Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2020-00046-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2020-00046-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 70001-23-33-000-2020-00046-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 70001-23-33-000-2020-00046-01 (1632-2025)
Demandante: Manuel Enrique Pérez Díaz
Demandado: Defensoría del Pueblo
Tema: Desnaturalización del contrato de prestación de servicios –
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades
establecidas por los sujetos de la relación laboral
Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia, porque no se
acreditó la continuada subordinación.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de primera instancia del 29 de enero de 2025, proferida por
el Tribunal Administrativo de Sucre, mediante la cual se negaron las pretensiones
de la demanda.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. El señor Manuel Pérez Díaz interpuso demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de obtener la nulidad
del Oficio 20190030401333361 del 12 de diciembre de 2019, mediante el cual la
entidad demandada negó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
derivadas de la relación laboral alegada.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó: (i) declarar la existencia
de una relación laboral entre las partes; (ii) reconocer y pagar las prestaciones
sociales causadas durante su vinculación; (iii) actualizar las sumas reconocidas;
(iv) dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA;
y (v) condenar en costas a la entidad demandada.
3. Como hechos relevantes, señaló que suscribió contratos de prestación de
servicios con la entidad demandada entre el 20 de septiembre de 2005 y el 14 de
diciembre de 2016, para desempeñarse como defensor público.
4. Como concepto de violación, sostuvo que su vinculación con la entidad se
prolongó durante aproximadamente 11 años y que, en ese lapso, se configuraron
los elementos propios de una relación laboral, esto es, la prestación personal del
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Demandante: Manuel Enrique Pérez Díaz
servicio, la remuneración y la continuada subordinación. Indicó que, en ejecución
de los contratos, prestaba acompañamiento jurídico a los usuarios de la entidad,
cumplía un horario y acataba los parámetros establecidos por la Defensoría del
Pueblo. Por ello, consideró aplicable el principio de primacía de la realidad sobre
las formalidades.
Contestación de la demanda
5. La entidad demandada se opuso a las pretensiones y señaló que la
vinculación del demandante se efectuó con fundamento en el numeral 3 del
artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Por ello, sostuvo que los contratos se ejecutaron
en un marco de coordinación, autonomía e independencia. Precisó que el objeto
contractual consistía en la prestación de servicios profesionales como abogado
litigante de la entidad.
6. Agregó que, para declarar la existencia de una relación laboral, era
necesario acreditar que el demandante desarrolló sus actividades en las mismas
condiciones que un servidor público.
7. Propuso las excepciones que denominó «inexistencia de causal de
nulidad», «ausencia de fundamentos jurídicos que soporten las pretensiones de
la demanda» y la genérica.
Sentencia apelada
8. Mediante sentencia del 29 de enero de 2025, el Tribunal negó las
pretensiones de la demanda. Señaló que se acreditó que el demandante y la
Defensoría del Pueblo suscribieron contratos de prestación de servicios entre el
2 de septiembre de 2005 y el 14 de diciembre de 2016, para que aquel prestara
sus servicios profesionales como abogado defensor público, y que recibió una
remuneración por esa labor.
9. En relación con la continuada subordinación, precisó que se practicaron
los testimonios de los señores Jorge Alfredo Montes Serrano, Nelson Elías Abad
Buelvas y Roberto Sierra Quiroz. Sin embargo, consideró que esas declaraciones
no ofrecían claridad suficiente para demostrar dicho elemento, debido a las
inconsistencias y contradicciones advertidas entre los relatos. En particular,
indicó que, al ser interrogados acerca de la existencia de órdenes directas
emitidas por superiores durante el ejercicio de la labor de defensor público, los
declarantes ofrecieron respuestas disímiles y confusas, lo que impedía
establecer con certeza la subordinación alegada.
10. El Tribunal advirtió que los testigos manifestaron, en algunos apartes, que
no recibían órdenes directas, sino que concertaban acuerdos con sus superiores,
los cuales cumplían para garantizar el adecuado desarrollo de la labor o mantener
una relación armónica con los responsables de las distintas áreas de la
Defensoría del Pueblo. A partir de ello, concluyó que no existía prueba suficiente
de que el demandante estuviera sujeto a órdenes directas, al cumplimiento
obligatorio de horarios o a directrices propias de una relación laboral.
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11. Determinó que de los contratos y las declaraciones testimoniales no era
posible extraer hechos demostrativos de continuada subordinación, entendida
como la facultad del empleador de emitir órdenes o directrices sobre la calidad,
la cantidad y la forma de ejecución de la labor, exigir el cumplimiento permanente
de horarios o formular llamados de atención relacionados con el desempeño del
trabajo.
12. En consecuencia, concluyó que no se acreditaron los elementos
necesarios para desnaturalizar los contratos de prestación de servicios, pues
únicamente se demostraron la prestación personal del servicio y la remuneración,
mas no la continuada subordinación.
13. Explicó que la Ley 941 de 2005 reguló la organización del Sistema
Nacional de Defensoría Pública, definió la figura de los defensores públicos y
estableció que su vinculación mediante contratos de prestación de servicios
profesionales no genera, por sí sola, una relación laboral.
14. Asimismo, consideró que, aunque los defensores públicos ejercen
funciones públicas conforme a la Ley 941 de 2005, esa circunstancia no los
convierte automáticamente en servidores públicos. Al respecto, indicó que, por
regla general, los contratistas no pierden su condición de particulares por
desarrollar actividades de interés público. No obstante, precisó que la ley puede
autorizar excepcionalmente la atribución de funciones públicas a particulares
mediante contratos, entre otros eventos, cuando se les encomienda la prestación
de un servicio público a cargo del Estado, como ocurre con la defensoría pública.
15. Respecto del argumento según el cual el demandante habría desarrollado
labores permanentes durante más de 11 años y en las mismas condiciones que
los empleados de planta, el Tribunal sostuvo que esa afirmación no desvirtuaba
la naturaleza de los contratos de prestación de servicios. Para ello, tuvo en cuenta
que: (i) el actor no probó que ejerciera funciones idénticas a las asignadas a los
empleados de planta; y (ii) la Constitución Política admite el ejercicio permanente
de funciones públicas por particulares, entre otros supuestos, cuando se trata de
la prestación de servicios públicos, como sucede con el Sistema Nacional de
Defensoría Pública.
16. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas a la parte demandante.
Recurso de apelación
17. La parte demandante interpuso recurso de apelación y sostuvo que el
Tribunal Administrativo de Sucre valoró indebidamente el material probatorio, en
particular los testimonios practicados en el proceso, pues de ellos era posible
inferir la existencia de la continuada subordinación durante la ejecución de los
contratos de prestación de servicios suscritos entre el actor y la Defensoría del
Pueblo.
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18. Cuestionó, en concreto, la valoración de las declaraciones de los señores
Jorge Alfredo Montes Serrano, Nelson Elías Abad Buelvas y Roberto Sierra
Quiroz. Indicó que, aunque los testigos no emplearon un lenguaje jurídico técnico,
sus relatos permitían identificar elementos comunes de subordinación, tales
como la dirección y el control efectivo de las actividades, el cumplimiento de
turnos, la asistencia obligatoria a reuniones o actividades institucionales y la
sujeción a los coordinadores de las distintas áreas del derecho.
19. Agregó que el Tribunal interpretó de manera equivocada las referencias
de los declarantes a los «acuerdos» con sus superiores, pues, en su criterio, esas
manifestaciones no descartaban la subordinación, sino que revelaban la
existencia de una estructura jerárquica y de mecanismos de coordinación
obligatoria que condicionaban el desarrollo de las actividades contratadas.
20. Afirmó que, si bien el Tribunal tuvo por acreditadas la prestación personal
del servicio y la remuneración, concluyó erradamente que no se probó la
continuada subordinación. A juicio del apelante, el demandante estaba sujeto a
las instrucciones, los turnos, los horarios, los lineamientos y las directrices
establecidos por la Defensoría del Pueblo para el desempeño de sus actividades
como defensor público.
21. Señaló que el actor no actuaba con autonomía técnica ni independencia
en la ejecución del objeto contractual, pues debía atender las consultas
previamente asignadas, asistir a actividades institucionales, participar en barras
de defensores públicos y cumplir los parámetros definidos por la entidad para la
prestación del servicio.
22. Reprochó que la sentencia apelada hubiera otorgado prevalencia a la
forma contractual y a las previsiones de la Ley 941 de 2005, sin contrastarlas
adecuadamente con la realidad acreditada durante la ejecución de los contratos.
En ese sentido, sostuvo que la vinculación de los defensores públicos mediante
contratos de prestación de servicios no excluye, por sí sola, la aplicación del
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades cuando se demuestran
los elementos propios de una relación laboral.
23. Finalmente, invocó la Sentencia de Unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del
9 de septiembre de 2021, para sostener que los contratos de prestación de
servicios no pueden utilizarse para atender necesidades permanentes de la
administración ni para encubrir relaciones subordinadas.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
24. Por auto de 10 de julio de 2025, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante.
25. La parte demandante y la entidad demandada guardaron silencio en esta
fase procesal.
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26. El agente del Ministerio Público rindió concepto, en el que solicitó
confirmar la sentencia de primera instancia, porque no se acreditó la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios. Señaló que no se
demostró que al demandante se le hubieran impuesto medidas correctivas ni
emitido órdenes o instrucciones que afectaran la ejecución autónoma del objeto
contractual.
27. Agregó que la vinculación mediante contratos de prestación de servicios
era jurídicamente válida, pues el legislador adoptó esa modalidad para garantizar
la prestación del servicio de defensoría pública con eficacia e independencia, en
función de la protección y defensa de los derechos humanos. Finalmente, indicó
que dicha figura fue declarada exequible por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-307 de 2023, razón por la cual estimó procedente confirmar la
decisión apelada.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
28. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación.
Problema jurídico
29. Corresponde a la Sala determinar si la sentencia proferida por el Tribunal
incurrió en los yerros planteados en el recurso de apelación. Para tal efecto, se
analizará si el actor acreditó la continuada subordinación durante los períodos en
que se desempeñó como defensor público mediante contratos de prestación de
servicios suscritos con la Defensoría del Pueblo.
Análisis del problema jurídico
30. La Sala confirmará la sentencia apelada, porque el material probatorio
recaudado no acredita que la relación contractual hubiera estado sometida a una
subordinación continuada que excediera la coordinación, supervisión y
organización propias de la contratación estatal para la prestación del servicio de
Defensoría Pública.
31. El señor Manuel Enrique Pérez Díaz suscribió los siguientes contratos de
prestación de servicios1:
Vinculación Duración Objeto Valor
Mensual
1366 de 20 de El contratista se obliga con la Defensoría, a prestar servicios $2.000.000
2005 septiembre profesionales especializados de abogado en diferentes áreas del
al 15 de derecho especialmente en áreas civiles, de familia, con plena autonomía
diciembre técnica y administrativa, para la representación judicial o extrajudicial, a
de 2005 personas que se encuentren en imposibilidad económica o social de
proveer por sí mismas la defensa de sus derechos, con el fin de
garantizar el pleno acceso a la justicia o a las decisiones de cualquier
1
Índice 95 de SAMAI del Tribunal. Contratos de prestación de servicios y certificaciones.
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autoridad pública, de acuerdo con el reparto que efectué la Defensoría
Seccional Sucre, velando en todo caso por la promoción, defensa,
ejercicio y divulgación de los derechos humanos. 119 de 2006 1° de El contratista se obliga con la Defensoría, a prestar servicios $3.000.000
febrero de profesionales especializados de abogado en diferentes áreas del
2006 al 31 derecho especialmente en áreas civiles, de familia, con plena autonomía
de enero de técnica y administrativa, para la representación judicial o extrajudicial, a
2007 personas que se encuentren en imposibilidad económica o social de
proveer por sí mismas la defensa de sus derechos, con el fin de
garantizar el pleno acceso a la justicia o a las decisiones de cualquier
autoridad pública, de acuerdo con el reparto que efectué la Defensoría
Regional o Seccional, velando en todo caso por la promoción, defensa,
ejercicio y divulgación de los derechos humanos. 165 de 2007 6 de febrero El contratista se obliga con la Defensoría, a prestar servicios $3.000.000
al 30 de profesionales especializados de abogado, en forma personal, con plena
noviembre autonomía técnica y administrativa, para la representación judicial o
de 2007 extrajudicial de los usuarios del servicio de defensoría pública,
comprometiéndose a ejecutar todas las obligaciones de medio
necesarias para garantizar la debida defensa técnica de los usuarios de
sus servicios en desarrollo de las disposiciones legales enunciadas en la
parte considerativa, velando en todo caso por la promoción, defensa,
ejercicio y divulgación de los derechos humanos y el debido proceso.
2286 de 1° de El contratista se obliga con la Defensoría, a prestar servicios $3.000.000
2007 diciembre profesionales especializados de abogado, en forma personal, con plena
de 2007 al autonomía técnica y administrativa, para la representación judicial o
31 de extrajudicial de los usuarios del servicio de defensoría pública,
marzo de comprometiéndose a ejecutar todas las obligaciones de medio
2008 necesarias para garantizar la debida defensa técnica de los usuarios de
sus servicios en desarrollo de las disposiciones legales enunciadas en la
parte considerativa, velando en todo caso por la promoción, defensa,
ejercicio y divulgación de los derechos humanos y el debido proceso
391 de 2008 1° de abril El contratista se obliga con la Defensoría, a prestar servicios $3.200.000
de 2008 al profesionales especializados de abogado, en forma personal, con plena
31 de autonomía técnica y administrativa, para la representación judicial o
marzo de extrajudicial de los usuarios del servicio de defensoría pública,
2009 comprometiéndose a ejecutar todas las obligaciones de medio
necesarias para garantizar la debida defensa técnica de los usuarios de
sus servicios en desarrollo de las disposiciones legales enunciadas en la
parte considerativa, velando en todo caso por la promoción, defensa,
ejercicio y divulgación de los derechos humanos y el debido proceso
467 de 2009 1° de abril El contratista se obliga con la Defensoría, a prestar servicios $3.200.000
de 2009 al profesionales especializados de abogado, en forma personal, con plena
31 de julio autonomía técnica y administrativa, para la representación judicial o
de 2010 extrajudicial de los usuarios del servicio de defensoría pública,
comprometiéndose a ejecutar todas las obligaciones de medio
necesarias para garantizar la debida defensa técnica de los usuarios de
sus servicios en desarrollo de las disposiciones legales enunciadas en la
parte considerativa, velando en todo caso por la promoción, defensa,
ejercicio y divulgación de los derechos humanos y el debido proceso
2043 de 1° de El contratista se obliga con la Defensoría, a prestar servicios $3.500.000
2010 agosto al 30 profesionales especializados de abogado, en forma personal, con plena
de autonomía técnica y administrativa, para la representación judicial o
noviembre extrajudicial de los usuarios del servicio de defensoría pública,
de 2010 comprometiéndose a ejecutar todas las obligaciones de medio
necesarias para garantizar la debida defensa técnica de los usuarios de
sus servicios en desarrollo de las disposiciones legales enunciadas en la
parte considerativa, velando en todo caso por la promoción, defensa,
ejercicio y divulgación de los derechos humanos y el debido proceso. 4280 de 1° de El contratista se obliga con la Defensoría, a prestar servicios $3.500.000
2010 diciembre profesionales especializados de abogado, en forma personal, con plena
de 2010 al autonomía técnica y administrativa, para la representación judicial o
30 de extrajudicial de los usuarios del servicio de defensoría pública,
noviembre comprometiéndose a ejecutar todas las obligaciones de medio
de 2011 necesarias para garantizar la debida defensa técnica de los usuarios de
sus servicios en desarrollo de las disposiciones legales enunciadas en la
parte considerativa, velando en todo caso por la promoción, defensa,
ejercicio y divulgación de los derechos humanos y el debido proceso.
2486 de 1° de El contratista se obliga con la Defensoría, a prestar servicios $3.700.000
2011 diciembre profesionales especializados de abogado, en forma personal, con plena
de 2011 al autonomía técnica y administrativa, para la representación judicial o
31 de mayo extrajudicial de los usuarios del servicio de defensoría pública,
de 2013 comprometiéndose a ejecutar todas las obligaciones de medio
necesarias para garantizar la debida defensa técnica de los usuarios de
sus servicios en desarrollo de las disposiciones legales enunciadas en la
parte considerativa, velando en todo caso por la promoción, defensa,
ejercicio y divulgación de los derechos humanos y el debido proceso. 153 de 2013 1° de junio El contratista se obliga con la Defensoría, a prestar servicios $3.700.000
de 2013 al profesionales especializados de abogado, en forma personal, con plena
30 de autonomía técnica y administrativa, para la representación judicial o
septiembre extrajudicial de los usuarios del servicio de defensoría pública,
de 2014 comprometiéndose a ejecutar todas las obligaciones de medio
necesarias para garantizar una defensa integral, ininterrumpida técnica
y competente, y un debido proceso con respeto de los derechos y
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garantías sustanciales y procesales. Así mismo, velar por la promoción,
el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos.
3621 de 1° de El contratista se obliga con la Defensoría, a prestar servicios $4.000.000
2014 octubre de profesionales especializados de abogado, en forma personal, con plena
2014 al 30 autonomía técnica y administrativa, para la representación judicial o
de extrajudicial de los usuarios del servicio de defensoría pública,
septiembre comprometiéndose a ejecutar todas las obligaciones de medio
de 2015 necesarias para garantizar una defensa integral, ininterrumpida técnica
y competente, y un debido proceso con respeto de los derechos y
garantías sustanciales y procesales. Así mismo, velar por la promoción,
el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos.
4627 de 1° de El contratista se obliga con la Defensoría, a prestar servicios $4.000.000
2015 octubre de profesionales especializados de abogado, en forma personal, con plena
2015 al 15 autonomía técnica y administrativa, para la representación judicial o
de octubre extrajudicial de los usuarios del servicio de defensoría pública,
de 2016 comprometiéndose a ejecutar todas las obligaciones de medio
necesarias para garantizar una defensa integral, ininterrumpida técnica
y competente, y un debido proceso con respeto de los derechos y
garantías sustanciales y procesales. Así mismo, velar por la promoción,
el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos.
875 de 2016 25 de El contratista se obliga con la Defensoría, a prestar servicios $4.000.000
octubre al profesionales especializados de abogado, en forma personal, con plena
14 de autonomía técnica y administrativa, para la representación judicial o
diciembre extrajudicial de los usuarios del servicio de defensoría pública,
de 2016 comprometiéndose a ejecutar todas las obligaciones de medio
necesarias para garantizar una defensa integral, ininterrumpida técnica
y competente, y un debido proceso con respeto de los derechos y
garantías sustanciales y procesales. Así mismo, velar por la promoción,
el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos.
32. En primera instancia se practicaron los testimonios de los señores Jorge
Alfredo Montes Serrano, Nelson Elías Abad Buelvas y Roberto Sierra Quiroz, así
como el interrogatorio de parte del demandante. De esas diligencias se destaca
lo siguiente:
• El demandante manifestó que estuvo vinculado con la Defensoría del
Pueblo desde el 20 de septiembre de 2005 hasta diciembre de 2016,
mediante contratos de prestación de servicios. Explicó que su labor
consistía en representar y apoderar a los usuarios de la entidad en asuntos
civiles y de familia y, posteriormente, en procesos relacionados con la
restitución de tierras, con ocasión de la Ley 1448 de 2011. Señaló que
debía atender a los usuarios asignados y cumplir los turnos programados
por la Defensoría.
Indicó que la estrategia jurídica de los procesos no era definida
unilateralmente por la entidad, sino que, en muchas ocasiones, la
concertaba con el coordinador del área, mediante espacios de diálogo y
orientación encaminados a brindar una mejor atención a los usuarios.
Precisó que podía solicitar pruebas, presentar memoriales y actuar dentro
de los procesos sin requerir autorización previa para cada actuación
judicial.
Afirmó que debía acatar órdenes, instrucciones y orientaciones
provenientes del coordinador, del director seccional de la Defensoría
Pública y de otros funcionarios o asistentes de la entidad. Como ejemplos,
mencionó la obligación de asistir a turnos, barras académicas,
capacitaciones, seminarios, charlas y eventos institucionales, así como
acudir a las diligencias o actividades que le fueran asignadas en su
condición de defensor público.
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Explicó que los turnos eran asignados por la Defensoría y debían
cumplirse en los horarios establecidos. Agregó que, aunque tenía oficina
particular y ejercía el litigio de manera independiente, debía acudir cuando
se encontraba de turno o era requerido por la entidad. También señaló que
la inasistencia injustificada a turnos, seminarios o actividades podía
generar llamados de atención y afectar la renovación de los contratos. No
obstante, aclaró que no recibió llamados de atención por incumplimiento.
Finalmente, indicó que la decisión de demandar no obedeció
exclusivamente a la falta de renovación del último contrato, sino a su
consideración de que se configuraron los elementos propios de una
relación laboral, en especial la prestación personal del servicio, la
remuneración y la subordinación.
• El señor Jorge Alfredo Montes Serrano declaró que conocía al
demandante desde aproximadamente 1985, con ocasión del ejercicio
profesional en Sincelejo. Indicó que estuvo vinculado a la Defensoría del
Pueblo durante cerca de 21 años, inicialmente como defensor público y,
después, como coordinador académico, siempre mediante contratos de
prestación de servicios. Señaló que coincidió con el actor en la entidad
desde aproximadamente 2005, cuando este ingresó como defensor
público en el área de familia, y que también tuvo conocimiento de su
participación en asuntos de restitución de tierras.
Explicó que, como coordinador académico, realizaba el seguimiento del
nivel académico de los defensores públicos, los acompañaba de manera
selectiva a audiencias, programaba las barras académicas y asignaba los
temas de exposición. Manifestó que los coordinadores académicos no
necesariamente eran superiores jerárquicos en sentido estricto, pero
tenían ascendencia funcional, pues podían formular encomiendas y
sugerencias, así como vigilar y hacer seguimiento al desempeño
académico y profesional de los defensores.
Relató que los defensores públicos debían presentar informes mensuales
sobre la gestión realizada, cumplir turnos de atención al público, asistir a
barras académicas y participar en actividades de capacitación. Indicó que
la asistencia a las barras era obligatoria, que se llevaba un registro con las
categorías de asistencia, inasistencia y excusa, y que esa información se
incluía en los informes mensuales. Según su dicho, las inasistencias
injustificadas podían ser reportadas al área de gestión y, junto con otros
incumplimientos, constituir un criterio para decidir sobre la renovación
contractual.
En cuanto a los turnos, precisó que los coordinadores de gestión
elaboraban los listados mensuales de atención al público y que los
defensores debían atender a los usuarios en la sede de la Defensoría
Regional. Agregó que, de manera excepcional y con la anuencia del
coordinador de gestión, un usuario podía acudir a la oficina particular del
defensor. No obstante, el turno institucional debía cumplirse en la sede de
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Demandante: Manuel Enrique Pérez Díaz
la entidad. También afirmó que esta suministraba espacios y elementos
básicos de trabajo, tales como escritorio, silla, papel, bolígrafo y módulos
de atención.
Respecto de la prestación personal del servicio, declaró que la actividad
del defensor público era indelegable, pues ningún abogado particular
podía reemplazar al profesional designado. En caso de coincidencia de
audiencias o imposibilidad de asistencia, debía reportarse la situación para
que la Defensoría designara a otro defensor público. En consecuencia, el
contratista no podía delegar autónomamente la representación en un
tercero ajeno a la entidad.
Sobre el demandante, indicó que era un abogado disciplinado y cumplido,
que asistía a los turnos, barras, audiencias y demás actividades
programadas. Añadió que no recordaba haber tenido que darle
instrucciones concretas sobre la manera de conducir un proceso, dada su
experiencia profesional. No obstante, señaló que, al igual que los demás
defensores públicos, estaba sujeto al cumplimiento de turnos, barras
académicas, informes y actividades institucionales.
También precisó que las estrategias de defensa, especialmente en
materia penal, se construían de manera concertada entre el defensor y el
coordinador académico. Manifestó que apartarse sustancialmente de las
sugerencias o criterios del coordinador podía dar lugar a un reporte al
coordinador de gestión, aunque aclaró que carecía de potestad directa
para imponer sanciones. Como ejemplo, relató el caso de un defensor que
aplazó dos audiencias con fundamento en cruces inexistentes y que,
según su dicho, no obtuvo la renovación del contrato.
• El señor Nelson Elías Abad Buelvas manifestó que estuvo vinculado a la
Defensoría del Pueblo desde finales de 2008 o comienzos de 2009 hasta
2018. Indicó que conoció al señor Manuel Enrique Pérez Díaz desde su
ingreso a la entidad, pues coincidieron en turnos y actividades
institucionales: el demandante en el área civil y el testigo en la
administrativa. También refirió que ambos participaron en actividades
relacionadas con la restitución de tierras, programa en el que la Defensoría
le asignaba tareas al actor.
Señaló que los coordinadores no eran propiamente superiores jerárquicos,
pues los defensores conservaban cierto grado de autonomía. No obstante,
afirmó que aquellos emitían instrucciones. Explicó que los coordinadores
de gestión asignaban usuarios, procesos y turnos, mientras que los
académicos encomendaban tareas de socialización o exposición en las
barras.
Indicó que los horarios o turnos eran establecidos por el coordinador de
gestión o por el defensor regional. Añadió que coincidió con frecuencia con
el demandante y que, por regla general, aquellos se cumplían dos días a
la semana, especialmente los lunes y viernes, además de la asistencia a
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Demandante: Manuel Enrique Pérez Díaz
las barras académicas de los jueves. Precisó que su duración dependía
de las necesidades del servicio y de la disponibilidad de defensores.
Declaró que la prestación del servicio era personal y que los defensores
públicos no podían delegar autónomamente sus actividades. Según
explicó, para que operara una sustitución debía existir autorización y,
eventualmente, una cesión contractual o una nueva asignación
institucional. Afirmó que le constaba que el señor Manuel Pérez Díaz
acudía personalmente a la Defensoría y cumplía sus turnos, pues durante
varios años compartieron horarios de atención.
En cuanto a los medios de trabajo, indicó que la entidad suministraba
espacios físicos, escritorios, computadores, papelería y bolígrafos para
atender a los usuarios. También afirmó que los turnos debían cumplirse
en las instalaciones de la Defensoría.
Respecto de los informes y controles, manifestó que todos los defensores
debían rendir un informe mensual y que los coordinadores verificaban el
cumplimiento de sus requisitos. Agregó que esa modalidad de seguimiento
era común a las distintas áreas, pues obedecía a una directriz de orden
nacional.
Sobre la asistencia a capacitaciones y eventos fuera de Sincelejo, declaró
que en varias oportunidades participó en actividades realizadas en
ciudades como Barranquilla y Santa Marta, cuyos costos eran asumidos
por cada defensor público. También afirmó que coincidió con el
demandante en escenarios académicos, en particular en una actividad de
la Barra Caribe en la que este expuso sobre restitución de tierras.
Finalmente, señaló que no le constaban llamados de atención o sanciones
contra el actor, pues no tuvo conocimiento de que hubiera sido requerido.
No obstante, sostuvo que una inasistencia podía dar lugar a un
requerimiento del coordinador correspondiente, aunque aclaró que no
podía precisar si este era verbal o escrito, porque no presenció
directamente una situación de esa naturaleza.
• El señor Roberto Sierra Quiroz declaró que estuvo vinculado a la
Defensoría del Pueblo mediante contratos de prestación de servicios
desde 1998 hasta 2016 y, posteriormente, desde 2018 hasta el 30 de
agosto de 2022. Indicó que siempre se desempeñó como defensor público
en el área penal, en distintos municipios del departamento de Sucre.
Manifestó que conocía al señor Manuel Enrique Pérez Díaz por el ejercicio
profesional en Sincelejo y que lo ubicaba en la Defensoría desde
aproximadamente 2010. Señaló que le constaban su presencia en la
entidad y su asistencia a espacios académicos, en especial cuando existía
una barra promiscua a la que concurrían defensores de las áreas penal,
civil, administrativa y de víctimas.
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Sobre los coordinadores, explicó que, aunque también eran contratistas,
emitían directrices a los defensores públicos. Indicó que estos asistían a
barras académicas consideradas compromisos técnicos de obligatoria
asistencia, en las cuales se registraban las firmas y se reportaban las
inasistencias. Según su testimonio, tales reportes podían incidir en la
renovación contractual, especialmente cuando las ausencias eran
reiteradas o injustificadas.
Señaló que no cumplía un horario ordinario permanente en la Defensoría,
pues también ejercía desde su oficina particular. No obstante, aclaró que
debía atender turnos, en especial en la URI, durante los cuales existía la
obligación de permanecer y garantizar la continuidad del servicio. Agregó
que, en materia penal, aquellos podían extenderse durante varios días
cuando se presentaban capturas múltiples o diligencias sucesivas, sin que
fuera posible interrumpir la atención al usuario.
Respecto de los defensores de áreas distintas a la penal, afirmó que sus
condiciones contractuales eran diferentes, pues en las áreas civil y
administrativa existía atención presencial de usuarios en la sede de la
Defensoría, donde se recibían solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y
asuntos relacionados con servicios públicos. Manifestó que le constaba
que el demandante acudía a cumplir sus obligaciones en la sede y que
disponía de un espacio con computador y escritorio.
En cuanto a la prestación personal del servicio, afirmó que le constaba que
el señor Manuel Pérez Díaz desarrollaba directamente sus actividades,
pues lo veía asistir a espacios institucionales y académicos. También
indicó que, durante los intervalos entre contratos, los defensores debían
continuar atendiendo los procesos para evitar el abandono de los usuarios,
aunque no existiera contrato vigente ni contraprestación durante esos
lapsos.
Sobre los espacios y medios de trabajo, expresó que la Defensoría
suministraba un lugar físico, mesa o escritorio y computador, aunque
calificó las instalaciones como reducidas o insuficientes. Señaló que en la
sede se observaban usuarios que esperaban ser atendidos y que los
defensores de las áreas civil y administrativa cumplían allí sus turnos.
También afirmó que asistió a capacitaciones o reuniones institucionales
fuera de Sincelejo, entre ellas en Montería y Barranquilla, y que coincidió
con el demandante en algunas de esas actividades. Explicó que ciertas
capacitaciones eran obligatorias y que, en ocasiones, la Defensoría
asumía los gastos de alojamiento, alimentación o transporte, aunque no
siempre cubría la totalidad.
Finalmente, al preguntársele si le constaba que los coordinadores del área
civil o el director seccional emitieran órdenes al señor Manuel Pérez Díaz,
respondió que no podía afirmarlo de manera concreta, pues no acudía
diariamente a la sede. No obstante, sostuvo que los defensores de las
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áreas civil y administrativa debían cumplir obligaciones presenciales en la
Defensoría y atender directamente a los usuarios.
33. De acuerdo con los contratos de prestación de servicios, el demandante
se desempeñó como abogado defensor durante distintos períodos comprendidos
entre el 20 de septiembre de 2005 y el 14 de diciembre de 2016 y recibió una
remuneración por las actividades desarrolladas.
34. La Sala advierte que quien pretenda la desnaturalización de contratos de
prestación de servicios, con fundamento en el principio de primacía de la realidad
sobre las formalidades, debe acreditar que las actividades se ejecutaron bajo
continuada subordinación. Para demostrar este elemento no existe tarifa legal ni
un medio de prueba único o prevalente. Por tanto, la valoración debe efectuarse
conforme a las reglas de la sana crítica y a partir del examen conjunto del material
probatorio.
35. Esa libertad probatoria no releva a la parte demandante de demostrar, con
suficiencia, que la ejecución contractual estuvo sometida a un poder permanente
de dirección, control y disciplina. En consecuencia, la coordinación institucional,
el seguimiento de actividades, la programación del servicio o la verificación del
cumplimiento de las obligaciones no bastan, por sí solos, para desvirtuar la
naturaleza contractual del vínculo, si de ellos no se desprende una sujeción
continua y obligatoria al poder de dirección de la entidad.
36. De entrada, resulta pertinente recordar que la continuada subordinación
denota el «poder jurídico permanente de que es titular el empleador para dirigir
la actividad laboral del trabajador, a través de la expedición de órdenes e
instrucciones y la imposición de reglamentos, en lo relativo a la manera como
este debe realizar las funciones y cumplir con las obligaciones que le son propias
[…]. Se destaca dentro del elemento de subordinación, no solamente el poder de
dirección, que condiciona la actividad laboral del trabajador, sino el poder
disciplinario que el empleador ejerce sobre este […]».
37. A partir de esa noción, la Sala debe distinguir entre la coordinación
necesaria para ejecutar el objeto contractual y la continuada subordinación propia
de una relación de dependencia. La primera permite articular actividades, requerir
informes, organizar la prestación del servicio, verificar el cumplimiento de las
obligaciones y coordinar la participación del contratista en actuaciones
relacionadas con el objeto pactado. La segunda supone la existencia de un poder
jurídico permanente que faculta a la entidad para emitir órdenes obligatorias
sobre el modo de desarrollar la actividad, controlar de forma continua el tiempo y
la manera de prestar el servicio y adoptar medidas disciplinarias o correctivas
ante el incumplimiento.
38. Esta distinción resulta determinante, pues corresponde establecer si los
turnos, informes, barras académicas, asignaciones y demás circunstancias
señaladas en la apelación trascendieron la coordinación contractual y
demostraron el ejercicio de un poder subordinante sobre el demandante.
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39. De los contratos de prestación de servicios y de las declaraciones
practicadas se desprende que las obligaciones del actor comprendían, entre
otras actividades, brindar asesoría jurídica, tramitar los procesos asignados ante
la jurisdicción civil y representar judicial y extrajudicialmente a los usuarios del
servicio de defensoría pública.
40. En el interrogatorio de parte, el demandante manifestó que conservaba
autonomía para definir la estrategia jurídica de los procesos, solicitar pruebas,
presentar memoriales y adelantar actuaciones judiciales, sin requerir autorización
previa para cada gestión. También explicó que, en diversas ocasiones, los
criterios jurídicos se discutían con el coordinador del área mediante espacios de
conversación y orientación.
41. Estas afirmaciones permiten establecer que existía una articulación
técnica con los coordinadores, pero no demuestran que la entidad sustituyera el
criterio profesional del abogado o determinara permanentemente la manera como
debía ejercer la representación judicial de los usuarios.
42. El actor también indicó que, durante la ejecución de los contratos,
conservó su oficina particular y continuó ejerciendo el litigio independiente. Esta
circunstancia no descarta, por sí sola, la existencia de subordinación. Sin
embargo, valorada junto con la autonomía técnica que afirmó conservar,
constituye un indicio de que no estuvo sometido de manera exclusiva al poder
organizativo de la Defensoría del Pueblo.
43. Las declaraciones de los señores Jorge Alfredo Montes Serrano, Nelson
Elías Abad Buelvas y Roberto Sierra Quiroz acreditan que los defensores
públicos debían cumplir turnos, asistir a barras académicas, presentar informes
mensuales y atender a los usuarios asignados. Asimismo, dan cuenta de la
existencia de coordinadores de gestión y académicos, quienes organizaban los
turnos, distribuían asuntos, efectuaban seguimiento y formulaban orientaciones
sobre el desarrollo de las actividades.
44. No obstante, esas declaraciones no permiten concluir que tales
mecanismos hubieran comportado, en el caso concreto del demandante, el
ejercicio continuo de un poder de dirección y disciplina propio de una relación
laboral. Los testigos también precisaron que los coordinadores no eran
superiores jerárquicos en sentido estricto, que los defensores conservaban
autonomía profesional y que las estrategias jurídicas se construían, en
numerosas ocasiones, de manera concertada.
45. En particular, el señor Jorge Alfredo Montes Serrano manifestó que no
recordaba haber emitido instrucciones concretas al demandante sobre la forma
de conducir un proceso, debido a su experiencia profesional. Aunque señaló que
las inasistencias o los incumplimientos podían incidir en la renovación de los
contratos, no refirió que el actor hubiera sido objeto de reportes, llamados de
atención o medidas correctivas.
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46. A su turno, el señor Nelson Elías Abad Buelvas reconoció que no podía
dar fe directa de llamados de atención o sanciones contra el demandante.
Finalmente, el señor Roberto Sierra Quiroz indicó que no le constaba, de manera
concreta, que los coordinadores del área civil o el director seccional hubieran
emitido órdenes directas al señor Manuel Enrique Pérez Díaz, pues no acudía
diariamente a la sede.
47. Así, aunque la prueba demuestra que la Defensoría del Pueblo establecía
pautas generales para organizar el servicio, asignaba usuarios y turnos, requería
la asistencia a actividades académicas y exigía informes sobre la gestión
realizada, no acredita que esas medidas hubieran trascendido el ámbito de la
coordinación contractual.
48. En el contexto de la defensoría pública, tales mecanismos permitían
distribuir la atención entre los profesionales contratados, garantizar la continuidad
del servicio, fortalecer sus conocimientos técnicos y verificar el cumplimiento de
las obligaciones pactadas. Su existencia no demuestra, sin elementos
adicionales, que el demandante hubiera estado sometido a un control
permanente sobre el modo de ejercer su actividad profesional.
49. Tampoco se acreditó que la Defensoría del Pueblo ejerciera potestad
disciplinaria sobre el actor. Si bien los declarantes señalaron que las inasistencias
reiteradas o el incumplimiento de las obligaciones podían ser reportados y
eventualmente considerados al decidir sobre la renovación contractual, ninguno
afirmó que el demandante hubiera recibido sanciones, amonestaciones o
medidas correctivas.
50. La eventual decisión de no celebrar un nuevo contrato, como
consecuencia del incumplimiento de obligaciones contractuales, no equivale por
sí misma al ejercicio del poder disciplinario característico de la subordinación
laboral.
51. La prolongación de la vinculación contractual durante varios años no
demuestra, por sí sola, la existencia de una relación laboral. Para ello era
necesario acreditar, además, que el demandante ejecutó sus actividades bajo
continuada subordinación, aspecto que no quedó probado.
52. La Sala tampoco comparte el argumento del apelante según el cual las
referencias testimoniales a «acuerdos» con los coordinadores demostraban una
estructura jerárquica. De las declaraciones se desprende que tales acuerdos
correspondían principalmente a espacios de articulación técnica, orientación
académica y coordinación funcional.
53. Aunque los coordinadores podían formular recomendaciones, distribuir
asuntos y efectuar seguimiento, no se probó que impusieran al demandante, de
manera permanente y obligatoria, la estrategia jurídica que debía adoptar en los
procesos ni que controlaran continuamente el modo como ejercía su actividad
profesional.
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54. Ahora bien, la posibilidad legal de vincular defensores públicos mediante
contratos de prestación de servicios profesionales, prevista en el artículo 26 de
la Ley 941 de 2005, no impide examinar si, en un caso concreto, la relación
contractual fue desnaturalizada. La Sentencia C-307 de 2023 declaró exequible
dicha modalidad de vinculación, por los cargos allí analizados, pero no excluyó
la aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades
cuando se demuestre que el contrato se ejecutó bajo continuada subordinación.
55. Por tanto, la validez constitucional de esa modalidad contractual no releva
al juez de valorar integralmente las pruebas para establecer si la relación
permaneció en el ámbito de la coordinación o si, por el contrario, se transformó
materialmente en una relación laboral.
56. En consecuencia, los reparos formulados en la apelación no desvirtúan la
conclusión de la sentencia de primera instancia. Aunque se acreditaron la
prestación personal del servicio y la remuneración, el material probatorio no
demuestra que el demandante hubiera estado sometido al poder permanente de
dirección, control y disciplina de la Defensoría del Pueblo. Por consiguiente, no
se probó la continuada subordinación necesaria para declarar la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios.
Condena en costas
57. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021 derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
58. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021 fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público, creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos.
59. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188
del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia impondrá condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso. La liquidación y ejecución se
regirá conforme al artículo 366 del CGP, teniendo en cuenta la remisión contenida
en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
60. En consecuencia, se impondrán costas en segunda instancia a la parte
demandante, por cuanto se confirmó la sentencia de primera instancia y se
negaron los argumentos expuestos en el recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el despacho sustanciador de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Sucre.
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Demandante: Manuel Enrique Pérez Díaz
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 29 de enero de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, mediante el cual se
negaron las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia al señor Manuel
Enrique Pérez Díaz, a favor de la entidad demandada. Para tal efecto, las
agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Sucre.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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