Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 70001-23-33-000-2020-00359-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 70001-23-33-000-2020-00359-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 70001-23-33-000-2020-00359-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
26 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 70001-23-33-000-2020-00359-01 (30615)
Demandante: KAREM MELISSA SANABRIA LEÓN
Demandado: DIAN
Tema: Retención 2015-12. Legitimación en la causa por activa.
Inexistencia del demandante. Sociedad liquidada.
Responsabilidad del liquidador.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante1, contra
la sentencia del 15 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre,
Sala Segunda de Decisión Oral, que resolvió2:
PRIMERO: Declarar probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por
activa, propuesta por la parte demandada, e inexistencia de la parte demandante,
estudiada de oficio.
SEGUNDO: Sin costas en esta instancia
ANTECEDENTES
El 20 de septiembre de 2019, la División de Gestión de Liquidación de la Dirección
Seccional de Impuestos y Aduanas de Sincelejo, profirió la Liquidación Oficial de Aforo
232412019000011, notificada por correo el 26 de septiembre de 20193.
Previo recurso de reconsideración, el 24 de septiembre de 2020 la Subdirección de
Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica profirió la
Resolución 006519, en la que confirmó en todas sus partes la liquidación de aforo 4,
acto que fue notificado el 17 de septiembre de 2020.
DEMANDA
Karem Melissa Sanabria León, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, formuló las siguientes pretensiones5:
1
Índice 43 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Sucre
2
Índice 40 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Sucre
3
Índice 15 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Sucre. Archivo 28_AGREGARMEMORIAL_EXPEDIENTET1PARTE(.pdf)
NroActua 15. Página 179
4
Índice 15 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Sucre. Archivo 25_AGREGARMEMORIAL_EXPEDIENTET2PARTE(.pdf)
NroActua 15
5
Índice 2 de SAMAI. Carpeta 1ED_CUADERNOP_CuadernoPrincipalrar(.rar) NroActua 2. Archivo 01Demanda
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Radicado: 70001-23-33-000-2020-00359-01 (30615)
Demandante: KAREM MELISSA SANABRIA LEÓN
XI. PRETENSIONES
Las siguientes son las pretensiones de esta demanda:
11.1 Respetuosamente solicito a los Honorables Magistrados del Tribunal Administrativo
de Sucre que, como consecuencia de estar plenamente probada la ilegalidad de los actos
acusados, se declare la nulidad total de:
• Liquidación Oficial de retenciones en la fuente – Aforo N.° 232412019000011 del 20
de septiembre de 2019, correspondiente al periodo de Retención en la Fuente 12 del
año gravable 2015, y la Resolución N.° 6519 del 24 de septiembre de 2020 que
resolvió el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la mencionada Liquidación
Oficial retenciones en la fuente – Aforo, proferida por la DIAN.
• Resolución N.°6519 del 24 de septiembre de 2020 que resolvió el Recurso de
Reconsideración interpuesto contra la mencionada Liquidación Oficial retenciones en
la fuente – Aforo N.° 232412019000011 del 20 de septiembre de 2019, proferida por
la DIAN.
11.2 Que como consecuencia de la anterior declaración y, a título de indemnización, se
condene a la DIAN, a reparar los perjuicios causados a la entidad demandante.
11.3 Que ante la falta de definición de la litis, se declare que los actos sancionatorios no
constituyen títulos ejecutivos susceptibles de ser objeto de cobro por vía administrativa,
dada la inexistencia de la actora.
11.4 Que se condene igualmente, a la DIAN, al pago de costas conforme a lo establecido
en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, y en concordancia con los criterios de aplicación
de las tarifas establecidas para este tipo de procesos a cuota litis en lo atinente a las
agencias en derecho y dentro de los lineamientos expuestos en la sentencia C -539 de
julio 28 de 1999 de la Honorable Corte Constitucional.
Invocó como disposiciones vulneradas los artículos 95 numeral 9, 209 y 363 de la
Constitución Política, 242, 255 y 256 del Código de Comercio, 2 y 138 del CPACA, 793
y 847 del Estatuto Tributario, Decreto 663 de 1993 y Decreto 2555 de 2010. El
concepto de la violación se resume, así:
1. Precisiones previas. De acuerdo con el Certificado de Existencia y
Representación Legal, para el período 12 del año 2015 el representante legal de la
Clínica Rey David Sincelejo S.A.S. era José Garrido Ruiz, a quien correspondía la
obligación de presentar y pagar las retenciones en la fuente de dicho período. No
obstante, para la fecha de expedición de los actos administrativos encaminados al
cobro de esa obligación, la sociedad ya se encontraba liquidada como consecuencia
de su insolvencia, razón por la cual cualquier actuación adelantada por una vía distinta
a la del proceso de calificación y graduación de créditos carece de validez jurídica.
En el presente caso, las acreencias derivadas de la sanción por no declarar y pagar
correspondientes al período 12 del año 2015 fueron incluidas dentro del proceso como
un crédito reconocido y graduado de tipo C, el cual posteriormente fue declarado
insoluto. En consecuencia, no le era dable a la liquidadora comprometer, reconocer o
efectuar el pago de obligaciones por fuera del proceso de calificación y graduación de
créditos, máxime cuando se trata de una obligación causada con anterioridad a la
liquidación de la sociedad, esto es, el 16 de mayo de 2018.
2
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2. Falsa motivación - Inexistencia de la Clínica Rey David Sincelejo SAS. La
terminación de la existencia jurídica de una sociedad se produce con el registro de la
cuenta final de liquidación en la Cámara de Comercio correspondiente, y no con la
cancelación del RUT ante la DIAN. En ese sentido, los actos de determinación que
fueron notificados con posterioridad al registro del acta que aprobó la cuenta final de
liquidación y dispuso la terminación de la existencia jurídica de la sociedad carecen de
efectos jurídicos y, en consecuencia, son nulos.
3. Proceso liquidatorio, calificación y graduación de acreencias conforme a la ley.
Dentro del proceso de liquidación, la sociedad requirió en tres oportunidades a la DIAN
para que presentara y reclamara su crédito, el cual, mediante la Resolución 0006 del
26 de septiembre de 20186, fue calificado como crédito de tipo C y graduado por valor
de $4.128.182.426, con fundamento en la Ley 1797 de 2016, norma especial que
regula la prelación de créditos en los procesos liquidatarios de las entidades IPS.
Posteriormente, con ocasión del fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo del
Circuito de Sincelejo, se expidió la Resolución 12 del 23 de agosto de 2019, mediante
la cual se determinó el valor del crédito en la suma de $4.996.713.426, correspondiente
a las obligaciones originadas en los actos administrativos que determinaron las
retenciones en la fuente de los períodos 2015 y 2016.
4. Cumplimiento de los deberes de liquidador. Debe tenerse en cuenta que,
conforme a la jurisprudencia, frente a los liquidadores únicamente proceden: (i) las
acciones encaminadas al pago de los créditos de los cuales sean titulares los
acreedores contra la sociedad durante el proceso de liquidación, y (ii) aquellas
orientadas a la indemnización de los perjuicios ocasionados por la inadecuada
atención de dichos créditos. En el presente caso, la DIAN no acreditó conducta
negligente alguna atribuible a la liquidadora; no obstante, insistió en vincularla dentro
del proceso de cobro, desconociendo que el régimen de responsabilidad en materia
tributaria exige, en primer término, la reclamación del crédito frente a la sociedad y,
solo de manera subsidiaria, frente a los administradores responsables.
5. Imposibilidad física y jurídica de cumplir deberes tributarios con posterioridad a
la terminación de la existencia jurídica de la clínica. La imposibilidad de pago de las
acreencias a favor de la DIAN obedece a que, una vez elaborado el inventario de
activos y pasivos de la entidad, se estableció que los activos sociales resultaban
insuficientes para atender la totalidad de las obligaciones. En consecuencia, insistir en
el pago de tales sumas no solo resulta improcedente, sino materialmente imposible.
6. Inobservancia de plazo razonable para adelantar la actuación administrativa
frente a la entidad liquidada. La Administración tardó cerca de cuatro años en definir
la situación tributaria de la clínica, pese a que el estado de liquidación ya se encontraba
determinado mediante el acta del 16 de mayo de 2018 y a que la obligación
correspondía al año 2015. En tal sentido, la actuación administrativa desconoció los
términos y las reglas que rigen la atención oportuna de los compromisos financieros
de una entidad sometida a un proceso de liquidación.
6
Por medio de la cual la liquidadora realiza el inventario de activos y contingencias judiciales, declara configurado el desequilibrio
financiero y se dictan otras disposiciones en el proceso de liquidación voluntaria de la Clínica Rey Favid Sincelejo SAS entidad
identificad con el NIT N.°900.228.213-7.
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Demandante: KAREM MELISSA SANABRIA LEÓN
OPOSICIÓN
La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda, por lo siguiente7:
Precisiones previas. Si bien la sociedad se extinguió jurídicamente el 5 de febrero de
2020, con el registro del acta No. 20 del 1.º de noviembre de 2019, bajo el número
28368 del Libro IX del Registro Mercantil, lo cierto es que la persona jurídica puede
recuperar su existencia por razones excepcionales, como ocurrió en virtud de la
decisión adoptada por el Juzgado Segundo de Pequeñas Causas y Competencias
Múltiples de Sincelejo, dentro del trámite de cumplimiento del fallo de tutela del 27 de
junio de 2019, proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sincelejo.
A la fecha, se encuentra pendiente que dicha autoridad judicial imparta las órdenes
necesarias para el cumplimiento del fallo de tutela, en atención a que la liquidadora y
los socios procedieron a extinguir la persona jurídica sin disponer de los bienes
inmuebles identificados con las matrículas inmobiliarias Nos. 340-30104, 340-30103 y
340-1298. En consecuencia, no resulta procedente declarar la inexistencia de la
demandante.
Falta de legitimación en la causa por activa. La demandante carece de legitimación en
la causa por activa para demandar en nombre propio los actos acusados, en la medida
en que estos no la afectan de manera directa, pues, contrario a lo sostenido, no
comprometen su responsabilidad personal ni su patrimonio. En efecto, los actos
administrativos cuestionados no impusieron sanción alguna, sino que se limitaron a
determinar el tributo por concepto de retención en la fuente correspondiente al período
gravable 2015, obligación sustancial a cargo exclusivo de la Clínica Rey David
Sincelejo S.A.S.
En ese orden, tratándose de la determinación de una obligación sustancial, no resulta
procedente atribuir responsabilidad a la liquidadora, habida cuenta de que, conforme
a lo dispuesto en los artículos 571, 572, 573 y 798 del ET, su eventual responsabilidad
se circunscribe únicamente al incumplimiento de deberes formales.
Adicionalmente, los actos de determinación no se encuentran dirigidos contra la actora,
por lo que no sería procedente adelantar en su contra un proceso de cobro coactivo.
El solo ejercicio del cargo de liquidadora no la convierte en responsable de todas y
cada una de las relaciones jurídicas de la sociedad, máxime cuando de acuerdo con
registro de su nombramiento el 7 de junio de 2018, adquirió dicha calidad el 16 de
mayo de 2018, lo que permite concluir que la omisión en la presentación de la
declaración se produjo con anterioridad a que la demandante asumiera dicha función.
Legalidad de los actos enjuiciados. No se advierte que los cargos formulados en la
demanda expongan de manera clara y concreta una causal de nulidad de los actos
administrativos acusados, pues los reproches se limitan a cuestionar su ejecutoriedad.
Al respecto, debe precisarse que dichos actos no se fundamentaron en normas
relativas a la liquidación voluntaria de sociedades, por lo que resulta improcedente
alegar la vulneración de ese régimen normativo.
En el presente caso, la Administración acreditó de manera suficiente que la Clínica
7
Índice 15 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Sucre. Archivo 32_AGREGARMEMORIAL_CONTESTACIONDEDEMA(.pdf)
NroActua 15
4
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efectuó retenciones en la fuente a título de renta y omitió declarar y pagar las sumas
retenidas, circunstancia que hizo necesaria la determinación oficial del valor de la
obligación sustancial. En la demanda no se controvierte la competencia de la DIAN, ni
el monto determinado, ni la aplicación de las normas tributarias pertinentes, razón por
la cual no se configura ninguna de las causales de nulidad del acto administrativo.
En consecuencia, se solicita la condena en costas.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión Oral declaró probada
las excepciones de falta de legitimación en la causa por activa propuesta por la
demandada e inexistencia de la parte demandante estudiada de oficio y no condenó
en costas, bajo las siguientes consideraciones8:
De conformidad con el certificado de registro mercantil expedido el 30 de abril de 2020
por la Cámara de Comercio de Sincelejo, la sociedad dejó de existir jurídicamente y su
matrícula mercantil fue cancelada el 5 de febrero de 2020. La demanda fue presentada
el 18 de diciembre de 2020, esto es, cuando la Clínica Rey David Sincelejo S.A.S. ya
había desaparecido del mundo jurídico como consecuencia de la aprobación, por parte
de la Asamblea de Accionistas, de la cuenta final de liquidación y de la terminación de
su personería jurídica.
En este caso se encuentra que la inexistencia de la persona jurídica titular de los
derechos a discutir, junto con el estudio de legalidad de los actos acusados, conlleva
a la ausencia de la capacidad para ser parte, como presupuesto procesal y material
de la sentencia. Sin embargo, esta situación no fue planteada como excepción por la
parte demandada, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100-3 del
Código General del Proceso, en concordancia con el artículo 187 del CPACA, se puede
conocer de esta excepción de oficio.
Adicionalmente, la actora no es titular del interés jurídico debatido en el proceso, el
cual tiene su origen en la expedición de actos administrativos cuyo contenido no
contiene decisiones que la afecten directamente, en tanto las obligaciones y
eventuales sanciones allí determinadas recaen exclusivamente sobre la Clínica. En
consecuencia, no procede la condena en costas.
RECURSO DE APELACIÓN
La demandante interpuso recurso de apelación, por las siguientes razones9:
El Tribunal omitió pronunciarse sobre los cargos relacionados con la inexistencia de la
sociedad y, de igual forma, no precisó que los actos administrativos demandados no
constituyen títulos ejecutivos susceptibles de cobro por la vía administrativa. En tal
sentido, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 del CGP, resulta
procedente revocar la sentencia de primera instancia y complementar la decisión, en
el sentido de indicar que la inexistencia de la sociedad implica la ausencia de efectos
jurídicos de los actos administrativos frente a la determinación de eventuales
8
Índice 40 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Sucre
9
Índice 43 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Sucre
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consecuencias respecto de posibles responsables solidarios.
En apoyo de lo anterior, debe darse aplicación al precedente vertical fijado por el
Consejo de Estado en los expedientes 26880, 26805 y 26575, en los cuales se
concluyó que la inexistencia del sujeto pasivo de la obligación tributaria al momento de
la imposición de la sanción conlleva a que los actos administrativos no produzcan
efectos negativos frente a los deudores solidarios, que en tales eventos se configura
una falta de legitimación en la causa para demandar dichas decisiones y que tales
actos no constituyen título ejecutivo.
TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA
El recurso de apelación fue admitido el 4 de diciembre de 202510. Al respecto la parte
demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y
sostuvo que, en sede administrativa, la demandante no controvirtió los valores
determinados por concepto de retención en la fuente, reiterando además que los actos
administrativos demandados únicamente producen efectos respecto de la sociedad 11.
El Ministerio Público no emitió concepto.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
En los términos del recurso de apelación presentado por la parte demandante como
apelante única, corresponde a la Sala establecer: (i) el alcance y la procedencia de la
declaratoria de la excepción de falta de legitimación en la causa por activa de la
demandante, y (ii) si los actos administrativos acusados constituyen o no títulos
ejecutivos susceptibles de cobro coactivo en contra de la actora.
Legitimación en la causa por activa
Resulta relevante traer a colación las sentencias dentro de los radicados internos
2973412, 2974913, 2975114, 2975215 y 2975516 en las cuales la Sala resolvió sobre los
mismos supuestos fácticos, jurídicos y de partes aquí discutidos, las cuales en lo
pertinente se reiterarán.
De conformidad con el artículo 138 del CPACA, toda persona que acredite un interés
para demandar un acto administrativo que lesione sus derechos subjetivos puede
acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para solicitar su nulidad y el
consecuente restablecimiento del derecho. Dicho interés constituye un presupuesto
procesal que permite identificar la titularidad del derecho sustancial debatido, el cual
resulta indispensable para la prosperidad de las pretensiones de la demanda y es el
que legitima a la parte actora para reclamar el interés jurídico objeto del proceso.
Al respecto la Sala ha precisado que quien pretenda la anulación de actos
10
Índice 4 de SAMAI
11
Índice 11 de SAMAI
12
Sentencia del 16 de octubre de 2025, CP Claudia Rodríguez Velásquez
13
Sentencia del 28 de agosto de 2025, CP Wilson Ramos Girón
14
Sentencia del 21 de agosto de 2025, CP Wilson Ramos Girón
15
Sentencia del 23 de octubre de 2025 CP, Claudia Rodríguez Velásquez
16
Sentencia del 18 de septiembre de 2025, CP Wilson Ramos Girón
6
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Demandante: KAREM MELISSA SANABRIA LEÓN
administrativos, debe acreditar la calidad de titular del derecho subjetivo
presuntamente vulnerado, de modo que la decisión de la jurisdicción contencioso
administrativa defina su situación jurídica particular17. Este constituye un requisito para
dictar sentencia de fondo, de manera que se debe verificar la identidad entre quien
alega la pretensión y quien de acuerdo con el derecho sustancial cuenta con la
autoridad del derecho que invoca.
En efecto, una vez culminado el proceso de liquidación, quien actuó como liquidador
pierde las facultades de representación de la sociedad extinguida. Por ello, no solo
carece de legitimación para promover acciones judiciales en nombre de una persona
jurídica inexistente, sino que, además, en la medida en que los actos demandados no
resuelvan una situación jurídica particular y concreta respecto de la persona natural
que ejerció dicho encargo, tampoco demostraría un interés jurídico propio que la
habilite para acudir a la jurisdicción con el fin de precaver eventuales efectos
adversos18.
Para resolver, en el caso sub examine se encuentran como hechos probados los
siguientes:
• El 7 de junio de 2018 se inscribió en el registro mercantil el Acta 16 del 16 de
mayo de 2018, mediante la cual la Asamblea General de Accionistas de la
Clínica Rey David Sincelejo SAS ordenó la disolución y liquidación inmediata
de la compañía y nombró como liquidadora a Karem Melissa Sanabria León 19,
quien en el marco de sus funciones expidió la Resolución 0002, del 26 julio de
2018, donde calificó como tipo C y graduó en $4.021.274.426 la acreencia
presentada por la DIAN.
• El 26 de diciembre de 2018 la mencionada liquidadora profirió la Resolución
0006, en la cual efectuó el inventario de activos, pasivos y contingentes
judiciales, declaró configurado el desequilibrio financiero y dictó otras
disposiciones, allí reconoció una nueva acreencia en favor de la DIAN y
reconoció pasivos totales a favor de esta entidad por $4.128.182.426 20.
• Con ocasión a la acción de tutela presentada por la Administración Tributaria,
el Juzgado Segundo del Circuito Civil de Sincelejo, profirió la sentencia del 27
de junio de 2019, la cual ordenó a la demandante rehacer el trámite de
liquidación voluntaria desde el inventario y avalúo de los activos y pasivos, con
lo cual la liquidadora emitió la Resolución 00012 del 23 de agosto de 2019, en
donde da cumplimiento a esta sentencia y fija en $1.996.713.426 el valor de la
acreencia a favor de la demandada21.
• En el Certificado de Existencia y Representación Legal de la clínica Rey David
Sincelejo SAS emitido por la Cámara de Comercio de Sincelejo, se registró lo
siguiente22: (i) «Por acta número 20 del 01 de noviembre de 2019 (...), registrado (...) bajo el
número 28368 del Libro IX del registro mercantil el 05 de febrero de 2020, se decretó:
17
Sentencias del 27 de agosto de 2020, del 25 de noviembre de 2021 y del 16 de junio de 2022 (exps. 23564, 24587 y 26002,
MP. Julio Roberto Piza Rodríguez); y del 10 de junio de 2021 (exp. 24642, CP: Milton Chaves García).
18
Sentencia del 18 de septiembre de 2025 (exp. 29755) C.P. Wilson Ramos Girón
19
Prueba 12.1.4
20
Prueba 12.1.15
21
Prueba 12.1.22
22
Prueba 12.1.33
7
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liquidación»; y (ii) «Por documento privado número 1 del 14 de febrero de 2020 (...), registrado
(...) bajo el número 179100 del Libro XV del registro mercantil el 14 de febrero de 2020, se
inscribe: cancelación persona natural o jurídica».
• El 20 de septiembre de 2019, la División de Gestión de Liquidación de la
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sincelejo, profirió la
Liquidación Oficial de Aforo 20232412019000011, notificada por correo el 26 de
septiembre de 201923, en el cual la Administración resolvió «Proferir acorde con el
artículo 717 del Estatuto Tributario LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO RETENCIÓN EN LA
FUENTE AÑO 2015 PERIODO 12, al contribuyente CLÍNICA REY DAVID SINCELEJO S.A.S
EN LIQUIDACIÓN, NIT 900.228.213-7», sin que ese encuentre que en este acto se
hubiere ordenado la vinculación de la demandante como deudora solidaria o
subsidiaria24.
• Previo recurso de reconsideración, el 24 de septiembre de 2020 la Subdirección
de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica profirió la
Resolución 006519, en la que confirmó en todas sus partes la liquidación de
aforo25, acto que fue notificado el 17 de septiembre de 2020.
• La demandante acudió a la jurisdicción contencioso administrativa por el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho el 18 de diciembre de
202026.
Del análisis de los hechos y de las pruebas que obran en el expediente, conforme a
las reglas de la sana crítica, se advierte que la sociedad fue liquidada el 14 de febrero
de 2020, fecha en la cual se canceló su matrícula mercantil. En consecuencia, para el
momento de la radicación de la demanda -18 de diciembre de 2020- la actora carecía
de legitimación para representar a la sociedad e interponer la demanda.
Se advierte que los actos administrativos demandados se limitaron a determinar la
retención en la fuente a cargo de la sociedad correspondiente al período 12 del año
2015, sin que en su contenido se hubiera atribuido responsabilidad alguna a la
liquidadora, atribución que constituye un requisito indispensable para vincular a
cualquier responsable solidario o subsidiario dentro de un proceso de determinación
tributaria.
En ese contexto, no se encuentra acreditado el interés exigido por la norma para
predicar la legitimación por activa en el presente proceso. En efecto, ante la
inexistencia de la personería jurídica de la Clínica Rey David Sincelejo S.A.S., los actos
demandados no constituyen títulos ejecutivos susceptibles de cobro frente a la
demandante.
Es por lo anterior que se considera infundada la petición de la actora respecto a que
se le reconozcan perjuicios o daños, pues la consecuencia haberse encontrado
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa es la imposibilidad
o inhibición de la judicatura para estudiar de fondo la legalidad de los actos
23
Índice 15 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Sucre. Archivo 28_AGREGARMEMORIAL_EXPEDIENTET1PARTE(.pdf)
NroActua 15. Página 179
24
Índice 15 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Sucre. Archivo 28_AGREGARMEMORIAL_EXPEDIENTET1PARTE(.pdf)
NroActua 15. Páginas 145 a 155.
25
Índice 15 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Sucre. Archivo 25_AGREGARMEMORIAL_EXPEDIENTET2PARTE(.pdf)
NroActua 15
26
Índice 1 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Sucre
8
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Radicado: 70001-23-33-000-2020-00359-01 (30615)
Demandante: KAREM MELISSA SANABRIA LEÓN
administrativos que, en el presente caso, no crearon, modificaron ni extinguieron
ninguna situación jurídica a la actora.
Por lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia y ordenará a la
Secretaría a remitir una copia de esta providencia al despacho judicial que conoce el
reclamo del incumplimiento del fallo del 27 de junio de 2019 que ordenó a la
demandante rehacer parcialmente la liquidación voluntaria.
Condena en costas
De conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 365 de la Ley 1564 de
201227, aplicable por remisión expresa del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 28,
procede la condena en costas en segunda instancia contra la demandante al haberse
resuelto desfavorablemente el recurso de apelación y confirmado en todas sus partes
la sentencia de primera instancia. Al efecto, se tasan las agencias en derecho en un
(1) SMMLV. Por lo tanto, se ordenará al tribunal el respectivo incidente de liquidación
de la condena en costas, conforme a las reglas consagradas en el artículo 366 del
CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,
FALLA
1.- Confirmar la sentencia de primera instancia
2.- Condenar en costas a la parte demandante en esta instancia. En consecuencia,
ordenar al Tribunal que dé trámite al respectivo incidente, conforme a lo expuesto en
la parte motiva de esta sentencia.
3.- Por Secretaría, remítase copia de esta providencia al despacho judicial -Juzgado
Segundo de Pequeñas Causas Laborales y Competencias Múltiples de Sincelejo- que
conoce del trámite promovido por la DIAN, asociado al cumplimiento de la sentencia
de tutela del 27 de junio de 2019.
Notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Cúmplase. La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Aclara voto y salva voto
27
«Art. 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia en la
condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: En el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que
conoce ordinariamente la Sección Cuarta del Consejo de Estado, solo se impondrá la condena en costas cuando exista una parte
vencida en el proceso, independientemente de cuál sea la conducta de las partes. En este sentido, y conforme a la
discrecionalidad que confiere el ordinal 5.o del artículo 365 del CGP, no se impondrá la condena en costas cuando se declare la
nulidad parcial de los actos administrativos demandados».
28
«Art. 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil».
9
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Radicado: 70001-23-33-000-2020-00359-01 (30615)
Demandante: KAREM MELISSA SANABRIA LEÓN
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
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