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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 70001-23-33-000-2019-00147-01

Nulidad electoral: contra el acto de elección de rector de la Universidad de Sucre

Fecha
19 de agosto de 2021
Consejero ponente
Rocío Araújo Oñate (e)

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 70001-23-33-000-2019-00147-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 21 de abril de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión, que negó las súplicas de la demanda, conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia. TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 70001-23-33-000-2019-00147-01

Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate (e)

19 de agosto de 2021

NULIDAD ELECTORAL - Contra el acto de elección de rector de la Universidad de Sucre / ELECCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE - Procedimiento de elección

El acuerdo 10 de 2016 del Consejo Superior de la Universidad de Sucre contiene el procedimiento para la designación de su rector y en sesión del 1º de febrero de 2019, entre otros temas, el consejo superior estudió y aprobó el proyecto de acto que establece los requisitos de la convocatoria pública destinada para elegir a su rector para el periodo 2019-2022. El 1º de febrero se dictó el acuerdo 01 de 2019 que establece los requisitos que debe contener la convocatoria pública para elegir a quien ocupara dicho cargo para el periodo 2019-2022. En la convocatoria se precisó que: i) el término de inscripción de los aspirantes sería desde el 19 de febrero al 12 de marzo de 2019; ii) los requisitos y calidades que debían reunirse para ejercer el cargo; iii) el 19 de marzo de 2019 se dictaría la resolución que daría cuenta de los candidatos habilitados y del recurso procedente contra dicho acto; iv) 29 de marzo de 2019 se publicaría la lista definitiva de preseleccionados; v) el 5 y 8 de abril de 2019 los preseleccionados sustentarían su programa de gobierno ante la comunidad universitaria; vi) el 10 de abril de 2019 se realizaría la consulta entre la comunidad universitaria y; vii) el 22 de abril de 2019 los ganadores de la consulta tenían que presentar y sustentar su programa de gobierno ante el consejo superior. Mediante resolución 36 de 2019 se decidió que seis (6) aspirantes resultaron preseleccionados y ocho (8) no cumplieron con los requisitos exigidos, asimismo, se informó que contra dicho acto procedía recurso de reposición. Las reclamaciones presentadas contra las anteriores decisiones, fueron resueltas en la resolución 37 de 2019 en la que se decidió “…no acceder a las solicitudes de revocatoria”. Mediante la resolución 389 de 2019 se informó (…) los ganadores de la consulta. (…). Con escrito de 17 de abril de 2019, el señor Javier Emilio Sierra Carrillo, manifestó ante el consejo superior de la Universidad de Sucre que promovía recusación contra el representante Guillermo Gutiérrez Ribón “…en la sesión donde deberá decidirse la elección del rector…”. Se allegó al plenario copia del acta de la sesión extraordinaria del Consejo Superior de la Universidad de Sucre del 22 de abril de 2019, en la cual consta la verificación del quorum, la presentación y sustentación de los planes de gobierno de los aspirantes ganadores de la consulta realizada dentro del proceso de designación del rector, periodo 2019-2022 y la designación del rector. El 22 de abril se dictó la resolución 8 de 2019 “por medio de la cual se designa al rector de la Universidad de Sucre, periodo 2019-2022”. Finalmente, con oficio de 6 de mayo de 2019 la secretaria general de la Universidad de Sucre le informó al señor Javier Emilio Sierra Carrillo que el consejo superior en sesión del 3 de mayo del mismo año resolvió lo relativo a la recusación que presentó contra Guillermo Gutiérrez Ribón.

ELECCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE / RECUSACIÓN CONTRA MIEMBROS DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO - Trámite / / ELECCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE – Tanto el voto secreto como la no presencia del asesor jurídico durante el proceso tienen fundamento normativo

En cuanto al trámite de las recusaciones en los consejos superiores universitarios, es importante señalar que por mandato del artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, ante la falta de norma expresa para su instrucción, se aplica lo dispuesto en la parte primera del CPACA. (…). Para resolver lo anterior [presunto “indebido” actuar del presidente de la reunión], resulta necesario revisar el contenido del acta de la sesión del 22 de abril de 2019, del Consejo Superior de la Universidad de Sucre, a efectos de verificar lo allí acontecido: [E]s claro para la Sala que, en efecto, el presidente de la sesión afirmó y determinó que el voto para la elección del rector debería ser secreto y no accedió a someter a votación la solicitud de que se permitiera el ingreso y participación del asesor jurídico de la universidad, sin embargo, citó como fundamento de su actuar las normas propias de ese ente universitario. En lo referente al voto secreto sostuvo que dicha condición está contenida en el Acuerdo 10 del 2016 y que no era procedente la participación del asesor jurídico en una sesión extraordinaria, lo que impone a este juez electoral acudir a la normativa de la Universidad de Sucre [artículo 10 y 11 del Acuerdo 10 del 2016] a fin de determinar si estas decisiones devienen de un actuar indebido y extralimitado o, por el contrario, están fundadas normativamente. (…). Para la Sala no hay duda que la decisión de someter a votación secreta la elección del demandado, contrario a tratarse de un actuar arbitrario e injusto del presidente de la sesión del 22 de abril de 2019, encuentra su fundamento normativo en el Acuerdo 10 de 2016 [artículo 10]. (…). Sumado a lo anterior, del contenido del acta de dicha reunión debe advertirse que el asunto fue objeto de debate y participaron los representantes que así lo consideraron, sin que ninguno de ellos fuera prohibida o limitada su participación. También afirmó el presidente que cambiar la votación implicaría modificar el Acuerdo 10 de 2016, postura que se encuentra demostrada al revisar el contenido de dicho acto administrativo y que tal y como se expusiera en la reunión del 22 de abril de 2019, no está prevista como un asunto a ser debatido y analizado. (…). Así las cosas, también resulta cierta la afirmación que realizó el presidente, en la sesión del 22 de abril de 2019, en la cual adujo que dicha reunión no tenía por objeto la modificación de la manera en la cual debería realizarse la votación para elegir rector y, por tanto, su estudio y decisión no resultaba procedente. (…). [C]ontrario al dicho de la actora, como ya se advirtió para la elección del rector el consejo superior universitario, mediante acuerdo 10 del 2016, ya definió que la misma debería ser secreta, decisión que el presidente de la sesión del 22 de abril de 2019, procuró por su respeto, en los términos ya explicados. No sobra precisar que, en todo caso, así la votación sea secreta debe ser objeto de verificación de las exigencias que impone dicho precepto relacionadas con la cantidad de tarjetas electorales depositadas y de su votante, de lo cual se dará cuenta en los escrutinios y en la respectiva acta. (…). Para este colegiado, está demostrado que la oposición del presidente en la sesión del 22 de abril de 2019, en lo relacionado con permitir la intervención del asesor jurídico de la universidad, en efecto, tiene como fundamento el citado artículo 7º [del Acuerdo 27 de 2016], que autoriza dicha participación solamente en las sesiones ordinarias, mientras que la celebrada en esa fecha era extraordinaria, entonces, sin pretender avalar o refutar dicho precepto pues no está en discusión, es lo cierto que para resolver el reparo de la demandante, debe concluirse que el actuar del cuestionado presidente cuenta con respaldo en las normas internas de la Universidad de Sucre.

En este orden de ideas, no encuentra la Sala probado el denunciado actuar arbitrario, de favorecimiento al demandado y extralimitado del presidente de la sesión desarrollada el 22 de abril de 2019, pues como se demostró (…), en dicha reunión para negar el voto público y la participación en la misma del asesor jurídico de la universidad tienen como propósito dar aplicación a los Acuerdos 10 del 2016, 01 de 2019 y Acuerdo 27 de 2016. (…). Así las cosas, debe concluirse que tal y como lo concluyó el tribunal estos reparos no fueron demostrados porque, como se explicó, las decisiones del presidente de la sesión contrario a ser arbitrarias tienen sustento en las normas que regulan en proceso eleccionario del rector por lo que procedente denegarlos.

NOTA DE RELATORÍA: Del trámite de las recusaciones contra los miembros del consejo superior universitario, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 26 de junio de 2016, M.P. Alberto Yepes Barreiro, radicación 11001-03-28-000-2016-0008-00. En cuanto al trámite que debe impartirse a las recusaciones presentadas en la elección de rector, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 25 de febrero de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación 11001-03-28-000-2021-00002-00. De los requisitos mínimos que deben cumplir los escritos de recusación, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 17 de junio de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, radicación 11001-03-28-000-2019-00061-00 (acum.).

ELECCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE / TRÁMITE DE LA RECUSACIÓN – Omisión / ELECCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE - Pese a la omisión en el trámite de la recusación no se afecta la validez de la elección

[A]nte la presentación de una recusación es lo procedente que, en atención a lo dispuesto en el artículo 12 de CPACA, se brinde la posibilidad al recusado de manifestar si acepta o no la causal invocada, para que luego el resto del colegiado la decida de plano, siempre y cuando la recusación no afecte el quorum deliberatorio y decisorio y precisando que el recusado no puede intervenir en el proceso eleccionario hasta tanto la recusación sea resuelta. A pesar de lo anterior, en este caso, revisada el acta de 22 de abril de 2019, se advierte que a la misma acudió el recusado representante de los docentes Guillermo Gutiérrez Ribón, intervino y ejerció su derecho al voto, esto último se concluye porque a la reunión asistieron los 9 integrantes del consejo superior, con derecho a voto, y a la final todos participaron. Sin embargo, en el desarrollo de dicha sesión, es lo cierto que se omitió tramitar la recusación presentada el 17 de abril de 2019, por el señor Javier Sierra Carrillo, prueba de ello es que la propia secretaria general del Consejo Superior de la Universidad de Sucre le informó al recusante que su petición fue absuelta en sesión del 3 de mayo de 2019, en el sentido de concluir que carecía de la mención de la causal de recusación que se pretendía fuera declarada y de los soportes probatorios que permitan su declaratoria. Expuesto lo anterior, debe concluirse que como lo señaló el tribunal y la parte demandante, en efecto, se incurrió en la omisión de tramitar la recusación que presentó el señor Javier Sierra Carrillo contra del representante de los docentes Guillermo Gutiérrez Ribón, lo que devino en que participara, indebidamente por estar recusado, en la sesión en la cual se eligió al demandado como rector de la Universidad de Sucre. (…). A pesar de lo anterior, también resulta acertado concluir que dicho yerro no tiene la entidad suficiente para afectar la validez de la elección declarada pues incluso de anularse el voto del señor Guillermo Gutiérrez Ribón, por haber participado sin haberse resuelto la recusación radicada en su contra, debe afirmarse que no se modificaría el resultado electoral y las mayorías requeridas estatutariamente para ser elegido rector. A la anterior conclusión se arriba luego de establecer que, según el acta 6 de 22 de abril de 2019 del consejo superior de la Universidad de Sucre, el demandado Jaime León De La Ossa Velásquez obtuvo seis (6) votos que le resultaron suficientes para ser elegido rector de este ente de educación superior. (…). En conclusión, así se declarara nulo el voto del señor Guillermo Gutiérrez Ribón, esa decisión no cambiaría la voluntad de sus electores que concluyó con la elección del demandado como rector de la Universidad de Sucre para el periodo 2019 – 2022, como tampoco se vería afectada la mayoritaria requerida por los acuerdos que regulan dicho procedimiento, como ya fue manifestado. La argumentación antes expuesta permite a esta Sala confirmar que si bien se incurrió en la omisión de tramitar y decidir la recusación presentada el 17 de abril de 2019 en la oportunidad debida, esto es antes de declarar la elección que se juzga y que ello derivó en la participación activa del recusado, dicho vicio carece de la entidad suficiente para cambiar el resultado electoral definido en la sesión en la cual se eligió al demandado como rector de la Universidad de Sucre, lo que impide declarar probado este cargo de anulación.

NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a que se omitió el trámite de la recusación y pese a ello no se afecta la validez del acto de elección, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, fallo de 4 de marzo de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 11001-03-28-000-2020-00001-00.

ELECCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE / REPRESENTANTE DE PROFESORES ANTE CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD – Imposibilidad de establecer si votó por quien tenía la obligación de hacerlo

[D]ebe reiterarse que de acuerdo con las normas que rigen este proceso electoral, la votación para elegir rector en la Universidad de Sucre debe ser secreta y así se realizó en esta oportunidad, lo cual impide saber el sentido del voto de cada uno de los 9 integrantes del consejo superior. No obstante, en la demanda se afirmó que previendo esta situación los representantes de los ex rectores, del sector productivo y de las directivas académicas marcaron su tarjeta electoral, para poder demostrar que, en efecto, faltó el voto de señor Guillermo Gutiérrez Ribón. Asimismo, se allegó copia de los votos y se solicitó que se decretara como prueba el testimonio de los que se afirma votaron a favor del candidato Sierra Carrillo. (…). Llama la atención la Sala que la parte demandante pretendía con las tres declaraciones, entre otras, demostrar que ellos fueron los que apoyaron con su voto al candidato Javier Sierra Carrillo, sin embargo, solo uno de ellos rindió su testimonio el señor Iván Núñez Orozco (representante de las directivas académicas). (…). De los (…) testimonios no es dable tener certeza respecto de si las tarjetas electorales depositadas por quienes se afirma apoyaron al aspirante Javier Sierra Carrillo, fueron o no marcadas antes de ser dejados en la respectiva urna. (…). Por el contrario, esas declaraciones no brindan certeza o indicio que permita a esta Sala de lo Electoral afirmar o desmentir que las marcas de los votos fueron impuestas antes o después de la votación. (…). Es necesario concluir que no es posible tener por probado que, como se afirma en la demanda, los representantes de los ex rectores, del sector productivo y de las directivas académicas fueron quienes con su voto apoyaron al candidato Javier Sierra Carrillo y mucho menos que el señor Guillermo Gutiérrez Ribón incumplió su deber de apoyar al citado aspirante como lo dispone el parágrafo del artículo 10 del acuerdo 10 de 2016 y el acuerdo 01 de 2019, parágrafo del artículo 11. Esto sin dejar a un lado que las normas internas de la universidad impiden conocer el sentido del voto en las elecciones que se adelantan para elegir al rector. En este orden de ideas, ni los testimonios y tampoco las copias de los tarjetones allegados con la demanda, que no fueron objeto de custodia alguna, dan certeza o permiten concluir que el representante de los docentes Guillermo Gutiérrez Ribón no apoyó con su voto al candidato Javier Sierra Carrillo y en esta medida resulta imposible establecer si se incurrió o no en la desatención de las normas internas de la Universidad de Sucre. (…). Sin perjuicio de lo anterior, resulta necesario resaltar que incluso, si el voto del citado representante Gutiérrez Ribón, fuese anulado, como ya se explicó, se trataría de un vicio que no podría anular la elección del demandado porque incluso en esa hipótesis la mayoría alcanzada por el ahora rector Jaime León De La Ossa Velásquez cumple con la exigencia prevista en los acuerdos de la universidad de obtener al menos cinco (5) de los nueve (9) votos posibles. Todo lo cual deriva en la negativa de este cargo de la demandante.

ELECCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE / REPRESENTANTE DE PROFESORES ANTE CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD – El vicio alegado de que el representante votó incumpliendo su deber no encuadra con la causal de nulidad invocada

Para la demandante la tarjeta electoral depositada por el representante de los docentes Guillermo Gutiérrez Ribón, contiene información contraria a la verdad, afirmación que tiene como sustento que el citado representante tenía la obligación de votar por el candidato ganador de la consulta estamentaria de los docentes, que para el presente caso fue el señor Javier Sierra Carrillo. (…). [C]uando afirmamos que existen documentos electorales con datos contrarios a la verdad, estamos frente a un escenario de falsedad de los mismos sea esta ideológica o material, como da cuenta el fallo antes citado de manera parcial. No obstante la situación que expone la parte demandante no encuadra en la causal de nulidad alegada, pues la presunta situación según la cual el representante de los docentes no votó de acuerdo con lo que le indican las normas internas de la universidad, no recae en una situación que implique la falsedad de su tarjeta electoral. En este caso, de acuerdo con el dicho de la demandante no podemos hablar de falsedad ideológica porque no se trata de que se hizo constar un hecho no declarado como cierto por quien lo dicta, en la medida que desconocemos el sentido del voto del representante de los docentes Guillermo Gutiérrez Ribón. Tampoco se alegó que el voto del señor Guillermo Gutiérrez Ribón incurre en falsedad material pues no se alega la elaboración total o parcial o la modificación de su tarjeta electoral que se debe insistir se desconoce cuál de las allegadas es la que depositó en su oportunidad. En realidad el vicio que pretende demostrar la actora es que el representante de los docentes votó incumpliendo su deber, situación que nada tiene que ver con la alegada causal de nulidad según la cual su tarjeta electoral contiene datos contrarios a la verdad y que ya fue material de análisis y decisión en esta misma providencia. En este orden de ideas, no existe mérito alguno frente a este argumento para revocar la decisión apelada. (…). Conforme las razones expuestas, es lo procedente confirmar la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión, en sentencia de 21 de abril de 2021, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda, al concluir que es lo cierto que la parte demandante no logró demostrar la existencia de los cargos de nulidad que propuso contra el acto de elección del señor Jaime León de la Ossa Velásquez como rector de la Universidad de Sucre.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre documentos electorales con datos contrarios a la verdad, en los que se está frente a un escenario de falsedad de los mismos sea esta ideológica o material, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, fallo de 29 de abril de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, radicación 52001-23-33-000-2020-00017-01. De la irregularidad por falsedad ideológica o material, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 24 de junio de 2004, radicación 11001-03-28-000-2002-00009-01(2899-2910-2905).

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 12 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 275 NUMERAL 3 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 292

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE (E)

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 70001-23-33-000-2019-00147-01

Actor: SIXTA ARELIS VILLACOB ZARANTE

Demandado: JAIME LEÓN DE LA OSSA VELÁSQUEZ - RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE, PERIODO 2019-2022

Referencia: NULIDAD ELECTORAL - Apelación de sentencia, voto secreto para elegir rector, obligatoriedad consulta interna, trámite recusaciones, y voto con datos contrarios a la verdad

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra el fallo de 21 de abril de 2021, proferido por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión, que denegó las súplicas de la demanda.

ANTECEDENTES

La demanda

La señora Sixta Arelis Villacob Zarante, actuando mediante apoderada judicial, presentó demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, en la cual solicitó:

“Que se declare la nulidad de la Resolución No. 08 del 22 de abril de 2019, proferida por el Consejo Superior de la Universidad de Sucre, en sesión extraordinaria llevada a cabo el día 22 de abril de 2019, mediante la cual se declaró la elección del señor Jaime León De La Ossa Velásquez, como rector de la Universidad de Sucre para el periodo 2019-2022, como consta en el Acta del Consejo Superior No. 06 del 22 de abril de 2019, cuyas copias autenticadas adjunto”.

1.1.2 Hechos

Indicó la demandante que los Acuerdos 10 de 2016 y 01 de 2019 del consejo superior contienen las exigencias requeridas para el adelantar la convocatoria al proceso para elegir rector de la Universidad de Sucre, para el periodo 2019-2022.

En este caso, en la convocatoria para elegir al demandado rector de la Universidad de Sucre se surtieron las siguientes actuaciones:

Inscripción de 19 de febrero al 12 de marzo de 2019.
19 de marzo de 2019 preselección de candidatos.
20 de marzo de 2019 publicación lista de preseleccionados.
29 de marzo de 2019 publicación lista definitiva de preseleccionados.
5 y 8 de abril de 2019 sustentación de programas de gobierno ante la comunidad.
10 de abril de 2019 consulta estamentaria.
22 de abril de 2019 sustentación de programas de gobierno ante el consejo superior y elección.

La Resolución No. 36 de 2019, del Consejo Académico, da cuenta que los aspirantes seleccionados fueron los señores: i) Santander José De La Ossa Guerra; ii) Francisco José Montes Vergara; iii) Javier Emilio Sierra Carrillo; iv) Johnny Alberto Avendaño Estrada; v) Jaime León De La Ossa Velásquez y vi) Cesar Augusto Valeta López.

Realizada la consulta ante los respectivos estamentos, esto es: estudiantes, docentes, funcionarios- trabajadores de planta y egresados, se obtuvieron los siguientes resultados y ganadores:

ESTAMENTO
ASPIRANTE
VOTOS
Estudiantes
Jaime León De La Ossa Velásquez
1.832
Docentes
Javier Emilio Sierra Carrillo
57
Funcionarios- trabajadores de planta
Javier Emilio Sierra Carrillo
44
Egresados
Johnny Alberto Avendaño Estrada
820

De conformidad con el procedimiento establecido solo quienes ganaron la consulta en al menos en un estamento pasarían a la etapa de sustentación del programa de gobierno ante el consejo superior y elección.

Precisó que el artículo 11 del Acuerdo No. 01 de 2019 (convocatoria del proceso), dispone que “los representantes de los docentes y de los estudiantes al momento de la designación de rector, votarán por el candidato que resultó ganador en las consultas…”.

Indicó que “se conocía públicamente” que el señor Guillermo Gutiérrez Ribón, representante de los docentes ante el Consejo Superior de la Universidad de Sucre, no estaba de acuerdo con el mandato contenido en el precepto anterior, “…situación que desde ese momento hacía prever que el representante en mención no respetaría los resultados de la consulta en el estamento docente”.

Expuso que el señor Javier Emilio Sierra Carrillo, el 12 de abril de 2019, le “…notificó y recordó el deber de acatar la decisión adoptada por los docentes mediante el voto en las consultas…”, al señor Guillermo Gutiérrez Ribón y, además, le solicitó que “…su conducta se adecuara a lo reglamentado y que el voto a depositar al momento de la elección (…) debía ser por Javier Sierra Carrillo, por cuanto fue el ganador de la consulta docente”.

El señor Javier Emilio Sierra Carrillo, el 17 de abril de 2019, solicitó al Consejo Superior de la Universidad de Sucre la “…garantía de aplicación y cumplimiento de los actos expedidos (…) [para] precaver el posible fraude a cometer por parte del representante [Guillermo Gutiérrez Ribón] al momento de depositar el voto en la sesión del 22 de abril de 2019…”, escrito que la parte demandante considera es una recusación.

En la sesión del 22 de abril de 2019, los aspirantes sustentaron sus propuestas ante el consejo superior universitario, se dio lectura al artículo 11 del Acuerdo No. 01 de 2019, pero no se mencionó la recusación presentada por el señor Javier Emilio Sierra Carrillo.

Sostuvo que en dicha sesión que fue presidida por el delegado del gobernador del departamento de Sucre, el representante del sector productivo indagó “…cuál sería la forma cómo se garantizaría que el voto (sic) de estudiante y docente correspondiera con los resultados de las consultas…” y el “…presidente de la sesión le responde que el voto es secreto y que cada quien votaría según su conciencia y determinación y agrega que el representante (sic) docente y estudiantil no pueden ser constreñidos ni coaccionados para que voten por quienes ganaron en la consulta”.

Por lo anterior, los representantes del sector productivo, de las directivas académicas y de los ex rectores “…argumentaron jurídicamente las razones por las cuales debía garantizarse el respeto por los resultados de las consultas estamentarias y exigían que el voto de los representantes estudiantiles y docente se hiciera público por razones de transparencia, al menos mostrando a los presentes el tarjetón marcado (…) incluso se solicitó la presencia del asesor jurídico de la Universidad de Sucre, doctor Darío Pérez Méndez, para que ilustrara al Consejo Superior al respecto, pero su entrada no fue permitida por el presidente de la sesión…”.

Finalmente, la votación se realizó de forma secreta, en la cual el demandado obtuvo seis (6) votos, mientras que el señor Javier Emilio Sierra Carrillo tres (3), los cuales le sirvieron para resultar elegido rector de la Universidad de Sucre.

Precisó que los representantes de los ex rectores, del sector productivo y de las directivas académicas “…coherentes con las posturas expuestas en el acta de la sesión, acerca de que debía brindarse garantías de observancia de los resultados de la consulta y precaviendo demostrar que efectivamente el representante docente no votó por el aspirante Javier Sierra Carrillo, ganador de la consulta docente, firmaron sus tarjetones electorales al momento de votar existiendo así prueba fehaciente que los tres votos que obtuvo Javier Sierra Carrillo correspondió al de ellos y que el representante docente Guillermo Gutiérrez Ribón, actuando de mala fe y valiéndose del voto secreto e irregular que impuso el presidente de la sesión, depositó su voto a favor de Jaime De La Ossa Velásquez”.

Resaltó que con esa votación se vulneró el artículo 36 del Acuerdo No. 27 de 2016 que permite la votación pública y que los resultados de las consultas son obligatorios.

Concluyó que el 23 de abril de 2019, Javier Sierra Carrillo solicitó a la secretaría general de la Universidad de Sucre “…establecer la cadena de custodia sobre los votos depositados por los miembros del consejo superior, la expedición de copias por ambas caras de cada uno de los nueve votos y que él certificara si efectivamente la comunicación que contenía la recusación elevada desde el 17 de abril, había sido leída y tramitada en la sesión del 22 de abril de 2019”.

Por su parte, la universidad le informó que las tarjetas electorales “…se encuentran en esa dependencia y para su conservación no requiere cadena de custodia y hace entrega de la copia de las tarjetas electorales en la forma solicitada y adicionalmente indica que la comunicación del 17 de abril fue remitida a todos los miembros del consejo superior, mediante correo electrónico, y que no se estudió por no existir punto de correspondencia y solo hasta el 3 de mayo de 2019, fue estudiada”.

Normas violadas y concepto de la violación

A juicio de la demandante, con la elección del señor Jaime León De La Ossa Velásquez, rector de la Universidad de Sucre, periodo 2019-2022, se desconocieron los artículos: i) 13, 29, 40 y 83 de la Constitución Política; ii) 12 y 275.3 de la Ley 1437 de 2011; iii) parágrafo del artículo 10 del Acuerdo 10 de 2016; iv) parágrafo del artículo 11 del Acuerdo 01 de 2019 y; v) 36 del Acuerdo 27 de 2016, todos del consejo superior de la Universidad de Sucre

Lo anterior porque se incurrió en violación al debido proceso, a los principios de igualdad, buena fe, confianza legítima, al principio de democracia participativa y de representación efectiva, desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, desviación de poder, falta de aplicación o aplicación indebida de las normas en el proceso administrativo en la medida que:

En la sesión del 22 de abril de 2019, no se resolvió la recusación presentada, el 17 del mismo mes y año, por el señor Javier Sierra Carrillo contra el representante docente Guillermo Gutiérrez Ribón.
El presidente del consejo superior universitario, en la sesión en la cual resultó elegido el demandado, no permitió que el voto fuera público y no procuró por el respeto de los resultados de las consultas estamentarias y su carácter vinculante.
El presidente del consejo superior universitario, en la sesión en la cual resultó elegido el demandado, ordenó que la votación fuera secreta para los miembros del consejo superior universitario que elegirían al rector.
El representante de los docentes no votó por el ganador de la consulta estamentaria, como era su obligación de conformidad con los acuerdos 01 de 2019 y 10 de 2016.
El voto del representante de los docentes “…contiene información contraria a la verdad ya que su voto estaba preestablecido en los resultados de la consulta del estamento docente…”.

Para explicar los anteriores reparos, amplió los argumentos fácticos ya resumidos y, además, resaltó que “…para anular la elección del rector, no se requiere determinar si el resultado democrático variaría al descontarse el voto fraudulento del representante docente porque ello no estaría de acuerdo con el fin de las normas constitucionales y legales que consagran las causales de nulidad de los actos administrativos, por lo tanto, el estudio debe hacerse desde el punto de vista finalístico y no consecuencial”.

1.2 Actuaciones Procesales

1.2.1 Admisión de la demanda y medida cautelar

Mediante auto del 12 de julio de 2019, el Tribunal Administrativo de Sucre admitió la demanda, ordenó las respectivas notificaciones y negó la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto demandado, al concluir que “…la recusación fue dirigida sólo contra uno de los miembros del Consejo Superior de la Unisucre y no contra su cuerpo en pleno, o siquiera contra un número de sus integrantes que mostrara incidencia en el resultado de la elección, no puede per sé entenderse que exista una irregularidad que tenga la incidencia suficiente para afectar la validez de la elección del señor Jaime León De La Ossa Velásquez, como rector de la Universidad de Sucre, periodo 2019-2022, y que permita por tanto, acceder a la suspensión provisional”.

1.2.2 Contestación de la demanda e intervención de terceros

1.2.2.1. Del demandado Jaime León De La Ossa Velásquez

Afirmó que se oponía a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, se refirió a cada uno de sus fundamentos fácticos y expuso los siguientes argumentos de defensa:

Explicó que la parte actora pretende derivar la nulidad del acto demandado por la presunta falta de trámite de la recusación presentada por Javier Sierra Carrillo contra Guillermo Gutiérrez Ribón, la vulneración al debido proceso, a la igualdad, a la confianza legítima y como causal de nulidad.

Destacó que el escrito presentado por el señor Javier Sierra Carrillo, el 12 de abril de 2019, no puede ser tenida como recusación pues de su contenido se advierte que se limita a señalar que el representante de los docentes en sesión del 1 de febrero de 2019 intervino en el sentido de afirmar que resultaba innecesario, redundante e improcedente incluir en la convocatoria del proceso de designación del rector de la Universidad de Sucre que “…los representantes de los docentes y de los estudiantes votaran por los candidatos ganadores en las respectivas consultas…”, porque hace parte de los parágrafos de los artículos 10 y 11 de los acuerdos 10 de 2016 y 01 de 2019.

Manifestó que el señor Guillermo Gutiérrez Ribón el 18 de abril de 2019 respondió la petición del señor Javier Sierra Carrillo, advirtiendo que “…nuestro comportamiento estará sujeto al marco constitucional y legal vigente de la república de Colombia, así como a los estatutos de la Universidad de Sucre”, comunicación que considera suficiente para atender el escrito presentado el 12 del mismo mes y año, ratificando que no tenía la calidad de recusación, a falta de causal, “…sino un recordatorio de las normas que presuntamente debía cumplir y una advertencia por su eventual incumplimiento”.

Sin perjuicio de lo anterior, sostuvo que de llegarse a concluir que se incurrió en alguna irregularidad en el trámite del escrito de 12 de abril de 2019, debe precisarse que la misma no tendría “…la entidad suficiente para afectar la expresión de voluntad de los miembros del consejo superior, ni tuvo influencia real en la decisión definitiva” porque de anular o dejar sin efectos el voto del representante de los docentes, en todo caso el demandado cumpliría con la mayoría necesaria para ser rector de la Universidad de Sucre pues, obtuvo 6 de los 5 sufragios requeridos estatutariamente, para alcanzar dicha dignidad.

En lo referente a los cargos según los cuales se permitió el voto secreto y que el representante de los docentes sufragara sin atender a la norma estatutaria que le obligaba a apoyar al ganador de la consulta estamentaria, advirtió que los mismos carecen de fundamento.

Relató que la imposición según la cual los representantes de los docentes y de los estudiantes debían apoyar al ganador de la consulta estamentaria respectiva, recae única y exclusivamente en cada representante y no en el consejo superior universitario.

Agregó que las normas estatutarias de la universidad no imponen la obligación de verificar el sentido del voto y por el contrario obliga a que la votación se realice de manera secreta.

Aclaró que la imposición del voto secreto para elegir rector de la universidad fue establecida en el Acuerdo 10 de 2016 y replicada en el Acuerdo 01 de 2019, en atención al Acuerdo 27 de 2016 -reglamento interno del consejo superior-, según el cual “…en cada caso, el mismo consejo superior definirá si la votación es secreta o pública”, norma que no podía ser modificada en la sesión realizada el 22 de abril de 2019, que tenía como finalidad elegir rector de la Universidad de Sucre.

Con fundamento en lo expuesto concluyó que no existe vulneración, ni falta o indebida aplicación del acuerdo 27 de 2016.

Señaló que, incluso, si se declarara que el representante de los docentes no votó en debida forma, este vicio no afectaría la legalidad de la elección del demandado, en razón de que obtuvo un voto más de los exigidos para desempeñar el cargo para el cual fue elegido. Por el contrario, resaltó que el proceso eleccionario se adelantó con respeto al principio de democracia representativa, no se afectó la libertad y la voluntad de los electores, de los candidatos y tampoco de los estamentos consultados.

Respecto del reparo de la parte actora, según el cual el presidente del consejo superior universitario “…impuso una interpretación amañada de las normas que reglamentan el proceso de elección de rector, empleando argumentos falaces”, al definir el voto secreto y “…negando la posibilidad de acudir a la orientación del asesor jurídico de la universidad”, con lo cual se incurre en la causal de nulidad de desviación de poder al expedir el acto demandado, indicó que las normas estatutarias contrario a ser desconocidas fueron debidamente aplicadas y por eso se determinó que el voto fuera secreto.

Manifestó que para la parte demandante acaeció el yerro denominado datos contrarios a la verdad de los documentos electorales pero que en realidad su argumentación refiere al cuestionamiento del sentido del voto del representante de los docentes.

En este sentido, afirmó que los documentos electorales se ajustaron al procedimiento estatutario establecido y reflejan “…con exactitud el resultado tanto de las consultas como de la votación realizada por el consejo superior”, pues los nueve (9) miembros del consejo superior ejercieron su derecho al voto, favoreciendo al demandado seis (6) de ellos y, los tres (3) restantes al señor Javier Emilio Sierra Carrillo. Así las cosas, no es cierto que existan datos contrarios a la verdad.

Sumado a lo anterior, narró que la votación secreta impide que los escrutadores o incluso el propio consejo superior determinen el sentido del voto de los electores y se ratificó en que, en todo caso, el apoyo en discordia no afecta la legalidad de la elección declarada.

Para terminar, con fundamento en las razones antes expuestas, propuso las excepciones que tituló “infundabilidad del medio” y “la irregularidad alegada no es determinante para modificar la decisión del acto de elección”.

1.2.2.2. Del departamento de Sucre

Su apoderado judicial solicitó negar las pretensiones de la demanda, para lo cual, en similares términos a los expuestos por el demandado, concluyó que el escrito presentado por el señor Javier Sierra Carrillo no fue indebidamente tramitado pues, en realidad no se trataba de una recusación al no reunir las exigencias del CPACA y la cual fue atendida por el representante Guillermo Gutiérrez Ribón el 18 de abril de 2019.

Indicó que el proceso eleccionario que se juzga no atenta contra el derecho a la igualdad, al principio a la buena fe pues se adelantó con plenas garantías a todos los candidatos y con apego a las normas estatutarias.

Agregó que falta a la verdad la afirmación según la cual el presidente del consejo superior universitario vulneró la confianza legítima y resaltó que la decisión del voto secreto no es una imposición del presidente como tampoco una determinación adoptada en la sesión del 22 de abril de 2019, sino que obedece al respeto y obedecimiento del contenido de los artículos 10 del acuerdo 10 de 2016 y 11 del acuerdo 01 de 2019.

Sostuvo que no es responsabilidad del consejo superior garantizar que el apoyo de los representantes de los docentes y de los estudiantes fuera por los ganadores de las respectivas consultas estamentarias, en razón del carácter secreto del voto.

Como lo expuso el demandado, indicó que los documentos electorales no contienen datos contrarios a la verdad y el reproche de la demandante recae en el sentido del voto del representante de los docentes, el que insistió no es dable establecer por ser secreto.

Finalmente, propuso las mismas excepciones de “infundabilidad del medio” y “la irregularidad alegada no es determinante para modificar la decisión del acto de elección”.

1.2.3 Audiencia inicial

El 26 de febrero de 2020, se celebró la audiencia inicial, en la cual se verificó la asistencia de los sujetos procesales, se reconocieron personerías, se declaró la inexistencia de nulidades y de excepciones previas que resolver.

En la misma diligencia se fijó el litigio en los siguientes términos: “…determinar si se encuentra incursa la elección del señor Jaime León de la Ossa Velásquez, como rector de la Universidad de Sucre, para el periodo 2019-2022, en alguna causal de nulidad por desconocimiento del reglamento interno, desconocimiento del procedimiento administrativo, debido proceso administrativo, expedición irregular, principio de igualdad, democracia participativa, audiencia y defensa, confianza legítima e igualdad y desviación de poder por quien lo expide”.

En lo referente a las pruebas, ordenó la incorporación de las aportadas por la demandante, advirtió que el demandado y el gobernador del departamento de Sucre no aportaron ninguna.

Precisó que la parte actora no solicitó pruebas documentales pero sí testimoniales, por lo cual decretó el testimonio de Hernán García Amador, Iván Núñez Orozco y Gustavo Vergara Arrazola, a su vez se accedió a los requeridos por el demandado de los señores Guillermo León Vargas Fernández y Jorge Alberto Pérez Vides

Conviene destacar que el decreto de los testimonios solicitados por la demandante fue objeto de recurso de reposición que interpuso el apoderado del gobernador de Sucre pero, en la misma diligencia, se confirmó la decisión.

1.2.4. Audiencia de pruebas

Esta diligencia se celebró el 19 de enero de 2021, en la cual se dejaron las siguientes constancias:

Que la declaración del señor Gustavo Vergara Arrazola no se pudo recibir, porque no exhibió su documento de identidad ni alguno que permitiera su identificación.

Se recibieron los testimonios de Iván Núñez Orozco, Guillermo León Vargas Hernández y Jorge Alberto Pérez Vides.

En lo demás, se prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y se ordenó correr traslado para alegar de conclusión.

1.2.5. Alegatos de conclusión

1.2.5.1. De la demandante

Sostuvo que se probó el desconocimiento del carácter vinculante del resultado de la consulta estamentaria de la cual resultó ganador Javier Sierra Carrillo, cuando el representante de los docentes “…fraudulentamente cambió el sentido del voto de los docentes y lo depositó a favor del aspirante Jaime De La Ossa Velásquez, actuación propiciada por la falta de garantías que generó el presidente de esa sesión del consejo superior quien argumentó que el resultado de las consultas no eran obligatorias que se votaba según la conciencia de los miembros…”.

Reiteró lo dicho en la demanda con relación a la omisión de tramitar la recusación que se presentó contra el representante de los docentes, antes de la elección que se pide anular y que está demostrado que Guillermo Gutiérrez Ribón votó por el demandado y no por el candidato Javier Sierra Carrillo, de lo cual concluye que “…la tarjeta electoral que depositó el representante docente contiene información contraria a la verdad, ya que su voto estaba preestablecido en los resultados de la consulta del estamento docente, en la cual había resultado ganador Javier Sierra Carrillo y adicionalmente en el acto administrativo Resolución No. 389 de 2019, pero motivado por su interés individual y fraudulento, marcó el tarjetón a favor de Jaime De La Ossa Velásquez, contrariando así las normas del proceso y el resultado de las consultas”.

Indicó que el testimonio de Iván Núñez da cuenta que era claro que el representante de los docentes no respetaría el resultado de la consulta estamentaria y también que “…al momento de hacer el conteo de voto (sic) al mostrar los tarjetones o exhibirlo no tenía marca, señal o dibujo alguno contradiciendo una prueba documental que se presume auténtica real que se encuentran en el expediente y se evidencia la firma o dibujo del votante…”.

Para terminar, enlistó las pruebas allegadas con la demanda.

1.2.5.2. Del demandado

Aludió a lo expuesto en la contestación de la demanda y afirmó que en la audiencia de pruebas quedó acreditado que los cargos de la parte actora carecen de fundamento.

Lo anterior en la medida que señores Guillermo León Vargas y Jorge Alberto Pérez, en sus declaraciones expusieron que no conocieron de la recusación presentada por Javier Emilio Sierra Carrillo antes de la sesión del 22 de abril de 2019 y destacó que por no haberse presentado en debida oportunidad, la misma no fue resuelta.

Expuso que no se probó que los miembros del consejo superior universitario recibieron la recusación suscrita por Javier Emilio Sierra Carrillo e insistió que en todo caso se trata de un yerro que no afecta la validez de la elección acusada, en razón de la votación obtenida por el demandado.

Repitió que la votación para elegir rector debe ser secreta, en obedecimiento de los Acuerdos 27 de 2016 y 01 de 2019, sin que fuera posible su modificación en la sesión en la cual se realizaría la respectiva elección, con lo cual queda desvirtuada la desviación de poder y demás cargos fundados en esta situación.

Señaló que no se probó que el presidente del consejo superior, en la sesión del 22 de abril de 2019, haya argumentado que “el resultado de las consultas no eran (sic) obligatorias…”, por el contrario dicho consejero sostuvo que reglamentariamente el voto debería ser secreto.

Afirmó que el plenario da cuenta de que el proceso electoral se surtió de conformidad con la normativa dictada por la Universidad de Sucre que lo regula.

Relató que para la demandante se incurrió en falsedad de los documentos electorales porque el voto del representante de los docentes “…contiene información contraria a la verdad, ya que su voto estaba preestablecido en los resultados de la consulta del estamento docente, en la cual había resultado ganador Javier Sierra Carrillo”.

En ese sentido, precisó que se trata de un cargo que no se dirige al escrutinio, ni al contenido de los votos como tampoco de otro documento electoral “…sino al presunto sentido del voto del consejero representante de los docentes”.

Manifestó que no está acreditada la adulteración de algún documento por el contrario demuestra la veracidad del resultado electoral que se pide anular.

Refirió que las copias de los votos no dan cuenta del significado, el autor y la fecha de realización de “…los signos gráficos estampados en tres de ellos, ni en qué oportunidad fueron incorporados a las papeletas” pero, los testimonios de Guillermo León Vargas Fernández y Jorge Alberto Pérez Vides demuestran que “…al momento de efectuarse el escrutinio, dichos signos gráficos no se encontraban impresos en ninguna de las papeletas con las que se efectuó la votación”.

De lo anterior concluye que no se probó el sentido del voto del representante de los docentes pero, sí que el demandado obtuvo seis (6) apoyos y su competidor tres (3).

Para finalizar repitió su solicitud de denegar las pretensiones de la demanda.

1.2.6. Concepto del Ministerio Público

El Procurador 164 Judicial II Administrativo concluyó que la demandante no probó los cargos de nulidad propuestos contra el acto de elección que pidió anular, lo que cual trae de suyo la negativa de sus pedimentos.

Se refirió a los hechos relevantes de la demanda, las pretensiones, las normas violadas y al concepto de su violación, a los argumentos expuestos en las contestaciones de la demanda, a la fijación del litigio. También aludió a la autonomía universitaria, a la finalidad y las causales del medio de control de nulidad electoral, para finalmente arribar al caso concreto.

Enlistó algunas pruebas obrantes en el expediente y se refirió a la normativa que rige el proceso eleccionario establecido para elegir rector de la universidad de Sucre para concluir que el voto debe ser secreto, que la sesión citada para el 22 de abril era extraordinaria la cual, estatutariamente, no permite la participación del asesor jurídico de la universidad, que la recusación presentada contra el representante de los docentes no tiene la entidad suficiente para cambiar el resultado de las elecciones pues, en todo caso, el demandado obtuvo un voto más del requerido por las normas del ente universitario, para obtener el cargo de rector.

Indicó que no se probó que el actuar del presidente del consejo superior universitario haya afectado el principio a la buena fe, el derecho a la igualdad y la confianza legítima, como tampoco el favorecimiento de las aspiraciones de algún candidato en detrimento de otro.

Precisó que “..no se pudo corroborar la decisión depositada en las urnas” y que se han “…generado dudas acerca del momento en que se realizaron las marcas en los tarjetones referidas por el señor Núñez Orozco, pues, los testimonios de los señores Guillermo León Vargas Fernández , representante del Gobernador de Sucre, y del señor Jorge Alberto Pérez Vides, representante de los egresados, afirman que en el momento de la elección y conteo de los votos, el material electoral no tenía marcas o señas distintivas, situación que hace dubitar lo dicho por el señor Núñez Orozco. De otro lado, tampoco hay seguridad de qué signos fueron los que colocaron los otros consejeros que, según la parte actora, votaron a favor del señor Javier Sierra; así mismo, no existe prueba científica que corrobore quién pudiese pertenecer dichos elementos diferenciadores y si los mismos se colocaron el mismo día de la elección o de forma posterior e, incluso, si las señas fueron colocadas dentro de los márgenes de los tarjetones o fuera de ellas en las copias aportadas al proceso”. Situación que no tiene incidencia en la elección porque así se anule este voto el demandado seguirá obteniendo la mayoría necesaria para ser rector.

En lo demás se ratificó en que el proceso eleccionario administrativo cursó en legal forma y de conformidad con la normativa que lo regula.

1.2.7. Sentencia de primera instancia

Mediante fallo de 21 de abril de 2021, el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión, negó las súplicas de la demanda y ordenó “…COMPULSAR COPIAS a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, para que investigue las posibles irregularidades cometidas por el Consejo Superior de la Universidad de Sucre, durante el proceso de la elección del señor Jaime León de la Ossa Velásquez como Rector de la Universidad de Sucre, periodo 2019-2022, en lo que tiene que ver con el trámite de la solicitud de recusación presentada por el señor Javier Emilio Sierra Carrillo, el día 17 de abril de 2019”.

Como fundamento de su decisión se refirió a los siguientes cargos de la demanda:

Desconocimiento del reglamento interno del consejo superior de la Universidad de Sucre y de los acuerdos que reglamentaron la convocatoria y el proceso para la designación del rector de la Universidad de Sucre, período 2019-2022, porque presuntamente el presidente de la sesión del 22 de abril de 2019, “…de manera arbitraria e irregular, impuso su criterio personal, referente a hacer la votación para la elección del rector, en forma secreta, a pesar de las intervenciones de varios miembros del mismo Consejo, que planteaban la forma pública, al menos para los representantes de los docentes y estudiantes, pues era la manera de garantizar, atendiendo la transparencia y confianza debida, que tales representantes, efectivamente votaran por los ganadores de la consulta estamentaria respectiva, tal como se los imponen los acuerdos que reglamentan la convocatoria y la elección solicitándose incluso, la consulta a un asesor jurídico de la Universidad, así como que se sometiera a discusión de la plenaria del Consejo, la propuesta de hacerse pública; siendo rechazadas ambas solicitudes por el señor Presidente…”.

Al respecto, se determinó que el Acuerdo 01 de 2019, reglamentario de la convocatoria y elección del rector de la Universidad de Sucre, período 2019-2022, señala expresamente, en su artículo 11, que una vez definida la consulta los aspirantes ganadores presentarán su programa de gobierno, y en la misma sesión de 22 de abril de 2019, el consejo superior procederá a la elección, mediante votación secreta.

En este orden de ideas, no se advierte la vulneración del parágrafo del artículo 36 del acuerdo 27 de 2016 porque determinar la forma de votación secreta para elegir rector, no fue una decisión adoptada en la sesión del 22 de abril de 2019 y a pesar de las solicitudes que se presentaron en dicha reunión, esta condición fue impuesta desde el 2016.

En lo concerniente con que el representante de los docentes votó por un candidato diferente del estamento al que representa y que resultó ganador de la consulta, el tribunal determinó que se trata de un cargo no probado, porque no es posible acreditar el sentido de los votos que fueron secretos.

No se desconoce el dicho del demandante según el cual los tres (3) representantes que votaron por el señor Javier Sierra Carrillo, marcaron su tarjeta y ello da cuenta que, en efecto, el representante de los docentes apoyó al ahora demandado.

Sin embargo, en este sentido se precisó que “…solo se trajo al proceso la declaración rendida por el señor Iván Darío Núñez Orozco, representante de las directivas académicas, en la que si bien dicha situación se afirma, choca en su versión con los otros testimonios vertidos al proceso. Así, mientras éste asegura en su testimonio, que marcó el tarjetón que le entregaron para realizar la votación, para que se distinguiera de los demás, los otros dos testigos, Guillermo León Vargas y Jorge Alberto Pérez Vides Pérez, concuerdan en manifestar, que el día de la votación, el Presidente contó uno a uno cada voto, y exhibió los tarjetones a todos los miembros del Consejo y estos no presentaban ninguna firma, marca o seña adicional a las (x) con que se marcaba la foto del candidato”.

Agregó que los señores Hernán García Amador y Gustavo Arrázola Vergara no rindieron su testimonio. Entonces, en el expediente no se probó que el señor Guillermo Gutiérrez Ribón votó por un candidato diferente del señor Javier Sierra Carrilo “…y las copias de los tarjetones allegadas con la demanda, que aparecen con una firma o seña a su respaldo o espacio vacío, no permiten por sí solas, verificar siquiera, el autor de la seña o firma, lo que tampoco se logró dilucidar con las declaraciones rendidas en la audiencia de pruebas, pues los señores Hernán García Amador y Gustavo Arrázola Vergara no asistieron a la audiencia a rendir testimonio. Y la declaración del señor Iván Darío Núñez Orozco, no genera certeza, tanto así, que se contradice con los testimonios de los señores Guillermo León Vargas Fernández, representante del Gobernador de Sucre, y del señor Jorge Alberto Pérez Vides, representante de los egresados, quienes aseguraron que al momento de la votación dichos tarjetones no presentaban ninguna firma, seña o marca distinta a la normal del documento electoral”.

Luego, abordó el análisis de lo sucedido con el escrito de recusación presentado por el señor Javier Emilio Sierra Carrillo en contra del representante de los docentes Guillermo Gutiérrez Ribón y la omisión de su trámite en los términos del artículo 12 del CPACA.

Explicó que el señor Javier Emilio Sierra Carrillo presentó dos diferentes escritos el 12 y el 17 de abril de 2019 ante el consejo superior de la Universidad de Sucre y fue en este último en el cual manifestó que recusaba al señor Guillermo Gutiérrez Ribón “…en razón de la conocida posición que él asumió en la sesión del 1° de febrero de 2019, referente a que no se incluyera en el Acuerdo de convocatorias del proceso de elección del Rector, el parágrafo relativo a que el representante de los docentes y estudiantes quedara obligado a votar por el ganador de la respectiva consulta, así como a su afinidad por determinado candidato y grupo político”.

Dicha recusación fue remitida el 17 de abril de 2019, a los integrantes del consejo superior de la Universidad de Sucre, sin embargo, precisó que de la declaración rendida por el señor Guillermo León Vargas Fernández, representante del gobernador de Sucre y de Jorge Alberto Pérez Vides, representante de los egresados, aseguraron que no conocían la solicitud antes de la sesión del 22 de abril de 2019, y que el recusante tampoco la puso de presente en dicha reunión, la cual culminó con la elección del demandado sin resolver la recusación del señor Javier Emilio Sierra Carrillo.

Destacó que la recusación solo se resolvió hasta el 3 de mayo de 2019, en el sentido de manifestar que “…el escrito no se ajustaba a los términos de una recusación y su trámite, al no identificar siquiera una causal específica ni traer la prueba en que se soporta, conforme lo establece el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011”.

Aclaró el tribunal que, si bien es cierto, el escrito de 17 de abril de 2019 carece de las exigencias para considerarse recusación, también lo es que debió tramitarse y resolverse antes de declararse la elección del rector pero, determinó que se trata de un yerro que carece de incidencia en la legalidad de la designación que se pide anular.

Arribó a la anterior conclusión, luego de explicar que la recusaciones solamente se dirigió contra uno (1) de los nueve (9) miembros del consejo superior de la Universidad de Sucre y de anularse el mismo, el resultado electoral no tendría variación porque el demandado resultó elegido con seis (6) votos, uno (1) más de los estatutariamente requeridos.

Por último, ordenó remitir copias de las actuaciones para que la Procuraduría General de la Nación “…investigue las posibles irregularidades cometidas por los miembros del Consejo Superior de la Universidad de Sucre, durante el proceso de la elección del señor Jaime León de la Ossa Velásquez como Rector de la Universidad de Sucre, periodo 2019-2022, en lo que tiene que ver con el trámite dado a la solicitud de recusación presentada por el señor Javier Emilio Sierra Carrillo, el día 17 de abril de 2019”.

1.2.8. Recurso de apelación

La parte actora impugnó la anterior decisión. Insistió que se probó el desconocimiento del carácter vinculante de la decisión que había sido adoptada en la consulta estamentaria que ganó el señor Javier Sierra Carrillo, por parte del representante de los docentes quien finalmente apoyó con su voto al demandado Jaime León De La Ossa Velásquez.

Reiteró que el indebido actuar de dicho representante fue propiciado por el presidente del consejo superior universitario “…quien argumentó que el resultado de las consultas no eran obligatorias y que se votaba según la conciencia de los miembros del Consejo Superior” y, además, “…prefirió hacer uso de su criterio y discrecionalidad, imponiendo el voto secreto, negando el carácter vinculante del voto obtenido en las consultas y pasando por encima de elementales principios democráticos…”, lo cual, en su criterio, configura el desconocimiento del principio de legalidad, de la confianza legítima y la inobservancia de los actos propios, conforme a los cuales la reglamentación del proceso electoral, contemplaba claramente que los representantes estudiantiles y docentes, debían votar por el ganador de la consulta.

Repitió que en la sesión en la que se eligió al demandado, no se permitió el ingreso del asesor jurídico de la universidad para evitar que los consejeros “…pudieran ser orientados y sus dudas fueran aclaradas, frente al procedimiento de votación”. Entonces, “…el Presidente de la sesión logró asegurar que la votación se realizara de la manera como él lo estaba ordenando y sin ninguna voz autorizada que diera otras luces al respecto. Cuanta arbitrariedad y abuso de poder desplegó el señor Presidente (e), al punto que se negó a someter a votación la proposición realizada por el Representante de los Ex rectores, quien solicitó que fueran los miembros del Consejo Superior, quienes decidieran si ingresaba o no el asesor jurídico, a lo que el Presidente (e) se negó obstinadamente”.

Expuso que no se tramitó la recusación que se presentó contra el representante de los docentes, la cual se notificó el 17 de abril de 2019, todo lo cual señala estar probado en el expediente.

Reiteró que el procedimiento electoral padece de fraude y que se demostró que los tres (3) votos obtenidos por Javier Sierra Carrillo fueron depositados por los representantes de los ex rectores Gustavo Vergara Arrazola, del sector productivo Herman García Amador y de las directivas académicas Iván Darío Núñez Orozco quienes “…precaviendo demostrar que efectivamente el Representante Docente no votó por el aspirante Javier Sierra Carrillo, ganador de la consulta docente, firmaron sus tarjetones electorales al momento de votar”. Lo que, en su criterio, da cuenta que no se respetó el resultado de la consulta estamentaria.

De lo anterior concluye “…que la tarjeta electoral que depositó el representante docente contiene información contraria a la verdad, ya que su voto estaba preestablecido en los resultados de la consulta del estamento docente, en la cual había resultado ganador Javier Sierra Carrillo y adicionalmente en el Acto Administrativo Resolución de Rectoría No 389 de 2019, pero movido por su interés individual y fraudulento, marcó el tarjetón a favor de Jaime De La Ossa Velázquez, contrariando así las normas del proceso y el resultado de las consultas”.

Refirió que del testimonio de Iván Núñez se encuentra que el representante de los docentes Guillermo Gutiérrez Ribón siempre se opuso a que en la convocatoria 01 de 2019, “…el parágrafo referente a que los representantes docentes y estudiantiles al momento de la designación de Rector votarían por el candidato que resultó ganador en las consultas pertinentes, alegando aspectos formales, situación que desde ese momento hacía prever que el Representante en mención no respetaría los resultados de la consulta en el estamento docente”. Además, que contradice el dicho de los demás testimonios según los cuales, al momento del escrutinio, los tarjetones no tenían marca alguna pues, el señor Núñez manifestó que “…firmó el tarjetón para mayor transparencia”, lo cual también se demuestra con las copias aportadas con la demanda.

Mediante auto de 25 de junio de 2021 se concedió el recurso de apelación presentado por la parte actora y se ordenó la remisión del expediente al Consejo de Estado.

1.2.9. Actuaciones de segunda instancia

Con providencia de 27 de julio de 2021, se admitió el recurso de apelación y se dispuso que por secretaría se corriera traslado a los sujetos procesales para que presentaran sus alegatos y al Ministerio Público para que rindiera su concepto.

1.2.10. Alegatos de conclusión

1.2.10.1. De la demandante

En sus alegaciones se ratificó en la probanza de los cargos relacionados con el desconocimiento del carácter vinculante de la consulta estamentaria en que incurrió el representante de los docentes, la falta de garantías por parte del presidente del consejo superior universitario al afirmar “…que el resultado de las consultas no eran obligatorias y que se votaba según la conciencia de los miembros del Consejo Superior y con la decisión de imponer el voto secreto y no permitir la presencia del asesor jurídico de la universidad a la sesión en la cual resultó elegido el demandado para que se pronunciara respecto de la viabilidad de hacer la votación pública”, la omisión de tramitar y decidir, en debida oportunidad, la recusación presentada por el señor Javier Sierra Carrillo y que la tarjeta electoral que depositó el representante docente contiene información contraria a la verdad, ya que su voto estaba preestablecido por los resultados de la consulta del estamento. Todo en los mismos términos expuestos a lo largo de la controversia.

1.2.10.2. Del departamento de Sucre

Su apoderado judicial solicitó desestimar el recurso de la demandante por considerar que “…no cumple con la exigencia de formular reparos concretos a la sentencia apelada…”, sino que se limita a referirse a “…la sola argumentación de la demanda y las pruebas con que quiso probar sus dichos”.

Indicó que el fallo apelado da cuenta de manera suficiente de las razones que llevaron a la negativa de las pretensiones de la parte actora pues, es lo cierto que al no probar el sentido del voto del representante de los docentes no resultaba necesario dilucidar si los resultados de las consultas tenían o no un carácter vinculante.

Reiteró algunos de los argumentos expuesto referente a la petición radicada por el señor Javier Sierra Carrillo destacando que la recurrente no expuso “…ningún reparo concreto (…) contra el argumento decisivo con el que el Tribunal decide que tal omisión no invalida la Resolución atacada”.

Para finalizar afirmó que se probó que los cargos de nulidad fueron desvirtuados y que la votación obtenida por el demandado es la exigida para ser declarado rector de la Universidad de Sucre, en consecuencia, solicitó confirmar la sentencia recurrida.

1.2.10.3. Del demandado

Sostuvo que de la apelación interpuesta contra el fallo del tribunal “…no se aprecia un reparo o una referencia concreta a los razonamientos” expuestos en dicha decisión judicial, sino que la recurrente se limita a manifestar que “….las pruebas aportadas con la demanda por sí mismas evidencian que (al parecer el Consejo Superior de la Universidad de Sucre) desconoció el carácter vinculante del resultado de la consulta al estamento docente, que no se le dio trámite a la recusación y que no se le dio el valor probatorio que ameritan las pruebas documentales y testimoniales presentadas”. Entonces, en su criterio, se debe desestimar la alzada.

En lo demás, solicitó confirmar la sentencia recurrida, para lo cual acudió a los argumentos ya expuestos a lo largo del proceso y en los cuales se funda para afirmar que no se demostraron los cargos de anulación propuestos por la demandante.

1.2.11. Concepto del Ministerio Público

La procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado, solicitó confirmar la sentencia que denegó las pretensiones de la demanda y adicionar o modificar “…la decisión del a quo de ordenar la compulsa de copias a la Procuraduría General de la Nación, para que investigue las posibles irregularidades cometidas por los miembros del CSU durante el proceso de la elección, en lo que tiene que ver con el trámite dado a la solicitud de recusación, en el entendido que las pesquisas disciplinarias se extiendan al representante de los docentes, para que se investigue la presunta vulneración del parágrafo del artículo 10° del Acuerdo 10 de 2016 que Reglamentó el proceso, y del parágrafo del artículo 11 del Acuerdo 01 de 2019”.

Como fundamento de su petición, se refirió a los hechos de la demanda, a los cargos de nulidad resueltos en primera instancia, a los argumentos expuestos en el recurso de apelación, a las generalidades de la expedición irregular de los actos administrativos, al juicio de incidencia y arribó al caso concreto.

En este último acápite comenzó por manifestarse respecto del reparo de la parte actora relacionado con el desconocimiento del carácter vinculante de la consulta estamentaria docente y manifestó que, para esta delegada, las copias de las tarjetas electorales allegadas con la demanda “…presentan firmas o signos, constatándose legible la del señor HERNÁN GARCÍA, que según, se constata de la demanda, anexos y sentencia, corresponde al nombre del representante del sector productivo e ilegibles, la segunda y la tercera firma o signo”.

Consideró que de la declaración del señor Iván Núñez Orozco y el dicho de la demandante dan cuenta de “…la existencia de abundante prueba indirecta; vale decir, de indicios, que en conjunción con la prueba la existencia de abundante prueba indirecta; vale decir, de indicios, que en conjunción con la prueba testimonial y documental, recaudada, llevan al convencimiento que el representante de los docentes defraudó la voluntad de su estamento”.

Agregó que “…la postura expresa o tácita que siempre mantuvo el señor GUTIÉRREZ RIBÓN, como representante docente ante el CSU, permite, en sana lógica y atendidas medianas reglas de la experiencia, concretar que su voto, lo otorgó al demandado, contrariando la voluntad expresada por la mayoría del estamento docente”.

Aseveró que las normas de la universidad imponen como un deber para el representante de los docentes que vote por el ganador de la respectiva consulta estamentaria, que para este caso fue el señor Javier Emilio Sierra Carrillo, lo cual “…desplaza su voluntad [la del elector] o sus preferencias personales, para convertirlo en el instrumento a través del cual se materializa la voluntad popular del gremio que, de acuerdo al marco normativo prestablecido, le impone tal carga al elector”.

De acuerdo con lo señalado para el Ministerio Público “sin duda alguna (…) incumplió con el deber que le impuso la decisión mayoritaria del estamento docente, como quiera que, pese a existir normatividad interna (Reglamento Interno del CSU, Acuerdo 027 de 2016 y Acuerdo de convocatoria 01 de 2019), que le señalaban un derrotero preciso, concretado en depositar su voto por el aspirante que hubiese ganado las elecciones al interior del estamento docente, por el contrario, -sin que interese, la existencia o no de afinidades, respecto de algún aspirante-, se constata la vulneración de la normatividad interna, al depositar su voto por el demandado, quien no fue el ganador de la consulta docente”.

Por otra parte, expuso que existió desviación de poder “…respecto de la conducta desplegada por el representante de los docentes, habida cuenta, que tal como ha quedado demostrado, en criterio de esta Delegada, conculcó, manifiestamente, el parágrafo del artículo 10° del Acuerdo 10 de 2016 que Reglamentó el proceso y el parágrafo del artículo 11 del Acuerdo 01 de 2019 de convocatoria, como quiera que según estas normas, el único destinatario del voto de esa representación, de manera exclusiva y excluyente, por mandato normativo de obligatorio acatamiento en su condición de representante de los docentes, era un aspirante distinto por el que votó”.

En razón de lo anterior, solicitó que “…se modifique y/o adicione la decisión del a quo que ordenó la compulsa de copias a la Procuraduría General de la Nación, para que investiguen las posibles irregularidades cometidas por los miembros del CSU durante el proceso de la elección, en lo que tiene que ver con el trámite dado a la solicitud de recusación, en el entendido que, las pesquisas disciplinarias se extiendan al representante principal de los docentes, frente a la presunta vulneración del parágrafo del artículo 10° del Acuerdo 10 de 2016 que reglamentó el proceso, y del parágrafo del artículo 11 del Acuerdo 01 de 2019 de convocatoria”.

No obstante, lo expuesto la señora delegada del Ministerio Público advirtió que los yerros encontrados carecen de la entidad suficiente como para anular el acto de elección cuestionado, en la medida que el demandado, así se anulara el voto cuestionado, alcanza la mayoría de cinco (5) votos requerida estatutariamente para ser elegido rector de la Universidad de Sucre.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

En los términos de los artículos 150, 152.9 y 292 de la Ley 1437 de 2011, corresponde a la Sección decidir el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia del 21 de abril de 2021, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión, denegó las pretensiones de la demanda de nulidad electoral contra el acto de elección del señor Jaime León De La Ossa Velásquez como rector de la Universidad de Sucre, para el período 2019-2022, contenido en la resolución 08 del 22 de abril de 2019.

2.2. Cuestión previa

La Sala anticipa que no accederá a petición de la señora agente del Ministerio Público relacionada con adicionar o modificar la decisión del tribunal de remitir copias de las diligencias a la Procuraduría General de la Nación para que investigue “…las posibles irregularidades cometidas por los miembros del CSU durante el proceso de la elección, en lo que tiene que ver con el trámite dado a la solicitud de recusación, en el entendido que, las pesquisas disciplinarias se extiendan al representante principal de los docentes, frente a la presunta vulneración del parágrafo del artículo 10° del Acuerdo 10 de 2016 que reglamentó el proceso, y del parágrafo del artículo 11 del Acuerdo 01 de 2019 de convocatoria”.

Lo primero, porque no es una decisión que haya sido cuestionada por las partes, además, se trata de un actuar potestativo del a quo frente al cual la Sala considera innecesaria su intervención. En todo caso, no sobra advertir que la orden del tribunal no restringe la competencia, ni fija un marco que limite el actuar de la Procuraduría General de la Nación al momento de adelantar, si es que así lo encuentra necesario, su labor investigativa, pues será este ente de control quien concluya si durante la elección del señor Jaime León De La Ossa Velásquez como rector de la Universidad de Sucre, los miembros del consejo superior incurrieron en alguna irregularidad.

2.2. Problema jurídico

Consiste en determinar si de conformidad con el recurso de apelación interpuesto, existe mérito suficiente para confirmar modificar o revocar la decisión del 21 de abril de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión, mediante la cual denegó las pretensiones de la demanda ejercida contra el acto de elección del señor Jaime León De La Ossa Velásquez como rector de la Universidad de Sucre, para el período 2019-2022, contenido en la Resolución 08 del 22 de abril de 2019.

Para resolver el anterior problema jurídico la Sala deberá determinar, conforme los argumentos de impugnación, si el acto electoral que se pide anular incurre en las causales de nulidad formuladas porque:

i) Existió falta de garantías y extralimitación de funciones por parte del presidente del consejo superior universitario cuando afirmó “…que el resultado de las consultas no eran obligatorias y que se votaba según la conciencia de los miembros del Consejo Superior”, al decidir imponer el voto secreto y al no permitir la presencia del asesor jurídico de la universidad a la sesión en la cual resultó elegido el demandado, en franco desconocimiento del principio de legalidad, de la confianza legítima y la inobservancia de los actos propios, conforme a los cuales la reglamentación del proceso electoral;
ii) Se omitió tramitar y decidir, en debida oportunidad, la recusación presentada por el señor Javier Sierra Carrillo;
iii) El representante de los docentes incurrió en desconocimiento del carácter vinculante de la consulta estamentaria y;
iv) Si la tarjeta electoral que depositó el representante docente contiene información contraria a la verdad, ya que su voto estaba preestablecido por los resultados de la consulta del estamento.

Bajo tal marco, previo a desarrollar el problema jurídico, se procederá a efectuar un análisis preliminar en relación con i) al procedimiento establecido para elegir rector en la Universidad de Sucre; ii) el trámite de las recusaciones contra los miembros del consejo superior universitario y; iii) abordar el estudio del caso en concreto.

2.3 Procedimiento establecido para elegir rector en la Universidad de Sucre

El acuerdo 10 de 2016 del Consejo Superior de la Universidad de Sucre contiene el procedimiento para la designación de su rector y en sesión del 1º de febrero de 2019, entre otros temas, el consejo superior estudió y aprobó el proyecto de acto que establece los requisitos de la convocatoria pública destinada para elegir a su rector para el periodo 2019-2022.

El 1º de febrero se dictó el acuerdo 01 de 2019 que establece los requisitos que debe contener la convocatoria pública para elegir a quien ocupara dicho cargo para el periodo 2019-2022.

En la convocatoria se precisó que: i) el término de inscripción de los aspirantes sería desde el 19 de febrero al 12 de marzo de 2019; ii) los requisitos y calidades que debían reunirse para ejercer el cargo; iii) el 19 de marzo de 2019 se dictaría la resolución que daría cuenta de los candidatos habilitados y del recurso procedente contra dicho acto; iv) 29 de marzo de 2019 se publicaría la lista definitiva de preseleccionados; v) el 5 y 8 de abril de 2019 los preseleccionados sustentarían su programa de gobierno ante la comunidad universitaria; vi) el 10 de abril de 2019 se realizaría la consulta entre la comunidad universitaria y; vii) el 22 de abril de 2019 los ganadores de la consulta tenían que presentar y sustentar su programa de gobierno ante el consejo superior.

Mediante resolución 36 de 2019 se decidió que seis (6) aspirantes resultaron preseleccionados y ocho (8) no cumplieron con los requisitos exigidos, asimismo, se informó que contra dicho acto procedía recurso de reposición.

Las reclamaciones presentadas contra las anteriores decisiones, fueron resueltas en la resolución 37 de 2019 en la que se decidió “…no acceder a las solicitudes de revocatoria”.

Mediante la resolución 389 de 2019 se informó que los ganadores de la consulta fueron:

ESTAMENTO
GANADOR
Docente
Javier Sierra Carrillo
Funcionarios administrativos
Javier Sierra Carrillo
Estudiantes
Jaime León De La Ossa Velásquez
Egresados
Johnny Alberto Avendaño Estrada

Mediante escrito del 12 de abril de 2019 el señor Javier Emilio Sierra Carrillo solicitó al representante Guillermo Gutiérrez Ribón “…se ajuste estrictamente a la normatividad del proceso, garantizando su objetividad y que en el evento que en su fuero interno usted se sienta imposibilitado para cumplir el mandato legal al no ser afín al interés del candidato que usted respaldó en las contiendas, sea su suplente quien participe a depositar el voto de los docentes conforme al resultado que ya se conoce de las consultas”.

Con escrito de 17 de abril de 2019, el señor Javier Emilio Sierra Carrillo, manifestó ante el consejo superior de la Universidad de Sucre que promovía recusación contra el representante Guillermo Gutiérrez Ribón “…en la sesión donde deberá decidirse la elección del rector…”.

Se allegó al plenario copia del acta de la sesión extraordinaria del Consejo Superior de la Universidad de Sucre del 22 de abril de 2019, en la cual consta la verificación del quorum, la presentación y sustentación de los planes de gobierno de los aspirantes ganadores de la consulta realizada dentro del proceso de designación del rector, periodo 2019-2022 y la designación del rector.

El 22 de abril se dictó la resolución 8 de 2019 “por medio de la cual se designa al rector de la Universidad de Sucre, periodo 2019-2022”.

Finalmente, con oficio de 6 de mayo de 2019 la secretaria general de la Universidad de Sucre le informó al señor Javier Emilio Sierra Carrillo que el consejo superior en sesión del 3 de mayo del mismo año resolvió lo relativo a la recusación que presentó contra Guillermo Gutiérrez Ribón.

2.5. Trámite de las recusaciones contra los miembros del consejo superior universitario

En cuanto al trámite de las recusaciones en los consejos superiores universitarios, es importante señalar que por mandato del artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, ante la falta de norma expresa para su instrucción, se aplica lo dispuesto en la parte primera del CPACA, que prevé:

“Artículo 12. Trámite de los impedimentos y recusaciones. En caso de impedimento el servidor enviará dentro de los tres (3) días siguientes a su conocimiento la actuación con escrito motivado al superior, o si no lo tuviere, a la cabeza del respectivo sector administrativo. A falta de todos los anteriores, al Procurador General de la Nación cuando se trate de autoridades nacionales o del Alcalde Mayor del Distrito Capital, o al procurador regional en el caso de las autoridades territoriales.

La autoridad competente decidirá de plano sobre el impedimento dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de su recibo. Si acepta el impedimento, determinará a quién corresponde el conocimiento del asunto, pudiendo, si es preciso, designar un funcionario ad hoc. En el mismo acto ordenará la entrega del expediente.

Cuando cualquier persona presente una recusación, el recusado manifestará si acepta o no la causal invocada, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su formulación. Vencido este término, se seguirá el trámite señalado en el inciso anterior.

La actuación administrativa se suspenderá desde la manifestación del impedimento o desde la presentación de la recusación, hasta cuando se decida. Sin embargo, el cómputo de los términos para que proceda el silencio administrativo se reiniciará una vez vencidos los plazos a que hace referencia el inciso 1 de este artículo”.

En cuanto al trámite que debe impartirse a las recusaciones, en reciente decisión, la Sala expuso que:

“1. Presentado el escrito de recusación, la actuación administrativa se suspende hasta cuando la recusación sea resuelta. Con la suspensión del procedimiento administrativo, se busca que la recusación sea resuelta antes de que el funcionario recusado participe en la actuación correspondiente, en este caso, votar en la elección del director general.

En este punto debe tenerse en cuenta que si bien la norma no establece que la suspensión deba decretarse a través de una providencia o actuación determinada, lo cierto es que el funcionario recusado no puede ejercer sus competencias, bien sea adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas, hasta tanto la recusación sea resuelta.

2. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación de la recusación, el servidor recusado debe manifestar si acepta o no la causal invocada.

3. Surtido el trámite anterior, la autoridad competente debe decidir de plano la recusación dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de su recibo, esto es, sin acudir a trámites o procedimientos adicionales.

Finalmente esta norma establece que la autoridad competente para decidir es el superior jerárquico del recusado, si no lo tuviere, lo será la cabeza del respectivo sector administrativo y, a falta de los anteriores, el Procurador General o Regional, según el caso”.

Ahora bien, este juez electoral ya definió que los escritos de recusación deben cumplir mínimamente con los siguientes requisitos:

“(i) Identificación del solicitante, a menos de que exista una justificación seria y creíble del peticionario para mantener la reserva de su identidad, de conformidad con lo establecido en la sentencia C-951 de 2014 de la Corte Constitucional. (…).

(ii) El señalamiento del servidor público o particular que ejerce función pública, sobre el que recae el reproche y,

Las razones por las que se estima que respecto de aquél existe un conflicto entre el interés particular y el general, las cuales deben estar encaminadas a ilustrar jurídica y probatoriamente si es del caso, la configuración de las causales de impedimento legalmente establecidas.

En caso de que se verifique la falta de alguno de estos requisitos, no se debe tramitar ni se le atribuye los efectos propios de la recusación, esto es, no se suspende la actuación y por el simple hecho de su presentación no se ve afectado el quórum. Lo anterior, puesto que lo que hacen los miembros del Consejo Directivo es constatar que el escrito reúna los requisitos mínimos formales, y en caso de no encontrarlos acreditados, de manera motivada podrán rechazarlo y no darle trámite.

Si el escrito cumple con los requisitos de forma, es procedente tramitarlo y producirá los efectos correspondientes. Ante la falta de reglamentación del trámite de las recusaciones en los estatutos de las corporaciones autónomas regionales, debe aplicarse lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, y seguirse el siguiente procedimiento:

1. Presentado el escrito de recusación, la actuación administrativa se suspende hasta cuando sea resuelta. Con la suspensión del procedimiento administrativo, se busca que la recusación se decida antes de que el funcionario recusado participe en la actuación correspondiente, en este caso, votar en la elección del director general.

2. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación de la recusación, el servidor recusado debe manifestar si acepta o no la causal invocada.

3. Surtido el trámite anterior, la autoridad competente debe decidir de plano la recusación dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de su recibo, esto es, sin acudir a trámites o procedimientos adicionales.

Finalmente, esta norma establece que la autoridad competente para decidir es el superior jerárquico del recusado, si no lo tuviere, lo será la cabeza del respectivo sector administrativo y, a falta de los anteriores, el Procurador General o Regional, según el caso (Énfasis de la Sala)”.

No sobra destacar que el anterior pronunciamiento se dictó en un proceso que involucraba a los miembros del consejo superior de una corporación autónoma regional, pero aplica al presente caso pues lo que se pretende es dejar en claro las exigencias que deben tener las recusaciones a efectos de procurar por su debida presentación y trámite y resolución.

Teniendo claro lo anterior, se resolverán los cargos de la demanda.

2.5 Caso concreto

Como ya se anunció, en sede de apelación, corresponde analizar si el acto electoral demandado incurre en los cargos de nulidad expuestos por la parte actora en la medida que:

i) Existió falta de garantías y extralimitación de funciones por parte del presidente del consejo superior universitario cuando afirmó que “…que el resultado de las consultas no eran obligatorias y que se votaba según la conciencia de los miembros del Consejo Superior”, al decidir imponer el voto secreto y al no permitir la presencia del asesor jurídico de la universidad a la sesión en la cual resultó elegido el demandado, en franco desconocimiento del principio de legalidad, de la confianza legítima y la inobservancia de los actos propios, conforme a los cuales la reglamentación del proceso electoral;
ii) Se omitió tramitar y decidir, en debida oportunidad, la recusación presentada por el señor Javier Sierra Carrillo;
iii) El representante de los docentes incurrió en desconocimiento del carácter vinculante de la consulta estamentaria y;
iv) Si la tarjeta electoral que depositó el representante docente contiene información contraria a la verdad, ya que su voto estaba preestablecido por los resultados de la consulta del estamento.

2.5.1. Existió falta de garantías y extralimitación de funciones por parte del presidente del consejo superior universitario cuando afirmó “…que el resultado de las consultas no eran obligatorias y que se votaba según la conciencia de los miembros del Consejo Superior”, al decidir imponer el voto secreto y al no permitir la presencia del asesor jurídico de la universidad a la sesión en la cual resultó elegido el demandado;

Según el demandante dichas irregularidades se presentaron en la sesión del 22 de abril de 2019, en la cual resultó elegido el demandado, por el presunto “indebido” actuar del presidente de la reunión quien determinó que el resultado de la consulta estamentaria no era obligatoria, no permitió el ingreso del asesor jurídico de la universidad y tampoco el voto público, todo lo cual se afirma lo realizó arbitrariamente, extralimitando sus funciones y para favorecer al demandado.

Para resolver lo anterior, resulta necesario revisar el contenido del acta de la sesión del 22 de abril de 2019, del Consejo Superior de la Universidad de Sucre, a efectos de verificar lo allí acontecido:

De dicha acta se advierte que los ganadores de la consulta estamentaria, los señores Javier Emilio Sierra Carrillo, Johnny Alberto Avendaño Estrada y Jaime León De La Ossa Velásquez, sustentaron y presentaron su plan de gobierno ante el consejo superior universitario en pleno.

Al momento de proceder a la votación respectiva el representante del sector productivo indagó al presidente “¿Cómo cree usted que se debe garantizar que el voto del estudiante y el voto del profesor corresponda al dictamen de las encuestas?”.

Como respuesta a lo anterior, el presidente afirmó que “como aparece en el acuerdo, el voto es secreto, garantizar que eso no sea así, es imposible, solo su conciencia y determinación, lo demandan, hay que hacerlo de manera secreta”.

El representante del sector productivo señaló que se debe garantizar el resultado de la consulta, como lo dispone los estatutos de la universidad y que “…de la única manera que los dos puedan generar el hecho de votar por quienes ganaron la consulta, es que el consejo superior lo conozca…”.

Acto seguido, interviene el representante de los egresados para reafirmar que “…hay un acuerdo que establece lo dicho, pero no se puede transgredir la buena fe de los miembros del consejo superior y tampoco se puede pretender constreñirlos en función de eso porque ellos tienen un mandato (…) por eso no desconfía de la honorabilidad de cada uno de dichos miembros y que van a respetar las consultas”.

El representante del sector productivo afirmó que “…no está diciendo que vayan a faltar, sino que en aras de la transparencia, los dos tienen la obligación de votar por quienes ganaron en la consulta, y lo pueden dar a conocer ¿cuál es el problema?”.

El presidente de la sesión expuso que “…si hay un problema, porque hay un acuerdo que indica que la votación es secreta. Si hubiese habido un proyecto que modificase esa norma con anterioridad era distinto, hubiesen podido votar de esa manera. Pero hoy los referidos representantes no pueden ser coaccionados, ni constreñidos para que voten por la decisión del mandato de la consulta. Luego como presidente no puede decirle a ellos que digan públicamente por quién votaron…”.

Al respecto, el representante de las directivas académicas mencionó que “…el artículo 11 de la norma citada (que no se precisa) dice que el voto es secreto, pero, seguidamente, el parágrafo del mismo, hace una mención, cuando establece que el estudiante y el docente deben votar por el aspirante que resultó ganador en las consultas pertinentes. Lo cual indica que ese voto no es secreto (…) y dado que ese es un acuerdo emitido por este mismo consejo, ellos mismos deben ser garantes de que eso sea así, y no hay otra manera, sino que el voto se haga público”.

En este punto, el acta da cuenta que el rector señaló “…que en virtud a las circunstancias que se han dado, se previó para cualquier situación invitar al asesor jurídico externo que tiene la universidad (…) con el fin de que pudiera darle luces frente al tema”, pero el presidente de la sesión dijo que “…lo siento, pero no podrá ser porque también tiene afuera a su asesor jurídico, pero, en su criterio, el punto no es ese, el punto es que se está debatiendo una consideración, pero el voto es secreto de acuerdo con los estatutos y se va a proceder de esa manera, sino se estaría transgrediendo la transparencia del caso, porque cada uno debe votar por lo que su conciencia le dicte y no se pude garantizar que dichos representantes voten públicamente, eso es imposible”.

Por su parte, el representante de los estudiantes sostuvo que “…el acuerdo es bastante explícito y dice que el voto es secreto y en ninguna parte dice que lo obligan a mostrar el voto”, frente a lo cual el representante del sector productivo insistió “…que sí está contemplado en el parágrafo del artículo 11”, y el presidente intervino para manifestar que “…esa norma debió modificarse con un previo análisis, pero en este momento no se puede garantizar de manera pública el voto y consideró que hay una contradicción”.

En desarrollo del debate el representante del sector productivo solicitó al presidente de la sesión que “…ponga en consideración la proposición que hizo para que el consejo superior, decida si llama o no al asesor jurídico”, frente a lo cual el presidente expuso que “…no es procedente que se haga ninguna consulta porque ya está estipulado que el voto es secreto. Además, nadie ha citado a este consejo para escuchar opiniones y conceptos en pro o en contra de este tema, el orden del día está claro, definido. Luego considera que debe hacerse la votación secreta”.

Frente a lo anterior, el representante de los estudiantes expuso “…que el artículo 7º del reglamento interno del consejo superior universitario establece que las invitaciones se hacen solo en sesiones ordinarias y ésta es una reunión extraordinaria, luego se deben acoger al reglamento interno” y el representante del sector productivo indicó que “…independientemente de eso, están en la discusión de una votación en donde cabe cualquier circunstancia en el consejo superior”.

En ese punto el presidente expreso que “…ello no es posible porque en la citación que se remitió no hay lugar a proposiciones y varios (…) se deben ceñir a los acuerdos, el voto es secreto y no pondrá a consideración la solicitud hecha por el representante del sector productivo e invitó a los miembros del consejo superior a proceder con la votación”.

Así las cosas, el representante de los ex rectores, dejó constancia de “…no estar de acuerdo con la actitud del presidente de no someter siquiera a votación la proposición”, a la cual se sumó el representante del sector productivo.

Por el contrario, el represente de los egresados hizo constar “…el actuar del presidente (e) es acorde a lo estipulado en el Acuerdo No. 27 de 2016 en el artículo 7, que dice que en reuniones extraordinarias no se pueden traer invitados. Además, se les ha citado para votar y no para modificar acuerdos”.

El presidente indicó que “…se ha ceñido a los protocolos estatutarios de la universidad y no se ha salido de ellos” y se procedió a la votación para elegir rector.

En este orden de ideas, es claro para la Sala que, en efecto, el presidente de la sesión afirmó y determinó que el voto para la elección del rector debería ser secreto y no accedió a someter a votación la solicitud de que se permitiera el ingreso y participación del asesor jurídico de la universidad, sin embargo, citó como fundamento de su actuar las normas propias de ese ente universitario.

En lo referente al voto secreto sostuvo que dicha condición está contenida en el Acuerdo 10 del 2016 y que no era procedente la participación del asesor jurídico en una sesión extraordinaria, lo que impone a este juez electoral acudir a la normativa de la Universidad de Sucre a fin de determinar si estas decisiones devienen de un actuar indebido y extralimitado o, por el contrario, están fundadas normativamente.

Para lo anterior, se debe acudir al Acuerdo 10 del 2016, que, en su artículo 10º, señala:

“PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ANTE EL CONSEJO SUPERIOR Y DESIGNACIÓN. Una vez definida dicha consulta, se hará un proceso de presentación y sustentación por los aspirantes ganadores ante el consejo superior, previa convocatoria del organismo, en un término no inferior a veinte (20) días calendario del vencimiento del periodo del actuar rector.

Cada aspirante tendrá máximo, treinta (30) minutos para exponer su programa de gobierno. Una vez realizadas las exposiciones por parte de los aspirantes al cargo de rector, los miembros del consejo superior elegirán y designarán rector de la Universidad de Sucre para un periodo de tres (3) años. Para la designación, se requiere, por lo menos cinco (5) votos favorables. La votación será secreta.

(…)

PARÁGRAFO: Los representantes de los docentes y de los estudiantes al momento de la designación del rector votarán por el candidato que resultó ganador en las consultas pertinentes” (subraya de la Sala).

Por su parte, el Acuerdo 01 de 2019 en el artículo 11 reiteró que “…los miembros del consejo superior elegirán y designarán, mediante votación secreta, al nuevo rector de la institución” (subraya de la Sala).

Para la Sala no hay duda que la decisión de someter a votación secreta la elección del demandado, contrario a tratarse de un actuar arbitrario e injusto del presidente de la sesión del 22 de abril de 2019, encuentra su fundamento normativo en el Acuerdo 10 de 2016, como ya se transcribió en artículo 10º que así lo dispone.

Sumado a lo anterior, del contenido del acta de dicha reunión debe advertirse que el asunto fue objeto de debate y participaron los representantes que así lo consideraron, sin que ninguno de ellos fuera prohibida o limitada su participación.

También afirmó el presidente que cambiar la votación implicaría modificar el Acuerdo 10 de 2016, postura que se encuentra demostrada al revisar el contenido de dicho acto administrativo y que tal y como se expusiera en la reunión del 22 de abril de 2019, no está prevista como un asunto a ser debatido y analizado.

En efecto, al revisar el orden del día de la sesión se advierte que la misma tenía carácter extraordinario y se limitó a la:

Verificación del quorum y aprobación del orden del día.

ii) Presentación y sustentación de los planes de gobierno de los aspirantes ganadores de la consulta realizada dentro del proceso de designación del rector, periodo 2019-2022.

iii) Designación de rector, periodo 2019-2022.

Así las cosas, también resulta cierta la afirmación que realizó el presidente, en la sesión del 22 de abril de 2019, en la cual adujo que dicha reunión no tenía por objeto la modificación de la manera en la cual debería realizarse la votación para elegir rector y, por tanto, su estudio y decisión no resultaba procedente.

En este aspecto, debe precisarse que en la demanda se dijo que no permitir cambiar la forma de votación para elegir rector o someter este aspecto a discusión infringía el contenido del parágrafo 36 del acuerdo 27 de 2016, según el cual:

“REGLAS DE LA VOTACIÓN. En las votaciones cada miembro del consejo superior debe tener en cuenta que:

Se emite solamente un voto
El voto es personal e indelegable
La votación debe ser verificada por el secretario

Parágrafo: En cada caso, el mismo consejo superior definirá si la votación es secreta o pública, esta última puede ser mediante señal de aprobación o de manera nominal”.

Sin embargo, contrario al dicho de la actora, como ya se advirtió para la elección del rector el consejo superior universitario, mediante acuerdo 10 del 2016, ya definió que la misma debería ser secreta, decisión que el presidente de la sesión del 22 de abril de 2019, procuró por su respeto, en los términos ya explicados. No sobra precisar que, en todo caso, así la votación sea secreta debe ser objeto de verificación de las exigencias que impone dicho precepto relacionadas con la cantidad de tarjetas electorales depositadas y de su votante, de lo cual se dará cuenta en los escrutinios y en la respectiva acta.

Por otra parte, la demandante se queja de que en la reunión del 22 de abril de 2019, el presidente no permitió la participación del asesor jurídico de la universidad, para lo cual señaló que durante las sesiones extraordinarias no estaba permitida su intervención.

Debe precisarse que de la revisión del Acuerdo 27 de 2016, la Sala encontró que el artículo 7º señala que:

“El presidente del consejo y el rector podrán invitar a las reuniones ordinarias a expertos, a miembros de la comunidad universitaria y a personas relacionadas con el por tratar para:

Presentar proyectos o informes según competencia.
Proponer modificaciones o aclaraciones a los ya presentados cualquiera sea su origen.
Contestar citaciones o atender invitaciones.

Parágrafo: Estando presente los invitados, no se abrirá el periodo de proposiciones o de votaciones, una vez tratado el asunto respectivo para el que fuere llamado el invitado, el secretario solicitará su retiro del recinto para proceder a la toma de decisiones”.

Para este colegiado, está demostrado que la oposición del presidente en la sesión del 22 de abril de 2019, en lo relacionado con permitir la intervención del asesor jurídico de la universidad, en efecto, tiene como fundamento el citado artículo 7º, que autoriza dicha participación solamente en las sesiones ordinarias, mientras que la celebrada en esa fecha era extraordinaria, entonces, sin pretender avalar o refutar dicho precepto pues no está en discusión, es lo cierto que para resolver el reparo de la demandante, debe concluirse que el actuar del cuestionado presidente cuenta con respaldo en las normas internas de la Universidad de Sucre.

En este orden de ideas, no encuentra la Sala probado el denunciado actuar arbitrario, de favorecimiento al demandado y extralimitado del presidente de la sesión desarrollada el 22 de abril de 2019, pues como se demostró con las razones expuestas, en dicha reunión para negar el voto público y la participación en la misma del asesor jurídico de la universidad tienen como propósito dar aplicación a los Acuerdos 10 del 2016, 01 de 2019 y Acuerdo 27 de 2016, como ya quedó debidamente expuesto.

Así las cosas, debe concluirse que tal y como lo concluyó el tribunal estos reparos no fueron demostrados porque, como se explicó, las decisiones del presidente de la sesión contrario a ser arbitrarias tienen sustento en las normas que regulan en proceso eleccionario del rector por lo que procedente denegarlos.

2.5.2. Se omitió tramitar y decidir, en debida oportunidad, la recusación presentada por el señor Javier Sierra Carrillo

Está probado en el proceso que el señor Javier Emilio Sierra Carrillo, en su calidad de aspirante al cargo de rector de la Universidad de Sucre, en escrito del 17 de abril de 2019, expuso que:

“…ante el silencio del señor Gutiérrez Ribón [representante de los docentes], promuevo recusación de su participación en la sesión donde deberá decidirse la elección del rector, atendiendo al impedimento que se origina en sus posturas consignadas en el acta de 01 de 2019 y la abierta difusión de su apoyo a un aspirante en específico. En consecuencia, solicito se acuda la representación por parte del suplente, con miras a la mayor objetividad y garantía de observancia de las normas del proceso.

Es de aclarar, que la recusación promovida puede ser subsanada, siempre que este honorable consejo, garantice que se dará cabal cumplimiento a lo ordenado en el parágrafo del artículo 10 del acuerdo del consejo superior 10 de 2016 y el parágrafo del artículo 11 del acuerdo del consejo superior 01 de 2019”.

También se anexó constancia de que dicha petición fue remitida por parte de la secretaria general de la Universidad de Sucre a los miembros del consejo superior, el mismo 17 de abril de 2019 a las 16:46.

De conformidad con lo señalado en esta misma providencia ante la presentación de una recusación es lo procedente que, en atención a lo dispuesto en el artículo 12 de CPACA, se brinde la posibilidad al recusado de manifestar si acepta o no la causal invocada, para que luego el resto del colegiado la decida de plano, siempre y cuando la recusación no afecte el quorum deliberatorio y decisorio y precisando que el recusado no puede intervenir en el proceso eleccionario hasta tanto la recusación sea resuelta.

A pesar de lo anterior, en este caso, revisada el acta de 22 de abril de 2019, se advierte que a la misma acudió el recusado representante de los docentes Guillermo Gutiérrez Ribón, intervino y ejerció su derecho al voto, esto último se concluye porque a la reunión asistieron los 9 integrantes del consejo superior, con derecho a voto, y a la final todos participaron.

Sin embargo, en el desarrollo de dicha sesión, es lo cierto que se omitió tramitar la recusación presentada el 17 de abril de 2019, por el señor Javier Sierra Carrillo, prueba de ello es que la propia secretaria general del Consejo Superior de la Universidad de Sucre le informó al recusante que su petición fue absuelta en sesión del 3 de mayo de 2019, en el sentido de concluir que carecía de la mención de la causal de recusación que se pretendía fuera declarada y de los soportes probatorios que permitan su declaratoria.

Expuesto lo anterior, debe concluirse que como lo señaló el tribunal y la parte demandante, en efecto, se incurrió en la omisión de tramitar la recusación que presentó el señor Javier Sierra Carrillo contra del representante de los docentes Guillermo Gutiérrez Ribón, lo que devino en que participara, indebidamente por estar recusado, en la sesión en la cual se eligió al demandado como rector de la Universidad de Sucre.

A pesar de lo anterior, también resulta acertado concluir que dicho yerro no tiene la entidad suficiente para afectar la validez de la elección declarada pues incluso de anularse el voto del señor Guillermo Gutiérrez Ribón, por haber participado sin haberse resuelto la recusación radicada en su contra, debe afirmarse que no se modificaría el resultado electoral y las mayorías requeridas estatutariamente para ser elegido rector.

A la anterior conclusión se arriba luego de establecer que, según el acta 6 de 22 de abril de 2019 del consejo superior de la Universidad de Sucre, el demandado Jaime León De La Ossa Velásquez obtuvo seis (6) votos que le resultaron suficientes para ser elegido rector de este ente de educación superior.

Ahora revisada la reglamentación de dicho proceso eleccionario, se observa que el Acuerdo 10 de 2016, en su artículo 10, dispone que “…para la designación, se requiere, por lo menos cinco (5) votos favorables”, exigencia replicada en el Acuerdo 01 de 2019 que, en el artículo 11, señala que “…será designado quien obtenga al menos 5 votos favorables”.

En conclusión, así se declarara nulo el voto del señor Guillermo Gutiérrez Ribón, esa decisión no cambiaría la voluntad de sus electores que concluyó con la elección del demandado como rector de la Universidad de Sucre para el periodo 2019 – 2022, como tampoco se vería afectada la mayoritaria requerida por los acuerdos que regulan dicho procedimiento, como ya fue manifestado.

La argumentación antes expuesta permite a esta Sala confirmar que si bien se incurrió en la omisión de tramitar y decidir la recusación presentada el 17 de abril de 2019 en la oportunidad debida, esto es antes de declarar la elección que se juzga y que ello derivó en la participación activa del recusado, dicho vicio carece de la entidad suficiente para cambiar el resultado electoral definido en la sesión en la cual se eligió al demandado como rector de la Universidad de Sucre, lo que impide declarar probado este cargo de anulación.

2.5.3. El representante de los docentes incurrió en desconocimiento del carácter vinculante de la consulta estamentaria

Expuso la parte actora que el representante de los docentes Guillermo Gutiérrez Ribón no acató el contenido del parágrafo del artículo 10 del acuerdo 10 de 2016, que impone a “los representantes de los docentes y de los estudiantes al momento de la designación del rector votarán por el candidato que resultó ganador en las consultas pertinentes”, exigencia replicada en los términos en el Acuerdo 01 de 2019, parágrafo del artículo 11.

Lo anterior porque como da cuenta la resolución 389 de 2019, la consulta fue ganada por:

ESTAMENTO
GANADOR
Docente
Javier Sierra Carrillo
Funcionarios administrativos
Javier Sierra Carrillo
Estudiantes
Jaime León De La Ossa Velásquez
Egresados
Johnny Alberto Avendaño Estrada

Así las cosas, dada la calidad de representante de los docentes del señor Guillermo Gutiérrez Ribón, en criterio de la demandante, era su obligación favorecer con su voto al señor Javier Sierra Carrillo, lo cual no sucedió.

Para explicar su cargo la accionante afirmó que los tres votos obtenidos por el señor Javier Sierra Carrillo, fueron depositados por los representantes de los ex rectores, del sector productivo y de las directivas académicas y que el señor Guillermo Gutiérrez Ribón, incumplido su deber de apoyar al ganador de la consulta docente.

Frente a este cargo, debe reiterarse que de acuerdo con las normas que rigen este proceso electoral, la votación para elegir rector en la Universidad de Sucre debe ser secreta y así se realizó en esta oportunidad, lo cual impide saber el sentido del voto de cada uno de los 9 integrantes del consejo superior.

No obstante, en la demanda se afirmó que previendo esta situación los representantes de los ex rectores, del sector productivo y de las directivas académicas marcaron su tarjeta electoral, para poder demostrar que, en efecto, faltó el voto de señor Guillermo Gutiérrez Ribón. Asimismo, se allegó copia de los votos y se solicitó que se decretara como prueba el testimonio de los que se afirma votaron a favor del candidato Sierra Carrillo.

En este sentido, debe precisarse que en la audiencia inicial se decretaron los testimonios solicitados con la demanda de los señores Hernán García Amador (representante del sector productivo), Iván Núñez Orozco (representante de las directivas académicas) y Gustavo Vergara Arrazola (representante de los ex rectores)

En dicha diligencia también se decretaron los testimonios que pidió el apoderado judicial del demandado, de Guillermo León Vargas Fernández (presidente de la sesión de 22 de abril de 2019) y Jorge Alberto Pérez Vides (representante de los egresados).

A pesar de lo anterior, a la diligencia de pruebas solo se presentaron para rendir su testimonio: i) Iván Núñez Orozco; ii) Guillermo León Vargas Hernández; iii) Jorge Alberto Pérez Vides y; iv) Gustavo Vergara Arrazola (quien no declaró por carecer de documento de identificación).

Llama la atención la Sala que la parte demandante pretendía con las tres declaraciones, entre otras, demostrar que ellos fueron los que apoyaron con su voto al candidato Javier Sierra Carrillo, sin embargo, solo uno de ellos rindió su testimonio el señor Iván Núñez Orozco (representante de las directivas académicas) quien, en lo que importa para la resolución de este cargo, manifestó:

“…yo tomé mi voto y lo firme en la parte trasera y lo hice notar de los miembros del Consejo ante cierto temor de hacer público mi voto, pues no tengo conocimiento de lo que establecen las normas electorales. Para que así se pudiera demostrar que mi voto fue ese y estaba cumplimiento con el reglamento. Efectivamente aparecen ahí, tres tarjetones con firma que corresponden al señor Javier Sierra. Y dentro de esas firmas que están ahí, precisamente, no está la del señor Guillermo Gutiérrez. Una es mi firma, la otra es del señor Gustavo Arrazola y otra del señor Hernán García Amador (…) Preguntado. En qué momento firmó usted la papeleta. Contestó. Cuando diligencié el voto, de inmediato lo firmé en la parte trasera. Preguntado. En la sesión los votos fueron exhibidos. Contestó. Exhibidos por los miembros no. Ningún voto fue exhibido. Preguntado. No se mostraron a los miembros del Consejo Superior los votos con las respectivas indicaciones de por quién había votado cada uno. Contestó. Sí claro, eso sí se hizo. El despacho le otorga la palabra al Ministerio Público. Preguntado. Ilústrenos sobre cuál es la mecánica del proceso de elección, sí existe algún tipo de urna o cuál es la forma de llevarse a cabo la elección. Contestó. La mecánica consiste, en que a cada miembro del Consejo se entrega una balota, y se tiene una urna donde los nueve miembros depositan su balota diligenciada. Preguntado. Señor Iván, cuando usted manifiesta balota, se refiere a una esfera o se refiere a una papeleta. Contestó. Me refiero a un tarjetón. Preguntado. En ese tarjetón, previamente estaban determinados los nombres de los aspirantes o por el contrario, cada miembro del Consejo Superior debe escribir de su puño y letra la persona a la cual va a elegir. Contestó. Están los nombres de los aspirantes preseleccionados y debe marcar el de su preferencia…”.

Por su parte los testigos de la defensa del rector respecto de las tarjetas electorales manifestaron:

i) El señor Guillermo León Vargas Hernández:

“.por tal razón se pasó a la votación. Para ello la Secretaria de la Corporación, toma unos tarjetones impresos y explica la modalidad de urna. En ese momento se dieron algunas deliberaciones, no obstante se optó por hacer respetar los acuerdos previos a la reunión. Hecho esto, en compañía de la secretaría contamos cada uno de los votos. Se tomó el documento impreso y se iba contabilizando. Teniendo como resultando seis votos a favor del señor de la Ossa Velásquez y tres en contra. Luego, tomé el documento lo examiné y se lo coloqué a la luz de todos los consejeros. Revise cada uno de los tarjetones de manera frontal y posterior, y hecho esto, se planteó que el ganador de acuerdo al número de votos obtenido, lo era, el señor Jaime de la Ossa Velásquez. Que puede testificar bajo juramento, que no había ningún tipo de señas, firmas o cualquier tipo de señalamiento que indicara que estaba marcado el tarjetón. Pregunta el despacho. A qué se refiere usted, cuando habla de que revisó los tarjetones en su parte frontal y parte posterior, observando que no había nada anotado, qué debería haber en la parte posterior. Contestó. Yo hago referencia a ello, es porque en la demanda se aduce que los votos estaban marcados y yo determiné de manera tácita, cuando tomé los tarjetones y los mostré a los demás miembros del consejo, que no había ningún tipo de seña o alteración en el tarjetón. El despacho le otorga el uso de la palabra a la apoderada judicial del elegido, quien solicitó la prueba. Preguntado. Diga el testigo, como fue el proceso de escrutinio de los votos emitidos por los miembros del Consejo Superior de la Universidad, para la elección del rector. Contestó. El proceso de escrutinio fue definido, bajo la modalidad del voto secreto. La secretaria le pasó a cada miembro el tarjetón, y cada uno marcó y lo depositó en la urna. Preguntado. Infórmele al despacho, si durante el procedimiento de escrutinio, se exhibieron ante los miembros del Consejo, cada uno de los votos emitidos. Quién los exhibió y en qué forma. Contestó. La secretaría hace una contabilización de los votos, e iba escribiendo en una hoja cuántos iban obteniendo cada uno. Luego yo en compañía de la secretaría hice un reconteo, examine los votos y los expuse de manera pública. Preguntado. Diga el testigo, si ninguno de los votos estaba firmado por los depositantes. Contestó. Me ratifico en que ninguno tenía ni firma, ni marcas o algún tipo de señalamiento. Preguntado. Sabe usted a quién le entregaron los votos para su custodia una vez concluido el proceso de escrutinio. Contestó. Según la lógica electoral, es la secretaria que tiene la custodia de estos documentos (…) El despacho le otorga el uso de la palabra al Ministerio Público. (…) Preguntado. Doctor Guillermo, usted tuvo la oportunidad de revisar las papeletas que se usaron para la elección. Esas papeletas venían impresas por un solo lado del papel que a ustedes les colocaron a disposición o estaban impresos en ambas caras de ese documento. Contestó. Impreso por una sola cara. Absolutamente. Preguntado. Al reverso de ese documento, existía un espacio en blanco. Contestó. Sí señor. Preguntado. Una vez que usted revisó cada uno de los documentos o de las papeletas a través de las cuales se realizó la elección, constató usted, que la parte posterior o anterior de ese documento hubiera la firma o algún tipo de señalamiento diferente a la expresión sobre el voto. Contestó. Absolutamente, tuve la oportunidad de contar y darme cuenta por ambas caras, que el documento no estuviese alterado, y así lo expuse ante cada uno de los consejeros. Pregunta el despacho. señor Guillermo, en el expediente obran unos tarjetones traídos con la demanda, a folios 76, 77 y 78. Para su ilustración, se le ponen de presente y se le exhiben en la parte frontal y posterior. El primero de ellos, folio 76, anexo 10-. Parte frontal.

Exhibido a los intervinientes el folio, se nota en dicho tarjetón una firma, pregunta el despacho. señor Guillermo, visto el folio, aparece una especie de firma, esa firma corresponde a la organización de la elección. Contestó. No señor, en lo absoluto, esa firma no estaba cuando hice el conteo de los votos. El despacho pone de presente el tarjetón al respaldo. Se observa que está en blanco. Preguntado por el despacho. señor Guillermo, se le exhibe el folio 77. Parte frontal, y parte inferior. Hecho esto, se observa una firma. Contestó. Sí señor, se observa una firma muy grande que no estaba cuando realicé el conteo de votos, y sería imposible no haberla notado. Se muestra el respaldo del tarjetón. Aparece en blanco. Preguntado por el despacho. señor Guillermo, se le exhibe el folio 78. Parte frontal, y parte inferior. Hecho esto, se observa una especie de firma. Contestó. Efectivamente, se nota una firma, que si bien no es tan grande como la anterior, si se puede ver perfectamente a una distancia cercana y la misma no estaba cuando se realizó el conteo de votos. Se muestra el respaldo del tarjetón. Aparece en blanco”.

ii) El señor Jorge Alberto Pérez Vides:

“…la secretaria les entrega a cada uno de los consejeros, unos tarjetones impresos a blanco y negro, donde estaban las casillas de los candidatos que se estaban postulando y la casilla del voto en blanco. Cada uno procedió a marcar el tarjetón y se depositó en una urna. Hecho ésto, la secretaria general se dispone a contar los votos. Luego, se hace un reconteo, ante una presunta inconsistencia en el conteo, en compañía del Presidente de la sesión con el objeto de dar mayor transparencia al trámite. El presidente contó uno a uno los votos y los mostró a todos los demás, en su cara frontal y al respaldo. Y al final el resultado fue: 6 votos a favor del señor Jaime León De la Ossa Velásquez y 3 votos a favor del Javier Sierra Carrillo. El despacho le otorga el uso de la palabra a la apoderada judicial del elegido, quien solicitó la prueba. Preguntado. Indíquele al despacho, en qué consistió la presunta inconsistencia en el conteo de los votos. Contestó. Ello ocurrió, porqué al momento de hacer el conteo y luego el reconteo, aparentemente faltaba un voto a favor del señor Jaime De la Ossa. Preguntado. Indíquele al despacho, si durante el proceso de escrutinio se exhibieron los votos ante el Consejo Superior de la Universidad. Contestó. Sí, el presidente toma papeleta por papeleta y la abre, y la pone a la vista de cada uno de los consejeros, por la parte frontal y la parte posterior. Preguntado. Indíquele al despacho si usted observó si alguno de los votos estaba firmado por los depositantes. Contestó. Una vez el presidente muestra los tarjetones, no observé ningún tipo de señas, firmas u otro señalamiento (…) Preguntado. Indíquele al despacho, si sabe a quién le fueron entregados los votos para su custodia una vez terminado el escrutinio. Contestó. La custodia le pertenece a la secretaria general (…) El despacho le otorga el uso de la palabra a la apoderada judicial de la parte demandante. Preguntado. Manifieste al despacho, el voto que aparentemente se extravió, era responsabilidad de qué persona. Contestó. Aclaro que en ningún momento señalé que se haya extraviado un voto. Simplemente que hubo un mal procedimiento en el conteo de los votos. Los votos estaban completos en la urna, la cual estaba sellada y no había lugar a que ninguno pudiese depositarlo en lugar distinto a la urna. Preguntado. Indíquele al despacho, si lo tarjetones estaban marcados con alguna firma o señal. Contestó. No había ningún tipo de marca que hiciera que el voto se diferenciara uno del otro. Preguntado. Indíquele al despacho, si luego de haber finalizado el escrutinio, pudo haberse alterado la cadena de custodia de los votos. Contestó, no me consta, solo me parece raro que la copia de los tarjetones estén obrando como prueba en este proceso judicial, por lo tanto, si la información fue solicitada por medio de derecho de petición por el candidato que perdió la elección, le corresponde a la secretaria general, elaborar una respuesta que debe de ir con el visto bueno del Consejo Superior. El despacho le otorga la palabra al Ministerio Público. Preguntado. Indíquele al despacho, posteriormente a haberse realizado el conteo y haberse exhibido las papeletas a todos los miembros del Consejo, hubo algún momento en que las papeletas retornaron a las manos de alguno de los consejeros, o cuál fue la mecánica luego del segundo conteo. Contestó. Se le entregaron las papeletas a cada quien, se diligenciaron los votos y se depositaron en la urna. Se hizo el reconteo, las papeletas no le fueron retornadas a nadie. Una vez constatado el resultado las papeletas volvieron a la urna. Ninguno tuvo la posibilidad de rectificar su voto o poner alguna marca. Preguntado. La urna antes de ser utilizada, de alguna forma pudieron verificar de que no hubiere ningún elemento al interior de ella, antes de ser cerrada o antes de ser usada para depositar en ella los votos. Contestó.

Sí, la secretaria general destapa la urna, la voltea y la muestra para verificar que no hubiese alguna enmendadura o elemento extraño. Luego, cierra la urna y se procede al trámite de depositar los votos. Pregunta el despacho. señor Jorge, en el expediente obran unos tarjetones traídos con la demanda, a folios 76, 77 y 78. Para su ilustración, se le ponen de presentes y se le exhiben en la parte frontal y posterior. El primero de ellos, folio 76, anexo 10-. Parte frontal. En ella se observa una marca. Contestó. el día de conteo de votos no se observó ninguna marca. Pregunta el despacho. señor Jorge, se le exhibe el folio 77. Parte frontal, y parte inferior. Hecho esto, se observa una firma. Contestó. Se observa una firma bastante notoria por ser tan grande, lo cual no estaba el día de la votación. Se le exhibe el folio 78. Parte frontal, y parte inferior. Hecho esto, se observa una especie de marca. Efectivamente, se nota una marca, que no estaba cuando se realizó el conteo de votos. Se muestra el respaldo del tarjetón. Aparece en blanco”

De los anteriores testimonios no es dable tener certeza respecto de si las tarjetas electorales depositadas por quienes se afirma apoyaron al aspirante Javier Sierra Carrillo, fueron o no marcadas antes de ser dejados en la respectiva urna.

De esa situación, solo da fe el señor Iván Núñez Orozco, quien afirma que, en efecto, marcó su voto antes dejarlo en la urna, mientras que Guillermo León Vargas Hernández expuso que participó en los escrutinios y sostiene que los votos carecían de cualquier marca al momento de ser contabilizado, lo cual es ratificado por el señor Jorge Alberto Pérez Vides.

Por el contrario, esas declaraciones no brindan certeza o indicio que permita a esta Sala de lo Electoral afirmar o desmentir que las marcas de los votos fueron impuestas antes o después de la votación.

Además, que las otras dos personas de las cuales se dice que también marcaron su tarjeta electoral no rindieron su testimonio (uno por inasistencia y el otro por falta de un documento que lo identificara).

Sumado a que el candidato Javier Sierra Carrillo, mediante escrito del 23 de abril de 2019, solicitó a la secretaria general de la Universidad de Sucre “…establecer cadena de custodia del total de votos (tarjetones o documentos donde estén plasmados los votos) de cada uno de los miembros del consejo superior, asignado la guarda de los mismos en cabeza de un funcionario o agente de fe pública…” y “…copia por ambas caras de cada uno de los nueve tarjetones marcados por los miembros del consejo superior”

Petición que fue resuelta en oficio de 10 de mayo de 2019, en el cual la secretaria general de la Universidad de Sucre informó al solicitante que “…la información por usted solicitada se encuentra en los archivos de la Secretaría General y para su conservación no se requiere de una cadena de custodia (…) le remito copia de las tarjetas electorales en la forma solicitada”.

Es necesario concluir que no es posible tener por probado que, como se afirma en la demanda, los representantes de los ex rectores, del sector productivo y de las directivas académicas fueron quienes con su voto apoyaron al candidato Javier Sierra Carrillo y mucho menos que el señor Guillermo Gutiérrez Ribón incumplió su deber de apoyar al citado aspirante como lo dispone el parágrafo del artículo 10 del acuerdo 10 de 2016 y el acuerdo 01 de 2019, parágrafo del artículo 11. Esto sin dejar a un lado que las normas internas de la universidad impiden conocer el sentido del voto en las elecciones que se adelantan para elegir al rector.

En este orden de ideas, ni los testimonios y tampoco las copias de los tarjetones allegados con la demanda, que no fueron objeto de custodia alguna, dan certeza o permiten concluir que el representante de los docentes Guillermo Gutiérrez Ribón no apoyó con su voto al candidato Javier Sierra Carrillo y en esta medida resulta imposible establecer si se incurrió o no en la desatención de las normas internas de la Universidad de Sucre según las cuales “…los representantes de los docentes y de los estudiantes al momento de la designación del rector votarán por el candidato que resultó ganador en las consultas pertinentes”.

Sin perjuicio de lo anterior, resulta necesario resaltar que incluso, si el voto del citado representante Gutiérrez Ribón, fuese anulado, como ya se explicó, se trataría de un vicio que no podría anular la elección del demandado porque incluso en esa hipótesis la mayoría alcanzada por el ahora rector Jaime León De La Ossa Velásquez cumple con la exigencia prevista en los acuerdos de la universidad de obtener al menos cinco (5) de los nueve (9) votos posibles. Todo lo cual deriva en la negativa de este cargo de la demandante.

2.5.4. Si la tarjeta electoral que depositó el representante docente contiene información contraria a la verdad, ya que su voto estaba preestablecido por los resultados de la consulta del estamento.

Para la demandante la tarjeta electoral depositada por el representante de los docentes Guillermo Gutiérrez Ribón, contiene información contraria a la verdad, afirmación que tiene como sustento que el citado representante tenía la obligación de votar por el candidato ganador de la consulta estamentaria de los docentes, que para el presente caso fue el señor Javier Sierra Carrillo.

En este sentido debe recordar a Sala que la causal de nulidad invocada está contenida en el numeral 3º del artículo 275 de la Ley 1437, según el cual:

“Artículo 275. Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando:

(…)

3. Los documentos electorales contengan datos contrarios a la verdad o hayan sido alterados con el propósito de modificar los resultados electorales”.

En reciente providencia, respecto de esta irregularidad se precisó que:

“Esta causal objetiva de nulidad recoge dos supuestos de hecho que el anterior Código Contencioso Administrativo diferenciaba en el artículo 233, por un lado, “Cuando aparezca que el registro es falso o apócrifo, o falsos o apócrifos los elementos que hayan servido para su formación” y de otro, “Cuando aparezca que las actas han sufrido alteraciones sustanciales en lo escrito, después de firmadas por los miembros de la corporación que los expide”.

De esta forma, la causal en su texto vigente comporta un problema de falsedades que afectan la validez del acto de elección desde dos perspectivas. En tal sentido, se puede predicar una falsedad ideológica cuando se hace constar un hecho no declarado como cierto por quien lo emite, lo cual se configura cuando existen diferencias en la información consignada en las actas de escrutinio que guardan una relación de conexidad entre ellas, frente a las cuales las autoridades electorales omiten dejar constancia de las razones que las justifican. A su turno, puede acontecer una falsedad material en aquellos casos en que se crea un documento público total o parcialmente falso o se altera uno verdadero, mediante la manipulación deliberada de los documentos electorales con el ánimo de modificar los resultados de la elección.

Aplicadas estas nociones a la causal de nulidad estudiada, la Sección ha explicado que “tiene lugar cuando se comprueba que los elementos que han servido a su formación distan de la realidad, al contener información falaz bien porque se plasma un resultado superior al realmente escrutado o bien porque se dejan de computar los votos válidamente escrutados”.

Así las cosas, cuando afirmamos que existen documentos electorales con datos contrarios a la verdad, estamos frente a un escenario de falsedad de los mismos sea esta ideológica o material, como da cuenta el fallo antes citado de manera parcial.

No obstante la situación que expone la parte demandante no encuadra en la causal de nulidad alegada, pues la presunta situación según la cual el representante de los docentes no votó de acuerdo con lo que le indican las normas internas de la universidad, no recae en una situación que implique la falsedad de su tarjeta electoral.

En este caso, de acuerdo con el dicho de la demandante no podemos hablar de falsedad ideológica porque no se trata de que se hizo constar un hecho no declarado como cierto por quien lo dicta, en la medida que desconocemos el sentido del voto del representante de los docentes Guillermo Gutiérrez Ribón.

Tampoco se alegó que el voto del señor Guillermo Gutiérrez Ribón incurre en falsedad material pues no se alega la elaboración total o parcial o la modificación de su tarjeta electoral que se debe insistir se desconoce cuál de las allegadas es la que depositó en su oportunidad.

En realidad el vicio que pretender demostrar la actora es que el representante de los docentes votó incumpliendo su deber, situación que nada tiene que ver con la alegada causal de nulidad según la cual su tarjeta electoral contiene datos contrarios a la verdad y que ya fue material de análisis y decisión en esta misma providencia.

En este orden de ideas, no existe mérito alguno frente a este argumento para revocar la decisión apelada.

2.6 Conclusión

Conforme las razones expuestas, es lo procedente confirmar la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión, en sentencia de 21 de abril de 2021, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda, al concluir que es lo cierto que la parte demandante no logró demostrar la existencia de los cargos de nulidad que propuso contra el acto de elección del señor Jaime León de la Ossa Velásquez como rector de la Universidad de Sucre.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta en uso de facultades constitucionales y legales,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 21 de abril de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión, que negó las súplicas de la demanda, conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE (E)
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012

Notificado el 19 de mayo de 2021.
Parágrafo del artículo 36
Las que no fueron individualizadas como se advierte del contenido del acta de la diligencia (fl.301)
Artículo 152. Competencia de los Tribunales Administrativos en primera instancia. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: /…/ 9. De la nulidad del acto de nombramiento de los empleados públicos del nivel directivo o su equivalente efectuado por autoridades del orden nacional y por las autoridades Distritales, Departamentales o Municipales, en municipios con más de setenta mil (70.000) habitantes o que sean capital de departamento.
De ordenar “…COMPULSAR COPIAS a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, para que investigue las posibles irregularidades cometidas por el Consejo Superior de la Universidad de Sucre, durante el proceso de la elección del señor Jaime León de la Ossa Velásquez como Rector de la Universidad de Sucre, periodo 2019-2022, en lo que tiene que ver con el trámite de la solicitud de recusación presentada por el señor Javier Emilio Sierra Carrillo, el día 17 de abril de 2019”.

Consejo de Estado, Sección Quinta. Rad. No. 11001-03-28-000-2016-0008-00, sentencia de 26 de junio de 2016, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 25 de febrero de 2021, Rad. 11001-03-28-000-2021-00002-00, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 17 de junio de 2021, Rad. No. 11001-03-28-000-2019-00061-00 (Acum.), M.P. Luis Alberto Álvarez Parra
“Por medio del cual se establece el procedimiento para la designación rector de la Universidad de Sucre y se deroga el Acuerdo 044 de 1997”
“Por medio del cual se establecen los requisitos de la convocatoria para escoger al rector de la Universidad de Sucre para el periodo 2019-2022”.
“Por medio del cual se establece el reglamento interno del consejo superior universitario y se deroga el acuerdo 027 de 2002”.
“Por medio del cual se establece el procedimiento para la designación rector de la Universidad de Sucre y se deroga el Acuerdo 044 de 1997”
“Por medio del cual se establece el reglamento interno del consejo superior universitario y se deroga el acuerdo 027 de 2002”.
Al respecto, puede consultarse el fallo de 4 de marzo de 2021 del Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. 11001-03-28-000-2020-00001-00, M.P. Rocío Araújo Oñate.
“Por medio de la cual se publican los nombres de los ganadores de las consultas realizada dentro del proceso de designación de rector, periodo 2019-2022”
Consejo de Estado, Sección Quinta, fallo de 29 de abril de 2021, Rad. 52001-23-33-000-2020-00017-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.

Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 24 de junio de 2004, Rad. 11001-03-28-000-2002-00009-01(2899-2910-2905).

Radicado: 70001-23-33-000-2019-00147-01
Demandado: JAIME LEÓN DE LA OSSA VELÁSQUEZ

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Radicado: 70001-23-33-000-2019-00147-01
Demandado: JAIME LEÓN DE LA OSSA VELÁSQUEZ

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