elaborar los estudios previos, contratos, órdenes de servicios y suministros, de
acuerdo a la normatividad vigente.

10. Elaborar los acuerdos presupuestales (Adiciones, Reducciones, traslados, etc.).

11. Revisar y comparar la ejecución presupuestal de ingresos y gastos mensuales de los
Fondos de Servicios Educativos (FSE) de la institución.

12. Liquidar cuentas de cobro de obligaciones contraídas por el plantel, girar los cheques
respectivos y llevar el control de los pagos efectuados por la institución.

13. Llevar el archivo de su dependencia en forma organizada y oportuna en los
documentos contables, financieros, presupuestales y tributarios (CDP’s, registros
presupuestales, cuentas canceladas, declaraciones tributarias, acuerdos
presupuestales, etc.), con el fin de atender los requerimientos o solicitudes de
información tanto internas como externas.

14. Presentar los informes que requiere el Consejo Directivo en temas de su
competencia.

15. Preparar los pagos de servicios públicos.

16. Revisar que las facturas y demás documentos reglamentarios de los proveedores
cumplan con los requisitos exigidos por la ley.

17. Operar cualquier sistema de contabilidad, utilizando la computadora en el proceso
contable-financiero.

18. Coordinar las acciones de compra de materiales, muebles, equipos y papelería.

19. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los muebles, equipos
y materiales confiados a su manejo.

20. Ejecutar la política económica y financiera de la institución de conformidad con las
directrices establecidas por el Consejo Directivo.

21. Rendir informe al Ministerio de Educación Nacional de los Fondos de Servicios

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Educativos de la Institución (SIFSE).

22. Manejar la plataforma del SECOP en cuanto a la publicación de todos los procesos
contractuales de la institución.

23. Elaborar informe de rendición de cuentas de acuerdo con la normatividad y enviarlo
a la Secretaría de Educación del Municipio en los términos establecidos.

24. Cualquier otra actividad que su jefe inmediato considere que deba ser realizada
dentro de su cargo.

2.4. Análisis sustancial

23. A efectos de abordar los problemas jurídicos planteados, se advierte que el
Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión, negó las pretensiones
de la demanda relacionadas con la homologación del empleo de auxiliar
administrativo, código 407, grado 33, al de profesional universitario, código 219,
grado 20, al considerar que las funciones desempeñadas por la actora eran de
carácter asistencial y no del nivel profesional que procura.

24. La demandante apeló la decisión y sostuvo que: i) no se valoró adecuadamente
el material probatorio porque no se probó que los otros servidores que sí fueron
homologados desempeñaran funciones del nivel profesional; ii) sí desarrolló
actividades profesionales y no asistenciales; iii) hubo inconsistencias en las
verdaderas funciones desempeñadas por los compañeros que sí fueron
homologados; y iv) obtuvo el título de profesional en el año 2008 y no con
posterioridad a su vinculación a la administración municipal.

25. De acuerdo con el análisis del material probatorio aportado al proceso y los
argumentos expuestos por la apelante, la Sala confirmará la sentencia de primera
instancia por las razones que se exponen a continuación:

26. Si bien la demandante sostuvo que el tribunal no valoró de manera adecuada el
acervo probatorio y que las homologaciones efectuadas por la entidad territorial
favorecieron a otros servidores que no cumplían con las condiciones exigidas, lo
cierto es que los documentos allegados al expediente no permitieron demostrar que
ella reuniera los presupuestos necesarios para que su empleo fuera homologado al
del nivel profesional.

27. En relación con el primer y segundo argumento de apelación, según el cual el
juez de primera instancia no evaluó de manera integral las pruebas y no se acreditó
que los demás servidores desempeñaran funciones propias del nivel profesional,
debe decirse que dicho cuestionamiento no era suficiente para desvirtuar la
legalidad del acto acusado pues el objeto del proceso no consiste en establecer si

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las homologaciones efectuadas respecto de otros funcionarios se ajustaron o no al
ordenamiento jurídico, sino en determinar si la demandante cumplía con los
requisitos necesarios para acceder a la homologación que pretendía.

28. En ese sentido, el análisis probatorio debe centrarse en las condiciones
particulares de la actora, específicamente en la naturaleza de las funciones que
desempeñaba en el empleo de auxiliar administrativo, código 407, grado 33, y en la
acreditación de los requisitos propios del cargo de profesional universitario. Sin
embargo, la argumentación de la apelante se dirigió principalmente a cuestionar la
situación de otros servidores, lo cual no es determinante para resolver su caso
concreto.

29. La demandante aportó al expediente una certificación laboral en la que se
describieron diversas actividades que habría desarrollado en la institución educativa
en la que prestaba sus servicios, especialmente relacionadas con labores contables,
presupuestales y administrativas, las cuales, según afirma, guardan relación con su
profesión como contadora pública. No obstante, dicha certificación, por sí sola, no
resulta suficiente para establecer que las funciones desempeñadas correspondieran
efectivamente al nivel profesional.

30. Así, para realizar una comparación objetiva entre las funciones ejercidas y el nivel
jerárquico del empleo pretendido, la actora debió acreditar que sus actividades en
la institución Educativa San José eran en realidad funciones de un cargo del nivel
profesional, a la luz del manual específico de funciones y competencias laborales
aplicable al nivel que pretende la actora, de modo que se pudiera establecer una
comparación entre sus actividades laborales y las funciones propias del empleo. Sin
embargo, ello no fue debidamente probado.

31. De ese modo, la demandante no aportó al proceso el referido manual de
funciones ni otro documento equivalente que permitiera verificar la naturaleza
jurídica de las actividades asignadas al cargo que procura. En consecuencia, no es
posible concluir que las labores certificadas correspondieran a funciones del nivel
profesional y no a tareas propias del nivel asistencial que actualmente desempeña.

32. Lo anterior es especialmente relevante si se tiene en cuenta que, de acuerdo con
las reglas generales de la carga de la prueba, le correspondía a la parte actora
acreditar los supuestos fácticos que sustentaban sus pretensiones. En este caso,
era su deber demostrar que las funciones que desempeñaba en el empleo de
auxiliar administrativo tenían realmente naturaleza profesional, circunstancia que no
quedó acreditada dentro del proceso.

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33. Como se indicó anteriormente, la certificación laboral aportada describía
diversas actividades, pero no permitía establecer con certeza que estas
correspondieran a funciones oficialmente asignadas a un cargo del nivel profesional
dentro de la estructura administrativa de la entidad.

34. La ausencia del manual de funciones impide determinar si dichas actividades
formaban parte de las responsabilidades propias del empleo de auxiliar
administrativo o si, por el contrario, corresponden a funciones que exceden el ámbito
asistencial. En consecuencia, no existen elementos probatorios suficientes para
concluir que la demandante hubiera ejercido de manera efectiva funciones propias
del nivel profesional.

35. Ahora, sobre las supuestas inconsistencias en las funciones que actualmente
desempeñarían algunos de los servidores cuyos cargos fueron homologados, la
Sala considera que dicha circunstancia tampoco resultaba determinante para
resolver la controversia planteada. Ello porque la procedencia de la homologación
solicitada debía analizarse exclusivamente a partir de la situación jurídica y
administrativa de la demandante.

36. En efecto, el eventual desacierto en la homologación de otros empleos o la
posible existencia de irregularidades en situaciones administrativas ajenas no
genera automáticamente un derecho a favor de la actora, toda vez que la
prosperidad de su pretensión debe examinarse a partir de la acreditación de los
requisitos exigidos para el empleo al cual pretendía acceder.

37. De igual manera, aunque la apelante invocó el principio de igualdad, tampoco
acreditó encontrarse en una situación administrativa idéntica o equiparable a la de
los servidores que sí fueron homologados al nivel profesional. En particular, no
demostró que compartiera con ellos las mismas condiciones en cuanto al cargo de
origen, las funciones asignadas o los requisitos exigidos para el desempeño de los
respectivos empleos.

38. En ausencia de esa demostración, no es posible concluir que la administración
hubiera incurrido en un trato discriminatorio o desigual frente a la demandante. Por
el contrario, el material probatorio evidenció que la homologación de los cargos
dependía del cumplimiento de los requisitos específicos establecidos para cada
nivel jerárquico dentro de la planta de personal.

39. Finalmente, en relación con el cuarto argumento de apelación, debe decirse que
la discusión sobre la fecha en la cual la demandante obtuvo el título profesional de
contadora pública no resultaba determinante porque aun si se admitiera que dicho
título fue obtenido con anterioridad a su vinculación al servicio público, ello no

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implicaba automáticamente el derecho a que su empleo fuera homologado al nivel
profesional.

40. Lo anterior es así debido a que en el sistema de carrera administrativa el acceso
a empleos de mayor jerarquía depende del cumplimiento de los requisitos
establecidos para cada cargo y, por regla general, del adelantamiento de los
respectivos procesos de selección. La obtención posterior de títulos académicos o
la acreditación de nuevas calidades no generan por sí mismas un derecho
automático al ascenso dentro de la estructura administrativa.

41. En el caso concreto, la demandante fue nombrada y se posesionó en el cargo de
auxiliar administrativo, empleo para el cual concursó y respecto del cual acreditó los
requisitos exigidos en su momento. En esas condiciones, la adquisición posterior de
títulos profesionales no era suficiente para modificar la naturaleza del empleo que
ocupaba ni para generar el derecho a una homologación automática a un cargo de
nivel superior.

42. En consecuencia, al no haberse demostrado que las funciones desempeñadas
por la actora correspondieran al nivel profesional ni que cumpliera con las
condiciones necesarias para acceder a la homologación pretendida, es claro que el
acto administrativo demandado se encuentra ajustado al ordenamiento jurídico,
razón por la cual se confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda.

2.5. Costas

43. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

44. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

45. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva

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respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma40.

46. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

47. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de imponerlas en esta instancia.

3. Conclusión

48. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no se acreditó que la
demandante cumpliera con los requisitos para la homologación del empleo
asistencial que desempeña al del nivel profesional que pretende, de modo que se
confirmará la sentencia de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia de primera instancia del 5 de junio de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión, que
negó las pretensiones de la demanda, de acuerdo con las razones expuestas en la
parte motiva de este proveído.

Segundo. No condenar en costas en esta instancia.

Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

40En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

MLBC

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