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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 70001-23-33-000-2019-00261-01

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutiérrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 70001-23-33-000-2019-00261-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. MODIFICAR el ordinal segundo de la sentencia proferida el 9 de abril de 2025 por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral, el cual quedará así: SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR en abstracto para que la demandante o la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP promueva incidente de liquidación de sentencia. Para tal efecto, deberá el peticionario presentar escrito que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía en la que se i) excluya del ingreso base de cotización los pagos por gastos de representación realizados a la trabajadora Salma Liliana Fayad Issa; ii) elimine los ajustes para SENA e ICBF respecto de Salma Liliana Fayad Issa para los meses de mayo a diciembre de 2013; iii) elimine los ajustes de mora para la trabajadora Ilka Melissa Atencia Amín para los períodos de junio a noviembre de 2013; iv) ajuste la sanción en la forma que corresponda. Así mismo, ORDENAR a la UGPP que, previa verificación de los pagos realizados por la demandante, adelante el procedimiento correspondiente para la devolución que resulte procedente de las órdenes aquí dadas y en los términos del artículo 311 de la Ley 1819 de 2016. 2. Confirmar en lo demás la sentencia apelada. 3. Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 70001-23-33-000-2019-00261-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello

12 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 70001-23-33-000-2019-00261-01 (30554)
Demandante CLÍNICA PEDIÁTRICA NIÑO JESUS LTDA.
Demandada UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
UGPP
Temas Liquidación de aportes. Caducidad potestad fiscalizadora.
Pagos no salariales: gastos de representación y honorarios.
Exoneración pago aportes. Error en la identificación. Condena
en abstracto.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia del 9 de abril de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre,
Sala Primera de Decisión Oral que resolvió lo siguiente1:
PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD parcial de la Resolución No. RDO-2018-00882 del 19 de abril
de 2018, por medio de la cual, el Subdirector de Determinación de Obligaciones de la Dirección
de Parafiscales de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, profirió liquidación oficial por mora en el pago de los aportes e
inexactitud en las autoliquidaciones y pagos al Sistema de la Protección Social y se sanciona
por inexactitud a la CLÍNICA PEDIÁTRICA NIÑO JESÚS Ltda., durante los periodos de enero a
diciembre de 2013 y de la Resolución No. RDC -2019-00555 del 26 de abril de 2019, proferida
por el Director de Parafiscales de la UGPP, que modificó la anterior vía recurso de
reconsideración; de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
CONDENAR a la UGPP que realice la liquidación de las contribuciones parafiscales del Sistema
de la Protección Social por los meses de enero a diciembre del 2013, atendiendo las
consideraciones expuestas.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: NO CONDENAR en costas de primera instancia. (…)

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Previo requerimiento para declarar y/o corregir RCD 2017-01851 del 31 de agosto de
2017, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) expidió la resolución RDO
2018-00882 del 19 de abril de 2018, por medio de la cual se expidió la liquidación
oficial que determinó a cargo de la demandante los aportes por mora e inexactitud
por los períodos de enero a diciembre de 2013, y la sancionó por la última conducta.

1
Samai del Tribunal. Índice 18

1
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Radicado: 70001-23-33-000-2019-00261-01 (30554)
Demandante: Clínica Pediátrica Niño Jesús Ltda.

La demandante presentó recurso de reconsideración, el cual fue resuelto en la
resolución RDC 2019-00555 del 26 de abril de 2019, en el sentido de disminuir el
monto de los aportes y la sanción2.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones3:
PRETENSIÓN PRINCIPAL:

Se declare la NULIDAD TOTAL de los siguientes actos administrativos:
1. Resolución No. RDO-2018-00882 del 19 de abril del 2018: “Por medio de la cual se profiere
a CLÍNICA PEDIÁTRICA NIÑO JESÚS LIMITADA, con NIT.(…), liquidación oficial por medio de la
cual la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la Dirección de Parafiscales,
profirió liquidación oficial al aportante por mora e inexactitud en las autoliquidaciones y
pagos de aportes al Sistema de la Protección Social” cuyos periodos comprendidos de
enero a diciembre de 2013, determinando una presunta obligación al sistema de la
seguridad social por un valor de SESENTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL SETECIENTOS PESOS
M/CTE ($62.080.700) y sanción por inexactitud, por un valor de TREINTA Y DOS MILLONES
CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. ($32.014.440).

2. Resolución No. RDC-2019-00555 del 26 de abril de 2019: “Por medio de la cual se
resuelve el recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución No. RDO-2018-
00882 del 19 de abril del 2018” cuyos periodos están comprendidos entre enero de 2013
a diciembre de 2013, determinando una presunta obligación al sistema de la seguridad
social por salud y pensión por un valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SEIS
MIL CIEN PESOS M/CTE ($59.906.100) y sanción por inexactitud, por un valor de TREINTA Y
UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE
($31.667.640).
PRETENSIONES SUBSIDIARIAS:

A. De manera cordial y como pretensión subsidiaria solicitamos a su señoría, que, en caso
de NO conceder la pretensión principal de NULIDAD TOTAL de los anteriores actos,
solicitamos se realice un análisis detallado de cada uno de los cargos imputados en la
presente demanda, y si es del caso, proceda a realizar una reliquidación en solo lo
desfavorable a mi poderdante de la presunta deuda fijada por la UGPP, declarando la
nulidad parcial de los siguientes actos:
1. Resolución No. RDO-2018-00882 del 19 de abril del 2018: “Por medio de la cual se profiere
a CLÍNICA PEDIÁTRICA NIÑO JESÚS LIMITADA, con NIT. (…)
2. Resolución No. RDC-2019-00555 del 26 de abril del 2019: “Por medio de la cual se
resuelve el recurso de reconsideración (…)
B. De igual forma, Señor juez, con el fin de evitar un perjuicio mayor a mi poderdante al
haber interpuesto esta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en el dado
caso se obligue a realizar un pago a seguridad social. Solicitamos cordialmente que se le
EXONERE del pago de los intereses moratorios del capital por deuda a la seguridad social,
permitiéndole a mi representado por medio de la sentencia, utilizar la correspondiente
planilla tipo J, la cual se utiliza para condenas en sentencia judicial.
SOBRE EL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO:

A. Sobre el daño Emergente:

2
Los antecedentes administrativos obran en el Samai del Tribunal. Índice 5.
3
Samai. Índice 2. Expediente digital.5ED_ZIPEXPEDI_70001233300020190026 (.zip).zip NroActua 2. 01PrimeraInstancia.
C01Principal. Demanda en PDF

2
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Radicado: 70001-23-33-000-2019-00261-01 (30554)
Demandante: Clínica Pediátrica Niño Jesús Ltda.

1. Que se reconozca por concepto de daño emergente el pago de los gastos incurridos en
la defensa jurídica ejercida por mi poderdante durante el proceso de fiscalización de la
UGPP y para interponer la presente demanda de nulidad y restablecimiento. Los valores
de los gastos incurridos por un valor de ONCE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($11.044.262), los cuales se prueban con los
contratos de prestación de servicios suscritos con el suscrito y que se allegan en el
acápite de pruebas de la presente demanda.
2. En el caso de una eventual declaración de nulidad total o parcial de los actos atacados,
solicitamos cordialmente, se ordene a la Unidad, la devolución de los dineros pagados
por concepto de pago de seguridad social del año fiscalizado, respeto al CAPITAL,
INTERESES MORATORIOS Y/O SANCIONES POR OMISIÓN, INEXACTITUD O MORA.

Condena en costas
Solicito que se condene en costas a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL
Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, de conformidad con el
artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A los anteriores efectos, la demandante invocó como violados los artículos 29, 48 y
338 de la Constitución Política; 708 y 730 (numeral 2) del Estatuto Tributario; 9 del
Código Sustantivo del Trabajo; 178 de la Ley 1607 de 2012; 50 de la Ley 1739 de
2014; y 21 del Decreto 575 de 2013. Los cargos de nulidad se resumen de la
siguiente manera:

1. Caducidad de la potestad fiscalizadora
Señaló que, de conformidad con el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, la
administración cuenta con el término de 5 años para iniciar el proceso de
determinación de obligaciones parafiscales, el cual se cuenta desde la fecha en que
el aportante debió declarar y lo omitió, o lo hizo por valores inferiores a los que
estaba legalmente obligado, so pena de configurarse la caducidad.
Indicó que, contrario a lo señalado por la entidad en asuntos similares al presente,
dicho plazo solo se interrumpía con la notificación de la liquidación oficial y no con
los requerimientos previos a ésta. Como en este caso la demandada expidió la
liquidación el 19 de abril de 2018 y la resolución que resolvió el recurso de
reconsideración el 26 de abril de 2019, había operado la caducidad por los períodos
de enero a abril de 2013.
2. Vacaciones
Alegó que la UGPP desconoció los artículos 189 del Código Sustantivo del Trabajo y
70 del Decreto 806 de 1998, los cuales establecen la figura de compensación en
dinero de las vacaciones y la obligación de tomar como base de cotización el último
salario devengado por el trabajador anterior al disfrute de estas.
3. Pagos no salariales
Luego de hacer un recuento sobre la motivación de los actos, adujo que, sin
fundamento legal o jurisprudencial, la UGPP tomó los valores de gastos de
representación que se encontraban en los auxiliares de contabilidad y los convirtió
«bien sea como factor salarial y/o como excedente del 40%» sin tener fundamento para ello y
pasando por alto que no se trataban de una retribución a los empleados sino que
eran un costo de producción de la empresa, lo que a su vez impedía la aplicación
de la regla del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010.
Manifestó que la finalidad de esta norma no era restringir la libre competencia, ya
que este tipo de gastos buscaban el desarrollo del objeto de las empresas.

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Radicado: 70001-23-33-000-2019-00261-01 (30554)
Demandante: Clínica Pediátrica Niño Jesús Ltda.

Advirtió que aportaba un archivo Excel donde se relacionan los valores de los gastos
de representación incluidos en la base de cotización, para que se realizara un
análisis detallado sobre la materia.

4. Duplicidad de incapacidades

Sostuvo que en el proceso de fiscalización se tomó el valor correspondiente a la
incapacidad y lo sumó al valor total de los 30 días trabajados, lo cual era contrario
a derecho porque al sumar los dos conceptos se superaba el límite de los días
legales para cada período. Ejemplificó como debía hacer el cálculo para la
trabajadora Jessika Judith Assia Salcedo.

En su criterio, esto pudo ocurrir debido a que en el formato otorgado por la UGPP se
estipuló el valor de la incapacidad y no se ingresó el valor proporcional del salario,
de manera que para controvertirlo aportó una certificación del revisor fiscal de la
empresa donde constaba el salario de cada empleado, así como los desprendibles
de nómina que dan cuenta de las novedades. De igual forma, en el Excel anexo a
la demanda se enlistaban los sujetos que presentaron la situación a fin de que se
revisen los valores irreales determinados en la base de cotización.

5. Concurrencia de contratos. Honorarios (pago no salarial)

Explicó que los actos demandados tomaron, para efectos del cálculo de la base de
cotización, los pagos recibidos por honorarios registrados en las cuentas contables
de la empresa y los relacionó como salariales, pasando por alto disposiciones
normativas que estipulan que una persona puede tener las calidades de
dependiente de una empresa e independiente al mismo tiempo cuando presta un
servicio personal.

Lo anterior implicó la derogatoria sin sustento legal de la figura denominada
concurrencia de contratos consagrada en el artículo 25 del Código Sustantivo del
Trabajo, y la autorización del Decreto 1506 de 1999 que estipula que las personas
pueden percibir ingresos como dependientes de una empresa y como
independientes mediante contratos de prestación de servicios.

Indicó que remitió a la UGPP cuentas de cobro, RUT, cédulas, soportes de egresos
de la empresa donde se evidenciaba el tratamiento contable, entre otros, sin
embargo, fueron desestimadas bajo el argumento que no eran idóneas.

Puso de presente que la prestación de servicio de naturaleza comercial no tenía
como solemnidad para declarar su existencia que fuera suscrita por las partes, tarifa
legal que exigía la entidad para considerar probada la relación, pues según el
artículo 824 del Código de Comercio, los comerciantes pueden expresar su voluntad
de contratar u obligarse, de manera verbal, por escrito o cualquier otro modo.
Además, sobre los valores cancelados como independiente se realizaron las
respectivas retenciones en la fuente y el pago de ICA e IVA.

Refirió que en el Excel anexo a la demanda estaban enlistados los valores contables
y los casos en los que la UGPP no tomó dineros que fueron reportados en la
contabilidad como costo y gasto de la empresa al ser prestado por un independiente
y aplicar el límite del 40%, lo cual era también inviable en razón a la naturaleza de
la relación.

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6. Presunción de buena fe – exoneración aportes

Sostuvo que el verbo devengar a que hace alusión el artículo de la Ley 1607 de
2012, norma que consagra la exoneración de aportes parafiscales, se refiere es al
IBC del trabajador, lo cual encontraba concordancia con lo estipulado por la
Superintendencia de Salud mediante la resolución que se encargó de sentar las
bases para el uso adecuado de las planillas y los pagos al sistema de seguridad
social4. En ese sentido, los pagos efectuados por la sociedad eran correctos para
aquellos empleados que gozaban del derecho a la exención, pues su IBC no fue
superior a los 10 SMLMV.

7. Error en la cédula - mora

Señaló que al momento de diligenciar la PILA incluyó a varios trabajadores con
números de cédulas errados, no obstante, en esos casos los mismos operadores
corregían la falencia de manera automática o con la solicitud de corrección. Indicó
que aportaba las cartas donde solicitó el cambio de identificación, el certificado de
pago expedido por Coomeva EPS, y en el Excel estaban las personas que
presentaron la situación.

8. Presunción de días. Novedades de ingreso y retiro

Afirmó que la demandada, sin fundamento alguno, presumió días pese a que en las
planillas estaban reportadas las novedades de ingreso y retiro, determinado con ello
deudas inexistentes al sistema y vulnerando principios como el de la primacía de la
realidad. Los trabajadores con esta inconsistencia estaban identificados en el Excel
de la demanda, y al proceso se aportaban las respectivas liquidaciones de
prestaciones y desprendibles de nómina.

Oposición de la demanda

La entidad demandada controvirtió las pretensiones de la demanda, con
fundamento en lo siguiente5:

Sobre la caducidad señaló que para los períodos del 2013 era aplicable el artículo
178 de la Ley 1607 de 2012 que estableció que la entidad contaba con el término
de 5 años para iniciar las acciones de fiscalización, plazo que se interrumpió con la
notificación del requerimiento de información el 1 de julio de 2014 y por ello tampoco
había lugar a declarar la firmeza de las declaraciones.

En cuanto a las vacaciones, luego de ejemplificar la liquidación de la base de
cotización de varios casos, afirmó que tuvo en cuenta la información de la nómina,
libros auxiliares allegados en el proceso de fiscalización, y así mismo, aplicó
debidamente lo establecido en el artículo 79 del Decreto 806 de 1998, no obstante,
el ajuste se generó al comparar lo pagado por la sociedad con lo que estaba
debidamente obligada.

Frente a los pagos no salariales adujo que en el Excel adjunto al recurso de
reconsideración se encontraron pagos por gastos de representación únicamente
para la trabajadora Salma Liliana Fayad Issa, y aunque inicialmente fueron
considerados como salariales, en la liquidación oficial se le cambió esa connotación

4
Transcribió la Resolución 5304 de 2015
5
Samai. Índice 3. Expediente digital. PDF contestación.

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y estuvo sujeto al límite del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, razón por la cual
persistieron los ajustes al resolver el recurso.

Advirtió que en el Excel adjunto a la demanda, los pagos no salariales estaban
denominados como pagos no constitutivos de salario que fue considerado como
salarial, y correspondían a conceptos registrados en la cuenta contable 51952006
«GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS» y solo se modificó para los
que contaban con pacto de desalarización, no obstante, en sede judicial la
interesada allegó contratos y pruebas con las que pretendía demostrar la naturaleza
de los pagos, pero que omitió aportar en el proceso de fiscalización. En ese sentido,
era inviable su valoración ante la falta de conocimiento de estos por parte de la
UGPP.

En todo caso, el cálculo de la base de cotización se había realizado de manera
correcta teniendo en cuenta lo percibido por los trabajadores y la información de
nómina, libros auxiliares y soportes allegados, así como la aplicación del artículo 30
de la Ley 1393 de 2010.

En cuanto a la duplicidad de incapacidades refirió que la base de cotización fue
determinada de manera correcta con fundamento en la información aportada por la
sociedad como nómina y contabilidad, y una vez revisada concluyó que coincide
con lo registrado en el SQL.

Sin embargo, las pruebas nuevas allegadas con la demanda tampoco podían ser
valoradas porque se omitieron en sede administrativa, y frente a éstas la entidad no
tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa.

Sobre la concurrencia de contratos expresó que el concepto denominado por la
entidad como «Honorarios a gerentes y/o trabajadores vinculados» considerado como pago
no constitutivo de salario solo fue reconocido a la empleada Kelys Andrea Reyes
Vergara en el mes de diciembre de 2013, el cual fue tomado de la cuenta contable
5110950406 «OTROS HONORARIOS» por concepto de «SERV. AUDITORIA DE CUENTAS
MES DICIEMBRE».

Resaltó que, en el expediente administrativo, bajo el radicado 201850051945752 se
había dado «alcance al recurso de reconsideración», pero de manera extemporánea, por
lo que no era posible tomar en cuenta esa información: Sin embargo, en dicha
carpeta y en los anexos de la demanda no se encontraron soportes para la
trabajadora en cuestión (cuentas de cobro, egresos, contratos).

Realizó el cálculo del IBC y afirmó que los aportes estaban debidamente liquidados,
con fundamento en la información allegada al proceso de fiscalización, lo que dejó
en evidencia que los pagos no salariales superaron el 40% del total de la
remuneración y ese excedente debía integrar el IBC. Además, tampoco se
encontraron pruebas que dejaran en evidencia que los honorarios fueron recibidos
por razones diferentes al desempeño de las funciones

En cuanto a la presunción de buena fe expuso que revisó los trabajadores que
presentaron ajustes en los subsistemas de SENA e ICBF en los períodos de mayo a
diciembre de 2013 y se calculó el total devengado, sin embargo, superaron el tope
de los 10 SMMLV establecido en la Ley 1607 de 2012, por tanto, los ajustes fueron
correctos.

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Respecto al error en la digitación de la cédula explicó que se presentó con la
empleada Ilka Melissa Atencia Amin, sin embargo, al revisar la PILA no se
encontraron pagos con el número correcto de identificación, además, en el
expediente tampoco obraban las cartas a las administradoras solicitando la
corrección que mencionaba la demandante.

En cuanto al cargo de la presunción de días adujo que realizó los ajustes teniendo
en cuenta la información de nómina, así como los libros contables, que daban
cuenta de los días efectivamente laborados por los empleados.

Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda por lo siguiente6:

1. Caducidad

Consideró que como los períodos fiscalizados fueron los meses de enero a
diciembre de 2013, era aplicable el término de 5 años previsto en el artículo 178 de
la Ley 1607 de 2012 para que la entidad desplegara sus facultades de fiscalización,
a su vez, según el artículo 180 ibidem, el plazo se interrumpía con la notificación del
requerimiento para declarar y/o corregir, y no con la liquidación oficial, como lo
alegaba la demandante7.

Sostuvo que en el caso puntual existió mora, por lo que según el artículo 1° del
Decreto 1670 de 2007, aplicable para la época de los hechos, y atendiendo los dos
últimos dígitos del NIT de la empresa, le correspondía pagar sus liquidaciones en el
quinto día hábil del mes vencido. Ahora, como los meses fiscalizados eran los del
año 2013 y el requerimiento para declarar se notificó el 4 de septiembre de 2017, la
demandada actuó dentro del término de ley. Negó el cargo.

2. Vacaciones

Manifestó que en los actos demandados se indicó en los fundamentos de derecho,
las consideraciones y normas aplicables, el artículo 70 del Decreto 806 de 1998,
según el cual las cotizaciones durante las vacaciones y permisos remunerados se
liquidaron sobre el último salario base de cotización reportado con anterioridad al
momento en el cual inició el disfrute de la novedad.
Por tanto, no podía hablarse de una indebida motivación, además, la parte
demandante enunció de manera generalizada el cargo, sin detenerse a identificar
los trabajadores respecto de los cuales planteaba su inconformidad y los períodos
de la situación, incumpliendo con ello su carga argumentativa. Si bien en la
demanda obraba una imagen para soportar lo mencionado, no se tenía claridad del
análisis realizado por la parte demandante o el descrito en el Excel de la liquidación
oficial.
3. Pagos no salariales – gastos de representación
Advirtió que entre el requerimiento para declarar y/o corregir y la liquidación oficial,
la entidad mutó la naturaleza salarial que en principio le dio a este concepto, por la
de no constitutiva de salario, denominándolo «Bonificaciones no constitutivas de salario»,
6
Samai del Tribunal. Índice 18
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Citó la sentencia del 3 de noviembre de 2022, exp 26266, M.P. Milton Chaves García.

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lo que generó que los ajustes propuestos desaparecieran para un grupo de
trabajadores que contaban con contratos y otrosíes para los subsistemas de salud,
pensión, ARL y parafiscales (SENA, ICBF y CCF).
Así mismo, para otro grupo de empleados, los ajustes para salud, pensión y ARL
disminuyeron y/ o persisten debido a que los pagos no constitutivos de salario fueron
superiores al 40% del total de la remuneración de acuerdo con el artículo 30 de la
Ley 1393 de 2010, incluyendo a la representante legal de la empresa Salma Fayad
Issa.
Así mismo, al resolver el recurso de reconsideración y frente aquellas personas que
no se aportaron las pruebas del pacto de exclusión salarial y cuyo pago fue habitual
consideró que debía mantenerse como no salarial sujeto al límite.
Sin embargo, el a quo señaló que la UGPP no debió incluir en el IBC los pagos
efectuados por concepto de gastos de representación, ni siquiera en la parte que
superara el límite del 40%, en aplicación de la regla de unificación de la sentencia
del 9 de diciembre de 2021 del Consejo de Estado (exp 25185, M.P. Milton Chaves
García), como quiera que solo hace parte de la cotización lo que remunera el
servicio. En consecuencia, dio prosperidad al asunto y ordenó la reliquidación de
los ajustes en el sentido de excluir el concepto.
4. Duplicidad de incapacidades
Luego de revisar el archivo Excel de los actos demandados consideró que para la
trabajadora Jessika Judith Assia Salcedo, reseñada en la demanda, no sumó la
totalidad de días del mes (30) con los días de incapacidad (26), por el contrario, lo
que hizo fue detallar las novedades presentadas por vacaciones e incapacidades
con los porcentajes y ajustes determinados, así como la base de cotización y los
demás conceptos referentes al subsistema fiscalizado, lo que permitía concluir una
debida motivación.
5. Concurrencia de contratos. Honorarios (pago no salarial)
Estimó que la UGPP no debió incluir en el IBC los pagos por concepto de honorarios,
ni siquiera en la parte que superara el 40% del total de la remuneración, toda vez
que desconocía la primera regla de la sentencia de unificación del Consejo de
Estado del 9 de diciembre de 2021. Por tanto, ordenó a la demandada reliquidar los
aportes excluyendo el mencionado pago.
6. Presunción de buena fe. Exoneración de aportes
Refirió que en el Excel anexo a la demanda constaba que la trabajadora Salma
Liliana Fayad Issa fue la que mayor salario recibió, el cual corresponde a
$4.580.000, lo que le permitía acceder a la exoneración en el pago de SENA e ICBF
de la Ley 1607 de 2012. En consecuencia, accedió a lo pedido y ordenó excluir del
pago de los partes parafiscales respecto a los trabajadores que devengaron
conceptos salariales a los 10 SMLMV identificados en el anexo de la demanda.
7. Error en la cédula
Con la demanda se allegó certificado que da cuenta que para la trabajadora Ilka
Melissa Atencia Amín se realizaron pagos para los meses de abril, mayo y junio de
2013, con el número de cédula correcto, razón por la cual la demandada debía
corregir los ajustes.

8
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Demandante: Clínica Pediátrica Niño Jesús Ltda.

8. Presunción de días
Negó el presente cargo al considerar que la demandante se limitó a establecer los
aportes que suponía eran los correctos en días, sin precisar en qué períodos del
2013 se produjo la irregularidad alegada, lo que no fue suficiente para desvirtuar los
argumentos de la UGPP.
De las demás pretensiones de la demanda: Consideró que no había lugar a la
exoneración del pago de los intereses moratorios del capital por deuda a la
seguridad social mediante la utilización de la planilla tipo J, pues de conformidad
con el precedente del Consejo de Estado8, el uso de una u otra planilla depende de
los reglamentos internos, la situación particular y la causa que da origen al pago,
siendo improcedente dar un criterio en ese sentido.
Tampoco dio prosperidad al reconocimiento y pago de los gastos incurridos en la
defensa jurídica de la demandante durante el proceso de fiscalización y judicial,
pues si bien con la demanda se presentaron los respectivos contratos de prestación
de servicios con el abogado, se omitieron las constancias de pago que demostraran
su causación.
Accedió a la devolución de los dineros pagados por la sociedad de conformidad con
el artículo 311 de la Ley 1819 de 2016.
Finalmente, se abstuvo de condenar en costas dado que la actuación de las partes
no lo ameritaba.
Recursos de apelación
Las partes apelaron la decisión de primera instancia.

La demandada planteó lo siguiente9:

1. Pagos no salariales

Expuso que el Tribunal erró al considerar que los gastos de representación no
debían integrar el ingreso base de cotización, pues en el análisis contable
desplegado por la UGPP se pudo corroborar que su reconocimiento era de manera
habitual cada mes y, además, la parte interesada no aportó pruebas que
evidenciaran el pacto de exclusión salarial, por lo cual, aunque se haya invocado la
sentencia de unificación debían estar limitados al 40% del total de la remuneración.

Dijo que en el Excel adjunto a la resolución que resolvió el recurso de
reconsideración constaba que los gastos por representación se pagaron a la
trabajadora Salma Liliana Fayad Issa, y se tomaron como no constitutivo de salario
sujeto al límite del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010.

Adujo que con la respuesta al requerimiento para declarar y/o corregir la sociedad
aportó pactos de desalarización de algunos empleados respecto de los
emolumentos registrados en la cuenta contable 51952006 «GASTOS DE
REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS», y frente a ellos se les cambió la connotación
salarial.
Luego de ejemplificar el cálculo de la base de cotización de varios empleados que
8
Sección Cuarta, sentencia del 1 de septiembre de 2022, exp 26208, M.P, Stella Jeannette Carvajal Basto.
9
Samai del tribunal. Índice 21.

9
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recibieron pagos por gastos de representación, afirmó que los ajustes son correctos
y de acuerdo con la información de nómina, libros auxiliares y soportes allegados al
proceso de fiscalización, dando aplicación al artículo 30 de la Ley 1393 de 2010.
En cuanto a los honorarios, precisó que estos fueron reconocidos a Kelys Andrea
Reyes Vergara para el mes de diciembre de 2013, por lo cual se dio aplicación al
límite del 40%. Además, no se encontraron pruebas de que su reconocimiento fuera
producto de funciones ajenas a las establecidas en el contrato de trabajo.
2. Exoneración aportes
Explicó que, para dar aplicación a este beneficio, debía tenerse en cuenta la
totalidad de lo devengado y no solo el salario básico como lo interpretó el Tribunal.
En ese sentido, indicó que la empleada Salma Liliana Fayad Issa percibió, además
del sueldo, otros conceptos como «COORDINACIÓN MÉDICA», «CONSULTAS
REALIZADAS» y «TURNOS REALIZADOS», que tenían carácter salarial y al ser sumados
superaban el tope de los 10 SMMLV, lo que significaba que no estaba exonerada del
pago de los aportes a SENA e ICBF.
3. Error en la cédula
Adujo que es la certificación de las administradoras la que permite evidenciar si se
realizaron aportes con la identificación correcta, que, si bien se aportó una de
Coomeva EPS en sede judicial, la misma no indicó el número de planilla para cada
período, lo que impidió el cruce de información. Además, tampoco se aportaron las
cartas a las administradoras solicitando la corrección o las planillas que dieran
cuenta de la corrección al número de identificación en sede administrativa.
Señaló que producto de la revisión de varias planillas no se pudo reconocer el pago
de aportes para los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2013 porque la trabajadora estaba reportada con otra cédula.
Además, la certificación emitida por Coomeva EPS hace referencia a los meses de
abril, mayo y junio, cuando los períodos fiscalizados fueron junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2013, por lo que el único que
coincidió fue junio, sin embargo, no se pudo identificar el número de planilla para
realizar el cruce de información. En ese sentido, era imposible aplicar la orden dada
en primera instancia.
La demandante alegó lo que pasa a exponerse10:
1. Caducidad
Insistió en que la UGPP perdió competencia para fiscalizar los períodos
comprendidos entre enero a abril de 2013, argumentando que, de conformidad con
los artículos 178 y 180 de la Ley 1607 de 2012, el plazo para ello era de 5 años
contados desde la fecha en que el aportante incurrió en la conducta reprochable
hasta la notificación de la liquidación oficial, lo cual en el presente asunto ocurrió el
26 de abril de abril de 2018.
2. De los demás cargos de la demanda
Expuso que, si bien el a quo declaró la nulidad parcial de los actos demandados,
existió una vulneración «en la forma como se realizó el cruce de la información sobre la UGPP

10
Samai del Tribunal. Índice 23.

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con los pagos realizados en la planilla», pues las falencias se manifestaron en la demanda,
lo cual se podía advertir en los cargos relacionados con la duplicidad de
incapacidad, error en la digitación de la cédula y la presunción de días.
3. Precedente jurisprudencial
En criterio de la demandante no se tuvo en cuenta la sentencia de unificación con
radicado 05001-23-33-000-2016-02496-01), en la que el Consejo de Estado fijó su
criterio en relación con la determinación de la base de cotización con la inclusión de
pagos no salariales y pactos suscritos entre los trabajadores y el empleador, razón
por la cual debía analizarse en esta instancia.
Oposición a la apelación
Las partes no se pronunciaron al respecto.
Intervención del Ministerio Público
Frente a la apelación de la UGPP, el agente del ministerio11 manifestó que los gastos
de representación y honorarios no debían integrar el IBC, ni siquiera en la parte que
superara el 40% del total de la remuneración, toda vez que se trataban de pagos no
constitutivos de salario. Por otro lado, debía mantenerse la exoneración del pago de
las contribuciones al SENA e ICBF, atendiendo que lo remunerado a la trabajadora en
cuestión fue inferior a los 10 SMMLV.
Respecto al error en la digitación de la cédula de la empleada Ilka Melissa Atencia
Amín, consideró que para realizarse los ajustes debía contarse con el soporte
probatorio respectivo, lo cual se echaba de menos en el presente caso, por lo que
debía negarse el asunto.
Sobre la apelación de la demandante, indicó que el término de caducidad de la
entidad se interrumpía con la notificación del requerimiento para declarar y/o
corregir, y no con la liquidación oficial como lo entendía la demandante, lo cual
ocurrió el 4 de septiembre de 2017, es decir, dentro del plazo estipulado en la norma.
En cuanto a los demás reparos propuestos, advirtió que la interesada omitió
argumentar las razones para su estudio, por lo que debía ser negado.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

Le corresponde a la Sección decidir los recursos de apelación presentados por las
partes contra la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad parcial de las
resoluciones RDO 2018-00882 del 19 de abril de 2018 y RDC 2019-00555 del 26 de
abril de 2019, por medio de las cuales la UGPP determinó a cargo de la demandante
los aportes por mora e inexactitud en los períodos de enero a diciembre de 2013, y
la sancionó por la última conducta.

Como cuestión previa se advierte que, en el recurso de apelación, la demandante
alegó que, si bien el a quo declaró la nulidad parcial de los actos demandados, lo
cierto era que existía una violación «en la forma como se realizó el cruce de la información
sobre la UGPP con los pagos realizados en la planilla», lo cual podía advertirse en lo

11
Samai. Índices 11 y 12.

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señalado en la demanda respecto a los cargos relacionados con la duplicidad de
incapacidades, error en la digitación de la cédula y la presunción de días.

Se observa que el tribunal i) para el primer cargo cuestionado tomó el caso de una
empleada y verificó que «fueron detalladas las novedades presentadas por vacaciones e
incapacidades, con los porcentajes y ajustes determinados, como también, el Ingreso Base de
Cotización, entre otros conceptos referentes al subsistema de aportes e identificando a cada
trabajador» ii) para el tercero indicó que no se identificaron los períodos en los cuales
la demandada presuntamente tomó los días de manera incorrecta, cuando a la
demandante le correspondía demostrar sus argumentos; y iii) accedió a las
pretensiones frente al cargo del error de digitación de la identificación de la
empleada Ilka Melissa Atencia Amín.

Ahora, como se indicó, la apelación de la clínica se limitó a invocar una indebida
valoración del cruce de información sin exponer reparos puntuales que
controvirtieran lo dicho por el a quo, siendo improcedente simplemente señalar que
«las falencias que cometió la unidad se manifestó (sic) ampliamente en la demanda». A esto se
suma el hecho que cuestiona lo decido por el tribunal frente al error de cédula
cuando esto fue resuelvo a su favor.

Al respecto, se ha precisado12 que el artículo 320 del Código General del Proceso
establece, por un lado, que el superior podrá examinar el asunto en discusión
«únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante» , para verificar si
procede su revocatoria o su reforma; y, por el otro, que solo «[p]odrá interponer el recurso
la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia».

En concordancia, el artículo 328 del mismo Código General del Proceso señala que
el «el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley».

Por lo anterior la Sección se abstendrá de analizar lo relacionado con estos cargos,
toda vez que la demandante no se detuvo a cuestionar las razones que llevaron al
Tribunal a desestimar la duplicidad en las incapacidades y la presunción de días,
así como tampoco identificó pruebas, documentos o casos puntuales que
permitieran a esta Corporación revisar el debate a fin de llegar a una conclusión
diferente.

Con todo, el cargo relacionado con errores en la digitación de la cédula será objeto
de análisis únicamente con lo expuesto en el recurso de apelación de la
demandada, a quien si le fue desfavorable este asunto.

También se pone de presente que los argumentos relacionados con la liquidación
de vacaciones fueron negados, sin que la clínica hiciera mención alguna en el
recurso de apelación a este cargo de nulidad, por lo que lo decidido en primera
instancia sobre el asunto debe mantenerse.

Decantado lo anterior, en segunda instancia se decidirá sobre i) la caducidad de la
potestad de fiscalización de la entidad; ii) la inclusión de pagos por gastos de
representación y honorarios en la base de cotización; iii) la exoneración en el pago
de aportes y iv) el error en la digitación de la cédula.

12
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 18 de septiembre de 2025, expediente 28716, M.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello.

12
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Se destaca que, en caso de ser procedente, los cargos serán analizadas a la luz de
la sentencia de unificación del 9 de diciembre de 2021 (exp 25185, M.P. Milton
Chaves García) que fue invocada en el tercer cargo de apelación de la demandante.

1. Caducidad de la facultad fiscalizadora

La demandante señala que la demandada perdió competencia para fiscalizar los
períodos entre enero a abril de 2013, toda vez que notificó la liquidación oficial
pasados los 5 años que dispuso la Ley 1607 de 2012 para ello.

Al respecto, se pone de presente que las partes no controvierten que para enero a
diciembre de 2013 aplica lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012, la controversia gira
en la contabilización de los términos consagrados en la norma.

Se observa que al determinar la competencia para la determinación y el cobro de
las contribuciones parafiscales de la protección social, el artículo 178 parágrafo
segundo de la mencionada ley, dispuso que la UGPP podría iniciar las acciones de
determinación de los aportes dentro de los 5 años siguientes contados desde el
momento de ocurrencia de la conducta fiscalizada. Así dice la norma:
ARTÍCULO 178. COMPETENCIA PARA LA DETERMINACIÓN Y EL COBRO DE LAS
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. La UGPP será la entidad
competente para adelantar las acciones de determinación y cobro de las Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, respecto de los omisos e inexactos, sin que se requieran
actuaciones persuasivas previas por parte de las administradoras
(…)
PARÁGRAFO 2o. La UGPP podrá iniciar las acciones sancionatorias y de determinación de las
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, con la notificación del Requerimiento de
Información o del pliego de cargos, dentro de los cinco (5) años siguientes contados a partir
de la fecha en que el aportante debió declarar y no declaró, declaró por valores inferiores a
los legalmente establecidos o se configuró el hecho sancionable. En los casos en que se
presente la declaración de manera extemporánea o se corrija la declaración inicialmente
presentada, el término de caducidad se contará desde el momento de la presentación de la
declaración extemporánea o corregida.

Como se indicó, la demandante considera que es la liquidación oficial el acto con el
cual se debe interrumpir el conteo del término de los 5 años. Al respecto, debe
observarse que en criterio mayoritario de la Sección «el acto que tiene la aptitud para
impedir la caducidad de la potestad de gestión de la demandada, es el acto preparatorio previsto por
la ley, esto es, el requerimiento para declarar y corregir»13

De esta manera, como el Tribunal tuvo en cuenta el requerimiento para declarar y/o
corregir para el conteo del plazo de los 5 años, el cual fue notificado el 14 de
septiembre 201714, su decisión se encuentra acorde con la postura mayoritaria de
la Sección, puesto que la actuación se inició dentro del término legal y, en ese
sentido, no prosperan los reparos propuestos por la parte actora al respecto.

2. Pagos no salariales

La entidad plantea que los gastos de representación deben integrar la base de
cotización de los aportes debido a que su reconocimiento era de manera habitual;
sin embargo, se cambió la connotación, pero sujeto al límite del artículo 30 de la Ley

13
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 19 de julio de 2023, exp 26571, M.P. Wilson Ramos Girón.
14
En la guía de la empresa de correo no se identifica bien la fecha, no obstante en la página 1 de la liquidación oficial se
indicó esa fecha, la cual fue aceptada por la demandante en el hecho 5 de la demanda.

13
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1393 de 2010 para los trabajadores por los cuales allegaron los respectivos
acuerdos, entre los que se encuentra Salma Liliana Fayad Issa.

Respecto de los honorarios, manifestó que solo fueron pagados a la empleada Kelys
Andrea Reyes Vergara en el mes de diciembre, y ante la falta de documentos que
soportaran que su reconocimiento obedecía a funciones ajenas al desempeño
propio de sus labores establecidas en el contrato, optó por incluirlo en el IBC en la
parte que superara el 40% del total remunerado.

Por su parte, la demandante en el cargo tercero de apelación planteó, de manera
general, la aplicación de la sentencia de unificación del 9 de diciembre de 2021 (exp
25185, M.P. Milton Chaves García).

En efecto, en la mencionada providencia, el Consejo de Estado fijó las siguientes
reglas a seguir para la aplicación del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010 y el
tratamiento de pagos no constitutivos de salario, así15:
1. El IBC de aportes al Sistema de Seguridad Social (subsistemas de pensión, salud y riesgos
profesionales) únicamente lo componen los factores constitutivos de salario, en los
términos del artículo 127 del CST, estos son, los que por su esencia o naturaleza
remuneran el trabajo o servicio prestado al empleador.
2. En virtud de los artículos 128 del CST y 17 de la Ley 344 de 1996, los empleadores y
trabajadores pueden pactar que ciertos factores salariales no integren el IBC de aportes
al Sistema de Seguridad Social.
3. El pacto de “desalarización” no puede exceder el límite previsto en el artículo 30 de la Ley
1393 de 2010, es decir, el 40% del total de la remuneración. En estos eventos, los aportes
se calcularán sobre todos aquellos factores que constituyen salario, independientemente
de la denominación que se les dé (art. 127 CST- contraprestación del servicio) y, además,
los que las partes de la relación laboral pacten que no integrarán el IBC, en el monto que
exceda el límite del 40% del total de la remuneración.
4. El pacto de “desalarización” debe estar plenamente probado por cualquiera de los medios
de prueba pertinentes.
5. Los conceptos salariales y no salariales declarados por el aportante en las planillas de
aportes al sistema de la seguridad social o PILA se presumen veraces. Si el ente
fiscalizador objeta los pagos no constitutivos de salario para incluirlos en el IBC de aportes,
por considerar que sí remuneran el servicio, corresponde al empleador o aportante
justificar y demostrar la naturaleza no salarial del pago realizado, a través de los medios
probatorios pertinentes.

También conviene traer a colación el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo,
norma que prescribe no constituyen salario los siguientes conceptos:
1. Las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador,
tales como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, entre otros.
2. Lo que recibe en dinero o en especie, no para su beneficio sino para desempeñar sus
funciones, por lo tanto, no son para enriquecer su patrimonio, como gastos de
representación, medios de transporte, elementos de trabajo, entre otros.
3. Las prestaciones sociales de que tratan los títulos VIII y IX del Código Sustantivo del
Trabajo.
4. Los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o
contractualmente u otorgados en forma extralegal, cuando las partes así lo hayan
dispuesto expresamente, por ejemplo, alimentación, habitación o vestuario, primas
extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad.

15
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 9 de diciembre de 2021, exp.25185, M.P. Milton Chaves García

14
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Radicado: 70001-23-33-000-2019-00261-01 (30554)
Demandante: Clínica Pediátrica Niño Jesús Ltda.

Obsérvese que los tres primeros grupos no tienen per se connotación salarial,
mientras que el cuarto grupo regula aquellos conceptos que a pesar de ser
salariales son objeto de pactos de exclusión. Este último grupo es el que debe
integrar el IBC cuando supera el límite previsto en la Ley 1393 de 201016.

Sobre los gastos de representación, se observa que desde el requerimiento para
declarar y/o corregir la entidad mantuvo esa connotación al realizar la clasificación
de los conceptos equivalentes para la UGPP, así17:

Concepto registrado en la nómina del aportante Concepto equivalente UGPP
Gastos de representación Gastos de representación

Lo anterior no sufrió cambios en la liquidación oficial ni con la resolución que resolvió
el recurso de reconsideración. Sumado a esto, se observa que la cuenta contable
en la que la sociedad los registró corresponde a la 5195200618, y al consultar su
definición en el plan único de cuentas (PUC), se tiene que la cuenta 519520
corresponde a «Gastos de representación y relaciones públicas», lo que le permite inferir
que las partes nunca discutieron que los pagos fueron ajenos a dicho concepto.

Continuando con el análisis del caso, se tiene que en el Excel de la resolución que
resolvió el recurso de reconsideración, la única trabajadora que recibió pagos por el
concepto aludido fue Salma Liliana Fayad Issa. En dicho acto se indicó lo
siguiente19:
Ahora bien, en esta instancia se observa en primer lugar que en el archivo Excel que hizo
parte integrante de la liquidación oficial se registró un pago por concepto de Gastos de
representación para la trabajadora SALMA LILIANA FAYAD ISSA el cual fue determinado como un
pago no constitutivo de salario, que solo en el evento que superara el 40% de la remuneración
recibida por la trabajadora, debía ser incluido en el cálculo del IBC conforme a lo establecido
en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010.
Del mismo modo se observó en el archivo Excel que hizo parte integrante de la liquidación
oficial que el pago registrado en la cuenta contable 51952006 denominado como Gastos de
Representación fue clasificado como un pago constitutivo de salario el cual hizo parte del
cálculo del IBC.
En esta instancia se verifica que la sociedad aportante no allegó pruebas en las que se pudiera
evidenciar pacto de exclusión salarial que permitiera establecer el señalado pago como no
constitutivo de salario sujeto al exceso del 40% de pagos laborales no constitutivos de salario
y una vez efectuado el análisis de habitualidad de los mencionados pagos se estableció que
los trabajadores percibieron el pago más de una vez en el periodo fiscalizado, por lo que los
mismos deben necesariamente hacer parte del cálculo del IBC para el pago de aportes al
sistema de la protección social.
En consecuencia los ajustes determinados en el acto administrativo recurrido respecto al
presente punto de discusión en esta instancia persisten (énfasis propio).

Lo primero que se advierte del contenido de la decisión administrativa, es que la
entidad reconoció los gastos de representación como un emolumento no salarial,
pero lo sujetó al límite del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010 debido a que su pago
era de manera habitual y no se contaba con una cláusula de desalarización.

Sin embargo, resulta oportuno insistir en que i) la base de cotización de los aportes
al sistema de seguridad social, y de conformidad con la regla 1 de unificación que
16
Al respecto puede consultarse la sentencia del 5 de mayo de 2022, exp 25553, reiterada reciente en sentencia del 18 de
septiembre de 2025, ambas con ponencia de la magistrada Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
17
Página 4 del requerimiento para declarar y/o corregir.
18
Así se dice en la página 14 de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración.
19
Resolución que resolvió el recurso de reconsideración. Página 14 del PDF.

15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 70001-23-33-000-2019-00261-01 (30554)
Demandante: Clínica Pediátrica Niño Jesús Ltda.

aquí se menciona, está conformada por los conceptos salariales, esto es, aquellos
que constituyen no solo la remuneración ordinaria fija, sino todo lo que recibe el
empleado en dinero o en especie como contraprestación de sus servicios,
cualquiera que sea su denominación y ii) el legislador determinó que los pagos que
se perciben para el cumplimiento de las funciones no retribuyen el servicio, y
puntualmente se hizo referencia a los gastos de representación.

Así las cosas, este concepto debe tratarse como no salarial por disposición legal,
pues se insiste que en este caso no se controvierte si los pagos estaban destinados
o no a representar la empresa ante clientes, proveedores, mejorar relaciones
públicas, y perseguir beneficios comerciales20. En consecuencia, deben excluirse
de la base de cotización y de ninguna manera puede hacer parte del límite del
artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, tal como lo ordenó el a quo21.

Bajo esas consideraciones no le asiste razón a la UGPP en este punto.

Ahora, en cuanto a los honorarios, en el SQL de la resolución RDC 2019-00555 de
2019 se pudo observar que la empleada Kelys Andrea Reyes Vergara fue la única
que percibió ese concepto en el mes de diciembre. Al respecto, se dijo lo siguiente22:
En el caso específico, el recurrente indica que los pagos por concepto de Honorarios
registrados en las cuentas contables de la compañía fueron tomados por la UGPP como pagos
salariales, y que los mismos no deben ser incluidos en el IBC para la liquidación de aportes al
Sistema de Protección Social.
(…)
Teniendo en cuenta, que en el contrato de trabajo el empleador es quien asume la obligación
de efectuar los aportes al Sistema de Protección Social por todos sus trabajadores de
conformidad con los artículos 17 y 18 de la Ley 100 de 1993, y en el caso de los contratistas
con contrato de prestación de servicios estos asumen esa obligación, se indica al recurrente
que es la aportante a quien le corresponde probar que los valores registrados mediante el
concepto Honorarios, no provienen de la relación laboral vigente de los trabajadores con la
sociedad.
Con ocasión al recurso de reconsideración interpuesto, la sociedad aportante no allegó
documento que permitiera desvirtuar que el mencionado pago no fue producto de la relación
laboral y en tal sentido no resulta procedente retirar del cálculo del IBC como pago no salarial
como determinó el acto administrativo recurrido.
(…)
Adicionalmente se indica que en esta instancia se identificó que el concepto denominado
Honorarios a gerentes y/o trabajadores vinculados fue pagado únicamente a la trabajadora
KELYS ANDREA REYES VERGARA en el mes de diciembre de 2013.

Se observa en el archivo Excel que hizo parte integrante de la liquidación oficial el mencionado
pago fue tomado como no salarial y dado que la suma de los pagos no salariales excedió el
tope del 40% de pagos laborales no constitutivos de salario de que trata el artículo 30 de la
Ley 1393 de 2010, se incrementó el IBC para el pago de los aportes respecto de los
subsistemas Salud, Pensión, Fondo de Solidaridad Pensional y ARL.

La anterior transcripción permite a esta Sección inferir que los honorarios fueron
20
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral en sentencia 35771 del 1 de febrero de 2011 definió los gastos
de representación como aquellos que «se entregan a trabajadores que obran en nombre del empleador, que lo
representan ante clientes o proveedores, que, en gran medida, son su imagen ante el público. De tal suerte que los
gastos de representación no se pueden utilizar para remunerar a todos los trabajadores, puesto que sólo aplican
respecto de los que actúan, no a título personal, sino en nombre del empleador, en su representación, y, que, en tal
condición, lo comprometen y lo obligan».
21
De igual manera, la Sección en pronunciamientos anteriores ha aceptado que los gastos de representación se tratan de
pagos no salariales por disposición legal, tal es el caso de las sentencias del 27 de abril de 2023, exp 26270, M.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto y del 5 de mayo de 2022, exp 25344, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
22
Resolución que resolvió el recurso de reconsideración. Páginas 18 en adelante del PDF.

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Demandante: Clínica Pediátrica Niño Jesús Ltda.

tratados por la UGPP como un pago no salarial, debido a que la sociedad no logró
demostrar que su reconocimiento se originara en una relación ajena al contrato
laboral suscrito con la trabajadora en cuestión, es decir, que proviniera de funciones
como trabajadora independiente tal como se alegó desde el inicio del proceso
judicial.

Ahora, revisados los anexos aportados con la demanda, se observa que para la
empleada en cuestión se allegó un documento por medio del cual se modificó el
contrato laboral en cuanto al monto del salario y el reconocimiento de un pago no
salarial23. También reposa una certificación suscrita por el revisor fiscal de la
demandante con fecha del 25 de junio de 2018, en el que señala que a la misma le
fueron reconocidos pagos ajenos a la relación laboral en el mes de diciembre del
2013 por valor de $2.040.000, el cual coincide con el monto cuestionado por la
UGPP24:

Si bien, el revisor fiscal certificó que contablemente los pagos no hacen parte de la
nómina, lo cierto es que para este asunto dicha prueba no es suficiente para probar
que el pago corresponde a actividades ajenas a las del contrato laboral, es decir,
que se trate de una prestación de servicios como se alega en la demanda, puesto
que en este caso no se controvierte el tratamiento contable de dicho emolumento.

Nótese que desde sede administrativa la UGPP requirió a la demandante para que
demostrara la existencia de otro vinculo contractual al laboral que justificara el pago
de los honorarios, sin embargo, la clínica no lo hizo. Además, en sede judicial se
afirmó con la demanda que allegarían cuentas de cobro y RUT de los trabajadores
independientes, sin que reposen en el expediente los mencionados documentos
para la empleada en cuestión.

Así las cosas, le asiste razón a la apelante cuando afirma la falta de diligencia
probatoria por parte de la interesada en demostrar que los honorarios
correspondieron a actividades diferentes a las laborales por las cuales se contrató
a la trabajadora, pues no se allegó contrato de prestación de servicios ni alguna
manifestación por parte de la beneficiaria de los pagos que comprobara su origen.

Por lo anterior, se accede parcialmente y se revocará lo relacionado con la exclusión
de los honorarios del ingreso base de cotización por las razones expuestas.

3. Exoneración en el pago de aportes

En la sentencia apelada se dijo que la empleada Salma Liliana Fayad Issa percibió
el mayor salario de los trabajadores demandados, el cual corresponde a $4.580.000,
lo que le permitía acceder a la exoneración en el pago de las contribuciones a SENA
e ICBF, luego, la demandada debía excluir los aportes para los trabajadores
demandados en dichos subsistemas.

La UGPP indica que para dar aplicación a este beneficio debe tenerse en cuenta la
totalidad de lo devengado por los empleados, y no solo el salario básico como lo
interpretó el Tribunal.

23
Samai. Índice 2. Expediente digital.5ED_ZIPEXPEDI_70001233300020190026 (.zip).zip NroActua 2. 01PrimeraInstancia.
C01Principal. Demanda en PDF y Anexos. Carpeta Anexos. 3. Pagos no constitutivos de salario. Contratos laborales y
otrosis. Kellys Reyes Vergara.pdf.
24
Samai. Índice 2. Expediente digital.5ED_ZIPEXPEDI_70001233300020190026 (.zip).zip NroActua 2.
01PrimeraInstancia. C01Principal. Demanda en PDF y Anexos. Carpeta Anexos. Certificados revisoría fiscal
honorarios.pdf

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Para decidir lo anterior, debe tenerse en cuenta que el artículo 25 de la Ley 1607 de
2012, determinaba:
Artículo 25. A partir del momento en que el Gobierno Nacional implemente el sistema de
retenciones en la fuente para el recaudo del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE),
y en todo caso antes del 1º de julio de 2013, estarán exonerados del pago de los aportes
parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar (ICBF), las sociedad y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes
declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los
trabajadores que devenguen, individualmente considerados, hasta diez (10) salarios mínimos
legales vigentes.

Por su parte el artículo 7 del Decreto 1828 de 2013, que reglamentó parcialmente
la Ley 1607 de 2012, estableció:
Artículo 7º. EXONERACIÓN DE APORTES PARAFISCALES. Las sociedades y personas jurídicas
y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y
sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta para la Equidad -CREE, están exoneradas del
pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), correspondiente a los trabajadores que
devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales
legales vigentes.
(…)
Para efectos de la exoneración de que trata el presente artículo, se tendrá en cuenta la
totalidad de lo devengado por el trabajador.

Por lo anterior, la Sección ha manifestado que i) en el caso de los aportes
parafiscales a ICBF y SENA, la norma establecía que la exoneración aplicaba a partir
de la reglamentación del Gobierno Nacional sobre el sistema de retenciones en la
fuente para el recaudo del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, lo cual
se materializó mediante el artículo 2 del Decreto 862 de 2013, es decir a partir del
1 de mayo de año 2013; y ii) se ha entendido que el concepto devengo debe referirse
únicamente a los pagos que reciba el trabajador por concepto de salario 25.

Para el año 2013 el salario mínimo era el equivalente a $589.500, por lo que el límite
de los 10 SMMLV era de $5.895.000.

Ahora bien, la apelante señala que la empleada en cuestión percibió, además del
sueldo, otros conceptos como «COORDINACIÓN MÉDICA», «CONSULTAS REALIZADAS» y
«TURNOS REALIZADOS», que al tener carácter salarial y ser sumados superaban el tope
de los 10 SMMLV, lo que significaba que no estaba exonerada del pago de los
aportes.

Para corroborar las afirmaciones de la entidad, y teniendo en cuenta que el tope de
los 10 SMLMV para el período 2013 es de $5.895.000, esta Sección revisará el caso
de la trabajadora Salma Liliana Fayad Issa26, quien fue analizada en la sentencia de
primera instancia y frente a quien la entidad planteó los reparos en el recurso de
apelación.

25
Consejo de Estado. Sentencia del 24 de febrero de 2022, exp. 25302 M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
26
En la sentencia apelada se dijo que se analizaría el caso de la empleada Salma Liliana Fayad Issa debido a que fue quien
percibió el salario más alto, sin embargo, en la carpeta de la demanda en los anexos, obra otra carpeta denominada
«Análisis» y allí un archivo Excel denominado «CONCEPTOS LIQUIDACION CLINICA PEDIATRICA», al consultar el
contenido de éste en las pestañas ICBF y SENA, se puede advertir que en la observación relacionada con el tope de los
10 salarios únicamente se enlistó a dicha empleada, de lo que se concluye que fue la única demandada.

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Debe tenerse en cuenta que a partir del mes de mayo hasta diciembre de 2013, en
el archivo Excel de la resolución que puso fin a la vía administrativa se registró que
esta empleada solo recibió salario y gastos de representación, este último fue
analizado para la misma trabajadora en cargos anteriores y se llegó a la conclusión
de que no debía integrar el ingreso base de cotización, en ese sentido, se observa
que desde el mes de mayo hasta septiembre de 2013 se reportó un salario por
$4.080.000, mientras que para los meses de octubre a diciembre percibió
$4.580.000.

De conformidad con lo anterior, la Sección estima que la exoneración en el pago de
aportes a SENA e ICBF en efecto aplica para los meses de mayo a diciembre, pues
para esos períodos el total devengado por los conceptos salariales fue inferior al
tope de los 10 SMMLV, esto es $5.895.000.

En ese contexto, no prospera el reparo de la entidad, pero se aclarará que la orden
solo cobija a los aportes desde el 1 de mayo de 2013.

4. Error en la digitación de la cédula

La entidad manifiesta que es la certificación de la respectiva administradora la que
permite evidenciar si realizaron o no los aportes a la identificación correcta del
trabajador; que, si bien en este caso se aportó una de la EPS Coomeva, lo cierto era
que allí no se indicó el número de planilla para cada período, lo que impidió el cruce
de información. Señaló que tampoco se aportaron las cartas a las administradoras
solicitando la corrección o las PILA que dieran cuenta de la modificación en el número
de la cédula.

Advirtió que para el caso de la empleada Ilka Melissa Atencia Amín, no fue posible
reconocer el pago de los aportes para los meses de junio a diciembre de 2013, que
fueron los meses fiscalizados por la entidad, toda vez que estaba reportada con un
número de identificación diferente, y que en la certificación de la EPS aparecían solo
los períodos de abril a junio.

Para resolver el asunto, esta Sección advierte que la UGPP para los meses de junio
a noviembre de 2013 le determinó ajustes a la trabajadora en cuestión bajo la
conducta de mora, y en la observación indicó que «se verifica planilla de pago y se
evidencia que no se ha corregido el número de documento de identidad para el periodo de ajuste».
Así mismo se identificó el numero correcto de cédula de la trabajadora27.

Ahora, revisadas las planillas aportadas con la demanda, se encuentran pagos para
los meses de junio a noviembre de 2013 por la trabajadora Ilka Melissa Atencia
Amín, pero con un número de cédula diferente28. Así mismo, al consultar el
certificado de pago expedido por Coomeva29 y que fue el soporte de la decisión de
primera instancia, se puede observar el numero correcto de la identificación de dicha
trabajadora y reporta pagos para los meses de abril, mayo y junio, por lo cual este
documento solo hace referencia a uno de los meses fiscalizados.

Con todo, se pone de presente que en un caso similar, esta Sección30 no aceptó
27
También se observan ajustes por inexactitud para el mes de diciembre que corresponden a que la demandante no incluyó
la totalidad de los pagos salariales, circunstancia que no es la que se debate en este cargo de apelación.
28
Las planillas pueden consultarse en el índice 2. Expediente digital.5ED_ZIPEXPEDI_70001233300020190026 (.zip).zip
NroActua 2. 01PrimeraInstancia. C01Principal. Demanda en PDF y Anexos. Anexos. 2. Planillas 2013.
29
Anexos de la demanda. Carpeta 6. Certificado de Pago Ilka Atencia Amín.
30
Consejo de Estado. Sección Cuarta, sentencia del 30 de junio de 2022, exp 24963, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez,
reiterada en sentencia del 11 de mayo de 2023, exp 26612 M.P Myriam Stella Gutiérrez Argüello

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que la entidad endilgara una conducta por omisión ante la inconsistencia en el
número de identificación de un trabajador, y al respecto señaló que ella se
configuraba «por la falta de afiliación y pago de los aportes al SPS, lo que no ocurrió en el presente
caso, pues está probado (y no se discute por las partes) que la demandante realizó los aportes a
esos subsistemas, al margen del error en el número de identificación del trabajador, el cual no
impedía verificar el cumplimiento de la obligación tributaria, ya que en la declaración también se
incluyó el nombre del respectivo trabajador.»

La misma situación ocurre entonces en el presente asunto, pues si bien los ajustes
fueron por mora31 para los meses de junio a noviembre, ello obedeció fue un error
en un número de la cédula de la trabajadora, y lo cierto es que en las planillas
aparece su nombre y el monto de las cotizaciones efectuadas y, bajo ese
entendimiento, la entidad no podía desconocer el cumplimiento de los aportes.

Así, no son procedente los ajustes por omisión. No prospera el cargo.

Conclusión

La Sección confirmará la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad
parcial de los actos demandados. No obstante, se modificará el ordinal segundo y
se condenará en abstracto y a título del restablecimiento del derecho se ordenará
realizar una nueva liquidación de las contribuciones parafiscales al Sistema Integral
de Seguridad Social por los períodos de enero a diciembre de 2013, previo incidente
promovido por la sociedad demandante o la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, en
el que se: i) excluya del ingreso base de cotización los pagos por gastos de
representación realizados a la trabajadora Salma Liliana Fayad Issa; ii) elimine los
ajustes para SENA e ICBF respecto de Salma Liliana Fayad Issa para los meses de
mayo a diciembre de 2013; iii) elimine los ajustes de mora para la trabajadora Ilka
Melissa Atencia Amín para los períodos de junio a noviembre de 2013; iv) ajuste la
sanción en la forma que corresponda.

Así mismo, se ordenará a la UGPP que, previa verificación de los pagos realizados
por la sociedad, adelante el procedimiento correspondiente para la devolución que
resulte procedente de las órdenes aquí dadas y en los términos del artículo 311 de
la Ley 1819 de 2016.

Costas

Ninguna de las partes apeló la decisión del Tribunal de no condenar en costas.
Ahora bien, como en esta oportunidad se mantiene la decisión de acceder
parcialmente a las pretensiones de la demanda, tampoco hay lugar a su imposición,
de conformidad con el numeral 5 del artículo 365 del Código General del Proceso,
aplicable por remisión expresa del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

31
En el artículo 1 del Decreto 3033 de 2013 esta conduta fue definida así: «Mora: Es el incumplimiento que se genera
cuando existiendo afiliación no se genera la autoliquidación acompañada del respectivo pago de las Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social en los plazos establecidos en las disposiciones legales vigentes».

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FALLA

1. MODIFICAR el ordinal segundo de la sentencia proferida el 9 de abril de 2025
por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral, el cual
quedará así:
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR en abstracto para que la
demandante o la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP promueva incidente de liquidación de sentencia.
Para tal efecto, deberá el peticionario presentar escrito que contenga la liquidación motivada
y especificada de su cuantía en la que se i) excluya del ingreso base de cotización los pagos
por gastos de representación realizados a la trabajadora Salma Liliana Fayad Issa; ii) elimine
los ajustes para SENA e ICBF respecto de Salma Liliana Fayad Issa para los meses de mayo a
diciembre de 2013; iii) elimine los ajustes de mora para la trabajadora Ilka Melissa Atencia
Amín para los períodos de junio a noviembre de 2013; iv) ajuste la sanción en la forma que
corresponda.

Así mismo, ORDENAR a la UGPP que, previa verificación de los pagos realizados por la
demandante, adelante el procedimiento correspondiente para la devolución que resulte
procedente de las órdenes aquí dadas y en los términos del artículo 311 de la Ley 1819 de
2016.

2. Confirmar en lo demás la sentencia apelada.

3. Sin condena en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Con aclaración de voto
Con aclaración de voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la
siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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