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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2019-00064-01

Fecha
22 de junio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 70001-23-33-000-2019-00064-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

22 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 70001-23-33-000-2019-00064-01 (4821-2024)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-
Demandado: Lucy Bejarano Maturana

Tema: reliquidación pensión de jubilación. Decreto 546 de 1971. Subtema 1: cosa
juzgada. Subtema 2: régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Ingreso base de
liquidación.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP- contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, el 15 de noviembre de
2023, que declaró probadas las excepciones de inepta demanda y cosa juzgada.

1. Síntesis del caso

La UGPP solicitó la nulidad de las resoluciones por medio de las cuales reliquidó la
pensión con el IBL correspondiente al salario más alto devengado en el último año de
servicios a la señora Lucy Bejarano Maturana. El Tribunal Administrativo de Sucre
declaró probadas las excepciones de inepta demanda y cosa juzgada. La sentencia
apelada será confirmada parcialmente porque no existe identidad de objeto con el
proceso radicado 70001233100020120023301 (4940-2015) y se negará la nulidad de
la Resolución UGM 008756 del 19 de septiembre de 2011.

Radicación: 70001-23-33-000-2019-00064-01 (4821-2024)
Demandante: UGPP
Demandada: Lucy Bejarano Maturana

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP), mediante apoderado,
presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho el 25 de febrero de 2019, contra la señora Lucy Bejarano Maturana, de
conformidad con las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que se
sintetizan a continuación1:

2.1.1. Pretensiones

2. La UGPP solicitó la nulidad de los actos administrativos contenidos en las
resoluciones: i) UGM 008756 del 19 de septiembre de 2011, por la que se modificó la
Resolución 11456 del 20 de marzo de 2009 y reconoció una pensión de jubilación a
la señora Lucy Bejarano Maturana, al incluir dentro de los beneficios del régimen de
transición el cálculo del ingreso base de liquidación con criterios que no le
correspondían; y ii) RDP 026907 del 9 de julio de 2018, mediante la cual dio
cumplimiento a la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, para
cuyos efectos se tuvieron en cuenta los factores salariales de asignación básica,
bonificación por compensación, bonificación por servicios prestados, prima de
navidad, prima de servicios, prima de vacaciones y prima especial de servicios.

3. A título de restablecimiento del derecho, la UGPP solicitó la restitución de las
sumas pagadas con ocasión del reconocimiento y la reliquidación de la pensión,
debidamente indexadas y las agencias en derecho.

2.1.2. Hechos

4. La señora Lucy Bejarano Maturana adquirió el estatus de pensionada el 13 de
abril de 2007.

5. La pensión de jubilación le fue reconocida mediante la Resolución 11456 del
20 de marzo de 2009, con una tasa de reemplazo del 75 % de lo devengado durante
los últimos 10 años de servicio, esto es, entre el 23 de noviembre de 1997 y el 22 de
noviembre de 2007, conforme al artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

6. Cajanal resolvió el recurso de reposición mediante la Resolución UGM 008756
del 19 de septiembre de 2011, modificó la Resolución 11456 del 20 de marzo de 2009
y reconoció la pensión conforme al artículo 6 del Decreto 546 de 1971, con un ingreso
base de liquidación correspondiente al salario más alto devengado durante el último
año, condicionada al retiro definitivo del servicio.

1 Samai, índice 58, 90Oficio0723EnvioalConsejoEstado(.pdf), https://etbcsj-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sectradmsuc_cendoj_ramajudicial_gov_co/EhH_JRT7AeVOjYgHC1LR_mkBUrx
PyfQ5SZxgaQ0OFda9yA?e=mmVANd, 01Demanda.pdf

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Demandante: UGPP
Demandada: Lucy Bejarano Maturana

7. A través de la Resolución RDP 026907 del 9 de julio de 2018, la UGPP reliquidó
la pensión de la señora Lucy Bejarano Maturana, conforme a lo ordenado en la
sentencia que profirió el Tribunal Administrativo de Caldas el 23 de junio de 2015.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

8. En la demanda se citaron como normas vulneradas los artículos 1, 2, 6, 48, 29
y 209 de la Constitución Política, 36 de la Ley 100 de 1993; Decretos 546 de 1971 y
1158 de 1994.

9. Al explicar el concepto de violación, la UGPP manifestó que la señora Lucy
Bejarano Maturana era beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993, aplicable a quienes, al 1.° de abril de 1994, contaban con la
edad o el tiempo de servicios exigidos. Precisó que dicha transición únicamente
protegió los elementos relacionados con la edad, el tiempo de servicios y el monto de
la pensión, el cual corresponde a la tasa de reemplazo, con exclusión expresa del
ingreso base de liquidación.

10. Indicó que la señora Lucy Bejarano Maturana nació el 13 de abril de 1957,
adquirió el estatus de pensionada el 13 de abril de 2007 y desempeñó el cargo de
Magistrada del Tribunal Superior Penal de Sincelejo. Expuso que Cajanal reconoció
la pensión mediante la Resolución UGM 008756 del 19 de septiembre de 2011, con
fundamento en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, porque aplicó el 75 % sobre el
promedio devengado durante el último año de servicios. Manifestó que la entidad al
incluir el ingreso base de liquidación dentro de los beneficios del régimen de transición
desconoció que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 dispuso que dicho elemento debía
regirse por las reglas generales previstas en esa normativa.

11. Citó jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado para
sustentar que el régimen de transición no comprendió el ingreso base de liquidación.
Expuso que dichas providencias precisaron que la transición únicamente cobijó la
edad, el tiempo de servicios y la tasa de reemplazo, mientras que el promedio para
liquidar la pensión debía determinarse conforme a las reglas generales de la Ley 100
de 1993. Asimismo, sostuvo que el reconocimiento de pensiones con fundamento en
interpretaciones extensivas del régimen de transición desbordó el alcance previsto por
el legislador y produjo resultados incompatibles con el ordenamiento jurídico.

2.2. Contestación de la demanda

12. Lucy Bejarano Maturana se opuso a las pretensiones de la demanda,
especialmente a la solicitud de devolución de dineros por concepto pensional, pues
afirmó que no había sido incluida en nómina de pensionados, debido a que para ese
momento continuaba vinculada a la Rama Judicial como magistrada del Tribunal
Superior de Sincelejo2.

2 Samai, índice 58, 90Oficio0723EnvioalConsejoEstado(.pdf), https://etbcsj-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sectradmsuc_cendoj_ramajudicial_gov_co/EhH_JRT7AeVOjYgHC1LR_mkBUrx
PyfQ5SZxgaQ0OFda9yA?e=mmVANd, 20ContestacionDemanda20211005.pdf.

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Demandante: UGPP
Demandada: Lucy Bejarano Maturana

13. Indicó que se configuró la excepción de cosa juzgada administrativa y judicial,
debido a que el reconocimiento pensional había sido definido mediante actos
administrativos en firme expedidos por Cajanal, los cuales agotaron la vía gubernativa
y consolidaron la aplicación del régimen especial previsto en el Decreto 546 de 1971.

14. Planteó que las decisiones judiciales posteriores del Tribunal Administrativo de
Caldas y del Consejo de Estado habían consolidado su situación jurídica, razón por la
cual la Sentencia de Unificación CE-SUJ-S2-021 de 2020 no podía aplicarse
retrospectivamente a derechos ya reconocidos ni desconocer la cosa juzgada
existente.

2.3. Sentencia de primera instancia

15. El Tribunal Administrativo de Sucre, mediante sentencia del 15 de noviembre
de 2023, declaró probadas las excepciones de inepta demanda y cosa juzgada, y se
abstuvo de condenar en costas3.

16. Señaló que se configuró la excepción de cosa juzgada respecto de la situación
pensional de la señora Lucy Bejarano Maturana, debido a que había sido definida
previamente dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 70001233100020120023301 (4940-2015). Precisó que en dicho asunto el
Tribunal Administrativo de Caldas y, posteriormente, el Consejo de Estado,
determinaron de manera definitiva que la pensión debía liquidarse conforme al
régimen especial previsto en el Decreto 546 de 1971, con una tasa de reemplazo
equivalente al 75 % de la asignación más alta devengada en el último año de servicio,
decisión que adquirió firmeza y produjo efectos vinculantes e inmodificables para las
partes.

17. Agregó que la excepción de cosa juzgada impedía reabrir la discusión sobre el
ingreso base de liquidación de la pensión, aun cuando la UGPP fundamentó sus
pretensiones en la Sentencia de Unificación del Consejo de Estado del 11 de junio de
2020. Explicó que dicha providencia estableció expresamente que sus efectos no
recaían sobre controversias que contaran con sentencia ejecutoriada, razón por la
cual las decisiones judiciales que resolvieron la situación pensional de la demandada
conservaron plena validez y obligatoriedad.

18. Expuso que frente a la pretensión de nulidad de la Resolución RDP 026907 del
9 de julio de 2018 se configuró la excepción de inepta demanda, puesto que dicho
acto administrativo tuvo como único propósito dar cumplimiento a las órdenes
impartidas por las autoridades judiciales. Destacó que la resolución no creó una
situación jurídica nueva ni modificó el contenido de las sentencias ejecutoriadas, razón
por la cual constituyó un acto de mera ejecución.

3 amai, índice 58, 90Oficio0723EnvioalConsejoEstado(.pdf),https://etbcsj-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sectradmsuc_cendoj_ramajudicial_gov_co/EhH_JRT7AeVOjYgHC1LR_mkBUrx
PyfQ5SZxgaQ0OFda9yA?e=mmVANd, 60Sentencia.pdf

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Demandante: UGPP
Demandada: Lucy Bejarano Maturana

2.4. Recurso de apelación

19. La entidad demandante interpuso recurso de apelación con fundamento en los
siguientes razonamientos4:

20. El acto de reconocimiento pensional de la señora Lucy Bejarano Maturana
vulneró el ordenamiento jurídico, debido a que la extinta Cajanal liquidó la prestación
con el 75 % de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de
servicio, cuando, la beneficiaria se encontraba cobijada por el régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Expresó que dicho régimen
únicamente conservó las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto de la
pensión del régimen anterior, mientras que el ingreso base de liquidación debía
determinarse conforme a las reglas de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

21. Señaló que no existía identidad de objeto entre el proceso anterior y la
controversia sometida a estudio. Explicó que, aunque ambos asuntos guardaban
relación con la pensión de la señora Lucy Bejarano Maturana, la discusión actual no
recaía sobre el reconocimiento del derecho pensional ni sobre la aplicación del
régimen de transición, sino sobre la forma en que se determinó el ingreso base de
liquidación y los factores salariales que integraron la prestación, aspectos que, a su
juicio, no fueron objeto de análisis en el litigio previo.

22. Consideró que tampoco procedía la declaratoria de inepta demanda respecto
de la Resolución No. RDP 026907 del 9 de julio de 2018, toda vez que en el escrito
expuso de manera clara las normas presuntamente vulneradas y desarrolló el
concepto de la violación. Aseveró que el escrito inicial explicó las razones por las
cuales la liquidación efectuada desconoció el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y la
jurisprudencia unificada sobre el ingreso base de liquidación, circunstancia que
permitía a la parte demandada ejercer adecuadamente su derecho de defensa y al
juez contar con los elementos necesarios para decidir el fondo del asunto.

23. Expuso que la Resolución No. UGM 008756 del 19 de septiembre de 2011 y
los actos posteriores no podían quedar amparados por la cosa juzgada, debido a que
la controversia planteada buscaba corregir una liquidación pensional contraria al
régimen de transición y a la jurisprudencia vigente.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

24. Mediante auto del 11 de marzo de 2025, el despacho ponente admitió el recurso
de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 247 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante
CPACA), modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 20215.

4 Samai, índice 58, 90Oficio0723EnvioalConsejoEstado(.pdf), https://etbcsj-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sectradmsuc_cendoj_ramajudicial_gov_co/EhH_JRT7AeVOjYgHC1LR_mkBUrx
PyfQ5SZxgaQ0OFda9yA?e=mmVANd, 75RecursoApelacion.pdf
5 Samai, índice 7

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2.6. El Ministerio Público

25. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

26. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

27. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia que declaró probadas las excepciones de inepta demanda
y cosa juzgada, y en razón a la competencia del juez de segunda instancia, de
conformidad con el artículo 3286 del Código General del Proceso (CGP), corresponde
a la Sala resolver el siguiente problema jurídico:

28. ¿La Resolución RDP 026907 del 9 de julio de 2018 constituye un acto de
mera ejecución que impide efectuar un pronunciamiento de fondo dentro del presente
medio de control?

29. ¿Se encuentra configurada la excepción de cosa juzgada respecto de la
controversia relacionada con la liquidación pensional y el ingreso base de liquidación
reconocido mediante los actos administrativos demandados?

30. En caso de no encontrarse probadas las excepciones propuestas ¿procede
declarar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se reconoció y
reliquidó la pensión de jubilación conforme al ingreso base de liquidación previsto en
el artículo 6 del Decreto 546 de 1971?

31. Para resolver el anterior interrogante, la Sala abordará los siguientes temas: (i)
consideraciones sobre el fundamento normativo y jurisprudencial del derecho
pensional; (ii) hechos probados, y (iii) caso concreto.

6 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente

sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que debido a la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se podrán
promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».

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3.3. Marco normativo

3.3.1. Cosa juzgada

32. La cosa juzgada como institución jurídico-procesal otorga a las sentencias un
carácter inmutable, definitivo y vinculante, que a su vez impide a los jueces decidir
sobre una discusión que ya ha sido resuelta en otra oportunidad. Lo anterior, con el
fin de dotar de seguridad tanto al ordenamiento jurídico, como a las partes (sentencias
inter-partes), o también a la comunidad en general (fallos con efectos erga omnes).

33. El artículo 303 del Código General del Proceso establece como elementos que
configuran la cosa juzgada, los siguientes: la identidad de objeto, de causa y de partes.
Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia C-774 de 2001 definió que:

[…] Para que una decisión alcance el valor de cosa juzgada se requiere:

• Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión
material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre
lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias
cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos
elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente.

• Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y la decisión
que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como
sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta nuevos
elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual,
el juez puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a
fallar sobre la nueva causa.

• Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e
intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa
juzgada […].

34. De acuerdo con lo anterior, solo habría lugar a un nuevo análisis judicial si
existen elementos novedosos relacionados con la controversia. No obstante, los
cambios jurisprudenciales no constituyen una nueva situación que permita transgredir
la cosa juzgada. Al respecto, esta corporación en auto del 8 de septiembre de 20157,
concluyó lo que sigue:

[…] como ya lo ha venido sosteniendo de tiempo atrás el Consejo de Estado, el cambio
de precedentes jurisprudenciales no puede ser utilizado para quebrantar la cosa juzgada
respecto de situaciones jurídicamente consolidadas mediante sentencias debidamente
ejecutoriadas, pues se atenta de manera indebida contra el principio de la seguridad
jurídica, habiéndose explicado con suficiencia que, para que su existencia surta los
efectos deseados, el “argumento nuevo”, sea fáctico o jurídico, debe ser anterior o
contemporáneo con al (sic) trámite del proceso, y que no hubiere sido considerado en

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, auto del 24 de

marzo de 2015, rad. Núm. 25000-23-42-000-2013-06326-01(0619-15). M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

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su momento por el fallador de turno por omisión de la parte que lo invoca […].

35. Ahora bien, en cuanto a los efectos de las sentencias que se dictan en procesos
que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, el artículo 189
del CPACA prevé que:

Artículo 189. Efectos de la sentencia. La sentencia que declare la nulidad de un acto
administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue
la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa
petendi juzgada. Las que declaren la legalidad de las medidas que se revisen en
ejercicio del control inmediato de legalidad producirán efectos erga omnes solo en
relación con las normas jurídicas superiores frente a las cuales se haga el examen.

Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un
acuerdo distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo pertinente
sus decretos reglamentarios.

Las sentencias de nulidad sobre los actos proferidos en virtud del numeral 2 del artículo
237 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro y de cosa juzgada
constitucional. Sin embargo, el juez podrá disponer unos efectos diferentes.

[…]

La sentencia proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a
quien hubiere intervenido en ellos y obtenido esta declaración a su favor.

Las sentencias ejecutoriadas serán obligatorias y quedan sometidas a la formalidad del
registro de acuerdo con la ley.
[…].

3.3.2. Régimen pensional del Decreto 546 de 1971

36. El Decreto 546 de 19718, en su artículo 6°, señala:

«Artículo 6°. Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán
derecho al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y
cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la
vigencia de este Decreto, de los cuales por lo menos 10 lo hayan sido exclusivamente
a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades, a una pensión
ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75 % de la asignación mensual más
elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas».

37. De lo anterior deviene que los requisitos para beneficiarse de la pensión
mensual vitalicia de jubilación de los empleados y funcionarios de la Rama Judicial y
el Ministerio Público son haber servido 20 años continuos o discontinuos, de los cuales
10 hayan sido en tal condición y llegar a la edad de 55 años (hombres) o 50 años
(mujeres). Igualmente, determina que la cuantía será del 75 % de la asignación

8 «Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la Rama

Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares»

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mensual más elevada devengada en el último año de servicio en actividades de la
Rama Judicial y/o del Ministerio Público.

3.3.3. El ingreso base de liquidación para los beneficiarios de los regímenes
especiales en virtud de la transición de la Ley 100 de 1993

38. La Ley 100 de 1993, determinó un régimen de transición en el artículo 36, en el
cual se estableció:

«La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55)
años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en
la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres
y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento
de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son
mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años
de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren
afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder
a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley».

39. Ahora bien, mediante sentencia del 4 de agosto de 2010, la Sección Segunda
de esta Corporación unificó su postura respecto de la forma en que debía liquidarse
la pensión de los beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993. En dicha providencia, precisó que el ingreso base de liquidación
hacía parte integral del régimen de transición y, por tanto, debía determinarse
conforme a las disposiciones especiales vigentes con anterioridad a la entrada en
vigor de la citada ley. En esa oportunidad, esta Corporación destacó:

«(…) Se observa, entonces, que la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición,
que ha sido entendido como un beneficio consagrado en favor de las personas que
cumplan determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo
que atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de
la pensión, se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual se
encontraban afiliados».

40. Sobre el mismo tema, en fallo de unificación del 11 de junio de 2020 se remitió
a las reglas y subreglas fijadas en la sentencia del 28 de agosto de 2018 de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, que trató el ingreso base de liquidación para
los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, que se pensionaron
según la Ley 33 de 1985, así:

El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo
que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen
general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.

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93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de liquidar
el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes
subreglas:

94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen conforme
a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base
de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta
para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

[…]

96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones.

[…]
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo
48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo
de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se
tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones.

101. A juicio de la Sala Plena, la tesis que adoptó la Sección Segunda de la
Corporación, en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, según la cual el
artículo 3 de la Ley 33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los factores salariales que
conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos estaban simplemente
enunciados y no impedían la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador
durante el último año de prestación de servicio, va en contravía del principio de
solidaridad en materia de seguridad social. La inclusión de todos los factores
devengados por el servidor durante el último año de servicios fue una tesis que adoptó
la Sección Segunda a partir del sentido y alcance de las expresiones “salario” y “factor
salarial”, bajo el entendido que “constituyen salario todas las sumas que habitual y
periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios” con fundamento,
además, en los principios de favorabilidad en materia laboral y progresividad; sin
embargo, para esta Sala, dicho criterio interpretativo traspasa la voluntad del legislador,
el que, por virtud de su libertad de configuración enlistó los factores que conforman la
base de liquidación pensional y a ellos se debe limitar dicha base9.

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, fallo del 28 de agosto de 2018, M.P. César

Palomino Cortés, proceso con radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01.

10

Radicación: 70001-23-33-000-2019-00064-01 (4821-2024)
Demandante: UGPP
Demandada: Lucy Bejarano Maturana

41. De acuerdo con la interpretación jurisprudencial referida, quienes siendo
beneficiarios de la transición tuviesen derecho al reconocimiento pensional en los
términos del Decreto Ley 546 de 1971 o la Ley 33 de 1985, respectivamente, son
sujetos de estas disposiciones, pero solamente en cuanto a tiempo de servicios, edad
y tasa de reemplazo; sin embargo, el ingreso base de liquidación es el previsto en los
artículos 21 y 36, inciso 3°, de la Ley 100 de 1993, según sea el caso.

42. Analizado lo anterior, debe la Sala sostener, tal como lo ha expresado en
oportunidades anteriores en asuntos similares al presente, que los citados fallos de
unificación «hacen hincapié en que no puede considerarse que toda pensión
reconocida con la tesis rectificada es contraria al ordenamiento jurídico, en vista de
que debe verificarse si hubo mala fe o abuso del derecho […]».

Es así, que, en la sentencia del 28 de agosto de 2018, al establecer sus efectos se
resaltó que:

“117. No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia
de unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en
el régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la
Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del
derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer un
recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya
reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que
defina la prosperidad o no de la causal invocada.”

Y en el fallo del 11 de junio de 2020, se dijo lo siguiente:

“No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el
régimen de transición, con fundamento en tesis anteriores que sostuvo
la Sección Segunda del Consejo de Estado, las cuales replanteó la Sala
Plena, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que
si se llegare a interponer recurso extraordinario de revisión contra
sentencia ejecutoriada que haya reconocido la pensión con fundamento
en jurisprudencia diferente a la ratio decidendi aquí expuesta,
prevalecerá el carácter de cosa juzgada, sin perjuicio de lo previsto en
las causales de revisión reguladas en el artículo 250 del CPACA.”

Para luego establecer en la parte resolutiva de esa misma providencia la siguiente regla:

“SEGUNDO: Advertir a la comunidad en general que las consideraciones
expuestas en esta providencia en relación con el tema que se unifica
jurisprudencia, tienen aplicación retrospectiva, y que la regla
jurisprudencial fijada es vinculante en los siguientes casos: (i) respecto
de los asuntos similares que actualmente se están tramitando en el seno
de la administración; (ii) respecto de los procesos similares que se están
adelantando en juzgados, tribunales administrativos y Consejo de
Estado. En consecuencia, no tiene efectos respecto de aquellos asuntos
en los que ya existe sentencia ejecutoriada. En tal virtud, los conflictos

11

Radicación: 70001-23-33-000-2019-00064-01 (4821-2024)
Demandante: UGPP
Demandada: Lucy Bejarano Maturana

judiciales ya resueltos están amparados por la cosa juzgada y en
consecuencia resultan inmodificables.

Tampoco puede entenderse, en principio, que por virtud de esta
sentencia de unificación las pensiones que han sido reconocidas o
reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en tesis
anteriores que sostuvo la Sección Segunda del Consejo de Estado, la
cuales replanteó la Sala Plena, lo fueron con abuso del derecho o fraude
a la ley; de manera que si se llegare a interponer recurso extraordinario
de revisión contra sentencia ejecutoriada que haya reconocido la pensión
con fundamento en jurisprudencia diferente a la ratio decidenci aquí
expuesta, prevalecerá el carácter de cosa juzgada, sin perjuicio de lo
previsto en las causales de revisión reguladas en el artículo 250 del
CPACA.”

Este recorrido jurisprudencial sirve para evidenciar que, aunque la tesis que permitía el
reconocimiento pensional con todos los factores salariales devengados en el último año
de servicios para aquellas personas beneficiarias del régimen de transición de la Ley
100 de 1993, fue revisada por esta Corporación a partir del fallo del 28 de agosto de
2018, esto no conduce inexorablemente a calificar como contrarios al ordenamiento
jurídico aquellas prestaciones periódicas concedidas con aquella postura, luego que
esta hipótesis solo sería admisible en casos en que exista abuso del derecho o fraude
a la Ley.[…]» 10.

3.4. Estudio del caso concreto

3.4.1. Hechos probados

43. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente se puede
establecer lo siguiente:

44. Mediante la Resolución 11456 del 20 de marzo de 2009, CAJANAL reconoció
pensión de vejez a la señora Lucy Bejarano Maturana, en cuantía de $7.494.085,42,
equivalente al 75 % del promedio de lo devengado durante los últimos 10 años, esto
es, entre el 23 de noviembre de 1997 y el 22 de noviembre de 200711.

45. La actora presentó recurso de reposición el 23 de octubre de 2009, con el fin
de que se revocara la Resolución 11456 del 20 de marzo de 2009 y se incluyeran la
bonificación por compensación y por gestión judicial, y las doceavas partes de las
primas de navidad, servicios y vacaciones; asimismo, solicitó que la liquidación se
efectuara conforme al salario más alto devengado durante el último año de servicios

10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 5 de diciembre de 2024, radicado: 76001-

23-33-000-2017-01426-01 (4599-2023), demandante Colpensiones, demandado: Esteban Manrique Galindo y
Coomeva EPS en liquidación.
11 Samai, índice 58, 90Oficio0723EnvioalConsejoEstado(.pdf), https://etbcsj-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sectradmsuc_cendoj_ramajudicial_gov_co/EhH_JRT7AeVOjYgHC1LR_mkBUrx
PyfQ5SZxgaQ0OFda9yA?e=mmVANd, 03Anexo2.pdf, pp. 27 a 33

12

Radicación: 70001-23-33-000-2019-00064-01 (4821-2024)
Demandante: UGPP
Demandada: Lucy Bejarano Maturana

y que no se aplicara el tope de 25 SMLMV12.

46. A través de la Resolución UGM 008756 del 19 de septiembre de 2011,
CAJANAL modificó la Resolución 11456 del 20 de marzo de 2009 y ordenó liquidar la
pensión de la señora Lucy Bejarano Maturana con el 75 % de la asignación más alta
del último año de servicios, en cuantía de $14.164.480,50; asimismo, aplicó el tope de
25 SMLMV, para una mesada pensional de $12.422.50013.

47. La actora presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en la
que solicitó lo siguiente:

A. Pretensiones:

PRIMERA. Que conforme a la certificación DEAJ10-1224 de fecha 13 de julio, suscrita
por el Director Ejecutivo de Administración Judicial, se declare satisfecho el pago de
los aportes pensionales de la doctora LUCY BEJARANO MATURANA como
funcionaria al servicio de la Rama Judicial, dado que en este certifica que a todos los
servidores de la Rama Judicial se le han efectuado los descuentos de ley para aportes
pensionales y se han girado de manera oportuna a las administradoras donde han
estado afiliados éstos; así también se certificó en forma concreta para mi poderdante
dra. LUCY BEJARANO MATURANA por las direcciones seccionales de la
Administración Judicial de Quibdó y Sincelejo.

SEGUNDA: Que por ilegal e inconstitucional se decrete la nulidad de los artículos sexto
(6°) y séptimo (7°) de la Resolución No. UGM008756 de 19 de septiembre de 2011,
expedida por LA NACIÓN- CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL, CAJANAL
EICE, EN LIQUIDACIÓN que resolvió el recurso de reposición interpuesto a la
resolución 11456 del 20 de marzo de 2009, y mediante la cual se reliquida la pensión
vitalicia de vejez, que ordena descontar en el artículo sexto de la parte resolutiva de la
citada resolución, la suma de $17.795.632.00 m/cte, pero en el artículo séptimo se
ordena descontar una suma mayor, esto es, de $59.734.927.00 m/cte de mis mesadas
pensionales y por concepto de aportes para pensión de factores de salario no
efectuados, de conformidad con el informe del 15 de septiembre de 2011 expedido por
el Registro Nacional de Afiliados de CAJANAL EICE, en liquidación, que puede ser
objeto de ajustes o actualización en su valor y de procedimiento de cobro coactivo.
Como consecuencia de ello, se decrete la nulidad del artículo tercero de la misma
resolución que ordena deducir lo cancelado por vía ejecutiva o administrativa.

TERCERA: Que se decrete la nulidad de artículos primero y segundo del citado acto
administrativo, cuando ordena la liquidación de mi pensión de vejez con topes
máximos, esto es, con límites de cuantía de 25 salarios mínimos legales mensuales
vigentes establecidos en el Decreto 510 de 2003.

CUARTA: Que como consecuencia de las declaraciones anteriores y a título de

12 Samai, índice 58, 90Oficio0723EnvioalConsejoEstado(.pdf), https://etbcsj-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sectradmsuc_cendoj_ramajudicial_gov_co/EhH_JRT7AeVOjYgHC1LR_mkBUrx
PyfQ5SZxgaQ0OFda9yA?e=mmVANd, 03Anexo2.pdf, pp. 45 a 57
13 Samai, índice 58, 90Oficio0723EnvioalConsejoEstado(.pdf), https://etbcsj-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sectradmsuc_cendoj_ramajudicial_gov_co/EhH_JRT7AeVOjYgHC1LR_mkBUrx
PyfQ5SZxgaQ0OFda9yA?e=mmVANd, 02Anexo1.pdf, pp. 4 a 8

13

Radicación: 70001-23-33-000-2019-00064-01 (4821-2024)
Demandante: UGPP
Demandada: Lucy Bejarano Maturana

restablecimiento del derecho, se ordene liquidar la pensión de vejez de la doctora
LUCY BEJARANO MATURANA sin topes salariales, y se ANULEN los citados
artículos de la Resolución UGM 008756, indicándose que el régimen salarial a aplicar
a la doctora LUCY BEJARANO MATURANA, es el establecido en el Decreto 546 de
1971 en concordancia con el decreto 717 de 1978, y en razón de ello, se modifique el
artículo segundo de la Resolución 008756 en su cuantía.

QUINTA: Que ese acto tenga sus efectos desde el pago de la primera mesada
pensional a la doctora LUCY BEJARANO MATURANA.

SEXTA: Condenar en costas a la parte demandada, conforme a la Ley14.

48. El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 23 de junio de
2015, resolvió lo siguiente:

PRIMERO: DECLARAR PROBADA parcialmente la excepción de legalidad del acto
acusado y DECLARAR NO PROBADA la excepción de inepta demanda propuesta por
la entidad demandada, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
promovida por la Sra. Lucy Bejarano Maturana en contra de Cajanal E.I.C.E. liquidada,
hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP.

SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL del artículo 2° de la Resolución N°
UGM008756 del 19 de septiembre de 2011 expedida por Cajanal en Liquidación en
tanto se liquidó la pensión de jubilación de la actora en la suma de $12.422.500 (doce
millones cuatrocientos veintidós mil quinientos pesos), valor que corresponde al aplicar
el tope de 25 smlmv, al 75 % del ingreso base de liquidación.

En su lugar y a título de restablecimiento del derecho, SE ORDENA a Cajanal E.I.C.E.
liquidada, hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP– proceda a reliquidar la pensión de
jubilación de la actora, sra LUCY BEJARANO MATURANA, con c.c. 26.258.275, sin
sujeción al mencionado tope de los 25 smlmv a que alude el Acto Legislativo 1 de
2005.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: Sin costas en esta instancia según lo indicado en la parte motiva.

[...]15.

49. La UGPP interpuso recurso de apelación y el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, mediante sentencia del 14 de septiembre de 2017, confirmó

14 Samai, índice 58, 90Oficio0723EnvioalConsejoEstado(.pdf), https://etbcsj-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sectradmsuc_cendoj_ramajudicial_gov_co/EhH_JRT7AeVOjYgHC1LR_mkBUrx
PyfQ5SZxgaQ0OFda9yA?e=mmVANd, 16AnexoPronunciamientoCautelar.pdf, pp. 1 a 2
15 Samai, índice 58, 90Oficio0723EnvioalConsejoEstado(.pdf), https://etbcsj-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sectradmsuc_cendoj_ramajudicial_gov_co/EhH_JRT7AeVOjYgHC1LR_mkBUrx
PyfQ5SZxgaQ0OFda9yA?e=mmVANd, 16AnexoPronunciamientoCautelar.pdf.

14

Radicación: 70001-23-33-000-2019-00064-01 (4821-2024)
Demandante: UGPP
Demandada: Lucy Bejarano Maturana

la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas el 23 de junio de 201516.

50. Por medio de la Resolución RDP 026907 del 9 de julio de 2018, la UGPP
reliquidó la pensión de vejez en cumplimiento de la sentencia proferida el 14 de
septiembre de 2017 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
modificada por la Resolución 042008 del 23 de octubre de 201817.

3.4.2. Análisis sustancial de la Sala

51. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación
interpuesto por la UGPP contra la sentencia de primera instancia que declaró
probadas las excepciones de inepta demanda y cosa juzgada, y en atención a la
competencia de la Sala conforme al artículo 328 del Código General del Proceso,
corresponde determinar, en primer lugar, si la Resolución RDP 026907 del 9 de julio
de 2018 constituye un acto de mera ejecución respecto del cual no procede efectuar
un pronunciamiento de fondo dentro del presente proceso. En segundo lugar, deberá
establecerse si se configuró la excepción de cosa juzgada respecto de la controversia
relacionada con la liquidación de la pensión reconocida a la señora Lucy Bejarano
Maturana mediante la Resolución UGM 008756 del 19 de septiembre de 2011.

52. La Sala observa que, conforme a la sentencia del 23 de junio de 2015, el
Tribunal Administrativo de Caldas declaró la nulidad parcial del artículo 2.º de la
Resolución UGM 008756 del 19 de septiembre de 2011, exclusivamente en cuanto
aplicó el tope de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la pensión
reconocida a la señora Lucy Bejarano Maturana. Como consecuencia de ello, ordenó
a Cajanal, hoy UGPP, reliquidar la prestación sin sujeción a dicho límite.

53. Asimismo, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante
sentencia del 14 de septiembre de 2017, confirmó integralmente la decisión proferida
por el Tribunal Administrativo de Caldas.

54. En cumplimiento de las anteriores decisiones judiciales, la UGPP expidió la
Resolución RDP 026907 del 9 de julio de 2018, mediante la cual reliquidó la pensión
de vejez de la señora Lucy Bejarano Maturana conforme a lo ordenado.

55. La Sala advierte que la Resolución RDP 026907 del 9 de julio de 2018
constituye un acto de mera ejecución, toda vez que su expedición obedeció
exclusivamente al cumplimiento de una orden judicial previamente definida mediante
sentencias ejecutoriadas.

56. En efecto, dicho acto administrativo no creó una situación jurídica nueva ni

16 Samai, índice 58, 90Oficio0723EnvioalConsejoEstado(.pdf), https://etbcsj-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sectradmsuc_cendoj_ramajudicial_gov_co/EhH_JRT7AeVOjYgHC1LR_mkBUrx
PyfQ5SZxgaQ0OFda9yA?e=mmVANd, 17AnexoPronunciamientoCautelar.pdf,
17 Samai, índice 58, 90Oficio0723EnvioalConsejoEstado(.pdf), https://etbcsj-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sectradmsuc_cendoj_ramajudicial_gov_co/EhH_JRT7AeVOjYgHC1LR_mkBUrx
PyfQ5SZxgaQ0OFda9yA?e=mmVANd, 02Anexo1.pdf, pp. 24 a 34

15

Radicación: 70001-23-33-000-2019-00064-01 (4821-2024)
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Demandada: Lucy Bejarano Maturana

modificó autónomamente las condiciones esenciales del reconocimiento pensional
efectuado mediante la Resolución UGM 008756 del 19 de septiembre de 2011. Por el
contrario, se limitó a materializar lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Caldas
y confirmado posteriormente por el Consejo de Estado, particularmente en relación
con la reliquidación de la prestación sin aplicación del tope de 25 salarios mínimos
legales mensuales vigentes.

57. Por lo anterior, la Sala aclara que los actos administrativos expedidos
exclusivamente para dar cumplimiento a una providencia judicial carecen de contenido
decisorio autónomo y, por tanto, no son susceptibles de control judicial independiente,
salvo que la administración exceda o desconozca los términos de la decisión que
ejecuta, circunstancia que no se evidencia en el presente asunto.

58. En consecuencia, respecto de la Resolución RDP 026907 del 9 de julio de 2018
se encuentra configurada la excepción de inepta demanda, por tratarse de un acto
administrativo de mera ejecución frente al cual no procede efectuar un
pronunciamiento de fondo.

59. Ahora bien, corresponde a la Sala determinar si se configuró la excepción de
cosa juzgada respecto de la controversia relacionada con la liquidación de la pensión
reconocida mediante la Resolución UGM 008756 del 19 de septiembre de 2011.

60. La Sala pone de presente que la señora Lucy Bejarano Maturana promovió el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado
70001233100020120023301 (4940-2015), en el cual demandó la Resolución UGM
008756 del 19 de septiembre de 2011.

61. No obstante, al revisar integralmente las pretensiones formuladas en dicho
proceso y compararlas con las planteadas en el presente asunto, la Sala advierte que
no se configura identidad de objeto, pese a que existe identidad de partes y una
relación fáctica común vinculada al reconocimiento pensional de la demandada.

Elemento Proceso radicado interno 4940- Proceso radicado interno 4821-2024
2015
Partes Demandante: Lucy Bejarano Demandante: UGPP
Maturana Demandado: Lucy Bejarano Maturana
Demandado: Cajanal – UGPP
Pretensiones «PRIMERA. Que conforme a la «PRIMERA: Que se declare la Nulidad
certificación DEAJ10-1224 de fecha de la Resolución No. UGM 008756 del
13 de julio, suscrita por el Director 19 de septiembre de 2011, emanada de
Ejecutivo de Administración Judicial, la extinta CAJA NACIONAL DE
se declare satisfecho el pago de los PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL, a
aportes pensionales de la doctora través de la cual se modificó la
LUCY BEJARANO MATURANA Resolución Nº 11456 del 20 de marzo de
como funcionaria al servicio de la 2006, reconociendo una pensión de
Rama Judicial, dado que en este jubilación en favor de la señora Lucy
certifica que a todos los servidores Bejarano Maturana teniendo en cuenta
de la Rama Judicial se le han para el efecto el 75 % de la asignación
efectuado los descuentos de ley mensual más elevada devengada en el

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Radicación: 70001-23-33-000-2019-00064-01 (4821-2024)
Demandante: UGPP
Demandada: Lucy Bejarano Maturana

para aportes pensionales y se han año anterior a la fecha de retiro definitivo
girado de manera oportuna a las del servicio, lo cual en virtud de la
administradoras donde han estado normatividad y jurisprudencia que
afiliados éstos; así también se regulan la materia es improcedente.
certificó en forma concreta para mi
poderdante dra. LUCY BEJARANO SEGUNDA: Que se declare la Nulidad
MATURANA por las direcciones de la Resolución Nº RDP 026907 del 9
seccionales de la Administración de julio de 2018, a través de la cual la
Judicial de Quibdó y Sincelejo. extinta Cajanal en cumplimiento a un
fallo proferido por el Tribunal
SEGUNDA: Que por ilegal e Administrativo de Caldas, reliquidó la
inconstitucional se decrete la nulidad pensión de jubilación reconocida en
de los artículos sexto (6°) y séptimo favor de la señora Lucy Bejarano,
(7°) de la Resolución No. teniendo en cuenta para el efecto los
UGM008756 de 19 de septiembre factores salariales de: asignación
de 2011, expedida por LA NACIÓN- básica, bonificación por compensación,
CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN bonificación por servicios prestados,
SOCIAL, CAJANAL EICE, EN prima de navidad, prima de servicios,
LIQUIDACIÓN que resolvió el prima de vacaciones y prima especial de
recurso de reposición interpuesto a servicios.
la resolución 11456 del 20 de marzo
de 2009, y mediante la cual se TERCERA: Como consecuencia de la
reliquida la pensión vitalicia de anterior declaración y a título de
vejez, que ordena descontar en el restablecimiento del derecho, se ordene
artículo sexto de la parte resolutiva a la señora ALMA JUSTA DÍAZ (sic),
de la citada resolución, la suma de restituir a la UNIDAD ADMINISTRATIVA
$17.795.632.00 m/cte, pero en el ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL
artículo séptimo se ordena Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
descontar una suma mayor, esto es, DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP,
de $59.734.927.00 m/cte de mis el valor total de los dineros que le han
mesadas pensionales y por sido cancelados por concepto del
concepto de aportes para pensión reconocimiento pensional, que
de factores de salario no efectuados, irregularmente fue efectuada en su
de conformidad con el informe del 15 favor, desde la inclusión en nómina de
de septiembre de 2011 expedido por dicha reliquidación, hasta cuando se
el Registro Nacional de Afiliados de haga efectiva la sentencia que ponga fin
CAJANAL EICE, en liquidación, que a este proceso.
puede ser objeto de ajustes o
actualización en su valor y de CUARTA: Que la condena respectiva se
procedimiento de cobro coactivo. actualice de conformidad con lo previsto
Como consecuencia de ello, se en el inciso final del Art. 187 de la Ley
decrete la nulidad del artículo 1437 del 2011, indexando las sumas de
tercero de la misma resolución que dinero que deban ser restituidas por el
ordena deducir lo cancelado por vía demandado.»
ejecutiva o administrativa.

TERCERA: Que se decrete la
nulidad de artículos primero y
segundo del citado acto
administrativo, cuando ordena la
liquidación de mi pensión de vejez
con topes máximos, esto es, con
límites de cuantía de 25 salarios

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Radicación: 70001-23-33-000-2019-00064-01 (4821-2024)
Demandante: UGPP
Demandada: Lucy Bejarano Maturana

mínimos legales mensuales
vigentes establecidos en el Decreto
510 de 2003.
CUARTA: Que como consecuencia
de las declaraciones anteriores y a
título de restablecimiento del
derecho, se ordene liquidar la
pensión de vejez de la doctora LUCY
BEJARANO MATURANA sin topes
salariales, y se ANULEN los citados
artículos de la Resolución UGM
008756, indicándose que el régimen
salarial a aplicar a la doctora LUCY
BEJARANO MATURANA, es el
establecido en el Decreto 546 de
1971 en concordancia con el decreto
717 de 1978, y en razón de ello, se
modifique el artículo segundo de la
Resolución 008756 en su cuantía.

QUINTA: Que ese acto tenga sus
efectos desde el pago de la primera
mesada pensional a la doctora
LUCY BEJARANO MATURANA.

SEXTA: Condenar en costas a la
parte demandada, conforme a la
Ley»
Tabla 1: Estudio cosa juzgada

62. De acuerdo con lo anterior, la Sala concluye que no se configuró la excepción
de cosa juzgada, debido a que no existe identidad de objeto entre ambos procesos.
En efecto, en el proceso radicado 70001233100020120023301 (4940-2015), se
estableció que no se debió aplicar el tope de 25 salarios mínimos legales mensuales
vigentes; mientras que en el presente asunto el debate jurídico se dirige a cuestionar
la legalidad del ingreso base de liquidación reconocido mediante la Resolución UGM
008756 del 19 de septiembre de 2011 y la aplicación del régimen de transición previsto
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

63. En consecuencia, aunque ambos procesos guardan relación con la situación
pensional de la señora Lucy Bejarano Maturana y recaen sobre el mismo acto
administrativo, lo cierto es que las controversias planteadas son sustancialmente
distintas, razón por la cual no se configura la identidad de objeto exigida por el artículo
303 del Código General del Proceso para que opere la excepción de cosa juzgada.

64. La Sala advierte que no se configuró la excepción de cosa juzgada respecto de
las pretensiones formuladas por la UGPP, razón por la cual se revocará el numeral
segundo de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, mediante
el cual se declaró probada dicha excepción.

18

Radicación: 70001-23-33-000-2019-00064-01 (4821-2024)
Demandante: UGPP
Demandada: Lucy Bejarano Maturana

65. En consecuencia, la Sala procederá a estudiar de fondo la controversia
relacionada con la legalidad de la Resolución UGM 008756 del 19 de septiembre de
2011, por medio de la cual CAJANAL reliquidó la pensión de la señora Lucy Bejarano
Maturana conforme al artículo 6 del Decreto 546 de 1971, con el 75 % de la asignación
más alta devengada durante el último año de servicios.

66. La Sala encuentra acreditado que mediante la Resolución 11456 del 20 de
marzo de 2009, Cajanal reconoció pensión de vejez a la señora Lucy Bejarano
Maturana con fundamento en el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 y liquidó la prestación con el promedio de lo devengado durante los
últimos diez años de servicio.

67. Posteriormente, mediante la Resolución UGM 008756 del 19 de septiembre de
2011, Cajanal modificó el acto inicial y reconoció la prestación conforme al artículo 6
del Decreto 546 de 1971, esto es, con el 75 % de la asignación mensual más alta
devengada durante el último año de servicios.

68. La Sala precisa que, conforme a la sentencia de unificación proferida por el
Consejo de Estado el 11 de junio de 2020, quienes son beneficiarios del régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 conservan únicamente las
condiciones relacionadas con la edad, el tiempo de servicios y la tasa de reemplazo
previstas en el régimen anterior, mientras que el ingreso base de liquidación debe
determinarse conforme a las reglas generales previstas en los artículos 21 y 36 de la
Ley 100 de 1993.

69. No obstante, la misma providencia de unificación estableció expresamente que
no puede entenderse que las pensiones reconocidas con fundamento en la tesis
anterior sostenida por la Sección Segunda constituyan, por sí mismas, situaciones
contrarias al ordenamiento jurídico, salvo que se acredite abuso del derecho o fraude
a la ley.

70. Igualmente, dicha sentencia precisó que las reglas jurisprudenciales allí fijadas
tienen aplicación retrospectiva respecto de los asuntos en trámite ante la
administración y la jurisdicción, pero sin afectar situaciones jurídicas consolidadas ni
decisiones judiciales ejecutoriadas.

71. En el presente asunto, se encuentra acreditado que la Resolución UGM 008756
del 19 de septiembre de 2011 reconoció la pensión de la señora Lucy Bejarano
Maturana con fundamento en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, conforme a la
interpretación jurisprudencial vigente para la época.

72. Asimismo, se observa que la situación jurídica derivada de dicho
reconocimiento fue posteriormente analizada por el Tribunal Administrativo de Caldas
y por el Consejo de Estado dentro del proceso radicado 70001233100020120023301
(4940-2015), en el cual se modificó únicamente el tope de 25 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.

19

Radicación: 70001-23-33-000-2019-00064-01 (4821-2024)
Demandante: UGPP
Demandada: Lucy Bejarano Maturana

73. En consecuencia, la Sala advierte que la prestación reconocida a la señora
Lucy Bejarano Maturana quedó consolidada conforme a las condiciones definidas en
el acto administrativo de reconocimiento.

74. De igual manera, no se encuentra acreditado que el reconocimiento pensional
hubiese sido obtenido mediante fraude a la ley, abuso del derecho o actuaciones
contrarias a la buena fe que permitan desconocer la situación jurídica consolidada de
la demandada.

75. Así las cosas, aunque la jurisprudencia de unificación modificó la interpretación
relacionada con el ingreso base de liquidación aplicable a los beneficiarios del régimen
de transición, dicha circunstancia no autoriza desconocer prestaciones previamente
reconocidas y consolidadas bajo la interpretación jurisprudencial vigente para la época
de su reconocimiento.

76. En consecuencia, la Sala concluye que no hay lugar a declarar la nulidad de la
Resolución UGM 008756 del 19 de septiembre de 2011 ni a ordenar la devolución de
las sumas pagadas por concepto pensional.

3.4.3. Conclusión

77. En atención a lo expuesto, la Sala revocará el numeral segundo de la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, mediante el cual se declaró probada
la excepción de cosa juzgada, toda vez que no se configuró identidad de objeto entre
el presente asunto y el proceso radicado 70001233100020120023301 (4940-2015).
No obstante, la Sala negará las pretensiones de la demanda dirigidas a obtener la
nulidad de la Resolución UGM 008756 del 19 de septiembre de 2011, en la medida
en que la pensión de la señora Lucy Bejarano Maturana fue reconocida conforme al
artículo 6 del Decreto 546 de 1971, con el 75 % de la asignación más alta devengada
durante el último año de servicios, situación jurídica particular y concreta que quedó
consolidada y no podía ser desconocida posteriormente por la UGPP.

3.4.4. Costas

78. La presente providencia, por razones de seguridad jurídica e igualdad, acoge
el criterio de interpretación mayoritario de la Subsección sobre el artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011, consistente en que para decretar la condena en costas debe
verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe18.

18 18 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que

20

Radicación: 70001-23-33-000-2019-00064-01 (4821-2024)
Demandante: UGPP
Demandada: Lucy Bejarano Maturana

79. Como en el caso bajo estudio no se encuentra acreditado que las partes hayan
incurrido en actuaciones de tal naturaleza, se considera abstenerse de imponer
costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Revocar el ordinal segundo de la sentencia dictada por el Tribunal
Administrativo de Sucre, del 15 de noviembre de 2023, que declaró probada la
excepción de cosa juzgada, conforme lo expuesto.

Segundo. En su lugar, negar la nulidad de la Resolución UGM 008756 del 19 de
septiembre de 2011, por las razones expuestas.

Tercero. Confirmar los demás ordinales de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre, el 15 de noviembre de 2023, de conformidad con la parte
motiva.

Cuarto. Sin condena en costas en esta instancia.

Quinto. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones
pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).

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Radicación: 70001-23-33-000-2019-00064-01 (4821-2024)
Demandante: UGPP
Demandada: Lucy Bejarano Maturana

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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