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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2020-00285-01

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2020-00285-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 26 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo de Sucre, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda presentada por Valmiro Rangel Rangel contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. 23En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001- 23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). 20 Radicado: 70001-23-33-000-2020-00285-01 (2546-2025) Demandante: Valmiro Rangel Rangel JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclara voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. JMC 21

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 70001-23-33-000-2020-00285-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 70001-23-33-000-2020-00285-01 (2546-2025)
Demandante: Valmiro Rangel Rangel
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

Temas: Pensión gracia - reconocimiento

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia proferida el 26 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo de Sucre,
Sala Primera de Decisión Oral, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Valmiro Rangel Rangel presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que

1 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 70001-23-33-000-2020-00285-01 (2546-2025)
Demandante: Valmiro Rangel Rangel

se declarara la nulidad de las resoluciones RDP 033799 del 13 de septiembre de
2016, RDP 000651 del 12 de enero de 2017 y el auto ADP 002370 del 24 de marzo
de 2017, mediante los cuales la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social2 le negó el
reconocimiento de la pensión gracia.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento y pago de la prestación solicitada, a partir del 12 de
mayo de 2011, en cuantía de $2.290.486,05; ii) el reajuste de las sumas adeudadas
de conformidad con el artículo 14 de la Ley 100 de 1993; iii) el reajuste de las sumas
adeudadas, de conformidad con el índice de precios al consumidor; iv) el
cumplimiento de la sentencia de acuerdo con lo previsto en el artículo 192 del
CPACA; y v) la condena en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Valmiro Rangel Rangel nació el 13 de abril de 1952, por lo que cumplió 50 años
de edad en el año 2002.

3.2. El gobernador del departamento de Sucre, a través del Decreto 00636 del 17 de
mayo de 1979 lo nombró profesor de tiempo completo en el Colegio Mixto Carmelo
Percy Vergara del municipio de Corozal. Vinculación del orden departamental que
se mantuvo vigente durante 5 años, 5 meses y 3 días.

3.3. Mediante la Resolución 3097 del 8 de marzo de 1979, el Ministerio de Educación
Nacional lo nombró docente de educación básica, empleo en el que se posesionó
el 27 de marzo de 1979 y desempeñó hasta el 14 de octubre de 1996.

3.4. A través de la Resolución 0420 del 18 de marzo de 1998, el gobernador del
departamento de Sucre lo comisionó «para cumplir funciones de vicerrector académico
de la Normal Superior de Corozal».

3.5. Con ocasión de la Ley 60 de 1993, el vínculo de carácter nacional mutó a
departamental, «dado que el Departamento de Sucre fue certificado según Resolución
No. 2680 del 26 de junio de 1996, proferida por el Ministerio de Educación Nacional».

3.6. El 3 de mayo de 2016 solicitó el reconocimiento de la pensión gracia, el cual fue

2 En adelante Ugpp.

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Demandante: Valmiro Rangel Rangel

negado con la Resolución RDP 033799 del 13 de septiembre de 2016. Esta decisión
fue confirmada con la Resolución RDP 000621 del 12 de enero de 2017.

3.7. Mediante auto ADP 002370 del 24 de marzo de 2017, «se interpretó erróneamente
que la actuación administrativa reseñada en el hecho Décimo Sexto era una nueva petición
de pensión gracia, y por ello la UGPP determinó que “De conformidad con la norma anterior,
y toda vez que no fueron aportados los elementos de juicio necesarios que conlleven a
modificar la decisión tomada mediante resolución No. RDP 0651 del 12 de enero de 2017,
se procede a negar la solicitud y posteriormente el archivo de la misma”».

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 13, 25, 29, 48, 53, 151, 286, 287, 288,
356 y 357 de la Constitución Política; 3, 4, y 13 de la Ley 39 de 1903; 1 a 4 de la
Ley 114 de 1913; 6 de la Ley 116 de 1928; 3 de la Ley 37 de 1933; 1 de la Ley 24
de 1947; 4 de la Ley 4 de 1966; 5 del Decreto 1743 de 1966; 1 y 10 de la Ley 43 de
1975; 1 a 6 de Decreto 2277 de 1979; 15 de la Ley 91 de 1989; 2, 3, 6, 14 y 15 de
la Ley 60 de 1993; y 14 de la Ley 100 de 1993.

5. En cuanto al concepto de violación señaló lo siguiente:

5.1. El acto administrativo se encuentra incurso en la causal de falsa motivación, toda
vez que no tuvo en cuenta el tiempo que prestó sus servicios con ocasión de una
vinculación del orden nacionalizado y se dejó de analizar «el argumento según el cual
a partir de la ejecución del proceso de descentralización fundamentado en la Ley 60 de
1993 mi mandante ya no era Nacional sino Departamental, descentralización que se prueba
con la resolución de certificación por parte del Ministerio de Educación Nacional para la
prestación del servicio educativo, al Departamento de Sucre, así como con el acta mediante
la cual la Nación – Ministerio de Educación Nacional protocolizó la entrega de la educación
al Departamento de Sucre».

5.2. En relación con ese argumento, «para los efectos que tiene la descentralización en
el caso sub-examine destacar cómo conforme al artículo que vengo comentando, que tanto
los “establecimientos educativos” como la “planta de personal” tendrán carácter
departamental, es decir que si la planta de personal era nacional en virtud de la Ley 43 de
1975, ésta pasa a tener un carácter diferente, esto es, carácter departamental por mandato
de la Ley 60 de 1993, y obviamente que los educadores pertenecientes a esas plantas de
personal, perderán el carácter de nacionales para pasar a tener el carácter de
departamentales».

5.3. Lo anterior, es suficiente para concluir que acreditó todas las exigencias para el
reconocimiento de la pensión gracia, toda vez que «acumula tiempos servidos a la

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Demandante: Valmiro Rangel Rangel

educación pública anteriores a 1980 con carácter Departamental - Nacionalizado, y una
vinculación posterior a la descentralización de la educación en el Departamento de Sucre,
que le permiten acumular 20 años de servicio».

1.2. Contestación de la demanda

6. La Ugpp se opuso a las pretensiones de la demanda, toda vez que el demandante
no acreditó la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la prestación
pretendida, «concretamente con el tipo de vinculación territorial o nacionalizada y
consecuencialmente con el tiempo de servicio», puesto que «las certificaciones aportadas
presentan diversas inconsistencias, que lejos de generar certeza, arrojan duda sobre dicha
vinculación, la cual resulta absolutamente necesaria para la procedencia de la pensión».

7. Por lo anterior, «la carencia probatoria antes descrita y la consecuente inobservancia al
requisito alegado, incide necesariamente en el cumplimiento de los restantes requisitos de
ley necesarios para adquirir el derecho a una pensión gracia, especialmente el tiempo de
servicio, pues al existir dudas respecto al tipo de vinculación al servicio docente durante los
años descritos y de no subsanarse, no será posible computar ese tiempo para efectos de
reconocer el derecho, pues se requiere que el tiempo de servicio oficial haya sido prestado
en su integridad como docente del orden territorial o nacionalizado».

8. Finalmente, propuso como excepciones las que denominó: i) inexistencia de la
obligación por indebida acreditación del tipo de vinculación al servicio docente; ii)
«inexistencia de la obligación por el incumplimiento de los requisitos de la ley»; iii)
buena fe; y iv) prescripción trienal.

1.3. La sentencia apelada

9. El Tribunal Administrativo de Sucre, en sentencia proferida el 26 de junio de 2025,
negó las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, luego de realizar un recuento
de los preceptos legales y jurisprudenciales aplicables al asunto, consideró lo
siguiente:

9.1. De conformidad con el material probatorio, se acreditó que el demandante se
había vinculado a la administración como docente nacionalizado entre el 17 de
mayo de 1979 y el 14 de noviembre de 1984, esto es, durante 5 años, 5 meses y 25
días, por lo que cumplió con la exigencia de contar con una vinculación de ese orden
antes del 31 de diciembre de 1980.

9.2. No obstante, «es claro para la Sala que la vinculación del demandante, efectuada
mediante la Resolución 3097 del 8 de marzo de 1979 y con efectos fiscales desde el 27 de
marzo de 1979, ostenta el carácter de nacional, sin que se pueda predicar la mutación de

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Demandante: Valmiro Rangel Rangel

tal condición por la certificación en educación sobrevenida a favor del ente territorial al que
fue adscrita y que ocurrió a partir del 15 de octubre de 1996». Lo anterior, toda vez que
«lo que interesa es la naturaleza de la plaza que ocupa la docente, condición que es
otorgada por mandato legal y que se prueba con los actos administrativos de nombramiento
que deben ser expedidos bajo la condición de tratarse del orden territorial».

9.3. Así las cosas, el tiempo servido como educador entre el 15 de diciembre de 1996
y el 3 de enero de 2016, «no puede entenderse que el señor Valmiro Rangel Rangel tuvo
una vinculación territorial-departamental en propiedad».

9.4. Finalmente, no condenó en costas «toda vez, que la actuación procesal de la parte
en el expediente no lo amerita, apreciación entendida bajo el criterio objetivo valorativo de
las costas».

1.4. El recurso de apelación

10. Valmiro Rangel Rangel solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia
y en su lugar se accediera a las pretensiones de la demanda. Lo anterior, con base
en los siguientes argumentos:

10.1. Contrario a lo concluido por el tribunal, « por mandato de la Ley 60 de 1993(ope-
legis) el vínculo laboral del actor que era Nacional mutó a Departamental, por mandato de
la ameritada Ley 60 de 1993, y por haberse cumplido los requisitos previstos en ella; por
tanto los tiempos que corren entre el 15 de octubre de 1996 hasta el 3 de enero de 2016
(fecha de expedición del certificado), son Departamentales – Sucre». Entonces, «sumados
los tiempos de servicio que corren entre el 17 de mayo de 1979 hasta el 14 de noviembre
de 1984, que son de carácter Nacionalizado y aptos para el reconocimiento de la pensión
gracia; y los tiempos de servicio que corren entre el 15 de octubre de 1996 hasta el 3 de
enero de 2016 (fecha de expedición del certificado), que son de carácter Territorial –
Departamental – Sucre, por tanto válidos para el reconocimiento del derecho impetrado, el
actor cumplió 20 años de servicio para su pensión gracia el 12 de mayo de 2011».

10.2. La sentencia de primera instancia al desconocer que a partir del 15 de octubre
de 1996 su vinculó «que era de carácter nacional mutó a departamental», desconoció el
fenómeno jurídico de la descentralización y, como consecuencia, los artículos 1, 285
a 287, 356 y 357 de la Constitución Política.

1.5. Trámite de segunda instancia

11. Por medio de auto del 7 de octubre de 2025, el magistrado ponente admitió el
recurso de apelación y, al concluir que no había solicitud probatoria pendiente de

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resolver, prescindió de la etapa de alegatos, de conformidad con lo establecido en
el numeral 5 del artículo 247 del CPACA.

1.6. El Ministerio Público

12. La Procuraduría Delegada de Intervención 8, Tercera ante el Consejo de Estado
solicitó que se confirmara la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Sucre, al considerar que no era cierto que el vínculo del demandante hubiese
mutado de nacional a departamental o municipal con ocasión de la entrada en
vigencia de la Ley 60 de 1993, puesto que las condiciones de su vinculación
«permanecieron inalteradas, dado el nombramiento realizado por el Ministerio de
Educación Nacional», por cuanto no hubo solución de continuidad durante la vigencia
de dicha relación legal y reglamentaria, «por lo tanto, este interregno no es válido para
el reconocimiento de la pensión gracia debido a su carácter nacional».

13. En ese sentido, precisó que es con el acto de nombramiento que se establecen
las características de la vinculación con la administración «pues es allí donde se
definen las condiciones jurídicas del cargo a desempeñar y las implicaciones a las que
queda sujeto el docente, en el caso en estudio, es de carácter nacional puesto que el
proceso de descentralización de la educación oficial, ordenado por la Ley 60 de 1993 no
mutó la naturaleza de los nombramientos que se habían efectuado con anterioridad a dicha
ley, de suerte que la categorías de docentes nacionales, departamentales y municipales
mantiene plena vigencia».

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

3
14. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación , el
problema jurídico se contrae a determinar ¿si la vinculación como docente nacional
que ostentó Valmiro Rangel Rangel mutó a departamental, con ocasión del proceso
de descentralización y de la certificación en educación? Y si la anterior respuesta
es afirmativa ¿si ese tiempo puede ser computado para efectos del reconocimiento
de la pensión gracia?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

3 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el

artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.

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2.2.1. En torno a la pensión gracia

15. El sector docente oficial estuvo marcado por condiciones diferenciales en materia
salarial y prestacional, derivadas del nivel de la entidad con la que se iniciara el
vínculo jurídico o la relación legal y reglamentaria. Ciertamente, este aspecto
determinaba el origen de los recursos para la remuneración de estos servidores,
pues mientras la nación asumía los gastos del personal del orden nacional, los
respectivos entes territoriales eran responsables de proveer los recursos necesarios
para el pago de sus empleados dedicados a la labor educativa. Esta situación
conllevaba un trato que, hasta esta época, se ha juzgado como inequitativo para
estos últimos educadores, cuyas prestaciones económicas eran inferiores, pese a
que todos ejecutaban la misma labor.

16. Lo anterior llevó al legislador a adoptar medidas tendientes a equiparar las
condiciones salariales y prestacionales de todos los docentes oficiales, dentro de
las cuales se destacó el reconocimiento de la pensión gracia implementada por
medio de la Ley 114 de 19134 como un reconocimiento a la dedicación al servicio
de la actividad educativa de los docentes territoriales de las escuelas primarias.

17. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha prestación era necesario
que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años de servicio en
establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no recibiera otra pensión
o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años de edad, siempre y
cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con honradez, consagración
y que observara buena conducta.

5
18. Con posterioridad, las leyes 116 de 1928 y 37 de 19336, en sus artículos 6 y 3,
respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria,
normalistas e inspectores de instrucción pública.

19. Asimismo, con la Ley 91 de 1989 se logró la unificación de los distintos regímenes
del magisterio, en aras de finiquitar las divergencias interpretativas derivadas del
proceso gradual de traslado de los costos de las entidades territoriales a la nación
que había ordenado la Ley 43 de 1975 que, en últimas, afectaba las condiciones
laborales del magisterio. Para ello, distribuyó las obligaciones prestacionales de los
docentes (artículos 1 y 2), según se resume a continuación:

4
«Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
5
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
6
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos
empleados».

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Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo

Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, los Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional reajustes y la sustitución de hicieren sus veces.
pensiones

Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag

Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, los territoriales o las cajas de
reajustes y la sustitución de previsión, o las entidades que
Vinculados por pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Nacionalizado nombramiento de venía vinculado este personal
entidad territorial Las causadas en el período La nación o las respectivas
antes y después del de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
1/1/1976 (Ley 43/75) – 31/12/1980), los reajustes y cajas de previsión, o las
la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag

20. En el artículo 356 de la Constitución Política se determinó la competencia del
legislador para fijar cuáles servicios estarían a cargo de la nación y cuáles de las
entidades territoriales. En su versión original, definió que el situado fiscal era el
porcentaje de los ingresos corrientes de la nación cedido a los departamentos, el
distrito capital y los especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, para
financiar la educación, en los niveles preescolar, primaria, secundaria y media, así
como la salud.

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Demandante: Valmiro Rangel Rangel

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21. En efecto, la Ley 60 de 1993 asignó la administración de los servicios educativos
estatales a los municipios financiados con recursos propios y con los provenientes
de su participación del situado fiscal, en conjunto con los departamentos. En el
artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal docente de los órdenes
departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la conservación del régimen
prestacional anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les aplicaría la Ley
91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones sociales causadas antes de la
afiliación al señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían
cubiertas por la respectiva entidad territorial o el ente de previsión social a la cual
se hubiesen realizado los aportes; a diferencia de las que se hicieran exigibles con
posterioridad, que estarán a cargo del señalado fondo.

22. La Ley 60 de 1993 también determinó que, para la prestación descentralizada de
los servicios, cada entidad territorial debía manejar en su presupuesto una cuenta
especial independiente con lo cual no afectaría la unidad de caja8, lo que se traduce
en que los recursos para educación no se integrarían con los que el ente territorial
ya administraba. Lo anterior llevó a que los Fondos Educativos Regionales (FER),
creados por el Decreto 3157 de 19689, encargados del sostenimiento de los
servicios educativos, fueran incorporados a la estructura de los departamentos y
distritos10 y más adelante, a las secretarías de educación, según la Ley 115 de
199411 (artículo 179, literal d).

23. Sinembargo, las sumas destinadas al pago de prestaciones sociales del
personal docente serían giradas directamente al Fomag, tanto las que provenían del
situado fiscal como las que debía trasladar el respectivo ente territorial por las

7
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
8
Para la época, se encontraba definido en el artículo 12 de la Ley 38 de 1989 así: «Unidad de Caja.
Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá la situación de fondos a los
organismos y entidades para el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto
General de la Nación.»
9
«Por el cual se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional y se estructura el sector educativo
de la Nación»
10
Ley 60 de 1993, artículos 3, numeral 5; y 4, numeral 1.
11
«Por la cual se expide la ley general de educación»

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prestaciones causadas y no pagadas.

24. La obligación de afiliar a los docentes departamentales, distritales y municipales
financiados con recursos propios de las entidades territoriales al Fomag se
reglamentó con el Decreto 196 de 199512, a través del cual se identificaron las
fuentes de financiación según los tipos de vinculación docente, clasificación
señalada por la Ley 91 de 1989, así:

24.1. i) Nacionales y nacionalizados: financiados con recursos de la nación y luego
del situado fiscal. Sus prestaciones quedaron a cargo del Fomag, luego de su
afiliación.

24.2. ii) Departamentales, distritales y municipales: este personal se consideró en tres
grupos, a saber:

25. Por una parte, el personal que venía pagado con recursos propios del ente
territorial, al cual se le respetaría el régimen territorial que lo venía cobijando. En
este caso, las prestaciones causadas antes de su incorporación al Fomag, así como
sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones, son de responsabilidad directa de las
entidades territoriales o de las cajas de previsión, en las que se hayan efectuado los
correspondientes aportes.

26. Por otra, los docentes que eran financiados o cofinanciados por el Ministerio de
Educación Nacional mediante convenios y vinculados a plazas del nivel territorial.
Para ellos, las prestaciones sociales serían de cargo de la respectiva entidad
territorial y los recursos para su pago se regirían por el correspondiente convenio
de financiación o de cofinanciación. Vencidos los términos de los respectivos
convenios, los derechos salariales y prestacionales se pagarían con cargo al situado
fiscal.

27. Para los docentes de establecimientos públicos oficiales que eran pagados con
recursos del establecimiento, sus prestaciones serían asumidas por el Fomag.

13
28. En línea con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989
, en la sentencia
14
SUJ11-S2 del 21 de junio de 2018 se afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «[…] colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 […]».

12
«Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo
176 de la Ley 115 de 1994»
13
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
14
Expediente con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

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Radicado: 70001-23-33-000-2020-00285-01 (2546-2025)
Demandante: Valmiro Rangel Rangel

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29. La Corte Constitucional en sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad
condicionada de la expresión «[…] vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980», en el
entendido que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos que no podían ser
desconocidos por el legislador, las situaciones jurídicas consolidadas antes de la
entrada en vigencia de la normativa demandada quedarían a salvo, es decir que
tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que haya
tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de
diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás
normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los
requisitos de edad y tiempo de servicio.

30. En cuanto a las vinculaciones nacionales y la imposibilidad de computar los
tiempos laborados en tal virtud para la pensión gracia, es pertinente mencionar que
la jurisprudencia de la Sala16 ha señalado:

«[…] Sobre los tiempos nacionales.

La ley 114 de 1913 que creó la pensión de los docentes, estableció una serie de
requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del artículo
4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido pensión o recompensa
nacional.

Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado
compruebe: […]

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro
pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación
o por un Departamento.” (Resalta la Sala)
El artículo 1º de la Ley 91 de 198917 clasificó a los docentes para efectos de las
prestaciones económicas, como territoriales, nacionales y nacionalizados.
Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

15
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C489 del 4 de mayo de 2000.
16
Sentencia del 17 de noviembre de 2016, exp. 2114-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
17
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».

11

Radicado: 70001-23-33-000-2020-00285-01 (2546-2025)
Demandante: Valmiro Rangel Rangel

3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.»
[…]
Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la
pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de 1980, es
decir, solo es necesario que haya prestado sus servicios como docente antes del año
1981 en instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que se puedan computar
tiempos de servicio de carácter nacional, pues la finalidad principal de la pensión
gracia, es reconocer a aquellos docentes un beneficio económico para equilibrar los
ingresos percibidos entre éstos y los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que se
encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los servicios
al magisterio.» [Se resalta]

31. Aunado a lo anterior, para determinar la plaza docente que permite obtener el
beneficio pensional en comento, se recuerdan las reglas que fijó esta Corporación
en sentencia de unificación del 21 de junio de 201818, así:

«[…] (i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los
presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde,
o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo
educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia
definitiva del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida
prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial
o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus
acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o
de las exógenas -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las
erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy
sistema general de participaciones; y

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva

18
Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

12

Radicado: 70001-23-33-000-2020-00285-01 (2546-2025)
Demandante: Valmiro Rangel Rangel

certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial
[…]».

32. En la misma línea, esta Sección en la sentencia de unificación del 11 de agosto
de 202219 indicó:

«[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente
territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores
siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».20

[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó
proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el
único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues
las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]

v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite
temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la
pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos
previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de
la cual tenían aspiraciones legítimas.

vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el artículo
15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible, esto es, la
interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria,
los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción
pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación
siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran

19
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
20
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-
15-000-2019-02219-01 (AC).

13

Radicado: 70001-23-33-000-2020-00285-01 (2546-2025)
Demandante: Valmiro Rangel Rangel

los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión
gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus
con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989 […]». [Se resalta]

33. En suma, para acceder a la pensión gracia los docentes deben acreditar: (i) una
experiencia docente antes del 31 de diciembre de 1980 en una institución educativa
territorial o nacionalizada, (ii) completar 20 años de servicio en una plaza territorial
o nacionalizada y (iii) tener buena conducta durante su desempeño como docente.
No se puede exigir haber completado los requisitos ni encontrarse vinculado en la
fecha señalada, en atención a que pueden ser computados los tiempos laborados
con posterioridad; y no se requiere que el tiempo de servicio sea continuo.

2.3. Caso concreto

34. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

41.1. Valmiro Rangel Rangel nació el 13 de abril de 1952.

41.2. Medianteel Decreto 636 del 17 de mayo de 1979, el gobernador del
departamento de Sucre lo nombró profesor de tiempo completo en el colegio «Liceo
Carmelo Percy Vergara», «para una plaza creada». El acto fue suscrito por el
gobernador y el secretario del ente territorial.

41.3. Según consta en el certificado 49 proferido el 23 de julio de 1981 por el
coordinador de la Corporación Educativa «Atanasio Girardot», «establecimiento
oficial municipal creado por Acuerdo 016 de 1976», prestó sus servicios en ese
centro educativo entre el 9 de mayo de 1977 y el 11 de septiembre de 1978.

41.4. Mediante la Resolución 3097 del 8 de marzo de 1979, el ministro de educación
nacional lo nombró «a partir del 1° de febrero de 1979» «profesor de enseñanza
secundaria, especialidad idiomas […] en la Normal Nacional de Varones de Corozal,
Sucre». Empleo en el cual se posesionó el 27 de marzo de esa anualidad «a partir
del 1ro de Feb / 79».

41.5. A través de la Resolución 9371 del 21 de junio de 1985, la ministra de educación
reconoció y ordenó pagar las horas extras dictadas por algunos profesores de la
Escuela Normal Nacional de Varones, dentro de los cuales se encontraba Valmiro
Rangel Rangel.

41.6. El 23 de agosto de 1990 el jefe de la División de Personal entregó 206 hojas de
vida que correspondía a «funcionarios del departamento de Sucre, descentralizados por

14

Radicado: 70001-23-33-000-2020-00285-01 (2546-2025)
Demandante: Valmiro Rangel Rangel

mandato de las leyes 24 de 1988 y 29 de 1989», dentro de las cuales se encontraba la
del demandante,

41.7. El 11 de mayo de 2007, la Secretaría de Educación del departamento de Sucre
certificó que había prestado sus servicios en el nivel básica secundaria con
vinculación «en propiedad como departamental en forma interrumpida», así:

Novedad Tipo de A.A. Desde Hasta Tiempo
Posesión por Decreto 00636 1 mes y 4
17-05-1979 20-06-1979
nombramiento 17-05-1979 días
3 años, 11
Posesión por Decreto 00909
21-06-1979 15-06-1983 meses y 25
nombramiento 19-06-1979
días
1 año, 4
Decreto 00536
«Derogación retiros» 11-07-1983 14-11-1984 meses y 4
11-07-1983
días

Tiempo de servicio 5 años, 5 meses y 3 días

41.8. El 28 de mayo de 2009, la Secretaría de Educación del departamento de Sucre
certificó que había prestado sus servicios en el nivel básica secundaria con
vinculación «en propiedad como nacional en forma interrumpida», así:

Novedad Tipo de A.A. Desde Hasta Tiempo
Posesión por
nombramiento Resolución 3097 14 años, 1 mes y
01-02-1979 02-03-1993
Escuela Normal 08-03-1979 2 días
Superior
Decreto 00078 3 años, 2 meses
Traslado 03-03-1993 22-05-1996
02-03-1993 y 20 días

Comisión Resolución 00141 4 meses y 22
23-05-1996 14-10-1996
remunerada 23-05-1996 días

Resolución 01597 1 año, 4 meses y
Prorroga comisión 15-10-1996 24-02-1998
15-10-1993 10 días

Comisión de Resolución 00001
25-02-1998 17-03-1998 23 días
servicios 25-02-1998

Comisión de Resolución 00420 4 años, 7 meses
18-03-1998 07-11-2002
servicios 18-03-1998 y 10 días

15

Radicado: 70001-23-33-000-2020-00285-01 (2546-2025)
Demandante: Valmiro Rangel Rangel

Resolución 02591 3 meses y 10
Suspender comisión 08-11-2002 17-02-2003
08-11-2002 días

Comisión de Resolución 00562
18-02-2003 17-02-2004 1 año
servicios 18-02-2003

Decreto 00148 5 años, 3 meses
«Ratificar» 18-02-2004 -
18-02-2004 y 13 días

Tiempo de servicio 30 años y 4 meses

41.9. Mediante la Resolución 2680 del 26 de junio de 1996, el Ministerio de Educación
Nacional certificó «el cumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 14 de la
Ley 60 de 1993 para asumir la administración directa de los recursos del situado fiscal y la
prestación de los servicios educativos por parte del departamento de Sucre».

41.10. El 3 de mayo de 2016 solicitó el reconocimiento y pago de una pensión gracia,
la cual fue negada por la Ugpp a través de la Resolución RDP 033799 del 13 de
septiembre de 2016. Esta decisión fue confirmada por la Resolución RDP 000651
del 12 de enero de 2017, con la cual se resolvió el recurso de apelación.

41.11. A través del Auto ADP 002370 del 24 de marzo de 2017, la Ugpp dispuso «toda
vez que no fueron aportados los elementos de juicio necesarios que conlleven a modificar
la decisión tomada mediante la Resolución No. RDP 0651 del 12 de enero del 2017, se
procede a negar la solicitud y posteriormente el archivo de la misma».

41.12. El 7 de mayo de 2024, la Secretaría de Educación del departamento de Sucre
certificó que el demandante prestó sus servicios como docente entre el 27 de marzo
de 1979 y el 15 de julio de 2019, esto es, durante 40 años, 3 meses y 19 días.

2.4. Análisis sustancial

42. En el presente asunto, el Tribunal Administrativo de Sucre negó las pretensiones
de la demanda porque si bien Valmiro Rangel Rangel prestó sus servicios en calidad
de docente con vinculación de carácter nacionalizado entre el 17 de mayo de 1979
y el 14 de noviembre de 1984, esto es, durante 5 años, 5 meses y 25 días, la
vinculación que ostentó desde el 1° de febrero de 1979 fue de orden nacional hasta
la fecha del retiro.

43. Asimismo, consideró improcedente computar el anterior tiempo mencionado, en
virtud de la descentralización de la educación, puesto que la Ley 60 de 1993 de
ninguna manera modificó el tipo de vinculación de los docentes, con la entrega de

16

Radicado: 70001-23-33-000-2020-00285-01 (2546-2025)
Demandante: Valmiro Rangel Rangel

la administración de la educación a las entidades territoriales, como lo pretendió la
demandante.

44. Valmiro Rangel Rangel solicitó que se revocara la sentencia, porque «por mandato
de la Ley 60 de 1993(ope-legis) el vínculo laboral del actor que era Nacional mutó a
Departamental, por mandato de la ameritada Ley 60 de 1993, y por haberse cumplido los
requisitos previstos en ella; por tanto los tiempos que corren entre el 15 de octubre de 1996
hasta el 3 de enero de 2016 (fecha de expedición del certificado), son Departamentales –
Sucre». Entonces, «sumados los tiempos de servicio que corren entre el 17 de mayo de
1979 hasta el 14 de noviembre de 1984, que son de carácter Nacionalizado y aptos para el
reconocimiento de la pensión gracia; y los tiempos de servicio que corren entre el 15 de
octubre de 1996 hasta el 3 de enero de 2016 (fecha de expedición del certificado), que son
de carácter Territorial – Departamental – Sucre, por tanto válidos para el reconocimiento
del derecho impetrado, el actor cumplió 20 años de servicio para su pensión gracia el 12 de
mayo de 2011».

45. Al respecto, como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial de esta
providencia, la competencia del juez en segunda instancia se enmarca en los
«reparos concretos» formulados por el apelante. Es por esto que, de acuerdo con las
reglas para la interposición del recurso de apelación, el interesado ostenta la carga
procesal de «precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la
decisión21».

46. En ese sentido, se precisa que no se encuentra en discusión que el demandante
acreditó la edad, la buena conducta en el ejercicio de la labor docente y la
vinculación del orden nacionalizado anterior al 31 de diciembre de 1989, requisitos
exigidos para el reconocimiento de la prestación en discusión. Por lo que el análisis
se centrará en la vinculación que el demandante ostentó a partir del 1° de febrero
de 1979.

47. En el asunto en estudio, se encuentra que según las disposiciones contenidas
en la Ley 60 de 1993, el Ministerio de Educación Nacional certificó el cumplimiento
de los requisitos establecidos por el legislador para efectos de asumir la
administración de la prestación de los servicios educativos por parte del
departamento de Sucre. Esto es, que como lo afirmó la demandada, a partir de 1996
el departamento asumió el servicio público educativo.

48. Al respecto, de acuerdo con el material probatorio se observa que a través de la
Resolución 3097 del 8 de marzo de 1979, el ministro de educación nacional lo
nombró «a partir del 1° de febrero de 1979» «profesor de enseñanza secundaria,

21
Artículo 322 del código General del Proceso.

17

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Demandante: Valmiro Rangel Rangel

especialidad idiomas […] en la Normal Nacional de Varones de Corozal, Sucre», situación
que, de conformidad con la clasificación establecida por el legislador en la Ley 91
de 1989, lo enmarca como docente con vinculación nacional, en tanto, la
designación fue efectuada por el gobierno nacional.

49. Ahora bien, de acuerdo con la Resolución 2680 del 26 de junio de 1996, en
cumplimiento de las disposiciones contenidas en las leyes 60 de 1993, el Ministerio
de Educación Nacional certificó el cumplimiento de los requisitos establecidos por
el legislador para efectos de asumir la administración de la prestación de los
servicios educativos por parte del departamento de Sucre. Esto es, que como lo
afirmó el demandante, a partir de 1996 el departamento asumió el servicio público
educativo.

50. En ese aspecto, esta Subsección encuentra pertinente precisar que el
mencionado proceso de certificación en educación del departamento de Sucre, no
modificó la naturaleza nacional con la que nació el vínculo del demandante el 1° de
febrero de 1979. En ese sentido, la Ley 60 de 1993, de manera expresa señaló « [e]l
régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las
nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas
reconocidas serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones».

51. En efecto, se advierte que la voluntad del legislador no fue modificar la naturaleza
del vínculo de los docentes que con ocasión del proceso de descentralización fueron
incorporados en las plantas territoriales, lo anterior se sustenta en el hecho de que
en las disposiciones que regularon el mencionado proceso mantuvo la distinción
entre docentes nacionales, nacionalizados y territoriales. En esa línea el Decreto
195 de 199522, en su artículo 2, reiteró dicha clasificación y definió a los docentes
nacionales y nacionalizados como «aquellos que han venido siendo financiados con
recursos de la Nación y que se financian con recursos del situado fiscal, a partir de la
entrada en vigencia de la Ley 60 de 1993».

52. Sobre el particular, se concluye que si bien el demandante prestó sus servicios
como docente territorial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, lo cierto es
que la vinculación que ostentó desde el 1° de febrero de 1979 no era válida para
acceder al reconocimiento de la prestación por su carácter nacional, el cual resulta
incompatible con la naturaleza de la pensión pretendida, que fue concebida
exclusivamente para los docentes territoriales y nacionalizados, en virtud de las

22 «por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo

176 de la Ley 115 de 1994, relacionados con la incorporación o afiliación de docentes al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones.»

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Radicado: 70001-23-33-000-2020-00285-01 (2546-2025)
Demandante: Valmiro Rangel Rangel

condiciones salariales desfavorables que aquellos enfrentaban para la época de la
promulgación de las leyes 114 de 1913 y 116 de 1928.

53. En suma, para la Sala es claro que la vinculación del demandante tenía el
carácter de nacional para el 1° de febrero de 1979 y mantuvo esta naturaleza hasta
el 15 de julio de 2019, fecha en la que se retiró del servicio. Comoquiera que no era
posible computar tiempos de servicio de carácter nacional para el reconocimiento
de la pensión gracia, se concluye que a Valmiro Rangel Rangel no le asistía el
derecho al reconocimiento de la pensión gracia, por cuanto no acreditó los 20 años
de servicios como docente territorial o nacionalizado.

54. En consecuencia, los elementos materiales probatorios aportados al plenario
permiten establecer que no se acreditó el tiempo de servicio requerido para que la
demandada accediera a la pensión gracia, razón por la cual se confirmará la
sentencia del 26 de junio de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre,
que negó las pretensiones de la demanda, por los argumentos esgrimidos en la
presente providencia.

2.5. Costas

55. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

56. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

57. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la

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Radicado: 70001-23-33-000-2020-00285-01 (2546-2025)
Demandante: Valmiro Rangel Rangel

medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma23.

58. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

59. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de imponerlas en esta instancia.

3. Conclusión

60. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que Valmiro Rangel Rangel
no acreditó los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia prevista en
Ley 114 de 1913 y demás normas que la regulan.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 26 de junio de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Sucre, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda
presentada por Valmiro Rangel Rangel contra la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

23En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

20

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Demandante: Valmiro Rangel Rangel

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

JMC

21

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